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Documento BOE-A-2003-4608

Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autnoma de Canarias.

TEXTO

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artculo 12.8 del Estatuto de Autonoma, promulgo y ordeno la publicacin de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autnoma de Canarias.

PREMBULO

El artculo 51 de la Constitucin espaola dispone que los poderes pblicos garantizarn la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legtimos intereses econmicos de los mismos, y que promovern la informacin y educacin de los consumidores y usuarios, fomentarn sus organizaciones y las oirn en las cuestiones que puedan afectar a aqullos, en los trminos que la Ley establezca.

A fin de cumplir el citado mandato constitucional, se aprob la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que vino a establecer el marco general de actuacin a nivel estatal en esta materia.

La Ley Orgnica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonoma de Canarias, reformada por la Ley Orgnica 4/1996, de 30 de diciembre, confiere en su artculo 31 a la Comunidad Autnoma de Canarias, de acuerdo con las bases y la ordenacin de la actividad econmica general y la poltica monetaria y crediticia estatal, competencia exclusiva en materia de defensa del consumidor y usuario, sin perjuicio de la poltica general de precios y de la legislacin sobre defensa de la competencia.

El ejercicio de esta competencia requiere una norma de rango legal que desarrolle el mandato constitucional impuesto a los poderes pblicos, en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias, teniendo en cuenta las caractersticas e intereses propios de la misma.

Se ha aprovechado la elaboracin de la norma para colmar lagunas que la Ley estatal contiene, especialmente en el campo de la actuacin administrativa.

Asimismo, en determinadas previsiones, referentes a la obligacin de colaboracin de los ciudadanos en las actuaciones inspectoras, a la potestad sancionadora y a la coordinacin de competencias entre los distintos rganos de las Administraciones Pblicas, se advierte la influencia de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, que reclamaba para ellas el rango que ahora reciben.

Se ha procurado que las competencias que deben ejercer los distintos rganos de las Administraciones Pblicas encajen adecuadamente dentro del mercado sin fronteras de la Unin Europea, garantizando en todo momento los derechos bsicos de los consumidores y usuarios.

Especialmente se ha tenido en cuenta el concepto genrico de seguridad en el uso y consumo de productos, bienes y servicios y se ha considerado oportuno sistematizar el marco de actuacin en materia de seguridad para proteger a los consumidores y usuarios frente a productos, bienes o servicios insalubres, inseguros o perjudiciales para sus intereses econmicos.

Destacan aspectos novedosos como el establecimiento de un modelo nico de hoja de reclamacin para todos los sectores econmicos y profesionales, la apertura de las actuaciones de control e inspeccin hacia modalidades de carcter preventivo, con especial regulacin de las medidas provisionales y la previsin de mecanismos de resolucin voluntaria de reclamaciones de los consumidores y usuarios a travs de la mediacin y del Sistema Arbitral de Consumo.

En todos los dems rdenes se apoyan decididamente las frmulas coparticipativas, recabndose la colaboracin de todo el tejido social involucrado en el fenmeno del consumo, creando el marco que afianzar en nuestra Comunidad el desarrollo del movimiento asociativo y consolidando foros de dilogo en los que participen las organizaciones de consumidores, las organizaciones empresariales y las Administraciones Pblicas, habindose elevado al ms alto nivel el Consejo General del Consumo de Canarias como rgano de colaboracin, participacin y consulta.

La Ley resulta conveniente para dotar a las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma Canaria del instrumento apropiado para el encuadramiento de su actividad reglamentaria y administrativa. La distribucin de competencias permite conjugar las actuaciones de las Administraciones locales y autonmica, evitando la dispersin de recursos, consignando en definitiva un elevado grado de proteccin de los consumidores y usuarios.

TTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto regular la defensa de los derechos y los legtimos intereses de los consumidores y usuarios, as como establecer los principios destinados a la mejora de su calidad de vida, en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias.

Artculo 2. Concepto de consumidor y usuario.

A los efectos de esta Ley, se entiende por consumidor o usuario toda persona fsica o jurdica a la que se ofertan bienes, productos y servicios, o los adquiere, utiliza o disfruta, como destinatario final, para uso o consumo personal, familiar o colectivo, siempre que quien los ofrezca o ponga a su disposicin ostente la condicin de empresario o profesional, con independencia de su naturaleza pblica o privada.

No tendrn la consideracin de consumidores y usuarios quienes, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, utilicen o disfruten bienes, productos y servicios dentro del mbito de una actividad empresarial o profesional.

Artculo 3. Derechos de los consumidores y usuarios.

1. Son derechos bsicos de los consumidores y usuarios:

a) El derecho a ser protegidos frente a los riesgos que puedan afectar a su salud integral y seguridad, a la calidad de vida y a un medio ambiente adecuado.

b) El derecho a la proteccin de sus legtimos intereses econmicos y sociales.

c) El derecho a la informacin veraz, eficaz y suficiente sobre bienes, productos y servicios.

d) El derecho a la educacin y formacin en materia de consumo.

e) El derecho a asociarse para la representacin, participacin y defensa de sus legtimos intereses y a ser odos en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones generales que les afecten directamente.

f) El derecho a la proteccin jurdica, administrativa y tcnica, as como el derecho a la reparacin o indemnizacin de daos y perjuicios.

2. Los derechos reconocidos en la presente Ley, as como en cualquier otra norma de obligada observancia, son irrenunciables, debindose considerar nulo de pleno derecho, tanto cualquier acto realizado en fraude de ellos como cualquier renuncia previa al ejercicio de los mismos, en los trminos establecidos en la legislacin estatal.

Artculo 4. Colectivos especialmente protegidos.

Sern objeto de especial proteccin por las Administraciones Pblicas de Canarias, en el marco de lo dispuesto en la presente Ley, los colectivos de consumidores y usuarios que, por circunstancias especiales, se encuentren en una situacin de inferioridad, subordinacin, indefensin o desproteccin ms acusada.

Asimismo, sern objeto de especial proteccin los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relacin directa con productos o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

TTULO II
De la proteccin jurdica, administrativa y tcnica en relacin con los derechos de los consumidores y usuarios
CAPTULO I
Derecho a la proteccin integral de la salud y seguridad
Artculo 5. Requisitos de los productos, bienes y servicios.

1. Los productos, bienes y servicios que por cualquier ttulo se pongan a disposicin de los consumidores y usuarios deben ser seguros, no debiendo implicar ningn riesgo para su salud o su seguridad, entendida sta de forma integral, as como cumplir con las normas medioambientales vigentes.

2. Slo se podr comercializar productos, bienes y servicios seguros.

3. Por producto o bien seguro se entender aquel que se ajusta con idoneidad a las disposiciones especficas sobre seguridad de los reglamentos o normas de calidad que les resulten de aplicacin. En defecto de tales normas, se entender por producto o bien seguro aquel que en condiciones normales o previsibles, incluidas las de duracin y, si procede, de puesta en servicio, instalacin y de mantenimiento, no presente riesgo alguno o nicamente riesgos mnimos compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un elevado nivel de proteccin de la salud y de la seguridad de las personas, habida cuenta, en particular, de los siguientes elementos:

a) Las caractersticas del producto y, entre ellas, su composicin, embalaje y las instrucciones para su montaje y mantenimiento.

b) El efecto sobre otros productos cuando, razonablemente, se pueda prever la utilizacin del primero junto con los segundos.

c) La presentacin del producto, su etiquetado, los posibles avisos e instrucciones de uso y eliminacin, as como cualquier indicacin o informacin por parte del productor.

d) Las categoras de consumidores que estn en condiciones de mayor riesgo en la utilizacin del producto, en particular los colectivos especialmente protegidos.

4. Por servicio seguro se entender aquel que, en condiciones de prestacin o utilizacin normales o previsibles, no presente riesgo alguno tanto para las personas como para el medio ambiente. En particular, un servicio seguro habr de especificar:

a) Las medidas de seguridad y de proteccin puestas a disposicin por el oferente del servicio.

b) Las caractersticas del servicio y las recomendaciones acerca de su adecuada utilizacin.

5. Por cumplimiento de las normas medioambientales vigentes se entender su acomodacin a las disposiciones que sobre esta materia sean de aplicacin obligatoria en la Comunidad Autnoma de Canarias.

Artculo 6. Sujetos responsables.

1. Los productores, importadores, distribuidores y primeros comercializadores de productos y bienes y los suministradores de servicios tendrn la obligacin de poner en el mercado productos, bienes o prestar servicios seguros.

2. Quienes se dediquen a la distribucin, venta o prestacin de productos, bienes y servicios, en su calidad de empresarios o profesionales, debern actuar con diligencia para evitar la puesta en el mercado de productos, bienes y servicios inseguros. En especial, dentro de los lmites de sus actividades respectivas, debern participar en la vigilancia de la seguridad de los productos y bienes que comercialicen y de los servicios que presten, mediante la transmisin de informacin sobre los riesgos que presenten los productos, bienes y servicios y la colaboracin en las actuaciones emprendidas para evitarlos.

Artculo 7.

Los productores, importadores, distribuidores y primeros comercializadores de productos y bienes debern acreditar que los productos, bienes o servicios puestos en el mercado en Canarias cumplen con la normativa medioambiental que sea de aplicacin obligatoria en las islas Canarias y, especialmente, que han asumido los costes de recuperacin de envases y embalajes y residuos de envases o que han satisfecho el coste de valorizacin. En el supuesto de valorizacin, los distribuidores de bienes o productos debern acreditar que han soportado efectivamente dicho coste.

Artculo 8. Actuaciones administrativas.

1. Las Administraciones Pblicas de Canarias, en el mbito de sus respectivas competencias, velarn para que los productos, bienes y servicios puestos a disposicin de los consumidores y usuarios sean seguros y faciliten informacin sobre los riesgos presumibles en condiciones normales de uso y consumo. A tal efecto, ejercern la adecuada vigilancia y control de mercado y desarrollarn las siguientes actuaciones:

a) Efectuar controles para garantizar la seguridad y calidad de los bienes, productos y servicios.

b) Realizar tomas de muestras para someterlas a tcnicas de ensayo y anlisis, a los efectos de la presente Ley. Reglamentariamente se definir la red de laboratorios de la Comunidad Autnoma de Canarias y los supuestos en que sea obligatoria la publicidad de sus resultados.

c) Adoptar las medidas provisionales que se consideren necesarias para garantizar la comercializacin de productos, bienes y servicios seguros.

d) Disponer que los ciudadanos expuestos a riesgos por el consumo o uso de productos, bienes y servicios sean informados incluso mediante la publicacin de avisos especiales.

e) Exigir la informacin pertinente de los productores, distribuidores y comerciantes implicados.

2. La Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias colaborar con las dems Administraciones Pblicas competentes en el sistema de intercambio rpido de informacin para la deteccin de riesgos graves e inminentes de los productos de consumo, conforme a lo dispuesto en la legislacin bsica del Estado.

3. La Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias fomentar la cooperacin y colaboracin con las entidades locales, las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales para la comunicacin de los posibles riesgos cuando sea necesaria una actuacin pblica que garantice la eficacia de la medida.

CAPTULO II
Derecho a la proteccin de los intereses econmicos y sociales
Artculo 9. Marco legal.

Los legtimos intereses econmicos y sociales de los consumidores y usuarios debern ser respetados en los trminos establecidos en la presente Ley, disposiciones de desarrollo y en la legislacin general sobre la defensa de los consumidores y usuarios.

Artculo 10. mbito de actuacin.

1. Las Administraciones Pblicas de Canarias adoptarn las medidas precisas y oportunas para que, de conformidad con la legislacin vigente, el contenido de la oferta, promocin y publicidad de los productos, bienes y servicios prevalezca, cuando no haya correspondencia entre lo ofertado y lo entregado, excepto cuando esto ltimo resulte ms beneficioso para los consumidores y usuarios.

2. Las Administraciones Pblicas de Canarias velarn y adoptarn las medidas que sean de su competencia para que los contenidos contractuales se adecuen a la legislacin vigente y para que las condiciones generales de los contratos no contengan clusulas que siten a los consumidores y usuarios en una posicin de desequilibrio.

3. Esta tutela se ejercer prioritariamente respecto a los contratos de productos, bienes y servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

Artculo 11. Derechos reconocidos.

1. Las Administraciones Pblicas de Canarias, de conformidad con lo establecido en la legislacin vigente, adoptarn las medidas oportunas para que a los consumidores y usuarios se les reconozca el derecho a recibir de los proveedores de bienes, productos y servicios los siguientes documentos:

a) Factura, recibo o documento acreditativo de las operaciones realizadas, debidamente desglosado, en su caso.

b) Garanta por escrito en la compra o adquisicin de bienes o productos de naturaleza duradera y en la reparacin de los mismos o de sus componentes, con la nica exclusin de aquellos productos en los que su utilizacin implique un desgaste o deterioro, salvo que dicho desgaste o deterioro sea consecuencia de una deficiencia del bien o producto, de su reparacin o de la calidad de los componentes empleados para llevar a cabo dicha reparacin.

c) Presupuesto previo por escrito en la entrega demorada de bienes o productos y en la prestacin de servicios, indicando expresamente en cualquiera de los casos el plazo de validez.

d) Resguardo que acredite el depsito del bien o producto que se entregue con el fin de realizar una reparacin, verificacin, comprobacin, sustitucin o cualquier otro tipo de intervencin, en el que deber figura como mnimo, el depositante, la identificacin del depositario, identificacin del bien o producto depositado, operacin a realizar, fecha de depsito y de entrega del bien o producto. Igualmente, tendrn derecho a que se les otorgue garanta de las operaciones realizadas.

e) Notificacin individual previa y concesin de plazo suficiente para subsanacin del motivo causante de la supresin o suspensin del suministro de los servicios pblicos bsicos de prestacin continua por el consumidor y usuario.

2. Asimismo, las Administraciones Pblicas de Canarias velarn para que a los consumidores y usuarios se les garantice un adecuado servicio tcnico y suministro de piezas de repuesto respecto de los bienes y productos de naturaleza duradera adquiridos, en los trminos establecidos en la legislacin vigente.

CAPTULO III
Derecho a la informacin
Artculo 12. Informacin de bienes, productos y servicios.

1. Los productos, bienes y servicios puestos a disposicin de los consumidores y usuarios debern incorporar, llevar consigo o permitir, de forma cierta y objetiva, una informacin veraz, eficaz y suficiente sobre sus caractersticas esenciales.

2. La informacin se orientar prioritariamente al conocimiento de los requisitos que resultan legalmente exigibles de los productos, bienes y servicios, de manera que los consumidores y usuarios puedan asegurarse de la identidad y del origen de los mismos, realizar su eleccin basndose en criterios de racionalidad y utilizarlos de modo satisfactorio.

3. Cuando se ofrezcan bienes o servicios para cuya adquisicin o prestacin se requiera la suscripcin de un contrato tipo o de adhesin redactado previa y unilateralmente por el oferente para su aplicacin en la contratacin con consumidores y usuarios, el modelo de contrato se hallar a disposicin de stos, anuncindose dicha circunstancia en los trminos que reglamentariamente se establezcan, de tal manera que los consumidores y usuarios puedan informarse adecuadamente de las condiciones de contratacin antes de la suscripcin del contrato.

4. Todos los bienes y productos puestos a disposicin de los consumidores debern ofrecer informacin fcilmente identificable y legible sobre el precio total que estn obligados a satisfacer para su adquisicin con inclusin de toda carga, tributo o gravamen. Los bienes y productos expuestos en anaqueles, vitrinas y escaparates debern incorporar de forma visible el precio, de tal manera que el consumidor no necesite aclaracin del vendedor para conocerlo. No obstante lo anterior, podr dispensarse de esta obligacin la exhibicin de algn artculo que, por su elevado precio, pueda ser causa objetiva de inseguridad para el establecimiento. Reglamentariamente se establecern las condiciones y cuantas que posibiliten tal excepcin.

5. Los usuarios tienen derecho a conocer el precio de un servicio previamente a su contratacin. Los precios de los servicios sern expuestos o mostrados al pblico en los establecimientos donde se oferten y en los lugares donde efectivamente se presten mediante la exhibicin de carteles perfectamente visibles y legibles a travs de un soporte escrito que incluir al menos la relacin de servicios ofertados, el precio de las cargas y gravmenes, as como los descuentos aplicables en su caso y los suplementos o incrementos eventuales.

En los supuestos de prestacin de servicios por medios telemticos, el prestador tendr la obligacin de anunciar dichos servicios haciendo mencin a su precio final.

En los supuestos de prestacin de servicios a domicilio, el prestador tendr la obligacin de exhibir, cuando as le sea requerido por el usuario, una relacin documental de los servicios ofertados y del precio de los mismos, incluyendo la totalidad de los costes, as como los descuentos aplicables en su caso y los incrementos o suplementos que pudieran ser de aplicacin.

6. Cuando se oferten productos, bienes y servicios con aplazamiento de pago, se informar por escrito, como mnimo, de:

a) El precio total de adquisicin, tanto al contado como con aplazamiento de pago.

b) El nmero total de plazos, su importe y su periodicidad.

c) El tipo de inters a aplicar.

d) En su caso, las cantidades parciales o totales a satisfacer por gastos de apertura, cancelacin u otros que se pudieran generar.

7. La informacin legalmente exigible deber figurar al menos en castellano.

8. La obligacin de informar ser exigible a los sujetos responsables de la produccin, comercializacin, distribucin, venta y suministro de productos, bienes y servicios.

9. Los productos, bienes o servicios ofertados como rebajados debern incluir en sus lugares de exhibicin tanto el precio anterior como el rebajado.

Artculo 13. mbito de actuacin.

Las Administraciones Pblicas de Canarias, de conformidad con lo establecido en la legislacin vigente, velarn por que se adopten las medidas oportunas a los efectos de garantizar que:

1. En las operaciones de crdito los anuncios y ofertas dirigidas a los consumidores se adecuen a las normas de publicidad, facilitando a stos la reglamentaria informacin documental y la entrega del contrato o proyecto de documento contractual.

2. En las operaciones de oferta, promocin y publicidad sobre viviendas se facilite a los consumidores informacin sobre sus caractersticas constructivas, su precio o coste total y forma de pago, la garanta de la vivienda, y de las cantidades entregadas a cuenta y los dems datos establecidos para la proteccin de los consumidores y usuarios.

Artculo 14. Actividad publicitaria.

1. La oferta, promocin y publicidad de los productos, bienes y servicios destinados a los consumidores y usuarios, con independencia de los soportes utilizados, se realizarn de conformidad con los principios de suficiencia, objetividad, veracidad y certeza, en el marco de la legislacin general sobre publicidad, de forma que no puedan engaar o inducir a error sobre sus caractersticas y condiciones de adquisicin.

2. A estos efectos, el rgano administrativo competente podr requerir de oficio al anunciante para que aporte las pruebas relativas a la exactitud de los datos materiales contenidos en la publicidad, pudiendo ser considerados los datos de hecho como inexactos, cuando no se aporten los elementos de prueba o stos se estimen insuficientes.

Artculo 15. Actuaciones administrativas.

Las Administraciones Pblicas de Canarias con competencia en materia de defensa del consumidor llevarn a cabo las siguientes actuaciones:

a) Impulsar la difusin de la informacin a los consumidores y usuarios, pudiendo concertar con las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales su participacin activa en las campaas divulgativas.

b) Promover la existencia de espacios y programas divulgativos sobre consumo en los medios de comunicacin de titularidad privada. Asimismo, dispondrn de espacios de programacin en los medios de comunicacin de titularidad pblica para la promocin de la informacin, formacin y defensa del consumidor.

c) Velar por el cumplimiento de los requisitos de informacin que deben incorporar los bienes, productos y servicios, especialmente en el caso de productos modificados genticamente, as como fomentar la utilizacin de etiquetas voluntarias informativas, entre ellas una especfica de producto no modificado genticamente.

d) Prestar una especial atencin respecto de la publicidad, promocin y ofertas dirigidas a los colectivos necesitados de mayor proteccin, impidiendo, adems, toda publicidad de carcter sexista, racista, xenfoba o violenta.

Artculo 16. Oficinas de informacin al consumidor.

1. Las Administraciones Pblicas de Canarias fomentarn la consolidacin, implantacin y desarrollo de las oficinas de informacin al consumidor, diseando mecanismos de coordinacin y colaboracin.

2. Las funciones a desarrollar por tales oficinas sern como mnimo las siguientes:

a) Informacin, ayuda, orientacin y asesoramiento sobre derechos y obligaciones de los consumidores y usuarios.

b) Recepcin de las reclamaciones y denuncias en materia de consumo y traslado de las mismas, en su caso, al rgano administrativo competente para su resolucin.

c) Propiciar sistemas de resolucin voluntaria de las reclamaciones.

d) Educacin y formacin individual y colectiva de los consumidores y usuarios.

e) En general, la atencin, defensa y proteccin de los consumidores y usuarios, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

3. En el desarrollo de sus funciones, las oficinas de informacin al consumidor fomentarn y divulgarn el Sistema Arbitral de Consumo, sirviendo de sede cuando sea necesario para el desarrollo de las actividades de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias.

CAPTULO IV
Derecho a la educacin y a la formacin
Artculo 17. Derecho a la educacin y formacin.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a recibir la educacin y formacin adecuada en materia de consumo, que les permita conocer sus derechos e intereses legtimos y la manera de ejercerlos con responsabilidad, as como la contribucin a la formacin integral de la persona. Los principios bsicos de la educacin del consumidor son:

a) Adecuacin de las pautas de consumo hacia la utilizacin racional de los recursos.

b) Incorporacin de valores ecolgicos en las decisiones individuales de compra, uso, disfrute y eliminacin de los productos y servicios de consumo.

c) Corresponsabilidad y participacin del consumidor en la conservacin del medio ambiente y en la consecucin del desarrollo sostenible.

Artculo 18. Actuaciones administrativas.

Las Administraciones Pblicas de Canarias, dentro del mbito de sus respectivas competencias, al objeto de hacer efectivo el derecho a la informacin en materia de consumo, adoptarn las medidas oportunas para:

a) Establecer la colaboracin precisa con los rganos competentes para potenciar la educacin del consumidor, dentro del currculo escolar, en todos los ciclos y niveles de la enseanza obligatoria.

b) Asegurar la formacin permanente en materia de consumo del personal docente.

c) Asegurar la formacin permanente y continua en materia de consumo del personal que ejerza funciones de ordenacin, control, inspeccin e informacin.

d) Elaborar y publicar materiales didcticos de apoyo a la educacin y formacin de los consumidores y usuarios.

e) Potenciar y desarrollar, en colaboracin con las organizaciones empresariales y las asociaciones de consumidores, la formacin en materia de consumo de los distintos sectores empresariales y sociales.

f) Potenciar, desarrollar y formar el acceso, uso, disfrute y utilizacin de nuevas tecnologas tanto a consumidores individuales como a colectivos.

CAPTULO V
Derechos de representacin, consulta y participacin
Artculo 19. Representacin, consulta y participacin.

1. De conformidad con la legislacin en cada momento vigente, los consumidores y usuarios tienen derecho a constituir o integrarse en asociaciones y dems organizaciones para la defensa, representacin y consulta de sus derechos y legtimos intereses.

2. Las Administraciones Pblicas de Canarias fomentarn el asociacionismo en materia de consumo como cauce adecuado para la representacin, consulta, participacin y ejercicio efectivos de los derechos e intereses legtimos de los consumidores y usuarios, promoviendo su continuo dilogo entre stas y las organizaciones empresariales y centros de investigacin, adoptando todas las medidas que fueren precisas a tal fin.

Artculo 20. Asociaciones de consumidores y usuarios.

1. A los efectos de la presente Ley, tienen la consideracin de asociaciones de consumidores y usuarios las entidades privadas sin nimo de lucro, constituidas legalmente para la proteccin, defensa, formacin y educacin de los consumidores.

2. Las entidades cooperativas de consumidores y usuarios tendrn la consideracin de asociaciones de consumidores y usuarios a los efectos de esta Ley cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Cuando su actividad principal se limite a suministrar bienes y servicios a los socios, as como a la educacin, formacin y defensa de stos en particular y de los consumidores y usuarios en general, siendo sus operaciones cooperativizadas con terceros no socios accesorias o subordinadas. A estos efectos se entender que las operaciones con terceros no socios son accesorias o subordinadas a su actividad principal cuando el valor econmico del conjunto de stas, en el ejercicio econmico inmediato anterior, no supere el del 25 por 100 de la actividad total de dicho ejercicio.

b) Que sus estatutos prevean la creacin de un fondo social de, como mnimo, el 10 por ciento de los excedentes netos de cada ejercicio social, destinado a la educacin, formacin y defensa de los socios en particular y de los consumidores en general.

Artculo 21. Derechos de las asociaciones de consumidores y usuarios.

1. Las asociaciones de consumidores y usuarios, con independencia de los derechos reconocidos en el marco de la legislacin general, tendrn derecho a:

a) Percibir las ayudas y subvenciones que oportunamente se aprueben para el desarrollo de sus funciones y proyectos.

b) Participar en los rganos colegiados que se constituyan en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias, siempre que por razn de la materia se debatan temas de inters para la proteccin de los consumidores y usuarios.

c) Participar en el sistema arbitral de consumo a tenor de lo establecido en las disposiciones que lo regulan.

d) Representar a sus asociados y ejercer las acciones que procedan en los trminos que establezca la legislacin vigente.

e) Ser declaradas de utilidad pblica o de inters pblico cuando renan los requisitos establecidos para ello.

f) Ser odas en el procedimiento de elaboracin de disposiciones de carcter general relativas a materias que afecten directamente a los intereses de los consumidores o usuarios. Se entender cumplido este trmite cuando las asociaciones citadas se encuentren representadas en rganos colegiados que participen en la elaboracin de la disposicin.

g) Formular peticiones e iniciativas, en el marco de la legislacin vigente, acerca del funcionamiento de los servicios pblicos y, particularmente, de los que se presten por las empresas pblicas de las Administraciones Pblicas de Canarias.

h) Solicitar y obtener informacin de las Administraciones Pblicas, que las apoyarn en la consecucin de sus fines, especialmente en el mbito de la informacin y educacin de los consumidores y usuarios.

2. Para el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley y las disposiciones que la complementen y desarrollen, las asociaciones de consumidores y usuarios debern cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias.

b) Reunir las condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan, entre los que se tendrn en cuenta, entre otros criterios, el grado de implantacin territorial o sectorial, nmero de asociados, programas de actividades a desarrollar, capacidad tcnica e infraestructura.

3. No podrn disfrutar de los derechos reconocidos en esta Ley las asociaciones en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Percibir ayudas o subvenciones de empresas que pongan en el mercado productos o servicios a disposicin de los consumidores o usuarios.

b) Realizar publicidad comercial o no meramente informativa de productos, servicios o actividades.

c) Dedicarse, salvo en el supuesto de las cooperativas de consumidores, a actividades distintas de la defensa, formacin y educacin de los consumidores y usuarios.

d) Actuar con manifiesta temeridad judicialmente apreciada.

4. Especficamente, las asociaciones que tengan como asociados a personas jurdicas con nimo de lucro no podrn disfrutar de los derechos reconocidos en las letras a), c) y e) del apartado 1 del presente artculo.

Artculo 22. Consejo General del Consumo de Canarias.

1. El Consejo General del Consumo de Canarias constituye el rgano de colaboracin, participacin, asesoramiento e impulso de las medidas que afecten al consumo.

2. Formarn parte del Consejo General del Consumo de Canarias representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios, organizaciones empresariales, entidades locales y Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias.

3. Son funciones del Consejo General del Consumo de Canarias:

a) Promover iniciativas relativas a la defensa del consumidor y usuario.

b) Fomentar la comunicacin permanente entre las asociaciones de consumidores y usuarios, las organizaciones empresariales y la Administracin, en relacin con los problemas que afecten a consumidores y usuarios.

c) Promover la coordinacin de actividades entre las distintas Administraciones Pblicas en materia de consumo.

d) Promover planes y campaas conjuntas de inspeccin y control.

e) Cualesquiera otras que reglamentariamente puedan atribuirse en cumplimiento de sus fines generales.

4. Reglamentariamente se determinar la participacin de los distintos representantes en el Consejo General del Consumo de Canarias, as como su funcionamiento.

Artculo 23. Comisin Canaria de Consumo.

1. La Comisin Canaria de Consumo es el rgano de coordinacin entre las asociaciones de consumidores y usuarios, las oficinas municipales e insulares de informacin al consumidor y el rgano de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias competente en materia de consumo.

2. Formarn parte de la Comisin Canaria de Consumo representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios, las oficinas municipales e insulares de informacin al consumidor y el rgano de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias competente en materia de consumo.

3. La Comisin Canaria de Consumo est constituida por el Pleno y las Comisiones Permanentes de Consumo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

4. Son funciones de la Comisin Canaria de Consumo:

a) Fijar los criterios comunes de actuacin para sus miembros en materia de consumo e informar de los establecidos por el Consejo General del Consumo de Canarias.

b) Fomentar las relaciones de colaboracin entre sus miembros.

c) Impulsar la asistencia recproca y el intercambio de informacin entre sus miembros.

d) Remitir al organismo competente, en su caso, las iniciativas propuestas por sus miembros.

e) Elevar al Consejo General del Consumo de Canarias aquellas consultas que deban ser evacuadas por dicho rgano.

f) Cualesquiera otras que reglamentariamente puedan atribuirse en cumplimiento de sus fines generales.

5. Reglamentariamente se determinar la participacin de los distintos representantes en la Comisin Canaria de Consumo, as como su funcionamiento.

CAPTULO VI
Derecho a la proteccin jurdica
Artculo 24. Mediacin.

Las Administraciones Pblicas de Canarias propiciarn la puesta a disposicin de los consumidores y usuarios y de los profesionales y empresarios de mecanismos de resolucin voluntaria de conflictos y reclamaciones en materia de consumo, sin perjuicio de las actuaciones de inspeccin y sancin que puedan corresponder a las mismas.

Artculo 25. Arbitraje.

1. El Gobierno de Canarias, de acuerdo con la legislacin vigente, participar en el Sistema Arbitral de Con sumo y lo impulsar en el mbito de la Comunidad Autnoma.

2. Las Administraciones Pblicas de Canarias propiciarn, en sus respectivos mbitos, que las entidades o empresas, especialmente las de capital exclusiva o mayoritariamente pblico, as como las privadas que gestionen servicios pblicos o reciban recursos de aqullas, establezcan en sus contratos la adopcin del Sistema Arbitral de Consumo para resolver los conflictos y reclamaciones de los consumidores y usuarios surgidos de su actividad.

Artculo 26. Cdigos de buenas prcticas.

1. Las Administraciones Pblicas de Canarias promovern la adopcin de cdigos de buenas prcticas en materia de proteccin al consumidor con el fin de darle adecuada satisfaccin, independiente de la derivada del obligado cumplimiento de la normativa vigente.

2. La adopcin por parte de los empresarios y profesionales de los cdigos de buenas prcticas tendr carcter voluntario, si bien, una vez adoptados, sern de obligado cumplimiento.

3. Reglamentariamente se determinar el procedimiento de aprobacin y adopcin de estos cdigos.

Artculo 27. Reclamaciones.

1. Los establecimientos de cualquier ndole en donde se comercialicen productos y bienes, se presten servicios o se ejerzan actividades profesionales, en el territorio de Canarias, tendrn a disposicin de los consumidores y usuarios hojas de reclamaciones y expondrn en lugar que resulte visible y legible un cartel anunciador de su existencia, redactado en los idiomas castellano e ingls.

2. En los supuestos de prestacin de servicios a domicilio, el prestador de los mismos deber tener a disposicin del usuario las hojas de reclamaciones.

3. En el caso de bienes ofertados o servicios prestados de forma no presencial por entidades o empresas sin establecimiento abierto al pblico, stas debern informar suficientemente de los procedimientos de reclamacin, haciendo constar, al menos, una direccin postal a la que los consumidores y usuarios podrn dirigir sus quejas y reclamaciones.

4. A fin de garantizar el derecho a reclamar de los consumidores, as como un tratamiento homogneo de las reclamaciones, el Gobierno de Canarias establecer reglamentariamente un modelo nico de hojas de reclamacin, as como la tramitacin interna de stas en funcin del reparto de competencias administrativas entre los diferentes rganos y Administraciones Pblicas canarias, de tal forma que prevalezca el derecho a la informacin del reclamante.

Todo esto sin perjuicio de que el consumidor o usuario, para el ejercicio de su derecho a reclamar, pueda emplear cualquier otra forma de presentacin de reclamaciones, que sea admisible en Derecho, ante las Administraciones Pblicas competentes.

Artculo 28. Denuncias de consumidores y usuarios.

1. Los consumidores y usuarios podrn formalizar denuncias ante las Administraciones Pblicas con competencia en materia de proteccin de consumidores y usuarios poniendo de manifiesto los hechos que pueden suponer algn tipo de conducta ilcita.

2. Las denuncias darn lugar a su necesario examen por la Administracin competente, que podr admitir su tramitacin si estuvieran fundamentadas, lo que dar lugar al inicio del expediente de control e inspeccin, as como a la adopcin de las medidas cautelares que fueran precisas.

3. Las denuncias de consumidores y usuarios podrn realizarse mediante hojas de reclamacin.

CAPTULO VII
De las obligaciones de los productores, importadores, distribuidores y comercializadores
Artculo 29. Obligaciones.

1. Todos los productores, importadores, distribuidores y comercializadores de bienes, productos y servicios debern cumplir con las obligaciones generales y especficas establecidas por la normativa vigente, as como las derivadas del pleno ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios.

2. Los establecimientos comerciales para los que la normativa de la Comunidad Autnoma de Canarias exija, al menos para su apertura, modificacin o ampliacin, licencia comercial especfica debern cumplir, adems, con las siguientes obligaciones:

a) Realizar a su costa, en laboratorios independientes, los anlisis que sean requeridos por el rgano competente de la Comunidad Autnoma de Canarias en materia de proteccin de los derechos de los consumidores y usuarios, que fueran precisos, en el supuesto de admisin a trmite de una denuncia en los trminos previstos en la presente Ley. Reglamentariamente se establecern la forma, extensin y plazos para llevar a cabo dichos anlisis.

b) Sin perjuicio de lo previsto en el artculo 52 de la Ley 4/1994, de Ordenacin de la Actividad Comercial de Canarias, los establecimientos debern hacer pblico en tablones de anuncios situados en lugares reservados para atencin al cliente o, en caso contrario, en un lugar destacado del establecimiento con acceso al pblico, y durante el plazo de prescripcin establecido, las resoluciones que pongan fin a la va administrativa, dictadas por los rganos de la Comunidad Autnoma que hayan impuesto sanciones que afecten a las prcticas comerciales, a los derechos de los consumidores o usuarios o en materia de publicidad.

c) Debern facilitar el servicio de transporte, montaje o instalacin de los productos adquiridos, pudiendo ser facturados los mismos a costes no superiores a los medios estimados en el sector, si bien la repercusin de este coste deber estar expresamente anunciada en la publicidad del producto, as como los criterios e importes de tarificacin.

d) Debern permitir la devolucin de los productos ofertados bajo pedido en aquellos casos de mercanca defectuosa o que no se ajusten a lo solicitado por el consumidor.

e) Facilitar al consumidor, a su requerimiento, el detalle comparativo de las condiciones tcnicas y econmicas de todos los productos ofertados que tengan una naturaleza similar.

f) En los supuestos de ofertas o promociones comerciales temporales de productos individualizados para los que se empleen instrumentos publicitarios exteriores al establecimiento, los productos ofertados debern poder estar a disposicin de los adquirentes en el inicio del perodo de la promocin u oferta. Si durante el perodo de la promocin dichos productos quedaran agotados, los consumidores y usuarios tendrn derecho a la adquisicin de productos similares en condiciones equivalentes a los promovidos y agotados.

TTULO III
Control e inspeccin de consumo
Artculo 30. La inspeccin de consumo.

1. Las Administraciones Pblicas de Canarias con competencia en materia de proteccin de los consumidores y usuarios, y dentro del mbito de las mismas, podrn desarrollar actuaciones de inspeccin integral y control de calidad y seguridad, de modo coordinado, sobre productos, bienes y servicios destinados a los consumidores y usuarios, en cualquier fase de comercializacin, para comprobar que se adecuan a la legalidad en cuanto a sus caractersticas tcnicas, higinico-sanitarias, de seguridad y comerciales, y que se ajustan razonablemente a las expectativas que puedan motivar su adquisicin o contratacin, derivadas de la descripcin realizada en su presentacin, publicidad, precio y otras circunstancias.

2. Las actuaciones de inspeccin y control se llevarn a cabo preferentemente sobre aquellos productos, bienes y servicios considerados como de uso o consumo comn, ordinario y generalizado, as como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legtimos intereses econmicos de los consumidores y usuarios o puedan crear situaciones de alarma social.

3. Los rganos de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias y de las entidades locales, en el mbito de sus respectivas competencias, facilitarn a la inspeccin de consumo de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias cuanto apoyo e informacin sean necesarios para el desempeo eficaz de sus funciones.

Artculo 31. Del personal de la inspeccin.

1. El personal de la inspeccin de consumo, cuando acte en el ejercicio de su funcin inspectora, tendr la consideracin de autoridad a todos los efectos.

2. Para el desarrollo de sus actuaciones inspectoras, podrn solicitar la ayuda que resulte precisa de cualquier otra autoridad o sus agentes.

3. El personal de la inspeccin, cuando acte en el ejercicio de sus funciones, deber ir debidamente acreditado y se comportar con la debida correccin, prudencia y discrecin. Su actitud ser respetuosa con los ciudadanos, proporcionada y ponderada, perturbando slo en lo necesario la actividad profesional o empresarial de los inspeccionados. En todo caso, estar obligado a mantener estricto sigilo profesional respecto a las informaciones obtenidas.

Artculo 32. Facultades de la inspeccin.

En el ejercicio de sus funciones, el personal de la inspeccin podr:

a) Acceder libremente y sin previo aviso a los establecimientos, oficinas e instalaciones de todo tipo que tengan relacin directa o indirecta con la inspeccin que estn llevando a cabo.

b) Requerir la comparecencia y colaboracin de cualquier persona fsica o jurdica, que de forma directa o indirecta pudiera tener alguna relacin con el objeto de la inspeccin, as como solicitar los documentos mercantiles, contables o de cualquier otro tipo que consideren relevantes para la investigacin.

El requerimiento de la comparecencia o la solicitud de informacin se podr efectuar durante la visita inspectora, o por cualquier otro medio aceptado en Derecho, en la empresa inspeccionada, en los locales relacionados con la actividad y en las dependencias de los propios rganos de control.

c) Practicar la toma de muestras de los bienes y productos, as como cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos, bienes y servicios en cualquier fase de comercializacin. Las operaciones de toma de muestras, su acondicionamiento y anlisis se atendrn, en su caso, a los mtodos oficiales y procedimientos establecidos en la legislacin general o en las normas que desarrollen esta Ley.

d) Llevar a cabo la adopcin de las medidas previstas en el artculo 35 de esta Ley cuando las especiales circunstancias lo requieran.

e) Llevar a cabo investigaciones de mercado destinadas a la obtencin de informacin que permita conocer y realizar estudios en sectores de los cuales se pudieran derivar riesgos para la salud, la seguridad y los legtimos intereses econmicos y sociales de los consumidores y usuarios, a fin de ser incluidos como objetivos prioritarios de las actuaciones de vigilancia y control.

f) Informar y asesorar a los agentes del mercado, para favorecer el correcto conocimiento y cumplimiento de las normativas y la extensin de buenas prcticas comerciales o de fabricacin, con las que mejorar cualquier aspecto de la calidad de bienes y servicios y de la informacin que se proporciona a los consumidores y usuarios.

Artculo 33. Actas de inspeccin.

1. Los funcionarios documentarn, con carcter general, cada una de sus actuaciones mediante acta, en la que harn constar como mnimo los siguientes datos:

a) La identidad de la persona fsica o jurdica titular de la actividad inspeccionada, incluyendo la fiscal.

b) La identificacin del funcionario actuante.

c) La identificacin del compareciente, en su propio nombre o en representacin del interesado, a la inspeccin, con expresin del carcter con el que comparece, pudiendo serle exigida la exhibicin de la oportuna documentacin acreditativa.

d) El lugar, fecha y, si fuera relevante, la hora del levantamiento.

e) Indicacin de los motivos de la actuacin.

f) Los hechos apreciados y las circunstancias concurrentes o de inters.

g) Las diligencias practicadas si las hubiere, tales como: Controles de documentos, retiradas de muestras, mediciones, pruebas practicadas, verificaciones, arqueos, medidas provisionales, as como las requisitorias de documentacin o comparecencia, indicando plazos o fechas para su realizacin. Para la realizacin de estas diligencias, los rganos de control podrn solicitar la asistencia de tcnicos o especialistas, que actuarn conjuntamente con el personal de la inspeccin.

h) La relacin de documentos adjuntos, en los que se har indicacin de la identificacin del acta a la que acompaan.

i) Las manifestaciones que voluntariamente haga el inspeccionado.

j) Firma del funcionario actuante, as como del compareciente. La negativa a la firma por parte del compareciente no invalidar el acta. Si no firma, se le advertir de su obligacin de hacerlo y de que puede estampar su firma a los nicos efectos de recepcin del documento y reconocimiento de las circunstancias de los apartados a), b), c) y d) anteriores, lo cual se har constar.

2. Cuando las condiciones del servicio lo requieran, se dar cuenta de los hechos mediante informe de verificacin.

3. El compareciente obtendr de los actuantes copia de los documentos que se redacten durante la actuacin inspectora, excepto cuando stos tengan carcter meramente estadstico o informativo.

4. Los hechos constatados por funcionarios en el desempeo de sus funciones de inspeccin y recogidos en las actas, formalizadas con los requisitos legales pertinentes, tendrn valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan sealar o aportar los interesados.

5. Si durante las actuaciones desarrolladas por los funcionarios de la inspeccin de consumo se detectaran acciones u omisiones que no constituyeran un perjuicio directo a los consumidores y usuarios, no suponiendo sino simples irregularidades subsanables, el actuante podr requerir, mediante acta de inspeccin, que se subsanen las mismas en el plazo que se conceda al efecto, que como mnimo ser de diez das, transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la correccin, se seguir la tramitacin administrativa correspondiente.

Artculo 34. Obligaciones de los inspeccionados.

1. Las personas fsicas o jurdicas que produzcan, importen o suministren productos, bienes y servicios, sus representantes legales o las que estn a cargo del establecimiento en el momento de la inspeccin estarn obligadas a:

a) Consentir y facilitar la visita de inspeccin y el acceso a las dependencias del establecimiento.

b) Suministrar toda clase de informacin sobre las instalaciones, productos o servicios, as como la autorizacin, permisos y licencias necesarios para el ejercicio de la actividad, permitiendo que el personal de la inspeccin compruebe directamente los datos aportados.

c) Poner a disposicin de la inspeccin la documentacin que sirva de justificacin de las transacciones efectuadas, tales como contratos, facturas, albaranes y dems documentos exigidos legalmente, as como aquellos que sean necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.

d) Facilitar la obtencin de copia o reproduccin de la documentacin citada en los puntos anteriores.

e) Comparecer donde y cuando sean requeridos justificadamente por los servicios competentes.

f) Permitir que se practique la toma de muestras o que se efecte cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos, bienes y servicios en cualquier fase de su comercializacin.

g) Depositar y conservar adecuadamente los productos, bienes y servicios sujetos a medidas provisionales, siguiendo en todo momento las instrucciones formuladas por los servicios competentes al respecto.

h) Facilitar personal y medios para la prctica de las inspecciones cuando le fuera motivadamente requerido.

2. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones indicadas en el apartado anterior podr originar el levantamiento de la correspondiente acta inspectora que, aun no recogiendo alguno de los requisitos establecidos en el artculo 33, de la obstruccin a la labor inspectora, tendr el mismo valor probatorio que el establecido en el mismo.

TTULO IV
Medidas provisionales
Artculo 35. Medidas provisionales.

1. Sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar en el curso del procedimiento sancionador, el rgano competente de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias para la iniciacin de procedimientos en materia de consumo adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales que considere oportunas, de entre las sealadas en el artculo siguiente, en aquellos supuestos en que existan indicios de vulneracin de los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios y, en todo caso, en los siguientes:

a) Cuando existan indicios racionales de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios.

b) Cuando puedan lesionarse de forma grave los intereses econmicos y sociales de los consumidores.

2. En situaciones de urgencia, el personal de la inspeccin podr adoptar las medidas provisionales previstas en la presente Ley, debiendo ser ratificadas por el rgano competente en el plazo de diez das hbiles, computados desde el da siguiente a aquel en que se hayan adoptado, cesando sus efectos si en dicho plazo no se produce la notificacin de la ratificacin.

Artculo 36. Tipos de medidas provisionales.

1. Las medidas provisionales podrn consistir en:

a) Suspensin temporal, en cualquier fase de la comercializacin, de un producto y determinacin de las medidas de acompaamiento necesarias para garantizar el cumplimiento de la suspensin.

b) Suspensin temporal de la prestacin de un servicio y determinacin de las medidas de acompaamiento necesarias para garantizar el cumplimiento de la suspensin.

c) Imposicin de condiciones previas en cualquier fase de la comercializacin de productos, bienes y servicios.

d) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente que sea necesaria por existir indicios racionales de riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios o de vulneracin de los intereses econmicos y sociales.

2. Las medidas provisionales aplicadas deben ser proporcionales al dao que se pretende evitar, debiendo mantenerse exclusivamente el tiempo necesario para la realizacin de los oportunos controles y verificaciones en los centros cualificados para ello, o el tiempo que los interesados inviertan en la subsanacin del problema y en la completa eliminacin del riesgo.

Artculo 37. Procedimiento.

1. Adoptada una medida provisional, se proceder al inicio y tramitacin del procedimiento correspondiente de conformidad con lo previsto en la legislacin reguladora del procedimiento administrativo comn.

2. La resolucin del procedimiento podr elevar a definitivas las medidas provisionales adoptadas e incluir los plazos y condiciones para su ejecucin.

3. Atendiendo a la gravedad de los hechos y a fin de evitar daos irreparables, podr acordarse la tramitacin de urgencia del procedimiento administrativo. En cualquier fase del mismo, la autoridad competente podr ordenar la prctica de las inspecciones y controles necesarios para su resolucin.

4. La resolucin que se adopte no impedir, en su caso, la iniciacin simultnea de un procedimiento sancionador, si concurriesen infracciones en materia de proteccin al consumidor.

5. Los gastos de almacenaje, traslado, rectificacin, subsanacin, certificacin o, en su caso, destruccin de los productos, bienes y servicios sujetos a medidas provisionales sern a cargo del responsable de los mismos cuando las medidas sean confirmadas. Los gastos de ensayos y pruebas solicitadas por el interesado a fin de acreditar sus manifestaciones corrern por cuenta del mismo.

6. A fin de garantizar la eficacia de las resoluciones adoptadas, el interesado deber justificar documentalmente el cumplimiento de las obligaciones impuestas. Si se considera necesario, stas se practicarn en presencia del personal de control e inspeccin.

Artculo 38. Multa coercitiva.

A fin de garantizar la eficacia de las resoluciones contempladas en el artculo anterior, el rgano competente, en el marco de la legislacin bsica del Estado, podr imponer multas coercitivas.

El rgano que dict la resolucin deber cursar por escrito un requerimiento previo de ejecucin de la resolucin, razonando en el mismo la gravedad objeto de la resolucin adoptada; advirtiendo a su destinatario del plazo de tiempo que dispone para su cumplimiento y de la cuanta de la multa coercitiva que le puede ser impuesta en caso de incumplimiento. El plazo sealado debe ser, en todo caso, suficiente para el cumplimiento de la obligacin de que se trate y la multa proporcionada a la gravedad y alarma social generada, no pudiendo exceder nunca de 3.000 euros.

Si se comprobase el incumplimiento de lo ordenado, se podrn reiterar las citadas multas por perodos que no pueden ser inferiores al sealado en el primer requerimiento.

Estas multas sern independientes de las que se puedan imponer en concepto de sancin y sern compatibles con las mismas.

TTULO V
De la potestad sancionadora
Artculo 39. Potestad sancionadora.

1. Corresponde a las Administraciones Pblicas de Canarias la potestad sancionadora en materia de consumo, ejercindose por los rganos administrativos que la tengan atribuida.

2. En el mbito de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, los rganos competentes para la imposicin de sanciones son:

a) El Gobierno de Canarias para imponer sanciones por infracciones calificadas como muy graves.

b) El Consejero competente en materia de consumo para imponer sanciones por infracciones calificadas como graves, cuando la cuanta de la multa supere 6.000 euros.

c) El Director general competente en materia de consumo para imponer sanciones por infracciones calificadas como leves y las graves cuando la cuanta de la multa no exceda de 6.000 euros.

Las facultades a que se refiere este apartado podrn ser objeto de desconcentracin por decreto del Gobierno.

Artculo 40. Tipificacin de las infracciones.

1. Tendrn la consideracin de infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios los incumplimientos de los deberes y prohibiciones establecidos en la presente Ley. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Tendrn la consideracin de infracciones muy graves las siguientes:

a) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daos efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios realizadas de forma consciente o deliberada.

b) El incumplimiento o transgresin de los requerimientos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones especficas, al objeto de evitar contaminaciones o circunstancias lesivas para la salud pblica o la seguridad de los consumidores y usuarios.

c) El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas por la autoridad competente.

d) Las infracciones graves previstas en las letras b), c) y e) del apartado 3 de este artculo que puedan producir un riesgo o dao grave y directo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios.

e) La reincidencia en la comisin de infracciones graves de la misma naturaleza en el ltimo ao. El plazo comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin.

3. Tendrn la consideracin de infracciones graves las siguientes:

a) Las acciones u omisiones que produzcan o puedan producir riesgos o daos efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios realizadas por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalacin de que se trate.

b) El incumplimiento de las disposiciones relativas a la seguridad de bienes y servicios.

c) La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes y productos a los que se haya adicionado o sustrado cualquier sustancia o elemento para variar su composicin, calidad, estructura, peso o volumen, para corregir defectos mediante procesos o procedimientos que no estn expresa y reglamentariamente autorizados, o para encubrir la inferior calidad o alteracin de los productos utilizados.

d) La puesta en el mercado de bienes y productos o la prestacin de servicios cuando haya sido declarada prohibida por una norma o por una resolucin administrativa.

e) La comercializacin de bienes y productos o la prestacin de servicios que, precisando autorizacin administrativa, carezcan de ella.

f) El incumplimiento del deber de veracidad informativa o publicitaria en la venta de bienes y productos o en la prestacin de servicios, de manera que se les atribuyan calidades, caractersticas, resultados o condiciones de adquisicin, uso o devolucin que difieran de las que realmente posean o puedan obtenerse, y toda la publicidad que, de cualquier forma, induzca o pueda inducir a error a las personas a las que se dirige, as como aquella que silencie datos fundamentales que impidan conocer las verdaderas caractersticas o naturaleza del producto o servicio.

g) La inclusin, en las condiciones generales de los contratos que suscriban los consumidores y usuarios o en las ofertas publicitarias, de clusulas que limiten o vulneren los derechos reconocidos en las disposiciones aplicables o que resulten abusivas para stos o contrarias a la buena fe.

h) La resistencia, negativa u obstruccin a las labores de inspeccin, a suministrar datos o informaciones solicitadas por las autoridades competentes o sus agentes, en el curso de las funciones de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin, as como el suministro de informacin inexacta o documentacin falsa o el incumplimiento de los requerimientos de subsanacin de irregularidades previstas en el artculo 33.

i) La reincidencia en la comisin de infracciones leves de la misma naturaleza en el ltimo ao. El plazo comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin.

j) Cualquier conducta tendente a ocultar, hacer desaparecer o manipular las muestras depositadas reglamentariamente o las mercancas decomisadas o intervenidas.

4. Tendrn la consideracin de infracciones leves las siguientes:

a) La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes y productos cuando su composicin, calidad, cantidad, etiquetado o precio no se ajuste a las disposiciones vigentes o difiera de la declarada u ofertada.

b) El incumplimiento en la prestacin de todo tipo de servicios, de las condiciones de calidad, intensidad, naturaleza, plazo o precio de acuerdo con la normativa que resulte aplicable o con las condiciones que se presten u oferten.

c) El incumplimiento de las disposiciones que normalicen bienes y productos, as como de aquellas que regulen los requisitos documentales y de funcionamiento establecidos en la normativa vigente, reguladora de la actividad comercial y de prestacin de servicios.

d) El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, incluidas las referentes a marcado o exhibicin, la exigencia en la entrega de bienes o prestacin de servicios de cantidades superiores a las anunciadas, ofertadas, presupuestadas, autorizadas, comunicadas o legalmente establecidas, as como la no aceptacin de los medios de pago admitidos legalmente u ofertados.

e) La imposicin injustificada de condiciones, recargos o cobros indebidos, de prestaciones accesorias no solicitadas o de cantidades mnimas o mximas.

f) La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor y usuario producidas de buena fe o conforme al uso establecido cuando su satisfaccin est dentro de las disponibilidades del vendedor o prestador de un servicio, as como cualquier forma de discriminacin con respecto a las referidas demandas.

g) La carencia o la no tenencia de las hojas de reclamaciones a disposicin del consumidor y usuario, la negativa a su entrega, as como la no exhibicin en lugar visible del preceptivo cartel anunciador de su existencia.

h) La no entrega a los consumidores y usuarios del correspondiente resguardo de depsito o su emisin con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

i) La no entrega a los consumidores y usuarios del correspondiente presupuesto previo o su emisin con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

j) La no expedicin a los consumidores y usuarios del documento de garanta, la entrega del documento de garanta con incumplimiento de los requisitos establecidos, as como la vulneracin o inobservancia de los derechos que las normas o los documentos de garanta entregados u ofertados reconocen a los consumidores y usuarios.

k) La no extensin o entrega de la correspondiente factura o documento acreditativo de las transacciones comerciales o prestaciones de servicios, as como su emisin con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

l) La excusa reiterada, la negativa o resistencia a la comparecencia de las personas fsicas o jurdicas, en las dependencias propias o ante las autoridades competentes, siempre que medie requerimiento notificado, expreso y por escrito al respecto por parte de las autoridades competentes o sus agentes en desarrollo de las labores de informacin, mediacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin.

m) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos en la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios y disposiciones complementarias cuando no suponga falta grave o muy grave.

Artculo 41. Responsabilidad de las infracciones.

1. Sern responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley las personas fsicas o jurdicas que por accin u omisin hubieran participado o incurrieran en las mismas.

2. El fabricante, importador, vendedor o suministrador de bienes, productos o servicios respondern del origen, identidad e idoneidad de los bienes, productos y servicios y de las infracciones comprobadas en ellos.

3. De los productos a granel ser responsable el tenedor de los mismos sin perjuicio de que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior tenedor o proveedor.

4. En el supuesto de productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre ntegro, responde de su calidad, composicin, cantidad y seguridad la firma o razn social que figure en la etiqueta, presentacin o publicidad, el importador o el primer comercializador. Podr eximirse de su responsabilidad probando su falsificacin, incorrecta manipulacin o conservacin, siempre que se indique la forma de conservacin.

5. Si en la comisin de una infraccin concurriesen varias personas, stas respondern solidariamente.

Artculo 42. Sanciones.

1. Las infracciones en materia de defensa del consumidor sern sancionadas con multas, con arreglo a la siguiente escala:

a) Infracciones leves, hasta 3.000 euros.

b) Infracciones graves, desde 3.000,01 a 15.000 euros, pudindose rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quntuplo del valor de los productos, bienes o servicios objeto de la infraccin.

c) Infracciones muy graves, desde 15.000,01 a 600.000 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quntuplo del valor de los productos, bienes o servicios objeto de la infraccin.

2. El Gobierno de Canarias podr revisar y actualizar las cuantas de las sanciones, teniendo en cuenta la variacin de los ndices de precios al consumo.

3. La autoridad competente para resolver el procedimiento podr acordar como sancin accesoria el decomiso de la mercanca adulterada, deteriorada, prohibida, no autorizada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entraar riesgo para el consumidor.

Dicha autoridad determinar el destino final que deba darse a los bienes y productos decomisados, que debern destruirse si su utilizacin o consumo constituyera peligro para la seguridad o salud pblica, siendo por cuenta del infractor los gastos que originen las operaciones de intervencin, transporte, depsito y destruccin de los bienes y productos, as como cuantos otros sean necesarios para asegurar el destino final de los mismos.

4. En los supuestos de infracciones muy graves, el Gobierno de Canarias podr acordar el cierre temporal del establecimiento, instalacin o servicio donde se cometi la infraccin, por el plazo mximo de cinco aos, siendo de aplicacin en tal caso lo prevenido al respecto por la legislacin laboral.

Artculo 43. Graduacin de las sanciones.

La graduacin de las sanciones se efectuar atendiendo a las circunstancias siguientes:

1. Agravantes:

a) Existencia de intencionalidad o reiteracin en la conducta infractora.

b) La produccin de una grave alteracin social.

c) La alta incidencia de la infraccin en el mercado.

d) La naturaleza de los perjuicios causados a los consumidores y usuarios.

e) Que afecte a productos, bienes o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

f) La incidencia en los colectivos especialmente protegidos.

2. Atenuantes:

a) La subsanacin posterior de los hechos, siempre que se realice antes de dictarse la resolucin del procedimiento sancionador.

b) La reparacin efectiva del dao causado.

Artculo 44. Prescripcin y procedimiento.

1. El plazo de prescripcin de las infracciones en materia de consumo ser de cinco aos para las muy graves, de tres aos para las graves y de dos aos para las leves. El plazo de prescripcin empezar a contar desde el da de la comisin de la infraccin y se interrumpir en el momento en que el interesado tenga conocimiento de la iniciacin de un procedimiento sancionador.

2. Las solicitudes de pruebas periciales, as como de anlisis y ensayos tcnicos, contradictorios y dirimentes, que fueran necesarios para determinar la responsabilidad, interrumpirn el cmputo del plazo de caducidad del procedimiento ya iniciado hasta que se practiquen.

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirn a los tres aos, las impuestas por faltas graves a los dos aos y las impuestas por faltas leves al ao.

4. El procedimiento para la imposicin de sanciones en esta materia se determinar reglamentariamente.

TTULO VI
Competencias de las Administraciones Pblicas
Artculo 45. Competencias de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias.

1. Corresponde al Gobierno de Canarias la direccin y planificacin de la poltica de defensa de los consumidores y usuarios en su mbito territorial, ejercer la potestad reglamentaria en esta materia y coordinar la actuacin de las entidades locales en la consecucin de los objetivos fijados en esta Ley.

2. El Gobierno de Canarias dispondr de un registro actualizado e informatizado de los servicios municipales de consumo, as como de las organizaciones de consumidores y usuarios y/o federaciones existentes y operativas en el territorio.

3. Corresponde a los rganos de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias con competencia sectorial en materia de consumo, dentro de la planificacin general mencionada en el apartado anterior, la ejecucin de la presente Ley y de las normas que la desarrollan, realizando, con sujecin a los principios que la inspiran, las siguientes actuaciones:

a) Coordinar los planes de actuacin conjunta en materia de proteccin al consumidor.

b) Apoyar a las entidades locales, as como elaborar programas de actuacin conjunta con las mismas, a fin de garantizar los principios de colaboracin y cooperacin administrativa y actuar supletoriamente cuando aqullas no puedan desarrollar las funciones previstas en la presente Ley.

c) Establecer lneas de coordinacin y cooperacin con las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales.

d) Disear, coordinar y ejecutar campaas de control de mercado, estableciendo anualmente un programa en el que, a fin de garantizar una proteccin homognea del consumidor a nivel autonmico, se definan las actuaciones autonmicas y el grado de participacin de los distintos rganos administrativos.

e) Disear, coordinar y ejecutar actuaciones singulares y generales de informacin y formacin dirigidas al consumidor y usuario.

f) Realizar la inspeccin y control de mercado de bienes, productos y servicios de consumo, practicar las oportunas tomas de muestras de productos, as como adoptar las medidas provisionales en los supuestos previstos en esta Ley.

g) Ejercer la potestad sancionadora, con base en la competencia atribuida en la presente Ley.

h) Fomentar y desarrollar en colaboracin con la Administracin del Estado el Sistema Arbitral de Consumo.

i) En general, adoptar en el mbito de sus competencias cuantas medidas sean necesarias para el debido cumplimiento de lo establecido en esta Ley.

Artculo 46. Competencias de las entidades locales.

1. Corresponde a las entidades locales velar por la proteccin y defensa de los consumidores y usuarios, en el mbito de su territorio, con el alcance y contenido que les atribuye la presente Ley y el resto de las normas jurdicas que le sean de aplicacin, y en concreto:

a) La informacin y educacin de los consumidores y usuarios y el establecimiento de oficinas y servicios de informacin al consumidor y usuario.

b) La inspeccin de productos y servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado puestos a disposicin del consumidor y usuario para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, etiquetado, presentacin y publicidad y los dems requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, sanidad y seguridad.

c) Prestar las colaboraciones precisas, en los supuestos de crisis o emergencias que afecten a la salud, seguridad o intereses econmicos de los consumidores y usuarios.

d) El ejercicio de la potestad sancionadora, por la comisin de infracciones de carcter leve o grave en materia de consumo, en relacin con las empresas y establecimientos domiciliados en su mbito territorial, siempre y cuando la infraccin se haya cometido en el mismo y fuera conocida por sus propios servicios de inspeccin.

2. El ejercicio de las competencias tendr que ser determinado por el correspondiente decreto u ordenanza.

Artculo 47. Colaboracin y coordinacin administrativa.

1. Las Administraciones Pblicas de Canarias competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios ajustarn su actuacin a los principios de colaboracin y cooperacin, de acuerdo con las reglas generales de las relaciones interadministrativas.

2. Con objeto de asegurar la necesaria coordinacin interadministrativa, los respectivos ayuntamientos y cabildos insulares se comunicarn entre s y con el rgano competente en materia de consumo de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias los procedimientos sancionadores iniciados y, en su caso, la sancin impuesta, en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

3. Los distintos rganos de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias con potestad sancionadora en sectores materiales relacionados con la defensa de los consumidores y usuarios se comunicarn entre s los procedimientos sancionadores que inicien y, en su caso, las sanciones impuestas en los mismos.

4. El rgano de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias con competencias especficas en materia de consumo se encargar de la coordinacin de los distintos departamentos del Gobierno con competencias concurrentes, respecto de la poltica de defensa de los consumidores y usuarios que se establezca por ste.

5. La Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias concertar con las entidades locales frmulas de participacin activa de stas en programas conjuntos de proteccin de los consumidores y usuarios y, entre stos, las actuaciones en campaas de control de productos y servicios y la atencin de las demandas de informacin, formacin y cooperacin en materia de consumo.

Disposicin adicional nica.

Los departamentos de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias con competencia en sectores materiales que afecten a la defensa de los consumidores y usuarios elaborarn conjuntamente un Plan Anual de Inspeccin, a ejecutar de forma coordinada.

Disposicin transitoria primera.

Hasta tanto se proceda al desarrollo reglamentario previsto en los artculos 22 y 23 de la presente Ley, sern de aplicacin los preceptos reglamentarios reguladores del Consejo General de Consumo y de la Comisin Regional de Consumo, en lo que se refiere a los rganos previstos en los mencionados artculos, respectivamente.

Disposicin transitoria segunda.

Hasta tanto se proceda al desarrollo reglamentario previsto en el apartado 4 del artculo 27 de la presente Ley y al objeto de cumplir con la obligacin impuesta en los apartados 1 y 2 de dicho artculo, ser de aplicacin la normativa reglamentaria reguladora de las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios de Canarias, en lo que se refiere al modelo de hojas, cartel, informacin y procedimiento, sin perjuicio de los modelos y caractersticas especficas establecidas por la normativa autonmica sectorial.

Disposicin transitoria tercera.

Hasta tanto se proceda al desarrollo reglamentario previsto en el apartado 4 del artculo 44 de la presente Ley, ser de aplicacin, con independencia de la calificacin de la infraccin, el procedimiento ordinario previsto en la normativa general reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Disposicin final primera.

Se autoriza al Gobierno de Canarias para que dicte las disposiciones reglamentarias correspondientes en desarrollo de esta Ley.

Disposicin final segunda.

El Gobierno de Canarias deber elaborar el reglamento de desarrollo de la presente Ley, en el plazo mximo de seis meses a partir de su aprobacin.

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de febrero de 2003.

ROMN RODRGUEZ RODRGUEZ,

Presidente

(Publicada en el Boletn Oficial de Canarias nmero 34, de 19 de febrero de 2003)

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 12/02/2003
  • Fecha de publicación: 06/03/2003
  • Entrada en vigor: 11 de marzo de 2003.
  • Publicada en el BOC nm. 34, de 19 de febrero de 2003.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEJA SIN EFECTO los arts. 22 y 23, por Ley 4/2012, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2012-9282).
  • SE MODIFICA el art. 27.1 y disposicin transitoria 2, por Ley 12/2009, de 16 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-1398).
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con el art. 31 del Estatuto aprobado por Ley Orgnica 10/1982, de 10 de agosto (Ref. BOE-A-1982-20821).
  • CITA Ley 26/1984, de 19 de julio (Ref. BOE-A-1984-16737).
Materias
  • Canarias
  • Consumidores y usuarios

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