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Documento BOE-A-2002-3590

Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinacin de las Competencias del Estado y las Comunidades Autnomas en materia de Defensa de la Competencia.

TEXTO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS
I

La sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999, dictada en los recursos de inconstitucionalidad acumulados nmeros 2009/1989 y 2027/1989, estim parcialmente los citados recursos y declar la inconstitucionalidad de la clusula "en todo o en parte del mercado nacional" contenida expresamente o por remisin en los artculos 4, 7, 9, 10, 11 y 25, a) y c)de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

Los efectos del fallo se traducen en la necesidad de establecer, mediante Ley estatal, el marco para el desarrollo de las competencias ejecutivas del Estado y las Comunidades Autnomas previstas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y su desarrollo reglamentario.

II

Los fundamentos jurdicos en los que el Alto Tribunal basa el fallo parten del reconocimiento de que la materia denominada "defensa de la competencia", como tal, no se halla atribuida expresamente al Estado por la Constitucin. Por consiguiente, en la medida en que el conjunto de competencias atribuidas al Estado por la Constitucin no lo impidan, podr corresponder a las Comunidades Autnomas en virtud de sus propios Estatutos.

Analizando los Estatutos de Autonoma, existen referencias ms o menos generalizadas de atribucin competencial a las Comunidades Autnomas en materia de "comercio interior", lo cual, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia antes citada, abarca la competencia relacionada con la "defensa de la competencia", si bien se restringe al mbito ejecutivo siendo en todo caso del Estado la competencia legislativa.

La conclusin que de ello se desprende es que las Comunidades Autnomas que as lo han previsto en sus Estatutos tienen competencias ejecutivas en relacin con el "comercio interior" y, por ende, con la "defensa de la competencia".

No obstante, el ejercicio de estas competencias debe armonizarse con la necesidad de proteger la unidad de la economa nacional y la exigencia de un mercado nico que permita al Estado el desarrollo de su competencia constitucional de bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica -artculo 149.1.13.a de la Constitucin- todo ello en aras a respetar la igualdad de las condiciones bsicas de ejercicio de la actividad econmica -artculos 139.1 y 149.1.1.a de la Ley Fundamental-. Por esta razn, considera el Tribunal Constitucional que no slo la normacin, sino todas las actividades ejecutivas que determinen la configuracin real del mercado nico de mbito nacional han de atribuirse al Estado, al que correspondern, por tanto, las actuaciones ejecutivas en relacin con aquellas prcticas que puedan alterar la libre competencia en un mbito supracomunitario o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actos ejecutivos deban realizarse en el territorio de cualquiera de las Comunidades Autnomas.

III

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha venido a imponer al Estado el deber de articular los mecanismos de coordinacin que garanticen la uniformidad de la disciplina de la competencia en todo el mercado nacional y, desde luego, establecer los mecanismos de conexin pertinentes, siempre que resulten constitucional y estatutariamente correctos, y los imprescindibles mecanismos de colaboracin e informacin recproca.

IV

El Fundamento Jurdico octavo de la sentencia reconoce la vigencia de los preceptos de la Ley impugnada, a pesar de haber sido declarados nulos, hasta tanto el Estado no fije los puntos de conexin que permitan a las Comunidades Autnomas ejercer las competencias ejecutivas que les reconocen sus Estatutos de Autonoma. En caso contrario, se producira un vaco normativo que atentara contra los intereses constitucionalmente relevantes referidos a la defensa de la competencia.

A pesar de ello, el propio Tribunal Constitucional reconoce que la postergacin en el tiempo de los efectos de la nulidad declarada genera una situacin anmala y provisional que debe acabar cuanto antes invocando la lealtad constitucional que vincula al Estado para ponerle fin en el plazo ms breve.

Por ello, debe adoptarse una iniciativa legislativa que establezca el marco para la ejecucin de las competencias del Estado y de las Comunidades Autnomas con pleno respeto a los criterios impartidos por el Tribunal Constitucional, iniciativa que acomete la presente Ley.

V

La Ley contiene cinco artculos que desarrollan los apartados que, segn el Tribunal Constitucional, deben establecerse para el adecuado ejercicio de las competencias relacionadas con la defensa de la competencia, tres disposiciones adicionales, una disposicin transitoria y una disposicin final.

El artculo 1 establece los puntos de conexin que delimitan genricamente el ejercicio de las competencias por parte del Estado y de las Comunidades Autnomas.

Estos puntos se basan en el Fundamento Jurdico sptimo de la sentencia de 11 de noviembre de 1999, segn el cual, la competencia objetiva que cabe atribuir a las Comunidades Autnomas en materia de defensa de la competencia, se halla limitada a aquellas actuaciones ejecutivas que hayan de realizarse en el territorio de cada Comunidad Autnoma y que no afecten al mercado supraautonmico. Ello implica que la competencia del Estado se extiende no slo a la normacin, sino tambin a todas las actuaciones ejecutivas en relacin con aquellas prcticas que puedan alterar la libre competencia en el mbito supraautonmico o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actuaciones se realicen en el territorio de una Comunidad Autnoma.

Este principio es reconocido como criterio general por la Ley y se extiende a las competencias respecto de los procedimientos que tengan por objeto actuaciones asociadas con los acuerdos prohibidos, las autorizaciones singulares de acuerdos prohibidos, el abuso de posicin dominante y el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Adems, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de las competencias, la seguridad jurdica de los operadores econmicos y la uniformidad en la aplicacin de las normas, todo ello en aras a minimizar los conflictos derivados de la interpretacin de este criterio general, la Ley establece un conjunto de reglas adicionales tendentes a aclarar cundo una conducta es competencia del Estado y cundo lo es de una Comunidad Autnoma.

Dichas reglas, en definitiva, implican la atribucin al Estado de la competencia relativa a conductas que puedan atentar contra la unidad de mercado nacional o contra principios reconocidos en la Constitucin tales como el establecimiento de un equilibrio econmico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio espaol, la libertad de circulacin y establecimiento de las personas y la libre circulacin de bienes en todo el territorio nacional o la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

El artculo 2 establece un mecanismo dinmico y equilibrado de resolucin de los conflictos que la aplicacin de los puntos de conexin pueda generar. Los procedimientos de resolucin de conflictos parten de un recproco y simtrico suministro de informacin acerca de las denuncias o solicitudes de autorizacin recibidas o de actuaciones practicadas de oficio entre los rganos competentes en materia de defensa de la competencia de modo que, si surgen diferencias acerca de quin debe instruir y resolver un determinado procedimiento, una vez transcurrido un plazo prudencial para el detenido estudio de la cuestin, se emita un dictamen no vinculante por la Junta Consultiva en materia de conflictos.

Se prev la participacin de la Administracin del Estado en la Junta Consultiva en materia de conflictos, no slo en los supuestos de controversia entre sta y las Administraciones Autonmicas, sino entre los que eventualmente puedan oponer a las Comunidades Autnomas entre s, por considerarse que en este caso se puede estar debatiendo sobre efectos supraautonmicos de las conductas de que se trate.

Dicha Junta Consultiva emitir un dictamen valorando la atribucin de la competencia de tramitacin y resolucin del procedimiento de que se trate.

Si las Administraciones en conflicto no asumen el resultado del dictamen, se contempla una remisin a lo dispuesto en la Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que sea el Alto Tribunal el que decida acerca de qu Administracin debe ser la que resuelva el procedimiento en cuestin a travs del planteamiento de un conflicto, positivo o negativo, entre el Estado y las Comunidades Autnomas o entre stas entre s. No obstante, en la medida en que se prevn otros procedimientos de cooperacin y coordinacin entre las Administraciones en conflicto, la elevacin de la cuestin ante el Tribunal Constitucional debe erigirse en ltima instancia de resolucin de las cuestiones competenciales.

El artculo 3 regula la Junta Consultiva en materia de conflictos, la cual, fiel a la naturaleza arbitral de este rgano, es paritaria. As, se prev su integracin por un nmero igual de representantes designados tanto por el Estado como por las Comunidades Autnomas, siendo flexible el nmero total en funcin de las Comunidades Autnomas en conflicto, todo ello con la finalidad de mantener la citada paridad en su composicin.

El artculo 4 regula los aspectos institucionales relacionados con la ejecucin por parte de las Comunidades Autnomas de las competencias en materia de defensa de la competencia. Entre dichos aspectos resalta la posibilidad de que, por va convencional, los rganos estatales colaboren con aquellas Comunidades que no hayan institucionalizado los mecanismos orgnicos para desarrollar sus competencias ; la Ley tambin establece el marco para la creacin de instituciones competentes en materia de defensa de la competencia en las Comunidades Autnomas y aclara las normas de procedimiento aplicables a las actuaciones de dichos rganos.

Fiel a las directrices impuestas por el Tribunal Constitucional, el artculo 5 regula tres rdenes de mecanismos de coordinacin para el armnico desarrollo de las competencias por el Estado y las Comunidades Autnomas ; de un lado, crea el Consejo de Defensa de la Competencia, rgano que rene a representantes de todas las Administraciones Territoriales con competencia en la materia, cuyas funciones bsicas se refieren a la centralizacin de la informacin relevante sobre la competencia en los mercados, a la discusin de los criterios conducentes a lograr la adecuada coordinacin en la aplicacin de la Ley y al informe de las disposiciones que regulen cuestiones relacionadas con la materia.

De otro lado, dicho precepto dedica un apartado especial a los mecanismos que aseguren la completa, simtrica y recproca informacin acerca de las conductas restrictivas de la libre competencia de las que tengan conocimiento los rganos competentes, a fin de posibilitar el desarrollo de sus funciones.

Por ltimo, el artculo 5 atribuye legitimacin al Servicio de Defensa de la Competencia para intervenir en los procedimientos tramitados por los rganos autonmicos, entendiendo esta legitimacin como un instrumento de cierre para evitar diferencias en la doctrina que se siga a la hora de aplicar el ordenamiento de defensa de la competencia. No cabe duda de que la uniformidad en la aplicacin de las normas de defensa de la competencia se erige en elemento indispensable para garantizar la unidad del mercado nacional y la igualdad de las condiciones bsicas de ejercicio de la actividad econmica.

VI

La disposicin adicional primera adapta las referencias en exclusiva al Servicio y al Tribunal de Defensa

de la Competencia que figuran en el texto de la Ley 16/1989 ante la nueva realidad de rganos administrativos que se irn creando una vez puesto en prctica el modelo competencial previsto en la presente Ley.

La disposicin adicional segunda reproduce el mandato del artculo 36.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, en la medida en que impone la traduccin al castellano de todas las comunicaciones y notificaciones que los rganos de defensa de la competencia de las Comunidades Autnomas con lengua cooficial propia dirijan al Tribunal y al Servicio de Defensa de la Competencia, pues ello implica la produccin de efectos de dichos escritos fuera del territorio de la respectiva Comunidad Autnoma.

La disposicin adicional tercera deja a salvo las competencias que la legislacin sectorial atribuye a la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones.

La disposicin transitoria nica prev el ejercicio de las competencias de ejecucin correspondientes a las Comunidades Autnomas por los rganos estatales hasta el momento en que aqullas que tengan previsin estatutaria hayan constituido sus respectivos rganos de defensa de la competencia ; de no preverse este rgimen supletorio, se correra el riesgo de incurrir en un vaco normativo y orgnico que podra impedir la persecucin de conductas que puedan llegar a menoscabar la competencia en mbitos autonmicos.

Artculo 1. Puntos de conexin.

1. Corresponder al Estado el ejercicio de las competencias reconocidas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, respecto de los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artculos 1, 6 y 7 de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas alteren o puedan alterar la libre competencia en un mbito supraautonmico o en el conjunto del mercado nacional, aun cuando el ejercicio de tales competencias haya de realizarse en el territorio de cualquiera de las Comunidades Autnomas.

2. En todo caso, se considera que se altera o se puede alterar la libre competencia en un mbito supraautonmico o en el conjunto del mercado nacional, en los siguientes casos:

a) Cuando una conducta altere o pueda alterar la libre competencia en un mbito supraautonmico o en el conjunto del mercado nacional o pueda afectar a la unidad de mercado nacional, entre otras causas, por la dimensin del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa correspondiente, la modalidad y alcance de la restriccin de la competencia, o sus efectos sobre los competidores efectivos o potenciales y sobre los consumidores y usuarios, aun cuando tales conductas se realicen en el territorio de una Comunidad Autnoma.

b) Cuando una conducta pueda atentar contra el establecimiento de un equilibrio econmico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio espaol, implicar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libre circulacin y establecimiento de las personas y la libre circulacin de bienes en todo el territorio nacional, suponer la compartimentacin de los mercados o menoscabar las condiciones bsicas que garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, aun cuando tales conductas se realicen en el territorio de una Comunidad Autnoma.

3. Corresponder a las Comunidades Autnomas con competencias en la materia el ejercicio en su territorio de las competencias reconocidas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, respecto de los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artculos 1, 6 y 7 de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas, sin afectar a un mbito superior al de una Comunidad Autnoma o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el mbito de la respectiva Comunidad Autnoma.

4. El ejercicio de las competencias relativas a las autorizaciones a las que se refiere el artculo 4 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, corresponder al Estado o a las Comunidades Autnomas, de acuerdo con los puntos de conexin establecidos en el presente artculo.

No obstante, si despus de otorgada una autorizacin por una Comunidad Autnoma se alteraran las circunstancias determinantes de la atribucin competencial por afectar la conducta autorizada a un mbito supraautonmico o al conjunto del mercado nacional, ser necesaria una nueva autorizacin, cuyo otorgamiento corresponder a los rganos estatales de defensa de la competencia.

5. Corresponder en todo caso al Estado:

a) La aplicacin de las normas contenidas en el captulo II y en el captulo III del Ttulo I de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

b) La autorizacin, mediante reglamentos de exencin, de categoras de acuerdos, decisiones, recomendaciones, prcticas concertadas o conscientemente paralelas a que se refiere el artculo 5 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

c) La representacin en materia de defensa de la competencia ante otras autoridades nacionales, Foros y Organismos internacionales y, en concreto, ante la Unin Europea, la OCDE, la OMC y la UNCTAD.

d) La aplicacin en Espaa de los artculos 81.1 (ex 85.1) y 82 (ex 86) del Tratado de la Comunidad Europea y de su Derecho derivado, de acuerdo con lo dispuesto al respecto en el artculo 25.c) de la Ley de Defensa de la Competencia.

Artculo 2. Resolucin de conflictos.

1. Las Comunidades Autnomas notificarn al Servicio de Defensa de la Competencia todas las denuncias y solicitudes de autorizacin singular recibidas en aplicacin de la presente Ley as como aquellas conductas detectadas de oficio respecto de las que existan indicios racionales de infraccin, de acuerdo con lo establecido en el artculo 5.dos. En dicha notificacin se expresar el rgano, estatal o autonmico, que se considere competente.

El rgano competente de la Comunidad Autnoma notificante podr iniciar el procedimiento correspondiente, si en el plazo de quince das el Director del Servicio de Defensa de la Competencia no comunica su opinin en contrario.

Si el Director del Servicio de Defensa de la Competencia considera de su competencia la aplicacin de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, a la conducta notificada, se lo comunicar al rgano notificante.

Se entender que el rgano notificante mantiene su competencia si en el plazo de cinco das no remite las actuaciones al Servicio de Defensa de la Competencia.

Si el rgano notificante mantuviese su competencia sobre dicha conducta, el rgano competente de cualquiera de las Administraciones en conflicto solicitar la convocatoria de la Junta Consultiva en materia de conflictos prevista en el artculo 3, para que en el plazo de quince das emita su informe.

Emitido el informe previsto en el prrafo anterior, en el plazo de diez das se podr iniciar el procedimiento por el rgano estatal o autonmico que se considere competente, sin perjuicio de la aplicacin de lo establecido en el captulo II del Ttulo IV de la Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

2. El Servicio de Defensa de la Competencia notificar a los rganos autonmicos correspondientes una nota sucinta de todas las denuncias y solicitudes de autorizacin singular recibidas y de las actuaciones practicadas de oficio ; en dicha nota se expresar el rgano, estatal o autonmico, que se considere competente.

El rgano considerado competente en la nota sucinta remitida por el Servicio de Defensa de la Competencia podr iniciar el procedimiento, si en el plazo de quince das, no recibe opinin en contrario de ningn otro rgano que recabe para s la competencia ; a estos efectos, el Servicio de Defensa de la Competencia dar traslado inmediato, en su caso, de la denuncia o solicitud de autorizacin singular recibida o de las actuaciones practicadas de oficio.

Si otro rgano autonmico se considera competente en relacin con dicha conducta, el Servicio de Defensa de la Competencia o los rganos autonmicos correspondientes solicitarn la convocatoria de la Junta Consultiva en materia de conflictos prevista en el artculo 3, para que en el plazo de quince das emita su informe.

Emitido el informe previsto en el prrafo anterior, en el plazo de diez das se podr iniciar el procedimiento por el rgano estatal o autonmico que se considere competente, sin perjuicio de la aplicacin de lo establecido en el captulo II del Ttulo IV de la Ley Orgnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

3. Si el Director del Servicio de Defensa de la Competencia considera que la conducta notificada por el rgano competente de una Comunidad Autnoma de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 5.dos no es de su competencia sino de la de una Comunidad Autnoma distinta de la notificante, se lo comunicar a los rganos competentes de ambas para que, en su caso, manifiesten o mantengan su competencia sobre dicha conducta en el plazo de quince das.

Si los rganos de ambas Comunidades Autnomas se consideran competentes sobre dicha conducta, el rgano estatal o los rganos competentes de cualquiera de las restantes Administraciones en conflicto solicitar la convocatoria de la Junta Consultiva en materia de conflictos prevista en el artculo 3, para que en el plazo de quince das emita su informe.

4. Si el conflicto se plantease con posterioridad a la incoacin del procedimiento, incluso en la fase de resolucin, se estar a lo dispuesto en los prrafos anteriores. La convocatoria de la Junta Consultiva en materia de conflictos interrumpir automticamente el procedimiento que, en su caso, se estuviere tramitando y suspender el plazo para resolver y notificar la resolucin.

5. Una vez incoados los expedientes sancionadores por los rganos competentes, podrn adoptar todas las medidas que estimen oportunas para que cesen las conductas infractoras ; en especial advertirn al pblico de las conductas que hubieren dado lugar al acuerdo de incoacin y de las medidas adoptadas para su cese.

6. En todo caso, lo dispuesto en este artculo se entiende sin perjuicio de la utilizacin de las vas jurisdiccionales pertinentes.

Artculo 3. La Junta Consultiva en materia de conflictos.

1. La Junta Consultiva en materia de conflictos es el rgano consultivo especializado en el asesoramiento, mediante dictamen no vinculante, para la resolucin de los conflictos de atribucin de competencias que se susciten entre la Administracin del Estado y de las Comunidades Autnomas o entre stas entre s con ocasin de la aplicacin de la legislacin de defensa de la competencia. En el ejercicio de sus funciones la Junta podr recabar informe del Tribunal de Defensa de la Competencia y de los rganos autonmicos correspondientes.

2. El Presidente de la Junta Consultiva en materia de conflictos ser nombrado por el Ministro de Economa, odo el Consejo de Defensa de la Competencia, entre personas de reconocido prestigio y con amplia experiencia en materia de defensa de la competencia.

Su voto ser dirimente en caso de empate y su mandato ser de cinco aos ; no obstante, expirado el plazo de su mandato, continuar en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesin del nuevo Presidente.

3. La Junta Consultiva en materia de conflictos estar compuesta por el Presidente y los siguientes vocales:

a) Por la Administracin General del Estado, un representante designado por el Ministro de Economa, quien actuar como Secretario.

b) Por la Comunidad Autnoma en conflicto, dos representantes por ella designados.

Excepcionalmente, en el supuesto en que hubiese ms de una Comunidad Autnoma afectada por el conflicto de competencias, se designar un solo representante por cada una de ellas. Si las Comunidades Autnomas en conflicto fueren tres o ms, se elevar el nmero de representantes de la Administracin General del Estado para garantizar la composicin paritaria de la Junta. En todo lo referente al funcionamiento, convocatoria, reuniones y rgimen de adopcin de acuerdos de la Junta Consultiva en materia de conflictos se estar a lo dispuesto, en materia de rganos colegiados, en el captulo II del Ttulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y en el captulo IV del Ttulo II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado.

Artculo 4. Aspectos institucionales de la ejecucin por parte de las Comunidades Autnomas de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

1. El Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia podrn celebrar convenios de colaboracin con los rganos competentes de las Comunidades Autnomas para la instruccin y resolucin de los procedimientos que tengan por objeto conductas que sean competencia tanto del Estado como de estas ltimas. Dichos convenios establecern las formas y mecanismos concretos a travs de los cules se instrumentar la referida colaboracin.

2. Los procedimientos de ejecucin establecidos en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, sern aplicables a las actuaciones que desarrollen los rganos competentes de las Comunidades Autnomas.

Artculo 5. Mecanismos de coordinacin.

Uno. 1. El Consejo de Defensa de la Competencia es el rgano de colaboracin, coordinacin e informacin recproca entre el Estado y las Comunidades Autnomas para promover la aplicacin uniforme de la legislacin de competencia.

El Consejo de Defensa de la Competencia acta en Pleno, que se reunir al menos una vez al ao. En todo lo referente a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y rgimen de adopcin de acuerdos, se estar a

lo dispuesto, en materia de rganos colegiados, en el captulo II del Ttulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y en el captulo IV del Ttulo II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado.

2. El Pleno del Consejo de Defensa de la Competencia estar constituido por los siguientes miembros:

Un representante de cada una de las Comunidades Autnomas con competencias en materia de defensa de la competencia.

Un nmero igual de representantes de la Administracin General del Estado nombrados por el Ministro de Economa, entre los cuales figurarn el Director del Servicio de Defensa de la Competencia, que lo presidir, y tres vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia designados por su Presidente.

Un Secretario, con voz pero sin voto, nombrado por el Ministro de Economa.

3. El Consejo de Defensa de la Competencia, como rgano de participacin y colaboracin entre la Administracin General del Estado y las Comunidades Autnomas, asumir las siguientes funciones:

Realizar el seguimiento peridico de la poltica de defensa de la competencia por parte de las distintas Administraciones pblicas.

Promover el intercambio de informacin y la realizacin y publicacin de estudios en los que se pongan de manifiesto los criterios seguidos por las distintas Administraciones en la aplicacin de la normativa de defensa de la competencia y, en su caso, la necesidad de hacer que stos sean uniformes.

Informar sobre los proyectos de disposiciones de carcter general que afecten a las materias de la defensa de la competencia en las que las Comunidades Autnomas tienen competencias de ejecucin.

Dos. Con el fin de facilitar la aplicacin de la presente Ley, se establecen los siguientes mecanismos de informacin recproca:

a) Las Comunidades Autnomas remitirn al Servicio de Defensa de la Competencia copia de todas las denuncias y solicitudes de autorizacin singular recibidas en aplicacin de la presente Ley. Asimismo, notificarn al Servicio de Defensa de la Competencia aquellas conductas detectadas de oficio respecto de las que existan indicios racionales de infraccin.

b) El Servicio de Defensa de la Competencia remitir a los rganos autonmicos una nota sucinta de todas las denuncias y solicitudes de autorizacin singular que reciba y de las actuaciones practicadas de oficio, respecto de las que existan indicios racionales de infraccin, que se refieran a conductas que afecten a su respectiva Comunidad Autnoma.

c) Cuando la conducta contemplada en los apartados a) y b) haya sido detectada de oficio, la notificacin consistir en una descripcin de la conducta detectada, con indicacin de las partes, del mbito al que se extiende y de los motivos que justifican la iniciacin del expediente.

d) El Servicio de Defensa de la Competencia comunicar a los rganos autonmicos correspondientes los expedientes incoados que afecten a su territorio.

Tres. Al objeto de procurar la aplicacin uniforme de la Ley de Defensa de la Competencia, el Servicio de Defensa de la Competencia podr comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos administrativos tramitados por los rganos de defensa de la competencia de las Comunidades Autnomas.

Los rganos autonmicos debern comunicar al Servicio de Defensa de la Competencia los acuerdos y resoluciones adoptados, tanto en la fase de instruccin como de resolucin que pongan fin al procedimiento, con el fin de que ste pueda ejercer, en su caso, el recurso contra dichos acuerdos ante las instancias correspondientes.

Cuatro. El Servicio de Defensa de la Competencia o el Tribunal de Defensa de la Competencia, en el ejercicio de las funciones que le son propias, recabarn de los rganos autonmicos competentes informe preceptivo, no vinculante, a emitir en el plazo de diez das hbiles, en relacin con aquellas conductas que, afectando a un mbito supraautonmico o al conjunto del mercado nacional incidan, de forma significativa, en el territorio de la respectiva Comunidad Autnoma.

Disposicin adicional primera. Referencias al Tribunal y al Servicio de Defensa de la Competencia contenidas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

1. Las referencias al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia que se contienen en los artculos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, que se enumeran a continuacin, se entendern efectuadas a los rganos de las Comunidades Autnomas con competencias en la materia, cuando las potestades administrativas y los procedimientos en ellos regulados se ejerzan o tramiten en relacin con conductas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 1 de la presente Ley, sean competencia de las Comunidades Autnomas:

Artculo 4.

Artculo 7.

Artculo 9.

Artculo 10.

Artculo 11.

Artculo 12.

Artculo 13.

Artculo 29.

Artculo 31.

Artculo 32.

Artculo 33.

Artculo 34.

Artculo 36.

Artculo 36 bis.

Artculo 37.

Artculo 38.

Artculo 39.

Artculo 40.

Artculo 41.

Artculo 42.

Artculo 43.

Artculo 44.

Artculo 45.

Artculo 46.

Artculo 47.

Artculo 48.

Artculo 49.

Artculo 51 bis.

Artculo 53.

Artculo 56.

2. Los rganos que en las Comunidades Autnomas ejerzan las funciones que en el Estado se atribuyan al Tribunal de Defensa de la Competencia, debern actuar con independencia, cualificacin profesional y sometimiento al ordenamiento jurdico.

Disposicin adicional segunda. Traduccin al castellano de las comunicaciones y notificaciones de las Comunidades Autnomas con lengua cooficial dirigidas al Servicio de Defensa de la Competencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el prrafo 3.o del artculo 36 de la LRJAPAC todas las comunicaciones y notificaciones de los rganos competentes de las Comunidades Autnomas dirigidas al Servicio de Defensa de la Competencia y al Tribunal de Defensa de la Competencia contenidos en la presente Ley debern ser traducidas al castellano.

Disposicin adicional tercera. Competencias atribuidas a la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones.

Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio de las competencias que la legislacin especfica atribuye a la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones.

Disposicin transitoria nica.

En tanto las Comunidades Autnomas no hayan constituido sus respectivos rganos de defensa de la competencia, el Estado seguir ejerciendo las competencias que les correspondan.

Disposicin final nica. Entrada en vigor

La presente Ley entrar en vigor a los tres meses de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado".

Por tanto, Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 21 de febrero de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 21/02/2002
  • Fecha de publicación: 22/02/2002
  • Entrada en vigor: 22 de mayo de 2002.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA:
    • los arts. 5.1.3, 5.2 b) y 5.4, por Ley 15/2007, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2007-12946).
    • el art. 1, por Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23936).
Referencias anteriores
Materias
  • Comercio
  • Comunidades Autnomas
  • Consejo de Defensa de la Competencia
  • Defensa de la competencia
  • Organizacin de la Administracin del Estado
  • Servicio de Defensa de la Competencia
  • Tribunal de Defensa de la Competencia

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