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Documento BOE-A-2001-20248

Resolución de 17 de septiembre de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Ayuntamiento de Cehegín, contra la negativa del Registrador de Caravaca de la Cruz, don Gustavo Adolfo Moya Mir, a inscribir un acuerdo del Pleno del citado Ayuntamiento, en virtud de apelación de la señora Registradora interina.

Publicado en:
«BOE» núm. 260, de 30 de octubre de 2001, páginas 39618 a 39620 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-20248

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales, don Luis López Sánchez, en nombre del excelentísimo

Ayuntamiento de Cehegin, contra la negativa del Registrador de Caravaca de

la Cruz, don Gustavo Adolfo Moya Mir, a inscribir un acuerdo del Pleno

del citado Ayuntamiento, en virtud de apelación de la Sra. Registradora

Interina.

Hechos

I

El 6 de agosto de 1993, mediante acuerdo adoptado por el Pleno del

Ayuntamiento de Cehegin, se adjudicó a la mercantil "C.S.C.C., Sociedad

Limitada", la enajenación de la parcela única del P. A. 1-6 de las normas

subsidiarias del citado nunicipio (finca registral 25925) con destino a la

construcción del matadero comarcal del mismo, otorgándose escritura

pública de compraventa a favor de la mercantil en fecha 23 de febrero

de 1994, la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Caravaca

de la Cruz. A la citada escritura quedaron incorporados el pliego de

condiciones que sirvió de base a la adjudicación mediante subasta de la parcela

de titularidad municipal enajenada a la actual titular registral y el Acuerdo

plenario de adjudicación de la subasta adoptado en sesión extraordinaria

celebrada el 6 de agosto de 1993.

El Ayuntamiento de Cehegin, conforme a lo dispuesto en la cláusula

novena del pliego de condiciones citado, incoó expediente de resolución

de contrato de dicha enajenación por no haberse destinado la parcela

adquirida al fin administrativamente establecido, por acuerdo de su

Alcaldía de 14 de abril de 1997, que finalizó con el acuerdo plenario del

excelentísimo Ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el 31 de Octubre

de 1997, por el que se dispone la resolución de la compraventa de la

parcela adjudicada a la referida mercantil por incumplimiento de las

prescripciones establecidas en el Pliego de condiciones y en el Acuerdo de

enajenación.

La mercantil "C.S.C.C., Sociedad Limitada" interpuso recurso

contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia,

impugnando el citado acuerdo plenario, ejercitando el recurrente la facultad

que le concede el artículo 122 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa. La Sala de lo Contencioso-Administrativa del

Tribunal Superior de Justicia acuerda, mediante Auto de 23 de abril de

1998, no haber lugar a la suspensión solicitada por la mercantil

adjudicataria, la cual interpone recurso de súplica que fue desestimado por

auto de 26 de junio de 1998, contra el que a su vez se interpuso recurso

de casación, que la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaró desierto

mediante Auto de fecha 28 de diciembre de 1998.

II

Presentado el acuerdo plenario de resolución de la enajenación y Autos

anteriormente citados, en el Registro de la Propiedad de Caravaca de la

Cruz, fue calificado con la siguiente nota: "Denegada la inscripción del

precedente documento por aparecer la finca inscrita a favor de la mercantil

"C.S.C.C., Sociedad Limitada" y no constar en la inscripción

correspondiente condición de clase alguna a favor del excelentísimo Ayuntamiento

de Cehegin, por lo que se califica el defecto como insubsanable de

conformidad a los artículos 1, 20, 38 y 40 de la Ley Hipotecaria que consagran

los principios hipotecarios de legitimación y tracto y artículo 99 del

Reglamento Hipotecario al no ser el procedimiento seguido el congruente con

el petitum. No se ha practicado, dada la naturaleza del defecto, anotación

preventiva de suspensión, que por otra parte no ha sido solicitada. Contra

esta calificación podrá interponer recurso gubernativo en un plazo de

tres meses contados desde la fecha de la nota de conformidad a los artículos

66 de la Ley Hipotecaria y 112 y siguientes del Reglamento Hipotecario.

Caravaca, a 9 de marzo de 1999.-El Registrador, Gustavo Adolfo Moya

Mir".

III

El Procurador de los Tribunales, don Luis López Sánchez, en nombre

del excelentísimo Ayuntamiento de Cehegin, interpuso recurso gubernativo

contra la anterior calificación y alegó: I. Que procede la inscripción del

Auto emanado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Murcia, de 26 de junio de 1998, ya que es una

resolución judicial cuya autenticidad no se pone en duda, y su contenido

es traslativo de dominio, en cuanto que dispone la ejecución de un acto

municipal por el que se resuelve una enajenación, el reintegro al adquirente

de lo que pagó por la parcela y el reintegro de la misma al patrimonio

municipal. Que teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 3 de la Ley

Hipotecaria, se considera que la finca debe ser inscrita a nombre del Excmo.

Ayuntamiento de Cehegín, en tanto se tramita el proceso judicial sobre

su impugnación. II. Que procede la inscripción del acuerdo administrativo

de resolución de la enajenación, título administrativo ejecutivo e

inscribible. Que la facultad calificadora de los documentos administrativos se

desprende del artículo 18 de la Ley Hipotecaria. Que la condición que

exige el artículo 3 de la Ley Hipotecaria de documentos "expedidos por

el Gobierno o sus Agentes" (documentos administrativos) es cumplida por

el acuerdo plenario de resolución de la enajenación de la parcela: A. Se

trata de la resolución de un contrato administrativo, pues la enajenación

a la mercantil de la parcela que constituye la finca registral 25.925 se

efectuó en virtud de un contrato administrativo suscrito para la

construcción de un matadero municipal, según el artículo 25.2 de al Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. En este sentido

se citan el artículo 5.2.b) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos

de las Administraciones Públicas y la sentencia del Tribunal Supremo,

de 29 de diciembre de 1986. B. Que la finalidad pública concreta del

contrato administrativo era el fomento de la industria, conforme las

Sentencias del Tribunal Supremo, de 26 de mayo de 1997, 25 de noviembre

de 1996 y 23 de octubre de 1985. C. Que la resolución del contrato está

prevista en la cláusula novena del pliego de condiciones que sirvió de

base a la enajenación efectuada mediante subasta pública, la cual establece

en su apartado 4 la resolución recordando que las cláusulas contenidas

en el pliego de condiciones constituyen ley por la que se rigen las relaciones

entre las partes contratantes. Que la Corporación Local estaba facultada

para resolver la enajenación. D. Que el efecto administrativo del acuerdo

resolutorio adoptado es la reversión de la parcela al patrimonio municipal:

III. Que el acuerdo plenario de resolución de enajenación de la parcela

adjudicada a la mercantil, adoptado por el Pleno Corporativo, de 31 de

octubre de 1997 es plena e inmediatamente ejecutivo, por así disponerlo

los artículos 4.1.e y 51 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen

Local, artículo 114.3 del texto refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de Régimen Local y artículo 56 de al Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común. Que el acuerdo plenario

conserva su eficacia y es plenamente ejecutivo mientras se tramita el proceso

judicial, sin que el Registrador pueda calificar el contenido de las

resoluciones judiciales por así disponerlo el artículo 100 del Reglamento

Hipotecario. IV. Que se trata de un documento administrativo plenamente

ejecutivo, otorgado por el órgano competente y aunque en el asiento

registral no figura inscrita expresamente condición resolutoria alguna, si se

expresan en el mismo los actos administrativos que constituyen el

fundamento de la enajenación, incorporados a la escritura pública objeto de

inscripción. Que la presunción de exactitud del artículo 38 de la Ley

Hipotecaria ha sido desvirtuada por los propios documentos que se mencionan

en el asiento registral. V. Que no existe tercero hipotecario que pudiera

verse afectado por desconocimiento alguno del contenido de las citadas

condiciones o cuyos derechos pudieran verse perjudicados por la

resolución de la enajenación inscrita y así el asiento está protegido simplemente

por el principio de legitimación registral. VI. Que el artículo 99 del

Reglamento Hipotecario no guarda relación alguna con la delegación de la

inscripción por inadecuación del procedimiento.

IV

El Registrador en defensa de la nota, informó: Que de los artículos

1, 20, 38 y 40 de la Ley Hipotecaria y 99 del Reglamento Hipotecario

se derivan las siguientes consideraciones: 1) Que desde el punto de vista

registral, el excelentísimo Ayuntamiento de Cehegin al pedir la inscripción

a su favor, no cumple con la exigencia del principio de tracto sucesivo

fundamental en el orden hipotecario, puesto que no consta inscrita la

condición resolutoria en la que basa el Ayuntamiento la resolución de

la venta que origina la inscripción de la finca 25.925; 2) El principio

de salvaguardia judicial de los asientos registrales impide cuestionar si

la referida condición resolutoria debió o no tener acceso al Registro. Que

se ha de manifestar que en la documentación aportada, o sea, en la escritura

de venta se dice que el Ayuntamiento de Cehegin vende a la mercantil

la finca libre de cargas y gravámenes, sin sujetarla a condición de clase

alguna; 3) Que el procedimiento seguido no es congruente en la resolución

con el petitum, toda vez que lo procedente hubiera sido utilizar el

procedimiento a que se remite el artículo 40 de la Ley Hipotecaria. Que,

en consecuencia, han sido vulnerados principios claves del orden

hipotecario como son los principios de tracto sucesivo y de legitimación, siendo

defectos insubsanables en base a los documentos aportados. 4) Que en

el hipotético caso que la condición existiera, tampoco sería factible la

inscripción solicitada pro no acreditarse el incumplimiento de la condición,

o sea, no se acredita documentalmente que el matadero no se haya

construido, ni se ha procedido a la consignación del precio; 5) Que multitud

de Resoluciones consagran los principios de tracto y legitimación, como

por ejemplo las de 3 y 31 de julio de 1998, 16 de mayo de 1996, 29 de

marzo de 1944 y 18 de diciembre de 1942.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia

revocó la nota del Registrador fundándose en que este al calificar e inscribir

tuvo delante la certificación del pliego de condiciones y del Acuerdo

Plenario de adjudicación de la subasta adoptado en sesión, de 6 de agosto

de 1993 y pudo valorar su trascendencia, siendo lo correcto cumplir el

mandato del artículo 51-6.o del Reglamento Hipotecario, pero una vez que

no se han hecho no es de recibo trasladar las consecuencias de esta omisión

a quien carece de responsabilidad alguna y que tiene un interés directísimo

en que las cosas se hubieran realizado de mejor manera; por tanto debe

entenderse que la cláusula resolutoria contenida en el acuerdo municipal

está incorporada a la inscripción y que el documento objeto del recurso

es susceptible de acceder al Registro en la forma solicitada.

VI

La Registradora de la Propiedad interina apeló el auto presidencial,

manteniendo las alegaciones contenidas en el informe del Registrador

titular.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 20 y 34 de la Ley Hipotecaria y 5, 60 y 113 de

la Ley 13/1995, de 16 de mayo, de Contratos de las Administraciones

Públicas:

1. Son hechos relevantes para la resolución del presente recurso los

siguientes

Se acuerda por el Ayuntamiento de Cehegín la venta de una parcela

con destino a la construcción de un matadero comarcal. Otorgada la

correspondiente escritura pública, dicha escritura se inscribe en el Registro,

sin que se recojan en la inscripción las condiciones de la venta, a pesar

de que el pliego de condiciones se incorporó a la escritura.

Incumplida por el comprador la finalidad de la compraventa, el

Ayuntamiento incoa expediente de resolución del contrato, terminando el mismo

con la resolución de la compraventa.

La sociedad compradora interpone recurso contencioso-administrativo,

solicitando la suspensión del acuerdo; el recurso se halla pendiente de

resolución, pero en los trámites del mismo se ha acordado la no suspensión

del acuerdo.

El Ayuntamiento presenta en el Registro la documentación

correspondiente, solicitando la reinscripción de la finca a su favor. Es de hacer

notar que la finca figura inscrita a favor del adjudicatario.

El Registrador deniega la inscripción "por no constar en la inscripción

correspondiente condición de clase alguna ... de conformidad a los artículos

1, 20, 38 y 40 de la Ley Hipotecaria".

El Presidente del Tribunal Superior estima el recurso. El Registrador

apela el Auto presidencial.

2. Dados los estrechos cauces del recurso gubernativo, en él no pueden

dilucidarse más cuestiones que las derivadas de la nota de calificación

(cfr. artículo 117 del Reglamento Hipotecario), y, en este sentido, no puede

entrarse en el tema de si la sola decisión del Ayuntamiento puede tener

acceso al Registro. Pero tal y como ha sido formulada, la calificación no

puede mantenerse. No habiendo pasado la finca a poder de terceros, el

hecho de que las condiciones del correspondiente pliego no hayan tenido

acceso al Registro es totalmente intranscendente, ya que la persona contra

quien se ejercita la resolución es parte en el contrato y no tercero. Por

ello, no existe en los artículos de la Ley Hipotecaria citados en la nota

de calificación -que adolece de falta de la precisión y concreción exigibles

nada que se oponga a la constancia registral de la resolución.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.

Madrid, 17 de septiembre de 2001.-La Directora general, Ana

López-Monís Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de

Murcia.

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