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Documento BOE-A-2001-20167

Resolución de 21 de septiembre de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por "Campillejo Este de Inversiones Agropecuarias, S. L.", contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Trujillo, don José María de Pablos O'Mullony a inscribir una escritura de cesión de bienes a una sociedad, en virtud de apelación del recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 259, de 29 de octubre de 2001, páginas 39499 a 39502 (4 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2001-20167

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Gil García de

Guadiana, en nombre de "Campillejo Este de Inversiones Agropecuarias,

S. L.", contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Trujillo, don

José María de Pablos O'Mullony a inscribir una escritura de cesión de

bienes a una sociedad, en virtud de apelación del recurrente.

Hechos

I

El 21 de diciembre de 1996, mediante escritura autorizada por el Notario

de Madrid don Carlos Rives García, se constituyó la sociedad "Motoazul

Renting, S. L." (denominación que fue cambiada por la de "Campillejo

Este de Inversiones Agropecuarias, S. L.", según consta en escritura

autorizada por el citado Notario el 24 de junio de 1997). Uno de los socios

fundadores fue la sociedad "Pascualete, S. A.", representada por el

Secretario del Consejo de esta entidad, don Luis Figueroa Griffith, expresándose

que estaba facultado para ello mediante escritura, otorgada ante el mismo

Notario el 20 de diciembre de 1996, de elevación a público de acuerdos

del Consejo de Administración adoptados el mismo día. El desembolso

de las acciones suscritas por la sociedad "Pascualete, S. A.", se realizó

mediante la aportación de dos fincas rústicas -las números 2.756 y 9.073-,

cuya inscripción se pretende en el Registro de la Propiedad de Trujillo.

En la mencionada escritura de 20 de diciembre de 1996, de elevación

a público de acuerdos del Consejo de Administración por los que se facultó

al Secretario para el otorgamiento de la escritura calificada, se expresa

por el Notario lo siguiente: "Tal condición de Secretario se deriva de la

inscripción 4.a del Registro Mercantil en la hoja de la Sociedad antes citada,

según me justifica con certificación del citado Registro. En la hoja de

la Sociedad constan las inscripciones 7.a y 8.a que desvirtuarían el

nombramiento y vigencia del cargo, pero me exhibe para acreditar tal vigencia

dos Sentencias del Juzgado de Primera Instancia números 36 y 26 de

Madrid, que me asegura firmes, por las que se declara la nulidad de los

actos que motivaron las citadas inscripciones 7.a y 8.a ...".

En la hoja registral de la sociedad aportante consta, bajo número 7.a,

la inscripción de determinados acuerdos, adoptados en junta general de

28 de marzo de 1996, de revocación y cese de los miembros del Consejo

de Administración referido en el párrafo anterior; así como nombramiento

de nuevos Consejeros, y, bajo número 8.a, los acuerdos, adoptados el

siguiente día 29 de marzo por el nuevo Consejo, de nombramiento de

determinado Consejero Delegado. No obstante, según nota marginal de

las referidas inscripciones 7.a y 8.a, fechada el 5 de septiembre de 1996,

consta que tales inscripciones habían sido suspendidas cautelarmente por

auto del Juez de 1.a Instancia e Instrucción número 1 de Trujillo, en

diligencias previas por falsedad en documento público. Por otra parte, la

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid de 24

de octubre de 1996 declaró nulos todos los acuerdos adoptados por la

mencionada junta general de 28 de marzo de 1996, lo que se hizo constar

en el Registro, una vez firme dicha sentencia, mediante la inscripción 9.a

el 8 de enero de 1997. Posteriormente, por la inscripción 10.a, de 22 de

enero de 1997, consta según mandamiento del referido Juzgado de Madrid

la suspensión de las inscripciones 9.a, 8.a y 7.a. Por la inscripción 11,

de 19 de marzo de 1997, y como consecuencia de auto de dicho Juzgado

de 20 de enero del mismo año, quedaron anuladas las inscripciones 9.a

y 10 y subsistentes todas las demás, por haber sido declarado nulo de

pleno derecho el juicio. Por la inscripción 12, de 19 de junio de 1997,

se hace constar la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número

26 de Madrid, de 25 de octubre de 1996, por la que se declara la nulidad

de pleno derecho de los acuerdos adoptados por el Consejo de

Administración el 29 de marzo de 1996, por lo que se cancela la inscripción

8.a Y en la inscripción 13, de 17 de noviembre de 1997, se hace constar

la cancelación de la suspensión cautelar que figura al margen de la

inscripción 7.a

Por otra parte, la hoja de la sociedad quedó cerrada provisionalmente,

conforme al artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil, por falta

de depósito de las cuentas relativas al ejercicio de 1995, hecho al que

se refiere uno de los defectos invocados en la nota de calificación que

dio lugar a la Resolución de este Centro Directivo de 13 de febrero de 1998,

en la que, por otra parte, se confirmó la calificación del Registrador

Mercantil denegatoria del acceso a los libros del Registro de determinados

acuerdos de la Junta general de accionistas de "Pascualete, S. A.", de cese

y nombramiento de administradores, adoptados el 7 de mayo de 1997.

En el acta notarial de dicha Junta se recogen el contenido de las propuestas

sobre cese y nombramiento de Consejeros, con los debates, manifestaciones

y votaciones que se produjeron, incorporándose por testimonio, a instancia

de los distintos accionistas, el contenido de dos Libros-Registros de

acciones nominativas diligenciados en fechas distintas y de diverso contenido;

según se expresa en el acta, el Presidente de la Junta declaró haberse

adoptado, por una parte, el acuerdo de revocar los cargos del órgano de

administración que constan en el Registro Mercantil en la inscripción 7.a-los

nombrados en Junta General de 28 de marzo de 1996-, y por otra, el de

nombrar como administradores a las tres personas que habían ostentado

dicho cargo según la referida inscripción 4.a Mediante escritura autorizada

el 16 de mayo de 1997 por el citado Notario, Sr. Rives Gracia, se elevaron

a público, entre otros, los acuerdos del nuevo Consejo de Administración

por los que se designaba Presidente y Secretario del mismo y, además,

se ratificaba todo lo que los tres Consejeros nombrados habían actuado

desde el 30 de agosto de 1996 hasta el 7 de mayo de 1997, especialmente,

los acuerdos que constan en la referida escritura de 20 de diciembre

de 1996.

Después de efectuar varias presentaciones de la copia de la escritura

referida en el Registro de la Propiedad, que no dieron lugar a la pertinente

calificación por haber sido retirada por el presentante, se presentó copia

de una escritura otorgada en diciembre de 1997, mediante la cual, el órgano

de administración de "Pascualete, S. A." vendió la citada finca registral

número 2.756 a la sociedad "Calsiris, S. L.".

II

Posteriormente, el día 15 de enero de 1998, se presentó en el Registro

de la Propiedad de Trujillo copia de la escritura cuya calificación es objeto

del presente recurso y se contiene en la siguiente nota: "Suspendida la

inscripción del precedente documento por adolecer de los siguientes

defectos: No estar vigente, al día de la presentación del documento en este

Registro, la representación alegada de "Pascualete, S. A.", a los efectos

de aportar bienes inmuebles de la sociedad a otra entidad, habiendo sido

eliminada la suspensión cautelar que pesaba en el Registro Mercantil sobre

otra inscripción de representación contradictoria. Sin perjuicio de su

posible ratificación por el órgano de administración legal de dicha sociedad

y que puede venir determinado por asientos de presentación vigentes en

la actualidad en el propio Registro Mercantil; -Respecto de la finca

señalada en primer lugar, existe presentado y pendiente de despacho otro

título contradictorio relativo a la misma finca, a los efectos señalados

por el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Hipotecaria. La presente

nota de calificación puede ser recurrida en la forma y con los efectos

que determina el artículo 66 de la Ley antes referida. Trujillo, 25 de febrero

de 1998. El Registrador, (firma ilegible)".

III

Don Manuel Gil García de Guadiana, en nombre de la Sociedad

"Campillejo Este de Inversiones Agropecuarias, S. L.", interpuso recurso

gubernativo contra la anterior calificación y alegó: I. Sobre la improcedente

suspensión de la inscripción a favor de "Campillejo Este de Inversiones

Agropecuarias, S. L.", de su título de propiedad sobre la finca registral

9703, por los siguientes motivos jurídicos: 1. Falta de concreción del

fundamento legal de la denegación. Que en la nota de calificación no se expresa

adecuadamente el fundamento o precepto legal o reglamentario que el

Sr. Registrador entiende vulnerado en el título presentado a inscripción,

lo cual resulta contrario al principio de legalidad registral, conforme

establecen las Resoluciones de 18 de enero de 1994 y 26 de diciembre de

1990. Que la calificación es contradictoria, ya que el representante de

"Pascualete, S. A.", tenía facultades de representación suficientes para

otorgar la aportación de la finca "Campillejo Este" al patrimonio de la sociedad

citada el 21 de diciembre de 1996, y dicho acto ha sido ratificado

expresamente por el Consejo de Administración de la referida compañía,

celebrado el 14 de mayo de 1997. 2. Sobre la concurrencia de facultades de

la representación de "Pascualete, S. A.", en la persona de don Luis F. G.

al momento de otorgarse la escritura, suficientes para efectuar los actos

de disposición allí formalizados. Que el Registrador olvidó que la capacidad

y representación de los otorgantes del título objeto de inscripción deben

ser calificadas atendiendo a la fecha de otorgamiento del título y no a

la fecha del asiento de presentación en el Registro. Esta última fecha sólo

puede ser analizada para comprobar la situación registral de la finca y

su titularidad y no la capacidad de los otorgantes (artículo 18 de la Ley

Hipotecaria y Resolución de 1 de junio de 1993). En la nota se confunde

la capacidad del otorgante en el momento de la disposición según el título

presentado, con al titularidad registral al momento del asiento de

presentación, cuestiones que deben ser objeto de calificación separada. Que

como se desprende de la nota recurrida el Registrador califica la capacidad

del otorgante a la fecha del asiento de presentación. Que, en resumen,

las facultades de representación de "Pascualete, S. A.", estaban acreditadas

en el momento de otorgarse la escritura, en virtud de: a) La Sentencia

del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid, recaída en autos

de Menor Cuantía 524/96; b) La Sentencia del Juzgado de Primera

Instancia, número 26 de Madrid recaída en autos de menor cuantía 938/96;

c) El apoderamiento especial conferido por el Consejo legítimo de

Administración de "Pascualete, S. A.", en reunión celebrada el 20 de diciembre

de 1996; d) La medida cautelar suspensiva de las inscripciones 7.a y 8.ade

la Hoja del Registro Mercantil de "Pascualete, S. A.", decretada el 30 de

agosto de 1996 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número

1 de Trujilo. 3. Sobre la ratificación de lo actuado por el representante

de "Pascualete, S. A.", en el otorgamiento de la escritura por parte del

órgano de administración de la expresada mercantil. Que celebrada la

Junta general extraordinaria de "Pascualete, S. A.", el 7 de mayo de 1997,

por convocatoria ordenada por el Juzgado de Primera Instancia número

49 de Madrid, en presencia del Notario de Madrid, don Carlos Rives García

levantó acta de lo acordado, en la cual se ratifica por los accionistas

mayoritarios lo actuado por don Luis Figueroa Griffith. Que de conformidad

con el artículo 125 de la Ley de Sociedades Anónimas, los acuerdos de

la Junta general surten efecto con carácter inmediato a su adopción

(Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1993, cuya doctrina es

respaldada por los autores mercantilistas). Que, por tanto, las personas

designadas en la Junta judicial de "Pascualete, S. A.", celebrada el 7 de

mayo de 1997 son efectivamente administradores de dicha compañía, y,

de seguido, la ratificación presentada al Registrador de la Propiedad de

Trujillo es plenamente operativa en contra de lo que parece sugerir en

su nota. Que como establece el artículo 20 del Código de Comercio, los

asientos del Registro Mercantil tan solo gozan de una presunción de

veracidad, que puede ser desvirtuada mediante la oportuna prueba en contrario

y el artículo 21 del citado Código establece el carácter meramente

declarativo de la inscripción, la plena validez y eficacia de los actos no inscritos.

Que el Registrador no puede ignorar los títulos fehacientes que se le han

presentado para acreditar la ratificación de lo actuado por el representante

de "Pascualete, S. A.", simplemente porque los nombramientos de los

administradores ratificantes están pendientes de inscripción en el Registro

Mercantil y por ello no puede suspender la inscripción del documento. II.

Sobre la improcedente suspensión a favor de "Campillejo Este de

Inversiones Agropecuarias, S. L.", de su título de propiedad sobre la finca

registral 2756. Que el Registrador deniega la inscripción de dicho título en

base al artículo 17 de la Ley Hipotecaria, lo cual no es ajustado a derecho.

Que el Registrador tiene ante sí el documento fehaciente que acreditaba

la revocación en fecha 7 de mayo de 1997 de los nombramientos de

administradores de "Pascualete, S. A.", de las personas que otorgan escritura

de compraventa. Que en este punto se citan las Resoluciones de 1 de

junio de 1993 y 22 de octubre de 1952. Que la escritura de compraventa

de diciembre de 1997 se otorga en nombre de "Pascualete, S. A.", por

personas que tienen sus cargos y poderes revocados en dicha mercantil

desde el 7 de mayo de 1997, lo que determina la nulidad radical de la

escritura y la presunta concurrencia del ilícito prevenido en el artículo

251 del Código Penal; y la escritura de propiedad de "Campillejo Este

de Inversiones Agropecuarias, S. L.", es previa a la supuestamente

contradictoria. Que, por tanto, se está ante un supuesto de venta de cosa

ajena fraudulento, que debe ser rechazado por el Registro de la Propiedad

de Trujillo. Que hay que señalar lo que dice la Sentencia del Tribunal

Supremo de 3 de marzo de 1994. Que siendo palmaria la propiedad de

"Campillejo Este de Inversiones Agropecuarias, S. L.", sobre la finca

registral 2756 del Registro de la Propiedad de Trujillo desde 21 de diciembre

de 1996 y la absoluta nulidad del título de 3 de diciembre de 1997 que

se opone para denegar la inscripción de propiedad a favor de la citada

sociedad sobre el expresado inmueble, el Registro de la Propiedad no

sólo es competente para apreciar dicha nulidad mediante la oportuna nota

calificadora, sino que es su obligación denegar la inscripción de cualquier

título nulo que se presente a despacho.

IV

El Registrador de la Propiedad en defensa de la nota, informó: 1.o

Que no existe falta de concreción en la nota de calificación, el defecto

se enuncia de manera clara, no se considera vigente la representación

alegada. Que tampoco la calificación es contradictoria, pues la referencia

que en la nota se hace al día de la presentación es porque la calificación

se hace precisamente ese día, pero no quiere decir que se considere

legitimada la actuación de los administradores en el momento del

otorgamiento. Que, por otra parte, la ratificación a que se refiere la calificación

es la que pudiera hacer un órgano de administración inscrito en el Registro

Mercantil, o por lo menos con una vigencia en sus cargos absolutamente

incontestable y pacífica o realizada por los administradores de una

sociedad de gran conflictividad, cuyo nombramiento no sólo no ha sido inscrito,

sino rechazada su inscripción 2.o Que centrándose en al vigencia de la

representación alegada de "Pascualete, S. A.", y de su legitimación para

aportar las fincas a otra sociedad, dicha cuestión está resuelta por la

Resolución de 13 de febrero de 1998, precisamente referida a esta misma

sociedad y a este mismo órgano de representación, en la que se confirma

la nota del Registro Mercantil de Madrid. Que no obstante, conviene hacer

unas puntualizaciones: 1.o Que el recurrente parte de la base de que, vigente

en el Registro Mercantil la suspensión cautelar de la representación de

don Alvaro F.G., la legitimación para actuar pasa automáticamente a los

anteriores administradores, lo cual es tan dudoso que la propia Dirección

General no lo considera así en la Resolución antes aludida. 2.o Que es

cierto que la capacidad y legitimación para actuar hay que apreciarla en

el momento del otorgamiento del título y de ella da fe el Notario, pero

ello no impide que surjan posteriormente obstáculos que se opongan a

la inscripción (vid artículo 432.1.o d) del Reglamento Hipotecario). Que

cuando el Registrador informante tiene la oportunidad de calificar el título,

todo atisbo de legitimación para actuar en la fecha de otorgamiento de

la escritura ha decaído. 3.o Que en cuanto a la cuestión de ratificación

posible, lo que se hizo fue informar que el título calificado era susceptible

de sanación mediante la ratificación realizada por el órgano que

correspondiera y que estuviera legitimado para ello por su inscripción en el

Registro Mercantil, o por lo menos, dotado de una vigencia incontestable

acreditada por otros medios. Que cuando se dice en la nota que quien

puede ratificarla puede venir determinado por asientos de presentación

vigentes es por lo que de los mismos podía haber surgido un nuevo órgano

de administración válido e inscrito en el Registro Mercantil, si la Dirección

General hubiese ordenado al Registrador practicar la inscripción recurrida,

la cual dotaría al nombramiento de una presunción de veracidad más

necesaria que nunca si cabe, en una sociedad anónima tan conflictiva,

pero dicha inscripción, concretamente la de 7 de mayo de 1997, fue

rechazada en la Resolución antes aludida por lo que ninguna de las ratificaciones

realizadas y alegadas por el recurrente pueden tener efectos frente al

Registro, ya que la vigencia de los cargos de quienes las realizan es más que

dudosa. Que el recurrente en sus alegaciones no cita la Resolución de 17

de diciembre de 1997, que en su último párrafo viene a decir que el

Registrador de la Propiedad no puede rechazar la práctica de un asiento por

el hecho de que el cargo de administrador no figure inscrito, pero sí puede

hacerlo si, en ese caso, no se le acredita de forma indubitada y pacífica

la realidad, validez y vigencia del cargo no inscrito, de forma que no quepa

una duda razonable, y en caso presente no existe una duda, sino un

convencimiento por parte del informante sobre la no vigencia de la

representación alegada. Que existe pues, la indeterminación del órgano de

repre

sentación de esta misma sociedad a que se refiere la Dirección General

en la Resolución de 13 de febrero de 1998. 4.o Que en cuanto a la referencia

que con relación a la finca 2.756 se hace al último párrafo del artículo

17 de la Ley Hipotecaria, se señala que lo alegado en el primer defecto

de la nota se refiere a las dos fincas, y respecto a la 2756 existe un título

contradictorio presentado con anterioridad. Que uno de los principios

hipotecarios básicos es el de prioridad, recogido en el artículo 17 de la

Ley Hipotecaria, cuyo último párrafo determina claramente que mientras

exista vigente un asiento de presentación de un título, no puede inscribirse

otro de igual o anterior fecha, por el que se transmite o grave la propiedad

del mismo inmueble y que haya sido presentado después. Que en cuento

a la posible existencia de un delito, corresponde a la autoridad judicial

apreciarlo y no al Registrador, pero este no debe dejar de calificar el

título (Resoluciones de 14 y 21 de julio de 1998). Que en cuanto a la

posible nulidad de los títulos, la Ley Hipotecaria es muy clara en su artículo

66 y 101 del Reglamento. Que, en definitiva, una sociedad anónima con

los antecedentes que tiene la que interviene en las operaciones y teniendo

en cuenta la trascendencia fundamental de las mismas (transmisión de

su patrimonio inmobiliario) obliga a una calificación suspensiva de tales

operaciones por no considerar vigentes las facultades de los

administradores intervinientes en el otorgamiento, postura reforzada por la

Resolución de 13 de febrero de 1998 al considerar la existencia de

indeterminación del órgano de administración de esta misma sociedad, sin

perjuicio de, respecto de la finca 2756, considerar la presencia de un título

previamente presentado a los efectos del artículo 17 de la Ley Hipotecaria,

con independencia de la posible existencia de un presunto delito o de

la nulidad del mismo título, cuestiones que deberán ser decididas por

la instancia judicial que corresponda, sin que la calificación prejuzgue

los resultados de dichos procedimientos. Por todo ello se mantiene la nota

de calificación recurrida en todos sus extremos.

V

El Notario autorizante de la escritura informó: Que el Registrador juzga

la capacidad del otorgante, en base a hechos posteriores y vincula la eficacia

de la misma a una ratificación posterior que, una vez hecha, rechaza por

diversos motivos, poniendo todo su acento en la Resolución de 13 de febrero

de 1997. Que en dicha Resolución sólo se habla del órgano nombrado

en una Junta de 7 de mayo de 1997 y no considera indeterminado el

órgano de administración existente el 21 de diciembre de 1996. Que en

este caso, lo que habrá que acreditar en la legitimidad de la representación

alegada el 21 de diciembre de 1996. Que tal hecho se deduce claramente

a la escritura calificada. Que en dicha fecha existía en el Registro Mercantil

una medida cautelar penal acordada el 30 de agosto de 1996 por el Juzgado

de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, que determinó la suspensión

de todos los acuerdos y nombramientos tomados en la Junta de accionistas

de la sociedad "Pascualete, S. A.", de 28 de marzo de 1996 y en el Consejo

de Administración de 29 de marzo de 1996 que causaron las inscripciones

7.a y 8.a de la hoja de la sociedad. Que a este fedatario se le justificó

la existencia de una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia

número 36 de Madrid por la que se declara nula de pleno derecho la

Junta General de Pascualete, que dio base a las inscripciones 7.a y 8.a

de la hoja de la sociedad en el Registro Mercantil. Que no cabe debatir

en este caso sobre la eficacia o no de la inscripción para la validez de

nombramiento de cargo alguno, ya que los que actuaron en la escritura

21 de diciembre, ya tenían sus cargos vigentes e inscritos con anterioridad

y renacieron con la declaración de nulidad por Sentencia firme. Que hay

que tener en cuenta lo que dice la Sentencia del Tribunal Supremo de

25 de febrero de 1998. Que en cuanto a la referencia a la finca 2756,

no hay nada que objetar ya que el juego de la prioridad del artículo 17

de la Ley Hipotecaria es de un tenor literal clarísimo.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

confirmó la nota del Registrador fundándose en que es cierto que la capacidad

y legitimación para realizar actos de disposición hay que apreciarla en

el momento de otorgamiento del título, de lo que da fe el Notario, pero

ello no impide que con posterioridad surjan obstáculos que impidan llevar

a efecto la inscripción solicitada (cfr. Resolución de 2 de octubre de 1981)

y, por último, en lo referente a la finca 2.756 se funda en el

artículo 17 de la Ley Hipotecaria.

VII

El recurrente apeló el auto presidencial, manteniéndose en las

alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso gubernativo.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 17 de la Ley Hipotecaria; 20 del Código de Comercio;

125 de la Ley de Sociedades Anónimas; 7 y 378 del Reglamento del Registro

Mercantil, y las Resoluciones de 1 de junio de 1993, 17 de diciembre de

1997, 13 de febrero de 1998 y 3 y 23 de febrero de 2001.

1. Son circunstancias fácticas relevantes del presente recurso las

siguientes:

1.a Mediante escritura autorizada el 21 de diciembre de 1996,

determinada sociedad aportó a otra que se constituía entonces dos inmuebles

de su propiedad. Dicha escritura fue otorgada por persona que, según

otra escritura autorizada el día anterior, se hallaba facultada por quienes,

conforme a la inscripción 4.a, figuraban en el Registro Mercantil como

administradores, por haber sido suspendidas cautelarmente -por

resolución judicial dictada en procedimiento penal- las inscripciones 7.a

y 8.a relativas a determinados acuerdos -adoptados en Junta General de

28 de marzo de 1996- de cese de los anteriores administradores y

nombramiento de otros nuevos, los cuales, además, fueron declarados

judicialmente nulos, para ser posteriormente -pero antes de la fecha de la

nota de calificación registral ahora impugnada- rehabilitados por

resolución judicial de 4 de noviembre de 1997, según se detalla en los

antecedentes de hecho del presente expediente.

2.a Según consta en acta notarial de la Junta General de accionistas

de la sociedad aportante, celebrada el 7 de mayo de 1997, el Presidente

de aquélla declaró haberse adoptado, por una parte, el acuerdo de revocar

los cargos del órgano de administración que constan en el Registro

Mercantil en la inscripción 7.a -los nombrados en Junta General de 28 de

marzo de 1996-, y por otra, el de nombrar como administradores a las

tres personas que habían ostentado dicho cargo según la referida

inscripción 4.a Y mediante escritura autorizada el 16 de mayo de 1997 se

elevaron a público, entre otros, los acuerdos del nuevo Consejo de

Administración por los que se designaba Presidente y Secretario del mismo

y, además, se ratificaba todo lo que los tres Consejeros nombrados habían

actuado desde el 30 de agosto de 1996 hasta el 7 de mayo de 1997,

especialmente los acuerdos que constan en la referida escritura de 20 de

diciembre de 1996. Tales acuerdos no fueron inscritos por los defectos que fueron

confirmados en la Resolución de esta Dirección General de 13 de febrero

de 1998 (por hallarse cerrada la hoja registral por falta de depósito de

cuentas y porque, según consta en el acta notarial de la Junta general

que adopta dichos acuerdos, existen dos Libros registros de acciones

nominativas contradictorios entre sí).

3.a Con anterioridad a la presentación de copia de dicha escritura

en el Registro de la Propiedad, se presentó copia de otra escritura, otorgada

en diciembre de 1997, mediante la cual el órgano de administración de

la sociedad aportante nombrado mediante los acuerdos de 28 de marzo

de 1996 cuya inscripción fue rehabilitada judicialmente, según consta en

el párrafo anterior, vendió a determinada sociedad una de las dos fincas

que anteriormente habían sido objeto de la aportación social cuya

inscripción se solicita.

4.a El Registrador de la Propiedad suspende la inscripción solicitada

por los dos motivos siguientes: "No estar vigente, al día de la presentación

del documento en este Registro, la representación alegada de

"Pascualete, S. A.", a los efectos de aportar bienes inmuebles de la sociedad a

otra entidad, habiendo sido eliminada la suspensión cautelar que pesaba

en el Registro Mercantil sobre otra inscripción de representación

contradictoria. Sin perjuicio de su posible ratificación por el órgano de

administración legal de dicha sociedad y que puede venir determinado por

asientos de presentación vigentes en la actualidad en el propio Registro

Mercantil"; y porque "Respecto de la finca señalada en primer lugar, existe

presentado y pendiente de despacho otro título contradictorio relativo

a la misma finca, a los efectos señalados por el párrafo segundo del artículo

17 de la Ley Hipotecaria".

2. Respecto del primero de los defectos, considera el Registrador que

aun cuando en el momento de la autorización de la escritura calificada

pudiera estar legitimado para el otorgamiento quien actuó en nombre de

la sociedad aportante, en cambio al tiempo de la calificación es indudable

que esa posible legitimación ha decaído según resulta de los documentos

presentados y de la Resolución de esta Dirección General de 13 de febrero

de 1998, sin perjuicio de una posible sanación mediante la ratificación

que realice el órgano de administración legitimado para ello por su

inscripción en el Registro Mercantil o, por lo menos, dotado de una vigencia

incontestable acreditada por otros medios.

El recurrente, en defensa de su posición, alega que la aportación

calificada, que fue realizada por quien en ese momento tenía capacidad para

hacerlo, fue posteriormente objeto de ratificación por los administradores

nombrados en la Junta General de 7 de mayo de 1997, sin que constituya

obstáculo alguno el hecho de que el cargo de estos últimos no haya sido

inscrito en el Registro Mercantil, por ser válido lo actuado por los

administradores desde el mismo momento de la aceptación del cargo, como

resulta de lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Sociedades

Anónimas y así lo ha entendido esta Dirección General en Resolución de 17

de diciembre de 1997.

3. Como afirma el recurrente, la calificación de la capacidad y

legitimación del disponente ha de realizarse con referencia al momento del

otorgamiento del negocio de que se trate -y así lo reconoce en su preceptivo

informe el Registrador-, por lo que la sola circunstancia de que en el

momento de la presentación del documento no estuviera ya vigente la

representación alegada, cuando en cambio gozara de plena eficacia en

el momento del referido otorgamiento no podría constituir obstáculo a

la inscripción del negocio realizado. Lo que ocurre es que del conjunto

de los documentos presentados y tenidos en cuenta en el momento de

la calificación resulta que la representación alegada era ineficaz en el

momento del otorgamiento. Y respecto de la legitimación de quienes

efectuaron la ratificación invocada por el recurrente, es cierto que según la

reiterada doctrina de este Centro Directivo, el incumplimiento de la

obligación de inscribir en el Registro Mercantil el cargo de administrador

no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representación de

la sociedad y dicho incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación

que corresponde al Registrador de la Propiedad respecto del acto jurídico

otorgado por aquel administrador (cfr. Resoluciones de 17 de diciembre

de 1997 y 3 y 23 de febrero de 2001); pero no es menos cierto que, conforme

a esa misma doctrina, no pueden desconocerse las enormes dificultades

prácticas que surgirán para inscribir en el Registro de la Propiedad dicho

acto, por cuanto en tal hipótesis habrá de acreditarse al Registrador la

realidad, validez y vigencia del nombramiento de administrador en

términos que destruyan la presunción de exactitud registral establecido en

los artículos 20 del Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro

Mercantil.

En el caso debatido, de la misma certificación registral presentada

resulta que se halla desvirtuada la eficacia legitimadora de los asientos

del Registro Mercantil, en tanto en cuanto, al constar en aquélla el cierre

provisional de la hoja previsto en el artículo 378 del Reglamento del

Registro Mercantil ya no puede garantizar por sí sola la subsistencia de la

representación orgánica inscrita. Mas el contenido del acta notarial de

Junta general de accionistas celebrada el 7 de mayo de 1997, así como

el de la escritura autorizada el 16 de mayo de 1997 por la que se ratificó

todo lo que el órgano de administración había actuado desde el 30 de

agosto de 1996 y, concretamente, los acuerdos por los que se le facultó

para realizar la aportación calificada, no resultan suficientes para

considerarse acreditadas razonablemente la validez y la subsistencia de la

representación alegada, habida cuenta de las particulares circunstancias

concurrentes, según fueron puestas ya de relieve en la mencionada

Resolución de 13 de febrero de 1998.

4. Respecto del segundo de los defectos invocados por el Registrador,

no cabe sino confirmarlo, toda vez que el contenido del artículo 17, párrafo

segundo, de la Ley Hipotecaria no deja lugar a dudas, y aunque en ocasiones

este Centro Directivo se ha referido a la conveniencia de tomar en

consideración títulos presentados posteriormente y relativos a una misma

finca, a fin de lograr un mayor acierto en la calificación y evitar la práctica

de asientos inútiles, tales modalizaciones no podrían llevar en ningún caso

al extremo de desvirtuar totalmente aquella regla temporal, rechazando

el despacho del título anterior so pretexto de la posterior presentación

de un documento que, según manifiesta el recurrente -pero sin acreditarlo

debidamente-, evidencia su nulidad; de suerte que si se admitiera el criterio

del mismo recurrente, sobre desvirtuarse totalmente el propio principio

de prioridad que rige el desenvolvimiento de nuestro sistema registral,

quedaría menoscabada la seguridad jurídica y se provocaría al presentante

una verdadera indefensión (baste pensar en el supuesto en que el posterior

asiento que determinase la suspensión se practicara el último día de

vigencia del asiento provocado por el título presentado en primer lugar).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar

el auto apelado y la nota del Registrador, en los términos que resultan

de los precedentes fundamentos de derecho.

Madrid, 21 de septiembre de 2001.-La Directora general, Ana

López-Monís Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

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