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Documento BOE-A-2000-496

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por "Majada Miña, Sociedad Limitada", contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Oviedo número 5, don César García Arango y Díaz Saavedra, a practicar una anotación preventiva de un crédito refaccionario, en virtud de apelación de la recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 9, de 11 de enero de 2000, páginas 1042 a 1044 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2000-496

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora de los

Tribunales, doña Carmen García Boto, en nombre de "Majada Miña, Sociedad

Limitada", contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Oviedo

número 5, don César García Arango y Díaz Saavedra, a practicar una

anotación preventiva de un crédito refaccionario, en virtud de apelación

de la recurrente.

Hechos

I

En autos de juicio de menor cuantía número 554/94, seguidos ante

el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Oviedo, a instancia de

sociedad "Majada Miña, Sociedad Limitada", contra "Promociones González

Peláez e Hijos, Sociedad Limitada", con fecha 30 de mayo de 1995, fue

dictada sentencia, en la que se declara resuelto el contrato privado suscrito

entre las partes con fecha 7 de junio de 1993 de ejecución de obra con

suministro de materiales, condenando a la entidad demandada a que abone

una determinada cantidad, correspondiente al importe de la obra ejecutada

en el inmueble de su propiedad durante los meses de julio, agosto y

septiembre de 1993, así como los intereses legales devengados desde el 27

de mayo de 1994 y otra cantidad determinada abonada por el ascensor

proyectado, así como los intereses devengados desde la fecha de la

interpelación judicial, declarando que dichas cantidades constituyen un crédito

refaccionario en favor de la actora, inscribible en el Registro de la Propiedad

como crédito preferente sobre la finca refaccionada. Dicha sentencia fue

confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Oviedo el 5 de

marzo de 1996. Con fecha 30 de mayo de 1996, fue dictado mandamiento

ordenando al Registrador de la Propiedad de Oviedo número 5 lo siguiente:

"Que en virtud de lo dispuesto en los autos de referencia y respecto del

particular que literalmente dice: "... a fin, habiendo embargado bienes

inmuebles, antes de proceder a su avalúo, líbrese mandamiento por

duplicado al Registrador de la Propiedad donde se hallan inscritos aquéllos,

para que libre y remita a este Juzgado certificación en la que conste la

titularidad del dominio y de los demás derechos reales de la finca o derecho

gravado, así como las hipotecas, censos y gravámenes a que estén afectos

los bienes, o que se hallan libres de cargas. Dando cumplimiento en su

caso, a lo establecido en el artículo 1.490 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil. Libro a V. S. el presente, por duplicado, del que se devolverá un

ejemplar a este Juzgado por conducto de su recibo, con diligencia

acreditativa de su cumplimiento, a fin de que se proceda a expedir certificación

solicitada, siendo bienes objeto de ellos los siguientes: Bienes embargados:

(Fincas registrales números 6.006 a 6.029) "igualmente y como se solicita

por la parte actora, y adjuntándose al presente testimonios de las sentencia

recaídas en los presentes autos, a fin de que se tomó nota en ese Registro

que la cantidad concedida en la misma constituye un crédito refaccionario

a favor de la mercantil "Majada Miña, Sociedad Limitada", como crédito

preferente sobre la finca refaccionada en cumplimiento del fallo de la

sentencia".

II

Presentado el citado mandamiento en el Registro de la Propiedad de

Oviedo número 5, fue calificado con la siguiente nota: "En cumplimiento

del precedente mandamiento se ha expedido la certificación de dominio

y cargas ordenada en el mismo y que se adjunta a continuación. No se

práctica anotación del carácter refaccionario atribuido al crédito ya

garantizado con anotación de embargo anterior por resultar del Registro

hipotecas y otros gravámenes inscritos con anterioridad a favor de terceros,

sin que conste del mandamiento ni de los testimonios adjuntos, que se

haya dado cumplimiento a lo prevenido en los artículos 61 a 64 de la

Ley Hipotecaria y 157 y siguientes de su Reglamento, en orden a la citación

de dichas personas y a la fijación del valor de las fincas con anterioridad

a la refacción. Oviedo a 4 de junio de 1996. El Registrador. Firma ilegible".

III

La Procuradora de los Tribunales, doña Carmen García Boto, en nombre

de "Majada Miñas, Sociedad Limitada", interpuso recurso gubernativo

contra la anterior calificación y, alegó: 1.o Que en cuanto a las fincas

registrales 6.006 y 6.015 debió practicarse la anotación ordenada en el

mandamiento judicial al no existir según la certificación de cargas, ninguno

de los obstáculos que el señor Registrador argumenta para denegarla. Que

respecto al resto de las fincas, la inobservancia del procedimiento

establecido, los artículos 61 a 64 de la Ley Hipotecaria, no significa en modo

alguno que no pueda practicarse la anotación del crédito, sino únicamente

la pérdida para el acreedor de cierta preferencia sobre otros acreedores

anteriores y, además, debe tenerse en cuenta que el juicio declarativo

seguido contra el titular registral de las fincas permite con la máxima

amplitud el debate procesal, y las cuestiones que se suscitaron respecto

a la cualidad de refacción del crédito (declarado en sentencia firme) han

sido ya discutidos en dicho juicio declarativo y, por tanto, no parece

justificado, que tenga que ser exclusivamente el procedimiento especial

(artículos 61 y siguientes de la Ley Hipotecaria) en donde haya de ordenarse

tal anotación. 2.o Que como fundamento de derecho, se citan los artículos

antes referidos, y las Resoluciones de 9 de junio de 1911 y 29 de marzo

de 1954.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informó: 1.o Que

por lo que respecta a la situación registral de las fincas a que afecta el

recurso, interesa hacer constar: 1. Que todas ellas forman parte de un

edificio en construcción, dividido en propiedad horizontal y compuesto

de 24 predios independientes (que constituyen las fincas registrales

números 6.006 al 6.029 de la Sección 6.a), inscritas a favor de la sociedad

"Promociones González Peláez e Hijos, Sociedad Limitada", a excepción de

las registrales 6.007, 6.008 y 6.016 de dicha propiedad horizontal, inscritos

a nombre de tercero. Que al estar el edificio en construcción la refacción

afecta a todos y cada uno de sus distintos pisos y locales. 2. Que los

21 predios inscritos a favor de la citada sociedad se hallan registralmente

afectos a las siguientes cargas: a) Todas ellas a afecciones fiscales; b)

die

cinueve de ellos a hipoteca según inscripción practica con fecha 24 de

enero de 1991, constando que "los créditos concedidos se destinan a la

construcción de la propia finca hipotecada"; o sea, tienen carácter

refaccionario; c) Los predios 6.019, 6.022, 6.023, 6.026 y 6.028 están gravados

con anotaciones de demanda a favor de terceras personas, para elevación

a público de contratos privados de venta, anotación letra A, de fecha 8

de agosto de 1994, las fincas registrales 6.019 y 6.023 y de fecha 16 de

agosto de mismo año, las restantes. d) Las 21 fincas referidas, se hallan

gravadas con dos anotaciones de embargo a favor de la recurrente, la

primera de fecha 15 de diciembre de 1994, ordenada en autos número

385/1994 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oviedo y la

segunda de fecha 30 de marzo de 1995, derivada de los autos 554/94 del Juzgado

de Primera Instancia, número 9, de dicha ciudad, que motivan este recurso.

2.o Que presentado en el Registro de la Propiedad número 5 de Oviedo

el mandamiento librado por el referido Juzgado en los autos 554/94, fue

inmediatamente despachado en cuanto a la expedición de certificación,

y en lo referente a la constitución del carácter refaccionario y preferente

atribuido al crédito, fue objeto de la calificación que se discute en este

recurso. 3.o Que en el escrito de interposición del recurso, se formulan

los siguientes argumentos: 1. Que existen dos fincas que solamente

aparecen gravadas con los dos embargos a favor de la recurrente, sin ningún

otro gravamen anterior ni hipoteca a favor de tercero. Ello no es totalmente

exacto, pues constan afecciones fiscales preferentes. Además, no cabe

distinguir obras de construcción parciales según las distintas fincas del mismo

edificio refaccionado; la unidad inescindible de éste se impone en la

realidad física, no obstante la división horizontal, meramente ideal y jurídica.

Así lo demuestra también el que el crédito refaccionario no esté distribuido

entre los distintos pisos, sino que es global y les afecta en su conjunto,

sin distinción de partes. 2. Que el argumento del recurrente, en base

a la doctrina de las Resoluciones de 9 de junio de 1911 y 29 de marzo

de 1954, viene a confirmar la calificación registral, pues precisamente

lo que se deniega es el carácter preferente por falta de los requisitos legales

de los artículos 61 a 64 de la Ley Hipotecaria, habida cuenta de que el

crédito a favor de "Majada Miñas, Sociedad Limitada" ya estaba

oportunamente garantizado con la anotación de embargo trabado más de un

año antes. 4.o Que con lo anteriormente expuesto se considera que

quedaría suficientemente fundamentada la nota de calificación recurrida. No

obstante cabe formular, además, las siguientes consideraciones: 1. Que

las Resoluciones citadas por el recurrente resolvieron un supuesto distinto

al que en este recurso se considera. 2. Que la doctrina del Centro

Directivo, no cabe generalizarla para concluir en la inaplicabilidad de los

artículos 61 y siguientes de la Ley Hipotecaria. Que para que la anotación

de crédito refaccionario surta registralmente los efectos que le son propios

es necesario cumplir los requisitos establecidos, singularmente los dos

que destaca la nota. 3. Que no está prevista legalmente la conversión

de la anotación de embargo en anotación de crédito refaccionario, máxime

cuando tal embargo está ya en la vía de apremio. Y si lo que se pretendía

en el impreciso mandato contenido en el mandamiento calificado era la

posible ampliación del embargo a las cantidades reconocidas en la

sentencia, así debió ordenarse, con especificación de las mismas, para que

tal anotación pudiera practicarse.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de

Asturias confirmó la nota del Registrador fundándose en las alegaciones

contenidas en el informe de éste.

VI

La Procuradora recurrente apeló el auto presidencial, manteniéndose

en sus alegaciones, y añadió: 1.o Que la realidad registral del edificio

está configurada por fincas registralmente independientes, al haber

accedido al Registro la escritura de obra nueva y división horizontal, por tanto,

no se puede estar de acuerdo con lo argumentado en el auto recurrido

respecto a que la refacción afecta a todos y cada uno de los predios.

2.o Que no parece justificado que haya de ser exclusivamente en el

procedimiento especial de los artículos 61 a 64 de la Ley Hipotecaria en

donde haya de ordenarse la anotación de crédito refaccionario, habiendo

sido resueltas las cuestiones relativas a la cualidad de refaccionario del

crédito en un juicio declarativo seguido contra el deudor mismo. 3.o Que,

por otro lado, el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde

exclusivamente a los jueces y Tribunales, impone a todas las autoridades y

funcionarios públicos, incluidos los Registradores de la Propiedad, la

obligación de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza

o sean ejecutables de acuerdo con las leyes. Que no es al Registrador

sino a los interesados a los que incumbe la defensa de los derechos que

entiendan han sido violados por la resolución judicial, acudiendo a los

cauces procesales adecuados.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1.923.3 y 4 y 1.927

del Código Civil; 18, 20, 59.2, 64 de la Ley Hipotecaria y 100 del Reglamento

Hipotecario.

1. Practicada anotación preventiva de embargo sobre determinadas

fincas que aparecían gravadas con cargas anteriores, se declara en

sentencia recaída en juicio de menor cuantía que las cantidades reclamadas

constituyen un crédito refaccionario, y en ejecución de aquélla, se dicta

mandamiento por el que se ordena al Registrador que "se tome nota de

que la cantidad concedida en la sentencia constituye un crédito

refaccionario a favor de..., como crédito preferente sobre la finca refaccionada",

consignación que el Registrador rechaza por cuanto "del Registro resultan

hipotecas y otros gravámenes inscritos con anterioridad a favor de terceros

sin que conste de la documentación presentada que se ha dado

cumplimiento a lo previsto en los artículos 61 a 64 Ley Hipotecaria y 157 y

siguientes Reglamento Hipotecario, en orden a la citación de las personas

y a la fijación del valor de las fincas con anterioridad a la refacción".

La sentencia recayó en procedimiento de menor cuantía número 554/94,

habiéndose efectuado las obras en los meses de julio, agosto y septiembre

de 1993.

Debe señalarse con carácter previo que dada la concreción del recurso

gubernativo impuesta por el artículo 117 Reglamento Hipotecario, no han

de abordarse ahora otras cuestiones que las directamente relacionadas

con la nota impugnada (cfr. artículo 117 Reglamento Hipotecario).

2. Puesto que la anotación del crédito refaccionario otorga a éste

toda la protección jurídica de la hipoteca (cfr. artículo 59.2 Ley

Hipotecaria), no puede negarse dicha anotación aun cuando existan cargas

anteriores y no aparezca fijado con intervención de sus titulares el valor

de la finca antes de la refacción, pues, esa anotación que, en tal caso,

se producirá, obviamente, sin perjuicio de la prioridad total de esas cargas

anteriores, conferirá al crédito así anotado una fuerza superior a la que

le confiere la mera anotación de embargo: ningún otro crédito del deudor

no garantizado con hipoteca legal tácita podría anteponérsele en el cobro

sobre la finca refaccionada aun cuando fuese anterior a la anotación misma

(cfr. artículos 1.923.3 y 4 Código Civil y 1.927.2.o Código Civil). En

consecuencia, en el caso debatido deberá accederse a la consignación en la

anotación del embargo ya practicada, del carácter refaccionario del crédito

que lo motiva.

3. Lo que no puede sin embargo es reflejar en el asiento esa

especificación adicional de que el crédito correspondiente es preferente sobre

la finca, pues, por una parte, será la Ley la que define esa preferencia

en función de las circunstancias y realidad de los créditos concurrentes

en cada caso; y por otra, esa especificación adicional, sin matizar ni

modalizar el alcance de la respectiva preferencia, provocaría una ambigüedad

sobre su verdadero efecto, lo que resulta incompatible con la exigencia

de claridad y precisión del contenido del Registro, dada su eficacia

protectora del tráfico jurídico; téngase en cuenta (como ya se ha señalado)

que el crédito ahora cuestionado, aun cuando sea refaccionario, no

adquiere una preferencia total sobre las fincas, sino que en todo caso deberá

respetar la prioridad de las cargas anteriores pues ni sus titulares han

intervenido en el procedimiento en el que recayó la sentencia -cfr. artículos

24 Constitución Española y 20 Ley Hipotecaria- ni se ha fijado el valor

de la finca antes de la refacción en términos tales que permitan al acreedor

refaccionario invocar, al menos, preferencia sobre el plusvalor adquirido

por las obras realizadas (cfr. artículo 64 Ley Hipotecaria).

Por lo demás, no puede estimarse la alegación de que con ello el

Registrador incumple el deber constitucional de cumplir las resoluciones

judiciales, toda vez que dicho mandato debe compaginarse con el también

principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e

intereses legítimos y de interdicción de la indefensión (artículo 24 Constitución

Española), de modo que debe rechazarse la inscripción de resoluciones

judiciales si no consta que en los respectivos procedimientos de los que

dimanen, los titulares de derechos inscritos que resultarían afectados por

ellas hayan tenido la intervención prevista por las leyes para su defensa,

evitando así que sufran en el mismo Registro las consecuencias de su

indefensión procesal (cfr. artículos 18 y 20 Ley Hipotecaria y 100

Reglamento Hipotecario).

Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso

en cuanto al reflejo en la anotación de embargo del carácter refaccionario

del crédito, y desestimarlo en el resto, confirmando en ello el auto apelado

y la nota del Registrador.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.-El Director general, Luis María

Cabello de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado

de Asturias.

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