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Documento BOE-A-2000-3665

Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por don Telmo Ramón Buján López, como Presidente de la Comisión de Control de "Plusfondo Dos Fondo de Pensiones-Lloyds Plan de Pensiones", contra la negativa del Registrador Mercantil de Madrid, número X, don Jesús Álvarez Beltrán, a inscribir la adaptación y modificación del Plan de Pensiones.

Publicado en:
«BOE» núm. 46, de 23 de febrero de 2000, páginas 8004 a 8005 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2000-3665

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Telmo Ramón Buján

López, como Presidente de la Comisión de Control de "Plusfondo Dos

Fondo de Pensiones-Lloyds Plan de Pensiones", contra la negativa del

Registrador Mercantil de Madrid, número X, don Jesús Álvarez Beltrán, a

inscribir la adaptación y modificación del Plan de Pensiones.

Hechos

I

El 23 de abril de 1997, se celebró en el domicilio social del "Banco

Lloyds Bank Ltd.", reunión de la Comisión de Control del Plan de Pensiones,

aprobándose por unanimidad los acuerdos relativos a la modificación y

adaptación, en su caso, del clausulado general del Lloyds Plan de Pensiones

a la nueva Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Suspensión

de Seguros Privados. El 28 de julio de 1997 se extiende certificación del

acta de dicha reunión por el Secretario de la Comisión de Control de

Lloyds Plan de Pensiones, con el visto bueno del Presidente de dicha

comisión.

II

Presentada la certificación en el Registro Mercantil de Madrid, fue

calificada con la siguiente nota: "El Registrador Mercantil que suscribe

previo examen y calificación del documento precedente de conformidad

con los artículos 18.2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del

Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada por

haber observado el/los siguiente/s defecto/s que impiden su práctica.

Defectos: La certificación debe de ser expedida por el órgano de administración

de la entidad gestora (artículo 292.3 R.R.M.). En el plazo de dos meses

a contar de esta fecha se puede interponer recurso gubernativo de acuerdo

con los artículos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 22 de septiembre de 1997. El Registrador. Firma ilegible."

III

Don Telmo Ramón Buján López, como Presidente de la Comisión de

Control de "Plusfondo Dos Fondo de Pensiones-Lloyds Plan de Pensiones",

interpuso recurso de reforma contra la anterior calificación y alegó:

1.o Que el apartado primero del artículo 292 del Reglamento del Registro

Mercantil pormenoriza detalladamente una relación de actos relativos a

fondos y planes de pensiones que exigen su elevación a público. Dicha

relación no comprende ni describe el acto objeto de la certificación

suspendida, ya que la misma adapta o modifica exclusivamente el articulado

de un clausulado de un plan de pensiones y, por tanto, queda excluida

de dicha relación. El apartado segundo del citado precepto se inicia

textualmente con la expresión "Para los demás actos..." y se está refiriendo

expresamente a aquellos otros actos que pudieran tener lugar y que no

se encuentren comprendidos en el apartado 1.o, como es el acto objeto

de la certificación impugnada, que queda incluido en el apartado segundo.

2.o Que conforme a lo establecido en el artículo 292, apartado 2.o del

Reglamento del Registro Mercantil, no sólo el consejo de administración

de la entidad gestora, es el único órgano legitimado para certificar la

adopción de acuerdos relativos a fondos o planes de pensiones, pues hay otros,

como pueden ser las respectivas comisiones de control de dichos fondos

y planes de pensiones, y máxime teniendo en cuenta que en este caso

se da la dualidad de ser órgano adoptante del acuerdo y a su vez el

certificante del acta que se pretende inscribir. 3.o Que es incongruente

pretender que el órgano legitimado de forma exclusiva para emitir el

certificado de un acto, sea precisamente el órgano que no adoptó ni acordó

el mismo, y que a su vez se encuentra dotado con personalidad jurídica

propia y diferente del órgano adoptante del acto. Que el Fondo de Pensiones

como patrimonio, se encuentra dotado en virtud de la Ley de Fondos

y Planes de Pensiones de un representante que es su comisión de control,

de la que emana su presidente y su secretario. Que la Ley atribuye a

dichas comisiones la representación del Fondo al que se encuentran

adscritos, y ello cuando el fondo se instrumente por un único Plan, como

ocurre en este supuesto. Que la atribución que hace el apartado 3.o del

artículo 292 del Reglamento del Registro Mercantil al consejo de

administración de la entidad gestora, debe entenderse referida a una facultad

única consistente en certificar y elevar a público. Que los actos que el

reglamento señala como "anteriores" han de entenderse referidos a aquello

que el mismo cita expresamente y que por su importancia intrínseca,

precisan de elevación a público para poder trascender, y son estos actos

los del apartado 1.o del citado artículo, los que precisan de la certificación

expedida por el órgano de la sociedad gestora, pero no aquellos que tienen

cabida en el apartado 2.o, pues de no ser así se vacía de contenido este

apartado. 4.o Que el clausulado de Lloyds Plan fue creado, suscrito y

configurado en su origen, al amparo de un Proyecto de Plan de contenido

más amplio, dentro del que figuró en su día, lo que es clausulado que

hoy se modifica y que resultó ser aprobado única y exclusivamente por

la Comisión que fuera promotora en su día de Lloyds Plan. En la creación

del clausulado no participaron otras entidades y es lógico admitir que

en su simple modificación o adaptación, tampoco participen las que

resulten ajenas. 5.o Que junto a la certificación objeto del presente recurso,

se presentó correlativamente en el mismo Registro otra certificación

también expedida por la propia comisión de control Plusfondo Dos, relativa

a la renovación de la propia comisión y que dio lugar a su inscripción;

por lo que en virtud del artículo 60 del Reglamento del Registro Mercantil

se solicita la uniformidad de los criterios de calificación.

IV

El Registrador Mercantil de Madrid, número X, acordó mantener la

nota de calificación recurrida, declarando que no procede acceder a la

solicitud de inscripción formulada por el recurrente, e informó: 1. Que

la única controversia que se suscita en el presente recurso es la referente

al instrumento o título formal adecuado para la inscripción que se pretende

en el Registro Mercantil, y la clave para resolver dicha cuestión debe

encontrarse en el artículo 292 del Reglamento del Registro Mercantil y en la

interpretación de los apartados 2 y 3 de su precepto reglamentario, que

ha sido afectado mediante la ampliación de su contenido por el nuevo

Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996,

de 19 de julio. 2. Que en el anterior reglamento la normativa reguladora

desde el punto de vista registral mercantil (no administrativo) de los

Fondos de Pensiones, venía contenida en los artículos 249 a 258 dedicando

el artículo 256 a la determinación del título inscribible, el cual contenía

dos apartados, trasunto fiel de los apartados 1 y 2 del actual artículo 292

del Reglamento del Registro Mercantil, después de la modificación llevada

a cabo por el citado Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Y en esos

dos apartados, tanto antes como ahora, se distinguía entre actos que

requieren escritura pública para su inscripción en el Registro y los que pueden

acceder al Registro con la simple certificación del acuerdo del órgano

u órganos correspondientes. El actual artículo 292 ha añadido un tercer

apartado conforme al cual la facultad de certificar y elevar a público los

anteriores actos, sin distinguir entre los de los apartados 1 y 2,

corresponderá a los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil al órgano

de administración de la entidad gestora en los términos establecidos en

la sección 3.a del capítulo III del Título III del Reglamento. 3. Que la

comisión de control de Fondos es un órgano necesario, colegiado en cuanto

que sus miembros, debidamente convocados, celebran reuniones y adoptan

acuerdos por mayoría, correspondiéndole unas funciones determinadas

conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Planes y Fondos

de Pensiones y 30 de su Reglamento. Que el actual artículo 292.3 del

Reglamento del Registro Mercantil es claro al respecto cuando determina

a quién compete expedir la certificación de los actos cuya inscripción

no requiere escritura pública: al órgano de administración de la entidad

gestora del Fondo, entidad gestora que junto con la entidad depositaria

y la comisión de control constituyen los elementos (órganos) indispensables

para el reconocimiento legal de los Fondos de Pensiones. Cada uno de

ellos tienen sus funciones determinadas por la ley, y entre esas funciones

el Reglamento del Registro Mercantil ha atribuido recientemente al órgano

de administración de la entidad gestora, la facultad exclusiva de certificar

los actos o acuerdos inscribibles en el Registro Mercantil, estableciendo

un régimen más claro que el anterior Reglamento de 1989 y que equipara

en este punto a los Fondos con las Sociedades Mercantiles, tal como resulta

de la remisión que dicho artículo 292.3 hace de los artículos 107 al 112

del mismo Reglamento.

V

El recurrente se alzó contra el anterior acuerdo, manteniéndose en

sus alegaciones y añadió: 1. Que hay que destacar que la función que

atribuye la Ley de Planes y Fondos de Pensiones en su artículo 14 a la

comisión de control, y no a otros órganos, es la representación del Fondo.

2. Que el apartado 2 del artículo 292 del Reglamento del Registro Mercantil

ostenta una vertiente registral que no debe ser suprimida. Dicho apartado

pertenece a un artículo que tiene por denominación la de "título inscribible"

y que afecta y ampara a los tres párrafos que componen el artículo en

cuestión. El contenido de dicho apartado segundo ha de entenderse referido

a aquellos otros actos también susceptibles de inscripción en el Registro

Mercantil. 3. Que adicionalmente, el Reglamento reconoce en el citado

párrafo segundo del artículo 292, que la certificación del acuerdo del órgano

u órganos correspondientes, sin precisar de escritura pública, es un

documento susceptible de ser inscrito en el Registro Mercantil. En consecuencia,

existe una pluralidad de órganos, que se encuentran legitimados para

certificar acuerdos susceptibles asimismo de ser inscritos en el Registro y

ello en virtud de su contenido.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 7, 14, 20 y 22 de la Ley 8/1987, de 8 de junio,

sobre Planes y Fondos de Pensiones; 133 a 135 de la Ley de Sociedades

Anónimas; 1, 3, 108, 109 y 292 del Reglamento del Registro Mercantil,

aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio; y las Resoluciones

de 30 de septiembre y 7 de diciembre de 1993, 2 de junio de 1994, 9

de mayo de 1996 y 28 de octubre de 1998.

1. Para inscribir en el Registro Mercantil la adaptación y modificación

del clausulado de un Plan de Pensiones se presenta una certificación

expedida por el Secretario de la Comisión de Control de dicho Plan, con el

visto bueno del Presidente del mismo. El Registrador deniega la inscripción

porque, a su juicio, la certificación debe ser expedida por el órgano de

administración de la entidad gestora, conforme al artículo 292.3 del

Reglamento del Registro Mercantil.

2. El defecto ha de ser mantenido si se tiene en cuenta: a) Que el

artículo 292 del Reglamento del Registro Mercantil, respecto de los planes

y fondos de pensiones, después de distinguir entre los actos que habrán

de constar en escritura pública para su inscripción (apartado 1) y aquellos

otros para los cuales bastará certificación del acuerdo adoptado por el

órgano u órganos correspondientes (apartado 2), atribuye claramente al

órgano de administración de la entidad gestora del fondo de pensiones

tanto la facultad de certificar como la de elevar a público todos los

mencionados actos, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil

(apartado 3 -introducido como nuevo respecto del anterior Reglamento del

Registro Mercantil de 1989 por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio-);

b) Que esta función de documentación de los actos relativos a planes

y fondos de pensiones, al encomendarse a dicho órgano de administración,

resulta beneficiada por la permanencia y profesionalización de aquél; y

la atribución de dicha facultad a quienes desempeñan funciones de gestión

permite, para el caso de incorrecto ejercicio de aquélla, aplicar el especial

régimen de responsabilidad establecido legalmente (cfr. artículos 22 de

la Ley sobre Planes y Fondos de Pensiones; y, para el caso de que la

entidad gestora sea una sociedad anónima, artículos 133 a 135 de la Ley

de Sociedades Anónimas), y c) Que la norma reglamentaria ahora debatida,

que establece los presupuestos subjetivos de la facultad de certificar, ha

de ser aplicada con rigor e interpretar de modo estricto tal requisito,

máxime si se tiene presente que, dada la especial trascendencia, "erga

omnes", de los asientos registrales, que gozan de la presunción de exactitud

y validez -artículo 3 del Reglamento del Registro Mercantil- y se hallan

bajo la salvaguardia jurisdiccional -artículo 1 de dicho Reglamento-, se

hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que

tienen acceso al Registro (especialmente si, como acontece con las

certificaciones, se trata de meros documentos privados), no sólo por lo que

se refiere a la veracidad y exactitud del contenido de tales documentos

sino también respecto de la legitimación para expedirlos.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar

la decisión y la nota del Registrador.

Madrid, 3 de febrero de 2000.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Sr. Registrador Mercantil de Madrid, número X.

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