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Documento BOE-A-2000-3161

Resolución de 15 de enero de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña María Dolores Cotoner Quirós, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Palma de Mallorca número 5, don Miguel Nigorra Oliver a cancelar una sustitución fideicomisaria por acta notarial de manifestación, en virtud de apelación de la recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 40, de 16 de febrero de 2000, páginas 7142 a 7143 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2000-3161

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora de los

Tribunales doña Soledad Montané Ponce, en nombre de doña María Dolores

Cotoner Quirós, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de

Palma de Mallorca número 5, don Miguel Nigorra Oliver a cancelar una

sustitución fideicomisaria por acta notarial de manifestación, en virtud

de apelación de la recurrente.

Hechos

I

En el folio registral de la finca 4.714 del Ayuntamiento de Marratxí,

libro 295, tomo 5.267, folio 21 del Registro de la Propiedad de Palma

de Mallorca número 5, consta la nota marginal que se transcribe en el

fundamento de derecho 1.

El 22 de octubre de 1996, el Notario de Palma de Mallorca don Sebastián

A. Palmer Cabrer autorizó acta de manifestación en la que doña María

Dolores Cotoner Quirós interesa del Registrador de la Propiedad que deje

sin efecto la cancelación de fecha 26 de junio de 1996, que figura al margen

de la finca registral (número 4.714) antes descrita.

II

Presentada la anterior acta en el Registro de la Propiedad de Palma

de Mallorca número 5, fue calificada con la siguiente nota: "Denegada

la cancelación que se interesa en el precedente documento, por cuanto

los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales y

no pueden rectificarse sino en virtud de resolución judicial firme

(artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria), o en virtud de conformidad de todas las

partes. Palma, 23 de diciembre de 1996. El Registrador. Firma ilegible".

III

La Procuradora de los Tribunales, doña Montserrat Montané Ponce,

en representación de doña María Dolores Cotoner Quirós, interpuso

recurso gubernativo contra la anterior calificación, y alegó: I. Que la nota

marginal se hizo a solicitud de doña Ana Gamundi Alzamora, basándose

en los artículos 76 y siguientes de la Ley Hipotecaria. Que se trata de

una modificación de la inscripción de una finca en la que existe la

constancia registral de las sustituciones fideicomisarias. Que merece mención

especial el artículo 82 de la Ley Hipotecaria que exige "sentencia" contra

lo que no se halle pendiente de recurso de casación, y que el artículo

siguiente habla providencia ejecutoria, precisando, por tanto, en cada caso

el tipo de resolución judicial. II. Que tanto el artículo 152 de la

Constitución Española, como los artículos 72 y siguientes de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, configuran a los Tribunales Superiores de Justicia como

órganos judiciales colegiados, integrados por Salas de los distintos órdenes

jurisdiccionales. Que, por tanto, El Registrador de la Propiedad confunde

una resolución de un Tribunal con un auto dictado por el Presidente de

dicho Tribunal. Que aflora la doble confusión de auto por sentencia y

de órgano colegiado por órgano unipersonal. III. Que un recurso

gubernativo nunca puede ir más allá de lo que en el mismo se ha debatido

y, por tanto, formalmente no es cosa juzgada, y materialmente afectará

a la inscripción o no de determinado instrumento público. Que cualquiera

que sea la consideración sobre la naturaleza jurídica del recurso

gubernativo, es claro que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia nunca

pudo disponer la modificación extintiva que constaba en la inscripción

registral, ni mandó al Registrador que así lo hiciese. IV. Que la

desaparición tabular citada la ha dispuesto el Registrador de la Propiedad,

por mucho que se haya basado en el auto citado que a lo sumo tendrá

el valor de jurisprudencia. V. Que el auto en cuestión de 15 de abril

1991 deja abierta la puerta a los fideicomisos familiares, por lo que ni

tan siquiera, a título de jurisprudencia, puede atribuírsele el sentido que

le da el Registrador de la Propiedad. VI. Que la justificación para denegar

la cancelación la fundamenta el Registro en el artículo 1 de la Ley

Hipotecaria. Que se considera que toda la legislación hipotecaria ha de ser

interpretada a la luz de la Constitución. Que la cancelación no se ha

producido por decisión judicial sino por el propio Registrador. VII. Que como

fundamento de derecho hay que señalar: Los artículos 9.3 y 24 de la

Constitución Española ; las Resoluciones de 23 de noviembre de 1990, 10 de

junio y 10 de julio de 1991, 18 de junio de 1993 y 13 de mayo de 1996 ;

los artículos 66 y siguientes de la Ley Hipotecaria y concordantes del

Reglamento interpretados, a la luz de los preceptos constitucionales antes

citados ; el artículo 11.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; el artículo

103 de la Ley Hipotecaria y concordantes del Reglamento, y cualquier

otro precepto aplicable en virtud del principio de "iura novit curia".

IV

El Registrador de la Propiedad en defensa de la nota, informó: I. Que

el objeto del presente recurso estriba en resolver si el Registrador podía,

a instancia de la recurrente, y sin la conformidad de la titular de la finca

registral 4.714N del Ayuntamiento de Marratxí, doña Ana Gamundi Salas,

a dejar sin efecto la cancelación de una sustitución fideicomisaria. II. Que

la citada sustitución ya había sido objeto del recurso gubernativo por parte

de la misma recurrente, con fecha 4 de marzo de 1991, que fue resuelto

en virtud de Auto de 15 de abril de 1991, por el excelentísimo señor

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, el cual

desestimó el recurso y mantuvo la calificación del señor Registrador de

la Propiedad. III. Que, según dicho auto, parece quedar claro que en

la finca en cuestión no opera la sustitución ordenada por don Pedro Verí

y Salas, ya que lo contrario llevaría a "desvirtuar la voluntad del testador".

IV. Que en ello se ha basado el Registrador de la Propiedad para proceder

a la cancelación de la referida sustitución en la expresada finca registral,

recalcando los principios de publicidad, fe pública registral, legitimación

y especialidad, que para una claridad registral, a ser posible el Registro

no ha de dar publicidad y cobertura a unos presuntos derechos que no

corresponden a la realidad, para evitar confundir a terceras personas que

acudan a dicho Registro, pues sería crear una confusión si el Registro

diera publicidad a unos derechos que en realidad no existen, puesto que

no fue voluntad del causante el crearlos, como así se reconoce en el repetido

auto. V. Que como fundamentos de derecho se citan los artículos 1.3,

18 y 65 de la Ley Hipotecaria. VI. Que, por los autos expresados se

considera que no es posible que se deje sin efecto la cancelación operada

en el Registro de Palma de Mallorca número 5, de la citada sustitución

fideicomisaria, como se solicita por la parte recurrente en Acta de 22

de octubre de 1996.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears

confirmó la nota del Registrador fundándose en que los asientos del

Registro no pueden ser rectificados, fuera de los supuestos y con los requisitos

establecidos en el título VIII de la Ley Hipotecaria, más que por sentencia

obtenida en el procedimiento adecuado.

VI

La Procuradora recurrente apeló el auto presidencial, manteniéndose

en sus alegaciones, y añadió: 1. Que nuestra Constitución no habilita

fórmula legal alguna para "tapar" una desafortunada actuación de un

Registrador. 2. Que tampoco el recurso gubernativo es un medio idóneo para

debatir los fideicomisos familiares ; ya que la Compilación de Derecho Civil

de Baleares reserva el debate para una actuación judicial cuya

configuración no puede alterar un funcionario público. 3. Que doña María Dolores

Cotoner Quirós no está amparada por los Tribunales de Justicia y ello

por la simple decisión de un Registrador de la Propiedad pretendiendo

basarse en una resolución de los Tribunales de Justicia.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 1, 40 de la Ley Hipotecaria y las Resoluciones de 8

de marzo de 1988, 23 de abril de 1990, 7 de noviembre de 1991, 25 de

mayo de 1993 y 19 de junio de 1999.

1. En el presente recurso se pretende la cancelación de la siguiente

nota marginal, practicada en virtud del auto del Tribunal Superior de

Justicia de las Illes Balears, por el que se resolvió un recurso gubernativo

interpuesto por la ahora recurrente contra la denegación de la inscripción

de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia: "Extinguidas

las sustituciones fideicomisarias establecidas por don Pedro de Verí Salas,

en cuanto a la finca de este número, de conformidad a lo dispuesto por

el auto dictado el 15 de abril de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia

de las Illes Balears, que es firme por cuanto dicho causante en cuanto

a las cuatro sextas partes de su herencia, de las cuales nombró herederos

a don José Fernando y don Pedro Cotoner Verí, y a los cuales se adjudicó

esta finca, la cual se transmitió a favor de don José Cotoner y de las

Casas: No afectó tales participaciones a las mismas sustituciones

fideicomisarias que las restantes dos sextas partes. Y por tanto el último eslabón

de tal sustitución, en cuanto a esta finca es don José Cotoner de las Casas,

a favor de quien se inscribió la finca, según es de ver la adjunta inscripción ;

quedando por tanto las sustituciones establecidas por don Pedro de Verí

y Salas purificadas en cuanto a la finca de este número, y por tanto

extinguidas, en virtud de solicitud del actual titular de la finca doña Ana

Gamundí Almazara, de fecha 19 de junio actual, asiento 825 del diario 36, Palma,

26 de junio de 1996".

2. Del propio tenor literal del artículo 66 de la Ley Hipotecaria resulta

que el recurso gubernativo es el cauce legalmente arbitrado para impugnar

las calificaciones de los Registradores cuando suspendan o denieguen el

asiento solicitado. Por el contrario cuando dicha calificación, por ser

positiva, haya sido o no la misma acertada, desemboque en la práctica del

asiento interesado, queda éste bajo la salvaguardia de los Tribunales

(cfr. artículo 1 de la misma Ley Hipotecaria) produciendo todos sus efectos

mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en

la propia Ley. Ello conduce al examen de los mecanismos que para lograr

la rectificación del contenido del registro, cuando es inexacto se recogen

en el artículo 40 de aquella Ley, entre los que no se contempla el recurso

gubernativo.

Con base a tales pronunciamientos legales, es reiterada la doctrina

de este centro directivo (vide entre otras las Resoluciones citadas en los

vistos) rechazando la vía del recurso gubernativo como instrumento para

lograr la cancelación de asientos que se estimen indebidamente

practicados, que es lo que en este caso se interesa, por lo que ha de confirmarse

el auto apelado que declaró la inadecuación del procedimiento.

Esta Dirección General ha acordado confirmar el auto apelado

Madrid, 15 de enero de 2000.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de las Illes Balears.

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