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Documento BOE-A-2000-3155

Resolucion de 8 enero de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Eivissa, don Alberto Rodero García, contra la negativa del Registrador Mercantil de dicha ciudad, don Hipólito Rodríguez Ayuso, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

Publicado en:
«BOE» núm. 40, de 16 de febrero de 2000, páginas 7133 a 7134 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2000-3155

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Eivissa, don

Alberto Rodero García, contra la negativa del Registrador Mercantil de

dicha ciudad, don Hipólito Rodríguez Ayuso, a inscribir una escritura de

constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

Hechos

I

El 17 de noviembre de 1998, mediante escritura pública autorizada

por el Notario de Eivissa, don Alberto Rodero García, se constituyó la

entidad denominada "El Firmamento Estelar, Sociedad Limitada". El

artículo 2 de los Estatutos sociales establece que: La sociedad tiene por objeto

la compraventa, administración, y explotación de inmuebles y la

compraventa y administración de valores, así como la participación en otras

compañías y la gestión y dirección de dichas participaciones, todo ello con

la salvedad de lo establecido en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre,

reguladora de las instituciones de inversión colectiva, y lo que establece para

las agencias de valores la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, de 28

de julio. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades

para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden

cumplidos por esta sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el

ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algún

título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros

Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que

ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse

antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

II

Presentada primera copia de la escritura referida, en el Registro

Mercantil de Eivissa, fue calificada con la siguiente nota: 1. Las sociedades

que incluyan dentro de su objeto los valores, deben de cumplir unas

características, requisitos y autorizaciones que se exigen en la legislación

específica que la regula. Contra la presente nota puede interponerse recurso

de reforma en el término de dos meses ante el propio Registrador y contra

la decisión adoptada, el de alzada ante la Dirección General en término

de otro mes desde la notificación de la anterior decisión conforme a los

artículos 66 y 71 del Reglamento del Registro Mercantil.-Eivissa, 2 de

febrero de 1999.-El Registrador Mercantil de Eivissa. Sin firma. Lleva

sello del Registro.

III

El Notario autorizante de la escritura interpuso recurso de reforma

contra la anterior calificación, y alegó: 1.o Que en la nota de calificación

se infringe lo dispuesto en los artículos 39, 59 y 62 del Reglamento del

Registro Mercantil. 2.o Que la redacción del objeto social no debe impedir

la inscripción de la sociedad por cuanto se hace salvedad de lo señalado

en las leyes que cita y deja excluidas todas aquellas actividades para cuyo

ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por

la sociedad. Que hay que entender que la salvedad de las leyes especiales,

la exclusión de actividades y las cautelas y reservas para los casos

especiales, constituyen la previsión específica de posible exclusión a que se

refieren las Resoluciones de 11 de diciembre de 1995 y 26 de junio

de 1997. 3.o Que la nota habla de características, requisitos y

autorizaciones, de legislación específica, todo ello sin rigor y en términos tan

genéricos y vagos, que situarían al recurrente en la necesidad de acudir

a la indeseada "probatio diabolica", para tratar de evidenciar que no se

ha infringido ninguna disposición normativa de carácter imperativo. Que

se produce una clara indefensión para el recurrente al no disponer de

los datos que permitan la defensa de su derecho.

IV

El Registrador Mercantil decidió mantener la calificación, e informó:

1.o Que carecen de base las alegaciones referentes a la nota de calificación.

2.o Que respecto a la inclusión en el objeto social de la compraventa

y administración de valores, con la salvedad de lo establecido en la

Ley 44/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de

inversión colectiva y lo que establece para las agencias de valores la Ley 24/1998,

del Mercado de Valores, de 28 de julio, aparte de incumplir lo dispuesto

en el artículo 178.2 del Reglamento del Registro Mercantil, plantea el

problema de si las actividades que integran el objeto social pueden

determinarse fijándose sus límites de una manera negativa. En contra de su

admisión se considera aplicable la doctrina reiteradamente mantenida por

la Dirección General en la Resolución de 8 de febrero de 1989, entre otras ;

y, además, en el presente caso se parte de una expresión genérica valores

y una delimitación negativa no incluido que hace dudar de la existencia

de dichos valores, sobre todo teniendo en cuenta que las leyes citadas

pretenden, con carácter general, prescindir de la figura del agente mediador

individual sustituyéndolo por entidades financieras especializadas, ya

actúen por cuenta propia o ajena, reguladas específicamente con garantía

que impidan riesgos potenciales. Por ello, se considera necesario que se

exprese el objeto social con precisión, indicando a qué valores se refiere,

pues de su concreción se podrá calificar suficientemente si existen tales

valores excluidos de la legislación especial y, en su caso, calificarlos positiva

o negativamente, subsanable o insubsanablemente, de acuerdo con la

legislación aplicable. Que no procede inscripción parcial del documento debido

al carácter esencial del objeto social, no considerándose incluido en los

términos previstos por el artículo 63 del vigente Reglamento del Registro

Mercantil.

V

El Notario recurrente se alzó contra la anterior decisión, manteniéndose

en sus alegaciones, y añadió: 1. Que en materia de determinación del

objeto social y en cuanto a si cabe la inscripción del referido a los términos

compraventa y administración de valores, hay que poner dichos términos

en directa relación con las actividades que sirven para definirlos, bien

porque cumplan una función de exclusión o bien porque, por enumeración,

contribuyan a delimitar sus perfiles. Que, efectivamente, la salvedad de

la legislación especial junto a la exclusión de actividades y la reserva

cautelar de casos especiales, todo ello reflejado en el objeto social, está

queriendo fijar los contornos de los términos a los que se refiere por

vía de exclusión. Que el objeto social puede fijarse por género seguido

de pormenorizaciones excluyentes, posibilidad que ha sido reconocida por

las Resoluciones de 15 y 16 de marzo de 1988, 17 de noviembre de 1989,

22 de diciembre de 1990, 11 de octubre, 15 y 19 de noviembre de 1993,

22 de mayo, 26 de junio y 7 de noviembre de 1997. Que siendo válida

tal doctrina para la relación existente entre el género y la especie, habrá

de serlo igualmente para los términos y las actividades, habida cuenta

de la identidad de función que cumplen para conseguir la determinación

del objeto social. Que frente a esta doctrina el Registrador defiende la

postura contraria, basándose en la Resolución de 8 de febrero de 1989,

la cual no resulta excluyente con la doctrina mencionada, pues lleva a

cabo una aplicación concreta del principio general, según el cual los objetos

sociales deben reflejarse mediante la utilización de expresiones claras que

delimiten sus contornos. 2. Que en materia de determinación del objeto

social, referida aquí a precisar el concepto de valores, hay que entender

como desproporcionada y excesiva la interpretación según la cual, toda

sociedad en cuyo objeto social figure la palabra valores queda convertida

en sociedad o agencia de valores sujeta a la legislación especial. Que la

Ley de Mercado de Valores en su artículo 2 exige la concurrencia comulativa

de los requisitos de emisión en serie y negociabilidad, para que pueda

entenderse aplicable la misma. Estos requisitos no concurren en la

redacción del objeto social cuya inscripción se deniega. En suma, el término

valores empleado en el objeto social cumpliría una función exclusivamente

comercial y su cobertura causal se localizaría en las operaciones típicas

del propio objeto social, no habiendo ninguna razón para plantearse una

posible función financiera alusiva al tráfico en masa o serie, a transmisiones

sucesivas y aceleradas que agotarían su propia causa, a captación del

público inversor, etc. Que, por último, cabe añadir que existe la voluntad

social de querer asumir las prohibiciones del artículo 9 y la disposición

adicional tercera de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada

por vía de régimen jurídico contenida en el artículo primero de los estatutos

y, por lo mismo, la voluntad contraria a participar en el ámbito de la

Ley de Mercado de Valores. 3. Que en cuanto a la falta de motivación

de la nota y el acuerdo, es preciso poner en evidencia la enorme dificultad

que supone defenderse de una nota que no expresa si hay defectos

subsanables o insubsanables, que no dice qué norma legal resulta infringida

y que pretende compeler al cumplimiento de una normativa que no se

señala. Que el acuerdo del Registrador que debería ser corolario de la

nota, incorpora "ex novo" otra materia argumental y así origina una

situación anómala que priva al recurrente de la posibilidad de contraargumentar

en una de las dos instancias previas a la Resolución. En este punto cabe

citar la Resolución de 22 de febrero de 1998.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 13.b) y 57.1 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo,

de Sociedades de Responsabilidad Limitada ; artículos 2, 36, 37, 62 y

siguientes de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como

el artículo 26 bis de la misma redactado según Ley 37/1998, de 16 de

noviembre ; artículos 68, 174.3 y 117.1 del Reglamento del Registro

Mercantil, aprobado por Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre ; y las

Resoluciones de 4 de marzo de 1981, 1 de diciembre de 1982, 22 de agosto

de 1983, 27 de noviembre de 1985, 21 de mayo de 1986, 20 de diciembre de

1990, 25 de julio y 13, 14 y 15 de octubre de 1992, 19 de junio, 1

de septiembre y 15 de diciembre de 1993, 20 de mayo y 13 de junio de

1994, 6 de abril y 11 de diciembre de 1995, 19 de julio de 1996, 22

de mayo, 26 de junio y 7 de noviembre de 1997, 17 de abril de 1998

y 25 de febrero y 30 de abril de 1999.

1. Circunscrito el recurso gubernativo a las cuestiones que se

relacionen directamente con la nota de calificación del Registrador (artículo

68 del Reglamento del Registro Mercantil), únicamente ha de resolverse

en el presente expediente sobre la inscribibilidad de una parte de la

cláusula de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada relativa

al objeto social, en la que se establece que "La sociedad tiene por objeto

la compraventa, administración y explotación de inmuebles y la

compraventa y administración de valores, así como la participación en otras

compañías y la gestión y dirección de dichas participaciones, todo ello con

la salvedad de lo establecido en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre,

reguladora de las instituciones de inversión colectiva, y lo que establece para

las agencias de valores la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, de 28

de julio".

El Registrador deniega la inscripción porque, a su juicio, "Las

sociedades que incluyen dentro de su objeto los valores, deben de cumplir

unas características, requisitos y autorizaciones que se exigen en la

legislación específica que la regula".

2. Es cierto que cuando la actividad que se define como objeto social

choque con las limitaciones legales que se imponen para su ejercicio, lo

sea por la necesidad de un título habilitante, una forma o estructura social

concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc., resultará que

no será posible ni lícita, dos de los requisitos que para todo objeto de

contrato imponen los artículos 1.271 y 1.272 del Código Civil. Así mismo,

como la delimitación convencional del objeto social por el género

comprende todas sus especies, se requiere previsión específica para que alguna

de las actividades comprendidas en aquél pueda quedar excluida.

No obstante, respecto del presente caso, es indudable que el hecho

de que entre las actividades comprendidas en el objeto social se halle

la compraventa y administración de valores no implica que la sociedad

haya de cumplir en todo caso las características, requisitos y autorizaciones

exigidos en la legislación especial, toda vez que dichas actividades se

limitan a los valores -o a determinadas operaciones sobre ellos- que no queden

comprendidos en el ámbito de la misma (cfr., v. gr., artículos 2, 26 bis,

36, 37, 62 y siguientes de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado

de Valores), habida cuenta que para especificar las actividades lícitas y

posibles dentro del género contemplado se recurre, como ha admitido

este centro directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 15 de diciembre

de 1993 y 30 de abril de 1999), a una exclusión referida a todas aquellas

que no se ajusten a los requisitos establecidos en dicha legislación especial,

de modo que el objeto social queda suficientemente concretado.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la

decisión y la nota del Registrador.

Madrid, 8 de enero.-El Director general, Luis María Cabello de los

Cobos y Mancha.

Sr. Registrador Mercantil de Eivissa.

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