Está Vd. en

Documento BOE-A-2000-2260

Resolucion de 29 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por "Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Santander número 4, don Francisco Mazorra Gómez, a practicar determinadas cancelaciones, en virtud de apelación del recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 29, de 3 de febrero de 2000, páginas 5081 a 5083 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2000-2260

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales don José Luis Aguilera San Miguel, en nombre del "Banco Español

de Crédito, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador de la

Propiedad de Santander número 4, don Francisco Mazorra Gómez, a

practicar determinadas cancelaciones, en virtud de apelación del recurrente.

Hechos

I

El 27 de febrero de 1992, mediante escritura pública autorizada por

el Notario de Santander don José Ramón Roiz Quintanilla, los esposos,

B. S. D. M. y M. C. G. Q., vendieron a sus hijos dos viviendas, fincas

registrales números 46.702 y 46.716, y dos plazas de garaje, fincas

registrales números 36.347 y 36.344, del Registro de la Propiedad de Santander

número 4.

En fecha 9 de noviembre de 1995, el Juzgado de lo Penal

número 1 de Santander dictó sentencia en el juicio oral número 315/94 y

declarando la nulidad de la citada escritura de compraventa. Dicha sentencia

fue ratificada por otra de la Audiencia Provincial de Santander de 13

de febrero de 1996. Y el 12 de abril de 1996 se libró mandamiento al

señor Registrador de la Propiedad de Santander número 4 para que se

proceda a la cancelación de las inscripciones practicadas en base a dicha

escritura. El 15 de julio siguiente se aclaró el error material padecido

en el fallo de las sentencias en el sentido de añadir la declaración de

proceder a la cancelación de la inscripción registral.

II

Presentado el anterior mandamiento en el Registro de la Propiedad

de Santander número 4, fue calificado con la siguiente nota: "Presentado

el precedente mandamiento, junto con auto aclaratorio de fecha 15 de

junio último, y copia testimoniada de la sentencia del Juzgado de lo Penal

número 1 de Santander, de fecha 9 de noviembre de 1995, confirmada

por otra de la Audiencia Provincial de 13 de febrero de 1996, se devuelve

al interesado sin practicar operación alguna, por los siguientes motivos:

1.o En las citadas sentencias no se ordena la cancelación ni se declara

la nulidad de asientos registrales, sino únicamente la nulidad de la escritura

pública de 27 de febrero de 1992, otorgada por los condenados en las

mismas.

2.o Los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los

Tribunales, artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria, y en concordancia con su

contenido, el artículo 38 de la misma Ley establece que, cuando se ejercita

una acción contradictoria de un derecho inscrito, hay que ejercitar,

previamente o a la vez, la acción de nulidad o cancelación del asiento.

3.o Del examen del historial registral de las fincas a que se refiere

el título que se declara nulo, resulta que existen asientos posteriores a

la inscripción de dominio cuya cancelación se pretende, que son: Anotación

de demanda a favor de "Banco Pastor, Sociedad Anónima", en ejercicio

de acción pauliana número 40/94, en el Juzgado de Primera Instancia

número 2 de Santander, y anotación de embargo a favor de Tesorería

General de la Seguridad Social. Estas entidades han sido ajenas al

procedimiento penal. Contra la presente nota cabe promover recurso

gubernativo conforme al artículo 66 de la Ley Hipotecaria y 133 y siguientes

de su Reglamento, ante el excelentísimo señor Presidente del Tribunal

Superior de Justicia de Cantabria.

Santander, 5 de agosto de 1996. El Registrador. Firma ilegible."

III

El Procurador de los Tribunales don José Luis Aguilera San Miguel,

en nombre del "Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima", interpuso

recurso gubernativo contra la anterior calificación y alegó: Que teniendo

en cuenta lo que establecen los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100

del Reglamento Hipotecario, la calificación del Registrador contradice lo

establecido en el último artículo citado, pues los asientos posteriores a

que hace referencia son consecuencia del ejercicio de una acción pauliana

contra la misma escritura pública, cuya nulidad se ha obtenido en el

procedimiento penal número 487/95, cuya querella iniciadora del

procedimiento tiene fecha de presentación de 12 de noviembre de 1992, muy

anterior al inicio de la mentada acción pauliana que lleva el número 40/94

del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, y que respecto

a la anotación de embargo en favor de la Tesorería General de la Seguridad

Social afectara a los compradores en la escritura pública de 27 de febrero

de 1992, es decir, a los condenados por alzamiento de bienes en las

sentencias que se acompañaron con el mandamiento en el Registro de la

Propiedad. Que en este sentido hay que citar las Resoluciones de 27 de

noviembre de 1961 y 31 de diciembre de 1981.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informó:

1. Que contra los esposos e hijos vendedores y compradores de la

escritura de 27 de febrero de 1992, "Banco Pastor, Sociedad Anónima",

ejercita acción pauliana, número 40/94 en el Juzgado de Primera Instancia

número 2 de Santander, y a favor de dicha entidad se practica anotación

de demanda el 2 de mayo de 1994, que continúa subsistente y sin cancelar.

El 2 de marzo de 1995 se practica anotación de embargo a favor del "Banco

Español de Crédito, Sociedad Anónima", en pieza de responsabilidad civil

del procedimiento 93/93 del Juzgado de Instrucción número 3 de

Santander. Que, por último, el 17 de abril de 1996 se practica anotación de

embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, en

expediente de apremio 92/273, sobre una participación indivisa de las fincas.

Que hay que añadir que tanto el "Banco Pastor, Sociedad Anónima", como

la Tesorería General de la Seguridad Social han sido ajenas al

procedimiento penal objeto de este recurso.

2. Que contra los esposos B. S. D. M. y M. C. G. Q., el "Banco Español

de Crédito, Sociedad Anónima", interpuso acción penal y las civiles que

de ella puedan derivarse por un presunto delito de alzamiento de bienes.

El Juzgado dictó sentencia el 9 de noviembre de 1995, confirmada por

otra de la Audiencia de 13 de febrero de 1996, en las que se declaró

la nulidad de la escritura de compraventa, de fecha 27 de febrero de 1992,

librándose mandamiento el 12 de abril de 1996, ordenando la cancelación

de las inscripciones practicadas en base a dicha escritura. El mismo

Juzgado dictó auto el 15 de julio siguiente, en el que "se aclara error material

padecido en el fallo de la sentencia..., en el sentido de añadir a los

pronunciamientos dictados, la declaración de proceder a la cancelación de

la inscripción registral...". Que como fundamentos de derecho se alega:

1.o Que la cuestión planteada ha de debatirse en sus estrictos términos

hipotecarios, o sea, si puede cumplimentarse un mandamiento y auto

aclaratorio que ordenan la cancelación de asientos cuya nulidad no fue

ordenada, ni específica ni genéricamente en las sentencias citadas.

Consecuencia de no haber sido solicitado por la parte querellante. Que, asimismo,

la parte recurrente no cumplió la inexcusable medida cautelar de solicitar

del Registro la anotación preventiva de la demanda y, como posteriormente

se practicaron otros asientos sobre las mismas fincas, se hace necesario

tener en cuenta los artículos 1.3, 34 y 38.2 de la Ley Hipotecaria.

2.o Que el contenido del Registro de la Propiedad corresponde "iuris

tantum" a la realidad jurídica, por lo que para contradecir judicialmente

lo inscrito deben contradecirse en forma directa los asientos y entablar,

previamente o a la vez, demanda de nulidad o cancelación de aquéllos

(artículo 38.2 de la Ley Hipotecaria). Que se señala lo que dicen las

Resoluciones de 18 de junio de 1926 y 15 de marzo de 1994.

3.o Que el artículo 100 del Reglamento Hipotecario y una copiosa

jurisprudencia que resulta ocioso citar, permite al Registrador examinar

la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere

dictado (sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1996 y sentencia

del Tribunal Constitucional de 5 de junio de 1995).

4.o Que cuando existen asientos posteriores a las inscripciones de

dominio cuya cancelación se pretende, la demanda de nulidad, si se hubiere

producido, habría de fundarse en las causas que taxativamente expresa

la Ley Hipotecaria cuando hayan de perjudicar a tercero (artículo 38.2

de la Ley Hipotecaria, sentencias del Tribunal Supremo de 7 de abril de

1981, 7 de diciembre de 1982 y 22 de abril de 1983, entre otras). Que

al no haberse solicitado la anotación de la demanda por la parte querellante,

para que hubiere afectado a los titulares registrales posteriores, no cabe

desconocer los derechos de las entidades "Banco Pastor, Sociedad

Anónima", y Tesorería General de la Seguridad Social, que no fueron parte

en el proceso (Resoluciones de 15 de marzo de 1994 y 11 de enero de

1993). Que para resumir, el artículo 38 de la Ley Hipotecaria no puede

entenderse desligado del artículo 34 de la misma Ley, por lo que contra

un tercer adquirente protegido por la fe pública registral no puede producir

efecto la demanda contradictoria de dominio y de cancelación de

inscripción.

V

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal

número 1 de Santander informó sobre los distintos trámites del juicio oral 315/94

del citado Juzgado.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirmó

la nota del Registrador, fundándose en que la cancelación de la inscripción

era perfectamente posible si no concurriera la existencia de terceros

titulares de derechos "secundum tabulas" y en la Resolución de 15 de marzo

de 1994.

VII

El Procurador recurrente apeló el auto presidencial, manteniéndose

en sus alegaciones, y añadió: Que la Resolución de 15 de marzo de 1994

se refiere a un caso parecido, pero no idéntico. Que han sido infringidos

los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 del Reglamento Hipotecario,

conforme a lo establecido en las Resoluciones de 27 de noviembre de

1961 y 31 de diciembre de 1981. Que mantener la resolución del Registrador

y del auto que resuelve el recurso sería mantener una situación contraria

a la realidad física y jurídica que distanciaría aún más la institución

registral de la realidad física.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 24 de la Constitución Española, 1.252 del Código

Civil, 1 y 40, párrafo 2.o, de la Ley Hipotecaria y Resolución de 24 de

febrero de 1998.

1. Dados los términos del escrito de interposición del recurso de

apelación, la única cuestión que ahora ha de debatirse es la de si procede

cancelar la inscripción de dominio practicada en virtud de título declarado

nulo en proceso penal, seguido contra todos los otorgantes, cuando dicha

inscripción es el soporte jurídico de asientos posteriores (una anotación

de demanda en que se ejercita una acción pauliana contra ese mismo

título registral y una anotación de embargo a favor de la Seguridad Social

por deudas de uno de los compradores, actual titular registral de una

cuota indivisa del bien), cuyos titulares no han tenido ninguna intervención

en el procedimiento seguido.

2. Es evidente, en el caso debatido, que esos asientos posteriores

que traen causa de una inscripción cuyo título determinante ha sido

declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de un

procedimiento en el que no han intervenido los titulares respectivos y cuya

existencia no fue reflejada en el Registro por medio de la oportuna

anotación de demanda. Así se infiere claramente: Del principio constitucional

de tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución Española) ; de

la eficacia "inter partes" de la sentencia (1.252 del Código Civil) ; del

principio registral de salvaguardia judicial de los asientos del Registro (cfr.

artículo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificación el

consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial

en juicio declarativo contra ellos entablado (cfr. artículo, 40 párrafo 2.o,

de la Ley Hipotecaria), y así lo confirma también el propio párrafo final

de este artículo últimamente citado, cuando señala que la rectificación

de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que durante su vigencia

adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe.

Ahora bien, lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de esos asientos

posteriores, pueda reflejarse registralmente la nulidad del título que motiva

esa última inscripción de dominio, a fin de evitar que el Registro siga

abierto a nuevos actos dispositivos que fraudulentamente y amparados

en su apariencia tabular pudieran celebrar posteriormente esos titulares

registrales actuales (Resolución de 24 de febrero de 1998).

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso en los términos

de los anteriores considerandos, revocando en esa misma medida el auto

apelado.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.-El Director general, Luis María

Cabello de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid