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Documento BOE-A-2000-2259

Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Xavier Colomer Marcet, en nombre de "Grupo Manipulador de Bolsas y Envases, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador mercantil central don José Luis Benavides del Rey a expedir certificación de que no figura registrada la denominación solicitada.

Publicado en:
«BOE» núm. 29, de 3 de febrero de 2000, páginas 5080 a 5081 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2000-2259

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Xavier Colomer Marcet,

en nombre de "Grupo Manipulador de Bolsas y Envases, Sociedad

Anónima", contra la negativa del Registrador mercantil central don José Luis

Benavides del Rey a expedir certificación de que no figura registrada la

denominación solicitada.

Hechos

I

El 16 de julio de 1997, el "Grupo Manipulador de Bolsas y Envases,

Sociedad Anónima", solicitó del Registro Mercantil Central certificación

de que no figura registrada la denominación "Grumbe, Sociedad Anónima".

El 17 de julio de 1997 fue expedida certificación número 97135334,

indicando que la denominación solicitada figura registrada.

II

Don Xavier Colomer Marcet, en nombre del "Grupo Manipulador de

Bolsas y Envases, Sociedad Anónima", interpuso recurso de reforma contra

la anterior calificación y alegó:

1.o Que la compañía mercantil "Grupo Manipulador de Bolsas y

Envases, Sociedad Anónima", fue constituida el 12 de diciembre de 1963, ante

el Notario de Barcelona don Jorge Roura Rosich, siendo inscrita en el

Registro Mercantil de dicha ciudad, y adaptados sus Estatutos en escritura

de fecha 18 de mayo de 1992.

2.o Que desde la fecha de su constitución, la citada compañía ha venido

realizando su actividad y giro comercial bajo la denominación "Grumbe,

Sociedad Anónima", cuyas siglas corresponden a su denominación social,

siendo también titular de la marca "Grumbe" durante muchos años.

3.o Que con fecha 14 de abril de 1986 se constituyó la sociedad

"Grumbe, Sociedad Anónima", mediante escritura otorgada en Marbella ante la

Notaria doña Amelia Bergillos Moretón, al haberse expedido certificación

positiva en el Registrador mercantil central al no obviar ninguna

denominación social igual.

4.o Que la sociedad "Grumbe, Sociedad Anónima", en la actualidad

se encuentra disuelta de pleno derecho y cancelados sus asientos registrales

desde el 15 de julio de 1996, de conformidad y con los efectos de la

disposición transitoria sexta, apartado 2, del Real Decreto Legislativo

1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Sociedades Anónimas.

5.o Que la compañía "Grupo Manipulador de Bolsas y Envases,

Sociedad Anónima", ha decidido proceder al cambio de la actual denominación

social, por el de "Grumbe, Sociedad Anónima".

6.o Que, sin embargo, con fecha 17 de julio de 1997, fue expedida

por el Registro Mercantil Central certificación, indicando que la

denominación "Grumbe, Sociedad Anónima", figura registrada.

7.o Que el artículo 384 del Reglamento del Registro Mercantil establece

la caducidad de denominaciones de entidades canceladas. Que, por

consiguiente, con fecha 16 de julio de 1997, debería haberse cancelado dicha

denominación en la base de datos de la Sección de Denominaciones del

Registro Mercantil Central ; ello habría permitido la expedición de

certificación negativa de la denominación "Grumbe, Sociedad Anónima", al

no figurar ya registrada dicha denominación.

8.o Que la sociedad "Grumbe, Sociedad Anónima", es una sociedad

irregular sobrevenida, disuelta de pleno derecho, cancelada en el Registro

Mercantil, pero no extinguida, y por ello se considera que dicha sociedad

no puede mantener la citada denominación social.

9.o Que no se entiende porqué la denominación social tiene que

convertirse en un derecho vitalicio y menos aún, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 384 del Reglamento del Registro Mercantil. Que a "sensu

contrario" se considera que la posibilidad que otorga la legislación

mercantil de "reactivar" aquellas sociedades que se encuentran en los supuestos

señalados por la disposición transitoria sexta, apartado 2.o, del Real

Decreto 1564/1989, no debe ser tomado como un criterio para que dichas

sociedades, en el supuesto de que sean reactivadas, mantengan su

denominación.

III

El Registrador, en defensa de su calificación , informó:

1.o Que en aplicación a la disposición transitoria sexta de la vigente

Ley de Sociedades Anónimas, párrafo segundo, los Registros Mercantiles

Provinciales vienen haciendo constar en los libros de las respectivas

sociedades las disoluciones de pleno derecho y declarando cancelados los

asientos de aquellas sociedades que no se hayan adaptado a la legislación vigente

a la que se refiere la citada disposición. Que en las Resoluciones de 29

y 31 de mayo de 1996 se desprende el alcance de la referida disposición

transitoria, entendiendo que "tal situación registral no puede ser

considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores

que la subsistencia de la personalidad jurídica implique y que sean

compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia,

y todo ello sin prejuzgar ahora si es o no posible acordar la reactivación

de la sociedad".

2.o Que, por consiguiente, los Registros Mercantiles están aplicando

la disposición transitoria sexta de la Ley de Sociedades Anónimas en

concordancia con las resoluciones antes mencionadas, no pudiéndose

entender, por tanto, que la sociedad "Grumbe, Sociedad Anónima", se ha

extinguido por el hecho de haber sido disuelta de pleno derecho.

3.o Que es la extinción y no su mera disolución la que determina

la posibilidad de una futura cancelación de la denominación de dicha

sociedad por parte del Registro Mercantil Central, transcurrido un año

del correspondiente asiento cancelatorio de la inscripción de la sociedad,

según lo dispuesto en el artículo 419 del Reglamento Mercantil.

IV

El recurrente se alzó contra la anterior resolución, manteniéndose en

sus alegaciones y añadió: Que el alcance interpretativo de la Resoluciones

citadas por el Registrador, no contradice los argumentos que constan en

el recurso de reforma, pues si lo que se pretende es la posibilidad de

que se practiquen eventuales asientos posteriores en orden a su liquidación,

la cancelación de la denominación social operada en estricta aplicación

del artículo 419 del Reglamento del Registro Mercantil, no ha de suponer

ningún obstáculo, y si lo que se pretende proteger es una posible

reactivación de la sociedad, se considera que debería incluirse la previa

solicitud al Registro Mercantil Central (Sección de Denominaciones) de un

certificado en virtud del cual se manifieste que tras su cancelación, la

denominación no ha sido solicitada por un tercero, o, en su caso, solicitar

una nueva denominación social para reactivarse o liquidarse, con la debida

publicidad a efectos de salvaguardar derechos de terceras personas. Que

el criterio que establece el artículo 419 del Reglamento del Registro

Mercantil es estrictamente el de la cancelación registral y, en virtud de ello,

se reitera la consideración que la denominación social "Grumbe, Sociedad

Anónima", ha caducado transcurrido un año desde su cancelación registral.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 4 del Código Civil ; 20.1 y 228 del Código de Comercio;

251, 261, 267, 272, 274, 277, 278, 280.a) y disposición transitoria sexta,

apartado 2, de la Ley de Sociedades Anónimas ; los artículos 407, 411

y 419 y la disposición transitoria octava del Reglamento del Registro

Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio ; y las

Resoluciones de 5 de marzo y 29 y 31 de mayo, 5, 10 y 18 de junio, 16, 17,

18, 21, 28, 30 y 31 de octubre, 4, 5, 12, 13 y 25 de noviembre y 4 de

diciembre de 1996 ; 8, 10 y 28 de enero, 5, 25 y 26 de febrero, 3 y 12

de marzo y 16, 17 y 23 de septiembre de 1997, y 15 de febrero, 14 y

24 de abril de 1999, entre otras.

1. Se cuestiona en este expediente si caduca o no la denominación

de determinada sociedad anónima -con su consiguiente cancelación de

oficio en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central

y la posibilidad de que sea adoptada por otra sociedad- por el hecho

de haber transcurrido más de un año desde la nota practicada por el

Registrador mercantil de la provincia por la que, conforme al mandato

contenido en la disposición transitoria sexta, párrafo segundo, de la Ley

de Sociedades Anónimas, se expresa que dicha entidad ha quedado disuelta

de pleno derecho y se cancelan sus asientos registrales.

2. Según la doctrina de esta Dirección General (cfr. las Resoluciones

citadas en los vistos), la finalidad de la norma contenida en la referida

disposición transitoria es clara: La desaparición de la sociedad anónima

preexistente a la nueva Ley de Sociedades Anónimas que, a partir del

31 de diciembre de 1995, no hubiere ampliado su capital por encima del

mínimo legal ; ahora bien, es obvio que esta desaparición no puede

imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento

de las múltiples relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar

interesada. Por eso, la norma cuestionada no declara la extinción inmediata

de la personalidad de las sociedades anónimas afectadas a partir de la

fecha señalada, sino, exclusivamente, su "disolución de pleno derecho",

expresión ya acuñada por el legislador (vid. artículo 261 de la Ley de

Sociedades Anónimas), que respeta la persistencia de esa personalidad

jurídica, pero de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de

contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr. artículos 267 y

272 de la Ley de Sociedades Anónimas y 228 del Código de Comercio),

e impone la apertura del proceso liquidatorio encaminado a la conclusión

ordenada de las relaciones jurídicas pendientes.

Lo anterior en modo alguno se contradice con la previsión adicional

contenida en dicha norma que impone al Registrador la cancelación

inmediata y de oficio de los asientos registrales relativos a la sociedad ; es

cierto que en los supuestos normales se prevé que dicha cancelación seguirá

a la conclusión del proceso liquidatorio y aprobación del balance final

de la sociedad (cfr. artículos 274 y 278 de la Ley de Sociedades Anónimas),

pero ni hay base legal para inferir de tal previsión que la cancelación

de asientos implica la extinción de la personalidad jurídica, ni tal extinción

puede anticiparse al agotamiento de todas las relaciones jurídicas

pendientes de la sociedad [cfr. artículos 274.1, 277.2.1.a, 280.a), de la Ley

de Sociedades Anónimas ; 121.b) y 123 de la Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, y 228 del Código de Comercio, y la propia

disposición transitoria sexta, apartado segundo, de la Ley de Sociedades

Anónimas]. La cancelación de los asientos registrales de una sociedad (que

no es sino una fórmula de mecánica registral para consignar una vicisitud

de la sociedad, bien que se considere terminada la liquidación, bien la

que ahora es impuesta legalmente de la disolución de pleno derecho) puede

preceder a la definitiva extinción de la personalidad de la sociedad (tanto

en los supuestos normales de disolución si al formalizarse la solicitud

del artículo 278 de la Ley de Sociedades Anónimas no hubieran sido tenidas

en cuenta determinadas relaciones jurídicas pendientes de la sociedad,

como en el caso de la disposición transitoria referida), y en consecuencia,

tal situación registral no puede ser considerada como obstáculo a la

práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de esa

personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad

y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y, entre ellos, los relativos

a la inscripción de la reactivación de la sociedad anónima disuelta por

falta de adecuación de su capital social junto con el previo, no inscrito,

de aumento del mismo (como admitió ya la Resolución de 11 de diciembre

de 1996). Así lo confirma la disposición transitoria octava del vigente

Reglamento del Registro Mercantil, al establecer que la cancelación de

los asientos correspondientes a la sociedad disuelta por esa falta de

adecuación tendrá lugar "sin perjuicio de la práctica de los asientos a que

dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada".

Por cuanto antecede, debe concluirse que la caducidad y cancelación

de denominaciones prevenidas en el artículo 419 del Reglamento del

Registro Mercantil sólo procederá cuando la cancelación de los asientos

registrales de la sociedad sea la que en los supuestos normales sigue después

de la finalización del proceso liquidatorio de la misma en los términos

que para el cierre de la hoja registral establecen los artículos 278 de la

Ley de Sociedades Anónimas y 247 del Reglamento del Registro Mercantil

-que implican el depósito en dicho Registro de los libros de comercio

y documento relativos a su tráfico, o el compromiso por parte de los

liquidadores de conservarlos durante seis años-, y no la que se impone

legalmente por disolución de pleno derecho en caso de falta de adecuación

del capital social, ya que, de otro modo, se restringiría indebidamente

en este último supuesto la posibilidad de la práctica de los asientos a

que se refiere la mencionada disposición transitoria octava de dicho

Reglamento.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar

la decisión del Registrador.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.- El Director general, Luis María

Cabello de los Cobos y Mancha.

Sr. Registrador mercantil central.

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