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Documento BOE-A-2000-2257

Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Carlota Margarita Ortega Ortega, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad número 2 de Illescas, don Carlos Medina Font, a inscribir el auto por el que se aprueba un expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo respecto de dos fincas, en virtud de apelación de la recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 29, de 3 de febrero de 2000, páginas 5075 a 5076 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2000-2257

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Trinidad Cantos

Galdámez, Procurador de los Tribunales, en representación de doña Carlota

Margarita Ortega Ortega, frente a la negativa del Registrador de la

Propiedad número 2 de Illescas, don Carlos Medina Font, a inscribir el auto

por el que se aprueba un expediente de dominio para la reanudación

del tracto sucesivo respecto de dos fincas, en virtud de apelación de la

recurrente.

Hechos

I

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Illescas

se tramitó expediente de dominio número 24/94 promovido por doña

Carlota Margarita Ortega Ortega para que se acreditase la adquisición por

su parte del dominio de las fincas registrales 3.143 y 3.244, en Añover

de Tajo, inscritas en el Registro de la Propiedad número 2 de la misma

localidad a nombre de los cónyuges don Manuel Ortega Ramírez y doña

Valentina Mena Cordero, reanudando así el tracto registral interrumpido

en cuanto a dichas fincas. El expediente finalizó con auto dictado el 13

de marzo de 1996 declarando justificada la adquisición de tales fincas

por la promovente y ordenando la cancelación de las inscripciones

contradictorias a favor de los titulares registrales. Consta en el primero de

los fundamentos jurídicos de tal resolución que la titularidad registral

a nombre de don Manuel Ortega Ramírez "no se presenta la correcta, pues

se enajenaron las fincas por error, que se expresa en la escritura de venta

de las mismas, a favor del referido, al no hacerse constar que el adquirente

actuaba como representante legal de la promovente, nieta de aquél".

II

Presentado testimonio de aquella resolución en el Registro de la

Propiedad número 2 de Illescas, fue calificado con la siguiente nota:

"Acompañada de instancia suscrita el 15 de mayo de 1996 por doña Lorena

de Santos Richart, se deniega la inscripción del precedente documento

por no implicar un supuesto de reanudación de tracto, sino de rectificación

de la escritura pública autorizada el 17 de septiembre de 1958, ante don

Pedro Morgado Rosado, que causó las inscripciones 1.a de las fincas

registrales 3.143 y 3.144, en Añover de Tajo y con ello una inexactitud registral

con arreglo al artículo 40.d), de la Ley Hipotecaria, que sólo podrá

subsanarse con arreglo al artículo 82 del mismo cuerpo legal. No procede

anotación preventiva: Illescas, 8 de julio de 1996. El Registrador". Sigue

la firma.

III

Don Trinidad Cantos Galdames, Procurador de los Tribunales, en

representación de doña Carlota Margarita Ortega Ortega, interpuso recurso

gubernativo frente a la anterior calificación fundándose en lo siguiente:

Que el artículo 100 del Reglamento Hipotecario limita la calificación

registral de los documentos judiciales a los extremos que en el mismo se indican

y en este caso no se cuestiona la competencia del Juzgado ni se niega

la congruencia del mandato con el procedimiento, sino que por el contrario,

y excediéndose en sus facultades calificadoras, el Registrador considera

inadecuado el procedimiento seguido a los fines de inscribir las fincas

en favor de la promovente ; que invoca la nota el artículo 40.d) de la Ley

Hipotecaria y en tal calificación existe infracción de Ley pues el apartado

a) del mismo artículo dispone que si la inexactitud registral proviniera

de no haber tenido acceso al Registro alguna relación jurídica inmobiliaria,

la rectificación tendrá lugar ... "Por la reanudación del tracto sucesivo

con arreglo a lo dispuesto en el título VI de esta Ley ; que el expediente

de dominio es un procedimiento judicial cuyo objeto es la cancelación

de los asientos registrales contradictorios y la inscripción de los correctos ;

que en este caso la inexactitud deriva de no haber tenido acceso al Registro

la venta que en su día hiciera la entonces titular registral a los padres

de la promovente, por lo que al formalizar la misma los hijos de aquélla

y posteriores titulares registrales a dicha promovente como heredera de

los compradores y ser la misma menor de edad, intervino en su nombre

su tío don Manuel Ortega Ramírez, si bien al no alegar la representación

en que lo hacía las fincas se inscribieron a su nombre ; que esos asientos

que no reflejan la realidad de las transmisiones habidas han de ser

cancelados y sustituidos por otro en favor de la recurrente para lo que es

hábil el expediente de dominio conforme al artículo 40 apartado a) de

la Ley Hipotecaria y desproporcionado el tener que acudir al juicio

declarativo contra los herederos de los actuales titulares registrales, que citados

en aquel expediente no han formulado oposición ; que se ha infringido

el artículo 112.2 del Reglamento Hipotecario pues la legitimación para

recurrir por parte del Fiscal en los asuntos en que deba ser parte, como

lo es en el expediente de dominio, exige que las calificaciones de

denegatorias se deban notificar en tal caso a la autoridad judicial, lo que no

se ha hecho ; y, por último, que la nota no pone ningún defecto a las

formalidades del documento y alega la existencia de obstáculos registrales.

IV

El Registrador en su informe justificó la nota de calificación en base

a los siguientes fundamentos: Que el recurrente al incidir en la

extralimitación de la calificación no aborda la cuestión de fondo planteada,

que ciertamente viene a plantear una incongruencia del mandato con el

procedimiento seguido ; que la utilización del expediente de dominio como

medio para reanudar el tracto sucesivo interrumpido exige ciertos

requisitos, en especial que exista interrupción de aquel tracto como señalaron

las Resoluciones de 30 de mayo de 1998, 15 de noviembre de 1990 y

5 de julio de 1991 ; que el artículo 274.2 del Reglamento Hipotecario exige

que en el escrito inicial se exprese la fecha y título de adquisición de

los bienes y en este caso, cuando se alega haberlos adquirido en virtud

del mismo título inscrito, aunque a nombre de otra persona por error

en la omisión de la representación con que se actuaba no existe una propia

interrupción del tracto, sino tan solo un defecto en tal título ; que por

ello en este caso se usa tal expediente para subsanar un error del título

inscrito que ha provocado una inexactitud registral y cuya rectificación

ha de discurrir por los cauces del artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria ;

que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los Tribunales

y amparados en la presunción de exactitud (artículos 1 y 38 de la Ley

Hipotecaria) y su rectificación no caben por un expediente de dominio,

lo que supone un obstáculo registral ; y que la legitimación para recurrir

que el artículo 112 del Reglamento Hipotecario concede al Fiscal no altera

el régimen general de comunicación de las calificaciones establecido en

los artículos 133, 134 y 135 del mismo Reglamento.

V

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2

de Illescas, tras señalar que no había intervenido en la tramitación ni

resolución del expediente, informó que a su juicio no se estaba en presencia

de un supuesto de reanudación del tracto sucesivo interrumpido sino de

un error en el título inscrito al figurar en el mismo como adquirente una

persona distinta de la que en realidad adquiría y cuya rectificación ha

de atenerse a lo dispuesto en el artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria, no

siendo viable a tal fin el expediente de dominio.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

dictó Auto desestimando el recurso en base a que el procedimiento no

es el adecuado para el objetivo perseguido al no darse el presupuesto

de la interrupción del tracto registral, sino el de un error en el título

de adquisición por el actual titular y ser éste un defecto sujeto a calificación

conforme a los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento

entendiendo que se da incongruencia entre el mandato y el procedimiento

cuando no es idóneo o hábil el procedimiento para obtener el tipo de

resolución cuya inscripción se pretende.

VII

La recurrente se alzó frente a la anterior resolución reiterando sus

argumentos.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 40.a) y d), 198 y 200 de la Ley Hipotecaria, 100

de su Reglamento y las Resoluciones de 29 de agosto de 1983, 30 de mayo

de 1988 y 5 de julio de 1991.

1. Es objeto de recurso la negativa del Registrador a inscribir el auto

aprobatorio de un expediente de dominio tramitado para la reanudación

del tracto sucesivo registral de unas fincas que se considera interrumpido

por el hecho de que el adquirente, actual titular registral, omitió hacer

constar en el título de adquisición que actuaba en nombre de la promovente

del expediente a cuyo favor adquiría en realidad.

2. El expediente de dominio como medio para lograr la concordancia

entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral cuando, entre otros

casos, la discordancia se debe a la interrupción del tracto sucesivo (cfr.

artículos 198 y 200 de la Ley Hipotecaria), ha de partir del hecho de

que ese tracto se encuentre efectivamente interrumpido, o lo que es lo

mismo, que no haya tenido acceso al Registro alguna relación jurídica

inmobiliaria [artículo 40.a) de dicha Ley] de suerte que impida conectar

la titularidad cuya adquisición se pretende justificar con la registral por

no derivar aquélla de ésta y carecer el interesado de los títulos que a

través de su inscripción permitirían lograrlo (Resoluciones de 29 de agosto

de 1983, 30 de mayo de 1988 ó 5 de julio de 1991).

Por ello, cuando la inexactitud entre el pronunciamiento registral y

la realidad extrarregistral deriva no de la interrupción en el Registro de

esa cadena de titularidades sucesivas, sino de un error u omisión padecido

en el título inscrito sobre quien era el verdadero adquirente, se producirá,

en efecto, una inexactitud registral, en cuanto divorcio entre aquel

pronunciamiento y la realidad, pero no por la interrupción del tracto, sino

como consecuencia de aquel error, supuesto que tiene como cauce de

rectificación el previsto en el apartado d) del artículo 40 de la Ley

Hipotecaria y no en el apartado b) de la misma norma.

Ha de confirmase, por tanto, el auto apelado en cuanto consideró dicho

expediente como no apto para lograr la rectificación registral pretendida,

al igual que su apreciación sobre la posibilidad de hacer extensiva a dicho

obstáculo la facultad calificadora del Registrador al amparo de lo dispuesto

en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, en cuanto en ella no se

entra en el fondo de los razonamientos jurídicos que han conducido a

dictar tal resolución, sino que tan sólo plantea la inadecuación del mandato,

por razón del procedimiento de que deriva, con el fin pretendido.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso confirmando

el auto apelado y la nota de calificación.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.-El Director general, Luis María

Cabello de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de

Castilla-La Mancha.

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