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Documento BOE-A-1999-9471

Resolución de 27 de marzo de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Jordi Fontquerni Bas, en representación del Instituto Catalán de Finanzas contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Vic, número 2, don José Antonio Garvía Pastor, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del Registrador.

Publicado en:
«BOE» núm. 101, de 28 de abril de 1999, páginas 15640 a 15643 (4 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-9471

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales don Jordi Fontquerni Bas, en representación del Instituto Catalán

de Finanzas, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Vic,

número 2, don José Antonio Garvía Pastor, a inscribir una escritura de

préstamo hipotecario, en virtud de apelación del Registrador.

Hechos

I

Por escritura otorgada el 6 de marzo de 1992 ante el Notario de

Barcelona don Antonio Ventura-Traveset Hernández, el Instituto Catalán de

Finanzas-"ICF" concedió al Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló un

préstamo de 69.000.000 de pesetas, que se dice destinado a la adquisición

de terrenos, en garantía de parte del cual se constituyó hipoteca sobre

una heredad, llamada La Riera, sita en término de Masies de Sant Pere

de Torelló. A dicha escritura se acompañaron al tiempo de la calificación

los siguientes documentos: 1. o Acta autorizada el 11 de noviembre de 1994

por el mismo Notario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 153 del

Reglamento Notarial, rectificando errores materiales contenidos en la

escritura; 2. o Certificación expedida por la Secretaria del Ayuntamiento de

Sant Pere de Torelló, con el visto bueno del Alcalde, de determinados

acuerdos tomados por el Pleno Municipal celebrado el 7 de febrero de 1992,

por unanimidad de los miembros asistentes, cuyo número no consta;

3. o Otra certificación de la sesión constitutiva del Ayuntamiento en la

que resultó elegido el Alcalde; 4. o Una comunicación del 26 de febrero

de 1992 dirigida por el Director general de Política Financiera de la

Generalidad de Cataluña al Director general del Instituto Catalán de Finanzas,

en contestación a una consulta de dicho Instituto, haciendo constar que

las operaciones de tesorería a formalizar por parte de los entes locales

no requieren autorización del Departamento de Economía y Finanzas de

acuerdo con lo que dispone la normativa vigente en materia de haciendas

locales; 5. o Y un informe, emitido el 6 de febrero de 1992 por el Director

general de Administración Local de la Generalidad de Cataluña, en

respuesta a la Secretaria general del Departamento de Gobernación, en

relación con la solicitud de préstamo del Ayuntamiento al Instituto en el que

señala que en dicha Dirección General no ha tenido entrada ninguna

documentación o antecedente relativo al mismo y que en relación con la

autorización o informe que el Ayuntamiento ha de solicitar para llevar a cabo

la operación de crédito, corresponde al Departamento de Economía y

Finanzas -Dirección General de PolíticaFinanciera de acuerdo con lo previsto

en el artículo 4 del Decreto 369/1986, de 18 de diciembre, y Orden de

14 de abril de 1987.

II

Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Vic,

número 2, fue calificada con la siguiente nota: "Presentado el precedente

documento -escritura autorizada el 6 de marzo de 1992, por el Notario de

Barcelona, don Antonio Ventura-Traveset Hernández, con número 616 de

su protocolo-, junto con los siguientes documentos complementarios:

1. Copia del acta subsanatoria autorizada por el mismo notario el 11

de noviembre de 1994, con el número 3.597 de protocolo; 2. Testimonio

expedido por el propio Notario el mismo día 11 de noviembre en cuatro

hojas, números 1H6507142 a 1H6507145, y 3. Copia del informe emitido

el 6 de febrero de 1992, por Don Joan Sala Morell, Director general de

Administración Local de la Generalidad de Cataluña; previa calificación

de los mismos, suspendo la inscripción solicitada por observarse los

siguientes defectos: Primero: No se acredita la necesaria autorización

concedida al Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló, por el Departamento

de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, para la obtención

del préstamo garantizado (artículo 54.2 de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales). El Informe de la Dirección

General de Política Financiera, de 26 de febrero de 1992, testimoniado no implica

dicha autorización, y además, dicho informe: a) Hace referencias a

"operaciones de tesorería", no resultando de la escritura de la hipoteca que

se trate de una operación de tal naturaleza, -siendo la finalidad declarada

la de adquisición de un inmueble-; b) En todo caso, no consta claramente

la operación concreta a que el informe se contrae, por cuanto en el mismo

no se hace referencia alguna, ni al ente local a que se refiere, ni al importe

de la operación, ni, en general, contiene dato alguno que pueda hacer

relacionar el mismo con la operación objeto de la escritura calificada.

Segundo: No se acredita el informe previo del Departamento de

Gobernación de la Generalidad de Cataluña, necesario para que el Ayuntamiento

de Sant Pere de Torelló pueda hipotecar la finca de su propiedad, conforme

a lo dispuesto en los artículos 193 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal

y de Régimen Local de Cataluña, y 40 del Decreto 336/1988, de 17 de

octubre, del Reglamento de Patrimonio de los Entes Locales. Del

relacionado informe complementario de la Dirección General de

Administración Local, de 6 de febrero de 1992, que se acompaña, no resulta tal

autorización. Tercero: No consta, ni el consentimiento del Ayuntamiento de

Sant Pere de Torelló, ni el del Instituto Catalán de Finanzas a las

subsanaciones contenidas en el acta complementaria relacionada, que se

estima de tal naturaleza que implican un nuevo otorgamiento con la

intervención de aquéllos (artículo 153 del Reglamento Notarial). Teniendo esto

en cuenta, se reiteran los siguientes defectos ya notificados en la anterior

calificación del documento: a) Contradicción entre el contenido de la

cláusula tercera, que parece establecer un tipo de interés remuneratorio

fijo del 13,18 por 100, y el de la cláusula decimoséptima, que presupone

un interés variable hasta el máximo del 16 por 100. b) Igual contradicción

entre el contenido de la cláusula séptima, de la que resulta un interés

de demora del 19,18 por 100 y el de la cláusula decimoséptima, en la

que se garantizan estos intereses hasta el 22 por 100. c) Indeterminación

en cuanto a la designación del domicilio para notificaciones a que se refiere

la cláusula vigésima primera, ya que en la comparecencia de la escritura

constan dos domicilios y además ambos son de los representantes de las

entidades otorgantes. Cuarto: Asimismo en el acta relacionada no consta

nota de pago, exención o no sujeción al Impuesto de Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (artículo 254 de la Ley

Hipotecaria). Quinto: En la certificación relativa al Pleno del Ayuntamiento

de Sant Pere de Torelló, de fecha 7 de febrero de 1992, contenida en

el testimonio relacionado, no consta claramente ni el acuerdo expreso

de hipoteca, ni la correcta identificación de la finca a que se refiere. Además

el testimonio acompañado es incompleto respecto al acuerdo "Cinque".

Igualmente se ha calificado como no inscribible el contenido de las

siguientes cláusulas: Párrafo 2. o de la I; la V; la VII; la IX; la X; la XI; la XII;

la XIII; la XIV; la XV y la XVI; la referencia al rango de la hipoteca, la

prohibición de arrendamiento y concreción de gastos garantizados de

la XVII; apartados b) y c) de la XVIII; la XX; la XXII; la XXIII; y la XXIV,

respecto de las cuales el presentante ha prestado su conformidad a la

no inscripción de las mismas, por lo que conforme a lo dispuesto en el

párrafo quinto del artículo 434 del Reglamento Hipotecario, no se expresan

los motivos de tal calificación. Los defectos indicados se califican de

subsanables. No se ha solicitado anotación preventiva de suspensión. Con

esta misma fecha extiendo nota de referencia a la presente en los

documentos complementarios relacionados. Contra la calificación contenida

en esta nota puede interponerse el recurso a que se refieren los

artículos 112 y siguientes del Reglamento Hipotecario, en el plazo de cuatro

meses desde esta fecha, ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia

de Cataluña. Vic, a 17 de marzo de 1995. El Registrador. Fdo.: José Antonio

Garvía Pastor".

III

Por el Procurador de los Tribunales don Jordi Fontquerni Bas, en

representación del Instituto Catalán de Finanzas, se interpuso recurso

gubernativo contra la anterior calificación, aportando a su escrito una serie

de documentos complementarios que habían sido objeto de calificación,

basado en los siguientes argumentos: Que el Registrador ha rebasado el

ámbito propio de la calificación registral que resulta de los artículos 18

de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento ya que no se ha limitado

a controlar la legalidad de las firmas extrínsecas de los documentos

administrativos y los trámites esenciales del procedimiento, sino que ha

procedido a fiscalizar todos los trámites e incidencias estrictamente

administrativos del procedimiento seguido y los requisitos intrínsecos de los

documentos que no forman parte de la escritura, es más, se ha de tener

en cuenta que el Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló ha observado

todos los requisitos para obtener autorización del préstamo y constitución

de la hipoteca, cuyas incidencias procedimentales quedan fuera del estricto

ámbito de la calificación; que no se han observado los artículos 153

y 146 del Reglamento Notarial que permiten al Notario autorizante

enmendar errores materiales y omisiones producidas a iniciativa propia y

mediante acta notarial en que se haga constar el error o defecto, su causa y

la declaración de que se repara tal como ha ocurrido en este caso, siendo

sorprendente el razonamiento de que la nota de calificación demanda una

corrección de la contradicción entre los tipos de interés tanto

remuneratorios como moratorios y cuando se hace tal corrección, que se trata

de un error material que resulta del texto de la escritura, equipara aquella

corrección al otorgamiento de una nueva escritura; que ha de refutarse

la alegación relativa a la inobservancia del artículo 254 de la Ley

Hipotecaria pues en una de las hojas de papel timbrado, que se libró como

copia del acta de subsanación, consta la mención de su no sujeción al

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados; y finalmente, que de los certificados expedidos por la Secretaria

del Ayuntamiento, incorporada a la escritura, consta palmaria la voluntad

del Ayuntamiento de adquirir la finca que se identifica claramente y la

de hipotecarla, pues no puede darse otro significado al punto octavo.

IV

El Registrador, en su informe en defensa de la nota, alegó lo siguiente:

Que la necesidad de autorización del Departamento de Economía y

Finanzas de la Generalidad de Cataluña como trámite previo para la obtención

de préstamos por los Ayuntamientos resulta de los artículos 49 y siguientes

de la Ley 39/1989, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,

y aunque existen supuestos de excepción, en el documento calificado no

se acredita y ni tan siquiera se alega, la concurrencia de las circunstancias

que harían innecesaria dicha autorización; en cuanto a la necesidad de

informe previo del Departamento de Gobernación de la Generalidad de

Cataluña para que el Ayuntamiento pueda hipotecar sus bienes

patrimoniales resulta tanto de la legislación estatal, el artículo 79 del Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen

Local, como del artículo 109.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales, y la misma línea sigue la legislación catalana, si bien sustituyendo

la "autorización" por el "Informe" previo según establece el artículo 193.1.a)

de la Ley del Parlamento 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen

Local de Cataluña, y el artículo 40.1.c) del Reglamento de Patrimonio de

los Entes Locales aprobado por Decreto de la Generalidad 336/1988,

de 17 de octubre, que si bien tiene excepciones no se justifica que concurran

en este supuesto, ni el carácter no vinculante de dicho informe implica

que pueda prescindirse de él, máxime cuando en tal caso se exigen unos

determinados "quorums" que en este caso no resulta que se hayan cumplido;

que el recurrente en realidad no cuestiona la necesidad de tales informes,

sino que se limita a cuestionar si el Registrador puede controlarlos y su

postura en tal punto es insostenible, pues: La publicidad registral descansa

sobre la base del principio de legalidad como control de la validez de

los actos, contratos y derechos que son objeto de aquélla; el documento

objeto de calificación es un documento notarial, una escritura pública,

a la que es aplicable el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, para la que

los requisitos antes vistos son presupuesto de su validez; en cualquier

caso, incluso en el supuesto de estimarse que el documento calificado

está sujeto al ámbito del artículo 99 del Reglamento Hipotecario, no puede

hablarse de infracción del mismo, que en él se faculta al Registrador para

controlar los trámites e incidencias esenciales del procedimiento

administrativo, siendo aplicable a este caso la doctrina de las Resoluciones

de 5 de marzo de 1953, 21 de marzo de 1958, 8 de febrero de 1963, 26

de abril de 1988 y 21 de diciembre de 1990; que aunque el régimen de

nulidad de los actos administrativos es distinto al establecido en el

artículo 6 del Código Civil, aun admitiendo que tales actos sean meramente

anulables, la posibilidad de su impugnación determina la improcedencia

de su inscripción en tanto no sean debidamente convalidados; aun más,

en este caso el acuerdo del Instituto Catalán de Finanzas aparece

condicionado a que el Ayuntamiento obtenga las autorizaciones legales

pertinentes, por lo que a falta de las mismas el representante de dicho acreedor

carece de facultades suficientes; que frente a lo alegado por el recurrente

sobre la suficiencia de los documentos complementarios aportados es de

señalar: A) La autorización del préstamo: Del documento aportado resulta

que va dirigido al Instituto Catalán de Finanzas, no al Ayuntamiento, lo

que indica que se trata más de la respuesta a la consulta de un organismo

de la Administración a otro, que de la contestación a una hipotética

solicitud de autorización por el Ayuntamiento, por lo que no es equiparable

a una resolución administrativa; del mismo no resulta dato alguno que

identifique la operación, ya que ni consta el ente local a que se refiere

ni el importe del préstamo y, finalmente, se refiere a operaciones de

tesorería, concepto no aplicable a un préstamo cuyo concreto destino consta

en la escritura de constitución de la hipoteca; B) La hipotética

autorización de la Dirección General de Administración Local de la Generalidad

para hipotecar es un documento interno de la Administración, dirigido

por aquella Dirección General a la Secretaría General del Departamento

de Gobernación y remitido por ésta al Instituto Catalán de Finanzas y

en ningún caso un informe efectuado en contestación a solicitud del

Ayuntamiento y, además, su contenido se refiere a la adquisición directa por

el Ayuntamiento de una finca, no a su hipoteca, con expresa referencia

en el mismo a que el Ayuntamiento aún no ha iniciado ni tramitado el

correspondiente expediente.

V

El Notario autorizante de la escritura, evacuando el informe que se

le solicitó, distinguió: A) En cuanto a la falta de requisitos administrativos

puesta de manifiesto por el Registrador implica entrar en los requisitos

intrínsecos y no sólo extrínsecos de los documentos administrativos que

son causa del contrato pero no forman parte del mismo; que en todo

caso el otorgamiento está amparado por el acuerdo del Gobierno de la

Generalidad de 24 de diciembre de 1991, existe el informe favorable de

la Dirección General de Administración Local de la Generalidad cuando

la operación requería tan solo informe no vinculante; que el Ayuntamiento

ha cumplido todos lo requisitos procedimentales para la obtención del

préstamo, con informe del Departamento de Economía y Finanzas de la

Generalidad y aunque el mismo hace referencia a una operación de

tesorería, de la documentación aportada y de la propia escritura resulta que

el préstamo tiene tal carácter; y que el acuerdo del Ayuntamiento de 7

de febrero de 1992 identifica la finca y faculta al Alcalde para aportarla

como garantía; B) En cuanto al segundo de los puntos, se señala lo

establecido en el artículo 153 del Reglamento Notarial. Que por un fallo humano

se ha deslizado un texto equivocado que no es el querido por los otorgantes

y, por tanto, debe ser subsanado. Que la voluntad de los otorgantes está

claramente definida en la certificación de la sesión ordinaria de 13 de

febrero de 1992, de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas,

y la certificación del pleno celebrado por el Ayuntamiento de Sant Pere

de Torelló, de 7 de febrero de 1992. Que hay un error en la cláusula

decimoséptima, que se deduce de la escritura y que precisa subsanación.

Que no hay nuevo otorgamiento, no hay nuevo contrato, y hay que añadir

que el acta de subsanación no devenga impuesto.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió

estimar el recurso y revocar la nota del Registrador por entender que,

en cuanto a los dos primeros defectos de la misma, había rebasado el

ámbito de sus facultades de calificación al efectuar una verdadera revisión

de los trámites administrativos sin limitarse a constatar su existencia,

que resulta acreditada.

VII

El Registrador apeló dicho Auto fundándose en el carácter preventivo

de la calificación registral; la falta de justificación suficiente del cambio

de doctrina sobre el alcance de la función calificadora; la limitación de

su calificación a la existencia y no al fondo de los trámites administrativos;

el antecedente que supone la comunicación dirigida a los Registradores

de Cataluña por el Director general de Administración Local del

Departamento de Gobernación de la Generalidad de 10 de mayo de 1991; que

para la inscripción de la previa adquisición de la finca que se hipoteca

por el Ayuntamiento se obtuvo, en su día, informe favorable de la

Generalidad; que el Auto se apoya en documentos aportados por el recurrente

en su escrito de interposición del recurso no tenidos a la vista a la hora

de calificar; que el interés a proteger por la calificación, que el mismo

Auto parece cuestionar, no es otro que la protección de terceros a cuyo

fin sirve el Registro; que la rectificación contenida en el acta

complementaria altera sustancialmente el contenido del título inscribible por lo que

es necesario para ello el consentimiento de los otorgantes; y que el Auto

no ha resuelto sobre los dos últimos defectos de la nota de calificación.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 5.3 y 9 de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas; 112 de la Ley de Régimen Local; 18 y 254 de la Ley

Hipotecaria; 99 de su Reglamento y 153 del Reglamento Notarial,

1. Dos son los fundamentos básicos del Auto que revocó la nota de

calificación y ha sido apelado por el Registrador: El primero, en cuanto

a los dos primeros defectos de la nota, haber rebasado en la calificación

el ámbito de competencias que la normativa actual le concede en relación

con los actos administrativos, aparte de haberse acreditado la concurrencia

de los requisitos exigidos; el segundo, en relación con el tercero de los

defectos, la suficiencia del acta prevista en el artículo 153 del Reglamento

Notarial a fin de subsanar errores materiales cometidos en la redacción

de una escritura pública; quedan sin resolver en el mismo Auto el cuarto

y quinto de los defectos de la misma nota pese a haber sido recurridos

la totalidad de ellos.

2. Con relación a la primera de dichas cuestiones, en la que se

engloban, como queda dicho, los defectos primero y segundo de la nota recurrida

relativos, respectivamente, a la necesidad de autorización del

Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña para que

un Ayuntamiento sito en dicha Comunidad Autónoma concierte una

operación de crédito,yalanecesidad de informe previo del Departamento

de Gobernación de la misma Generalidad para que por el Ayuntamiento

se pueda hipotecar una finca de su propiedad, han de distinguirse por

separado dos aspectos: Uno, el relativo a las facultades de calificación

de los Registradores de los documentos y actos administrativos; y el otro,

si en este caso concreto, de ser procedente su exigencia, se ha acreditado

el cumplimiento de aquellos requisitos.

3. Para resolver el primero ha de acudirse a la doctrina, en la

actualidad plenamente consolidada en materia de contratos de los entes públicos,

del llamado acto separable, inicialmente propugnada en sede doctrinal,

acogida posteriormente por la jurisprudencia y consolidada hoy día a nivel

normativo (vid. artículos 5.3 y 9 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de

Contratos de las Administraciones Públicas -de aplicación supletoria a

la contratación de los entes locales "ex" artículo 112 de la Ley de Régimen

Local a reserva de la normativa autonómicaaplicable o artículo 2.b)

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa). Según ella, en los contratos privados de los entes

públicos se han de distinguir dos aspectos: Por un lado el relativo a los

efectos y extinción del contrato, que quedan sujetos a las normas de

Derecho privado y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicción

ordinaria; y por otro, la fase de preparación y adjudicación del contrato, la

que hace referencia a la formación de la voluntad contractual del ente

público y la atribución de su representación, que se rige por la normativa

especial y cuya infracción corresponde revisar la jurisdicción

contencioso-administrativa.

Trasladada esa distinción al ámbito de la función calificadora de los

Registradores de la Propiedad puede sostenerse que el primero de los

aspectos, el netamente contractual, queda sujeto a la regla general sobre

calificación del artículo 18 de la Ley Hipotecaria, sin ninguna distinción

en cuanto a aquellos en que sean parte tan sólo los particulares; en tanto

que el segundo, el aspecto netamente administrativo del contrato, tan sólo

puede ser calificado dentro de los más rigurosos límites que impone el

artículo 99 del Reglamento Hipotecario, lógica consecuencia de la

presunción de legalidad, ejecutividad y eficacia de que legalmente están

investidos los actos administrativos (cfr. artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común).

El citado artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al Registrador

para calificar en relación con los documentos administrativos, y lo mismo

habrá que entender respecto de los actos administrativos, entre otros

extremos, la competencia del órgano y los trámites e incidencias esenciales

del procedimiento. Por tanto, si el Registrador entiende que determinada

autorización o informe es uno de aquellos trámites o incidencias esenciales

del procedimiento cuya falta vicia la formación de la voluntad contractual

de una de las partes o la hace ineficaz, entra dentro de sus facultades

el recabar que se le justifique tanto su existencia como la emanación del

órgano competente y sin que ello pueda entenderse como una revisión

de los trámites administrativos que alcance a su esencia y contenido, desde

el momento en que no se extiende al procedimiento seguido para su

producción o las razones del pronunciamiento, positivo o negativo, que

contuvieren, que sí quedarían al margen de sus facultades de calificación.

Frente a esa exigencia cabe recurrir en vía gubernativa, cuestionando

la condición de elemento esencial del procedimiento o el alcance jurídico

de la omisión o contenido negativo de tales trámites, y sobre tales

cuestiones habrá de resolverse, pero lo que no cabe es descalificar "a priori",

como único argumento, la competencia registral para extender a ellos el

alcance de la función calificadora, y sin entrar en el fondo de la cuestión

planteada alegar simplemente extralimitación en la función, por lo que

ese fundamento del Auto no es admisible como base de la estimación

del recurso y sin que con ello se resuelva sobre si efectivamente estaba

o no justificada aquella exigencia pues tal cuestión ni la plantea el

recurrente ni la resuelve el Auto, lo que veda su examen en esta fase del recurso

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento

Hipotecario.

4. El segundo aspecto de la misma cuestión, que a mayor

abundamiento ha servido de fundamento para la estimación del recurso, hace

referencia a la efectiva acreditación del cumplimiento de aquellos

requisitos. Y en este punto es de señalar que de los documentos tenidos a

la vista por el Registrador para calificar, reseñados en el primero de los

hechos, tan sólo el informe emitido por la Dirección General de Política

Financiera del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad

de Cataluña, relativo a la no necesidad de autorización para la

formalización de operaciones de tesorería por parte de los entes locales, tiene

relación con el primero de los defectos, pero por su ambigüedad y la

generalidad de sus términos es insuficiente para entender comprendida

en la exoneración a que se refiere una operación de préstamo con garantía

hipotecaria destinada a financiar determinadas inversiones. No cabe, por

otra parte, atender las alegaciones del recurrente sobre la observancia

de los trámites exigidos en la nota de calificación, apoyada en documentos

aportados al expediente con posterioridad a la calificación del documento,

elementos en que también se apoya la resolución apelada, pues, sin

perjuicio de la posibilidad que existía, y sigue existiendo, de aportarlos de

nuevo con el título cuya calificación se ha recurrido para obtener a la

vista de los mismos una nueva calificación, no pueden tomarse en

consideración a la hora de resolver el presente recurso conforme establece

el ya citado artículo 117 del Reglamento Hipotecario.

5. La segunda de las cuestiones planteadas, referida al tercero de

los defectos de la nota de calificación hace referencia a la habilidad, a

los fines para los que se ha autorizado, del acta notarial subsanatoria

de defectos materiales observados en la escritura calificada. Al haberse

señalado en una calificación informal de ésta la existencia de determinadas

contradicciones entre los tipos de interés fijados para el préstamo y los

posteriormente garantizados con la hipoteca, así como en lo relativo al

domicilio para notificaciones en caso de ejecución, el Notario autorizante

procedió a su rectificación por acta autorizada de oficio conforme a lo

establecido en el artículo 153 del Reglamento Notarial, acta que el

Registrador considera insuficiente por entender que tales subsanaciones

requieren un nuevo otorgamiento de las partes.

Aquella norma reglamentaria limita la virtualidad de ese medio

subsanatorio a los errores materiales, omisiones o defectos formales, y permite

fundarla, entre otros elementos, en el propio contexto del documento

autorizado y tener en cuenta, incluso, los hechos percibidos por el propio

Notario en el acto del otorgamiento. Circunscrita en este caso la

subsanación a concretar la responsabilidad hipotecaria por intereses a los

pactados para el préstamo garantizado, que era un tipo fijo, y determinar

que el domicilio del deudor para notificaciones, que se había fijado por

remisión al que figuraba en la comparecencia, era de entre los allí

consignados el del propio Ayuntamiento hipotecante, justificando el Notario

todo ello como debido a un error mecanográfico por falta de adecuación

total de un texto preexistente en el ordenador utilizado para la confección

del documento, ha de entenderse que tanto por su contenido como por

las razones alegadas el acta es medio suficiente para la rectificación sin

necesidad del consentimiento de los interesados cuyas declaraciones no

se ven alteradas. En consecuencia, procede confirmar en este punto el

Auto apelado.

6. Recurridos también los defectos cuarto y quinto de la nota de

calificación, el Auto ahora apelado no hace declaración alguna en cuanto

a ellos, no obstante lo cual estima el recurso íntegramente. Apelado dicho

Auto en cuanto revoca todos los defectos se impone entrar en su examen.

El cuarto defecto se refiere a la falta de nota acreditativa del pago,

exención o no sujeción a impuesto del acta de subsanación y ha de

confirmarse, pues si bien, como regla general, tales actas no contienen en

sí acto alguno distinto de aquel que se contiene el documento rectificado,

que es en el que habrán de justificarse aquellos extremos, cuando en virtud

de tal acta se altere la cuantía o valor de los derechos, como ocurre en

este caso en que se altera el importe de la obligación garantizada con

la hipoteca, se torna exigible también para el mismo el cumplimiento de

las exigencias formales de orden fiscal a que se refiere el artículo 254

de la Ley Hipotecaria.

Es de señalar en este punto que no cabe admitir el argumento del

recurrente sobre la presencia en el documento de un sello acreditativo

de la presentación a liquidación, pues está atribuyendo tal carácter al

extendido por el propio Notario haciendo constar la no sujeción a lo

establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 8/1989, Ley de Tasas

y Precios Públicos.

7. Y, en cuanto al quinto y último de los defectos, también ha de

confirmarse parcialmente, pues, si bien la facultad concedida al Alcalde

para llevar a efecto el acuerdo se extiende a la de aportar como garantía

la propia finca a adquirir, que ha de estimarse como suficiente en orden

a poder hipotecarla, del acuerdo segundo que literalmente dice: "Como

formalidad de contratación de esta operación de préstamo de-sic adqui-

sición de la parte de la finca Mas Riera que se segregará y que tendrá

una extensión de 54 hectáreas", confrontado con el contenido de la escritura

resulta que la finca hipotecada no consta que proceda de una segregación

y se le atribuye una cabida de cincuenta y ocho hectáreas, treinta y siete

áreas y cincuenta centiáreas, con lo que surgen razonables dudas de si

lo hipotecado ha sido la finca original previa a la segregación, u otra

resultante de ésta pero con una superficie superior a lo acordado.

Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso,

revocando el Auto apelado en cuanto revocó, a su vez, los defectos primero

y segundo de la nota de calificación, y desestimarlo en cuanto a la

revocación del defecto tercero, a la vez que se resuelve, ante el silencio de

aquél, que procede mantener los defectos cuarto y quinto de la nota de

calificación en los términos que resultan de los anteriores fundamentos

de Derecho.

Madrid, 27 de marzo de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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