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En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Laredo don

Francisco Javier Martín Muñiz, contra la negativa de la Registradora de

la Propiedad de dicha ciudad, doña Mercedes Bereincua Gandarias a

inscribir una escritura de segregación y compraventa, en virtud de apelación

del recurrente.

Hechos

I

El 17 de febrero de 1995, ante el Notario de Laredo, don Francisco

Javier Martín Muñiz, la ilustrísima Juez del Juzgado de Primera Instancia

número 1 de dicha ciudad y otros más, otorgaron escritura pública de

segregación y compraventa, elevando a público el documento privado de

fecha 21 de enero de 1985, en cumplimiento de la sentencia recaída en

autos de menor cuantía número 376/1993.

II

Presentada copia de la anterior escritura en el Registro de la Propiedad

de Laredo fue calificada con la siguiente nota: "Se suspende la inscripción

del precedente título por no acreditarse el otorgamiento de la licencia

municipal que para la segregación exige el artículo 242 de la Ley del Suelo.

Laredoa5dejulio de 1995. El Registrador. Firma ilegible".

III

El Notario autorizante del documento interpuso recurso gubernativo

contra la anterior calificación, y alegó: Que la nota de calificación no

contiene determinación alguna acerca del carácter subsanable o insubsanable

del defecto observado (artículo 65 de la Ley Hipotecaria) cuya omisión

constituye un vicio procedimental que debe tener como resultado la

revocación de la nota de calificación. Que el artículo 242 de la Ley del Suelo

invocada, no se refiere a la operación de segregación como determinativa

de la licencia municipal, pudiera ser aplicable el artículo 259 de dicha

Ley. Que la calificación parece que no ha ponderado en ningún modo

la circunstancia de que la finca fuere urbana o rústica, cuando dicha

calificación parece ser de decisiva importancia en orden al efecto registral

pretendido. Que como fundamentos de Derecho hay que señalar: Que la

condición de inscribible del documento calificado se fundamenta en el

artículo 118 de la Constitución Española. Este principio axiomático,

constitucional resulta de inexcusable y obligado cumplimiento, en un estado

normativo, sin que pueda ser contravenido ni objetado por instancia alguna.

Que la inscripción registral de un documento que traiga causa de una

sentencia, no es sino una consecuencia de la estimación de ésta. Que el

fallo estimatorio de la sentencia referente a la obligación de otorgar

escritura pública de compraventa y segregación ha de producir todos los efectos

que de esa instrumentalización el derecho demanda, y también la

inscripción registral de las operaciones jurídicas incardinadas en el

procedimiento.

IV

La Registradora de la Propiedad, en defensa de su nota, informó:

1.º Que suspendida la inscripción de un título por un defecto es claro

el carácter de subsanable del mismo, pues cuando un defecto es

insubsanable, el Registrador sólo puede denegar la inscripción (artículo 65,

párrafo 3.º de la Ley Hipotecaria). 2.º Que hay que señalar lo que dice

el artículo 242, número 2 de la Ley del Suelo, y se debe acompañar a

la invocación de este artículo la del 259, número 3. Que, de todos modos,

el contenido de la nota de calificación es claro en cuanto al defecto

observado, puesto que no sólo se cita una disposición legal, sino que se concreta

el defecto en la no aportación de la licencia municipal autorizando la

segregación de la parcela. 3.º Que la cuestión se centra en determinar

si es exigible o no la licencia del Ayuntamiento autorizando la segregación

de una parcela cuando esta segregación resulta de un documento privado

que posteriormente es elevado a escritura pública como consecuencia de

un procedimiento judicial. 4.º Que en relación con las afirmaciones del

Notario hay que decir: a) Que el Registrador no pretende ni puede

desvirtuar la eficacia de una sentencia. b) Que no es cierto que la inscripción

registral sea una consecuencia más de la estimación de una sentencia,

lo será en la medida de lo posible. c) Que en este caso no se trata de

la calificación registral de un documento judicial. 5.º Que del fallo de la

sentencia resulta que la parcela de 1.764 metros cuadrados fue segregada

y vendida, en documento privado el 21 de enero de 1985, por 6.000.000

de pesetas, de las que el comprador pagó 3.000.000 de pesetas, quedando

aplazado el resto por seis meses, desde la fecha de dicho documento,

sin que el comprador los pagara ante la negativa del vendedor a otorgar

la correspondiente escritura pública. Que como consecuencia, el Juez

condena a los vendedores a otorgar la escritura pública de segregación y

venta, documento que se otorga el 17 de febrero de 1995, que contiene

la elevación a público del contrato privado y la segregación de la parcela

de 1.764 metros cuadrados, a la que es aplicable la exigencia de aportar

como documento complementario, la licencia del Ayuntamiento

autorizando tal segregación.

V

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1,

Laredo, informó: Que cuando el Registro de la Propiedad obstaculiza con

su interpretación y calificación la actuación judicial, obra

inconstitucionalmente, es decir, contra los artículos 117.3 y 118 de la Constitución

Española, dificultando el otorgamiento de la tutela judicial efectiva del

artículo 24 de la Constitución Española, así como la normativa orgánica

judicial. Que la señora Registradora se niega a la inscripción de una

escritura otorgada en cumplimiento de un fallo firme por faltar, a su juicio,

un requisito meramente administrativo, una licencia municipal que,

además, no exige para la segregación el artículo 242 de la Ley de Suelo.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirmó

la nota de la Registradora fundándose en que ésta no ha violentado la

exclusividad de la potestad jurisdiccional, cuando lo único que hace es

exigir para la inscripción registral de una escritura otorgada en

cumplimiento de una decisión judicial, un requisito establecido en una norma

con rango de Ley y de plena vigencia.

VII

El Notario recurrente apeló el auto presidencial manteniéndose en las

alegaciones contenidas en el escrito del recurso.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 118 de la Constitución Española; 1.252 del Código

Civil; 11.3 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 259.3 de la Ley

del Suelo, y 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

1. Se debate en el presente recurso sobre la inscripción de una

segregación de finca que es suspendida por el Registrador al no aportarse la

pertinente licencia municipal, habida cuenta de que la correspondiente

escritura se otorga en cumplimiento de lo dispuesto en una sentencia firme

por la que se condena a los demandados a elevar a público un contrato

privado celebrado en 1985 por el que éstos segregaban de una finca mayor,

la parcela cuya inscripción se pretende y la vendían al demandado.

2. La inequívoca exigencia legal de la pertinente licencia o de la

declaración municipal de su innecesariedad, para la división de terrenos

(cfr. artículo 259.3 de la Ley del Suelo) obligan a confirmar el defecto

impugnado sin que el hecho de que se trate de una escritura otorgada

en cumplimiento de una sentencia firme pueda desnaturalizar tal

conclusión so pretexto del general deber constitucional de cumplir las

resoluciones judiciales firmes (cfr. artículo 118 de la Constitución Española).

Dicho deber debe cohonestarse con la eficacia relativa de la cosa juzgada

(cfr. artículo 1.252 del Código Civil), y en todo caso su alcance debe ser

determinado en función de los propios términos de la resolución a cumplir

(términos que por otra parte han de acomodarse a las propias pretensiones

planteadas por las partes -cfr. artículos 11.3 y 182 Ley Orgánica del Poder

Judicial y 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), de modo que en función

del genérico deber de cumplimiento de las resoluciones judiciales, no puede

concluirse sin más que una sentencia en la que únicamente se decide

sobre la autenticidad de un documento privado de segregación y venta

(condenando a sus suscriptores a elevarlo a escritura pública), permita

obviar exigencias legales añadidas que debieron observar en su día esos

contratantes (la licencia de segregación), cuando sobre dichas exigencias

ni se discute en el procedimiento seguido ni hay pronunciamiento alguno

a la propia sentencia (ni podría haberlo sido, dada la no intervención

de la correspondiente Entidad Local).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso.

Madrid, 17 de febrero de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.