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Documento BOE-A-1999-5198

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Marcelino Díaz Rodríguez, en representación de «Limpiezas Industriales Diser, Sociedad Limitada», frente a la negativa de la Registradora mercantil IV de Madrid, doña Eloísa Bermejo Zofio, a inscribir la liquidación de una sociedad.

Publicado en:
«BOE» núm. 53, de 3 de marzo de 1999, páginas 8597 a 8598 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-5198

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Marcelino Díaz

Rodríguez, en representación de "Limpiezas Industriales Diser, Sociedad

Limitada", frente a la negativa de la Registradora mercantil IV de Madrid, doña

Eloísa Bermejo Zofio, a inscribir la liquidación de una sociedad.

Hechos

I

En escritura autorizada el 10 de octubre de 1995 por la Notaria de

Madrid doña María Jesús Guardo Santamaría, se formalizaron los acuerdos

de la Junta general extraordinaria de "Limpiezas Industriales Diser,

Sociedad Limitada", de disolución de la sociedad, nombramiento de

Liquidadores, aprobación del balance final y la distribución del activo resultante.

II

Presentada copia de dicha escritura en el Registro mercantil de Madrid,

fue calificada con la siguiente nota: "El Registrador Mercantil que suscribe,

previo examen y calificación del documento precedente de conformidad

con los artículos 18.2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del

Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada por

haber observado los siguientes defectos que impiden su práctica: Defectos:

Deben acompañarse los preceptivos anuncios (artículo 212 del Reglamento

del Registro Mercantil); debe acompañarse instancia suscrita por el

Liquidador reseñando los libros de comercio que se depositen en el Registro

Mercantil en unión de éstos (artículo 212 del Reglamento del Registro

Mercantil). En el plazo de dos meses a contar de esta fecha se puede

interponer recurso gubernativo de acuerdo con los artículos 66 y siguientes

del Reglamento del Registro Mercantil. Madrid, 21 de noviembre de 1995.

El Registrador". Sigue la firma.

III

Don Marcelino Díaz Rodríguez, como Liquidador de la sociedad,

interpuso recurso gubernativo frente a la anterior calificación alegando: Que

la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada

entró en vigor el 1 de junio siguiente, por lo que es de aplicación al presente

supuesto; que en dicha Ley no se exige ninguna de las obligaciones formales

exigidas en la nota de calificación, resultando, además, de su exposición

de motivos la voluntad del legislador de flexibilizar y abaratar el régimen

de las sociedades limitadas frente al de las sociedades anónimas,

separándose del anterior en que la remisión a la normativa de las últimas

implicaba la aplicación en parte de su especial régimen jurídico; que por

tanto no pueden aplicarse las normas comunes del Reglamento del Registro

Mercantil en contra de la letra y el espíritu de la nueva Ley, y que todo

ello viene respaldado por la derogación de la Ley de 17 de julio de 1953,

lo que ha de llevar a entender derogadas las reglamentarias que la

desarrollaban.

IV

La Registradora decidió desestimar el recurso y mantener su nota,

fundándose en que la duda que suscita la vigencia de determinadas normas

del Reglamento del Registro Mercantil tras la entrada en vigor de la nueva

Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada debe resolverse en favor

de su aplicabilidad en tanto no sean contrarias a la nueva norma legal,

al menos en aquellos puntos en que exista un "vacío legal" que el Reglamento

completa en tanto un nuevo Reglamento desarrolle las reformas

introducidas por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

V

El recurrente se alzó frente a la decisión de la Registradora entendiendo

que la misma es contradictoria al aplicar una norma reglamentaria a un

"vacío legal", dado que la Ley no remite a un posterior desarrollo

reglamentario, sino que establece una normativa nueva y distinta de la anterior

a la que no pueden aplicarse normas reglamentarias dictadas en desarrollo

de la Ley derogada.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 30.2 del Código de Comercio, 275.1 y 278 de la

Ley de Sociedades Anónimas y 212 del anterior Reglamento del Registro

Mercantil,

1. Para resolver las cuestiones planteadas en el presente recurso se

ha de partir del momento en que tuvo lugar la calificación recurrida, una

vez promulgada y en vigor la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades

de Responsabilidad Limitada, y vigente aún el texto del Reglamento del

Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1597/1989, de 29 de

diciembre. Establecía el artículo 212 de este último, en su apartado 1. o , que

en el asiento de cancelación de la sociedad, sin referencia a ningún tipo

concreto, se hará constar que se encuentran depositados en el propio

Registro Mercantil los libros de comercio, la correspondencia, la

documentación y los justificantes concernientes a su tráfico, imponiendo al

Registrador la obligación de conservarlos durante seis años; en tanto que

en su apartado 2. o , con referencia ya a las sociedades anónimas, de

responsabilidad limitada y comanditarias por acciones, que en la escritura

a presentar se haría constar, entre otros extremos, que ha sido aprobado

y publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de

los diarios de mayor circulación en el lugar del domicilio social el balance

final de liquidación, acreditando la fecha de las respectivas publicaciones.

A la necesidad de cumplir con ambas exigencias se refiere la nota recurrida.

2. Pues bien, en lo que se refiere a las sociedades de responsabilidad

limitada, ninguna de ellas estaba suficientemente justificada vigente su

anterior régimen jurídico. En cuanto a la segunda, la exigencia de

publicación del balance final de liquidación suponía una clara extralimitación,

pues tal publicación no aparece impuesta por ninguna de las normas de

Código de Comercio relativas a la liquidación de las compañías mercantiles

a las que se remitía el artículo 32 de la Ley de 17 de julio de 1953. Y

por lo que respecta a la primera, el depósito de los libros de comercio

y demás documentación de su tráfico en el Registro Mercantil, por cuanto

no sólo faltaba una norma de rango legal que la amparara, sino que parecía

contrariar a lo dispuesto en el artículo 30.2 del Código de Comercio que

impone a los Liquidadores la obligación de conservarlos en caso de

disoluciones, y que dado el carácter general de la norma tan sólo cabe

entenderla excepcionada para las sociedades anónimas en virtud de lo dispuesto

en el artículo 278 de su Ley especial, o para las comanditarias por acciones

en virtud de la remisión contenida en el artículo 152 del propio Código

de Comercio. Cierto que puede interpretarse aquella norma en un sentido

estríctamente literal, entendiendo que la referencia a sociedades disueltas

en lugar de liquidadas limita la obligación que impone a los Liquidadores

al período que dure la liquidación, pero tal interpretación choca con el

propio concepto de conservar, siendo así que los Liquidadores están

obligados a llevar los libros, así como con la propia sistemática del precepto

que en el apartado en que se regula el supuesto se contempla en general

el cese de la empresa, incluido el fallecimiento del empresario individual.

3. Vigente la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada

han de confirmarse las anteriores consideraciones. En ella si bien se exige

la aprobación del balance final de liquidación y su incorporación a la

escritura en que se formalice la extinción de la sociedad (cfr. artículos

118 y 121), no se impone, a diferencia de lo que hace el artículo 275.1

de la Ley de Sociedades Anónimas, que se le dé una determinada

publicidad, ni puede hacerlo una norma reglamentaria. Y en cuanto al depósito

de la documentación social en el Registro Mercantil tampoco existe norma

legal que así lo disponga. Es cierto que una solución como la que, con

posterioridad, ha incorporado en su último párrafo el artículo 247 del

Reglamento del Registro Mercantil en su reforma llevada a cabo por Real

Decreto 1784/1996, de 19 de julio, extensiva a todas las formas societarias,

es lógica en cuanto tiende a dejar claro a través de los asientos registrales

quién asume la responsabilidad de custodia temporal de los libros de la

sociedad disuelta, pero tal solución, más flexible que la que imponía con

anterioridad y no claramente enfrentada a lo que dispone el Código de

Comercio, no podía exigirse en el momento en que la calificación recurrida

tuvo lugar, ni en los términos, de depósito necesario, que en la nota

recurrida se exigía.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso, revocando la

nota y decisión del Registrador.

Madrid, 12 de febrero de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Señora Registradora mercantil de Madrid, número IV.

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