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En el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora de los

Tribunales doña Clara Martín Niño, en nombre de doña Cristina Martín

Pascual, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Ciudad

Rodrigo doña María Azucena Bullón Manzano a inscribir un auto recaído

en expediente de dominio, en virtud de apelación de la señora Registradora.

Hechos

I

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad Rodrigo,

por la representación de doña Cristina Martín Pascual se promovió

expediente de dominio número 164/1994 para reanudación del tracto sucesivo

de la finca sita en el número 10 de la calle Gibraltar, de dicha ciudad,

acompañándose al escrito de interposición copia de la escritura de

liquidación de sociedad de gananciales, aceptación y adjudicación de herencia

de su padre, don Celedonio Martín García, en la que se adjudica la citada

finca a doña Cristina Martín Pascual; testimonio del auto recaído en

expediente de dominio 105/1993, seguido ante el mismo Juzgado, en el que

se reconocía el dominio de la finca referida, cuya inscripción fue denegada

por proceder de otra ya inscrita, y la correspondiente certificación registral.

Cumplidos los requisitos legales y reglamentarios de publicidad de edictos

y transcurrido el plazo concedido sin que se produjera oposición, se

remitieron los autos al Ministerio Fiscal, el cual no se opuso a lo solicitado,

el día 15 de febrero de 1995 se dictó auto aprobando el expediente de

dominio para la reanudación del tracto sucesivo relativo a la finca

mencionada a favor de doña Cristina Martín Pascual y conforme al artículo

286 de la Ley Hipotecaria se decretó la cancelación de todas las

inscripciones contradictorias.

II

Presentado testimonio del citado auto en el Registro de la Propiedad

de Ciudad Rodrigo fue calificado con la siguiente nota: "Denegada la

inscripción del precedente expediente de dominio por no acreditarse el

cumplimiento de los requisitos recogidos en la Ley Hipotecaria. De conformidad

con el artículo 201.3 de la Ley Hipotecaria, 18 y 100 del mismo cuerpo

legal.-Ciudad Rodrigo, 25 de abril de 1995.-La Registradora, María

Azucena Bullón Manzano".

III

La Procuradora de los Tribunales doña Clara Martín Niño, en

representación de doña Cristina Martín Pascual, interpuso recurso gubernativo

contra la anterior calificación, y alegó: La cuestión de fondo planteada

en la nota de calificación es la omisión de la publicidad en uno de los

periódicos de la provincia del mencionado expediente. Que la publicación

referida es opcional para la parte que lo solicita, a tenor de lo establecido

en el artículo 236, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial. Se destaca que en otras provincias y Audiencias

Provinciales se viene a corroborar el sentido de la publicidad obligatoria, como

es la de los edictos, estableciéndose como opcional para el que solicita

la publicidad de los periódicos. Que hay que señalar que la Ley Orgánica

del Poder Judicial es superior en rango a la Ley Hipotecaria, que es una

ley ordinaria, y la cuestión que se plantea es relativa a la vigencia actual

de lo que dispone el artículo 201.3 de la Ley Hipotecaria frente a la que

establece el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por

tanto, la Ley Hipotecaria ha de entenderse modificada (en cuanto a la

regla de publicación en uno de los periódicos de mayor divulgación de

la provincia) por el artículo 236 citado. Que hay que tener en cuenta

las funciones y misión del Ministerio Fiscal que ha manifestado su

conformidad al expediente de dominio.

IV

La Registradora, en defensa de su nota, informó: Que el tema del recurso

es la regla 3. a , párrafo segundo, del artículo 201 de la Ley Hipotecaria.

Que se mantiene, en contra de la recurrente, la vigencia del citado precepto:

a) Que las normas del mencionado artículo son procesales, pero no están

en una ley procesal, sino en una ley sustantiva, y por ello, hasta la Ley

de 14 de mayo de 1986 el Legislador no estableció una reforma del artículo

131.7.3 de la Ley Hipotecaria, suprimiendo la publicación en un periódico

de mayor circulación. b) Que en el caso de haberse operado una derogación

tácita del artículo 201.3.2 de la Ley Hipotecaria se produciría una merma

de los requisitos de publicidad de un procedimiento regulado en la Ley

sustantiva. c) Que, en apoyo de la vigencia del artículo 201.3.2 de la Ley

Hipotecaria, entiende algunos tratadistas e hipotecaristas que la reforma

de 1986 del artículo 131.7.3 de la Ley Hipotecaria no disminuyó los

elementos de publicidad, pues el Legislador añade uno más que antes no

existía, para fincas de considerable valor. Que se considera que mientras

no se opere una reforma del artículo 201.3.2 de la Ley Hipotecaria ha

de respetarse el texto de la norma, ya que de lo contrario se estaría,

en este caso, haciendo una interpretación contraria a la voluntad del

Legislador manifestada clara y precisamente. Que el legislador entendió que

el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no implicaba

automáticamente una denegación de un artículo o norma procesal que estaba

en una ley sustantiva.

V

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad

Rodrigo informó: Que el artículo 201.3. a de la Ley Hipotecaria quedaría

sin efecto a tenor de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, y que la publicación de los edictos en otro medio distinto

de los boletines oficiales es solamente facultativa para el promotor del

expediente. Que si no se practicara la inscripción solicitada quedaría

gravemente quebrantado el principio constitucional de seguridad jurídica.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó

la nota de la Registradora fundándose en que el carácter sustantivo o

procesal de una norma no depende del lugar donde se encuentre, sino

de su verdadera naturaleza jurídica; en que el legislador tiende, por razones

de economía, a suprimir requisitos que carecen de significación práctica,

como son los derivados de elementos de publicidad, más o menos formal,

que no hacen sino dilatar el proceso; y en que la calificación responde

a un rigor innecesario y no respetuoso a las orientaciones de la doctrina

y jurisprudencia interpretativa de los artículos 18, 65, 66, 99, 100 y 273

de la Ley Hipotecaria y 100, 133 y 200 del Reglamento Hipotecario y

Resoluciones de 23 de marzo de 1938 y 22 de junio de 1922, entre otras.

VII

La Registradora apeló el auto presidencial, manteniéndose en sus

alegaciones, y añadió: Que se considera que el auto presidencial no entra

a resolver el tema del recurso. Que el recurso gubernativo en cuestión

tiene una importancia trascendental, porque no sólo afecta al caso ahora

debatido sino que afecta a la tramitación de los expedientes de dominio

de todas clases previstos en la Ley Hipotecaria, con repercusiones en

relación con el artículo 24 de la Constitución. Que se plantean dos problemas:

1. o Si es aplicable el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

al expediente de dominio, de tal modo que este precepto derogue la regla

3. a del artículo 201 de la Ley Hipotecaria. Que se considera que son las

citaciones y los edictos de la regla 3. a del artículo 201 de la Ley Hipotecaria

los que dan esencialidad y garantía al expediente de dominio, como

requisitos sustitutivos de la falta de tracto sucesivo; y por eso, el artículo 286

del Reglamento Hipotecario considera esenciales dichas citaciones para

poder inscribir. Que el expediente de dominio, tanto en su modalidad

de inmatriculación como de tracto sucesivo, es un expediente de "garantía

de derechos" de aquéllos a que se refieren los artículos 117.4 de la

Constitución y 2.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, remitiéndose ambos

artículos a la Ley que los regula, la Ley Hipotecaria en este caso. Que

para que dichos artículos se compatibilicen con el artículo 236 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial hay que interpretar que este último precepto

se refiere a "las leyes procesales" y no a las "leyes que atribuyen funciones

de garantía de derechos", como es la Ley Hipotecaria, que es ley civil

especial, cuyos preceptos son respetados, dada la especialidad de la

materia, tanto por el Código Civil (artículo 608) como por la Ley de

Enjuiciamiento Civil (artículo 2.182). 2. o Si el Registrador puede calificar la

forma de las citaciones del artículo 201 de la Ley Hipotecaria. Que se

trata de un requisito registral y no procesal, pues está exigido por el

Reglamento HIpotecario. Que, en este caso, el auto del expediente de

dominio no es un título inscribible directamente, sino que lo es mediante

formalidades cuyo cumplimiento se acredite, que no son otras que las

formalidades de citación previstas en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria,

como requisito necesario, que el artículo 286 del Reglamento Hipotecario

puntualiza la forma de acreditarlas. Que se trata de un requisito esencial

para ser considerado "título" a efectos del Registro, por interpretación

conjunta de los artículos 286 y 33 del Reglamento Hipotecario en relación

con el artículo 201 de la Ley Hipotecaria. Que la naturaleza de ese requisito

es doble. Por un lado, es la legalidad de las formas extrínsecas de los

documentos, que el Registrador ha de calificarlas, conforme al artículo

18 de la Ley Hipotecaria, y por otro lado, es esencial para la configuración

del título inscribible, y no es título inscribible aquel que no acredita el

cumplimiento de formalidades cuando vienen exigidas. Que se está ante

un supuesto sea de inmatriculación o de reanudación de tracto sucesivo,

en el que falta el tracto sucesivo o previa inscripción del artículo 20 de

la Ley Hipotecaria. Ahora bien, como excepción al requisito de previa

inscripción, está el expediente de dominio y los requisitos de éste han

de ser considerados como sustitutivos del requisito de previa inscripción,

especialmente las citaciones de la regla 3. a del artículo 201 de la Ley

Hipotecaria. Que mientras que estén vigentes los artículos 18 y 20 de

la Ley Hipotecaria y 33, 100 y 286 del Reglamento Hipotecario, el

Registrador de la Propiedad es el órgano encargado por la legislación vigente

para el control de la legalidad de la inscripción del expediente de dominio,

entrando a examinar las formas extrínsecas y los obstáculos del Registro.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 24 de la Constitución Española, 236 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 18 y 201 de la Ley Hipotecaria, 100 de su

Reglamento y las Resoluciones de este centro directivo de 15 de julio de 1971,

4 de abril de 1974, 2 de julio de 1980, 24 de agosto y 3 de diciembre

de 1981, 2 de junio y 5 de julio de 1991, 13 de febrero y 21 de octubre

de 1992 y 11 y 19 de enero de 1993.

1. Son hechos relevantes en el presente recurso los siguientes: a) Se

presenta en el Registro testimonio de auto firme recaído en expediente

de dominio para la reanudación del tracto sucesivo. b) La Registradora

deniega la inscripción "por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos

recogidos en la Ley Hipotecaria. De conformidad con el artículo 201.3

de la Ley Hipotecaria, 18 y 100 del mismo cuerpo legal". c) Del escrito

de interposición del recurso y del informe de la Registradora se deriva

que el defecto que ésta achaca al documento radica en si está vigente

el artículo 201, regla 3. a , párrafo segundo, de la Ley Hipotecaria en cuanto

establece la publicación de los edictos en uno de los periódicos de mayor

circulación, dado que el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

establece que la publicidad de los edictos se entenderá cumplida mediante

la inserción, según proceda, en los boletines oficiales que señalen las leyes

procesales y que la publicación en cualquier otro medio se podrá acordar

a petición y a costa de la parte que lo solicite. d) El auto presidencial

revoca la calificación por entender que supone entrar en los fundamentos

de la resolución judicial, cuestión vedada al Registrador.

2. La calificación registral de los documentos judiciales, consecuencia

de la eficacia "erga omnes" de la inscripción y de la proscripción de la

indefensión ordenada por el artículo 24 de la Constitución Española,

abarca, según doctrina reiterada de esta Dirección General, a la observancia

de los trámites esenciales del procedimiento pero no a la fundamentación

del fallo, y si bien es cierto que la realización de las notificaciones o

citaciones tienen carácter esencial, ello es así en el supuesto de que las mismas

se refieran a personas a quienes el Registro concede algún derecho.

3. En el presente supuesto, expediente de dominio para la

reanudación de tracto sucesivo, resultan notificados los titulares de los predios

colindantes, la persona de la que procedía la finca y a cuyo nombre estaba

inscrita, y la persona a cuyo favor estaba catastrada la misma, manifestando

todos ellos su no oposición, y se dio traslado del expediente al Ministerio

Fiscal, quien no formuló disposición alguna; y la citación a las personas

ignoradas a quienes podría perjudicar la inscripción se realizó por edictos,

si bien éstos no se publicaron en el periódico de mayor circulación a

que se refiere el párrafo segundo de la regla 3. a del artículo 201 de la

Ley Hipotecaria por entender el Juez que dicho párrafo está derogado

por el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4. La publicación omitida no puede considerarse como un trámite

esencial del procedimiento, cuestión que quizá pudiera discutirse si el

expediente de dominio fuera para la inmatriculación de la finca, pero

en ningún caso cuando tiene por objeto la reanudación del tracto sucesivo,

pues en este último supuesto la citación personal y no oposición del titular

registral es el trámite esencial que la calificación da por cumplimentado.

5. En consecuencia de lo anterior, no es preciso entrar en el problema

de si la necesaria publicación en periódicos de los edictos a que se refiere

el artículo 201 de la Ley Hipotecaria ha sido derogada por el artículo

236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto,

confirmando el auto presidencial y revocando la nota de calificación, la

cual, por otra parte, no cumple los requisitos mínimos de concreción que

dichas notas deben cumplir.

Madrid, 11 de febrero de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.