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Documento BOE-A-1999-5186

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Svenska Finans España, Sociedad Anónima, Sociedad de Arrendamiento Financiero», frente a la negativa del Registrador de la Propiedad número 27 de Madrid, don Francisco Borruel Otín, a inscribir una adjudicación de bienes en pago de deudas en virtud de apelación de la recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 53, de 3 de marzo de 1999, páginas 8581 a 8585 (5 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-5186

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por doña Ana Collazo Lugo,

en representación de la compañía mercantil "Svenska Finans España,

Sociedad Anónima, Sociedad de Arrendamiento Financiero", frente a la negativa

del Registrador de la Propiedad número 27 de Madrid, don Francisco

Borruel Otín, a inscribir una adjudicación de bienes en pago de deudas

en virtud de apelación de la recurrente.

Hechos

I

Por escritura autorizada el 15 de diciembre de 1992 por el Notario

de Madrid don José Manuel Rodríguez-Escudero Sánchez, cinco entidades

distintas se reconocieron deudoras de "SFI Ibérica, Sociedad Anónima"

por razón de otros tantos préstamos, a la vez que otras dos, y por razón

de sendos contratos de arrendamiento financiero, se reconocieron

deudoras de "SFE, Sociedad Anónima". Y en pago del importe total de las

deudas reconocidas, que ascendía a un total de 96.151.564 pesetas, otra

sociedad, "Cofiur, Sociedad Limitada", transmitió en favor de "Svenska

Finans España, Sociedad Anónima, Sociedad de Arrendamiento

Financiero", el pleno dominio de dos fincas -de una de ellas una participación

indivisapor un valor de 48.000.000 de pesetas.

La sociedad "SFI Ibérica, Sociedad Anónima", acordó en Junta general

universal celebrada el 9 de marzo de 1993 su disolución, nombrando

Liquidador único a don Svante Mikael Borjesson, aprobando el balance final

de liquidación. Dichos acuerdos se elevaron a escritura pública por la

autorizada el 26 de julio de 1993por el mismo Notario señor

Rodríguezcudero, en la que el Liquidador, tras acreditar la publicación de los anuncios

pertinentes y manifestar que había transcurrido el plazo para su

impugnación sin que se hubiera formulado reclamación, que estaban satisfechos

todos los créditos de los acreedores y se había procedido al reparto del

haber social existente al único socio, la sociedad "Svenska Finans

International, B. V.", solicitó la cancelación de los correspondientes asientos.

Dicha escritura se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid el 10 de

diciembre de 1993.

Por otra escritura, también autorizada por el repetido Notario señor

Rodríguez-Escudero, el 26 de julio de 1993, "Cofiur, Sociedad Limitada",

y las entidades "SFI Ibérica, Sociedad Anónima", en liquidación, y "Svenska

Finans España, Sociedad Anónima, Sociedad de Arrendamiento

Financiero", estas dos últimas representadas por don Svante Mikael Borjesson,

como Liquidador de la primera y apoderado de la segunda, subsanaron

la escritura inicial de cesión de bienes en el sentido, entre otros extremos,

de identificar los contratos de préstamo de los que derivaban las deudas

reconocidas en ella, que quedaron incorporados a la escritura ; aclarar

que "SFE, Sociedad Anónima", era el anagrama de "Svenska Finans España,

Sociedad Anónima, Sociedad de Arrendamiento Financiero" ; que "SFI

Ibérica, Sociedad Anónima", antes de entrar en liquidación, provisionó las

deudas reconocidas frente a ella como fallidas y transmitió los respectivos

créditos a "Svenska Finans España, Sociedad Anónima", por cero pesetas,

según acreditaba con certificación del acuerdo del Consejo de

Administración de fecha 11 de diciembre de 1992 que expedido por el Liquidador

el 21 de julio de 1993 se testimonió, cesión que fue aceptada por el Consejo

de Administración de la cesionaria en reunión de 16 de diciembre de

1992, en la que también se ratificó la aceptación de bienes en pago de

los mismos, según certificación del mismo también incorporada ; que la

cesionaria aceptó reducir el importe de la deuda en atención a las

dificultades económicas y financieras que atravesaban las sociedades

deudoras, y que la causa de la transmisión por la cedente era la compensación

de deudas que la misma tenía con las que se habían reconocido deudoras.

Por una declaración suscrita en Londres el 3 de diciembre de 1993

ante Notario público, los representantes de "Svenska Finans International,

B. V." hicieron constar que dicha entidad era titular del 100 por 100 del

capital de "SFI Ibérica, Sociedad Anónima", ratificando las cesiones de

créditos acordadas por el Consejo de Administración de la última el 11

de diciembre de 1992.

II

Presentados los anteriores documentos -de la escritura de liquidación

de "SFI Ibérica, Sociedad Anónima", un testimonionotarial en el Registro

de la Propiedad número 28 de Madrid, fueron calificados con la siguiente

nota: "Presentado este documento a las doce treinta del día 5 de diciembre

del actual, bajo el número 1.262 del diario 9, en unión de instancia firmada

por don Alfonso Lara Garay, a la que acompaña, aparte de este documento,

escritura pública de subsanación otorgada ante el Notario don José Manuel

Rodríguez-Escudero Sánchez el 26 de julio de 1993. número 2.133 de su

protocolo ; declaración efectuada el 3 de diciembre de 1993 ante el Notario

de Londres don Richard John Saville, bajo el número 60/93 ; testimonio

literal expedido el 6 de julio de 1994 por el Notario don José Manuel

Rodríguez-Escudero Sánchez, del acta otorgada el 26 de julio de 1993 ante

el propio Notario bajo el número 2.132 de su protocolo ; fotocopia legalizada

ante el repetido Notario en fecha 6 de julio de 1994, de la declaración

de liquidación de inversión en la sociedad ``SFI Ibérica, Sociedad

Anónima'', efectuada por la compañía ªSvenska Finans International, B. V.º,

en fecha 3 de febrero de 1994, y acta de manifestaciones otorgada ante

el Notario de Madrid don José María Álvarez Vega de fecha 29 de noviembre

de 1994, número 5.414 de su protocolo, y ante la imposibilidad de practicar

la inscripción, extiende la nota de calificación solicitada en los siguientes

términos: Se observan en los documentos presentados los siguientes

defectos: 1. Defectos subsanables: a) Falta acompañar el acta de disolución

y liquidación, nombramiento de Liquidador y aprobación de balance final

de la sociedad ``SFI Ibérica, Sociedad Anónima'', en liquidación otorgada

ante el Notario don José Manuel Rodríguez-Escudero Sánchez, el 26 de

julio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil. No se considera subsanado

el defecto por el testimonio presentado, pues, de acuerdo con las

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29

de noviembre de 1971 y 19 de noviembre de 1985, para que un testimonio

pueda sustituir una copia tiene que estar expedido con los mismos

requisitos que ésta, lo que requiere, entre otros, que exprese el Notario la persona

a cuyo favor se expidió. b) El Liquidador no manifiesta la subsistencia

de su cargo, lo que como mínimo exige la Resolución de la Dirección General

de los Registros y del Notariado de 18 de mayo de 1986 al objeto de

acreditar la vigencia del mismo. 2. El Consejo de Administración de ``SFI

Ibérica, Sociedad Anónima'', no puede transferir gratuitamente los cinco

créditos que tiene con otras terceras sociedades por importe total de

75.183.245 pesetas, a otra sociedad, ``Svenska Finans España, Sociedad

Anónima, Sociedad de Arrendamiento Financiero''. Dicho acto es

radicalmente nulo de acuerdo con lo establecido en los artículos 128 y 129

de la Ley de Sociedades Anónimas. Defecto insubsanable. Se hace constar

expresamente, además, para la mejor comprensión del caso calificado,

que el valor de lo cedido es de más de dos veces y media el capital social

de la sociedad cedente, 30.000.000 de pesetas, y que dicha sociedad cedente

se disuelve y liquida por pérdidas superiores a la mitad del capital social,

según resulta del testimonio del acta de disolución y liquidación

relacionado en el apartado 1, y de la instancia firmada por el Liquidador con

firma legitimada por el Notario autorizante del acta, resulta que a la

sociedad disuelta no le es posible cumplir lo dispuesto en el artículo 212 del

Reglamento del Registro Mercantil respecto al depósito de los libros de

comercio, la correspondencia, la documentación y los justificantes a su

giro o tráfico, pues desafortunadamente los mismos se hallan extraviados

sin que a la fecha, pese a intensos esfuerzos al efecto, se hayan podido

encontrar. El acuerdo del Consejo de Administración, nulo radicalmente,

no puede ser subsanado por la declaración hecha en Londres el 3 de

diciembre de 1993 ante el Notario don Richard John Savillei, por dos

firmantes autorizados de ``Svenska Finans International, B.V'', sociedad

mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Países Bajos,

por la que manifiestan, sin acreditarlo, que dicha sociedad es única

accionista de la sociedad cedente, y ratifican los acuerdos a la cesión créditos

entre empresas del grupo. Los actos a título gratuito sólo han sido admitidos

por la Dirección General de los Registros y del Notariado, cuando han

sido acordados por la Junta general de la sociedad donante, con

unanimidad de la misma, y con asistencia de todos los socios, y siempre con

carácter excepcional, atendiendo tanto a la cuantía como a los motivos.

El principio de conservación del capital social no está pensado sólo en

función y para protección de los socios, sino fundamentalmente en garantía

de terceros y acreedores. 3. El Liquidador no puede según el artículo

272 de la Ley de Sociedades Anónimas hacer cesiones gratuitas. Defecto

insubsanable. 4. En la doble representación del señor Borjesson, como

Liquidador de la sociedad ``SFI Ibérica, Sociedad Anónima'', en liquidación,

y como Apoderado de ``Svenska Finans España, Sociedad Anónima,

Sociedad de Arrendamiento Financiero'', hay contraposición de intereses.

Defecto insubsanable. 5. Si bien sin haberse realizado la cesión a título gratuito,

entre las sociedades citadas en el apartado anterior, ni la condonación

parcial de deuda hecha unilateralmente por ``Svenska Finans España,

Sociedad Anónima, Sociedad de Arrendamiento Financiero'', las

sociedades cedente y cesionaria podían haber llegado a un acuerdo con la sociedad

deudora ``Cofiur, Sociedad Limitada'' en que esta sociedad les cediese

como dación en pago a cada una de las sociedades acreedoras una

participación matemática de las fincas de acuerdo con el artículo 54 del

Reglamento, la nulidad de la cesión gratuita, según lo antes argumentado hacen

imposible esa posibilidad, al haber recibido ``Svenska Finans España,

Sociedad Anónima, Sociedad de Arrendamiento Financiero'', la dación

en pago no sólo en pago de su crédito, sino del que pertenecía a ``SFI

Ibérica, Sociedad Anónima''. Defecto insubsanable. Ninguno de los defectos

señalados anteriormente han sido subsanados por la documentación citada

al inicio de la nota. Y siendo insubsanables los defectos 2, 3,4y5no

cabe tomar anotación preventiva. Contra esta nota de calificación cabe

interponer recurso gubernativo ante el Presidente del Tribunal Superior

de Justicia de Madrid, en el plazo de cuatro meses a contar de su fecha,

en la forma determinada en los artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 112

y siguientes del Reglamento para su aplicación. Madrid, 22 de diciembre

de 1994. El Registrador, Francisco Borruel Otín."

III

Doña Ana Collazo Lugo, en representación de la compañía mercantil

"Svenska Finans España, Sociedad Anónima, Sociedad de Arrendamiento

Financiero", interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación

y alegó: I. Al defecto primero, A), de la nota. Que no se comprende para

qué necesita el Registrador dicha acta de disolución y liquidación para

practicar la inscripción solicitada. Que hay que considerar que el acuerdo

de cesión de créditos se adoptó el 11 de diciembre de 1992 por el Consejo

de Administración de la sociedad cedente y no por el Liquidador de la

misma. Que ello se desprende de las escrituras calificadas y además dichas

escrituras y los documentos a ellas incorporadas demuestran: a) Que

cuando se adopta el acuerdo de cesión de créditos, la compañía cedente no

se encuentra todavía en período de liquidación, aunque sí lo está cuando

posteriormente se expide una certificación de dicho acuerdo, la cual

aparece expedida por el Liquidador y éste es el que comparece para subsanar

la escritura, y b) Que poniendo en relación el artículo 267.1 de la Ley

de Sociedades Anónimas con los documentos aportados, resulta evidente

que, si el acuerdo de cesión se adoptó por el Consejo de Administración,

fue porque la compañía todavía no se encontraba en período de liquidación.

Que la recurrente no ha dudado en facilitar al señor Registrador, entre

otros documentos, un testimonio del acta de disolución y liquidación

solicitada. Que el testimonio notarial debe considerarse instrumento hábil

suficiente, por cuanto el documento testimoniado no es un título objeto

de inscripción y no le son aplicables los requisitos de forma que establecen

los artículos 3 de la Ley Hipotecaria y 33 del Reglamento, ya que es un

documento solicitado por el Registrador, con carácter complementario

(artículo 33 del Reglamento Hipotecario). Que el testimonio notarial aportado

reúne los requisitos de una copia, y resultan aplicables las Resoluciones

de 26 de noviembre de 1971, 15 de febrero de 1982 y 19 de noviembre

de 1985. II. Al defecto primero, B), de la nota. Que se considera que tal

omisión no puede convertirse en sí misma en un defecto que impida la

inscripción que se pretende, con independencia de su carácter subsanable.

Que si bien es cierto que la manifestación del Liquidador es prácticamente

el único medio de acreditar la vigencia de su cargo en el mismo momento

en que está actuando, no es menos cierto que en las fechas en que se

califica la escritura, es decir siempre con posterioridad a la actuación

del Liquidador, existen otros medios de acreditar si el mismo tenía o

no vigente su cargo en una determinada fecha anterior. Que la vigencia

del cargo del Liquidador queda suficientemente acreditada en la

documentación que ha sido presentada. III. Al segundo defecto de la nota.

A. Que ciertamente se trata de un acto gratuito acordado por el Consejo

de Administración de una sociedad, consistente en la cesión de créditos

valorados en 75.183.245 pesetas, a favor de otra sociedad del mismo grupo

empresarial, por el precio de 0 pesetas. Que en apoyo de la tesis de la

plena validez y eficacia del acto en virtud de las circunstancias que

concurren en el presente caso, se formulan los siguientes argumentos: 1. o Las

sociedades mercantiles pueden realizar válidamente actos a título gratuito.

Que tal posibilidad viene admitida en la Resolución de 2 de febrero de

1966. Que, además, en el presente caso se trata de una donación entre

sociedades del mismo grupo. Que tal operación está hoy admitida en el

tráfico jurídico y la propia norma fiscal (artículo 16 de la Ley 61/1978,

de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades) contempla dicha

posibilidad ; 2. o El acuerdo de cesión de créditos responde a la voluntad del

accionista único común de las compañías cedente y cesionaria. Que el

acuerdo es adoptado por los respectivos Consejos de Administración de

las compañías cedentes y cesionarias, y de las certificaciones de sus

reuniones que figuran protocolizadas en unión de la escritura de subsanación

de 26 de julio de 1993 consta que dichos acuerdos se adoptaron "... siguiendo

las instrucciones recibidas del accionista único común de las compañías

cedente y cesionaria", que ratificó posteriormente ante un Notario de

Londres el acuerdo de cesión de créditos. Que la condición de accionista único

común de "Svenska, B. V." se demuestra en los documentos aportados.

3. o El acuerdo de cesión de crédito debe valorarse atendiendo a su finalidad

global desde el punto de vista de las empresas que forman el grupo

"Svenska". Que no debe considerarse la decisión atendiendo únicamente al efecto

concreto que la misma podía tener sobre "SFI Ibérica" que en todo caso

se iba a disolver, sino el resultado final más beneficioso para los intereses

del grupo, consistente en realizar la adjudicación de los inmuebles

directamente a SFE única compañía del grupo que continuaría su actividad

en España, evitando que tras la liquidación de "SFI Ibérica", los inmuebles

que ésta hubiera podido recibir en pago tuvieran que ser adjudicados

previamente al accionista único holandés, que ni siquiera dispone de

establecimiento en España. 4. o La cesión de créditos es un acto neutro para

la sociedad cedente. Que, en principio, la cesión de créditos a título gratuito

es un acto aparentemente ajeno al objeto social de la compañía. Que las

especiales circunstancias concurrentes en el presente caso lleva a la

calificación de acto neutro para la sociedad: a) Porque constituye un acto

de carácter extraordinario, por lo tanto no cabe hablar de que se trate

de un acto claramente contrario al objeto social, por las siguientes razones:

1. a Resoluciones de 11 de noviembre de 1991y3deoctubre de 1994.

2. a Que ante la inminencia de la disolución y liquidación de "SFI Ibérica"

en el momento de adoptarse el acuerdo de cesión de créditos es evidente

que la compañía ya no se encaminaba a cumplir ningún fin social de

lucro, sino directamente a su liquidación. 3. a Que la calificación jurídica

de la cesión de créditos tampoco debe efectuarse aplicando un criterio

puramente cuantitativo como el que se refleja en la nota de calificación

(Resolución de 2 de octubre de 1981). b) Que por todo lo expuesto se

considera que en el presente caso la cesión de créditos a título gratuito

constituye uno de los llamados actos neutros. 5. o La cesión de créditos

tampoco perjudica los criterios de los terceros y acreedores. En este punto

hay que considerar la doctrina de las Resoluciones de 3 de marzo de

1986y8deabril de 1991. 6. o Que, en todo caso, el acuerdo de cesión

de créditos ha sido ratificado posteriormente por el accionista único.

B. Que la necesidad de armonizar las exigencias de seguridad jurídica

con la agilidad del tráfico mercantil aconsejan inscribir la titularidad de

SFE sobre los bienes inmuebles a ella adjudicados en virtud de la cesión

de créditos a título gratuito. IV. Al tercer defecto de la nota. Que se debe

repetir lo expuesto al hacer las alegaciones en cuanto al primer defecto

de la nota. V. Al cuarto defecto de la nota. Que no cabe hablar de

autocontratación en la intervención del señor Borjesson, ya que el mismo no

ha puesto propiamente en relación dos patrimonios, sino que se ha limitado

a subsanar una escritura pública en nombre de dos compañías y certificar

el acuerdo social adoptado por una de ellas. Por lo tanto, este supuesto

es diferente al que motivó la Resolución de 20 de septiembre de 1998.

VI. Al quinto defecto de la nota. Que, mediante una simple operación

matemática, en cualquier momento se puede determinar fácilmente la

participación que la sociedad cesionaria tendría en los bienes entregados.

Que, por otra parte, la dación en pago de los inmuebles está aceptada

por el órgano social de SFE con capacidad para ello, el Consejo de

Administración, el cual, a su vez, hace una condonación parcial por el resto

de la deuda de las sociedades deudoras, que no quedaba cubierta con

los bienes adjudicados.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informó:

1. Primer defecto: A. Que no se ha considerado subsanado el defecto por

el testimonio presentado, conforme a lo declarado en las Resoluciones

de 29 de noviembre de 1971 y 19 de noviembre de 1985. Que el Registrador

lo que solicita es la copia de la escritura inscrita en el Registro Mercantil.

B. Que hay que señalar lo que dice la Resolución de 30 de enero de 1985.

Que este defecto y el del apartado a) podían haberse subsanado por la

presentación de una simple certificación del Registro Mercantil. 2. Segundo

defecto. Que, conforme a los artículos 128 y 129 de la Ley de Sociedades

Anónimas, el acto del Consejo de Administración de "SFI Ibérica, Sociedad

Anónima", es totalmente nulo, pues excede de los límites de su

representación, que nunca pueden ser contrarios a la finalidad esencial de

cualquier sociedad mercantil que es ganar dinero para repartirlo entre los

socios. El que la multinacional propietaria de las dos sociedades quiera

realizar determinadas operaciones, no le hace posible desconocer las

normas de derecho español de aplicación necesaria para todas las sociedades.

Que de ninguna manera puede ser considerado una donación realizada

por el Consejo de Administración, como un acto neutro. Que la doctrina

sobre estos actos está contenida en las Resoluciones de 12 de abril y

3 de octubre de 1994, 11 de abril de 1991, 12 y 16 de mayo de 1989

y 2 de octubre de 1981. Que nada más contrario al objeto social que una

donación de la entidad de la contemplada en el caso del recurso. En la

Resolución de 2 de febrero de 1966 se contempla el único caso en que

se ha permitido una donación por una sociedad anónima. Que ninguno

de los requisitos exigidos por la Dirección General en la Resolución

expresada se dan en el caso que se estudia y de ninguna manera puede admitirse

que la ratificación hecha en Londres por dos apoderados de "Svenska

Finans B. V.", que manifiestan, sin acreditarlo, ser únicos accionistas de

la sociedad donante para sustituir a la Junta general. 3. Tercer defecto.

Que el artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas en ninguno de

sus apartados a) a h) permite que el Liquidador realice una operación

que ni siquiera el Consejo de Administración podría haber realizado, y

de hacerlo alguien es a éste a quien hubiese correspondido. Que la Ley

quiere que el Liquidador pueda legalmente realizar todo cuanto se enumera

en el artículo 272, en la medida que sea necesario para los fines de la

liquidación. Que, además, el Liquidador no estaba autorizado por la Junta

general, y el permiso dado por el Consejo de Administración al Consejero

no se transmite al Liquidador, pues termina con la vigencia del Consejo.

4. Cuarto defecto. Que la autorización expresa que existe para el señor

Borjesson es por parte del Consejo de Administración, como Consejero

y no por la Junta general y como Liquidador. Que ya se ha tratado en

el apartado segundo cómo esa autorización es nula. Que no se puede

pretender que lo que el señor Borjesson no hizo ni pudo hacer como Consejero,

lo haga ahora como Liquidador, sin autorización expresa de la Junta. En

este punto hay que señalar lo que dice el artículo 267 de la Ley de

Sociedades Anónimas. El acto es totalmente contrario a los intereses de una

de las sociedades representadas, "SFI Ibérica, Sociedad Anónima", que

cede a la otra un crédito tres veces mayor al suyo, para que trate de

cobrar de un grupo de deudores común. 5. Quinto defecto. Que este defecto

es causado por los tres anteriores. Que con el sistema seguido, por la

pretendida disolución y liquidación irregular de "SFI Ibérica, Sociedad

Anónima", en liquidación, el problema a la vista de los documentos

presentados es insoluble para el Registrador.

V

El Notario autorizante del documento informó: 1. o Que en cuanto al

primer defecto. En lo que respecta a la validez del testimonio, hay que

señalar que los supuestos de las Resoluciones de 26 de noviembre de

1971 y 19 de noviembre de 1985 se refieren a supuestos diferentes al

caso que nos ocupa. 2. o En lo referente al segundo defecto. Que el contrato

objeto de calificación puede ser calificado como una cesión gratuita al

no haber mediado precio. Que el acto puede ser neutro o no incluido

dentro del objeto de la sociedad y ajeno al mismo, y en este sentido, y

de acuerdo con la más reciente doctrina y jurisprudencia de la Dirección

General de los Registros y del Notariado, dicho acto puede ser realizado

por los Administradores de la sociedad (Resolución de 3 de octubre de

1994). Que la reforma de la legislación mercantil ha supuesto el que la

naturaleza del acto que el Administrador de la sociedad realiza con el

tercero únicamente interesa en las relaciones internas entre Administrador

y la sociedad, nunca en las relaciones entre tercero y la sociedad, salvo

en el caso de un acto contrario a la ley o que la sociedad pruebe que

el tercero obró de mala fe, pero ello supondría la ineficacia del acto. Que

no puede estar vedado a la sociedad anónima la realización de actos

aislados de carácter gratuito, que pueden obedecer a muy diversos motivos,

de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 2 de febrero de 1966.

Que aunque no esté dentro de su objeto social, la sociedad, en cuanto

persona jurídica que es, puede otorgar toda clase de actos que no sean

contrarios a las leyes. Que, en el supuesto de que se declarara que el

acto es un acto manifiestamente contrario al objeto social, no cabe la

menor duda que podría ser ratificado posteriormente por la Junta general.

Que el hecho de que la sociedad cedente esté ya liquidada y disuelta no

es óbice para que el acto pueda ser subsanable, conforme se declara en

las Resoluciones de 13 y 20 de mayo de 1992, en cuanto a la conservación

de la personalidad jurídica de la sociedad, aun después de la cancelación.

Por lo tanto, este defecto, de existir, sería subsanable. 3. o Que el tercer

defecto es incompatible con el anterior, pues, o el Consejo de

Administración era el que adoptaba el acuerdo o era el Liquidador el que en

uso de las facultades que le podían corresponder lo realizaba. Que el

acuerdo de cesión fue adoptado, como consta en la certificación incorporada

a la escritura de subsanación por el Consejo de Administración de la

sociedad cedente, y el señor Liquidador se está limitando a protocolizar ante

Notario dichos acuerdos. 4. o Que, en cuanto al cuarto defecto de la nota,

de las lecturas de los artículos 128 y 129 de la Ley de Sociedades Anónimas

no se deduce que el acto sea radicalmente nulo. Que el autocontrato surge

cuando una persona que puede afectar con su actuación a más de un

patrimonio pone en relación a ambos dentro del círculo de facultades

que tiene. Que el problema de validez o invalidez del autocontrato estaba

en determinar si en los supuestos de hecho en que puede plasmarse hay

o no conflicto de intereses. Que, en el caso que se contempla, el señor

Borjesson está poniendo en relación dos patrimonios, pero no en virtud

de un poder, sino de una autorización expresa de ambas sociedades, dada

por el órgano que tiene facultades, es decir, con conocimiento expreso

por parte de los órganos sociales de dichas sociedades. 5. o Que en cuanto

al quinto defecto de la nota, la redacción es clara, y se informa en este

punto en el mismo sentido que lo hace el recurrente.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la

nota del Registrador en cuanto a los defectos 1 A)y1B)ylaconfirmó

en cuanto a los demás defectos.

VII

La recurrente apeló el auto presidencial, manteniéndose en las

alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos2y18delaLeyHipotecaria, 1.261.3. a y 1.275

del Código Civil y las Resoluciones de 30 de mayo de 1930y1defebrero

de 1980.

1. Recurridos inicialmente los cinco defectos de la nota de calificación

y admitido por el auto ahora apelado el recurso en cuanto al primero,

que revocó, sin que el Registrador se haya alzado frente a aquella

resolución, tan sólo procede entrar en el examen de los cuatro últimos a los

que se concreta la apelación de la recurrente.

Todos ellos giran en torno al mismo problema. Para el pago de

determinadas deudas, que se identifican por su importe, acreedor, deudor y

contrato del que derivan, y que son reconocidas por los deudores respecto

de dos acreedores, un tercero cede en pago total de las mismas, pero

sólo en favor de una de las entidades acreedoras, el dominio de

determinados bienes inmuebles. En la posterior escritura subsanatoria se

rectifica la anterior en el sentido de que la titular de todos los créditos en

cuyo pago se ceden los bienes era la propia cesionaria, al haberlos adquirido

de la inicialmente identificada como la otra acreedora, que se los transmitió

por cero pesetas, previa provisión de la deuda como fallida, en virtud

de acuerdos de los respectivos Consejos de Administración. Deniega el

Registrador la inscripción por entender, en el segundo y quinto de los

defectos, que la cesión de tales créditos es nula de conformidad con lo

establecido en los artículos 128 y 129 de la Ley de Sociedades Anónimas

al exceder tal acto de las facultades de los Administradores, no estar

legitimado para ello el Liquidador de la cedente según el tercero de los defectos,

e incurrir en autocontratación al actuar por delegación de los órganos

de administración y no de las Juntas generales según el cuarto.

2. La dación en pago es un contrato, cuya naturaleza es doctrinalmente

discutida, por virtud del cual se transmiten al acreedor determinados

bienes o derechos distintos de los debidos y que éste acepta voluntariamente

como pago de su crédito (artículo 1.166 del Código Civil), transmisión

que en cuanto forma de pago puede realizar tanto el deudor como un

tercero (artículo 1.158 del mismo Código). Si la transmisión lo es de

inmuebles o derechos reales sobre los mismos, se está ante uno de los títulos

traslativos cuya inscripción ampara el artículo 2.1. o de la Ley Hipotecaria.

Pues bien, ese negocio traslativo, como cualquier otro acto que pretenda

acceder al Registro, queda sujeto a la previa calificación del Registrador

que, entre otros extremos, ha de extenderse, conforme a lo dispuesto en

el artículo 18 de la misma Ley, a la validez de los actos dispositivos

contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los

asientos del Registro.

Al ser la dación en pago una transmisión con finalidad solutoria, el

pago de deudas propias o ajenas, la existencia y titularidad de aquellas

deudas que con la dación de bienes se pagan operará como causa de

la transmisión y no ofrece dudas que la existencia y licitud de la causa,

como elemento esencial que es del propio contrato traslativo (artículos

1.261.3. o y 1.275 del Código Civil), ha de incluirse entre los extremos sujetos

a calificación, de suerte que es necesaria su expresión en los títulos

inscribibles sin que pueda jugar en el ámbito registral la presunción que

establece el artículo 1.277 del mismo Código. Se plantea, no obstante,

la cuestión de si constatada en el título cuál sea la causa de la transmisión,

en este caso el pago de unas deudas perfectamente identificadas, y no

cuestionada su licitud como hábil para amparar la transmisión patrimonial,

la calificación en cuanto a ella se agota, de suerte que no quepa extenderla

al examen de la validez de los actos o negocios que dieron lugar al

nacimiento de los créditos o sus transmisiones posteriores o, por el contrario,

puede proyectarse también a ellos.

Como regla general ha de considerarse que tales actos, en cuanto son

ajenos al contrato de cesión, que es lo que se inscribe en el Registro,

ni han de tener reflejo en éste, ni es preciso acreditar su existencia y

validez, por lo que quedan al margen de la calificación. No obstante, en

aquellos supuestos, como el presente, en que la transmisión previa de

los créditos consta en el mismo título en que se formaliza la cesión de

bienes en pago, no puede el Registrador prescindir en absoluto de su

examen, so pena de desvirtuar su propia función, dando acogida en los

libros del Registro a actos que a su juicio están viciados, dejando bajo

la salvaguardia de los Tribunales los asientos practicados y amparados

por la presunción legal de existencia y validez los derechos inscritos

(cfr. artículos1y38delaLeyHipotecaria).

3. Sentado lo anterior, ha de examinarse si realmente, tal como se

plantea en la nota, la previa cesión de los créditos es nula por falta de

competencia para acordarla por parte del órgano de administración de

la cedente al implicar un acto de disposición a título gratuito. La cuestión

puede ser ciertamente controvertida, tanto en lo que respecta a la

naturaleza gratuita o no del acto, como a la competencia del órgano de

administración para realizarlo, pero su examen en este caso es innecesario.

Entre los documentos que el Registrador ha tenido a la vista para

calificar figura un testimonio de la escritura, que no acta, autorizada por

el propio Notario señor Rodríguez-Escudero Sánchez el 26 de julio de 1993,

número 1.132 de protocolo, por la que se elevan a públicos los acuerdos

de la Junta general universal de la que fuera cedente, "SFI Ibérica, Sociedad

Anónima", celebrada el 9 de marzo anterior, con la asistencia de su único

socio "Svenska Finans International, B. V", en la que se acordó la disolución,

la aprobación del balance final de liquidación en el que tan sólo figura

como acreedor la Administración Pública por el concepto de IVA, deuda

que el otorgante declara satisfecha al tiempo del otorgamiento, y la

liquidación con adjudicación al citado socio único del haber social existente,

acuerdos inscritos en el Registro Mercantil correspondiente. En tal

situación no puede sostenerse que exista perjuicio para los acreedores al haber

sido satisfechos todos ellos, ni para el socio único, cuya condición de

tal está acreditada, que por documento público otorgado en Londres el

3 de diciembre de 1993 ratifica los acuerdos de cesión de créditos adoptados

en su día por el Consejo de Administración. Tan sólo, en la medida en

que puede deducirse de la nota que se considera un defecto, ha de

mantenerse como tal que no resultan acreditadas las facultades representativas

de quienes en nombre de la entidad que ostentaba esa condición de socio

único otorgaron la citada escritura de ratificación, defecto que en todo

caso sería subsanable.

Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso,

manteniendo como único defecto el señalado al final del último de los

fundamentos de derecho, revocando en lo demás el auto apelado y la

nota del Registrador.

Madrid, 28 de enero de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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