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Documento BOE-A-1999-5041

Resolución de 13 de febrero de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el «Banco de Valencia, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad Interino de Valencia número 2, don Federico Sánchez Asins, a practicar una anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación del recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 52, de 2 de marzo de 1999, páginas 8423 a 8425 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-5041

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales don José Javier Arribas Valladares, en nombre del "Banco de

Valencia, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador de la

Propiedad Interino de Valencia número 2, don Federico Sánchez Asins, a

practicar una anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación

del recurrente.

Hechos

I

El 5 de junio de 1991, mediante escritura autorizada por don Federico

Barber Montalvá, Notario de Valencia, doña María Amparo García Boix

adquirió por compra una vivienda del edificio sito en dicha capital, calle

Humanistas Mariner, número 19, finca registral número 31.848,

manifestando que el dinero invertido en dicha adquisición era de su exclusiva

propiedad, lo cual fue ratificado por su esposo, don Luis Raúl Vicent Devís,

en la misma escritura de compra. La citada finca registral fue inscrita

a favor de doña María Amparo García Boix con carácter privativo por

confesión de privaticidad del precio, sin acreditarlo, en el Registro de

la Propiedad de Valencia número 2, el 16 de septiembre de 1991.

En autos de juicio de menor cuantía número 863/1993, seguidos en

el Juzgado de Primera Instancia número 13 de los de Valencia, a instancias

del Banco de Valencia, contra don Luis Raúl Vicent Devís, el ilustrísimo

señor Magistrado-Juez expidió el 5 de febrero de 1994 mandamiento

ordenando la anotación preventiva de embargo de la citada finca registral

31.848.

II

Presentado el anterior mandamiento en el Registro de la Propiedad

de Valencia número 2, fue calificado con la siguiente nota: "Examinado

el mandamiento que precede en este Registro de la Propiedad de Valencia

número 2, se deniega la anotación preventiva de embargo en él ordenada,

por figurar la finca en el mismo descrita, inscrita a favor de doña María

Amparo García Boix, al haber sido adquirida con carácter privativo por

ésta, y no ser la misma demandada en el procedimiento. Se archiva un

ejemplar con el número 142. Valencia. 29 de marzo de 1994. El Registrador.

Firma ilegible".

III

El Procurador de los Tribunales, don José Javier Arribas Valladares,

en representación del "Banco de Valencia, Sociedad Anónima", interpuso

recurso gubernativo contra la anterior calificación y alegó: Que la

inscripción practicada de la finca a nombre de doña María Amparo García

Boix, debe entenderse que se efectúa, en cuanto al carácter privativo de

la misma, sin perjuicio de tercero, dado el texto del asiento y, por tanto,

la denegación que se contiene en la calificación objeto de recurso, infringe

la presunción de ganancialidad a la que se refiere el artículo 1.361 del

Código Civil. Que la expresión contenida en la inscripción no ofrece dudas,

de conformidad con el artículo 1.232 del Código Civil. Que, en este supuesto,

es evidente que dicha confesión tiene el objeto de eludir el cumplimiento

de la Ley. Que se trata de una mera manifestación con eficacia restringida

interpartes, que en ningún caso puede trascender a terceros en méritos

de la presunción referida. Que sería necesario entrar a considerar el origen

de la deuda, habida cuenta del contenido del asiento de inscripción de

la finca a nombre de la esposa del demandado y sin perjuicio de la

presunción de ganancialidad, dada la confesión sin prueba en la que se basa

el teórico carácter privativo. Que lo anterior debe entenderse, sin perjuicio

de que la esposa pueda ejercitar su derecho mediante la oportuna acción

de tercería, en base a lo establecido en el artículo 1.324 del Código Civil.

Que hay que considerar lo que dice el artículo 1.355, párrafo primero

del Código Civil. Que sería de aplicación lo establecido en cuanto al fraude

de ley y abuso de derecho en los artículos 6 y 7 del Código Civil, pero,

igualmente, se entiende que no es éste el lugar para que los mismos entren

en juego, habida consideración de carácter preferente de la presunción

que se recoge en el artículo 1.361, anteriormente referido, que juega

plenamente mientras no se acredite otra cosa por parte de los interesados.

En tal sentido se ha pronunciado reiteradas veces el Tribunal Supremo

en sentencias de 8 de noviembre de 1983 y 3 de diciembre de 1985 y,

asimismo, las Resoluciones de 17 de octubre de 1979 y 20 de enero de 1983.

Que en definitiva se considera que la calificación del Registrador es

contradictoria con el contenido del asiento correspondiente a la inscripción

de la finca con carácter privativo a favor de la esposa, ya que ni siquiera

se admite la presunción de tal, sino que se trata de una simple

manifestación interpartes sin trascendencia frente a terceros, de ahí que,

inclusive, se hagan constar los datos relativos a la persona del esposo que,

de otro modo, podrían considerarse innecesarios por razón de su

privacidad.

IV

El Registrador de la Propiedad en defensa de su nota informó: 1. Que

hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 95.4 y 144.21 del

Reglamento Hipotecario. 2. Que es innegable que el artículo 1.361 del

Código Civil recoge la regla general o presunción de ganancialidad. Esta

presunción es "iuris tantum", que admite prueba en contrario: a) Como

ocurre cuando se justifica mediante prueba documental pública que el

dinero invertido en la adquisición es privativo del cónyuge adquirente,

como se deriva de los artículos 95.1 y 2 del Reglamento Hipotecario. b) Así

ocurre también, cuando uno de los cónyuges confiesa que el dinero

invertido en la adquisición es privativo del otro, como se deriva del artículo

1.324 del Código Civil. Que en este caso, el bien se inscribe a nombre

del cónyuge a cuyo favor se ha hecho la confesión con carácter privativo,

como se deriva no sólo del artículo 95.4 del Reglamento Hipotecario, sino

también del artículo 95.5 del mismo cuerpo legal. Que es innegable también

que esta confesión de privatividad, por sí sola, no perjudicará a los

herederos forzosos del confesante ni a los acreedores, sean de la comunidad

o de cada uno de los cónyuges, tal como termina señalando el artículo

1.324 del Código Civil. Que dicha confesión puede tener por finalidad

eludir responsabilidades financieras que afectarían a los bienes gananciales

y que puede haberse realizado en fraude de los derechos de los acreedores,

pero estas son cuestiones que deberán ser dilucidadas y demostradas en

el lugar y momento procesal oportuno y mediante el ejercicio de las acciones

correspondientes por parte de quien se sienta perjudicado, y no en el

momento y caso que se trata, en el que conforme al artículo 144 del

Reglamento Hipotecario, es necesario que la demanda se haya dirigido contra

el cónyuge titular, sea o no deudor, y ello no se infiere del mandamiento

calificado. Que, por todo ello, cabe señalar que la nota de calificación

no infringe el asiento de inscripción de la finca objeto de embargo, ni

es contradictoria con el contenido de dicho asiento, sino que es

consecuencia del mismo y que dicha nota es ajustada a derecho, concretamente

a los artículos 95.4 y 144.2 del Reglamento Hipotecario.

V

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Primera Instancia número 13

de Valencia, informó haciendo referencia a los trámites del juicio de menor

cuantía 863/1993.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana confirmó la nota del Registrador en los argumentos contenidos en

el informe de este.

VII

El Procurador recurrente apeló el auto presidencial, manteniéndose

en sus alegaciones, y añadió: Que no es admisible que el texto reglamentario

establezca normas más allá de las puramente procedimentales del Registro,

sin que como consecuencia de ello establezca resultados que, en ningún

caso, puedan nacer de una norma reglamentaria, sino del contenido del

derecho que asiste al actor en base a las disposiciones sustantivas, de

conformidad con cuanto establece el artículo 1.324 del Código Civil. Que

si existe presunción de ganancialidad y por disposición legal la confesión

de titularidad no perjudica los derechos de los acreedores, no tiene sentido

que se exija demandar a quien no es deudor con la única finalidad de

dar cumplimiento a una norma reglamentaria. Que es la propia

Constitución la que garantiza el principio de legalidad y rango de la normativa

que, desde luego, el Reglamento Hipotecario no respeta. Que, en definitiva,

en este caso se está dando idéntico tratamiento que al supuesto de

disolución de la sociedad de gananciales a que se refiere el párrafo cuarto

del artículo 144 del Reglamento Hipotecario en caso de liquidación de

dicha sociedad.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 1, 1.079, 1.083, 1.215, 1.232, 1.239, 1.249 y siguientes,

1.324, 1.361, 1.373, 1.375, 1.389, 1.407, 1.532 y 1.911 del Código Civil y 1

de la Ley Hipotecaria, 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 93.1, 95.1

y 4 y 144.2 del Reglamento Hipotecario.

1. Se debate en el presente recurso sobre la posibilidad de extender

anotación preventiva de embargo acordado en procedimiento seguido

contra un cónyuge, sobre bienes inscritos a favor de su consorte con carácter

privativo por confesión del embargado.

Es cierto que la confesión de privatividad no aparece configurada en

nuestro ordenamiento como una declaración de voluntad que fija frente

a todos el carácter privativo del bien al que se refiere (sin perjuicio de

su posible impugnación si se efectúa en fraude o perjuicio de terceros

o no se corresponde con la realidad), sino como un simple medio de prueba

de esta circunstancia, que opera en la esfera interconyugal y que carece

de virtualidad para desvirtuar por sí sola la presunción de ganancialidad

recogida en el artículo 1.361 del Código Civil (cfr. artículos 1.232, 1.239

y 1.324 del Código Civil); pero no lo es menos que la presunción de

ganancialidad tampoco es un título de atribución legal de esa cualidad a los

bienes del matrimonio en tanto no conste que pertenecen privativamente

a uno u otro cónyuge -o a ambos pro indiviso-, sino uno más de los

medios de prueba (cfr. artículos 1.215 y 1.249 y siguientes del Código

Civil, y téngase en cuenta el cambio de redacción de la norma, antes

contenida en el anterior artículo 1.407 del Código Civil, que se iniciaba con

la expresión "Se reputará...").

2. Ello plantea el problema de determinar el régimen jurídico aplicable

a estos bienes confesadamente privativos, pues, si no pueden ser tratados

como privativos a todos los efectos, interpartes y frente a terceros, tampoco

pueden ser reputados inequívocamente como gananciales, de manera que

los actos dispositivos realizados sobre ellos con sujeción al régimen de

tales bienes sean definitivamente inatacables (es evidente la posibilidad

de impugnar esos actos si a posteriori se demuestra que los bienes eran

realmente privativos del cónyuge del confesante y éste no prestó su

consentimiento a la enajenación, como ocurriría en el supuesto del

artículo 1.389 del Código Civil). Adviértase en este mismo sentido como el propio

Reglamento Hipotecario, a la hora de fijar los términos de la inscripción

de tales bienes, y a diferencia del criterio seguido en otros casos

-cfr. sus artículos 93.1 y 95.1-, se abstiene de exigir su calificación en

el asiento como privativos o gananciales, limitándose a ordenar que se

inscriban a favor del cónyuge favorecido por la confesión, con expresión

de esta circunstancia (cfr. artículo 95.4), produciéndose una

indeterminación registral en lo relativo a la titularidad de ese bien (aunque

circunscrita al ámbito matrimonial y posibilitada por obvias consideraciones

prácticas), por cuanto de dicha inscripción ni puede deducirse un

pronunciamiento registral favorable a la privatividad del bien, de alcance

"erga omnes" y que queda bajo la salvaguarda de los Tribunales (artículo

1 de la Ley Hipotecaria), ni tampoco un pronunciamiento del mismo alcance

pero favorable a la ganancialidad del bien.

3. En tales circunstancias, la toma de posición sobre las exigencias

del embargo del bien confesadamente privativo por deudas contraídas

unilateralmente por el cónyuge confesante -sean o no también deudas

de la sociedad-, resulta ardua. De entender que a dichos bienes ha de

aplicarse íntegramente el régimen de los gananciales en tanto no se acredite

su privatividad -y sin perjuicio de las consecuencias inherentes a una

justificación a posteriori de esteextremo el artículo 1.373 del Código

Civil posibilitaría la anotación pretendida si mediare la notificación del

embargo al cónyuge favorecido por la confesión, aun cuando la demanda

se haya dirigido sólo contra el confesante; pero en tal caso, habrá de

reconocerse que aquél no sólo puede hacer valer la opción contemplada

en ese precepto sino también la interposición de la correspondiente de

tercería de dominio, y que en caso de no interponerse esta última, la

enajenación alcanzada siempre quedará amenazada de ineficacia si se

demuestra en el procedimiento al efecto iniciado contra el adjudicatario,

que el bien era efectivamente privativo (cfr. artículos 1.532 y siguientes

de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

4. Junto a estos inconvenientes no faltan consideraciones que

aconsejan rechazar esa posición. En primer lugar, ha de reconocerse que la

aplicación del artículo 1.373 del Código Civil, al supuesto ahora

considerado es cuando menos discutible. En efecto, esta norma permite el

embargo de bienes comunes por deudas contraídas sólo por un cónyuge, pero

no porque se presuponga la afección de aquellos al pago de estas (y porque

se estime que para hacer efectiva tal afección basta con que sea demandado

y condenado el cónyuge que la contrajo), sino a pesar de reconocer que

en tal supuesto los bienes comunes no tienen responsabilidad alguna por

la deuda que se trata de hacer efectiva (adviértase que el artículo 1.373

del Código Civil está considerando las deudas propias de un cónyuge)

y con el único objetivo de compaginar el derecho de los acreedores

privativos de un cónyuge a agotar todas las vías posibles para el cobro de

sus deudas aunque para ello tengan que realizar el contenido económico

que a su deudor corresponde en el patrimonio común -esto es, imponer

su disolución para poder proceder contra los bienes que puedan

adjudicársele en la liquidación-, con la posibilidad del otro cónyuge de asegurar

la subsistencia del régimen económico del matrimonio. Desde esta

perspectiva se hace ostensible lo inapropiado de la aplicación del artículo

1.373 del Código Civil al supuesto ahora considerado; por una parte, si

ya es excepcional que por las deudas propias de un cónyuge se permita

a su acreedor embargar directamente bienes ajenos a su patrimonio

privativo (cfr. artículo 1.911 del Código Civil), más lo será que por deudas

totalmente ajenas al patrimonio común se permita al acreedor de un

cónyuge trabar bienes que los titulares de ese patrimonio manifiestan

públicamente que no forman parte de él y así lo consignan en el instrumento

de publicidad de las titularidades inmobiliarias, cual es el Registro de

la Propiedad; por otra parte, el propio desenvolvimiento previsto en el

artículo 1.373 del Código Civil se manifiesta poco coherente con el supuesto

ahora considerado, pues, frente a la alternativa que aquel concede al

cónyuge del deudor (optar por tolerar el embargo o imponer la sustitución

de la traba con disolución del régimen ganancial), la disyuntiva que ahora

se abre a dicho cónyuge es la de elegir entre la tercería de dominio o

pedir directamente la disolución del consorcio, pues, en tal caso, como

las liquidaciones es competencia exclusiva de los cónyuges -sin perjuicio

de lo previsto en el artículo 1.083 del CódigoCivil y éstos no incluirán

en el activo del patrimonio común el bien confesado, éste quedará ya

libre de la traba, y si el acreedor quiere proceder contra él no tendrá

otras vías que demandar a ambos cónyuges para que se declare la

ganancialidad del bien y de la deuda y se ejecute aquél en virtud del artículo

1.317 del Código Civil, o demandar al cónyuge deudor en su carácter de

tal, y a ambos para que se declare la ganancialidad del bien y así poder

proceder contra la parte de ese bien que corresponda al cónyuge deudor

en la adicción a la liquidación que resultará pertinente (cfr. artículo 1.079

del Código Civil).

5. Por último, no puede dejar de reconocerse que ante la

indeterminación que se produce en la titularidad del bien confesadamente

privativo, lo más respetuoso con el principio constitucional de protección

jurisdiccional de los derechos e intereses, con los principios registrales

de tracto y salvaguarda judicial de los asientos del Registro de la Propiedad,

y con las exigencias de seguridad del tráfico, sería adoptar la solución

que garantizara suficientemente los derechos de todos los interesados tanto

si el bien es efectivamente privativo como ganancial, lo que por otra parte

aseguraría la inacatabilidad de la ejecución.

6. Las consideraciones precedentes ponen de manifiesto que no es

indudable que sea suficiente la mera notificación del embargo al cónyuge

del deudor para poder trabar el bien confesadamente privativo en

procedimiento seguido exclusivamente contra el confesante por deudas que

contrajo unilateralmente, sino que debiera demandarse a ambos cónyuges

(si bien que con que dirigiendo contra cada uno pretensiones distintas,

tal como se ha especificado), y puesto que ésta es la solución adoptada

por el artículo 144.2 del Reglamento Hipotecario, a ella deberá atenerse

el Registrador de la Propiedad, que debe observar las normas de rango

reglamentario en tanto no resulte que fueren claramente contrarios a la

norma legal que trata de desarrollar (cfr. artículo 1 del Código Civil).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar

el auto apelado y la nota del Registrador.

Madrid, 13 de febrero de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana.

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