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Documento BOE-A-1999-410

Resolución de 28 de noviembre de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Promociones Plaza 2001, Sociedad Limitada», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Palma de Mallorca número 7, don Miguel Peña Romero, a cancelar una anotación preventiva de querella, en virtud de apelación del Registrador.

Publicado en:
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 1999, páginas 777 a 778 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-410

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales, don Miguel Socias Roselló, en nombre de "Promociones Plaza

2001, Sociedad Limitada", contra la negativa del Registrador de la

Propiedad de Palma de Mallorca número 7, don Miguel Peña Romero, a cancelar

una anotación preventiva de querella, en virtud de apelación del señor

Registrador.

Hechos

I

Ante el Juzgado de Instrucción número 6 de los de Palma de Mallorca,

se interpuso en su día querella criminal que dió lugar a la coacción de

las diligencias previas número 56/95. En dicho procedimiento criminal,

como medida cautelar solicitada por el querellante, se tomo anotación

de la querella en el Registro de la Propiedad número 7 de Palma de Mallorca,

sobre determinadas fincas. Renunciadas por el querellante las acciones

civiles y penales y apartado del procedimiento, el ilustrísimo señor Juez

del Juzgado dictó auto de fecha 30 de abril de 1996, disponiendo no haber

lugar a la apertura del juicio oral solicitado por el Ministerio Fiscal y

el sobreseimiento provisional de las actuaciones y ordenó dirigir con la

misma fecha mandamiento del señor Registrador de la Propiedad, a fin

de que procediera a la cancelación de la anotación preventiva de la querella

que en su día se practicó sobre las fincas que se mencionan. El Registrador

suspendió la cancelación por no ser firme el auto, pues éste fue apelado

por el Ministerio Fiscal, y a pesar del informe en contra del Ministerio

Fiscal, el Juez remitió al Registrador oficio de 21 de mayo de 1996,

comunicándole no haber incoveniente para el levantamiento de la anotación

de querella y el 24 de mayo del mismo año expidió un nuevo mandamiento

en el que ordenaba al Registrador cancelar la anotación, ya que el recurso

de apelación pendiente, únicamente podía decidir acerca de la acción penal

ejecutada, pero nunca de las civiles. Que en fecha 29 de mayo, dictó otro

auto y en virtud del mismo, se decretaba la firmeza del auto de 30 de

abril del mismo año, en lo relativo a la cancelación de la anotación

preventiva de querella, para lo que expidió el correspondiente mandamiento.

II

Presentado el anterior mandamiento en el Registro de la Propiedad

número 7 de Palma de Mallorca, fue calificado con la siguiente nota:

"Suspendida la cancelación que se ordena en el precedente mandamiento,

complementario del mandamiento expedido el día 30 de abril de 1996 por

el mismo juzgado, en unión de oficio de fecha 21 de mayo de 1996, por

no cumplimentarse lo establecido en el artículo 83 de la Ley Hipotecaria,

relativo a la firmeza del auto. No se toma anotación por suspensión por

no haberse solicitado. Palma, 11 de junio del 1996.-El Registrador, firma

ilegible".

III

El Procurador de los Tribunales, don Miguel Socias Roselló, en nombre

de "Promociones Plaza 2001, Sociedad Limitada", interpuso recurso

gubernativo contra la anterior calificación, y alegó: Que la calificación implica

un total desconocimiento de las diferencias entre acciones penales o

públicas y privadas, y que en nuestro derecho, en materia civil, rige el principio

de "ius disponendi", pues el auto en cuya virtud se ordena la cancelación

y, en concreto, el de 29 de mayo de 1996, es firme y debió ser inscrito.

Que hay que tener en cuenta lo establecido en los artículo 100 y siguientes

y 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Que como fundamentos de

derecho también hay que citar los artículos 6 del Código Civil, los

artículos 106 y 108 de la Ley Procesal, 117 del Código Penal y el párrafo 2. o del

artículo 83 de la Ley Hipotecaria. Que si se tiene en cuenta que la parte

querellante solicitó expresamente que se procediera a cancelar la anotación

de querella, no puede mantenerse la calificación del Registrador que está

ocasionando graves e irreparables perjuicios al recurrente, pues sobre las

fincas de su propiedad pesa la correspondiente hipoteca.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informó: Que

en virtud de lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1. o , de la Ley

Hipotecaria, se mantiene la calificación desfavorable, al estar recurrida la

resolución que teóricamente pone fin al procedimiento penal en cuya virtud

se practica inicialmente la anotación preventiva de demanda, cuya

cancelación se solicita. Que el recurrente sólo hace mención en su escrito

a la función cautelar de la anotación de demanda, olvidando la función

publicitaria de la misma y sus efectos. Que admite el recurrente lo

manifestado por el Ministerio Fiscal, relativo a no tener inconveniente a que

se proceda a la cancelación de la anotación de demanda, pero una vez

que adquiera firmeza la resolución. Que la naturaleza dispositiva del

procedimiento civil no tiene aquí trascendencia, desde el momento en que

la anotación preventiva se practica en virtud de resolución judicial, estando

el asiento bajo la salvaguardia de los Tribunales y no pudiendo cancelarse

sino por providencia ejecutoria (artículo 83 de la Ley Hipotecaria). Que

la resolución que determina el sobreseimiento provisional y ordena la

cancelación de la anotación preventiva del 30 de abril de 1996 está

recurrida, siendo la del 29 de mayo del mismo año ampliatoria de la primera.

Que la anotación preventiva se ordena en su procedimiento penal, y éste

no ha terminado, está recurrido, y hay que insistir en la doble naturaleza

de la anotación de demanda: Asegurar la efectividad de ese procedimiento

y publicar su existencia. Que se trata de que los asientos registrales que

en su virtud se produzcan, guarden exacta congruencia con la realidad

extrarregistral. Que tanto en los casos del párrafo 2. o y3. o del artículo

83 de la Ley Hipotecaria, la providencia que el Juez dicte debe ser firme

para que provoque el aumento cancelatorio en el Registro.

V

El ilustrísimo Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 6

de los de Palma de Mallorca, informó sobre la tramitación de las diligencias

previas 56/96.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares revocó

la nota del Registrador, fundándose en que el recurso interpuesto por

el Ministerio Fiscal, en manera alguna puede afectar a las responsabilidades

civiles, por haber renunciado el querellante al ejercicio de las acciones

tendentes a su declaración, las peticiones de aquél quedan reducidas al

ámbito penal, por cuanto las acciones civiles se extinguen por la renuncia

de la persona ofendida, cualquiera que sea el delito o falta de que procedan.

VII

El Registrador apeló el auto presidencial, manteniéndose en las

alegaciones contenidas en su informe.

Fundamentos de Derechos

Vistos los artículos 117 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial; 18 y 83 de la Ley Hipotecaria; 100 del Reglamento

Hipotecario, y las Resoluciones de 13 de febrero y 21 de octubre de 1992,

17 de febrero de 1993, 5 de julio y 28 de octubre de 1993 y 12 de febrero

de 1996.

1. En el presente caso se dan las siguientes circunstancias: a)

Interpuesta en su día querella criminal por delitos de falsedad y estafa e

incoadas diligencias previas, se adoptó como medida cautelar la anotación

de la querella en el Registro para garantizar las responsabilidades civiles

que fueran procedentes, lo que se llevó a efecto en los libros. b) El Juzgado

de Instrucción, a pesar de haberse solicitado la apertura de juicio oral,

dictó auto el 30 de abril de 1996, en el que -por no encontrar indicios

de criminalidad y retirarse del proceso la acusación particular al haberse

resuelto las diligencias dentro del ámbito del derechomercantil denegaba

la apertura del juicio oral y decretaba el sobreseimiento provisional de

las actuaciones, ordenando dejar sin efecto las medidas cautelares

adoptadas y concretamente la anotación preventiva de la querella en el Registro

de la Propiedad por renunciar los querellantes a las acciones civiles y

penales, para lo que expidió el oportuno mandamiento dirigido al

Registrador. c) Al no ser firme el auto, el Registrador suspendió la cancelación

por tal motivo. d) El Ministerio Fiscal apeló el auto, continuándose

únicamente la acción penal y el Juzgado instructor, a pesar del informe en

contra del Ministerio Fiscal, remitió al Registrador mandamiento

ampliatorio ordenándole nuevamente levantar la anotación de demanda contenida

en la querella, insistiendo el mandamiento en la renuncia de los

querellantes al ejercicio de las acciones civiles, ya que la apelación decidiría

únicamente en cuanto a la continuación o no de la acción penal ejercitada

por el Fiscal a los efectos del castigo de los culpables. e) Ante idéntica

negativa del Registrador, el 29 de mayo de 1996, el Juez dictó auto por

el que decretaba la firmeza del auto de 30 de abril del mismo año en

lo relativo al levantamiento de la anotación preventiva de querella para

lo que envió el correspondiente mandamiento al Registrador, a lo que

se sigue oponiendo hasta que la resolución que ponga fin al procedimiento

sea firme en su totalidad.

2. Una vez más, debe pronunciarse este Centro Directivo sobre el

tema del alcance de la calificación de los Registradores de la Propiedad

cuando es objeto de ella un documento judicial. Y es doctrina ya sentada

que el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva

a los Jueces y Tribunales impone a todas las autoridades y funcionarios

públicos, incluidos por tanto los Registradores de la Propiedad, la

obligación de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza

o sean ejecutables de acuerdo con las leyes (artículo 17.2 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial). No puede, por tanto, entrar a conocer el Registrador

sobre los fundamentos que han servido de base al Juzgado de Instrucción

para decretar la firmeza parcial de un auto, ni tampoco sobre si cabe

la firmeza parcial de una determinada resolución judicial o si el informe

del Ministerio Fiscal es favorable o no a una determinada cancelación;

se trata de extremos que están vedados a la calificación del Registrador,

quien que debe limitarse a la competencia del Juzgado, a la congruencia

del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado,

a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos

que surjan del Registro. Al no ser ninguno de estos puntos objeto de este

recurso, no puede entrar tampoco esta Dirección General a revisar aquellos

fundamentos del juzgador, ya que entrañaría una injerencia indebida en

la esfera jurisdiccional, que, como ya se ha dicho, es exclusiva de Jueces

y Tribunales,

Esta Dirección General ha acordado confirmar el auto apelado.

Madrid, 28 de noviembre de 1998.-El Director general, Luis María

Cabello de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas

Baleares.

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