Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En el recurso gubernativo interpuesto por don José García García,

contra la negativa de don Fernando Alonso Mencía Álvarez, Registrador

de la Propiedad de Guadalajara, número 2, a inscribir una escritura de

compraventa, en virtud de apelación del señor Registrador.

Hechos

I

En el día 13 de enero de 1994, mediante escritura pública otorgada

ante don Manuel Pérez de Camino Palacios, Notario de Guadalajara, el

Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2,

de dicha ciudad, en nombra y representación, en virtud de su cargo de

don Luis Valles Arroyo, casado con doña Carmina Rodríguez Medel, y

en su propio nombre sus hijos, don Félix Valles Rodríguez, casado, y don

Julio Vallés Rodríguez, soltero, todos ellos en representación de

"Promociones y Construcciones Valles", venden a don José García García, soltero,

que compra un apartamento en planta primera, letra B, del edificio sito

en Guadalajara, con frente a la plaza del Concejo, número 9, con fachada

también a la calle del Capitán Luis Piñazo, que pertenece a los vendedores

por terceras partes indivisas, con carácter presuntivamente ganancial en

cuanto a don Luis Valles y privativo en lo que se refiere a don Félix

y don Julio Valles.

Dicha escritura fue otorgada, conforme a la sentencia dictada el día

15 de enero de 1993, por el señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

Instancia número 2 de Guadalajara, en autos 588/1991 y 51/1992

acumulados de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, en virtud de

demanda de don José García García, contra don Luis Valles Arroyo, don

Félix y don Julio Valles Rodríguez, como comuneros de "Promociones y

Construcciones Valles C de B", en la cual se condenó a los demandados

a elevar a escritura pública el contrato privado de compraventa de fecha

10 de octubre de 1998. Dicha sentencia fue confirmada en todos sus

pronunciamientos por la Audiencia Provincial de Guadalajara, en sentencia

de 8 de julio de 1993.

En la cláusula tercera de la referida escritura el ilustrísimo señor

Magistrado-Juez ordena y la parte adquirente solicita del señor Registrador de

la Propiedad, la cancelación de las anotaciones e inscripciones de créditos

o derechos no preferentes a los del actor y en especial la anotación

preventiva letra A causada en el procedimiento antes citado.

II

Presentada copia de la citada escritura en el Registro de la Propiedad

número 2 de Guadalajara, fue calificada con la siguiente nota: "Inscrito

el precedente documento en cuanto a las dos terceras partes que transmiten

don Félix y don Julio Valles Rodríguez en el tomo 12.428, folio 210, libro

55, finca 5.634, inscripción 4. a y suspendida la inscripción de la tercera

parte restante que figura inscrita con carácter ganancial, a favor de don

Luis Luis Valles Arroyo y su esposa, doña Casimira María Rodríguez Medel,

porque no ha intervenido en la escritura dicha señora, ni consta en ella

que por sí o representada haya prestado el consentimiento que exige el

artículo 93.2 del Reglamento Hipotecario ni que éste haya sido suplido

en forma alguna ya que el Magistrado que comparece lo hace sólo en

nombre del esposo pero no de dicha señora, lo que es consecuente con

el procedimiento que ha motivado el otorgamiento de la escritura, el cual

no se ha seguido contra dicha señora, según resulta del precedente

documento. No se han practicado las cancelaciones solicitadas en la cláusula

tercera, por no haberse ordenado por medio de mandamiento judicial o

resultar de testimonio de la ejecutoria dictada en el procedimiento, según

exige el artículo 198 del Reglamento Hipotecario. No se ha practicado

anotación de suspensión, porque no se ha solicitado. Contra la presente

nota de calificación puede interponerse recurso gubernativo ante el

excelentísimo señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el plazo

de cuatro meses a contar de la fecha de la misma, según se regula en

los artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 111 y siguientes del Reglamento

para su aplicación. Guadalajara, 1 de marzo de 1994.-El Registrador,

Fernando Alonso-Mencía Álvarez".

III

Don José García interpuso recurso gubernativo contra la anterior

calificación, y alegó: Que como fundamento de derecho hay que citar los

artículo 1.365 del Código Civil,6y7delCódigo de Comercio y 93.2 del

Reglamento Hipotecario. Que la sentencia del Tribunal Supremo de 21

de marzo de 1988 analiza un caso similar al que se resolvió en los autos

que han dado lugar al presente recurso gubernativo, pero en sentido

inverso. Por tanto, considerando dicha sentencia hay que señalar que en

concretamente si se hubiera demandado a la esposa como si no, ésta no

interviene en la escritura, y por tanto, es imposible inscribir la compraventa

judicial en el caso de que un bien inmueble pertenezca a un comerciante

y a su cónyuge, conclusión que parece carecer de toda lógica jurídica.

Que hay también que citar las sentencias del Tribunal Supremo de 27

de junio de 1989 y 25 de noviembre de 1991, así como la Resolución

de 15 de julio de 1988. Que hay que tener en cuenta lo que dispone el

artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informó: A. Que

de la escritura y especialmente de la trascripción parcial que se hace

de ella de las sentencia antes mencionadas resulta que doña Casimira

María Rodríguez Medel no ha sido parte en el procedimiento que determinó

el otorgamiento de la escritura y ni siquiera ha sido citada en él. B. Que

la totalidad de los argumentos del recurso se refieren al primer defecto

sin referirse para nada al defecto relativo a la cancelación de las

anotaciones e inscripciones, por lo que hay que considerar que el recurrente

está de acuerdo con él, y como consecuencia, el presente informe no se

referirá nada más que al primer defecto, el cual se hace conforme a los

siguientes fundamentos de derecho: 1. o Que la calificación se refiere a

un documento notarial y será aplicable el artículo 100 del Reglamento

Hipotecario. 2. o Que la nota de calificación se base en que en la escritura

no conste que exista el consentimiento que exige el artículo 93.2 del

Reglamento Hipotecario para enajenar bienes gananciales. Dicho artículo fue

modificado por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, que desarrolló

hipotecariamente la reforma del Código Civil hecha por la Ley 11/1981,

de 13 de mayo. 3. o Que lo anterior corresponde con la doctrina establecida

en la Resolución de 6 de julio de 1993. 4. o Que el caso resuelto por

la anterior Resolución es igual al objeto del presente recurso. 5. o Que

en virtud del principio de tracto sucesivo y de conformidad con lo

establecido en el párrafo 1. o del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, la

compraventa debió otorgarse por el Magistrado en nombre de todos los titulares

inscritos, ésto es ambos cónyuges, ya que la sociedad de gananciales carece

de personalidad jurídica y hay que actuar en nombre de ambos titulares,

lo que no hizo porque no podía hacerlo, pues estaba ejecutando una

sentencia y tenía que ceñirse a lo establecido en ella que sólo condenaba

a los que comparecieron en la escritura, por sí o representados. Que la

observancia de tal principio que se desarrolla en cuanto a bienes

gananciales en el artículo 93 del Reglamento Hipotecario, impide inscribir el

documento otorgado sin la intervención de uno de los titulares inscritos.

6. o Que el Magistrado actúa en sustitución del condenado, es como si

fuera él. 7. o Que no es aplicable a este caso la doctrina establecida en

la Resolución de 15 de julio de 1988. 8. o Que uno de los argumentos

utilizados por el recurrente es que los titulares de la finca ejercen el

comercio y quedan obligados a las resultas del mismo los bienes comunes si

el otro cónyuge presta el consentimiento para que se ejerza el comercio,

pudiendo ser tácito dicho consentimiento, según establece el artículo

7. o del mismo cuerpo legal. Que en contra de lo dicho hay que señalar:

1. o Que el comercio que ejercen dichos señores tiene como parte esencial

la compraventa de inmuebles, que según el artículo 325 del Código de

Comercio no es mercantil, y en este punto hay que citar la Resolución

de 13 de diciembre de 1985. 2. o Que el recurrente al referirse al Código

de Comercio habla que los bienes quedan obligados a las resultas del

comercio, remitiéndose incluso al artículo 1.365 del Código Civil, pero

estamos ante una situación distinta, ante una disposición de bienes

gananciales a los que se refiere el artículo 1.377 del mismo Código. 9. o Que

finalmente, en lo referente al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, hay que señalar que no se han desobedecido ninguna de las

sentencias ya que en ninguna se ordenaba al Registrador realizar operación

registral alguna.

V

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

número 2 de Guadalajara, informó: Que de la propia escritura debe

deducirse que cuando la Audiencia Provincial de Guadalajara se pronuncia

en su fundamento de derecho tercero sobre la excepción propuesta de

falta de litis-consorcio pasivo necesario por no haber sido llamada al

procedimiento la esposa, está considerando que ésta ha prestado su

consentimiento tácito conforme en lo establecido en los artículo6y7delCódigo

de Comercio y por ello debe considerarse como condenada "inaudita parte",

sin que pueda obligarse al hoy recurrente a entablar una nueva demanda

contra la esposa ya que tendrá por objeto que se declare que prestó su

consentimiento a la operación mercantil realizada por su esposo.

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

revocó la nota del Registrador fundándose principalmente en que la venta

de la cuota, cuya inscripción se ha denegado, ha sido hecha por un

comerciante, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Código de Comercio

y 1.365.2 del Código Civil y que al calificar la escritura se ha hecho

abstracción de la situación procesal que la genera.

VII

El Registrador apeló el auto presidencial manteniéndose en sus

alegaciones, y añadió: A. 1. o Que el hecho que una persona sea comerciante,

no implica que todos los actos jurídicos que realice sean actos de comercio,

y no es obstáculo para que realice actos civiles a los que se ha de aplicar

la legislación civil; 2. o Que de lo establecido en el artículo 2 del Código

de Comercio hay que concluir que los actos que no sean de comercio

no se regirán por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio.

En el caso que se estudia se trata de una compraventa de un inmueble

que no puede ser considerada como acto de comercio en virtud de lo

establecido en el artículo 325 del mencionado Código y, por tanto, se rige

por el Código Civil, con independencia de que el vendedor sea o no

comerciante, siendo entonces aplicables los artículos 1.377 y 1.375 del Código

Civil en este sentido se pronunció la Resolución de 13 de diciembre de

1985. 3. o Que los artículos 6 del Código de Comercio y 1.365 del Código

Civil se refieren al caso de que uno solo de los cónyuges sea comerciante,

pero el caso que se estudia parece que se trata más bien de un negocio

ganancial, en cuyo caso no serían de aplicación los preceptos citados,

y será de aplicación el artículo 1.347, apartado 5. o , del Código Civil,

al que son de aplicación plena las normas de dicho Código, reguladoras

de la sociedad de gananciales, entre ellas las de los artículos 1.377 y 1.375

antes citados y, como consecuencia, el artículo 93.2 del Reglamento

Hipotecario. 4. o Que del Reglamento Hipotecario viene a desarrollar lo

establecido en el Código Civil, así hay que estar a lo dispuesto en el artículo

93.2 y, por otro lado, si entre los casos especiales del artículo 96 estuviese

el que uno de los cónyuges fuera comerciante, es casi seguro, por su

trascendencia, que se hubiera recogido expresamente. 5. o Que conforme a

la Resolución de 20 de marzo de 1986, en este caso no puede deducirse

el contenido del Registro ni de la escritura calificada que se trate de un

inmueble-mercadería pues la parte transcrita de la sentencia no lo dice

claramente. 6. o Que si de lo expuesto se concluye que no es de aplicación

al caso del recurso el artículo 6 del Código de Comercio, la situación

planteada se diferencia muy poco de la resuelta por la Resolución de

6 de julio de 1993. B. Que sí se ha tenido en cuenta la situación procesal,

pero de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley

Hipotecaria.

Fundamentos de Derecho

Visto los artículos 1.365, 1.668 del Código Civil; 39.1. o , 51 (redacción

conforme a la Ley de 8 de abril de 1967) 74 y 76 de la Compilación de

Aragón;6a12y116ysiguientes del Código de Comercio; 18 de la Ley

Hipotecaria, 93 y 94 de su Reglamento; la sentencia del Tribunal Supremo

de 8 de noviembre de 1983 y las Resoluciones de 29 de septiembre, 11

de octubre de 1983, 20 de marzo de 1986y6dejulio de 1993.

En el supuesto del presente recurso concurren los siguientes elementos

definidores:

a) Con fecha 10 de octubre de 1998, se celebró un contrato de

compraventa de inmuebles, formalizado en documento privado, entre una

comunidad de bienes y el ahora recurrente. El bien vendido aparece inscrito

en el Registro de la Propiedad por una tercera partes indivisas a favor

de "don Luis Valles Arroyo y su esposa, doña Carmina Rodríguez Medel,

de don Félix Valles Rodríguez casado, y de don Julio Valles Rodríguez

soltero, teniendo carácter ganancial la cuota del primer matrimonio, y

privativo la de los dos restantes.

b) Por sentencia firme dictada en juicio declarativo ordinario

entablado por el comprador contra don Luis Valles Arroyo, don Félix Valles

Rodríguez y don Julio Valles Rodríguez como únicos integrantes de la

comunidad de bienes vendedora, se condena a los demandados a la

formalización en escritura pública del referido contrato de compraventa. En

el procedimiento seguido, don Luis Valles Arroyo, alegó falta de

litis-consorcio pasivo necesario al no haber sido demandada su esposa, dado el

carácter ganancial de una tercera parte indivisa del bien vendido, habiendo

sido desestimada la excepción por cuanto "ha quedado acreditado que

los tres demandados son los componentes de la comunidad de bienes

demandada y que la compra de tercera parte indivisa de la finca con

carácter ganancial por quien profesionalmente ejerce el peculiar comercio

de compraventa posterior a la construcción de viviendas, no impide que

pueda ser demandado con éxito el mismo comerciante con independencia

de su condición de casado y del carácter ganancial del bien en cuestión.

A este respecto es de recordar el artículo 6 del Código de Comercio y

el párrafo 2. o del artículo 1.358 del Código Civil de modo que cualquiera

de los cónyuges está legitimado para verificar dicha defensa (la de los

bienes comunes), por lo que es evidente que la relación jurídica procesal

se encuentra bien constituida ya que no se produce indefensión alguna

del cónyuge no expresamente demandado cuya cualidad de propietaria

de una mitad ganancial de una tercera parte indivisa no había expresado

el demandado principal, que únicamente mencionó a la comunidad de

bienes como propietaria de lo construido ...".

c) La escritura de elevación a público del documento privado referido

es otorgada por dos de los comuneros cuyas cuotas son privativas, y por

el Juez en representación de tercero (el que había invocado la excepción

referida). El Registrador suspende la inscripción por cuanto al figurar

tercera parte de la finca con carácter ganancial de don Luis Valles Arroyo

y su esposa, ésta.

No ha de discutirse ahora sobre la naturaleza juríduca de la denominada

"comunidad de bienes" que aparece como sujeto vendedor en el documento

privado de la compraventa, ni sobre la legitimación procesal pasiva en

tales hipótesis (esto es, contra quienes ha de dirigirse la demanda cuando

se pida judicialmente el cumplimiento de obligaciones asumidas por aquella

comunidad). En el caso debatido, es lo cierto que el bien aparece inscrito

en copropiedad ordinaria en los términos expuestos, y este

pronunciamiento, que se presume exacto a todos los efectos legales (cfr.

artículo 38 Ley Hipotecaria), que está bajo la salvaguardia de los Tribunales

no pudiendo rectificarse sino con el consentimiento del titular o por

resolución firme dictada en juicio declarativo entablado contra su titular (cf.

artículos1y40LeyHipotecaria), y que vincula al Registrador en su labor

calificadora (cfr. artículo 18 Ley Hipotecaria), le impide, efectivamente,

inscribir la venta del bien en cuanto a la tercera parte inscrita a favor

de don Luis Valles Arroyo y su esposa, doña Carmina Rodríguez Medel

con carácter ganancial, toda vez que la disposición de bienes comunes

presupone el consentimiento de ambos cónyuges (cfr. artículo 1.375 del

Código Civil), y no consta en el caso debatido que haya mediado el de

la esposa, ni aparece que haya sido parte en el procedimiento y condenada

en la sentencia en cuya ejecución se otorga la escritura calificada.

2. No se revisa con ello (ni podría hacerse por el Registrador, dada

la limitación de sus facultades calificadoras respecto de los documentos

judiciales -vid artículo 100 del Reglamento Hipotecario) la verdadera

eficacia de la sentencia y de la consiguiente escritura pública, ni se menoscaba

el deber de colaboración con la justicia que incumbe a toda persona o

entidad pública o privada (artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial). Lo que ocurre es que esa actuación judicial encaminada a dar forma

pública y efecto real a un consentimiento contractual anterior y resultante

de un proceso entablado exclusivamente contra uno de los cónyuges, suple

ciertamente la conducta del cónyuge vendedor, pero sólo ésta y, dado

que en materia de gananciales rige el principio de codisposición, ni la

sola conducta de uno de los cónyuges, ni la decisión judicial que la suple,

basta para entender que es plenamente válida la enajenación del bien

ganancial; lo contrario, sobre vulnerar la eficacia relativa de la cosa juzgada

(cfr. artículo 1.252 del Código Civil) y desconocer las facultades de

codisposición que al cónyuge no demandado correspondían sobre los bienes

en cuestión, implicaría su indefensión y el desconocimiento flagrante del

principio constitucional del derecho a la tutela jurisdiccional de los propios

derechos e intereses legítimos (artículo 24 Constitución Española).

Cuestión distinta -que ahora no seprejuzga sería que se acreditara

fehacientemente o constar en el Registro, que la titularidad del bien no

correspondiera en condominio ordinario a las personas indicadas, sino

bajo una forma específica de comunidad sujeta a especiales disposiciones

pactadas por los cotitulares (cfr. artículo 392 Código Civil), de las cuales

resultare, a su vez, que los ahora demandados y codemandados tuvieran

plenas facultades para su enajenación; más no siendo esto así, no puede

accederse práctica de la inscripción pretendida, so pretexto del deber de

cumplir la sentencia recaída, y es que la proclamación judicial de la cual

es la concreta forma de titularidad del bien discutido (y, consiguientemente,

cual su régimen jurídico específico) sólo puede obtener reconocimiento

registral en la hipótesis en que el pronunciamiento tabular sea diferente,

cuando en el procedimiento seguido han sido parte todos aquellos a los

que el asiento eventualmente inexacto atribuye algún derecho; así lo

imponen además de los principios registrales de legitimación, tracto y

salvaguardia judicial de los asientos, el principio constitucional de protección

jurisdiccional de los derechos, con exclusión de la indefensión (cfr. artículo

24 Constitución Española) y el alcance relativo de la eficacia de la cosa

juzgada (cfr. artículo 1.252 Código Civil).

Por lo demás, la invocación del artículo 6 del Código de Comercio,

no altera las anteriores consideraciones, pues, por una parte, no se ha

acreditado que la cuota ganancial cuestinada haya sido adquirida en el

ejercicio del comercio realizado por el cónyuge condenado, -acreditación

que se impone en función de los limitados medios con que ha de

desenvolverse la calificación registral (cfr. artículos 3 y 18 Ley Hipotecaria)-,

y, por otra, al no haber sido parte el cónyuge del demandado en el

procedimiento seguido, la afirmación judicial de aquella circunstancia no

podría ser eficaz contra él (cfr. artículo 1.252 Código Civil),

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar el

auto apelado.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.-El Director general, Luis María

Cabello de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La

Mancha.