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Documento BOE-A-1999-405

Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Cornellá, don Ildefonso Sánchez Prat, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Viladecans, don Antonio J. Pascual Castillo Folch, a inscribir una escritura de constitución de una hipoteca de máximo, en virtud de apelación del Registrador.

Publicado en:
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 1999, páginas 768 a 770 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-405

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Cornellá, don

Ildefonso Sánchez Prat, contra la negativa del Registrador de la Propiedad

de Viladecans, don Antonio J. Pascual Castillo Folch, a inscribir una

escritura de constitución de una hipoteca de máximo, en virtud de apelación

del Registrador.

Hechos

I

El 27 de mayo de 1994, mediante escritura pública autorizada por

el Notario de Cornellá, don Ildefonso Sánchez Prat, la entidad "AP 9,

Sociedad Limitada", representada por su Administrador único, don Ramón Moya

Ribalta, constituyó hipoteca de máximo, hasta un principal de 50.000.000

de pesetas, a favor del Banco Central Hispanoamericano, sobre una finca

de su propiedad, sita en el término de Viladecans e inscrita en el Registro

de la Propiedad de dicha localidad, en garantía de obligaciones que tenía

ya contraídas o las que dentro del término de quince años contraiga la

compañía "Wenland, Sociedad Anónima", con dicho banco por los

conceptos que en la escritura se expresan.

II

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de

Viladecans, fue calificada con la siguiente nota: "Suspendida la inscripción

de la hipoteca del precedente documento, por observarse los defectos

subsanables: a) De no acreditarse el nombramiento del Administrador de

la sociedad hipotecante ªAP 9, Sociedad Limitadaº, y b) De que, en todo

caso, dicho Administrador no posee poderes suficientes para hipotecar

en garantía de deudas ajenas, ya que, tratándose de un acto de fianza,

faltaría la autorización de la Junta general, como órgano supremo de la

sociedad, por cuanto, según el artículo 1.827 del Código Civil, la fianza

no se presume, sino que debe ser expresa. En su lugar, a petición del

presentante, se ha tomado anotación de suspensión, por el término legal,

en el tomo 937, libro 293, folio 11, finca 15.017, anotación letra M.

Viladecans,a9dediciembre de 1994.-El Registrador. Firma ilegible".

III

El Notario autorizante del documento interpuso recurso gubernativo

contra el segundo defecto de la anterior calificación, y alegó: I. Que el

primer defecto de la nota fue subsanado. II. Que en cuanto al segundo

defecto, el Registrador parte de la base de identificar un contrato de

hipoteca en garantía de deuda ajena con un "acto de fianza", equiparación

sólo entendible si se utiliza el término fianza en un sentido lato y vulgar,

como garantía en general por deuda de tercero, pero de ningún modo

en un sentido técnico y ajustado al contrato definido y regulado en los

artículos 1.822 y siguientes del Código Civil. Que, sin embargo, el

Registrador se olvida del sentido lato y no técnico del contrato de fianza y

acude para basar su calificación al artículo 1.827 del Código Civil, regulador

del contrato de fianza propia y técnicamente dicho. Que se trata de un

contrato de hipoteca y no de fianza y la aplicación de dicha norma sólo

puede justificarse en la analogía. Pero la figura de la hipoteca no precisa

de la aplicación analógica de dicho artículo, pues lo que el mismo impone

está previsto ya para la hipoteca en el artículo 1.713, párrafo segundo,

del mismo texto legal. Que queda cumplido el requisito que exige dicho

párrafo, ya que entre las facultades que los estatutos de la sociedad

hipotecante confiere su Administrador está la de "constituir toda clase de

derechos reales y personales, incluso hipotecas". Que la referencia que hace

el Registrador a la fianza, debe refutarse: a) Porque la exigencia en sí

misma no la contiene el artículo 1.713 del Código Civil, que siendo una

norma restrictiva del régimen general de la representación y, por tanto,

excepcional, su interpretación no puede extenderse a supuestos distintos

de los comprendidos expresamente en ella, por prohibirlo el artículo 4,

párrafo segundo, del Código Civil; b) En cuanto a la aplicación del propio

artículo 1.713 del Código Civil, al caso que se trata, porque ni siquiera

procede, por tratarse la representación societaria de un régimen de

representación especial, orgánico y regido por sus propias reglas, según quedó

sentado en las Resoluciones de 27 de septiembre de 1933, 19 de marzo

de1936y4demarzo y 21 de noviembre de 1985, y sentencias del Tribunal

Supremo de 24 de noviembre de 1989. Que no siendo aplicables ni el

artículo 1.827 a la hipoteca ni el 1.713 del Código Civil a la representación

societaria queda la nota registral refutada y eliminado el obstáculo que

aleja para la inscripción. Que el tema que late en el fondo de la calificación

registral es el de la legitimación del Administrador de una sociedad para

realizar actos aparentemente no comprendidos dentro del objeto de la

sociedad que representa y, en consecuencia, la amplitud que deba darse

a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas (en

este caso, artículo 11 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada),

y muy especialmente, al alcance de la calificación notarial y registral sobre

dichos actos del Administrador. Que sobre este tema la Dirección General

ha sentado la doctrina que se contiene en las Resoluciones de 11 de

noviembre de 1991, 11 de marzo de 1992, 12 de marzoy3deoctubre de 1994,

referidas a la legislación actual y referidas a la legislación anterior hay

que citar las de 1 de julio de 1976, 2 de octubre de 1981, 31 de marzo

de 1986, 12 de mayo de 1989 y las sentencias del Tribunal Supremo de 14

de mayo de 1984 y 24 de noviembre de 1989. Que conforme a tal doctrina

es claro que será competencia de los órganos jurisdiccionales y no del

Registrador de la Propiedad, y siempre a instancia de la sociedad o de

los socios, a quienes la Ley ofrece medios específicos para proteger sus

derechos, entrar a conocer de un eventual conflicto de responsabilidad

interna del Administrador por sus actos en el ejercicio del cargo, una

vez probada la lesividad de éstos y la extralimitación del representante

de la sociedad por los medios que las partes, en un procedimiento

contradictorio judicial, ofrecieran.

IV

El Registrador, en defensa de su nota, informó: 1. o Que se da por

subsanado el primero de los defectos de la nota de calificación, enunciado

con la letra a). 2. o Que se centra la defensa de la nota en el segundo

de los defectos en ella apuntada bajo la letra b). Que la hipoteca por

una deuda ajena implica una fianza real que no se presume nunca sino

que ha de ser expresa, según el artículo 1.827 del Código Civil, de

interpretación restrictiva, según las Resoluciones de 20 de enero de 1943 y 6

de noviembre de 1962, y sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero

de 1950. Que entre las facultades del Administrador enumeradas en la

escritura calificada no figuran las expresas para afianzar o avalar, no

ya deudas de la propia sociedad, y menos aún deudas de otra sociedad.

En este punto hay que señalar lo que dicen las Resoluciones de 12 y 16

de mayo de 1989. Que se requiere el conocimiento y ratificación expresa

de la Junta general del acto llevado a cabo por el Administrador

(Resolución de 20 de septiembre de 1989). Que la representación orgánica que

ostenta el Administrador está delimitada por el objeto social, dentro del

cual no se puede incluir la hipoteca de garantía de duda ajena. Que se

trata de un acto excluido y contrario al objeto social, asumiendo la sociedad

por él, un riesgo patrimonial evidente sin aparente beneficio económico.

Que en las Resoluciones que cita el Notario late también la idea del objeto

social como coto a la actuación del órgano administrador. Que las

Resoluciones de 16 de marzo y 20 de diciembre de 1990, acogen la tesis del

objeto social como límite mínimo y máximo de las facultades

representativas de los Administradores.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó

la nota del Registrador, fundándose en que queda cumplida la exigencia

que contiene el artículo 1.713 del Código Civil y es manifiesta la

inaplicabilidad del artículo 1.827 del mismo texto legal, ya que el Administrador

goza de poderes para hipotecar.

VI

El Registrador apeló el auto presidencial, manteniéndose en sus

alegaciones, y añadió: 1. o Que hay que citar el auto de 13 de julio de 1993

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las Resoluciones de 6

de septiembre de 1982 y 29 de septiembre de 1983; 2. o Que el

artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas (artículo 11 de la Ley de

Sociedades de Responsabilidad Limitada) no contempla la posibilidad de limitar

los actos fuera o contra el objeto social. En cambio, los Estatutos o la

Junta general sí pueden ampliar las facultades del Administrador respecto

al objeto social. Que se señala lo expresado en las Resoluciones de 16

de marzo y 20 de diciembre de 1990. 3. o Que se considera aplicable el

artículo 1.827 del Código Civil en virtud de lo dicho en el informe. 4. o Que,

por último, respecto a las vías jurisdiccionales de reposición en caso de

extralimitación del representante societario por actuar de modo contrario

al objeto social, se entiende que la sociedad tiene esta posibilidad y a

ella se refiere el artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, y según

las reglas generales de la representación el acto sería ineficaz frente a

terceros, con la excepción del segundo párrafo del artículo 129 de la Ley

de Sociedades Anónimas. Este párrafo es puesto en tela de juicio por

la doctrina, pero tal como está redactado el artículo se entiende que no

puede referirse al ámbito de la fe pública, sino al ámbito judicial, que

puede declarar, si aprecia la buena fe o la ausencia de culpa grave en

el tercero, la eficacia del acto celebrado con la sociedad. Que los

Registradores no pueden calificar la buena fe del tercero, pero sí lo que establece

el artículo 18 de la Ley Hipotecaria. Que para la calificación se ha partido

del artículo 129, párrafo primero, de la Ley de Sociedades Anónimas. Que

no se debe olvidar que nuestro sistema registral tiene hoy en día una

finalidad cautelar o preventiva de evitar precisamente pleitos, evitando

que los importantes efectos que la inscripción produce en el mercado

jurídico-inmobiliario amparen situaciones débiles en derecho o anulables.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 129 de la Ley de Sociedades Anónimas y 11 de

la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, las Sentencias del

Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1984 y 24 de noviembre de 1989 y

las Resoluciones de 1 de julio de 1976, 2 de octubre de 1981, 31 de marzo

de 1986, 12 y 16 de mayo de 1989, 11 de noviembre de 1991y3de

octubre de 1994.

1. Se debate en el presente recurso sobre la inscripción de una

hipoteca en garantía de deuda ajena constituida por el Administrador único

de una sociedad limitada, inscripción que es rechazada por el Registrador

al entender que es precisa la autorización de la Junta general.

2. Si se tiene en cuenta: a) Que el poder de representación del

Administrador único de una sociedad limitada se extiende a todos los actos

comprendidos dentro del objeto social de aquélla (cfr. artículos 129 de

la Ley de Sociedades Anónimas y 11 de la Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada), estando, por tanto, facultado para constituir

garantías reales en seguridad de deudas ajenas si tales actuaciones caen dentro

de dicho ámbito de actuación o son instrumento idóneo para su

consecuencia (Resoluciones de 12 y 16 de mayo de 1989); b) que como ya

declarara esta Dirección General (vid. Resolución de 11 de noviembre de 1991),

es muy difícil apreciar a priori si un determinado acto queda incluido

o no en su ámbito de facultades conferidas a los representantes orgánicos

de la sociedad (toda vez que la conexión entre aquél y el objeto social

tiene en algún aspecto matices subjetivos -sólo conocidos por el

Administrador- participa en muchas ocasiones del factor riesgo implícito en

los negocios mercantiles, y suele precisar el conveniente sigilo para no

hacer ineficaces, por públicas, determinadas decisiones empresariales que

pretenden por medios indirectos resultados negociables propios del objeto

social), hasta el punto que ni siquiera puede hacerse recaer en el tercero

la carga de interpretar la conexión entre el acto que va a realizar y el

objeto social redactado unilateralmente por la otra parte contratante; c)

que es doctrina consagrada en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo

y en las Resolución de este Centro Directivo (vid. Sentencias de 14 de

mayo de 1984, 24 de noviembre de 1989 y Resoluciones de 1 de julio

de 1976, 2 de octubre de 1981, 31 de marzo de 1986 y 12 de mayo

de 1989) la de la inclusión en el ámbito del poder de representación de

los Administradores, no sólo los actos de desarrollo o ejecución del objeto

social sea en forma directa o indirecta, y los complementarios o auxiliares

para ello, sino también los neutros o polivalentes, y los aparentemente

no conectados con el objeto social, quedando excluidos únicamente los

actos contradictorios o denegatorios del objeto social; d) que en el acto

ahora cuestionado no concurre ninguna circunstancia que permita apreciar

su inequívoca contradicción con el objeto social, sino que por el contrario

se trata de una de esas actuaciones que la doctrina ha dado en calificar

de neutro o polivalentes; deberá concluirse en la procedencia de la

inscripción cuestionada, todo ello sin perjuicio de la legitimación de la

sociedad para exigir al Administrador la responsabilidad procedente si su

actuación estuviese desconectada del objeto social, o incluso la anulación si

concurriesen los requisitos necesarios (artículo 129 de la Ley de Sociedades

Anónimas).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar

el auto apelado.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.-El Director general, Luis María

Cabello de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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