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Documento BOE-A-1999-3562

Resolución de 11 enero de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, contra la negativa de don Francisco Villanueva Castellano, Registrador de la Propiedad de dicha localidad, a inscribir un acuerdo adoptado por el Pleno corporativo, en virtud de apelación del recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 1999, páginas 6316 a 6317 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-3562

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el excelentísimo

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, contra la negativa de don Francisco

Villanueva Castellano, Registrador de la Propiedad de dicha localidad, a

inscribir un acuerdo adoptado por el Pleno corporativo, en virtud de apelación

del recurrente.

Hechos

I

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en sesión celebrada el 14

de septiembre de 1995, adoptó, mediante acuerdo plenario, una resolución

por la que se aprobaba una modificación sobre errores materiales

contenidos en el proyecto de reparcelación del polígono del A.R. II-1, que

fue aprobado en junio de 1978 y está inscrito en el Registro de la Propiedad

de Las Rozas de Madrid.

En dicha Resolución se acuerda: ... 4. o "Remitir al Registro de la

Propiedad certificación del presente acuerdo al objeto de que se subsane el

error material producido en el título motivador de las inscripciones

practicadas como consecuencia de la aprobación definitiva del proyecto de

reparcelación del polígono 6, por lo que, en virtud de ello, quedan gravadas

con condición resolutoria de reversión las parcelas destinadas a zonas

verdes y viario, con exclusión de las demás". Que, por tanto, el contenido

formal del proyecto de reparcelación del polígono 6, se modifica en su

apartado doce.

II

Presentada la referida certificación en el Registro de la Propiedad de

Las Rozas Madrid, con fecha 6 de agosto de 1996, fue denegada su

inscripción. Vuelto a presentar el documento en el citado Registro fue objeto

de la siguiente calificación: "Aportados con fecha 17 de los corrientes:

a) Certificación de acuerdo municipal de 14 de septiembre de 1995. b)

Certificación acreditativa de las notificaciones del anterior acuerdo. c) Copia

autorizada de acta de 25 de julio de 1996 de manifestaciones en

representación de diversos interesados en el polígono otorgada por don Cosme

Sordo Obeso. d) Copia de los poderes del señor Sordo Obeso, y e)

Certificación acreditativa de no haberse presentado comunicación previa de

recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo municipal de 14 de

marzo de 1996, y examinados estos documentos, se rectifica la calificación

contenida en la nota anterior quedando reformada y complementada como

sigue: Se deniega la inscripción del precedente documento por resultar

de él los siguientes defectos: Primero. Para la pretendida rectificación

y consiguiente cancelación de las expresiones registrales de condición

resolutoria de que se trata es necesario el consentimiento de todos los

aportantes de terrenos a la reparcelación, titulares de los derechos cuyas

inscripciones se intenta cancelar, o en su defecto Resolución judicial, como

exigen la letra d) del artículo 40 de la Ley Hipotecaria, así como el

artículo 1, párrafo 3, y el 82, párrafo 1, de la misma Ley. Falta cualquier referencia

a este consentimiento respecto de los siguientes aportantes: 1. Promotora

de Desarrollo Urbanístico (PRODUSA). 2. Doña Juana Bravo Valentín.

3. Don Elías Valencia Granados y doña Valeriana Serrano Serrano. 4.

ªValserra, Sociedad Anónimaº. 5. Don Andrés Murcia Viudas y doña

Concepción Vela Díaz. 6. Don Ángel Díaz Briz, don José Luis Díaz Gutiérrez y

don Marcelino Díaz González. 7. Doña Carmen y doña Gregoria Herranz

Sánchez. 8. Don Marcos Antonio Valencia y doña María Carmen García

Castillo. 9 Don Manuel Fernández Vega Diego. Defecto insubsanable.

Segundo: En cuanto al resto de los afectados: ªJonacpar, Sociedad

Anónimaº; ªTorimbia, Sociedad Anónimaº; ªPromotora del Corredor del

Henares, Sociedad Anónimaº; ªFuente Barrera, Sociedad Anónimaº; don Aniceto

Fernández Ordás y doña M. C. Abarca, se presenta el acta de

manifestaciones aludida en el título, pero resulta que se otorga por poderes

conferidos a una tercera persona y: a) Los poderes son insuficientes para

un acto como el presente, de renuncia abdicativa de derechos reales

inmobiliarios inscritos y de los asientos registrales que los respaldan. En cuanto

a los poderdantes que son sociedades anónimas: b) Los poderes están

autorizados el año 1979 y no pueden referirse como "mandato expreso"

a la renuncia de unos derechos que a la sazón no existían ya que la

inscripción de la reparcelación es de fecha 19 de enero de 1980. c) En ellos

no se hace referencia alguna a la necesaria adaptación de las sociedades

a la nueva Ley de Sociedades Anónimas, lo que impone el rechazo de

la escritura según la letra y el espíritu de su disposición transitoria 6. a dada

la evidente discrepancia entre la regulación estatutaria y la nueva

normativa legal. d) Se trata de un acto gratuito, una renuncia sin

contraprestación, "por no causar dificultades al Ayuntamiento". Es admitido por

la doctrina que estos actos contrarios o al menos neutros respecto del

objeto social no pueden ser válidos sin el consentimiento del órgano social

soberano. La Junta de accionistas. e) Acudir a la representación voluntaria

otorgando poderes a terceros que podrán hacer y deshacer en los negocios

sociales durante tiempo indeterminado puede ser una manera de conseguir

por este acto aisladamente válido, un resultado absolutamente prohibido

por la Ley: La creación de unos "paraadministradores", cuya duración

de funciones exceda de los cinco años establecidos como tope legal. Tercero.

No es aplicable el artículo 55 de la Ley de Expropiación Forzosa sobre

caducidad del derecho a la reversión porque: a) El cambio de destino

sólo se hace para una de las tres parcelas en cuestión, la señalada como

102-2. b) El Ayuntamiento no lo solicita, elude cautamente la cuestión

y sólo habla de rectificación de errores en los asientos. No podemos olvidar

que la función registral es de carácter rogado. Aunque procediera (que

no procede) la cancelación automática por caducidad del derecho de

reversión, habría que pedirla. No es lo mismo cancelación automática que

cancelación de oficio. c) No puede haber caducidad cuando ya se ha iniciado

el ejercicio del derecho a la reversión por los recurrentes a que aludimos.

En efecto; sigue sin justificarse directamente la renuncia al procedimiento

reversional incoado. No sólo esto: De los documentos ahora aportados

resultan pruebas de que hay o ha habido recursos "presentados por vía

judicial" y, sin embargo, el Ayuntamiento no recibió la comunicación previa.

d) No hubo notificación suficiente del acuerdo de 14 de septiembre de

1995, como decimos en la anterior nota. Al ser calificado el primer defecto

de insubsanable y los demás no haberse subsanado suficientemente,

deniego la práctica de los asientos solicitados sin poderse tomar cancelación

preventiva, cosa que por otra parte tampoco se ha solicitado. Contra esta

calificación puede interponerse recurso gubernativo ante el excelentísimo

señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Autónoma de Madrid, en el plazo de cuatro meses, a partir de la fecha de

hoy. Las Rozas de Madrid, a 26 de septiembre de 1996. El Registrador.

Firma ilegible".

III

Don Felipe Jiménez Andrés, Letrado Consistorial del Ayuntamiento

de Las Rozas de Madrid, en nombre del mismo, interpuso recurso

gubernativo contra la anterior calificación, y alegó: 1. o Sobre el carácter de

la modificación introducida. Que al inscribirse en el Registro de la

Propiedad proyecto de reparcelación aprobado en junio de 1978, se gravaron

con condición resolutoria de reversión las parcelas adjudicadas en el

apartado 12 al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, lo cual está ocasionando

innumerables perjuicios a la Administración municipal. Que para arreglar

tal error, el Ayuntamiento adoptó acuerdo plenario modificando el proyecto

de reparcelación, conciliándose tal proyecto con la legislación vigente en

materia urbanística al momento de su aprobación. Que dicha modificación

es notificada, en toda su extensión, a todos y cada uno de los propietarios,

en la forma establecida en la legislación administrativa, siguiendo la

doctrina de la Resolución de 16 de octubre de 1992. Que la aplicación de

un régimen tan riguroso como el de la condición resolutoria de derecho

de reversión, exige una identificación inequívoca en el título de creación

y éste incurrió en situación de error. Que al Ayuntamiento le asiste la

facultad de modificar tantas veces como considere necesario el contenido

de un proyecto de reparcelación por el aprobado, siempre que se adopte

siguiendo el mismo procedimiento que para su aprobación. Que en el

presente caso, se considera o no error el gravamen impuesto por el

Ayuntamiento sobre sus propias parcelas que le son cedidas por los propietarios,

en cumplimiento y exigencia de la legislación urbanística, es coherente

con sus propias facultades que pueda adoptar acuerdos y producir actos

administrativos que modifiquen el primer proyecto de reparcelación

aprobado. Que esto es lo que ha efectuado el Ayuntamiento. 2. o Sobre el

consentimiento de los actos administrativos. Que es necesario determinar

cómo se presta por los titulares un consentimiento en documento público

a un acto administrativo. Que lo exigido por el señor Registrador es una

prueba diabólica de imposible cumplimiento. Que, por ello, debe entenderse

que, en el ámbito estrictamente administrativo, una certificación expedida

por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, comprensiva de

que la totalidad de los interesados en un expediente administrativo ha

sido notificado del contenido del mismo y, transcurridos los plazos

habilitados para recurrir sus efectos, no han recurrido el mismo, equivale

a prestar su consentimiento a los efectos derivados del acto, se trata de

un consentimiento en documento público. Que en este tema cabe señalar

lo que dicen las sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1986

y 16 de julio de 1993. 3. o Sobre la jurisdicción competente. Que el

sometimiento a la jurisdicción contenciosa del acuerdo para el que se solicita

la inscripción, se deduce de los artículos 303 y 306 del texto refundido

de la vigente Ley del Suelo. 4. o Del acceso al Registro de la Propiedad

de los actos administrativos en materia urbanística. Que en virtud de lo

establecido en el artículo 307 del texto refundido de la vigente Ley del

Suelo, es por lo que el acto de ejecución del planeamiento ha tenido acceso

al Registro aún antes de adquirir firmeza en el orden

contenciosoadministrativo. 5. o Contenido, fundamentación y sede del acuerdo

adoptado. El verdadero fondo de la cuestión es el resultado de un expediente

administrativo con consecuencias registrales. El resultado de dicho

expediente es la adopción de un acuerdo por el Pleno corporativo y la solicitud

de inscripción del mismo, una vez constatada su firmeza en vía

administrativa e incluso jurisdiccional, y en la certificación presentada se hace

constar la firmeza en vía administrativa del acuerdo. Que se trata de una

resolución administrativa firme adoptada como consecuencia de un

expediente administrativo seguido con todas las garantías procesales contra

todos los propietarios de las fincas aportadas al polígono 6. Que debe

considerarse lo que indica la Resolución de 18 de noviembre de 1986.

6. o Doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre.

Que hay que citar las Resoluciones de 30 de septiembre de 1980, 12 de

enero de 1988, 20 de junio de 1989 y 27 de abril de 1993.

IV

El Registrador, en defensa de su nota, informó: Que en la calificación

se ajusta a los limites que impone el artículo 100 del Reglamento

Hipotecario y con fundamentos de derecho alegó: 1. o El artículo 1. o de la Ley

Hipotecaria. Que esta Ley regula una materia especial y concreta; por

tanto, una ley general no deroga a una ley especial; 2. o El artículo 40

de la Ley Hipotecaria; 3. o El artículo 82 de dicho texto legal, que aunque

se refiere a las inscripciones practicadas en virtud de escritura pública,

la doctrina es unánime en extender este precepto a los documentos de

las demás clases, excepto los judiciales; por lo tanto, aplicable a los

documentos administrativos; 4. o Que el consentimiento a que se hace referencia

en la nota de calificación, no es el consentimiento al acto administrativo

para que quede firme, sino sólo al consentimiento para practicar el asiento

registrar de cancelación que es cosa bien distinta, el cual no consta en

ningún lugar del expediente. Que se presenta en el Registro certificación

secretarial de 16 de septiembre de 1996 en la que sólo se puede afirmar

que no se ha presentado por ninguno de los reclamantes la comunicación

prevista en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Procedimiento

Administrativo Común, lo que no se considera suficiente para acreditar la no

existencia de algún recurso contencioso-administrativo en curso. Hubiera

sido necesaria certificación del Tribunal Contencioso competente. 5. o Que

se ha tenido presente lo que expresa el artículo 99 del Reglamento

Hipotecario. Que las facultades calificadores del Registrador en cuanto a los

documento administrativos son más amplios que con respecto a los

judiciales. 6. o Que la cancelación de las condiciones resolutorias se podría

alcanzar por una triple vía: a) Mediante una manifestación explícita de

todos los titulares registrales expresiva de su consentimiento de

cancelación y que podría haberse hecho en escritura pública, en acta notarial,

"apud" acta ante el Secretario municipal o en cualquier otro documento

público; b) Mediante suplencia de este consentimiento por resolución

judicial; c) Mediante cancelación automática prevista en la Ley Hipotecaria,

si hubiera conseguido provocar la caducidad. 7. o Que la Resolución de

22 de junio de 1989 citada por el recurrente, trata de un problema distinto.

8. o Que la Administración podrá rectificar sus errores y, en consecuencia,

revocar los actos erróneos, pero ha de tener siempre como límite el debido

respeto a los derechos que estos actos hayan concedido a los ciudadanos,

sobre todo si están inscritos en el Registro de la Propiedad, así lo reconoce

el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó

la nota del Registrador.

VI

El Letrado consistorial recurrente apelo el auto presidencial,

manteniéndose en sus alegaciones contenidas en el escrito de interposición del

recurso.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común; 1, 40

y 82 de la Ley Hipotecaria; 99 del Reglamento Hipotecario; 114 del

Reglamento de Gestión Urbanística, y Resolución de 27 de junio de 1989.

1. Se debate en el presente recurso sobre la aptitud de un acuerdo

municipal de "subsanación de errores materiales" cometidos en un anterior

acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de

determinado polígono debidamente inscrito, para la cancelación de la "condición

resolutoria del derecho de reversión" que, según la reparcelación, afectaba

a tres de las fincas adjudicadas al Ayuntamiento. La cancelación es

denegada por el Registrador, entre otros defectos que ahora no interesan, por

no mediar el consentimiento de determinados aportantes de terrenos a

la reparcelación -titulares de los derechos cuyas inscripciones se intenta

cancelar o, en su defecto, la resolución judicial supletoria exigida por

los artículos 40.d) y 82.1 Ley Hipotecaria. Según el acuerdo calificado

"en el proyecto de reparcelación originario se deslizó el error de gravar

con la condición resolutoria de reversión, tres de las parcelas adjudicadas

al Ayuntamiento y destinadas, respectivamente, a equipamiento escolar,

religioso y deportivo, cuando del acuerdo adoptado por el Pleno corporativo

no se deducía más gravamen que los dispuesto en la Ley del Suelo vigente

en la fecha de aprobación, es decir, condición resolutoria de reversión

de las parcelas destinadas a zonas verdes y viario".

2. Ciertamente es principio básico del sistema registral español que

la rectificación de los asientos del Registro presupone, como regla, el

consentimiento del titular o la oportuna resolución judicial supletoria (cfr.

artículos 1 y 40 Ley Hipotecaria). Ahora bien, como ya señalara este centro

en su Resolución de 27 de junio de 1989, del mismo que cabe la rectificación

de actuaciones jurídico-reales por resolución de la Administración, aunque

estén inscritas en virtud de título no administrativo, con no menor razón

debe admitirse la rectificación de situaciones jurídicas reales inscritas

en virtud de título administrativo, si en el correspondiente expediente,

éste, por nueva resolución de la administración es alterado (cfr.

artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común). No es por tanto,

inexcusable en tales casos, el consentimiento de los titulares afectados

a la resolución judicial supletoria, sino que bastará con que se trate de

expedientes rectificadores en los que la autoridad administrativa

interviniente sea competente para la modificación que se acuerde y se cumplan

en ella las garantías legales establecidas en favor de las personas afectadas.

3. Lo que ocurre en el caso debatido es que habiendo ganado firmeza

en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de un proyecto

de reparcelación, no cabe ya, ni so pretexto de una reiteración íntegra

de todos los trámites previstos para el expediente reparcelatorio originario

(reiteración que sólo procedería en caso de ineficacia del anterior proyecto

de equidistribución de los beneficios y cargas inherentes a la ejecución

de planeamiento urbanístico de determinado polígono) introducir en aquél

una modificación del alcance que la que ahora se cuestiona (que desborda

claramente lo que es un mero error material o de hecho o una previsión

complementaria plenamente respetuosa del contenido básico que se

completa), pues ello conculcaría el propio régimen establecido para la revisión

de los actos administrativos (cfr. artículos 102 y siguientes de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento

Administrativo Común y 114 Reglamento de Gestión Urbanística). En

consecuencia, no cabe acceder al reflejo registrar de la modificación pretendida

si no media el consentimiento de los titulares registrales afectados o la

oportuna resolución judicial supletoria.

Téngase en cuenta por otra parte que tratándose de documentos

administrativos, uno de los extremos que está sujeto a la calificación registral

es precisamente la congruencia del acto o resolución con el procedimiento

del que emana (cfr. artículo 99 del Reglamento Hipotecario),

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar

el auto apelado.

Madrid, 11 de enero de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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