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Documento BOE-A-1999-3227

Resolución de 8 de enero de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Junta de Compensación del Polígono de la Palomera, contra la negativa de don Eugenio Rodríguez Cepeda, Registrador de la Propiedad de León número uno, a inscribir un acta de subsanación y complementaria de otra, en virtud de apelación del señor Registrador.

Publicado en:
«BOE» núm. 33, de 8 de febrero de 1999, páginas 5689 a 5690 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-3227

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales don Francisco J. Prieto Sáez, en nombre de la Junta de

Compensación del Polígono de la Palomera, contra la negativa de don Eugenio

Rodríguez Cepeda, Registrador de la Propiedad de León número uno, a

inscribir un acta de subsanación y complementaria de otra, en virtud de

apelación del señor Registrador.

Hechos

I

En sesión de fechas 5 de noviembre de 1991 se aprobó por el Pleno

del excelentísimo Ayuntamiento de León el Proyecto de Compensación

del Plan General de Ordenación Urbana del Sector Polígono de la Palomera,

que fue subsanado por dicho Pleno en sesión de 21 de abril de 1991,

el cual se protocolizó en acta, otorgada ante el Notario de León don Eugenio

de Mata Espeso, el día 12 de mayo de 1993, que fue inscrita en el Registro

de la Propiedad de dicha ciudad, el 3 de junio de 1993. Con posterioridad,

habiéndose observado errores diversos, en cuanto a las parcelas resultantes

por la Junta de Compensación se presentó ante el excelentísimo

Ayuntamiento de León proyecto refundido de dichas parcelas, aprobado por

el Pleno en sesión de 11 de marzo de 1994, del cual el día 25 de abril

de 1994, ante el Notario de León don Eugenio de Mata Espeso, se otorgó

acta de subsanación y complemento de la antes mencionada.

II

Presentada el acta de subsanación y complemento en el Registro de

la Propiedad de León número uno, fue calificada con la siguiente nota:

"Examinado el precedente documento (acta de protocolización de

subsanación de Proyecto de Compensación), -presentado al único efecto de

inscribir la servidumbre establecida sobre la parcela 19 del bloque 2 (véase

el apartado "observaciones" de la página366) se deniega dicha inscripción

porque, al no haber sido constituida tal servidumbre en el Proyecto de

Compensación y estar actualmente el predio sirviente inscrito a favor de

tercero sin la referida servidumbre, la rectificación del Registro por defecto

del título que ahora se pretende requiere el consentimiento del titular,

o a falta de éste, resolución judicial. Se ha tenido en cuenta el apartado

d) del artículo 40 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946. Contra

esta calificación se puede interponer, en el plazo de cuatro meses y ante

el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con

sede en Burgos, el recurso gubernativo regulado en los artículos 112 y

siguientes del Reglamento Hipotecario (aprobado por Decreto de 14 de

febrero de 1947, "Boletín Oficial del Estado" de 16 de abril). León, 17

de enero de 1995. El Registrador. Firmado, Eugenio Rodríguez Cepeda".

III

El Procurador de los Tribunales don Francisco J. Prieto Sáez, en nombre

de la Junta de Compensación del Polígono de la Palomera, interpuso

recurso gubernativo contra la anterior calificación, y alegó: 1. Que es aplicable

el artículo 174.5 del Reglamento de Gestión Urbanística. Que dicho

precepto, a pesar de no contener definición o descripción alguna de qué se

entiende por operaciones jurídicas complementarias, la doctrina entiende

que se conciben como tales operaciones todas aquellas comprendidas

dentro de los límites que señala el Reglamento de Gestión Urbanística; es

decir, que sean jurídicas y no se opongan al Proyecto de Compensación

ni al Plan que se ejecuta. Que en el caso objeto de este recurso es evidente

que se trata de una operación urbanística jurídica muy frecuente, pues

el Proyecto Refundido de Parcelas que presentaban errores y ello no se

opone ni al Proyecto de Compensación ni al Plan que el mismo ejecuta,

formalizándose todo ello en acta notarial, después de haber seguido

escrupulosamente todos los preceptivos trámites legales, tal como contempla

el citado artículo del Reglamento de Gestión Urbanística, de modo que

proceda su inscripción en el Registro de la Propiedad.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informó: 1. o Que

el recurrente centra toda su argumentación en el artículo 174.5 del vigente

Reglamento de Gestión Urbanística, de 25 de agosto de 1978. Este precepto

ha merecido escasa atención por la doctrina, pues lo que el recurrente

cita a un tratadista que se limita a reproducir las palabras del Reglamento.

Que tampoco la jurisprudencia le ha prestado gran atención y sólo se

menciona dicho precepto en la Resolución de 22 de junio de 1989. Que,

por tanto, hay que acudir a los principios y conceptos generalesyalas

reglas comunes de interpretación jurídica. El Reglamento de Gestión

Urbanística no dice qué operaciones están cobijadas en su artículo 174.5, pero

advierte que no deben oponerse al proyecto de compensación. Que en

el presente caso, en el proyecto de compensación presentado a inscripción

e inscrito, la finca 19.2 (según la numeración del mismo proyecto) no

apareció gravada con servidumbre alguna. En el acta de subsanación y

complemento, protocolizada notarialmente el 25 de abril de 1994, es donde

aparece por primera vez la servidumbre permanente de luces y vistas,

cuya inscripción pretende la Junta de Compensación. Que la denegación

de tal inscripción se basa en el artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria, que

debe ser confirmada por la siguiente: a) Se opone al Proyecto de

Compensación, quedando fuera del amparo del mencionado artículo 174.5.

En el Proyecto inscrito, la finca 19.2 aparecía libre de servidumbres; b) Se

trata de una inexactitud ocasionada por defecto del título que motivó

el asiento y que se trata de rectificar por vía de acta de subsanación

y complementaria; sin embargo hay que tener en cuenta lo establecido

en el artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria, precepto que es congruente

con lo que dice el artículo 1 de dicha Ley. Que el consentimiento, a efectos

registrales, del titular o titulares debe ser prestado expresamente y en

escritura pública y no sirve para el procedimiento registral el prestado

tácitamente en el procedimiento administrativo. Que, por lo demás, las

facultades fiduciarias de la Junta de Compensación (artículo 159.2 de la

Ley del Suelo) se refieren normalmente a las fincas aportadas, no a las

resultantes. En todo caso, tales facultades terminan con la inscripción

del proyecto y la entrega a los adjudicatarios de la plena propiedad de

las fincas (artículo 122.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, aplicable

al sistema de compensación por remisión del artículo 174.4 del mismo);

c) Que de accederse a las pretensiones del recurrente, se iría contra

el principio de que el titular registral no debe sufrir en el Registro las

consecuencias de una indefensión procesal (véase como ejemplo la

Resolución de 24 de agosto de 1993).

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó

la nota del Registrador fundándose en que no existe la oposición aducida

por éste en su informe, pues el artículo 174.5 del Reglamento de Gestión

Urbanística no tendría sentido práctico alguno, y en que no hay razón

jurídica alguna para no aceptar tal servidumbre, cuando su constitución

cuya necesidad y realidad parece ineludible, se ha llevado a cabo en la

modificación del Plan de Compensación, efectuada con las mismas

garantías legales.

VI

El Registrador apeló el auto presidencial, manteniéndose en sus

alegaciones, y añadió: Que no se duda de que la servidumbre cuestionada

sea de necesidad ineludible, pero el camino adecuado para constituirla

es una demanda civil contra los dueños del predio sirviente para el caso

de negarse a prestar notarialmente su consentimiento expreso. Que es

aplicable la doctrina de la Resolución de 6 de noviembre de 1986.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,1y40

de la Ley Hipotecaria, 99 del Reglamento Hipotecario, 114 del Reglamento

de Gestión Urbanística y Resolución de 27 de junio de 1989.

1. Se debate en el presente recurso sobre la inscripción de una

servidumbre establecida en acuerdo de modificación de un anterior proyecto

de compensación debidamente aprobado e inscrito que configuró y adjudicó

la finca de reemplazo cuestionada como libre de cargas; inscripción que

es denegada por el Registrador por entender que se precisa, conforme

al artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria, el consentimiento del titular o

la oportuna resolución judicial supletoria.

2. Ciertamente es principio básico del sistema registral español que

la rectificación de los asientos del Registro presupone el consentimiento

de su titular o la oportuna resolución judicial supletoria (cfr. artículos

1 y 40 de la Ley Hipotecaria). Ahora bien, como ya señalara este centro

directivo (vide Resolución de 27 de junio de 1989) del mismo modo que

cabe la modificación de situaciones jurídico-reales por resolución de la

Administración aunque están inscritas en virtud de un título no

administrativo, con no menor razón deberá admitirse la modificación de la

situación jurídica real inscrita en virtud de un título administrativo si

en el correspondiente expediente, éste, por nueva resolución de la

Administración, es alterado (cfr. artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común), y siempre que se trate de expedientes rectificatorios en

los que autoridad administrativa interviniente sea competente por la

modificación que se acuerde, y se cumplan en él las garantías legales establecidas

en favor de la persona afectada.

3. Lo que ocurre en el caso debatido es que habiendo ganado firmeza

en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de un proyecto

de reparcelación, no cabe ya, ni so pretexto de una reiteración integra

de todos los trámites previstos para el expediente reparcelatorio originario

(reiteración que sólo procedería en caso de ineficacia del anterior proyecto

de equidistribución de los beneficios y cargas inherentes a la ejecución

de planeamiento urbanístico de determinado polígono) introducir en aquél

una modificación del alcance que la que ahora se cuestiona (que desborda

claramente lo que es un mero error material o de hecho o una previsión

complementaria plenamente respetuosa del contenido básico que se

completa), pues ello conculcaría el propio régimen establecido para la revisión

de los actos administrativos (cfr. artículos 102 y siguientes de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y 114 del Reglamento de Gestión Urbanística).

En consecuencia no cabe acceder al reflejo registral de la modificación

pretendida si no media el consentimiento de los titulares registrales

afectados o la oportuna resolución judicial supletoria.

Téngase en cuenta por otra parte que tratándose de documentos

administrativos uno de los extremos que está sujeto a la calificación registrar

es precisamente la congruencia del acto de resolución con el procedimiento

del que emana (cfr. artículo 99 del Reglamento Hipotecario).

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar el

auto apelado.

Madrid, 8 de enero de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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