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En el recurso gubernativo interpuesto por el Consejero de Agricultura

y Ganadería de la Junta de Castilla y León, contra la negativa de don

Francisco Javier Gómez Jené, Registrador de la Propiedad de Aranda de

Duero, a inscribir dos escrituras de compraventa, en virtud de apelación

del señor Registrador.

Hechos

I

El 8 de febrero de 1995, mediante escritura pública otorgada ante el

Notario de Burgos don Juan José Fernández Saiz, el Jefe del Servicio

Territorial de Agricultura y Ganadería en la Delegación Territorial de la

Junta de Castilla y León en Burgos, en el ejercicio de su cargo, en nombre

de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, vendió a don Francisco

Sanz Sanz ocho fincas rústicas y una urbana. Y por escritura pública

otorgada el 9 de mayo de 1995, ante el Notario de Burgos don Manuel Hurle

González, el Jefe del Servicio Territorial referido, en representación de

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, vendió a don Severino Gil

Aparicio dos fincas rústicas y una urbana. En las referidas escrituras se

expone que las fincas vendidas pertenecen a la Comunidad Autónoma

de Castilla y León por el traspaso hecho por el Instituto Nacional de

Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), en virtud de acta de fecha 14 de

noviembre de 1988 y forman los lotes número 23 y número 76, respectivamente,

de la finca "La Vid y Guma" y que la transmisión se realiza en virtud

de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario,

de 12 de enero de 1973.

II

Presentadas copias de las citadas escrituras en el Registro de la

Propiedad de Aranda de Duero fueron calificadas respectivamente con notas

de 29 de mayo y 14 de junio de 1995, del siguiente tenor literal: "Denegada

la inscripción del precedente documento por adolecer de los siguientes

defectos: 1. o Haber sido realizada la venta sin el previo acuerdo del

Consejero de Economía y Hacienda que exige el artículo 54 de la Ley de

Patrimonio de Castilla y León. 2. o La enajenación debe hacerse mediante

pública subasta, salvo acuerdo del Consejero de Economía y Hacienda en los

términos del artículo 55 de la Ley de Patrimonio de Castilla y León".

Vueltas a presentar fueron objeto de la siguiente calificación: "Nuevamente

presentado el precedente documento, acompañado de informe de la

Asesoría Jurídica de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se reitera la

nota de denegación anterior, de fecha (29 de mayo y 14 de junio de 1995),

en todas sus partes. Aranda de Dueroa5dediciembre de 1995.-El

Registrador.-Firma ilegible".

III

El Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León

interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación, y alegó:

1. o Que las viviendas y fincas que integran los lotes números 23 y 76

las recibió la Comunidad Autónoma de Castilla y León como transferencia

procedente del IRYDA, que, a su vez, las había recibido del antiguo Instituto

Nacional de Colonización, con la exigencia de devolverlas al tráfico jurídico,

de conformidad con lo que visto en el Real Decreto-ley de 7 de enero

de 1927. Que la necesidad de otorgar ahora la escritura pública de

compraventa proviene de la adjudicación que hizo en su día el Instituto

Nacional de Colonización de unos lotes a unos concesionarios, que han terminado

de arreglar sus cuentas con la Administración. Que el otorgamiento de

dichas escrituras públicas fue autorizado por Resolución de la Dirección

General de Estructuras Agrarias, de fecha 21 de octubre de 1994. 2. o Que

respecto a la competencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería

para autorizar y formalizar la transmisión de inmuebles adquiridos por

el Instituto Nacional de Colonización y posteriormente transferidos a la

Comunidad Autónoma, hay que citar la Ley de Reforma y Desarrollo

Agrario (texto refundido aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero),

el Estatuto de Autonomía, aprobado por Real Decreto 1843/1985, de 11

de septiembre, que enumera entre las funciones de la Administración del

Estado que asume la Comunidad Autónoma, dichas transmisiones (anexo

IB), que se encuentran atribuidas a la Consejería de Agricultura y

Ganadería, que las ejerce a través de la Dirección General de Estructura Orgánica

35/1992, de 5 de marzo. 3. o Que por lo que se refiere en concreto a

la competencia para autorizar y formalizar las transmisiones de inmuebles

adquiridos en el ejercicio de las competencias y funciones antes expresadas,

el propio artículo 85 de la Ley de Patrimonio del Estado exceptuaba de

la regla general de integración en dicho patrimonio de los bienes inmuebles

propiedad de los organismos autónomos (y el IRYDA lo era) que, en

consecuencia podrán ser enajenados por dichos organismos. En este mismo

sentido se expresa la disposición adicional primera de la Ley 6/1987, de 7

de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, y, concretando

más, la Ley 4/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de

la Comunidad de Castilla y León para 1996, en su disposición adicional

decimocuarta, modifica el párrafo primero de la disposición adicional

primera antes citada, en cuya virtud las competencias que la mencionada

Ley 6/1987 reconoce a la Consejería de Economía y Hacienda para la

enajenación de inmuebles en los artículos 54 y 55 de la misma, pueden

ser ejercidas por la Consejería de Agricultura y Ganadería, siempre que

se den los requisitos que la disposición adicional recoge. Que sentada

dicha competencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que se

ejerce a través de la Dirección General de Estructuras Agrarias, según

el Decreto 35/1992. Por Decreto 117/1989, de 8 de junio, por el que se

amplía la desconcentración de atribuciones de la Consejería de Agricultura

y Ganadería en los Delegados territoriales de la Junta de Castilla y León

realizada por Decreto anterior 262/1988, de 29 de diciembre, corresponde

a los Delegados territoriales la competencia que se discute en este recurso

que ha sido delegada a los Jefes de Servicios Territoriales de Agricultura

y Ganadería (artículo 2. o del Decreto 117/1989), por Resoluciones de las

respectivas Delegaciones Territoriales de 13 de noviembre de 1989.

4. o Que en conclusión, la Dirección General de Estructuras Agrarias es

competente para autorizar las transmisiones de inmuebles adquiridos por

el Instituto Nacional de Colonización y ahora transferidos a la Comunidad

Autónoma, al entender incluida esta función en virtud del Decreto sobre

Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Ganadería 35/1992,

de 5 de marzo. Que la formalización de la transmisión corresponde al

Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en virtud de las

normas legales antes mencionadas.

IV

El Registrador, en defensa de su nota, informó: 1. Que en el recurso

no se contiene argumento alguno en contra del segundo defecto de ambas

notas, resultando que sólo es objeto del recurso el primer defecto. 2. Que,

en primer lugar, es preciso delimitar cuál es la normativa aplicable en

el momento del otorgamiento de los documentos calificados (el 8 de febrero

y el 9 de mayo de 1995). A) Aplicabilidad exclusiva de la normativa

autonómica. Que el recurrente emplea como argumento la regulación

estatal, lo cual debe ser rechazado: a) Que la norma aplicable en materia

de concentración parcelaria es la Ley 14/1990, de Concentración Parcelaria

de Castilla y León, y no la normativa estatal; b) que lo que se discuten

son las facultades de la Consejería en materia de enajenación de bienes

inmuebles que son propiedad de la Comunidad Autónoma; c) que una

cosa es que la Dirección General de Estructuras Agrarias actual pueda

tener funciones similares al antiguo Instituto Nacional de Colonización

y de Reforma y Desarrollo Agrario, y otra cosa distinta es que gocen de

iguales facultades, en orden a la transmisión de bienes inmuebles que

dicho Instituto. Que hay que decir que la normativa aplicable es la

Ley 6/1987. B) Delimitación temporal de la normativa aplicable. Que lo

que hay que enjuiciar es la validez de los actos otorgados los días 8 de

febrero y 9 de mayo de 1955 por simple aplicación de lo que disponen

los artículos 1.218 y 2.3, párrafo 1. o , del Código Civil. Que, por último,

la disposición final tercera de la Ley 4/1995, de Presupuestos de la

Comunidad Autónoma de Castilla y León, dispone que dicha Ley entrará en

vigor el día 1 de enero de 1996. Que el juicio en cuanto a lo expuesto

debe ser si en el momento de otorgamiento de los documentos era o no

precisa la intervención de la Consejería de Economía y Hacienda,

atendiendo a la específica regulación autonómica en esta materia. 3. La

competencia para enajenar bienes inmuebles. Que la regulación vigente en

1995 de la transmisión de los bienes inmuebles pertenecientes al

patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León estaba contenida

en los artículos 52 y siguientes de la Ley del Patrimonio de Castilla y

León. 1. o Principio básico de dicha Ley es la exclusividad del Consejero

de Economía y Hacienda (artículos 26, 33). 2. o Que para la enajenación

de bienes inmuebles, son tres los requisitos: A) Declaración de

alienabilidad (artículo 52). B) Acuerdo de enajenación (artículo 54). C)

Enajenación en pública subasta (artículo 55). 3. o La disposición adicional

primera. Que la razón de ser de esta disposición es la de ser una excepción

para supuestos tasados, a la competencia para adquirir que marcan los

artículos 40 a 42 de la Ley, que reservan la competencia al Consejero

de Economía y Hacienda. Que lo curioso es que a partir de una excepción

al régimen de las adquisiciones se pretende que si se puede comprar

también se podrá vender. No tiene que ver una cosa con otra, y las excepciones

deben interpretarse restrictivamente. Que para terminar demuestran que,

efectivamente, en 1995 sólo tenía competencias en este campo, de la

transmisión de bienes inmuebles, el Consejero de Economía y Hacienda: a) El

Decreto 99/1995, de 25 de mayo, de la Junta de Castilla y León; y b) la

propia modificación de la disposición adicional primera de la Ley por

Ley 4/1995, concediendo a partir del 1 de enero de 1996 la facultad de

enajenar a Consejeros distintos al de Economía y Hacienda. Que como

conclusión, resulta claro que en la fecha de los documentos sólo tenía

facultades para la enajenación el Consejero de Economía y Hacienda; por

lo tanto, el acuerdo de venta ha sido adoptado por un órgano incompetente

siendo nulo, y por ello adolecerán del mismo vicio todas las actuaciones

posteriores, como la escritura pública de venta.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó

la nota del Registrador fundándose en que en virtud de elementos de

economía procesal y de pura lógica no tendría sentido denegar las

inscripciones, cuando esos mismos documentos fechados y presentados al

Registro después de la entrada en vigor de la Ley 4/1995, de 28 de

diciembre, hubiera provocado calificación distinta; y en que del literal contenido

de ambas escrituras se deduce que quien las otorga no es ninguna

Consejería, sino la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

VI

El Registrador apeló el auto presidencial, manteniéndose en sus

alegaciones, y añadió: Que no se puede pensar en que los documentos objeto

de calificación, otorgados en 1995, pudieran ser "fechados" en otro

momento. Que en este caso no tiene aplicación el principio de economía procesal.

Que una Comunidad Autónoma tenga facultades para vender sus bienes

no puede querer decir que las enajenaciones no deban sujetarse al principio

de legalidad, o sea, los requisitos a cumplir para enajenar los bienes

válidamente. Que cuál sea el órgano de la Administración autonómica

competente para acordar y autorizar las enajenaciones de los bienes de

la Comunidad Autónoma es algo que viene regulado por la Ley

(artículo 6 Ley Patrimonio de Castilla y León).

Fundamentos de Derecho

Vistos el artículo 34 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de

12 de enero de 1973, el artículo 117 del Reglamento Hipotecario y el Real

Decreto 1843/1985, de 11 de septiembre, de ampliación del traspaso de

funciones y servicios del Estado en materia de reforma y desarrollo agrario

y valoración definitiva de su coste efectivo.

1. El presente recurso tiene por objeto dos notas de calificación

idénticas, puestas en sendas escrituras, de contenido también prácticamente

idéntico, salvo por lo que se refiere a la persona del adquirente, las fincas

que son objeto de transferencia y el precio que se dice satisfecho por

ellas. La regulación del recurso gubernativo exige que exista un solo recurso

por cada nota de calificación sin que, en principio, sea posible recurrir

al tiempo dos o más notas puestas sobre otros tantos documentos

presentados a inscripción. Sin embargo, tal hecho no puede implicar que

todo el procedimiento deba retrotraerse a su inicial momento, una vez

que, tanto el Registrador como el recurrente y como el Presidente del

Tribunal Superior de Justicia han considerado que las alegaciones de unos

y los fundamentos del otro son perfectamente aplicables a los dos casos

en cuestión. En consecuencia, los fundamentos que sirvan para resolver

el presente recurso son perfectamente aplicables a los dos casos y así

han de entenderse.

2. El supuesto de hecho que se plantea en ambos documentos es

el siguiente: El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

de la Comunidad Autónoma de Castilla y León otorga escrituras de

compraventa en los siguientes términos: a) junto al Jefe del Servicio

Territorial comparece un particular que se dice lo hace en su propio nombre

y derecho como concesionario de un determinado lote de tierras; b) se

dice igualmente que la Comunidad Autónoma es propietaria de una serie

de fincas que pertenecen a la Comunidad Autónoma de Castilla y León

"por el traspaso hecho por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario";

c) se incorpora al documento la autorización del Director general de

Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta

de Castilla y León en la que se dice que, vista la solicitud del particular

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Reforma

y Desarrollo Agrario, se resuelve conceder autorización para el

otorgamiento de la escritura pública correspondiente al lote de tierras en cuestión;

d) se termina diciendo que la Comunidad Autónoma de Castilla y León

vende y transmite al particular, que compra y adquiere el pleno dominio

de las fincas que integran el lote de tierras indicado y que el precio de

la venta fue establecido en tantas pesetas y ya ha sido satisfecho por

la parte compradora con anterioridad a ese acto. El Registrador deniega

la inscripción de la escritura por apreciar en ella dos defectos: 1. o Haber

sido realizada la venta sin el previo acuerdo del Consejero de Economía

y Hacienda que exige el artículo 54 de la Ley de Patrimonio de Castilla

y León; 2. o la enajenación debe hacerse mediante pública subasta, salvo

acuerdo del Consejero de Economía y Hacienda, en los términos del

artículo 55 de la Ley de Patrimonio de Castilla y León.

3. Dos consideraciones iniciales deben hacerse para la correcta

resolución del presente recurso: primera, la transmisión se realiza al amparo

del artículo 34 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario que ordena

al Instituto otorgar escritura pública de transferencia de la propiedad

de los inmuebles objeto de concesión cuando el concesionario haya

cumplido determinados requisitos; segunda, el Real Decreto 1843/1985, de

11 de septiembre, transfiere a la Comunidad Autónoma de Castilla y León,

entre otras, las funciones que encomiendan, explícita o implícitamente,

al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Instituto de Reforma

y Desarrollo Agrario, entre otras, la Ley de 12 de enero de 1973, de Reforma

y Desarrollo Agrario. A la vista de estas consideraciones debe plantearse

si la Comunidad Autónoma comparece en la escritura ejercitando las

funciones del Instituto que le han sido traspasadas. La respuesta no puede

ser más que afirmativa. Es claro que se está realizando la transferencia

de la propiedad prevista en el artículo 34 de la Ley de Reforma y Desarrollo

Agrario, pues el particular comparece como concesionario de un lote de

tierras, las fincas pertenecen a la Comunidad por el traspaso realizado

por el Instituto y forman parte del lote concedido y se hace referencia

expresa, en la autorización de la Dirección General de Estructuras Agrarias,

a que la misma se concede en virtud de solicitud hecha al amparo del

citado artículo 34.

4. En las escrituras calificadas es pues patente que no se trata de

una ordinaria compraventa de cualesquiera bienes de la Comunidad

Autónoma a favor de un particular cualquiera por un precio arbitrariamente

determinado, lo que exigiría la aplicación de las normas que rigen el

patrimonio de la Comunidad Autónoma, sino de la transferencia de la propiedad

a la que la Comunidad Autónoma está obligada por el hecho de haber

cumplido el concesionario los requisitos que la Ley de Reforma y Desarrollo

Agrario establece. A la visa de ello podría discutirse si está o no

suficientemente acreditado que tales requisitos han sido cumplidos; si el modo

en que se ha exteriorizado la voluntad de transferir por parte de la

Comunidad Autónoma es o no suficiente a la vista de las normas que son

aplicables al caso; o si es o no la compraventa el título idóneo para hacer

la transferencia de propiedad que el artículo 34 de la Ley de Reforma

y Desarrollo Agrario ordena. Nada de esto se plantea en las notas de

calificación del Registrador y, por ello, no pueden ser objeto del recurso

(cfr. artículo 117 del Reglamento Hipotecario). Ahora bien, el hecho de

que los documentos se autocalifiquen de compraventas no autoriza al

Registrador a tratar los títulos como ventas ordinarias de bienes de la Comunidad

Autónoma cuando de los mismos resulta paladinamente claro que se trata

de sendas transferencias de la propiedad de las que se encuentran previstas

en el tan citado artículo 34 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado que ha de ser

desestimado el recurso, revocada la nota del Registrador y confirmado

el auto apelado en los términos que resulta de los fundamentos anteriores.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.-El Director general, Luis María

Cabello de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.