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Documento BOE-A-1999-16731

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don León Chocrón Bentolila, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Alcalá la Real, doña Concepción Rodríguez Gil, a extender una nota marginal de expedición de certificación de cargas en un procedimiento extrajudicial de ejecución de hipoteca, en virtud de apelación del recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 183, de 2 de agosto de 1999, páginas 28767 a 28768 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-16731

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Letrado don Francisco

Español Olivar, en nombre de don León Chocrón Bentolila, contra la

negativa de la Registradora de la Propiedad de Alcalá la Real, doña Concepción

Rodríguez Gil, a extender una nota marginal de expedición de certificación

de cargas en un procedimiento extrajudicial de ejecución de hipoteca,

en virtud de apelación del recurrente.

Hechos

I

El 29 de septiembre de 1993 se recibió en el Registro de la Propiedad

de Alcalá la Real oficio expedido por el Notario de Alcaudete don Rodrigo

Fernández Madrid Molina, el 22 del mismo mes, solicitando expedición

de la certificación de cargas preceptiva en el procedimiento ejecutivo

extrajudicial de hipotecas.

Por la Registradora de la Propiedad de Alcalá la Real, con fecha 26

de octubre de 1993, se procedió a expedir dicha certificación pero denegó

la nota marginal de expedición de la misma por no ser procedente el

procedimiento extrajudicial de conformidad con el artículo 155 de la Ley

Hipotecaria, en relación con el artículo 234 y 234.b2 del Reglamento

Hipotecario. Puede interponerse recurso gubernativo de conformidad con los

artículos 101 y 112 del Reglamento Hipotecario.

II

El Letrado don Francisco Español Olivar, en representación de don

León Chocrón Bentolila, interpuso recurso gubernativo basándose en los

siguientes fundamentos: Que el citado don León Chocrón Bentolila, en

calidad de titular de varios títulos hipotecarios al portador, requirió al

Notario de Alcaudete, don Rodrigo Fernández-Madrid Molina, para

proceder a su ejecución hipotecaria extrajudicial. Que el recurso gubernativo

se interpone contra la denegación de la Registradora de la Propiedad de

Alcalá la Real, de la nota marginal de expedición de la certificación de

cargas que regula el artículo 236.b2 del Reglamento Hipotecario. Que se

entiende que el artículo 155 de la Ley Hipotecaria no excluye el

procedimiento extrajudicial a las hipotecas que garantizan títulos al portador

tal y como se deduce de la remisión que hace aquél al artículo 129 de

la Ley, en cuyo párrafo segundo se recoge el procedimiento extrajudicial.

Que se suplica que se declare contraria a derecho la resolución adoptada

por la Registradora de la Propiedad de Alcalá la Real y se ordene continuar,

por sus trámites, la ejecución hipotecaria extrajudicial.

III

La Registradora de la Propiedad informó: Que el artículo 155 de la

Ley Hipotecaria al regular el procedimiento para hacer efectiva la acción

hipotecaria nacida de los títulos tanto nominativos como al portador, se

está refiriendo al procedimiento judicial sumario excluyendo el

extrajudicial como prueba de referencia que hace el lugar en que ha de efectuarse

el requerimiento de pago que será el del domicilio del deudor o del tercer

poseedor, aunque no residan en el lugar del juicio. Que la ley regula por

un lado un procedimiento genérico para hacer efectiva la acción

hipotecaria, donde caben el judicial sumario y el extrajudicial, y un

procedimiento singular o particular para hacer efectiva la acción hipotecaria

nacida de los títulos al portador, donde sólo cabe el judicial sumario.

Que de antenderse la posibilidad de que estas hipotecas en garantía de

títulos al portador pudieran efectuarse a través del procedimiento

extrajudicial, en la escritura de constitución de hipoteca, deberían constatar

las circunstancias que establece el artículo 234 del Reglamento Hipotecario

y, en concreto, la persona que en sí vaya a otorgar la escritura de venta

de la finca en representación del hipotecante, y no parece que pueda

expresarse como mandatario, al que sea acreedor en el momento de la

ejecución, pues sería desconocida la personal del mandatario en el

momento de otorgar el mandato, lo que no resulta admisible.

IV

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó

auto en el que acuerda desestimar el recurso gubernativo en base a los

siguientes fundamentos de derecho: A tenor de la remisión que hace el

artículo 155 de la Ley Hipotecaria al 129 de la misma Ley, dos serían

los procedimientos de ejecución posibles, el judicial sumario del artículo

131 y siguientes o, mediante pacto previo en la escritura de constitución,

el ejecutivo extrajudicial. El artículo 234.2 del Reglamento Hipotecario

establece que la estipulación en virtud de la cual los otorgantes hayan

pactado la sujeción al procedimiento extrajudicial deberá constar

separadamente de las restantes estipulaciones de la escritura. Que como quiera

que no resulta de los autos que dicho pacto conste separadamente de

las demás estipulaciones es claro que procede denegar la nota marginal

de expedición de certificación de cargas por no cumplirse los requisitos

exigidos por la ley para que sea aplicable el procedimiento extrajudicial.

V

El Letrado recurrente apeló el auto presidencial manteniéndose en

sus alegaciones y añadió: Que la cuestión se centra en el artículo 234.2

del Reglamento Hipotecario, reformado por Real Decreto 290/1992, de

27 de marzo, que exige que conste en estipulación aparte la facultad de

acudir a la ejecución extrajudicial de la hipoteca. Se trata, en definitiva,

de analizar la retroactividad de aquel precepto y su aplicación a situaciones

creadas con anterioridad a su entrada en vigor. Que como establece el

artículo 2.3 del Código Civil, las leyes no tendrían efectos retroactivos

si no dispusieran lo contrario, y según la antigua redacción del artículo

234 del Reglamento Hipotecario, vigente en el momento de otorgarse la

escritura de hipoteca, no se exigía el requisito de que la estipulación de

someterse a la solución extrajudicial constara separadamente. Que esta

Dirección General, en resolución en el recurso de queja de fecha 15 de

octubre de 1992, admite que el requisito establecido en la nueva redacción

del artículo 234.2 del Reglamento Hipotecario, no es aplicable a las

hipotecas que tienen su origen con anterioridad a la entrada en vigor de la

reforma, confirmando así la teoría recogida en la Resolución del propio

centro directivo de 16 de junio de 1992, sobre la irretraoctividad de las

leyes como norma general.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 129 y 155 de la Ley Hipotecaria; 234 y 235 del

Reglamento Hipotecario; Resolución de 16 de junio de 1992, y sentencias

de 4 de mayo de 1998y6deabril de 1999,

1. Se deniega la extensión de nota marginal de expedición de

certificación de cargas y gravámenes al considerar la Registradora que no

es adecuado el procedimiento de ejecución extrajudicial iniciado, al tratarse

de hipoteca constituida en favor de tenedores presentes o futuros de títulos

y contravenir los artículos 155, 234 y 234 bis.2 del Reglamento Hipotecario.

2. Debe observarse que el procedimiento extrajudicial pactado, en

el supuesto que nos ocupa, se encuentra inscrito y por lo tanto bajo la

salvaguarda de los Tribunales debatiéndose exclusivamente la extensión

de la nota marginal de expedición de certificación de cargas y gravámenes.

Esta nota, cuya justificación nace de la inscripción en su día practicada,

presenta un cierto automatismo -calificación formal de la certificación

presentada y resulta extemporáneo proceder a la revisión de un pacto

inscrito con ocasión de su extensión.

Dado el principio de exactitud e integridad de los asientos registrales

cuyo contenido está bajo la salvaguardia de los Tribunales, no corresponde

entrar en otras consideraciones en relación con la hipoteca inscrita.

Esta Dirección General ha acordado estimar la apelación interpuesta

con revocación de la nota y del auto apelado en los términos que resultan

de los anteriores fundamentos.

Madrid, 30 de junio de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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