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Documento BOE-A-1999-15403

Resolución de 16 de junio de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de San Sebastián, don Aquiles Partenottre Suárez, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad número 1 de la misma ciudad, don Juan Antonio Pérez de Lema Munilla, a inscribir parcialmente una escritura de constitución de hipoteca en virtud de apelación de dicho Registrador.

Publicado en:
«BOE» núm. 166, de 13 de julio de 1999, páginas 26422 a 26424 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-15403

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de San Sebastián

don Aquiles Paternottre Suárez, frente a la negativa del Registrador de

la Propiedad número 1 de la misma ciudad, don Juan Antonio Pérez de

Lema Munilla, a inscribir parcialmente una escritura de constitución de

hipoteca en virtud de apelación de dicho Registrador.

Hechos

I

Por escritura que autorizó el Notario de San Sebastián don Aquiles

Paternottre Suárez, el 25 de agosto de 1995, "Bankoa, Sociedad Anónima",

concedió a don M. M. V. y doña P. F. G. un crédito en cuenta corriente

hasta el límite de 10.000.000 de pesetas. Se estipuló en ella que las

cantidades que en virtud del crédito se entregasen y sus intereses, así como

las que se reintegren, se adeudarían y acreditarían, respectivamente, en

una cuenta abierta al efecto; que el saldo deudor que presentase la cuenta

devengaría diariamente a favor del Banco un interés del trece enteros

setenta y cinco céntimos por ciento que se liquidarían por trimestres

naturales vencidos; que en caso de retraso por la parte acreditada en el

cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas se aplicaría un interés

de demora al tipo del veintinueve por ciento anual sobre las cantidades

vencidas e impagadas tanto por amortización como por intereses; que

el plazo del crédito era el comprendido entre el día del otorgamiento y

el 31 de agosto de 1997, pactándose la devolución del principal por la

totalidad en la fecha de vencimiento indicada. La parte prestataria

constituyó hipoteca sobre una finca de su propiedad para responder de:

a) 10.000.000 de pesetas de principal; b) de los intereses remuneratorios

calculados al tipo máximo del 20 por 100 anual, por un plazo de dos

años; c) de los intereses de demora calculados al tipo del veintinueve

por ciento anual, por plazo de dos años y d) de la cantidad máxima de

dos millones de pesetas estimada para costas y gastos, si los hubieren.

II

Presentada copia de dicha escritura en el Registro de la Propiedad

número 1 de San Sebastián, junto con la de otra subsanatoria referida

al procedimiento de ejecución, fue objeto de inscripción parcial de

conformidad con la siguiente nota extendida a su pie: "Inscrito el derecho

de hipoteca que comprende el precedente documento en unión de escritura

de subsanación otorgada el 4 de octubre de 1995 ante el Notario de esta

ciudad don Aquiles Paternottre, en el tomo 1.925 del archivo, libro 295

de la Sección Segunda de esta ciudad, folio 167, finca 14.334, inscripción

primera, pero con excepción de lo establecido en el segundo párrafo del

apartado a) del caso 6) de la estípulación séptima del contrato que se

deniega por ser contraria al artículo 27 de la Ley Hipotecaria. No se inscribe

en cuanto a la garantía por intereses remuneratorios y moratorios ya que

las hipotecas en garantía de créditos en cuenta corriente son hipotecas

de máximo que garantizan el total importe del saldo que arroje la cuenta

a su vencimiento, sin que se puedan garantizar independientemente

intereses tanto remuneratorios como moratorios, ya que al devengarse éstos

se cargarán en la cuenta como una partida más, habiendo solicitado su

no inscripción el presentante. San Sebastián,a6denoviembre de 1995.-El

Registrador.-Sigue la firma."

III

El Notario autorizante de la escritura interpuso recurso gubernativo

frente a la calificación del Registrador, centrado, exclusivamente y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Hipotecario,

en la procedencia o improcedencia de que en las hipotecas en garantía

de créditos en cuenta corriente se aseguren independientemente, además

del límite del crédito y de las costas y gastos, los intereses remuneratorios

y moratorios y alegando al respecto: Que el régimen de los contratos de

crédito en cuenta corriente y sus garantías depende en esencia de la

autonomía de la voluntad de las partes, sin más límites que los impuestos

por el artículo 1255 del Código Civil; que la utilidad del crédito en cuenta

corriente deriva de que la posibilidad que tiene el acreditado de disponer

tan sólo de la parte que necesite dentro del limite del crédito concedido,

devengando intereses tan sólo la suma dispuesta que puede reducirse o

aumentarse según sus necesidades; que la hipoteca que garantice uno de

esos créditos no tienen por qué ceñirse a asegurar, aparte de las costas,

el límite del crédito pues el acreditado puede disponer del mismo hasta

dicho límite desde el momento inicial con lo que la hipoteca no daría

cobertura a los intereses y si cualquier hipoteca que garantiza un crédito

que devengue intereses puede garantizar éstos, no haya razón para no

dar el mismo trato a la que garantice un crédito en cuenta corriente;

que la exigencia del artículo 153 de la Ley Hipotecaria de que se determine

"la cantidad máxima de que responda la finca" es perfectamente conciliable

con el señalamiento de una cantidad máxima superior al limite de la cuenta,

pero en tal caso no existiría una hipoteca con una sola cifra de

responsabilidad, sino de dos, una para el principal, el límite de la cuenta, y

otra para los posibles intereses, que sería un exceso sobre dicho límite;

que la palabra "puede" que utiliza dicho artículo no exige, sino que permite

que pueda señalarse una sola cifra máxima por todos los conceptos, pero

esa posibilidad no es la ideal porque hace factible que las responsabilidades

por intereses excedan de los límites autorizados por el artículo 114 de

la Ley Hipotecaria; que el artículo 153 permite que se señale una sola

cantidad de responsabilidad hipotecaria pero no prohíbe que se establezcan

distintas cantidades para los distintos conceptos; que incluso admitiendo

que el referido artículo obligase a fijar una única cifra como obligación

garantizada por todos los conceptos, la escritura calificada habría cumplido

dicho requisito pues en ella se fija una cantidad máxima de responsabilidad

de la finca, sólo que no coincide con el límite del crédito sino con la

suma de las totales responsabilidades garantizadas.

IV

El Registrador, en su informe, señaló que su postura de considerar

que en la hipoteca en garantía de crédito en cuenta corriente no es posible

distinguir, tanto a efectos de la cuenta como de la responsabilidad

hipotecaria las partidas de capital e intereses era congruente: 1. o Con la

naturaleza del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente cuyo objeto

es la disponibilidad, de suerte que mientras permanece abierta el crédito

concedido es un totus revolutum en que no cabe distinguir qué es capital,

qué intereses o comisiones; 2. o Que esa especialidad de la oblígación

condiciona su garantía hipotecaria, con limitaciones a la autonomía de la

voluntad, tanto en lo referente al procedimiento de ejecución, a la forma

de acreditar la suma debida como a la necesaria configuración como

hipoteca de máximo; 3. o Que, por tanto, la hipoteca en tales casos garantiza

el saldo hasta una determinada cantidad, sin perjuicio de poder garantizar

con una nueva hipoteca los intereses que produzca el saldo una vez cerrada

la cuenta conforme admitió la Resolución de 26 de noviembre de 1990;

4. o Es conforme con la postura de la doctrina y las soluciones del derecho

comparado; 5. o Encuentra su reconocimiento en las Resoluciones de 28

de febrero de 1933 y 26 de noviembre de 1990; 6. o Ha sido lo querido

por las partes al determinar la deuda exigible, las partidas de abono y

cargo en la cuenta y la determinación de su saldo deudor.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Autónoma del País Vasco dictó Auto revocando la nota de calificación en cuanto

al punto debatido fundándose en que la interpretación de la exigencia

del artículo 153 de la Ley Hipotecaria de que se "determine" la

responsabilidad máxima de la finca no significa que se haya de identificar el

máximo de disponibilidad con el máximo de responsabilidad, sino que

atendiendo al espíritu y finalidad de la norma, tal como establece el artículo

3.1 del Código Civil, no se llegue a una disociación incompatible entre

la obligación jurídica principal que nace del contrato y la extensión

económica de la garantía real que la refuerza, pues aquella norma no formula

una prohibición de orden público, sino que permite a la autonomía de

la voluntad la extensión de la garantía hipotecaria al pago de la deuda

adicional cuya protección se debate.

VI

El Registrador apeló el auto presidencial, reiterando sus argumentos

y añadiendo, frente a los fundamentos del auto, los siguientes: Que no

se ha planteado en el recurso el problema de la garantía de las costas

y gastos; que la distinción entre capital e intereses son conceptos que

interesan en la relación acreedor-deudor, mientras que la responsabilidad

hipotecaria se establece en defensa exclusiva de adquirentes posteriores

y terceros poseedores de la finca hipotecada; que frente a la interpretación

liberal del artículo 153 de la Ley Hipotecaria ha de tenerse en cuenta

que el crédito territorial entra en el terreno del orden público y el ius

cogens por lo que la hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito

no es como las partes quieren sino como el legislador permite y que se

resume en: Que la hipoteca es de máximo, que garantiza por el efecto

novatorio de la cuenta el saldo resultante; que no hay inconveniente para

que cerrada la cuenta, los intereses que devengue el saldo se garanticen

hipotecariamente; que si bien entre partes cabe todo, frente a tercero la

persecución del acreedor queda limitada al importe de la cifra máxima

de responsabilidad establecida.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 12, 105 y 153 de la Ley Hipotecaria y 1285 y 1861

del Código Civil.

1. Se plantea en el presente recurso el alcance que, en cuanto a la

obligación garantizada, puede tener la hipoteca constituida en garantía

de un crédito en cuenta corriente, para el que se ha convenido que el

saldo que presente la misma devengará diariamente determinados

intereses, cuyas liquidaciones periódicas se adeudarán en ella, así como que

las cantidades vencidas y no pagadas, tanto por amortización como por

intereses, devengarán un interés de demora. Entiende el Registrador que

la peculiaridad de tal crédito permite tan sólo la garantía hipotecaria de

una obligación, el saldo de la cuenta hasta la suma máxima fijada, pues

los intereses son tan sólo partidas de cargo en aquélla, en tanto que el

recurrente y el Auto apelado consideran que la libertad de pacto permite

la garantía por separado de uno y otros conceptos.

2. La posibilidad de que la hipoteca se constituya en garantía de todo

tipo de obligaciones, tal como reconocen los artículos 1861 del Código

Civil y 105 de la Ley Hipotecaria, obliga a modalizarla en función de las

peculiaridades de cada obligación, pero siempre con el necesario respeto

a los principios esenciales del sistema registral, máxime dado el carácter

constitutivo que para ella tiene la inscripción (cfr. artículos 1875 del Código

Civil y 145.2 de la Ley Hipotecaria).

La peculiaridad básica del crédito en cuenta corriente es la

indeterminación de la existencia misma e importe de la obligación del acreditado

en cuanto depende del uso efectivo y cuantía en que lo haga de la

disponibilidad de crédito concedido, lo que plantea dos problemas básicos

a la hora de constituir una hipoteca que la garantice: De un lado, el respeto

al principio de determinación exigido con especial rigor por el artículo

12 de la Ley Hipotecaria; y de otro, la viabilización de los procedimientos

de ejecución, habida cuenta de que el título del acreedor no acredita el

importe del crédito que se pueda reclamar ni, por tanto, consta en el

Registro. A ambos ha tratado de dar solución el artículo 153 de la Ley

Hipotecaria, si bien en el presente caso tan sólo se plantea el primero

de ellos, la concreción de la obligación garantizada, para la que, por las

razones dichas, tan sólo cabe la modalidad de la hipoteca de máximo,

y así el párrafo primero de aquella norma legal exige que en la escritura

de constitución se determine "la cantidad máxima de que responda la

finca".

3. La atipicidad del contrato de crédito en cuenta corriente permite

un amplio juego a la autonomía de la voluntad, de suerte que respetando

el efecto básico del sistema de instrumentación adoptado, la refundición

en una sola obligación, la constituida por el saldo resultante de la

liquidación de la cuenta al tiempo y en la forma convenidos, de los débitos

y cargos que en ella se asienten que quedan reducidos a simples partidas

contables, perdiendo así su autonomía y exigibilidad aislada, las

particularidades pueden ser múltiples. Y del mismo modo que nada obsta a

la fijación de plazos o instrumentos para la disponibilidad, al señalamiento

de cuantías mínimas para cada disposición o amortización, el

establecimiento de liquidaciones periódicas, de reducciones o ampliaciones del

límite del crédito disponible, etc., nada impide que en materia de intereses

se fije no sólo la forma y tiempo de liquidarlos, sino también, y es lo

que aquí interesa, que los mismos se configuren como créditos

independientes aunque accesorios del principal, no asentables en la cuenta y

exigibles con independencia del saldo de la misma o, por el contrario, se

convenga en que se integren como una partida más a los efectos de

contabilizarlos para fijar el saldo de liquidación perdiendo así su relativa

autonomía.

Ahora bien, incluso en este último supuesto, aquel adeudo ha de

estimarse que tan sólo es vinculante para el acreedor en la medida en que

el saldo de disponibilidad de la cuenta lo permita, pues sólo hasta el

límite fijado se obliga a conceder crédito y a asentar en la cuenta las

partidas de cargo convenidas, con pérdida de su autonomía y exigibilidad

aislada, pues tan sólo hasta ese límite será el contrato inicial de apertura

del crédito el título del resultante de la liquidación de la cuenta, pero

no así de los excedidos que por cualquier causa arroje aquélla. Tales

excedidos habrán de tener su propia causa de pedir, que al no ser ya el título

de apertura del crédito, será el que haya determinando su nacimiento.

En este sentido ha de entenderse que el crédito resultante de los intereses

devengados por el saldo de la cuenta tan sólo perderá su autonomía y

su exigibilidad autónoma en la medida en que, por un lado, se haya

convenido su adeudo en la propia cuenta y, por otro, quepa esa posibilidad

sin exceder del límite del crédito concedido.

4. No ha de rechazarse, por tanto, la posibilidad de que esos intereses,

ante la eventualidad de que no pueden ser adeudados en la cuenta, hayan

de quedar necesariamente sin cobertura hipotecaria si así se conviene.

Cuestión distinta es, y no se ha planteado, el medio a través del cual

justificar, llegado el caso de ejecución de ese crédito remuneratorio, el

procedimiento para acreditar su existencia y cuantía.

5. Ninguna duda ha de ofrecer, por último, la posibilidad de garantizar

hipotecariamente los intereses de demora. Aparte de lo anterior, al haberse

pactado como fecha de vencimiento del crédito abierto el 31 de agosto

de 1997, la referencia al retraso en el cumplimiento de las obligaciones

de pago asumidas como causa determinante del devengo de los intereses

moratorios ha de entenderse limitada al que se produzca una vez liquidada

la cuenta a su cierre y con relación al saldo que resulte exigible, intereses

que a partir de entonces ya no pueden integrarse en ella como una de

sus partidas aun cuando no se hubiera agotado el límite de disponibilidad,

por lo que pasarán a constituir obligación independiente y, como tal,

susceptible de garantizarse de forma autónoma con independencia de la

principal constituida por el saldo de liquidación que los devengue.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso confirmando

el auto apelado.

Madrid, 16 de junio de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

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