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Documento BOE-A-1999-15401

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel de San Carlos Gutiérrez Cabrero, como Administrador único de «Bingo Fuerteventura, Sociedad Anónima», frente a la negativa del Registrador Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, don Francisco de Asís Fernández Rodríguez, a rectificar determinados asientos.

Publicado en:
«BOE» núm. 166, de 13 de julio de 1999, páginas 26419 a 26420 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-15401

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel de San Carlos

Gutiérrez Cabrero, como Administrador único de "Bingo Fuerteventura

Sociedad Anónima", frente a la negativa del Registrador Mercantil de Las

Palmas de Gran Canaria, don Francisco de Asís Fernández Rodríguez,

a rectificar determinados asientos.

Hechos

I

Mediante instancia suscrita el 23 de agosto de 1996, don Manuel de

San Carlos Gutiérrez Cabrera, como Administrador único de la entidad

mercantil "Bingo Fuerteventura, Sociedad Anónima", expuso como hechos

justificativos de su petición, sucintamente, los siguientes: I) Que constaba

anotada en el Registro la interposición de la demanda de impugnación

de acuerdos sociales que ha motivado los autos número 557-93 del Juzgado

de Primera Instancia (no cita número) de Las Palmas de Gran Canaria,

procedimiento en el que incidentalmente solicitó y obtuvo la suspensión

cautelar de los siguientes acuerdos: 1. o El nombramiento de don Ambrosio

Hernández Cabrera, como Administrador único de la Sociedad, y 2. o el

aumento de capital social por aumento del valor nominal de las acciones

con aportación dineraria de los socios, suspensión que ratificada por el

propio Juzgado fue confirmada definitivamente por la Audiencia Provincial

en auto de 17 de octubre de 1994 y anotada en el Registro por orden

de la propia Autoridad Judicial; II) Que pese a la suspensión acordada

de aquellos acuerdos el nombrado Administrador único ha seguido

actuando como tal, procediendo a la venta de acciones por falta de pago de

dividendos pasivos y convocando una Junta General para el día 23 de

junio de 1995 cuyos acuerdos pretendió inscribir en el Registro y ante

el fracaso de tal pretensión celebró, junto con otras personas, una junta

universal por comparecencia ante el Notario de Madrid, don Juan Carlos

Caballería Gómez el 21 de julio de 1995, cuyos acuerdos se inscribieron

con celeridad en el Registro al igual que el posterior de designación como

Consejero Delegado del propio señor don Ambrosio Hernández Cabrera;

que por todo entendía que procedía la rectificación del error material

que estima cometido al no haber tenido en cuenta para la práctica de

dichas inscripciones los asientos que reflejaban la suspensión de los

acuerdos de nombramiento de Administrador único de quien posteriormente

actuó como tal, y con base en los artículos 24 y 118 de la Constitución,

17.2 y 22.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 119 y 120 de la Ley

de Sociedades Anónimas, 6, 40.2 y 156 del Reglamento del Registro

Mercantil, 214 y 258 de la Ley Hipotecaria y 332 y 385 de su Reglamento,

solicitaba que previa citación de los tenedores de los documentos

indebidamente inscritos para que los presentasen, rectificase el error cometido

acudiendo en otro caso al Juez de Primera Instancia a los efectos del

artículo 322 del Reglamento Hipotecario.

II

Presentada dicha instancia en el Registro Mercantil de Las Palmas

el 27 de agosto de 1996 se extendió a su pie la siguiente nota: "No practicada

operación alguna respecto del precedente documento por no observarse

ningún error en los asientos del Registro que, conforme a los artículos

212 y 214 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, sean

susceptibles de rectificación. Las Palmas de Gran Canaria, 6 de septiembre

de 1996.-El Registrador Mercantíl". Sigue la firma.

III

El solicitante interpuso recurso gubernativo frente a la nota de

calificación reiterando sus argumentos y solicitando la reforma de aquélla

en el sentido de que se acordase acudir al procedimiento de rectificación

de errores, en este caso de concepto cometidos en las inscripciones

practicadas conforme al artículo 217 de la Ley Hipotecaria, para subsanar

el que a su juicio se había cometido.

IV

El Registrador decidió mantener la nota recurrida en base a los

siguientes fundamentos: Que si bien es cierto que consta anotada en el Registro

la resolución judicial que deja en suspenso determinados acuerdos

adoptados por la Junta general de 15 de junio de 1992, ello no es obstáculo

para la inscripción de otros acuerdos adoptados en otra Junta posterior

que en nada afectan ni tiene que ver con aquéllos, sin que exista constancia

registral de que tales Juntas posteriores se deriven de una ejecución de

los acuerdos dejados en suspenso y de estimar que los acuerdos de tales

Juntas posteriores no son válidos, lo procedente es atacar esa falta de

validez a través de los procedimientos establecidos para ello; que no existe

la contradicción alegada entre la suspensión de unos determinados

acuerdos y los acuerdos posteriores inscritos derivados de otra Junta o

adoptados por el Consejo de Administración, sino que son independientes y

como tales válidos y admisibles en tanto no se impugnen por la vía

adecuada, sin que pueda entenderse que con los datos disponibles a la hora

de calificar pueda entenderse que los acuerdos que se pretenden rectificar

sean derivados de aquellos que han quedado en suspenso; que existe,

por último, una incongruencia entre la solicitud inicial de rectificación

de un error material y lo pretendido en el recurso, la rectificación de

un error de concepto que implica, en definitiva, la pretensión de

cancelación de unos asientos que están bajo la salvaguardia de los tribunales,

produciendo sus efectos en tanto no se inscriba la declaración judicial

de su inexactitud o nulidad.

V

El recurrente se alzó frente a la decisión del Registrador, añadiendo

a sus anteriores argumentos los de que si la anotación de la suspensión

de acuerdos sociales no se puede cancelar sino por sentencia firme

absolutoria, desistimiento del demandado o caducidad de la instancia (artículos

156 y 157 del Reglamento del Registro Mercantil), inscribir de nuevo el

nombramiento del Administrador cuando el anterior había sido dejado

en suspenso es una cancelación tácita pues deja sin efecto alguno aquella

suspensión; que frente al argumento de que los asientos a rectificar están

bajo la salvaguardia de los Tribunales ha de señalarse que también lo

están las anotaciones de impugnación y suspensión de acuerdos previas,

lo que da lugar a la existencia de asientos contradictorios, por lo que

solicitaba la revocación de la nota, la declaración de la existencia de un

error y que se ordenara proceder a su rectificación de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley Hipotecaria.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 40, 66, 215 y 219 de la Ley Hipotecaria; 22.1 del

Código de Comercio; 40.2 y 66 del Reglamento del Registro Mercantil y

las Resoluciones de 18 de marzo de 1994y5dediciembre de 1995.

1. Circunscrito como está el recurso gubernativo a las cuestiones

directamente relacionadas con la calificación del Registrador (cfr. artículo 68

del Reglamento del Registro Mercantil), en el presente caso tan sólo cabe

abordar el examen de la negativa contenida en la nota recurrida a rectificar

los pretendidos errores padecidos al practicar determinadas inscripciones,

inicialmente considerados por el recurrente como materiales y,

posteriormente, como de concepto. Anotada preventivamente la demanda de

impugnación de los acuerdos adoptados por una Junta general y, posteriormente,

la resolución judicial por la que se dejan los mismos en suspenso, se

inscriben otros acuerdos tomados por una Junta posterior así como los del

órgano colegiado de administración en ella nombrado, cuya validez

entiende el recurrente que estaba supeditada a la previa decisión judicial sobre

la validez de los dejados en suspenso, por lo que considera que tales

asientos se han practicado erróneamente y procede su rectificación.

2. El Reglamento del Registro Mercantil remite, en orden a la

rectificación de errores (artículo 40.2) a los procedimientos y requisitos

establecidos en la legislación hipotecaria. Dicha remisión conduce a los títulos

VII tanto de la Ley Hipotecaria como del Reglamento para su ejecución,

donde se regula la rectificación de los errores cometidos en los asientos

como uno de los medios para corregir las inexactitudes registrales, en

este caso la que implica la presencia del error [cfr. artículo 40 c) de la

Ley Hipotecaria]. Al margen de la distinción que el legislador ha establecido

entre errores materiales y de concepto en atención a cuál sea el elemento

a que afecten y las consecuencias que de su presencia se derivan, los

procedimientos de rectificación parten de la base de que el asiento erróneo

era procedente por haber sido fruto de una previa calificación favorable

a practicarlo y de que el error es tan sólo el resultado de un deficiente

traslado a los libros registrales del contenido del título a inscribir, de

suerte que el asiento erróneo ha de subsistir aunque sustituido por otro

en el que se contenga la rectificación (artículos 215 y 219 de la Ley

Hipotecaria), no de desaparición a través de una cancelación, pues ésta, tanto

en lo referente a las causas, los títulos y los procedimientos se contempla

por el legislador en otro lugar. Por tanto, si el objetivo último del solicitante,

bajo la cobertura de proceder a rectificar uno o varios errores registrales,

es la cancelación de asientos que entiende no debieron haberse practicado,

no se está ante un supuesto de rectificación de errores, sino ante un posible

supuesto de inexactitud registral de distinto origen y cuya rectificación

ha de discurrir por otros cauces.

3. Y a este respecto es reiterada la doctrina de este centro directivo

en el sentido de que no es el recurso gubernativo procedimiento adecuado

para lograr la cancelación de asientos que se consideren indebidamente

practicados al estar limitado, tal como resulta del artículo 66 de la Ley

Hipotecaria, y lo mismo es aplicable en el ámbito mercantil (cfr. artículo

66 del Reglamento del Registro Mercantil) a revisar la calificación registral

cuando es contraria a admitirlos en todo o parte, provisional o

definitivamente, pues caso de ser aquélla favorable y desembocar en su extensión,

quedan los mismos bajo la salvaguardia de los Tribunales produciendo

todos sus efectos en tanto no se inscriba la declaración judicial de su

inexistencia o nulidad (artículo 20.1 del Código de Comercio).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar

la decisión del Registrador objeto de apelación.

Madrid, 14 de junio de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Señor Registrador Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria.

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