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La expedición de certificados de antecedentes penales ha venido realizándose hasta la fecha como una actividad centralizada en el Registro Central de Penados y Rebeldes, en cuyas oficinas se reciben y se resuelven todas las solicitudes presentadas directamente por los interesados o por intermediación de terceras personas expresamente autorizadas por los mismos.

La informatización completa de la base de datos del Registro Central y la entrada en funcionamiento de las Gerencias Territoriales del Departamento hacen posible, en este momento, la transmisión de dicha información a los ciudadanos que la soliciten, en los términos y con los requerimientos previstos en las disposiciones vigentes -en especial para asegurar su reserva-, de manera más ágil, directa y eficaz a través de los órganos periféricos del Ministerio de Justicia.

La presente Orden tiene por objeto habilitar a las Gerencias Territoriales para expedir las certificaciones de antecedentes penales solicitadas por los particulares, manteniendo la exclusividad del Registro Central de Penados y Rebeldes para emitir las certificaciones pedidas por correo, al amparo de la Orden de 29 de diciembre de 1981 (<Boletín Oficial del Estado> del 31), y para cumplimentar la información recabada por los órganos judiciales.

En su virtud, de conformidad con la atribución conferida por el artículo 14.3 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, dispongo:

Primero.-Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la presente Orden y con sujeción a las reglas de procedimiento legalmente establecidas, podrán expedir las certificaciones de antecedentes penales instadas por los particulares, personalmente o mediante terceros expresamente autorizados.

Las certificaciones se expedirán con la firma del Gerente de la oficina donde se presente la solicitud.

Segundo.-Lo previsto en el punto anterior no afectará a las solicitudes formuladas por correo y a la información recabada por los órganos judiciales, que continuarán siendo tramitadas y resueltas directamente por el Registro Central de Penados y Rebeldes.

Tercero.-A la entrada en vigor de la presente Orden comenzarán a expedir las certificaciones las Gerencias que a continuación se indican:

Gerencias Territoriales de Andalucía, con sedes en Granada, Málaga y Sevilla.

Gerencia Territorial de Aragón, con sede en Zaragoza.

Gerencia Territorial de Asturias, con sede en Oviedo.

Gerencia Territorial de Baleares, con sede en Palma de Mallorca.

Gerencias Territoriales de Canarias, con sedes en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Gerencia Territorial de Cantabria, con sede en Santander.

Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.

Gerencias Territoriales de Castilla y León, con sedes en Burgos y Valladolid.

Gerencia Territorial de Extremadura, con sede en Cáceres.

Gerencia Territorial de Galicia, con sede en La Coruña.

Gerencia Territorial de La Rioja, con sede en Logroño.

Gerencia Territorial de Murcia, con sede en Murcia.

Gerencia Territorial de Navarra, con sede en Pamplona.

Gerencia Territorial de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia.

Cuarto.-La Gerencia Territorial de Cataluña, con sede en Barcelona, iniciará la expedición de certificaciones de antecedentes penales a partir del día 17 de mayo de 1993.

Quinto.-El Director general de Relaciones con la Administración de Justicia dictará las instrucciones precisas para el adecuado cumplimiento de lo establecido en esta Orden.

Sexto.-La presente Orden entrará en vigor a los quince días de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.

Madrid, 6 de abril de 1993.

DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de Justicia y Sras. y Sres. Gerentes territoriales del Ministerio de Justicia.