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Legislación consolidada

Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisin Interministerial para la incorporacin de criterios sociales en la contratacin pblica.

Publicado en: BOE núm. 57, de 06/03/2018.
Entrada en vigor: 09/03/2018
Departamento: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
Referencia: BOE-A-2018-3081
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/03/02/94/con

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 06/03/2018


[Bloque 1: #pr]

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pblico, por la que se transponen al ordenamiento jurdico espaol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece el nuevo marco jurdico en materia de contratacin y deroga el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico. Este nuevo marco jurdico, que entra en vigor con carcter general el 9 de marzo de 2018, incorpora al ordenamiento jurdico espaol, como el ttulo de la ley indica, las nuevas directivas europeas de contratacin pblica. Estas directivas incorporan novedades muy importantes, y entre ellas cabe destacar el refuerzo de la apuesta por la contratacin estratgica.

La contratacin pblica, tal y como est concebida en el mbito europeo y, consecuentemente, en nuestro pas, no es ya nicamente un instrumento de abastecimiento de materias primas o de servicios en las mejores condiciones para los rganos de contratacin sino que, adems de esta funcin tradicional, la contratacin pblica queda concebida como una herramienta a travs de la cual los poderes pblicos profundizan en otras polticas estratgicas, como pueden ser polticas horizontales de carcter social, medioambiental y de fomento de la innovacin. A este respecto, la Comisin Europea en su Comunicacin COM (2015) 614 final, de 2 de diciembre de 2015, seala La contratacin pblica representa una gran proporcin del consumo europeo (casi el 20% del PIB de la UE), lo que pone de manifiesto el importante potencial de impulso de las lneas estratgicas que se adopten en la contratacin para las polticas pblicas de que se trate.

A travs de la contratacin pblica socialmente responsable o la contratacin pblica estratgica de carcter social, las autoridades pblicas pueden promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusin social, accesibilidad, diseo para todos, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la ms amplia aplicacin de las normas sociales, as como compromisos voluntarios ms exigentes en el mbito de la responsabilidad social de las empresas. Estas actuaciones permiten influir en el mercado e incentivar a las empresas a desarrollar una gestin socialmente responsable, por una parte de manera directa mediante los bienes y servicios concretos que se adquieren, e, igualmente, por va indirecta a travs del ejemplo de las Administraciones pblicas. Todo ello permite impulsar el avance progresivo de la sociedad por la senda del desarrollo sostenible e integrador.

A nivel europeo, a lo largo de los aos este tema ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, y a travs de instrumentos del resto de instituciones de la Unin Europea, entre los que hay que mencionar el Libro Verde de la Comisin Europea sobre La Contratacin Pblica: reflexiones para el futuro de 1996 que ya contemplaba la inclusin de consideraciones de ndole social en la contratacin pblica; igualmente la Comunicacin de la Comisin COM(98) 143, titulada La contratacin pblica en la Unin Europea, haca referencia a las sinergias de la contratacin pblica con otras polticas comunitarias sociales y medioambientales; tambin se puede mencionar la Comunicacin de la Comisin Europea COM(2001) 566 sobre La legislacin comunitaria de contratos pblicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos; la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinacin de los procedimientos de adjudicacin de contratos en los sectores del agua, de la energa, de los transportes y de los servicios postales y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinacin de los procedimientos de adjudicacin de los contratos pblicos de obras, de suministro y de servicios, que recogan consideraciones de los documentos previos, la Comunicacin de la Comisin COM(2009) 215 sobre Contribucin al desarrollo sostenible: el papel del comercio justo y de los sistemas no gubernamentales de garanta de la sostenibilidad comercial; la Gua de la Comisin Europea del ao 2010 Adquisiciones sociales. Una gua para considerar aspectos sociales en las contrataciones pblicas; o el Libro Verde sobre la modernizacin de la poltica de contratacin pblica de la UE. Hacia un mercado europeo de la contratacin pblica ms eficiente, COM(2011) 15. Y, en la actualidad, el marco de la poltica econmica europea parte de la Comunicacin de la Comisin de 2010 denominada Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Este proceso de progresivo reconocimiento del peso de las clusulas sociales en el ordenamiento europeo culmina con las directivas de contratacin del ao 2014, actualmente vigentes. La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacin pblica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, recoge importantes avances en este mbito al incluir los aspectos sociales de la contratacin entre los temas clave, estos quedan mencionados como principios generales en su artculo 18.2, as como en otros artculos especialmente relevantes como el dedicado a la definicin del objeto del contrato (artculo 62), los criterios de adjudicacin (artculo 67), el relativo a las condiciones de ejecucin, que permite establecer condiciones especiales de ejecucin sociales o medioambientales (artculo 70), o las previsiones que permiten no adjudicar el contrato (artculo 56) o rechazar ofertas (artculo 69) si no se cumple con las obligaciones derivadas del artculo 18.2, ya mencionado, entre otras cuestiones.

Ya en el mbito nacional, el enfoque de integracin de criterios sociales en la contratacin pblica ha sido recogido en diversos instrumentos.

As, el 23 de junio de 2009 se aprob en el Congreso de los Diputados, por acuerdo unnime de los grupos parlamentarios, una Proposicin no de Ley en la que se solicita el impulso de una gestin socialmente responsable de las Administraciones Pblicas mediante actuaciones que favorezcan la incorporacin de clusulas sociales en los concursos y contratos pblicos.

El 26 de febrero de 2010, el Gobierno de Espaa aprob el Plan extraordinario de inclusin social y lucha contra la pobreza. En l se estableca, entre las medidas para el desarrollo del Tercer Sector en Espaa, la introduccin de criterios sociales en la contratacin pblica y se apelaba a la aprobacin de un acuerdo del Consejo de Ministros que avanzara en esta lnea.

Ms recientemente, en el apartado 6.6.38 de la Estrategia Espaola de Responsabilidad Social de las Empresas 2012 - 2020, aprobada el 16 de julio de 2014 por el Pleno del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y el 24 de octubre de ese mismo ao por el Consejo de Ministros, se insiste en la necesidad de fomentar la incorporacin de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y ticos en las licitaciones y adquisiciones pblicas vinculados al objeto del contrato.

Por su parte, el Programa Nacional de Reformas para el ao 2017 recoge la necesidad de seguir luchando contra el desempleo y promoviendo la inclusin social. El Programa afirma: La va ms efectiva para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusin social es la creacin de empleo y la insercin laboral. Por ello, un ao ms son prioritarias las reformas que promuevan la incorporacin de los ciudadanos al mercado de trabajo, destacando en particular las polticas activas de empleo y de adecuacin del capital humano. Adems, en 2017 se llevarn a cabo actuaciones como la puesta en marcha de la Estrategia de Prevencin y Lucha contra la Pobreza y la Exclusin Social; el Plan Integral de Apoyo a la Familia; la Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar o la elaboracin de un mapa de recursos y prestaciones sociales.

Y, concretamente, en relacin con la discapacidad, el Programa recoge el Seguimiento del Plan de Accin de la Estrategia Espaola de Discapacidad 2014-2020 as como medidas especficas en relacin con empleo, educacin, salud o promocin de la autonoma personal, entre otras.

Igualmente hay que destacar las iniciativas autonmicas y locales en relacin con la implantacin de buenas prcticas, instrucciones o incluso normas para la insercin de clusulas sociales en los procedimientos de contratacin pblica.

En el marco jurdico estatal, la inclusin de consideraciones sociales en la contratacin pblica ya apareca mencionada en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pblicas y en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico. Estas referencias se amplan en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, supone un avance cualitativo y cuantitativo muy importante en las referencias a las cuestiones sociales en la contratacin pblica, siguiendo los planteamientos de la nueva Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y yendo incluso ms all en determinadas cuestiones. En esta nueva norma se pueden destacar los aspectos que a continuacin se recogen.

El artculo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, dedicado al objeto y finalidad de la ley, prev la incorporacin de criterios sociales en la contratacin pblica, y estas referencias se encuentran tambin en los artculos dedicados al objeto del contrato. En las prohibiciones de contratar se recoge el supuesto de incumplimiento del requisito mnimo de trabajadores con discapacidad, en coherencia con las previsiones del artculo 42 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusin social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aspecto que ya haba sido incorporado en la legislacin de contratos a travs de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, y que queda reproducido en el artculo 71.1.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

En el mbito de la adjudicacin de contratos tambin se han incorporado previsiones especficas de carcter social. As, la adjudicacin de los contratos se lleva a cabo aplicando criterios de mejor relacin calidad-precio que incluyen, entre los aspectos cualitativos sociales, el fomento de la integracin social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecucin del contrato y, en general, la insercin sociolaboral de personas con discapacidad o en situacin o riesgo de exclusin social; la subcontratacin con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Insercin; los planes de igualdad de gnero que se apliquen en la ejecucin del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratacin femenina; la conciliacin de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratacin de un mayor nmero de personas para la ejecucin del contrato; la formacin y la proteccin de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicacin de criterios ticos y de responsabilidad social a la prestacin contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilizacin de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecucin del contrato (artculo 145). Tambin en el mbito de la adjudicacin, los criterios de desempate de los pliegos recogen medidas de carcter social (artculo 147). Por su parte, el artculo 202 est dedicado a las condiciones especiales de ejecucin de carcter social, tico, medioambiental o de otro orden. Y se pueden mencionar igualmente otras medidas previstas en la nueva ley como la obligacin de informacin por el rgano de contratacin en relacin con los requisitos relativos a las medidas sociales, la obligacin de contratar a un nmero o porcentaje especfico de personas con discapacidad (artculo 129), o las medidas de proteccin recogidas en el artculo 130 dedicado a la subrogacin en contratos de trabajo. El artculo 149.3 permite excluir ofertas anormalmente bajas derivadas de incumplimientos sociales. Se establece igualmente una obligacin de especial seguimiento por el rgano de contratacin del cumplimiento de las obligaciones sociales o laborales (artculo 201). Y el comercio justo queda reconocido en los artculos 127, 145 y 147, as como en el artculo 202 dedicados, respectivamente, a las etiquetas de las obras, bienes y servicios, a la adjudicacin de contratos y a las condiciones especiales de ejecucin.

La garanta de la accesibilidad universal en los procedimientos de contratacin pblica as como el diseo para todas las personas aparecen garantizados en la disposicin adicional decimoctava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, relativa a la accesibilidad para las personas con discapacidad en la tramitacin de contratos, y en el artculo 126, dedicado a las prescripciones tcnicas de ejecucin del contrato, que recoge la necesidad de tener en cuenta los criterios de accesibilidad y diseo universal para todas las personas en las prescripciones tcnicas de los contratos destinados a ser utilizados por personas fsicas.

Especial referencia requiere la previsin de reserva de contratos en la disposicin adicional cuarta de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, que establece una reserva de contratos para determinadas entidades que cumplan los requisitos legalmente establecidos y da un paso ms all respecto de la norma existente, al prever un porcentaje especfico mnimo para la aplicacin obligatoria de esta reserva en determinadas actividades, previsin que se desarrollar a travs de acuerdo del Consejo de Ministros.

Con la finalidad de continuar avanzando de manera efectiva en el reto de lograr una contratacin pblica socialmente ms responsable, se considera oportuna la creacin de una Comisin Interministerial para la incorporacin de criterios sociales en la contratacin pblica, que permita una actuacin coordinada del sector pblico estatal en las actuaciones de incorporacin de criterios sociales en la contratacin. A travs de este real decreto, de conformidad con lo establecido en el artculo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se crea la mencionada Comisin Interministerial para la incorporacin de criterios sociales en la contratacin pblica, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con representacin de todos los Ministerios, as como del Consejo Nacional de la Discapacidad, de la Comisin para el Dilogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector y de la Oficina Independiente de Regulacin y Supervisin de la Contratacin.

Esta Comisin Interministerial ejercer las funciones relativas al anlisis y seguimiento de la aplicacin de las clusulas sociales en la contratacin pblica en mbitos como la informacin, la accesibilidad y el diseo universal, las prescripciones tcnicas, los criterios de adjudicacin, las condiciones especiales de ejecucin, el comercio justo o los contratos reservados, entre otras cuestiones. En el ejercicio de estas funciones la Comisin est facultada para elaborar propuestas y recomendaciones, que podr elevar al Consejo de Ministros, as como informes, estudios o guas de aplicacin. La Comisin Interministerial asume adems, entre otras funciones, el desarrollo, seguimiento y propuesta de revisin del acuerdo del Consejo de Ministros que desarrolle las previsiones de la disposicin adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

La Comisin Interministerial para la incorporacin de criterios sociales en la contratacin pblica, podr colaborar con expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones pblicas y privadas y podr acordar la creacin de grupos de trabajo. La creacin de esta Comisin Interministerial, no supone aumento del gasto pblico ya que funcionar con los medios materiales y personales de los departamentos ministeriales.

En cuanto a su contenido y tramitacin, este real decreto observa los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurdica, transparencia y eficiencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, por cuanto da lugar a una necesaria racionalizacin y coordinacin del sector pblico estatal en la materia de contratacin pblica para una gestin socialmente responsable de las Administraciones Pblicas para generar actuaciones que favorezcan la incorporacin de clusulas sociales en los concursos y contratos pblicos; y ha sido tramitado de conformidad con la citada norma y siguiendo las previsiones de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministro de Hacienda y Funcin Pblica y la Ministra de Empleo y Seguridad Social, previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 2 de marzo de 2018,

DISPONGO:


[Bloque 2: #a1]

Artculo 1. Creacin y adscripcin.

1. Se crea la Comisin Interministerial para la incorporacin de criterios sociales en la contratacin pblica (en adelante Comisin).

2. La Comisin queda adscrita como rgano colegiado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a travs de la Secretara de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.


[Bloque 3: #a2]

Artculo 2. Finalidad y mbito de aplicacin.

La Comisin tiene como fin garantizar la coordinacin de las entidades del sector pblico estatal que tengan la condicin de poderes adjudicadores para la incorporacin de criterios sociales en la contratacin pblica en relacin con la informacin, la accesibilidad, las prescripciones tcnicas, la adjudicacin o la ejecucin de los contratos, entre otros aspectos, as como en la aplicacin de contratos reservados en la contratacin pblica estatal, regulados en la disposicin adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.


[Bloque 4: #a3]

Artculo 3. Composicin.

1. La Comisin tendr la siguiente composicin:

a) Presidente: la persona titular de la Secretara de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

b) Vicepresidente primero: la persona titular de la Direccin General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica.

c) Vicepresidente segundo: la persona titular de la Direccin General de Empleo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

d) Vocales:

1. Un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, designado por el correspondiente Subsecretario, que deber tener rango de Subdirector General o equivalente.

2. La persona titular del Gabinete de la Secretara de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

3. Un representante de la Direccin General de Polticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, designado por el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que deber tener rango de Subdirector General o equivalente.

4. Un representante de los rganos directivos adscritos o dependientes de la Secretara de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no mencionados en el apartado anterior, designado por su Secretario de Estado, que deber tener rango de Subdirector General o equivalente.

5. Un representante de la Direccin General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica, designado por su Subsecretario, que deber tener rango de Subdirector General o equivalente.

6. Un representante de la Direccin General de Racionalizacin y Centralizacin de la Contratacin del Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica, designado por su Subsecretario, que deber tener rango de Subdirector General o equivalente.

7. Un representante de la Secretara de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, designado por su Secretario de Estado, que deber tener rango de Subdirector General o equivalente.

8. Un representante de la Secretara de Estado de la Seguridad Social, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, designado por su Secretario de Estado, que deber tener rango de Subdirector General o equivalente.

9. Un representante de la Direccin General de Industria y de la Pequea y Mediana Empresa del Ministerio de Economa, Industria y Competitividad,, designado por el Secretario General de Industria de la Pequea y Mediana Empresa, que deber tener rango de Subdirector General o equivalente.

10. Un representante del Consejo Nacional de la Discapacidad, elegido de entre los vocales correspondientes a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, designado por su Presidente.

11. Un representante de la Comisin para el Dilogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, elegido de entre los vocales correspondientes a la Plataforma del Tercer Sector, designado por su Presidente.

12. Un representante de la Oficina Independiente de Regulacin y Supervisin de la Contratacin, designado por la Presidencia de la misma.

e) Secretario: un funcionario de carrera del Subgrupo A1 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, designado por el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que participar en las reuniones con voz y sin voto.

2. Quienes integren la Comisin podrn ser sustituidos en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, as como en los casos en que haya sido declarada la abstencin o recusacin y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, por un representante, designado en la misma forma que el miembro a sustituir.

3. En los casos previstos en el apartado anterior, el Presidente de la Comisin ser sustituido por el Vicepresidente primero y, en defecto de ste, por el Vicepresidente segundo.


[Bloque 5: #a4]

Artculo 4. Funciones.

1. Corresponde a la Comisin:

a) El desarrollo de las previsiones, as como el seguimiento de la aplicacin del Acuerdo del Consejo de Ministros previsto en la disposicin adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pblico, por la que se transponen al ordenamiento jurdico espaol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. A tal fin, el Acuerdo establecer los mecanismos de seguimiento e informe que permitan la revisin peridica de sus resultados. Con la periodicidad que se determine en el Acuerdo, la Comisin elevar informe al Consejo de Ministros sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

b) La elaboracin de la propuesta de revisin del Acuerdo del Consejo de Ministros relativo a los contratos reservados previsto en la disposicin adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. La propuesta de revisin se llevar a cabo, al menos, cada cuatro aos.

c) El ejercicio de las funciones relativas al anlisis y seguimiento de la aplicacin de las clusulas sociales en la contratacin pblica en relacin con la informacin, la accesibilidad y el diseo universal, las prescripciones tcnicas, los criterios de adjudicacin, las condiciones especiales de ejecucin o los contratos reservados, entre otras cuestiones. En el ejercicio de estas funciones la Comisin est facultada para elaborar propuestas y recomendaciones, que podr elevar al Consejo de Ministros, as como informes, estudios o guas de aplicacin.

d) El diseo de acciones de informacin y formacin del personal encargado del cumplimiento de las medidas previstas por la puesta en marcha del Plan de Accin de la Estrategia Espaola de Discapacidad 2014-2020 y de la incorporacin y aplicacin de criterios sociales en la contratacin. Las acciones de formacin se realizarn en coordinacin con el Instituto Nacional de Administracin Pblica, as como con otros centros de formacin especializada de la Administracin General del Estado o privados.

e) Cuantas otras funciones relacionadas con su mbito de actuacin le encomienden los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Hacienda y Funcin Pblica, as como de Empleo y Seguridad Social.

2. Las funciones referidas en los prrafos a), c) y d) del apartado anterior se realizarn en colaboracin con la Junta Consultiva de Contratacin Pblica del Estado, y en coherencia con lo establecido en la Estrategia Nacional de Contratacin Pblica. En relacin con las funciones referidas en los prrafos a) y b) del apartado anterior, las medidas a elevar para Acuerdo del Consejo de Ministros debern someterse a informe previo de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos.


[Bloque 6: #a5]

Artculo 5. Participacin de terceros.

1. Para el desarrollo de sus funciones la Comisin podr invitar a sus reuniones, a las que se incorporarn con voz pero sin voto, a expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones pblicas y privadas por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos y en atencin a la naturaleza de las funciones de esta Comisin.

2. Esta participacin no generar gastos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razn del servicio.


[Bloque 7: #a6]

Artculo 6. Grupos de trabajo.

1. La Comisin podr acordar la creacin de grupos de trabajo para la asistencia tcnica en el desempeo de sus funciones, con la composicin, constitucin y funcionamiento que se acuerde por la misma.

2. La participacin en los grupos citados no generar gastos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.


[Bloque 8: #a7]

Artculo 7. Normas de funcionamiento.

1. La Comisin se constituir en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente real decreto.

2. La Comisin ser convocada por su Presidente por decisin propia, a peticin de alguno de los Vicepresidentes, o a peticin de al menos un tercio de sus miembros. En todo caso se convocar como mnimo una vez al ao.

3. El rgimen de funcionamiento de la Comisin se ajustar a lo previsto en la seccin 3. del captulo II del ttulo preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.


[Bloque 9: #da]

Disposicin adicional primera. No aumento del gasto pblico.

La constitucin y el funcionamiento de la Comisin sern atendidos con los medios materiales y personales de los departamentos ministeriales, por lo que su actuacin no supondr gastos adicionales a los previstos en las dotaciones presupuestarias de los mismos ni incremento de gasto pblico.


[Bloque 10: #da-2]

Disposicin adicional segunda. Cambios estructurales de los departamentos.

Cuando, debido a cambios estructurales de los departamentos ministeriales, los rganos previstos en este real decreto desaparezcan o se modifiquen, las referencias a estos rganos se entendern realizadas a los rganos que asuman sus funciones.


[Bloque 11: #df]

Disposicin final nica. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrar en vigor el 9 de marzo de 2018.


[Bloque 12: #fi]

Dado en Madrid, el 2 de marzo de 2018.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,

SORAYA SENZ DE SANTAMARA ANTN

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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