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Legislación consolidada

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relacin con las prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autnoma de Aragn.

Publicado en: BOA núm. 237, de 12/12/2016, BOE núm. 14, de 17/01/2017.
Entrada en vigor: 01/01/2017
Departamento: Comunidad Autnoma de Aragn
Referencia: BOE-A-2017-490
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2016/12/01/10/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 19/03/2019


[Bloque 1: #pr]

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autnoma de Aragn, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragn, y ordeno se publique en el Boletn Oficial de Aragn y en el Boletn Oficial del Estado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artculo 45 del Estatuto de Autonoma de Aragn.

PREMBULO

I

La delicada situacin de emergencia social que atraviesa una parte importante de la sociedad aragonesa ha derivado en la consecuente disminucin de los ingresos de las familias, impidiendo la satisfaccin de las necesidades de vivienda o generando dificultades para afrontar otros gastos necesarios, lo que ha conducido a estas personas a una situacin de precariedad e imposibilidad de vivir con dignidad y una mnima calidad de vida.

La situacin laboral de Aragn refleja un panorama desolador. A pesar de que la tasa del 14,97% de paro de nuestra Comunidad es sensiblemente inferior a la estatal, resulta insostenible que, de conformidad con los datos del segundo trimestre de 2015 del Instituto Aragons de Estadstica, casi 32.000 hogares tengan a todos sus miembros en paro o inactivos. De ellos, 13.420 corresponden a familias sin ningn tipo de ingreso. Ms all de este panorama general, nuestra denominada dualidad del mercado de trabajo resulta especialmente dura para los sectores ms vulnerables (poblacin inmigrante, mujeres, jvenes...). De este modo, la tasa de paro de la poblacin extranjera es superior a la espaola (29,6 % frente a 28,9 %), y otro tanto ocurre con la femenina (28,6 % frente a34,11 %). Dicha situacin conduce a las peores manifestaciones de la crisis, como la emigracin o, sobre todo, la exclusin social.

As, la tasa de riesgo de pobreza o exclusin social en Aragn se sita en el 20,7%, lo que se encuentra lejos del 29,2% de Espaa. Sin embargo, el aumento entre 2009 y 2014 fue del 64,3% (el estatal, del 18,2%), de modo que la exclusin en Aragn avanza muchsimo ms rpido, sin que existan los medios suficientes para atajar esta situacin.

Por su parte, el gasto de las familias en salud en Aragn subi un 41,4% entre 2006 y 2013 –frente a un descenso estatal del -0,7 %–, un 20,2% en vivienda (agua, luz, etc.), respecto al 19% estatal, y un 65%, en enseanza –65,1% frente al 30,03, en el conjunto de Espaa–, todo ello como fruto de las polticas de recortes llevadas a cabo.

En 2013, el 33,3 % de los hogares aragoneses tenan problemas para llegar a fin de mes. Este dato se encuentra mucho ms prximo al de la media estatal (36,7 %) que el 2007, cuando esta situacin afectaba en Aragn al 13,9 % de los hogares, frente al 27,3 % de media en el Estado. Es decir, de los 540.000 hogares que, aproximadamente, existen en Aragn, 70.000 tienen dificultades para llegar a fin de mes; casi 18.000 tienen carencias materiales severas; 160.000 no pueden afrontar gastos imprevistos, y 6.000 no estn en disposicin de poner un plato de carne o pescado encima de la mesa cada dos das.

Respecto a esta situacin, los mecanismos de proteccin social y asistencia en las situaciones de emergencia han resultado insuficientes. En cuanto a las ayudas econmicas de carcter social, los datos indican que, durante 2014, se concedieron 4.063 ayudas de integracin familiar y 7.717 ayudas correspondientes al Ingreso Aragons de Insercin. En lo relativo a este ltimo, el esfuerzo para reducir el plazo de tramitacin de siete meses a45 das o para disminuir el nmero de los expedientes pendientes de resolucin respecto de los 3.490 que existan en julio de 2015 debe redoblarse y blindarse como obligacin con rango de ley. Aunque ingresos de emergencia de este tipo no son los nicos factores de inclusin social, s permiten reducir temporalmente la intensidad de tales problemas, por lo que la presente ley articula un conjunto de medidas para garantizar la efectividad de los derechos sociales.

Por lo que respecta a las ayudas previstas en la Ley de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia, Aragn es, desde 2011, la Comunidad con mayor lista de espera para la concesin de las mismas. Desde 2011 hasta 2015, ha aumentado el porcentaje de solicitantes en listas de espera del 26,7% al30,9%, a la par que descenda para el conjunto del Estado del 30,6% al 14,9%. A esta situacin hay que aadir que, si los criterios de clasificacin para la dependencia no hubieran sido modificados en 2012 para excluir a los dependientes moderados, el porcentaje de personas en lista de espera habra ascendido hasta el 46,7%, de modo que casi la mitad de los dependientes aragoneses se encuentran en lista de espera para acogerse al sistema de dependencia.

Por ltimo, en cuanto al mbito de la vivienda, en Aragn, durante el segundo trimestre del 2015, se iniciaron 331 ejecuciones hipotecarias en relacin con viviendas nuevas (42) y usadas (289) y a ello hay que unir las dificultades para afrontar el pago de los alquileres, que han generado un aumento significativo del porcentaje de desahucios en arrendamientos de viviendas.

II

La falta de satisfaccin de las necesidades bsicas contradice lo previsto en las diferentes normas internacionales como la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, que, en su artculo 25, reconoce a toda persona el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, as como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentacin, el vestido, la vivienda, la asistencia mdica y los servicios sociales necesarios, y, en los mismos trminos, el Pacto Internacional de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales.

Resultan crecientes las reivindicaciones relativas a un derecho fundamental al mnimo vital, como aquel que se deriva de los principios del Estado social de derecho, dignidad humana y solidaridad, y en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones de proteccin especial a personas en situacin de necesidad manifiesta, dado su carcter de derechos directa e inmediatamente aplicables. Aunque no se encuentra recogido entre los derechos fundamentales de la Constitucin espaola en cuanto tal, s es clara esta deduccin respecto a un conjunto de derechos fundamentales.

Lo que s reconoce la carta magna es el derecho a una vivienda digna y adecuada, encomendando a los poderes pblicos la promocin de las condiciones para lograr la efectividad del mismo (artculo 47), el aseguramiento de la proteccin social, econmica y jurdica de la familia (artculo 39), el mantenimiento de un rgimen pblico de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (artculo 41), y la ejecucin de polticas sociales de atencin a las personas con discapacidad y a las personas mayores (artculos 49 y 50).

En el sistema de descentralizacin poltica diseado por la Constitucin, la accin pblica en materia de asistencia y bienestar social se ha configurado como una competencia exclusiva de las Comunidades Autnomas, que fue asumida, en el caso de Aragn, ya desde la primera versin de su Estatuto de Autonoma, aprobado por la Ley Orgnica 8/1982, de 10 de agosto. En la actualidad, tras la ltima reforma llevada a cabo por la Ley Orgnica 5/2007, de 20 de abril, nuestro Estatuto de Autonoma contiene diversas referencias a esta materia, y es destacable que, entre los derechos de las personas, enumera el que todas ellas tienen a vivir con dignidad, as como a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar, y a los servicios de apoyo a las responsabilidades familiares para conciliar la vida laboral y familiar, en las condiciones establecidas por las leyes (artculo 12), atribuyendo el aseguramiento de los mismos a los poderes pblicos aragoneses. Asimismo, su artculo 23.1 establece que los poderes pblicos de Aragn promovern y garantizarn un sistema pblico de servicios sociales suficiente para la atencin de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, as como especialmente a la eliminacin de las causas y efectos de las diversas formas de marginacin o exclusin social, garantizando una renta bsica en los trminos previstos por la ley.

Este mandato a los poderes pblicos aragoneses se plasma en el plano competencial en lo dispuesto en el artculo 71.34., que atribuye a nuestra Comunidad Autnoma la competencia exclusiva en materia de accin social, que comprende la ordenacin, organizacin y desarrollo de un sistema pblico de servicios sociales que atienda a la proteccin de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de proteccin especial.

En ejercicio de estas atribuciones se ha regulado y desarrollado el sistema aragons de servicios sociales, cuyas principales normas son la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragn, y el Decreto 143/2011, de 14 de junio, por el que se aprueba el Catlogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autnoma de Aragn. En particular, la Ley de Servicios Sociales de Aragn declara que una de las finalidades del sistema de servicios sociales es proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales bsicas y de las necesidades sociales, para promover la autonoma y el bienestar de las personas y asegurar su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, y que estos servicios estarn especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la autonoma, la igualdad de oportunidades y la integracin plena de las personas mediante la deteccin de sus necesidades personales bsicas y sus necesidades sociales, la prevencin de las situaciones de riesgo, la eliminacin o tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad, desproteccin, desamparo, dependencia o exclusin y la compensacin de los dficits de apoyo social.

En este sentido, el Catlogo de Servicios Sociales establece las prestaciones a las que la ciudadana va a tener derecho, derecho subjetivo que ser exigible ante las Administraciones. Asimismo, existe una pluralidad de normas jurdicas que regulan prestaciones concretas, particularmente relevantes para abordar las situaciones de emergencia social, y cuyos mecanismos de efectividad se pretenden reforzar con la presente ley. Los cambios introducidos afectarn, adems, a la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Bsicas de Insercin y Normalizacin Social de la Comunidad Autnoma de Aragn, de la que dimana el Ingreso Aragons de Insercin de Aragn, y a distintas normas dictadas en su desarrollo, como el Decreto 117/1997, de 8 de julio, que regula la Comisin de Reclamaciones del Ingreso Aragons de Insercin. Ocurre lo mismo con la normativa de desarrollo de otras prestaciones y elementos clave para la conformacin de un sistema aragons de servicios sociales, como el Decreto 48/1993, de19 de mayo, que regula las prestaciones econmicas de accin social; el Decreto191/2010, de 19 de octubre, que aprueba el Reglamento del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales, as como determinados aspectos de la normativa sobre procedimiento de admisin a escuelas infantiles, programas de refuerzo escolar y convocatorias de becas de comedores escolares, en lo relativo a garantizar la igualdad de oportunidades de los menores en familias en situaciones de especial vulnerabilidad.

Por lo tanto, a pesar de que, de manera progresiva, la Comunidad Autnoma ha instrumentado una serie de procedimientos y programas para intentar hacer frente a las necesidades ms perentorias de la poblacin aragonesa, tales mecanismos han resultado en la prctica insuficientes, por lo que la presente ley se dirige a reforzarlos para paliar las situaciones de emergencia social.

III

En efecto, para tratar de hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad en los trminos que se definen, la presente ley establece una serie de mecanismos destinados a garantizar la efectividad de los derechos sociales, base de nuestro sistema constitucional, en relacin con las personas ms afectadas por la situacin de emergencia social que ha abierto la crisis econmica que determinadas capas bajas y medias de la poblacin vienen sufriendo desde 2008.

En dicho contexto, deviene fundamental que la Administracin pblica aragonesa acte para garantizar la efectividad de estos derechos fundamentales, de una manera todava ms proactiva de sus obligaciones habituales, considerando la situacin de especial vulnerabilidad en la que se encuentran estas poblaciones.

En particular, en el ttulo I, se establecen disposiciones relacionadas con las prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales.

La labor de las Administraciones pblicas cubriendo necesidades esenciales de los ciudadanos, como aquellas a las que se dirigen las ayudas de apoyo a la integracin familiar y las ayudas de urgencia, mediante la aportacin directa y finalista de fondos pblicos debe garantizar el destino y la finalidad de los mismos. El carcter embargable de las prestaciones econmicas de carcter social desvirta por completo su carcter finalista y puede resultar que el esfuerzo presupuestario y financiero pblico, de carcter netamente social, termine cubriendo finalidades distintas que no son objeto de atencin por las citadas ayudas.

Por otro lado, se avanza hacia un sistema en el que aquellas prestaciones econmicas que tengan un carcter esencial se configuren como autnticos derechos subjetivos de todos los ciudadanos, exigibles ante los poderes y Administraciones pblicas y, en su caso, ante los rganos jurisdiccionales, como garanta mxima de su reconocimiento, respeto y proteccin.

Asimismo, la presente ley pretende declarar la naturaleza no subvencional de las prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales por cuanto hay que entenderlas como prestaciones que cuentan con un rgimen jurdico propio, definido por su carcter finalista, requisitos y condiciones de reconocimiento. Adems, se refuerza la transparencia y el derecho a la informacin sobre estas prestaciones ligadas a las situaciones de emergencia.

Por ltimo, se ha considerado necesario y justificado el declarar la preferencia en la tramitacin de los expedientes relativos a ayudas y prestaciones de carcter social por parte de las unidades administrativas correspondientes, debiendo adoptndose las medidas que se precisen para reducir los trmites y las cargas administrativas.

En el ttulo II se establecen medidas en materia de vivienda con el nico objetivo de contrarrestar la situacin de emergencia habitacional.

En primer lugar, se garantiza el derecho a una alternativa habitacional digna a las personas o unidades de convivencia de buena fe en situacin de vulnerabilidad que se vean privadas de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecucin hipotecaria o de desahucio por falta de pago de la renta.

En segundo lugar, se suspenden los lanzamientos derivados de esos procesos de ejecucin hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler en supuestos de especial vulnerabilidad. Se pretende con esta medida que las personas y unidades de convivencia puedan seguir residiendo en sus hogares, sin que se les desarraigue, mientras se promueven otras medidas de carcter econmico que combatan la crisis y que les permitan renegociar sus deudas hipotecarias.

La tercera medida implica a las entidades financieras, a sus sociedades de gestin inmobiliaria, a la Sociedad de Gestin de Activos procedentes de la Reestructuracin Bancaria, S.A. y a los que esta ley define como grandes propietarios de viviendas, a todos los cuales se obliga a que pongan a disposicin de la Administracin de la Comunidad Autnoma las viviendas, situadas en el territorio de Aragn, que, siendo de su propiedad, se encuentren desocupadas cuando, en el caso de las pertenecientes a los tres primeros, provengan de procedimientos de ejecucin hipotecaria, de pago o dacin en pago de deudas con garanta hipotecaria, si el parque de viviendas del sector pblico fuera insuficiente para dar una adecuada respuesta a las necesidades de alojamiento de personas o unidades de convivencia en situacin de vulnerabilidad.

Instrumentalmente, en cuarto lugar, se garantiza que la Administracin de la Comunidad Autnoma de Aragn tenga conocimiento de las demandas que se admitan a trmite en relacin con los desahucios de arrendamientos y las ejecuciones hipotecarias. De este modo podrn articularse de inmediato medidas administrativas que faciliten el realojo de las personas y unidades de convivencia cuyo desahucio o lanzamiento sea inevitable.

La creacin del Registro de Viviendas Desocupadas de Aragn es otra de las medidas que prev la ley y que, al igual que las anteriores, se dirige a hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda en situaciones de vulnerabilidad. Conocer las viviendas en manos del sector financiero, sus entidades dependientes o grandes propietarios que estn desocupadas es fundamental para poder articular mecanismos que promuevan o impongan su ocupacin, aprovechando al mximo el parque residencial aragons.

La creacin del Parque Pblico de Vivienda Social de Aragn, en sexto lugar, en conexin con todo lo anterior, es una medida fundamental para estructurar la oferta de vivienda social existente en la Comunidad que permita a la Administracin autonmica, como poder pblico competente en el conjunto del territorio aragons, atender las situaciones de vulnerabilidad social, aprovechando al mximo los recursos de los sectores pblico y privado en materia de vivienda y coordinando los esfuerzos de todas las Administraciones pblicas.

Por ltimo, la presente ley contiene seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria y seis finales, y se dicta en ejecucin de las competencias exclusivas previstas en los artculos 71.2., 71.3., 71.10., 71.34. y 79.1 del Estatuto de Autonoma de Aragn.


[Bloque 2: #tp]

TTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto definir un conjunto de mecanismos y medidas de carcter urgente que garanticen la efectividad de los derechos sociales en la Comunidad Autnoma de Aragn, con especial atencin a las situaciones de emergencia social y a las personas o unidades de convivencia en situacin de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad.


[Bloque 4: #a2]

Artculo 2. mbito de aplicacin.

La presente ley se aplicar al sector pblico de la Comunidad Autnoma de Aragn, que comprende la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma, cualesquiera organismos pblicos dependientes o vinculados a dicha Administracin y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, as como a las entidades locales aragonesas.


[Bloque 5: #ti]

TTULO I

Medidas de emergencia en relacin con las prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales


[Bloque 6: #ci]

CAPTULO I

Garantas generales de las prestaciones econmicas del Sistema Pblico deServicios Sociales


[Bloque 7: #a3]

Artculo 3. Naturaleza de las prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales.

1. Las prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales son aportaciones dinerarias con un rgimen jurdico propio, definidas por su carcter finalista, requisitos y condiciones de reconocimiento, y carecen de la consideracin de subvenciones pblicas.

2. La misma naturaleza tendrn las prestaciones econmicas de carcter social incluidas en el Catlogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autnoma de Aragn y en los de las entidades locales.

Se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado del apartado 1 por Sentencia de TC 21/2019, de 14 de febrero. Ref. BOE-A-2019-3982

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacin por auto del TC de 7 de febrero de 2018. Ref. BOE-A-2018-1969

Se declara la suspensin de la vigencia y aplicacin de este precepto, desde el 12 de septiembre de 2017 para las partes en el proceso y desde el 12 de octubre de 2017 para los dems, por providencia del TC de 3 de octubre de 2017, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad 4403/2017. Ref. BOE-A-2017-11694






[Bloque 8: #a4]

Artculo 4. Preferencia en la tramitacin de las prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales.

Con el objetivo de garantizar la efectividad de las prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales, definidas de carcter esencial, los rganos de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Aragn actuarn bajo el principio de prioridad y agilidad en la tramitacin de los expedientes relativos a dichas prestaciones y en la resolucin y pago de las mismas, dando preferencia a tales expedientes y adoptndose las medidas necesarias para la reduccin de trmites y cargas administrativas.


[Bloque 9: #a5]

Artculo 5. Inembargabilidad de las prestaciones econmicas de carcter social.

1. (Anulado).

2. (Anulado).

3. (Anulado).

4. (Anulado).

5. El departamento competente del Gobierno de Aragn habilitar los medios necesarios para informar y orientar a las personas y unidades de convivencia perceptoras de prestaciones econmicas de carcter social en los supuestos de embargo.

Se declaran inconstitucionales y nulos los apartados 1 a 4 por Sentencia de TC 21/2019, de 14 de febrero. Ref. BOE-A-2019-3982

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacinde los apartados 1 a 4 por auto del TC de 7 de febrero de 2018. Ref. BOE-A-2018-1969

Se declara la suspensin de la vigencia y aplicacin de los apartados 1 a 4, desde el 12 de septiembre de 2017 para las partes en el proceso y desde el 12 de octubre de 2017 para los dems, por providencia del TC de 3 de octubre de 2017, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad 4403/2017. Ref. BOE-A-2017-11694






[Bloque 10: #ci-2]

CAPTULO II

Tipos de ayudas


[Bloque 11: #a6]

Artculo 6. Ayudas de apoyo a la integracin familiar.

1. Las ayudas de apoyo a la integracin familiar son prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales de carcter esencial que tienen por objeto el mantenimiento de la unidad familiar con menores a su cargo, evitando el internamiento de estos en centros especializados o la adopcin de medidas externas de proteccin, como un derecho subjetivo de los ciudadanos garantizado y exigible.

2. La ayuda de apoyo a la integracin familiar, cuya cuanta y dems requisitos se determinarn reglamentariamente, se dirige a cubrir la falta o inadecuada asistencia material del menor en aquellas situaciones en que este puede verse privado, sin que llegue a producirse la situacin de desamparo, por falta de recursos econmicos de la unidad de convivencia.

3. Podrn ser beneficiarias de las ayudas de apoyo a la integracin familiar las personas fsicas, mayores de edad o menores emancipados, que constituyan una unidad de convivencia independiente, se encuentren empadronadas en un municipio de Aragn con residencia efectiva y no superen los ingresos anuales determinados reglamentariamente.


[Bloque 12: #a7]

Artculo 7. Ayudas de urgencia.

1. Las ayudas de urgencia son prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales de carcter esencial que tienen por objeto resolver situaciones de emergencia que afecten a personas o unidades de convivencia a las que sobrevengan situaciones de necesidad o falta continuada de recursos.

2. La ayuda de urgencia, cuya cuanta y dems condiciones se determinarn reglamentariamente, va destinada a la cobertura de cualesquiera de las siguientes necesidades bsicas de subsistencia:

a) Imposibilidad de continuar en el uso y disfrute de la vivienda habitual.

b) Carencia de medios econmicos para conservar las condiciones de habitabilidad, incluyendo, entre otros, los gastos derivados de suministros de agua, gas y electricidad o de adquisicin de equipamiento bsico de la vivienda habitual.

c) Alimentacin.

d) Cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene.

e) Alojamiento temporal en casos de urgencia social.

f) Transporte en casos de urgencia social.

g) Gastos de medicacin y otros cuidados sanitarios, que vengan diagnosticados por un facultativo sanitario del sistema pblico de salud, cuando no se hayan podido cubrir por otros sistemas de proteccin social.

h) Situaciones de emergencia que ponen en peligro la convivencia en la unidad familiar, riesgo de exclusin social de la unidad de convivencia o de alguno de sus miembros, que no estn contempladas en este artculo ni por otras prestaciones del Sistema Pblico de Servicios Sociales.

3. Para la cobertura de necesidades de alimentacin, estas ayudas se otorgarn, siempre que sea posible, mediante tarjetas monederos.

4. Podrn ser beneficiarias de las ayudas de urgencia las personas fsicas, mayores de edad o menores emancipados, que constituyan una unidad de convivencia independiente, se encuentren empadronadas en un municipio de Aragn con residencia efectiva y no superen los ingresos anuales determinados reglamentariamente.

5. La gestin de las ayudas de urgencia corresponde a las entidades locales, comarcas y municipios de ms de veinte mil habitantes, en los trminos que se determinen en la legislacin de servicios sociales de Aragn. Corresponde asimismo a las entidades locales no comarcalizadas de la Mancomunidad Central de Zaragoza, en tanto en cuanto no se comarcalicen, a travs de los ejes que la constituyan, la gestin sin marginacin econmica de estas ayudas.


[Bloque 13: #a8]

Artculo 8. Ayudas derivadas de la violencia de gnero.

Las ayudas derivadas de la violencia de gnero tendrn tambin carcter de prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales y tienen por objeto resolver situaciones de emergencia de las mujeres vctimas de la violencia de gnero en la Comunidad Autnoma de Aragn.


[Bloque 14: #a9]

Artculo 9. Prrroga y renovacin del Ingreso Aragons de Insercin.

1. Los perceptores del Ingreso Aragons de Insercin que, al alcanzar la edad fijada para el reconocimiento de la pensin no contributiva de jubilacin, no cumplieran los requisitos para su reconocimiento podrn seguir percibiendo el Ingreso Aragons de Insercin en concepto de prrroga de la prestacin reconocida.

2. Para las renovaciones del Ingreso Aragons de Insercin y a fin de agilizar los procedimientos, solo se exigir el informe social preceptivo del profesional de trabajo social de referencia, la solicitud cumplimentada adecuadamente, los documentos de identidad de todos los miembros de la unidad de convivencia y, en el supuesto de cambio de situacin, la documentacin que lo acredite. El informe para la renovacin deber incorporar el grado de cumplimiento de los acuerdos de insercin firmados, su mantenimiento o la necesidad de suscribir un nuevo acuerdo de insercin durante la vigencia de la prrroga.


[Bloque 15: #a1-2]

Artculo 10. Complemento econmico para perceptores de pensin no contributiva.

1. A fin de garantizar la dignidad de las personas perceptoras de la pensin no contributiva tanto de jubilacin como de invalidez, y puesto que la prestacin complementaria de la misma es una prestacin econmica del Catlogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autnoma de Aragn, en virtud de la aprobacin de esta ley se garantiza dicho complemento en la misma cuanta que pudiera corresponderle a la persona beneficiaria en su condicin de perceptor del Ingreso Aragons de Insercin. A tal efecto, se publicar una orden anual que establecer la cuanta concreta del complemento econmico, de forma que se abone anualmente a los perceptores de las prestaciones no contributivas a 31 de diciembre de cada ao. Esta cuanta se presupuestar en la ley de presupuestos anual.

2. Dada su finalidad, esta prestacin dejar de tener naturaleza complementaria y se considerar de carcter esencial desde la entrada en vigor de la presente ley. Se reconoce como un derecho subjetivo, exigible judicialmente y su cobertura, si lo requiere, generar crdito ampliable.


[Bloque 16: #ci-3]

CAPTULO III

Garantas especficas de efectividad del Ingreso Aragons de Insercin


[Bloque 17: #a1-3]

Artculo 11. Informacin trimestral y transparencia de la gestin del Ingreso Aragons de Insercin.

Conforme a las obligaciones de evaluacin, planificacin y control de la Administracin de la Comunidad Autnoma y para asegurar la eficacia de este derecho, se realizarn anlisis trimestrales de la situacin de la gestin del programa del Ingreso Aragons de Insercin. Este anlisis incluir:

a) Nmero de solicitudes presentadas, distinguiendo entre nuevas y renovaciones.

b) Nmero de expedientes pendientes de resolucin.

c) Nmero de expedientes resueltos, distinguiendo las resoluciones estimatorias de las desestimadas.

d) Respecto a las resoluciones estimatorias, las prestaciones cuyo pago se haya iniciado y las pendientes de pago a los perceptores.


[Bloque 18: #a1-4]

Artculo 12. Transparencia de la actividad de la Comisin de Reclamaciones del Ingreso Aragons de Insercin.

1. La Administracin de la Comunidad Autnoma mantendr en la web del Instituto Aragons de Servicios Sociales informacin actualizada sobre la actividad de la Comisin de Reclamaciones del Ingreso Aragons de Insercin. Dicha informacin deber contener:

a) El nombre de los miembros que componen esta comisin, junto a la razn de su nombramiento o la Administracin a la que representan.

b) Informacin relativa a las sesiones celebradas, en particular las actas de tales sesiones, con respeto a la normativa de proteccin de datos.

2. Todos los meses se publicar en la web del Instituto Aragons de Servicios Sociales un informe que recoja el nmero de reclamaciones presentadas y resueltas, distinguiendo las estimatorias y las desestimatorias.


[Bloque 19: #ci-4]

CAPTULO IV

Otras garantas de la efectividad de los derechos sociales


[Bloque 20: #a1-5]

Artculo 13. Medicacin de enfermos crnicos.

Las personas con condicin acreditada de enfermos crnicos que se encuentren en situacin de pobreza relativa podrn acceder a los medicamentos relacionados con su enfermedad crnica a travs de un programa de financiacin de medicamentos para pacientes crnicos. El Gobierno de Aragn desarrollar la normativa necesaria para la regulacin de dicho programa.


[Bloque 21: #a1-6]

Artculo 14. Escuelas infantiles.

1. En las escuelas infantiles, se impulsar la ampliacin progresiva de plazas pblicas con corresponsabilidad del Estado.

2. En las escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Aragn, se facilitar la gratuidad de las plazas de los menores pertenecientes a unidades de convivencia con ingresos inferiores al umbral definido para la pobreza relativa.

3. Los convenios que el Gobierno de Aragn suscriba con entidades locales para la prestacin de estos servicios incluirn una reserva de plazas gratuitas suficiente, motivada conforme a los indicadores estadsticos disponibles, para los menores de las familias que se encuentren por debajo del nivel de ingresos definido para la pobreza relativa en funcin del nmero de miembros de la unidad familiar. En todo caso, el coste del servicio para todas las unidades de convivencia ser progresivo en relacin con su nivel de renta, valorado conforme a este indicador, sin perjuicio de la prestacin econmica destinada a sufragar la estancia en escuela infantil.


[Bloque 22: #a1-7]

Artculo 15. Respuesta educativa.

Todos los menores tienen derecho a una respuesta educativa inclusiva lo ms adecuada posible a sus caractersticas individuales, familiares y sociales a travs de planes, programas y medidas educativas de accin positiva que garanticen su permanencia, participacin y aprendizaje escolar. Con especial atencin a los alumnos de unidades de convivencia desfavorecidas, se crearn programas de refuerzo fuera del horario lectivo.


[Bloque 23: #a1-8]

Artculo 16. Comedores escolares.

Las convocatorias para becas de comedores escolares debern seguir los siguientes criterios de garanta de los derechos sociales:

a) El mximo de renta familiar para tener acceso a las becas ser de dos veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples (IPREM) vigente para el perodo objeto de la convocatoria.

b) El importe de la beca de comedor incluir el total de su coste.

c) Se entendern incluidos en el perodo de percepcin de la beca los meses de junio a septiembre. La prestacin de las becas se realizar preferentemente de manera articulada con programas de apertura de centros y, en todo caso, en condiciones que eviten la estigmatizacin de los menores y de sus unidades de convivencia.


[Bloque 24: #ti-2]

TTULO II

Medidas en materia de vivienda


[Bloque 25: #a1-9]

Artculo 17. Definicin de situacin de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad.

1. Tienen la consideracin de personas o unidades de convivencia en situacin de vulnerabilidad aquellas que se encuentren en situacin de riesgo de exclusin social, que sufran o que tengan algn miembro que sufra violencia de gnero o violencia familiar, que sean o que tengan algn miembro que sea vctima de terrorismo, y aquellas que as se califiquen en virtud de las especiales circunstancias socioeconmicas que les afecten.

a) Se entender por persona o unidad de convivencia en situacin de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el IPREM e iguales o inferiores a dos veces el IPREM, en cmputo anual.

b) Tambin se entender, entre otros supuestos, por persona o unidad de convivencia en situacin de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos totales sean superiores a dos veces el IPREM e iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM, en cmputo anual, que se encuentren, adems, bien individualmente o en el seno de la unidad de convivencia, en alguna de las situaciones que se relacionan a continuacin:

1. La unidad de convivencia con, al menos, un menor a cargo.

2. La familia numerosa, de conformidad con la legislacin vigente.

3. Persona que sufra violencia de gnero o unidad de convivencia en la que exista violencia de gnero.

4. Personas afectadas por procesos de ejecucin hipotecaria o desahucio por falta de pago de renta.

5. Vctimas de terrorismo.

6. Persona que tenga o unidad de convivencia en la que alguno de sus miembros tenga declarada una discapacidad igual o superior al 33%, situacin de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

7. Persona que sea o unidad de convivencia que tenga un deudor hipotecario, que se encuentre en situacin de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

8. Persona que sea o unidad de convivencia que tenga una persona deudora hipotecaria mayor de 60 aos.

9. Afectados por situaciones catastrficas.

2. En situacin de especial vulnerabilidad se encuentran las personas o unidades de convivencia cuyos miembros padecen una situacin de vulnerabilidad agravada por sufrir una situacin econmica severa, o en la que se produce la concurrencia de factores como la edad, nmero de personas que integran la unidad de convivencia, discapacidad, dependencia, enfermedad, exclusin social, vctimas de violencia de gnero o circunstancias que afecten a los derechos humanos, econmicas, situaciones de desempleo, as como otras de naturaleza anloga que provocan en la persona o unidad de convivencia una situacin de especial riesgo de sufrir una grave desestructuracin personal, econmica, social o afectiva.

a) Se entiende que se encuentran en una situacin de especial vulnerabilidad las personas o unidades de convivencia cuyos ingresos totales sean iguales o inferiores a una vez el IPREM, en cmputo anual.

b) Tambin se considerar en situacin de especial vulnerabilidad a las personas o unidades de convivencia cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el IPREM e iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM, en cmputo anual, que se encuentren, adems, en alguna de las situaciones relacionadas en la letra b) del apartado anterior.

3. Adems de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, se entiende que se encuentran en una situacin de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad aquellos casos de emergencia social que determinen los servicios sociales, de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores.

4. La situacin de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad se acreditarn, a solicitud de la persona o unidad de convivencia interesada, mediante informe de la Administracin competente en materia de servicios sociales en los trminos que se establezcan reglamentariamente.

Ambas situaciones se mantendrn vigentes mientras permanezcan las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, sin perjuicio de su revisin peridica.


[Bloque 26: #a1-10]

Artculo 18. Consideracin de la buena fe.

1. Para la obtencin de la calificacin de las situaciones de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad, ser preciso que la persona o unidad de convivencia afectada se consideren de buena fe.

2. La buena fe de la persona o de la unidad de convivencia a la que se le reconoce el derecho a una vivienda digna se presumir, salvo que, mediante informe de tcnico competente, quede demostrado que se ha producido abuso de derecho del mismo, o se han efectuado acciones u omisiones que, por la intencin de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se hayan realizado, sobrepasen los lmites normales del ejercicio de un derecho, con dao a un tercero siempre que sea persona fsica o que no sea una entidad jurdica.

3. Se entender en todo caso que existe en un deudor buena fe cuando se haya producido o se prevea que se puede producir una situacin de impago de las cuotas hipotecarias o de las rentas de alquiler, motivada por situaciones significativas econmicas o familiares que originen una carencia sobrevenida de recursos econmicos, posterior a la fecha de formalizacin del prstamo hipotecario o del contrato de arrendamiento, y que, por una alteracin totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no puede cumplir los compromisos contrados.


[Bloque 27: #a1-11]

Artculo 19. Garanta del derecho a una alternativa habitacional digna.

1. Los poderes pblicos de la Comunidad Autnoma, en cumplimiento del artculo 27 del Estatuto de Autonoma, debern proveer de una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situacin de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecucin hipotecaria, de pago o dacin en pago de deudas con garanta hipotecaria, o de desahucio por falta de pago de la renta.

2. La garanta prevista en el apartado anterior podr extenderse tambin, fuera de los supuestos all previstos, a otras personas o unidades de convivencia de buena fe que se encuentren en situacin de especial vulnerabilidad o emergencia social.


[Bloque 28: #a2-2]

Artculo 20. Suspensin de los lanzamientos en situacin de especial vulnerabilidad.

1. Hasta que se ofrezca una alternativa habitacional digna por parte de la Administracin, quedarn en suspenso los lanzamientos en los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecucin hipotecaria en los que se trate de vivienda habitual de persona o unidad de convivencia de buena fe que se encuentren en supuestos de especial vulnerabilidad.

2. Quedarn tambin suspendidos, hasta que se ofrezca una alternativa habitacional digna por parte de la Administracin, los lanzamientos en los procesos judiciales o extrajudiciales de desahucio por impago de alquiler cuando, encontrndose la persona o unidad de convivencia en el supuesto del apartado anterior, el sujeto que ha iniciado el citado proceso de lanzamiento cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Se considere gran propietario de viviendas, conforme a lo regulado en esta ley.

b) Sea persona jurdica que hubiera adquirido esa vivienda despus del 30 de abril de 2008 a causa de ejecucin hipotecaria, acuerdo de compensacin de deudas o de dacin en pago o de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de restituir el prstamo hipotecario.

3. En tanto est pendiente de resolucin, una vez solicitado, el informe sobre la situacin de especial vulnerabilidad, quedar suspendido el procedimiento de desahucio o lanzamiento.

4. Las administraciones pblicas aragonesas no podrn ejercer, en ningn caso, acciones de desahucio con las viviendas de titularidad pblica en los casos en que afecten a personas o unidades de convivencia de buena fe y se encuentren en situacin de especial vulnerabilidad.

Se declara que el apartado 1 no es inconstitucional interpretado en el sentido expuesto en el fundamento jurdico 6 y se desestima en todo lo dems, por Sentencia de TC 21/2019, de 14 de febrero. Ref. BOE-A-2019-3982

Se mantiene la suspensin de la vigencia y aplicacin por auto del TC de 7 de febrero de 2018. Ref. BOE-A-2018-1969

Se declara la suspensin de la vigencia y aplicacin de este precepto, desde el 12 de septiembre de 2017 para las partes en el proceso y desde el 12 de octubre de 2017 para los dems, por providencia del TC de 3 de octubre de 2017, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad 4403/2017. Ref. BOE-A-2017-11694






[Bloque 29: #a2-3]

Artculo 21. Comunicacin con rganos judiciales para las situaciones de vulnerabilidad.

1. Con la finalidad de proporcionar una alternativa habitacional digna a las personas o unidades de convivencia que puedan verse afectadas por un desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, el rgano judicial o, en su caso, el notario que conozca del asunto remitir, mediante procedimientos preferentemente telemticos, al rgano autonmico competente en materia de servicios sociales comunicacin de la demanda de desahucio de arrendamiento y las de ejecucin hipotecaria admitidas a trmite, indicando adems, si le consta, la identidad del demandado y de las personas que habitan habitualmente en la vivienda.

2. Los rganos judiciales solicitarn el consentimiento de las personas afectadas cuando sea preciso para la cesin de los datos sealados en el apartado anterior.

3. Con el debido consentimiento de las personas afectadas, las entidades financieras estarn obligadas a aportar, bien a la Administracin, bien al rgano judicial o al notario, en su caso, la documentacin de que dispongan sobre las personas afectadas que pueda agilizar la tramitacin de estas medidas. En caso de conflicto entre las informaciones facilitadas, prevalecer la consideracin de los informes aportados por los servicios sociales competentes.

4. Excepcionalmente y para evitar su desahucio de la vivienda habitual, la Administracin autonmica podr hacerse cargo del pago de la renta arrendaticia que deban abonar personas o unidades de convivencia de buena fe que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad. Reglamentariamente, se regularn las condiciones y procedimientos para hacer efectivo este derecho, as como el plazo temporal mximo de duracin del pago de la renta por parte de la Administracin autonmica. El cumplimiento del plazo mximo de abono de dicha renta por parte de la Administracin no podr dejar sin efectividad este derecho si se mantiene la situacin de especial vulnerabilidad de la persona o unidad de convivencia de buena fe que dio lugar al pago inicial en tanto que la Administracin pueda facilitar una alternativa habitacional digna.


[Bloque 30: #a2-4]

Artculo 22. Medidas para promover el arrendamiento y la cesin de viviendas por parte de sus propietarios.

1. El Gobierno de Aragn podr desarrollar medidas de intermediacin que favorezcan la concertacin de arrendamientos entre personas propietarias y personas o unidades de convivencia demandantes de vivienda, o convenios para la cesin por parte de sus propietarios, sean estos personas fsicas o jurdicas, de viviendas para integrarlas en el Parque Pblico de Vivienda Social de Aragn.

2. El ofrecimiento de viviendas por sus titulares para ser incluidas en los programas pblicos de intermediacin para el arrendamiento dejar en suspenso el proceso de declaracin de vivienda desocupada.

3. Para incentivar los programas de arrendamiento de viviendas y de cesin de viviendas, el Gobierno de Aragn podr concertar el aseguramiento de los riesgos inherentes a la ocupacin habitacional de las viviendas, que garantice el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad civil, la asistencia del hogar y la defensa jurdica. Mediante disposicin reglamentaria se regularn los requisitos para la contratacin de las plizas de seguro correspondientes.


[Bloque 31: #a2-5]

Artculo 23. Colaboracin con entidades financieras y de activos inmobiliarios.

1. La Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Aragn desarrollar una poltica tendente a conseguir un parque pblico de vivienda suficiente para dar respuesta a la problemtica actual. Con esta finalidad, se podrn suscribir convenios de colaboracin con las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control, la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria, S.A., y las personas o entidades que operan en el sector inmobiliario para incrementar una oferta de alternativas habitacionales dignas que permita dar adecuada respuesta a las necesidades de alojamiento de personas o unidades de convivencia en situacin de vulnerabilidad. Estos convenios podrn tener por objeto la cesin de uso de viviendas desocupadas por parte de sus titulares.

2. En los convenios de colaboracin se concretarn la modalidad o modalidades de gestin de las viviendas cedidas. La gestin podr realizarse directamente por parte del propio cedente, a travs de entidades privadas sin nimo de lucro o por la Administracin pblica o sus entidades instrumentales.

3. Los convenios de colaboracin podrn incluir otras prestaciones, incluso de naturaleza econmica o financiera, dirigidas a incrementar la oferta de alternativas habitacionales dignas, o el acceso a las mismas, a cargo de las entidades privadas que los suscriban. Dichas prestaciones quedarn sujetas, en su caso, a lo establecido en la normativa de contratacin o de subvenciones del sector pblico.


[Bloque 32: #a2-6]

Artculo 24. Cesin y uso de viviendas desocupadas.

1. Las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control, la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria, S.A., y aquellos que se definen en esta ley como grandes propietarios de viviendas debern poner a disposicin de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Aragn las viviendas, situadas en el territorio de Aragn, que sean de su propiedad y, en el caso de las de las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control o la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria, S.A., provengan de procedimiento de ejecucin hipotecaria, de pago o dacin en pago de deudas con garanta hipotecaria, cuando el parque de viviendas resultante de los convenios regulados en el artculo anterior, as como de las medidas de promocin a que se refiere el artculo 22, y las viviendas del sector pblico sean insuficientes para dar adecuada respuesta a las necesidades de alojamiento de personas o unidades de convivencia en situacin de vulnerabilidad, y aquellas viviendas se encuentren desocupadas, conforme a lo que se establece el artculo 26.

2. El rgano competente en materia de vivienda de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Aragn designar a una persona o una unidad de convivencia para ocupar las viviendas desocupadas puestas a su disposicin. La persona o entidad titular de la vivienda estar obligada a otorgar ttulo suficiente para el uso, bajo la frmula preferente de arrendamiento o, excepcionalmente, otras que resulten admisibles en derecho, garantizando la correspondiente contraprestacin.

3. Mediante orden del titular del departamento competente en materia de vivienda se determinarn las condiciones bsicas del arrendamiento, las rentas aplicables y el modelo de contrato. La renta, que no podr ser superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad de convivencia, se graduar en funcin de dichos ingresos, atendiendo a los gastos fijos relacionados con la vivienda y considerando el nmero de miembros de la unidad de convivencia. En todo caso, en los supuestos de especial vulnerabilidad, la renta no podr superar el 25% de los ingresos de la persona o unidad de convivencia. Las mujeres vctimas de violencia de gnero, con menores o ascendientes a cargo, cuyos ingresos no superen una vez el IPREM tendrn acceso preferente y quedarn exentas de renta en tanto no superen el citado nivel de ingresos.

4. Se considerarn causas justificadas para no aceptar la persona o la unidad de convivencia propuesta por la Administracin las previstas en el artculo 26 como causas justificadas de desocupacin.

5. En caso de incumplimiento o demora por parte de la persona o entidad titular de la vivienda de las obligaciones establecidas en este artculo, el titular del departamento competente en materia de vivienda impondr multas coercitivas, salvo causas debidamente justificadas, cuya cuanta se fijar sobre el valor catastral de la vivienda del siguiente modo:

a) Por la demora de un mes: 1% del valor catastral del ao en curso.

b) Por la demora del segundo mes: 2% del valor catastral del ao en curso.

c) Por la demora del tercer mes y sucesivos: 3% del valor catastral por cada mes hasta un mximo total del 25% del valor catastral del ao en curso.

6. Los ingresos procedentes de las multas coercitivas previstas en este artculo tendrn carcter finalista, generarn crdito en los programas de gasto de la direccin general competente en materia de vivienda y sern destinados por esta a actuaciones en materia de vivienda.

Se declara el desistimiento del recurrente en el recursode inconstitucionalidad 4403/2017 por Sentencia de TC 21/2019, de 14 de febrero. Ref. BOE-A-2019-3982

Se mantiene la suspensin de la vigencia y aplicacin por auto del TC de 7 de febrero de 2018. Ref. BOE-A-2018-1969

Se declara la suspensin de la vigencia y aplicacin de este precepto, desde el 12 de septiembre de 2017 para las partes en el proceso y desde el 12 de octubre de 2017 para los dems, por providencia del TC de 3 de octubre de 2017, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad 4403/2017. Ref. BOE-A-2017-11694






[Bloque 33: #a2-7]

Artculo 25. Concepto de grandes propietarios de viviendas.

A los efectos previstos en esta ley, se considerar grandes propietarios de viviendas a las personas fsicas o jurdicas que sean propietarias de, al menos, quince viviendas.


[Bloque 34: #a2-8]

Artculo 26. Concepto de vivienda desocupada.

1. A los efectos de la presente ley, se considera que una vivienda est desocupada cuando no se haya destinado a uso residencial, bajo cualquier forma prevista en el ordenamiento jurdico, durante seis meses consecutivos en el curso de un ao. En todo caso, la ocupacin deber ser efectiva, no siendo suficiente con la existencia de un ttulo jurdico que habilite para ello.

2. Sern causas justificadas de desocupacin de una vivienda las siguientes:

a) Que las condiciones materiales de la vivienda no permitan su ocupacin inmediata por motivos de habitabilidad. Esta situacin deber ser justificada por la persona o entidad propietaria de la vivienda mediante el correspondiente informe tcnico, supervisado por tcnico competente de la Administracin.

b) Que la vivienda est pendiente de la resolucin de algn litigio que afecte a los derechos derivados de la propiedad.

c) Que la vivienda est ocupada ilegalmente.

d) Que la vivienda est gravada con alguna carga prevista en el ordenamiento jurdico que impida la ocupacin.

e) Que la vivienda tenga un destino legalmente previsto por el ordenamiento jurdico que pueda suponer su desocupacin durante ms de seis meses consecutivos al ao, como pueden ser las de temporada, uso turstico, las destinadas a trabajadores, y otras situaciones similares.

f) Otras causas diferentes de las anteriores que impidan la ocupacin de la vivienda. En estos supuestos, la carga de la prueba corresponder a la persona o entidad propietaria, que deber aportar la documentacin que acredite la imposibilidad de ocupacin ante el rgano competente en materia de vivienda de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Aragn.


[Bloque 35: #a2-9]

Artculo 27. Registro de Viviendas Desocupadas de Aragn.

1. Se crea el Registro de Viviendas Desocupadas de Aragn, en el que se inscribirn las viviendas que renan las siguientes condiciones:

a) Estar situadas en territorio de Aragn.

b) Estar legalmente desocupadas conforme a lo establecido en el artculo anterior.

c) Corresponder su titularidad a las entidades financieras, a las sociedades inmobiliarias bajo su control, a la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria, S.A., o a los grandes propietarios de viviendas.

d) Provenir de un proceso de ejecucin hipotecaria, o de pagos o daciones en pago de deudas con garanta hipotecaria en el caso de que su titularidad corresponda a las entidades financieras, a las sociedades inmobiliarias bajo su control o a la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria, S.A.

2. El Registro tiene como finalidad el control y seguimiento de las viviendas a las que se refiere el apartado anterior, con objeto de que la Administracin autonmica puede ejercer sus potestades y competencias para la garanta del derecho a la vivienda en situaciones de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad conforme a lo establecido en esta ley.

3. La ocupacin de una vivienda inscrita en el Registro bajo un rgimen de tenencia que no sea el de propiedad no conllevar su baja en los asientos.

4. El Registro de Viviendas Desocupadas de Aragn tendr como mbito el de la Comunidad Autnoma y su llevanza corresponder a la direccin general competente en materia de vivienda.

5. Las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control, la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria, S.A., y los grandes propietarios tendrn la obligacin de comunicar al Registro de Viviendas Desocupadas la ocupacin de las viviendas sujetas al rgimen de inscripcin establecido en esta ley.

6. Mediante orden del titular del departamento del Gobierno de Aragn competente en materia de vivienda se establecer el procedimiento de inscripcin, modificacin y cancelacin de los datos del Registro, as como cuantas disposiciones sean precisas para su correcto funcionamiento.


[Bloque 36: #a2-10]

Artculo 28. Parque Pblico de Vivienda Social de Aragn.

1. El departamento del Gobierno de Aragn competente en materia de vivienda constituir el Parque Pblico de Vivienda Social de Aragn como instrumento para la gestin de las polticas de vivienda social de los poderes pblicos de Aragn.

2. El Parque Pblico de Vivienda Social de Aragn abarcar todos los municipios de la Comunidad Autnoma y tendr carcter nico.

3. El Parque Pblico de Vivienda Social de Aragn incluir:

a) Las viviendas de las entidades del sector pblico aragons, incluido el sector pblico local.

b) Las viviendas cedidas a cualquier Administracin Pblica aragonesa por las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control, la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria, S.A., las personas o entidades que operan en el sector inmobiliario, o por otras personas fsicas o jurdicas, afectadas a este fin. Cuando la cesin tenga lugar en propiedad podrn establecerse beneficios fiscales propios de las donaciones para fines sociales.

c) A las personas o unidades de convivencia con necesidad de vivienda de estas caractersticas.

4. El Parque Pblico de Vivienda Social de Aragn podr tambin incluir suelos dotacionales o con cualquier otra calificacin compatibles con la promocin de viviendas u otras formas de alojamiento acordes con su finalidad. Dichas viviendas u alojamientos, una vez construidos, se integrarn necesariamente en el Parque.

5. El Parque Pblico de Vivienda Social de Aragn podr crearse como un instrumento de intervencin administrativa sin personalidad jurdica o constituirse como fundacin o cooperativa. Su gestin corresponde a la direccin general competente en materia de vivienda.

6. Las administraciones pblicas competentes, como medida de fomento, podrn concertar el aseguramiento de los riesgos inherentes a la ocupacin de las viviendas que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad civil, la asistencia del hogar y la defensa jurdica.

7. Mediante orden del titular del departamento competente en materia de vivienda, se regularn los requisitos materiales y formales de las viviendas que se aporten al Parque, los que deben reunir los ofertantes y demandantes de vivienda y las modalidades de gestin de las viviendas.


[Bloque 37: #da]

Disposicin adicional primera. Comisin informativa de la inembargabilidad de las prestaciones econmicas de carcter social.

El departamento competente en materia de servicios sociales crear una comisin en el seno del Consejo Aragons de Servicios Sociales para conocer de aquellos procedimientos de embargo de las prestaciones econmicas del Sistema Pblico de Servicios Sociales a que se refiere el artculo 5 e informar sobre los mecanismos de reclamacin existentes. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, se elaborar su reglamento de funcionamiento. Los titulares de las prestaciones inembargables que sean objeto de algn procedimiento de embargo podrn solicitar la asistencia de esta comisin a los efectos de comunicar al rgano emisor de la providencia de embargo su carcter inembargable en toda su extensin, emitiendo certificado de ello.

Se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado por Sentencia de TC 21/2019, de 14 de febrero. Ref. BOE-A-2019-3982

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacin del inciso final por auto del TC de 7 de febrero de 2018. Ref. BOE-A-2018-1969

Se declara la suspensin de la vigencia y aplicacin del inciso destacado, desde el 12 de septiembre de 2017 para las partes en el proceso y desde el 12 de octubre de 2017 para los dems, por providencia del TC de 3 de octubre de 2017, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad 4403/2017. Ref. BOE-A-2017-11694






[Bloque 38: #da-2]

Disposicin adicional segunda. Registros en materia de vivienda.

1. El Registro de Viviendas Desocupadas de Aragn entrar en funcionamiento cuando se publique la orden del titular del departamento del Gobierno de Aragn competente en materia de vivienda prevista en el apartado sexto del artculo 27 de la presente ley.

2. El departamento competente en materia de vivienda integrar todos los registros existentes en materia de vivienda en un nico instrumento bsico para el control y seguimiento de la demanda y oferta de vivienda en el territorio aragons, el estado del parque de vivienda existente, la necesidad de vivienda y la efectiva ocupacin de las viviendas existentes.

3. Mientras no entren en funcionamiento los instrumentos de registro y recogida de informacin previstos en esta ley, el Gobierno de Aragn podr promover la celebracin de convenios con otras entidades del sector pblico y el Poder Judicial, con objeto de recabar informacin sobre viviendas desocupadas en el territorio aragons, sin perjuicio de la obligacin de las personas y entidades a que se refiere la disposicin transitoria primera de comunicar las viviendas vacas de que dispongan.


[Bloque 39: #da-3]

Disposicin adicional tercera. Rgimen de la vivienda habitual en Aragn.

Por el departamento competente en materia de derecho foral se encargar a la Comisin Aragonesa de Derecho Civil el estudio del rgimen jurdico de acceso y tenencia de la vivienda habitual en Aragn con objeto de proteger a las personas o unidades de convivencia en situacin de vulnerabilidad.


[Bloque 40: #da-4]

Disposicin adicional cuarta. Rgimen de inspeccin.

Ser de aplicacin, para la verificacin del cumplimiento de lo establecido en esta ley, el rgimen de inspeccin establecido en el ttulo tercero de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de poltica de Vivienda Protegida.


[Bloque 41: #da-5]

Disposicin adicional quinta. Seguimiento y aplicacin del Cdigo de Buenas Prcticas para la reestructuracin viable de las deudas con garanta hipotecaria sobre la vivienda habitual.

1. (Anulado).

2. (Anulado).

3. (Anulado).

4. El Gobierno de Aragn fomentar la suscripcin de convenios con otras Administraciones pblicas aragonesas para implantar un sistema de mediacin hipotecaria coordinado que evite solapamientos entre ellas.

Se declaran inconstitucionales y nulos los apartados 1 a 3 por Sentencia de TC 21/2019, de 14 de febrero. Ref. BOE-A-2019-3982

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacin por auto del TC de 7 de febrero de 2018. Ref. BOE-A-2018-1969

Se declara la suspensin de la vigencia y aplicacin de este precepto, desde el 12 de septiembre de 2017 para las partes en el proceso y desde el 12 de octubre de 2017 para los dems, por providencia del TC de 3 de octubre de 2017, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad 4403/2017. Ref. BOE-A-2017-11694






[Bloque 42: #da-6]

Disposicin adicional sexta. Referencias de gnero.

La utilizacin de sustantivos de gnero gramatical determinado en referencia a cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada por economa de expresin y como referencia genrica tanto para hombres como para mujeres con estricta igualdad a todos los efectos.


[Bloque 43: #dt]

Disposicin transitoria primera. Declaracin de titularidad de viviendas desocupadas.

1. Mientras el Registro de Viviendas Desocupadas de Aragn no est operativo, las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control, la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria, S.A., y los grandes propietarios de viviendas a los que se refiere el artculo 24 de la presente ley debern declarar cada tres meses ante el rgano autonmico competente en materia de vivienda la titularidad de las viviendas a las que se refiere el apartado primero de dicho artculo.

2. En el caso de los grandes propietarios de vivienda, la primera comunicacin deber realizarse dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley.

3. La omisin de la declaracin de titularidad de una vivienda conforme a lo establecido en esta ley constituir una infraccin leve que ser sancionada con multa de1.500 a 3.000 euros. Cuando sean varias las viviendas cuya titularidad no haya sido declarada, se impondr una sancin por cada una de las omitidas. Ser de aplicacin el rgimen sancionador establecido en la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de poltica de Vivienda Protegida. Los ingresos procedentes de las multas impuestas tendrn carcter finalista, generarn crdito en los programas de gasto de la direccin general competente en materia de vivienda y sern destinados por esta a actuaciones en materia de vivienda.


[Bloque 44: #dt-2]

Disposicin transitoria segunda. Suspensin de lanzamientos.

La suspensin de los lanzamientos de su vivienda habitual de personas o unidades de convivencia en situacin de especial vulnerabilidad prevista en el artculo 20 de esta ley ser de aplicacin en los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecucin hipotecaria iniciados a la entrada en vigor de esta ley, siempre que en dicha fecha no se hubiere ejecutado el lanzamiento.

Se declara la desestimacin del Recurso, por Sentencia del TC 21/2019, de 14 de febrero. Ref. BOE-A-2019-3982

Se mantiene la suspensin de la vigencia y aplicacin por auto del TC de 7 de febrero de 2018. Ref. BOE-A-2018-1969

Se declara la suspensin de la vigencia y aplicacin de este precepto, desde el 12 de septiembre de 2017 para las partes en el proceso y desde el 12 de octubre de 2017 para los dems, por providencia del TC de 3 de octubre de 2017, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad 4403/2017. Ref. BOE-A-2017-11694






[Bloque 45: #dt-3]

Disposicin transitoria tercera. Procedimientos de embargo de ayudas.

(Anulada).

Se declara inconstitucional y nula por Sentencia de TC 21/2019, de 14 de febrero. Ref. BOE-A-2019-3982




[Bloque 46: #dd]

Disposicin derogatoria nica.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en esta ley.


[Bloque 47: #df]

Disposicin final primera. Ttulos competenciales.

La presente ley se dicta en ejecucin de las competencias exclusivas previstas en los artculos 71.2., 71.3., 71.10., 71.34. y 79.1 del Estatuto de Autonoma de Aragn.


[Bloque 48: #df-2]

Disposicin final segunda. Desarrollo de la ley.

1. Se faculta al titular del departamento competente en materia de servicios sociales para que dicte las disposiciones encaminadas a desarrollar y aplicar las correspondientes normas previstas en el ttulo I de la presente ley.

2. Las ayudas de urgencia y de apoyo a la integracin familiar previstas en esta ley sern objeto de desarrollo reglamentario en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, mantenindose la vigencia del Decreto 48/1993, de 19 de mayo, de la Diputacin General de Aragn, por el que se regulan las modificaciones de prestaciones econmicas de accin social reguladas por la Ley 4/1987, de 25 de marzo, y en el Decreto88/1998, de 28 de abril, del Gobierno de Aragn, por el que se regulan las ayudas econmicas de carcter personal en el marco de la proteccin de menores, en lo que no resulte incompatible.

3. Se faculta al titular del departamento competente del Gobierno de Aragn en materia de vivienda para que dicte las disposiciones encaminadas a desarrollar y aplicar las normas previstas en el ttulo II.


[Bloque 49: #df-3]

Disposicin final tercera. Nuevas prestaciones.

En caso de regularse nuevas prestaciones que sustituyan total o parcialmente a las previstas en la presente ley, se mantendrn, para las nuevas, todas las medidas establecidas aqu para garantizar la eficacia de los derechos sociales, adaptndolas a sus especificidades de informacin, transparencia, reclamacin y otras.


[Bloque 50: #df-4]

Disposicin final cuarta. Comedores escolares, ayudas individualizadas de comedor y transporte y ayudas complementarias de educacin especial.

1. El rgimen de acceso y gestin de la prestacin de cobertura del coste del comedor escolar se regular reglamentariamente en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

2. En los supuestos en que la normativa de la Comunidad Autnoma de Aragn reconozca a los alumnos la gratuidad de los servicios complementarios de transporte y comedor escolar por no disponer de oferta educativa en su localidad de residencia al amparo de lo previsto en el artculo 82 de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, si dichos alumnos no cuentan con ruta o comedor escolar en su centro docente pblico, mediante orden del departamento competente en materia de educacin no universitaria se otorgar una ayuda individualizada de transporte o comedor escolar.

3. En los casos de alumnos matriculados en centros docentes de educacin especial sostenidos con fondos pblicos que no hayan obtenido plaza en el centro pblico de educacin especial solicitado en primera opcin en el proceso de admisin o que hayan sido derivados a centros docentes de educacin especial de Comunidades Autnomas limtrofes, si dichos alumnos hacen uso de los servicios complementarios de transporte, comedor escolar o ambos, mediante orden del departamento competente en materia de educacin no universitaria se otorgar una ayuda complementaria respecto de la que dichos alumnos hayan solicitado y, en su caso, obtenido en la convocatoria efectuada por el ministerio con competencias en educacin no universitaria, hasta cubrir el importe de los gastos en que hayan incurrido por tales servicios.

4. Las ayudas previstas en los dos apartados anteriores de esta disposicin se harn efectivas a travs de los centros docentes de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

5. Habida cuenta del carcter social y especfico de ambos tipos de ayudas, no ser precisa la acreditacin de estar al corriente de pago de las obligaciones con la Hacienda estatal o autonmica ni con la Seguridad Social.


[Bloque 51: #df-5]

Disposicin final quinta. Modificacin del Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragn, por el que se aprueba el Catlogo de Servicios sociales de la Comunidad Autnoma de Aragn.

De acuerdo con lo establecido en el artculo 10 de la presente ley, se modifica la naturaleza de la prestacin complementaria para perceptores de pensin no contributiva (jubilacin e invalidez) en la ficha del Anexo II correspondiente del Decreto 143/2011, de14 de junio, del Gobierno de Aragn, por el que se aprueba el Catlogo de Servicios sociales de la Comunidad Autnoma de Aragn, pasando a ser una prestacin econmica de carcter esencial.


[Bloque 52: #df-6]

Disposicin final sexta. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial de Aragn.


[Bloque 53: #fi]

As lo dispongo a los efectos del artculo 9.1 de la Constitucin y los correspondientes del Estatuto de Autonoma de Aragn.

Zaragoza, 1 de diciembre de 2016.

El Presidente del Gobierno de Aragn,

Javier Lambn Montas.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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