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Legislación consolidada

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la vctima del delito.

Publicado en: BOE núm. 101, de 28/04/2015.
Entrada en vigor: 28/10/2015
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2015-4606
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 28/04/2015


[Bloque 1: #preambulo]

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREMBULO

I

La finalidad de elaborar una ley constitutiva del estatuto jurdico de la vctima del delito es ofrecer desde los poderes pblicos una respuesta lo ms amplia posible, no slo jurdica sino tambin social, a las vctimas, no slo reparadora del dao en el marco de un proceso penal, sino tambin minimizadora de otros efectos traumticos en lo moral que su condicin puede generar, todo ello con independencia de su situacin procesal.

Por ello, el presente Estatuto, en lnea con la normativa europea en la materia y con las demandas que plantea nuestra sociedad, pretende, partiendo del reconocimiento de la dignidad de las vctimas, la defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del conjunto de la sociedad.

Con este Estatuto, Espaa aglutinar en un solo texto legislativo el catlogo de derechos de la vctima, de un lado transponiendo las Directivas de la Unin Europea en la materia y, de otro, recogiendo la particular demanda de la sociedad espaola.

II

Los antecedentes y fundamentos remotos del presente Estatuto de la vctima del delito se encuentran en la Decisin Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la vctima en el proceso penal, que reconoce un conjunto de derechos de las vctimas en el mbito del proceso penal, incluido el derecho de proteccin e indemnizacin, y que fue el primer proyecto profundo del legislador europeo para lograr un reconocimiento homogneo de la vctima en el mbito de la Unin Europea, germen de la normativa especial posterior.

El grado de cumplimiento de dicha Decisin Marco fue objeto del Informe de la Comisin Europea de abril de 2009, que puso de relieve que ningn Estado miembro haba aprobado un texto legal nico que recogiera, sistemticamente, los derechos de la vctima y destac la necesidad de un desarrollo general y efectivo de algunos aspectos del mencionado Estatuto.

Respecto de Espaa, este Informe destaca la existencia de un marco normativo garante de los derechos de la vctima, aunque gran parte de esos derechos son exclusivamente procesales o se centran en algunos tipos muy concretos de vctimas de acuerdo con su normativa particular, esto es, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (desarrollada por el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo), la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, as como la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Proteccin Integral a las Vctimas del Terrorismo.

La Comunicacin de la Comisin al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comit Econmico y Social Europeo y al Comit de las Regiones de 18 de mayo de 2011, denominada Refuerzo de los derechos de las vctimas en la Unin Europea, reitera el examen de los aspectos de la proteccin existente hasta la fecha que conviene reforzar y la necesidad de un marco europeo de proteccin, como el diseado con la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de proteccin.

En este contexto, se ha producido la aprobacin de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mnimas sobre los derechos, el apoyo y la proteccin de las vctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisin Marco 2001/220/JAI del Consejo. Procede, por tanto, transponer al derecho interno, no slo las cuestiones que trasluca el informe de la Comisin de 2009 respecto al grado de transposicin de la Decisin Marco 2001/220/JAI, sino tambin las cuestiones pendientes de transponer con arreglo a las Directivas especiales y los nuevos derechos y exigencias que recoge la nueva Directiva de 2012.

As pues, el presente texto legislativo no slo responde a la exigencia de mnimos que fija el legislador europeo con el texto finalmente aprobado en la citada Directiva 2012/29/UE, sino que trata de ser ms ambicioso, trasladando al mismo las demandas y necesidades de la sociedad espaola, en aras a completar el diseo del Estado de Derecho, centrado casi siempre en las garantas procesales y los derechos del imputado, acusado, procesado o condenado.

Efectivamente, con ese foco de atencin se ha podido advertir, y as lo traslada nuestra sociedad con sus demandas, una cierta postracin de los derechos y especiales necesidades de las vctimas del delito que, en atencin al valor superior de justicia que informa nuestro orden constitucional, es necesario abordar, siendo oportuno hacerlo precisamente con motivo de dicha transposicin.

El horizonte temporal marcado por dicha Directiva para proceder a su incorporacin al derecho interno se extiende hasta el 16 de noviembre de 2015, pero como quiera que esta norma europea, de carcter general, est precedida de otras especiales que requieren una transposicin en fechas ms cercanas, se ha optado por abordar esta tarea en el presente texto y aadir al catlogo general de derechos de las vctimas otras normas de aplicacin particular para algunas categoras de stas.

Asimismo, se considera oportuno, dado que uno de los efectos de la presente Ley es la de ofrecer un concepto unitario de vctima de delito, ms all de su consideracin procesal, incluir en el concepto de vctima indirecta algunos supuestos que no vienen impuestos por la norma europea, pero s por otras normas internacionales, como la Convencin de Naciones Unidas para la proteccin de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

III

El presente Estatuto de la Vctima del Delito tiene la vocacin de ser el catlogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las vctimas de delitos, no obstante las remisiones a normativa especial en materia de vctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad. Es por ello una obligacin que, cuando se trate de menores, el inters superior del menor acte a modo de gua para cualquier medida y decisin que se tome en relacin a un menor vctima de un delito durante el proceso penal. En este sentido, la adopcin de las medidas de proteccin del Ttulo III, y especialmente la no adopcin de las mismas, deben estar fundamentadas en el inters superior del menor.

Se parte de un concepto amplio de vctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio fsico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a la vctima directa, pero tambin a vctimas indirectas, como familiares o asimilados.

Por otro lado, la proteccin y el apoyo a la vctima no es slo procesal, ni depende de su posicin en un proceso, sino que cobra una dimensin extraprocesal. Se funda en un concepto amplio de reconocimiento, proteccin y apoyo, en aras a la salvaguarda integral de la vctima. Para ello, es fundamental ofrecer a la vctima las mximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos, con la minoracin de trmites innecesarios que supongan la segunda victimizacin, otorgarle una informacin y orientacin eficaz de los derechos y servicios que le corresponden, la derivacin por la autoridad competente, un trato humano y la posibilidad de hacerse acompaar por la persona que designe en todos sus trmites, no obstante la representacin procesal que proceda, entre otras medidas.

Las actuaciones han de estar siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluacin y un trato individualizado de toda vctima, sin perjuicio del trato especializado que exigen ciertos tipos de vctimas.

Como ya se ha indicado, el reconocimiento, proteccin y apoyo a la vctima no se limita a los aspectos materiales y a la reparacin econmica, sino que tambin se extiende a su dimensin moral.

Por otra parte, el reconocimiento, proteccin y apoyo a la vctima se otorga atendiendo, a su vez, a las especialidades de las vctimas que no residen habitualmente en nuestro pas.

La efectividad de estos derechos hace necesaria la mxima colaboracin institucional e implica no slo a las distintas Administraciones Pblicas, al Poder Judicial y a colectivos de profesionales y vctimas, sino tambin a las personas concretas que, desde su puesto de trabajo, tienen contacto y se relacionan con las vctimas y, en ltimo trmino, al conjunto de la sociedad. Por ello, es tan necesario dotar a las instituciones de protocolos de actuacin y de procedimientos de coordinacin y colaboracin, como tambin el fomento de oficinas especializadas, de la formacin tcnica, inicial y continuada del personal, y de la sensibilizacin que el trato a la vctima comporta, sin olvidar la participacin de asociaciones y colectivos.

No obstante la vocacin unificadora del Estatuto y las remisiones a la normativa especial de ciertos colectivos de vctimas, que veran ampliada su asistencia y proteccin con el catlogo general de derechos de la vctima, ante la ausencia de una regulacin especfica para ciertos colectivos de vctimas con especial vulnerabilidad, se pretende otorgarles una proteccin especial en este texto mediante la transposicin de otras dos Directivas recientes: la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotacin sexual de los menores y la pornografa infantil, as como la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevencin y lucha contra la trata de seres humanos y a la proteccin de las vctimas y por la que se sustituye la Decisin Marco 2002/629/JAI del Consejo.

IV

En cuanto al contenido y estructura de la Ley, se inicia mediante un Ttulo preliminar, dedicado a las disposiciones generales, que viene a establecer un concepto de vctima omnicomprensivo, por cuanto se extiende a toda persona que sufra un perjuicio fsico, moral o econmico como consecuencia de un delito.

Tambin se reconoce la condicin de vctima indirecta al cnyuge o persona vinculada a la vctima por una anloga relacin de afectividad, sus hijos y progenitores, parientes directos y personas a cargo de la vctima directa por muerte o desaparicin ocasionada por el delito, as como a los titulares de la patria potestad o tutela en relacin a la desaparicin forzada de las personas a su cargo, cuando ello determine un peligro relevante de victimizacin secundaria.

Los derechos que recoge la Ley sern de aplicacin a todas las vctimas de delitos ocurridos en Espaa o que puedan ser perseguidos en Espaa, con independencia de la nacionalidad de la vctima o de si disfrutan o no de residencia legal.

As, el Ttulo preliminar recoge un catlogo general de derechos comunes a todas las vctimas, que se va desarrollando posteriormente a lo largo del articulado y que se refiere tanto a los servicios de apoyo como a los de justicia reparadora que se establezcan legalmente, y a las actuaciones a lo largo del proceso penal en todas sus fases –incluidas las primeras diligencias y la ejecucin–, con independencia del resultado del proceso penal. En ese catlogo general, se recogen, entre otros, el derecho a la informacin, a la proteccin y al apoyo en todo caso, el derecho a participar activamente en el proceso penal, el derecho al reconocimiento como tal vctima y el derecho a un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio.

V

El Ttulo I reconoce una serie de derechos extraprocesales, tambin comunes a todas las vctimas, con independencia de que sean parte en un proceso penal o hayan decidido o no ejercer algn tipo de accin, e incluso con anterioridad a la iniciacin del proceso penal.

Resulta novedoso que toda vctima, en aras a facilitar que se encuentre arropada desde el punto de vista personal, pueda hacerse acompaar por la persona que designe, sin perjuicio de la intervencin de abogado cuando proceda, en sus diligencias y trato con las autoridades.

En este Ttulo se regula el derecho a obtener informacin de toda autoridad o funcionario al que se acuda, con lenguaje sencillo y accesible, desde el primer contacto. Esa informacin, que deber ser detallada y sucesivamente actualizada, debe orientar e informar sobre los derechos que asisten a la vctima en cuestiones tales como: medidas de apoyo disponibles; modo de ejercicio de su derecho a denunciar; modo y condiciones de proteccin, del asesoramiento jurdico y de la defensa jurdica; indemnizaciones, interpretacin y traduccin; medidas de efectividad de sus intereses si residen en distinto pas de la Unin Europea; procedimiento de denuncia por inactividad de la autoridad competente; datos de contacto para comunicaciones; servicios disponibles de justicia reparadora; y el modo de reembolso de gastos judiciales.

Se regula especficamente el derecho de la vctima como denunciante y, en particular, su derecho a obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada, asistencia lingstica gratuita a la vctima que desee interponer denuncia y traduccin gratuita de la copia de la denuncia presentada.

Asimismo, con independencia de personarse en el proceso penal, se reconoce el derecho de la vctima a recibir informacin sobre ciertos hitos de la causa penal.

Se desarrolla, de acuerdo con la normativa europea, el derecho a la traduccin e interpretacin, tanto en las entrevistas, incluidas las policiales, como en la participacin activa en vistas, e incluye el derecho a la traduccin escrita y gratuita de la informacin esencial, en particular la decisin de poner trmino a la causa y la designacin de lugar y hora del juicio.

Se regula el acceso a los servicios de apoyo, que comprende la acogida inicial, orientacin e informacin y medidas concretas de proteccin, sin perjuicio de apoyos especficos para cada vctima, segn aconseje su evaluacin individual y para ciertas categoras de vctimas de especial vulnerabilidad.

Igualmente se busca visibilizar como vctimas a los menores que se encuentran en un entorno de violencia de gnero o violencia domstica, para garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, as como la adopcin de medidas de proteccin, con el objetivo de facilitar su recuperacin integral.

VI

El Ttulo II sistematiza los derechos de la vctima en cuanto a su participacin en el proceso penal, como algo independiente de las medidas de proteccin de la vctima en el proceso, que son objeto del Ttulo III.

Se reconoce a la vctima el derecho a participar en el proceso, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se refuerza la efectividad material del mismo a travs de diversas medidas: por un lado, la notificacin de las resoluciones de sobreseimiento y archivo y el reconocimiento del derecho a impugnarlas dentro de un plazo de tiempo suficiente a partir de la comunicacin, con independencia de que se haya constituido anteriormente o no como parte en el proceso; por otro lado, el reconocimiento del derecho a obtener el pago de las costas que se le hubieran causado, con preferencia al derecho del Estado a ser indemnizado por los gastos hechos en la causa, cuando el delito hubiera sido finalmente perseguido nicamente a su instancia o el sobreseimiento de la misma hubiera sido revocado por la estimacin del recurso interpuesto por ella.

El Estado, como es propio de cualquier modelo liberal, conserva el monopolio absoluto sobre la ejecucin de las penas, lo que no es incompatible con que se faciliten a la vctima ciertos cauces de participacin que le permitan impugnar ante los Tribunales determinadas resoluciones que afecten al rgimen de cumplimiento de condena de delitos de carcter especialmente grave, facilitar informacin que pueda ser relevante para que los Jueces y Tribunales resuelvan sobre la ejecucin de la pena, responsabilidades civiles o comiso ya acordados, y solicitar la adopcin de medidas de control con relacin a liberados condicionales que hubieran sido condenados por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situacin de peligro para la vctima.

La regulacin de la intervencin de la vctima en la fase de ejecucin de la pena, cuando se trata del cumplimiento de condenas por delitos especialmente graves, garantiza la confianza y colaboracin de las vctimas con la justicia penal, as como la observancia del principio de legalidad, dado que la decisin corresponde siempre a la autoridad judicial, por lo que no se ve afectada la reinsercin del penado.

Asimismo, se facilita a la vctima el ejercicio de sus derechos, permitiendo la presentacin de solicitudes de justicia gratuita ante la autoridad o funcionario encargado de informarle de sus derechos, evitndose de este modo el peregrinaje por diversas oficinas; y se regula el procedimiento aplicable en los casos de presentacin en Espaa de denuncia por hechos delictivos cometidos en otros pases de la Unin Europea, as como la comunicacin a la vctima de su remisin, en su caso, a las autoridades competentes.

El Estatuto reconoce tambin el derecho de la vctima a obtener la devolucin inmediata de los efectos de su propiedad, salvo en los supuestos excepcionales en los que el efecto en cuestin, temporalmente o de forma definitiva, tuviera que permanecer bajo la custodia de las autoridades para garantizar el correcto desarrollo del proceso.

Finalmente, se incluye una referencia a la posible actuacin de los servicios de justicia restaurativa. En este punto, el Estatuto supera las referencias tradicionales a la mediacin entre vctima e infractor y subraya la desigualdad moral que existe entre ambos. Por ello, la actuacin de estos servicios se concibe orientada a la reparacin material y moral de la vctima, y tiene como presupuesto el consentimiento libre e informado de la vctima y el previo reconocimiento de los hechos esenciales por parte del autor. En todo caso, la posible actuacin de los servicios de justicia restaurativa quedar excluida cuando ello pueda conllevar algn riesgo para la seguridad de la vctima o pueda ser causa de cualquier otro perjuicio.

VII

En el Ttulo III se abordan cuestiones relativas a la proteccin y reconocimiento de las vctimas, as como las medidas de proteccin especficas para cierto tipo de vctimas.

Las medidas de proteccin buscan la efectividad frente a represalias, intimidacin, victimizacin secundaria, daos psquicos o agresiones a la dignidad durante los interrogatorios y declaraciones como testigo, e incluyen desde las medidas de proteccin fsica hasta otras, como el uso de salas separadas en los Tribunales, para evitar contacto de la vctima con el infractor y cualesquiera otras, bajo discrecionalidad judicial, que exijan las circunstancias.

Para evitar la victimizacin secundaria en particular, se trata de obtener la declaracin de la vctima sin demora tras la denuncia, reducir el nmero de declaraciones y reconocimientos mdicos al mnimo necesario, y garantizar a la vctima su derecho a hacerse acompaar, no ya solo del representante procesal, sino de otra persona de su eleccin, salvo resolucin motivada.

La adopcin de medidas y el acceso a ciertos servicios vienen precedidos de una evaluacin individualizada de la vctima, para determinar sus necesidades de proteccin especfica y de eventuales medidas especiales. Dichas medidas han de actualizarse con arreglo al transcurso del proceso y a las circunstancias sobrevenidas.

Las medidas de proteccin especfica se adoptan atendiendo al carcter de la persona, al delito y sus circunstancias, a la entidad del dao y su gravedad o a la vulnerabilidad de la vctima. As, junto a las remisiones a la vigente normativa especial en la materia, se incluyen aquellas medidas concretas de proteccin para colectivos que carecen de legislacin especial y, particularmente, las de menores de edad vctimas de abuso, explotacin o pornografa infantil, vctimas de trata de seres humanos, personas con discapacidad y otros colectivos, como los delitos con pluralidad de afectados y los de efecto catastrfico.

VIII

El Ttulo IV, finalmente, recoge una serie de disposiciones comunes, como son las relativas a la organizacin y funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas de delito, el fomento de la formacin de operadores jurdicos y del personal al servicio de la Administracin de Justicia en el trato a las vctimas, la sensibilizacin y concienciacin mediante campaas de informacin, la investigacin y educacin en materia de apoyo, proteccin y solidaridad con las vctimas, la cooperacin con la sociedad civil y en el mbito internacional, as como el fomento de la autorregulacin por los medios de comunicacin del tratamiento de informaciones que afecten a la dignidad de las vctimas.

En este Ttulo cabe destacar, asimismo, que se introducen distintas previsiones para reforzar la coordinacin entre los distintos servicios que realizan funciones en materia de asistencia a las vctimas, as como la colaboracin con redes pblicas y privadas, en la lnea de alcanzar una mayor eficacia en los servicios que se prestan a los ciudadanos, siguiendo as las directrices de la Comisin para la Reforma de las Administraciones Pblicas (CORA).

Se regula por ltimo la obligacin de reembolso en el caso de las vctimas fraudulentas, condenadas por simulacin de delito o denuncia falsa, que hayan ocasionado gastos a la Administracin por su reconocimiento, informacin, proteccin y apoyo, as como por los servicios prestados, sin perjuicio de las dems responsabilidades, civiles o penales, que en su caso procedan.

IX

La Ley incorpora dos disposiciones adicionales. La disposicin adicional primera, que prev la creacin y ulterior desarrollo reglamentario de un mecanismo de evaluacin peridica global del sistema de apoyo y proteccin a las vctimas, con participacin de los agentes y colectivos implicados, que sirva de base a futuras iniciativas y a la mejora paulatina del mismo; y la disposicin adicional segunda relativa a los medios.

En cuanto a las disposiciones finales, destaca la disposicin final primera, que modifica la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos ajustes en la norma procesal penal resultan necesarios para complementar la regulacin sustantiva de derechos que se recoge en la presente Ley, que transpone la Directiva 2012/29/UE.

El resto de disposiciones finales se refieren a la introduccin de una reforma muy puntual en el Cdigo Penal, al ttulo competencial, al desarrollo reglamentario, a la adaptacin de los Estatutos Generales de la Abogaca y Procuradura y a la entrada en vigor.


[Bloque 2: #tpreliminar]

TTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. mbito.

Las disposiciones de esta Ley sern aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 17, a las vctimas de delitos cometidos en Espaa o que puedan ser perseguidos en Espaa, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal.


[Bloque 4: #a2]

Artculo 2. mbito subjetivo. Concepto general de vctima.

Las disposiciones de esta Ley sern aplicables:

a) Como vctima directa, a toda persona fsica que haya sufrido un dao o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones fsicas o psquicas, daos emocionales o perjuicios econmicos directamente causados por la comisin de un delito.

b) Como vctima indirecta, en los casos de muerte o desaparicin de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos:

1. A su cnyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la vctima o del cnyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparicin de la vctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la muerte o desaparicin hubiera estado unida a ella por una anloga relacin de afectividad y a los hijos de sta que en el momento de la muerte o desaparicin de la vctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en lnea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.

2. En caso de no existir los anteriores, a los dems parientes en lnea recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representacin legal de la vctima.

Las disposiciones de esta Ley no sern aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito.


[Bloque 5: #a3]

Artculo 3. Derechos de las vctimas.

1. Toda vctima tiene derecho a la proteccin, informacin, apoyo, asistencia y atencin, as como a la participacin activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuacin de los servicios de asistencia y apoyo a las vctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un perodo de tiempo adecuado despus de su conclusin, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.

2. El ejercicio de estos derechos se regir por lo dispuesto en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, as como por lo dispuesto en la legislacin especial y en las normas procesales que resulten de aplicacin.


[Bloque 6: #ti]

TTULO I

Derechos bsicos


[Bloque 7: #a4]

Artculo 4. Derecho a entender y ser entendida.

Toda vctima tiene el derecho a entender y ser entendida en cualquier actuacin que deba llevarse a cabo desde la interposicin de una denuncia y durante el proceso penal, incluida la informacin previa a la interposicin de una denuncia.

A tal fin:

a) Todas las comunicaciones con las vctimas, orales o escritas, se harn en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus caractersticas personales y, especialmente, las necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o mental o su minora de edad. Si la vctima fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, las comunicaciones se harn a su representante o a la persona que le asista.

b) Se facilitar a la vctima, desde su primer contacto con las autoridades o con las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender ante ellas, lo que incluir la interpretacin en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicacin oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

c) La vctima podr estar acompaada de una persona de su eleccin desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.


[Bloque 8: #a5]

Artculo 5. Derecho a la informacin desde el primer contacto con las autoridades competentes.

1. Toda vctima tiene derecho, desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, incluyendo el momento previo a la presentacin de la denuncia, a recibir, sin retrasos innecesarios, informacin adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daos y perjuicios sufridos, sobre los siguientes extremos:

a) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean mdicas, psicolgicas o materiales, y procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas ltimas se incluir, cuando resulte oportuno, informacin sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo.

b) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigacin.

c) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurdica y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.

d) Posibilidad de solicitar medidas de proteccin y, en su caso, procedimiento para hacerlo.

e) Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su caso, procedimiento para reclamarlas.

f) Servicios de interpretacin y traduccin disponibles.

g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicacin disponibles.

h) Procedimiento por medio del cual la vctima pueda ejercer sus derechos en el caso de que resida fuera de Espaa.

i) Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos.

j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitacin del procedimiento y cauces para comunicarse con ella.

k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente posible.

l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para reclamarlo.

m) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el artculo 7. A estos efectos, la vctima designar en su solicitud una direccin de correo electrnico y, en su defecto, una direccin postal o domicilio, al que sern remitidas las comunicaciones y notificaciones por la autoridad.

2. Esta informacin ser actualizada en cada fase del procedimiento, para garantizar a la vctima la posibilidad de ejercer sus derechos.


[Bloque 9: #a6]

Artculo 6. Derechos de la vctima como denunciante.

Toda vctima tiene, en el momento de presentar su denuncia, los siguientes derechos:

a) A obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada.

b) A la asistencia lingstica gratuita y a la traduccin escrita de la copia de la denuncia presentada, cuando no entienda o no hable ninguna de las lenguas que tengan carcter oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia.


[Bloque 10: #a7]

Artculo 7. Derecho a recibir informacin sobre la causa penal.

1. Toda vctima que haya realizado la solicitud a la que se refiere el apartado m) del artculo 5.1, ser informada sin retrasos innecesarios de la fecha, hora y lugar del juicio, as como del contenido de la acusacin dirigida contra el infractor, y se le notificarn las siguientes resoluciones:

a) La resolucin por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal.

b) La sentencia que ponga fin al procedimiento.

c) Las resoluciones que acuerden la prisin o la posterior puesta en libertad del infractor, as como la posible fuga del mismo.

d) Las resoluciones que acuerden la adopcin de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la vctima.

e) Las resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia o intimidacin y que supongan un riesgo para la seguridad de la vctima. En estos casos y a estos efectos, la Administracin penitenciaria comunicar inmediatamente a la autoridad judicial la resolucin adoptada para su notificacin a la vctima afectada.

f) Las resoluciones a que se refiere el artculo 13.

Estas comunicaciones incluirn, al menos, la parte dispositiva de la resolucin y un breve resumen del fundamento de la misma, y sern remitidas a su direccin de correo electrnico. Excepcionalmente, si la vctima no dispusiera de una direccin de correo electrnico, se remitirn por correo ordinario a la direccin que hubiera facilitado. En el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unin Europea, si no se dispusiera de una direccin de correo electrnico o postal en la que realizar la comunicacin, se remitir a la oficina diplomtica o consular espaola en el pas de residencia para que la publique.

Si la vctima se hubiera personado formalmente en el procedimiento, las resoluciones sern notificadas a su procurador y sern comunicadas a la vctima en la direccin de correo electrnico que haya facilitado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Las vctimas podrn manifestar en cualquier momento su deseo de no ser informadas de las resoluciones a las que se refiere este artculo, quedando sin efecto la solicitud realizada.

3. Cuando se trate de vctimas de delitos de violencia de gnero, les sern notificadas las resoluciones a las que se refieren las letras c) y d) del apartado 1, sin necesidad de que la vctima lo solicite, salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir dichas notificaciones.

4. Asimismo, se le facilitar, cuando lo solicite, informacin relativa a la situacin en que se encuentra el procedimiento, salvo que ello pudiera perjudicar el correcto desarrollo de la causa.


[Bloque 11: #a8]

Artculo 8. Perodo de reflexin en garanta de los derechos de la vctima.

1. Los Abogados y Procuradores no podrn dirigirse a las vctimas directas o indirectas de catstrofes, calamidades pblicas u otros sucesos que hubieran producido un nmero elevado de vctimas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente y que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 das desde el hecho.

Esta prohibicin quedar sin efecto en el caso de que la prestacin de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la vctima.

2. El incumplimiento de esta prohibicin dar lugar a responsabilidad disciplinaria por infraccin muy grave, sin perjuicio de las dems responsabilidades que procedan.


[Bloque 12: #a9]

Artculo 9. Derecho a la traduccin e interpretacin.

1. Toda vctima que no hable o no entienda el castellano o la lengua oficial que se utilice en la actuacin de que se trate tendr derecho:

a) A ser asistida gratuitamente por un intrprete que hable una lengua que comprenda cuando se le reciba declaracin en la fase de investigacin por el Juez, el Fiscal o funcionarios de polica, o cuando intervenga como testigo en el juicio o en cualquier otra vista oral.

Este derecho ser tambin aplicable a las personas con limitaciones auditivas o de expresin oral.

b) A la traduccin gratuita de las resoluciones a las que se refieren el apartado 1 del artculo 7 y el artculo 12. La traduccin incluir un breve resumen del fundamento de la resolucin adoptada, cuando la vctima as lo haya solicitado.

c) A la traduccin gratuita de aquella informacin que resulte esencial para el ejercicio de los derechos a que se refiere el Ttulo II. Las vctimas podrn presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento.

d) A ser informada, en una lengua que comprenda, de la fecha, hora y lugar de celebracin del juicio.

2. La asistencia de intrprete se podr prestar por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicacin, salvo que el Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde la presencia fsica del intrprete para salvaguardar los derechos de la vctima.

3. Excepcionalmente, la traduccin escrita de documentos podr ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda, cuando de este modo tambin se garantice suficientemente la equidad del proceso.

4. Cuando se trate de actuaciones policiales, la decisin de no facilitar interpretacin o traduccin a la vctima podr ser recurrida ante el Juez de instruccin. Este recurso se entender interpuesto cuando la persona afectada por la decisin hubiera expresado su disconformidad en el momento de la denegacin.

5. La decisin judicial de no facilitar interpretacin o traduccin a la vctima podr ser recurrida en apelacin.


[Bloque 13: #a10]

Artculo 10. Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo.

Toda vctima tiene derecho a acceder, de forma gratuita y confidencial, en los trminos que reglamentariamente se determine, a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones pblicas, as como a los que presten las Oficinas de Asistencia a las Vctimas. Este derecho podr extenderse a los familiares de la vctima, en los trminos que asimismo se establezcan reglamentariamente, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad.

Las autoridades o funcionarios que entren en contacto con las vctimas debern derivarlas a las Oficinas de Asistencia a las Vctimas cuando resulte necesario en atencin a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que la vctima lo solicite.

Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres vctimas de violencia de gnero o de personas vctimas de violencia domstica tendrn derecho a las medidas de asistencia y proteccin previstas en los Ttulos I y III de esta Ley.


[Bloque 14: #tii]

TTULO II

Participacin de la vctima en el proceso penal


[Bloque 15: #a11]

Artculo 11. Participacin activa en el proceso penal.

Toda vctima tiene derecho:

a) A ejercer la accin penal y la accin civil conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de las excepciones que puedan existir.

b) A comparecer ante las autoridades encargadas de la investigacin para aportarles las fuentes de prueba y la informacin que estime relevante para el esclarecimiento de los hechos.


[Bloque 16: #a12]

Artculo 12. Comunicacin y revisin del sobreseimiento de la investigacin a instancia de la vctima.

1. La resolucin de sobreseimiento ser comunicada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las vctimas directas del delito que hubieran denunciado los hechos, as como al resto de vctimas directas de cuya identidad y domicilio se tuviera conocimiento.

En los casos de muerte o desaparicin de una persona que haya sido causada directamente por un delito, se comunicar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las personas a que se refiere el apartado b) del artculo 2. En estos supuestos, el Juez o Tribunal podr acordar, motivadamente, prescindir de la comunicacin a todos los familiares cuando ya se haya dirigido con xito a varios de ellos o cuando hayan resultado infructuosas cuantas gestiones se hubieren practicado para su localizacin.

2. La vctima podr recurrir la resolucin de sobreseimiento conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que sea necesario para ello que se haya personado anteriormente en el proceso.


[Bloque 17: #a13]

Artculo 13. Participacin de la vctima en la ejecucin.

1. Las vctimas que hubieran solicitado, conforme a la letra m) del artculo 5.1, que les sean notificadas las resoluciones siguientes, podrn recurrirlas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque no se hubieran mostrado parte en la causa:

a) El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria autoriza, conforme a lo previsto en el prrafo tercero del artculo 36.2 del Cdigo Penal, la posible clasificacin del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena, cuando la vctima lo fuera de alguno de los siguientes delitos:

1. Delitos de homicidio.

2. Delitos de aborto del artculo 144 del Cdigo Penal.

3. Delitos de lesiones.

4. Delitos contra la libertad.

5. Delitos de tortura y contra la integridad moral.

6. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

7. Delitos de robo cometidos con violencia o intimidacin.

8. Delitos de terrorismo.

9. Delitos de trata de seres humanos.

b) El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde, conforme a lo previsto en el artculo 78.3 del Cdigo Penal, que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificacin en tercer grado y el cmputo de tiempo para la libertad condicional se refieran al lmite de cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas impuestas, cuando la vctima lo fuera de alguno de los delitos a que se refiere la letra a) de este apartado o de un delito cometido en el seno de un grupo u organizacin criminal.

c) El auto por el que se conceda al penado la libertad condicional, cuando se trate de alguno de los delitos a que se refiere el prrafo segundo del artculo 36.2 del Cdigo Penal o de alguno de los delitos a que se refiere la letra a) de este apartado, siempre que se hubiera impuesto una pena de ms de cinco aos de prisin.

La vctima deber anunciar al Secretario judicial competente su voluntad de recurrir dentro del plazo mximo de cinco das contados a partir del momento en que se hubiera notificado conforme a lo dispuesto en los prrafos segundo y tercero del artculo 7.1, e interponer el recurso dentro del plazo de quince das desde dicha notificacin.

Para el anuncio de la presentacin del recurso no ser necesaria la asistencia de abogado.

2. Las vctimas estarn tambin legitimadas para:

a) Interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, cuando aqul hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situacin de peligro para la vctima;

b) Facilitar al Juez o Tribunal cualquier informacin que resulte relevante para resolver sobre la ejecucin de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso que hubiera sido acordado.

3. Antes de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria tenga que dictar alguna de las resoluciones indicadas en el apartado 1 de este artculo, dar traslado a la vctima para que en el plazo de cinco das formule sus alegaciones, siempre que sta hubiese efectuado la solicitud a que se refiere la letra m) del apartado 1 del artculo 5 de esta Ley.


[Bloque 18: #a14]

Artculo 14. Reembolso de gastos.

La vctima que haya participado en el proceso tendr derecho a obtener el reembolso de los gastos necesarios para el ejercicio de sus derechos y las costas procesales que se le hubieren causado con preferencia respecto del pago de los gastos que se hubieran causado al Estado, cuando se imponga en la sentencia de condena su pago y se hubiera condenado al acusado, a instancia de la vctima, por delitos por los que el Ministerio Fiscal no hubiera formulado acusacin o tras haberse revocado la resolucin de archivo por recurso interpuesto por la vctima.


[Bloque 19: #a15]

Artculo 15. Servicios de justicia restaurativa.

1. Las vctimas podrn acceder a servicios de justicia restaurativa, en los trminos que reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada reparacin material y moral de los perjuicios derivados del delito, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad;

b) la vctima haya prestado su consentimiento, despus de haber recibido informacin exhaustiva e imparcial sobre su contenido, sus posibles resultados y los procedimientos existentes para hacer efectivo su cumplimiento;

c) el infractor haya prestado su consentimiento;

d) el procedimiento de mediacin no entrae un riesgo para la seguridad de la vctima, ni exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o morales para la vctima; y

e) no est prohibida por la ley para el delito cometido.

2. Los debates desarrollados dentro del procedimiento de mediacin sern confidenciales y no podrn ser difundidos sin el consentimiento de ambas partes. Los mediadores y otros profesionales que participen en el procedimiento de mediacin, estarn sujetos a secreto profesional con relacin a los hechos y manifestaciones de que hubieran tenido conocimiento en el ejercicio de su funcin.

3. La vctima y el infractor podrn revocar su consentimiento para participar en el procedimiento de mediacin en cualquier momento.


[Bloque 20: #a16]

Artculo 16. Justicia gratuita.

Las vctimas podrn presentar sus solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita ante el funcionario o autoridad que les facilite la informacin a la que se refiere la letra c) del artculo 5.1, que la trasladar, junto con la documentacin aportada, al Colegio de Abogados correspondiente.

La solicitud tambin podr ser presentada ante las Oficinas de Asistencia a las Vctimas de la Administracin de Justicia, que la remitirn al Colegio de Abogados que corresponda.


[Bloque 21: #a17]

Artculo 17. Vctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unin Europea.

Las vctimas residentes en Espaa podrn presentar ante las autoridades espaolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros pases de la Unin Europea.

En el caso de que las autoridades espaolas resuelvan no dar curso a la investigacin por falta de jurisdiccin, remitirn inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarn al denunciante por el procedimiento que hubiera designado conforme a lo previsto en la letra m) del artculo 5.1 de la presente Ley.


[Bloque 22: #a18]

Artculo 18. Devolucin de bienes.

Las vctimas tendrn derecho a obtener, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la devolucin sin demora de los bienes restituibles de su propiedad que hubieran sido incautados en el proceso.

La devolucin podr ser denegada cuando la conservacin de los efectos por la autoridad resulte imprescindible para el correcto desarrollo del proceso penal y no sea suficiente con la imposicin al propietario de una obligacin de conservacin de los efectos a disposicin del Juez o Tribunal.

Asimismo, la devolucin de dichos efectos podr denegarse, conforme a lo previsto en la legislacin que sea de aplicacin, cuando su conservacin sea necesaria en un procedimiento de investigacin tcnica de un accidente.


[Bloque 23: #tiii]

TTULO III

Proteccin de las vctimas


[Bloque 24: #a19]

Artculo 19. Derecho de las vctimas a la proteccin.

Las autoridades y funcionarios encargados de la investigacin, persecucin y enjuiciamiento de los delitos adoptarn las medidas necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar la vida de la vctima y de sus familiares, su integridad fsica y psquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, as como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaracin o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimizacin secundaria o reiterada.

En el caso de las vctimas menores de edad, la Fiscala velar especialmente por el cumplimiento de este derecho de proteccin, adoptando las medidas adecuadas a su inters superior cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso.


[Bloque 25: #a20]

Artculo 20. Derecho a que se evite el contacto entre vctima e infractor.

Las dependencias en las que se desarrollen los actos del procedimiento penal, incluida la fase de investigacin, estarn dispuestas de modo que se evite el contacto directo entre las vctimas y sus familiares, de una parte, y el sospechoso de la infraccin o acusado, de otra, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos siguientes.


[Bloque 26: #a21]

Artculo 21. Proteccin de la vctima durante la investigacin penal.

Las autoridades y funcionarios encargados de la investigacin penal velarn por que, en la medida que ello no perjudique la eficacia del proceso:

a) Se reciba declaracin a las vctimas, cuando resulte necesario, sin dilaciones injustificadas.

b) Se reciba declaracin a las vctimas el menor nmero de veces posible, y nicamente cuando resulte estrictamente necesario para los fines de la investigacin penal.

c) Las vctimas puedan estar acompaadas, adems de por su representante procesal y en su caso el representante legal, por una persona de su eleccin, durante la prctica de aquellas diligencias en las que deban intervenir, salvo que motivadamente se resuelva lo contrario por el funcionario o autoridad encargado de la prctica de la diligencia para garantizar el correcto desarrollo de la misma.

d) Los reconocimientos mdicos de las vctimas solamente se lleven a cabo cuando resulten imprescindibles para los fines del proceso penal, y se reduzca al mnimo el nmero de los mismos.


[Bloque 27: #a22]

Artculo 22. Derecho a la proteccin de la intimidad.

Los Jueces, Tribunales, Fiscales y las dems autoridades y funcionarios encargados de la investigacin penal, as como todos aquellos que de cualquier modo intervengan o participen en el proceso, adoptarn, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las vctimas y de sus familiares y, en particular, para impedir la difusin de cualquier informacin que pueda facilitar la identificacin de las vctimas menores de edad o de vctimas con discapacidad necesitadas de especial proteccin.


[Bloque 28: #a23]

Artculo 23. Evaluacin individual de las vctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de proteccin.

1. La determinacin de qu medidas de proteccin, reguladas en los artculos siguientes, deben ser adoptadas para evitar a la vctima perjuicios relevantes que, de otro modo, pudieran derivar del proceso, se realizar tras una valoracin de sus circunstancias particulares.

2. Esta valoracin tendr especialmente en consideracin:

a) Las caractersticas personales de la vctima y en particular:

1. Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relacin de dependencia entre la vctima y el supuesto autor del delito.

2. Si se trata de vctimas menores de edad o de vctimas necesitadas de especial proteccin o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad.

b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la vctima, as como el riesgo de reiteracin del delito. A estos efectos, se valorarn especialmente las necesidades de proteccin de las vctimas de los siguientes delitos:

1. Delitos de terrorismo.

2. Delitos cometidos por una organizacin criminal.

3. Delitos cometidos sobre el cnyuge o sobre persona que est o haya estado ligada al autor por una anloga relacin de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopcin o afinidad, propios o del cnyuge o conviviente.

4. Delitos contra la libertad o indemnidad sexual.

5. Delitos de trata de seres humanos.

6. Delitos de desaparicin forzada.

7. Delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideologa, religin o creencias, situacin familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nacin, su origen nacional, su sexo, orientacin o identidad sexual, enfermedad o discapacidad.

c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.

3. A lo largo del proceso penal, la adopcin de medidas de proteccin para vctimas menores de edad tendr en cuenta su situacin personal, necesidades inmediatas, edad, gnero, discapacidad y nivel de madurez, y respetar plenamente su integridad fsica, mental y moral.

4. En el caso de menores de edad vctimas de algn delito contra la libertad o indemnidad sexual, se aplicarn en todo caso las medidas expresadas en las letras a), b) y c) del artculo 25.1.


[Bloque 29: #a24]

Artculo 24. Competencia y procedimiento de evaluacin.

1. La valoracin de las necesidades de la vctima y la determinacin de las medidas de proteccin corresponden:

a) Durante la fase de investigacin del delito, al Juez de Instruccin o al de Violencia sobre la Mujer, sin perjuicio de la evaluacin y resolucin provisionales que debern realizar y adoptar el Fiscal, en sus diligencias de investigacin o en los procedimientos sometidos a la Ley Orgnica de Responsabilidad Penal de los Menores, o los funcionarios de polica que acten en la fase inicial de las investigaciones.

b) Durante la fase de enjuiciamiento, al Juez o Tribunal a los que correspondiera el conocimiento de la causa.

La resolucin que se adopte deber ser motivada y reflejar cules son las circunstancias que han sido valoradas para su adopcin.

Se determinar reglamentariamente la tramitacin, la constancia documental y la gestin de la valoracin y sus modificaciones.

2. La valoracin de las necesidades de proteccin de la vctima incluir siempre la de aqullas que hayan sido manifestadas por ella con esa finalidad, as como la voluntad que hubiera expresado.

La vctima podr renunciar a las medidas de proteccin que hubieran sido acordadas de conformidad con los artculos 25 y 26.

3. En el caso de las vctimas que sean menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial proteccin, su evaluacin tomar en consideracin sus opiniones e intereses.

4. Los servicios de asistencia a la vctima solamente podrn facilitar a terceros la informacin que hubieran recibido de la vctima con el consentimiento previo e informado de la misma. Fuera de esos casos, la informacin solamente podr ser trasladada, en su caso, y con carcter reservado, a la autoridad que adopta la medida de proteccin.

5. Cualquier modificacin relevante de las circunstancias en que se hubiera basado la evaluacin individual de las necesidades de proteccin de la vctima, determinar una actualizacin de la misma y, en su caso, la modificacin de las medidas de proteccin que hubieran sido acordadas.


[Bloque 30: #a25]

Artculo 25. Medidas de proteccin.

1. Durante la fase de investigacin podrn ser adoptadas las siguientes medidas para la proteccin de las vctimas:

a) Que se les reciba declaracin en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin.

b) Que se les reciba declaracin por profesionales que hayan recibido una formacin especial para reducir o limitar perjuicios a la vctima, o con su ayuda.

c) Que todas las tomas de declaracin a una misma vctima le sean realizadas por la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaracin directamente por un Juez o un Fiscal.

d) Que la toma de declaracin, cuando se trate de alguna de las vctimas a las que se refieren los nmeros 3. y 4. de la letra b) del apartado 2 del artculo 23 y las vctimas de trata con fines de explotacin sexual, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la vctima cuando sta as lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaracin directamente por un Juez o Fiscal.

2. Durante la fase de enjuiciamiento podrn ser adoptadas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las siguientes medidas para la proteccin de las vctimas:

a) Medidas que eviten el contacto visual entre la vctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la prctica de la prueba, para lo cual podr hacerse uso de tecnologas de la comunicacin.

b) Medidas para garantizar que la vctima pueda ser oda sin estar presente en la sala de vistas, mediante la utilizacin de tecnologas de la comunicacin adecuadas.

c) Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la vctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaracin de la vctima.

d) Celebracin de la vista oral sin presencia de pblico. En estos casos, el Juez o el Presidente del Tribunal podrn autorizar, sin embargo, la presencia de personas que acrediten un especial inters en la causa.

Las medidas a las que se refieren las letras a) y c) tambin podrn ser adoptadas durante la fase de investigacin.

3. Asimismo, tambin podr acordarse, para la proteccin de las vctimas, la adopcin de alguna o algunas de las medidas de proteccin a que se refiere el artculo 2 de la Ley Orgnica 19/1994, de 23 de diciembre, de proteccin a testigos y peritos en causas criminales.


[Bloque 31: #a26]

Artculo 26. Medidas de proteccin para menores y personas con discapacidad necesitadas de especial proteccin.

1. En el caso de las vctimas menores de edad y en el de vctimas con discapacidad necesitadas de especial proteccin, adems de las medidas previstas en el artculo anterior se adoptarn, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigacin o la celebracin del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la vctima del delito. En particular, sern aplicables las siguientes:

a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigacin sern grabadas por medios audiovisuales y podrn ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

b) La declaracin podr recibirse por medio de expertos.

2. El Fiscal recabar del Juez o Tribunal la designacin de un defensor judicial de la vctima, para que la represente en la investigacin y en el proceso penal, en los siguientes casos:

a) Cuando valore que los representantes legales de la vctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada tienen con ella un conflicto de intereses, derivado o no del hecho investigado, que no permite confiar en una gestin adecuada de sus intereses en la investigacin o en el proceso penal.

b) Cuando el conflicto de intereses a que se refiere la letra a) de este apartado exista con uno de los progenitores y el otro no se encuentre en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de representacin y asistencia de la vctima menor o con capacidad judicialmente modificada.

c) Cuando la vctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada no est acompaada o se encuentre separada de quienes ejerzan la patria potestad o cargos tutelares.

3. Cuando existan dudas sobre la edad de la vctima y no pueda ser determinada con certeza, se presumir que se trata de una persona menor de edad, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley.


[Bloque 32: #tiv]

TTULO IV

Disposiciones comunes


[Bloque 33: #ci]

CAPTULO I

Oficinas de Asistencia a las Vctimas


[Bloque 34: #a27]

Artculo 27. Organizacin de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

1. El Gobierno y las Comunidades Autnomas que hayan asumido competencias en materia de Justicia organizarn, en el mbito que les es propio, Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

2. El Ministerio de Justicia o las Comunidades Autnomas podrn celebrar convenios de colaboracin con entidades pblicas y privadas, sin nimo de lucro, para prestar los servicios de asistencia y apoyo a que se refiere este Ttulo.


[Bloque 35: #a28]

Artculo 28. Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

1. Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas prestarn una asistencia que incluir como mnimo:

a) Informacin general sobre sus derechos y, en particular, sobre la posibilidad de acceder a un sistema pblico de indemnizacin.

b) Informacin sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la vctima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito de que pueda haber sido objeto.

c) Apoyo emocional a la vctima.

d) Asesoramiento sobre los derechos econmicos relacionados con el proceso, en particular, el procedimiento para reclamar la indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos y el derecho a acceder a la justicia gratuita.

e) Asesoramiento sobre el riesgo y la forma de prevenir la victimizacin secundaria o reiterada, o la intimidacin o represalias.

f) Coordinacin de los diferentes rganos, instituciones y entidades competentes para la prestacin de servicios de apoyo a la vctima.

g) Coordinacin con Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal para la prestacin de los servicios de apoyo a las vctimas.

2. Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas realizarn una valoracin de sus circunstancias particulares, especialmente en lo relativo a las circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del artculo 23, con la finalidad de determinar qu medidas de asistencia y apoyo deben ser prestadas a la vctima, entre las que se podrn incluir:

a) La prestacin de apoyo o asistencia psicolgica.

b) El acompaamiento a juicio.

c) La informacin sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles y, si la vctima lo solicita, derivacin a los mismos.

d) Las medidas especiales de apoyo que puedan resultar necesarias cuando se trate de una vctima con necesidades especiales de proteccin.

e) La derivacin a servicios de apoyo especializados.

3. El acceso a los servicios de apoyo a las vctimas no se condicionar a la presentacin previa de una denuncia.

4. Los familiares de la vctima podrn acceder a los servicios de apoyo a las vctimas conforme a lo que se disponga reglamentariamente, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad.

5. Las vctimas con discapacidad o con necesidades especiales de proteccin, as como en su caso sus familias, recibirn, directamente o mediante su derivacin hacia servicios especializados, la asistencia y apoyo que resulten necesarios.


[Bloque 36: #a29]

Artculo 29. Funciones de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solucin extraprocesal.

Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas prestarn, en los trminos que reglamentariamente se determine, apoyo a los servicios de justicia restaurativa y dems procedimientos de solucin extraprocesal que legalmente se establezcan.


[Bloque 37: #cii]

CAPTULO II

Formacin


[Bloque 38: #a30]

Artculo 30. Formacin en los principios de proteccin de las vctimas.

1. El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscala General del Estado y las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus respectivas competencias, asegurarn una formacin general y especfica, relativa a la proteccin de las vctimas en el proceso penal, en los cursos de formacin de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mdicos forenses, personal al servicio de la Administracin de Justicia, personal de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas y, en su caso, funcionarios de la Administracin General del Estado o de las Comunidades Autnomas que desempeen funciones en esta materia.

En estos cursos de formacin se prestar particular atencin a las vctimas necesitadas de especial proteccin, a aquellas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad y a las vctimas menores o con discapacidad.

2. Los Colegios de Abogados y de Procuradores impulsarn la formacin y sensibilizacin de sus colegiados en los principios de proteccin de las vctimas contenidos en esta Ley.


[Bloque 39: #a31]

Artculo 31. Protocolos de actuacin.

El Gobierno y las Comunidades Autnomas en el marco de sus competencias, con el fin de hacer ms efectiva la proteccin de las vctimas y de sus derechos reconocidos por esta Ley, aprobarn los Protocolos que resulten necesarios para la proteccin de las vctimas.

Asimismo, los Colegios profesionales que integren a aquellos que, en su actividad profesional, se relacionan y prestan servicios a las vctimas de delitos, promovern igualmente la elaboracin de Protocolos de actuacin que orienten su actividad hacia la proteccin de las vctimas.


[Bloque 40: #ciii]

CAPTULO III

Cooperacin y buenas prcticas


[Bloque 41: #a32]

Artculo 32. Cooperacin con profesionales y evaluacin de la atencin a las vctimas.

Los poderes pblicos fomentarn la cooperacin con los colectivos profesionales especializados en el trato, atencin y proteccin a las vctimas.

Se fomentar la participacin de estos colectivos en los sistemas de evaluacin del funcionamiento de las normas, medidas y dems instrumentos que se adopten para la proteccin y asistencia a las vctimas.


[Bloque 42: #a33]

Artculo 33. Cooperacin internacional.

Los poderes pblicos promovern la cooperacin con otros Estados y especialmente con los Estados miembros de la Unin Europea en materia de derechos de las vctimas de delito, en particular mediante el intercambio de experiencias, fomento de informacin, remisin de informacin para facilitar la asistencia a las vctimas concretas por las autoridades de su lugar de residencia, concienciacin, investigacin y educacin, cooperacin con la sociedad civil, asistencia a redes sobre derecho de las vctimas y otras actividades relacionadas.


[Bloque 43: #a34]

Artculo 34. Sensibilizacin.

Los poderes pblicos fomentarn campaas de sensibilizacin social en favor de las vctimas, as como la autorregulacin de los medios de comunicacin social de titularidad pblica y privada en orden a preservar la intimidad, la dignidad y los dems derechos de las vctimas. Estos derechos debern ser respetados por los medios de comunicacin social.


[Bloque 44: #civ]

CAPTULO IV

Obligacin de reembolso


[Bloque 45: #a35]

Artculo 35. Obligacin de reembolso.

1. La persona que se hubiera beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su condicin de vctima y que hubiera sido objeto de alguna de las medidas de proteccin reguladas en esta Ley, vendr obligada a reembolsar las cantidades recibidas en dicho concepto y al abono de los gastos causados a la Administracin por sus actuaciones de reconocimiento, informacin, proteccin y apoyo, as como por los servicios prestados con un incremento del inters legal del dinero aumentado en un cincuenta por ciento, si fuera condenada por denuncia falsa o simulacin de delito.

2. El procedimiento de liquidacin de la anterior obligacin de reembolso y la determinacin de las cuantas que puedan corresponder a cada concepto se determinarn reglamentariamente.

3. Esta disposicin se aplicar sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Asistencia Jurdica Gratuita.


[Bloque 46: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Evaluacin peridica del sistema de atencin a las vctimas del delito en Espaa.

El funcionamiento de las instituciones, mecanismos y garantas de asistencia a las vctimas del delito ser objeto de una evaluacin anual, que se llevar a cabo por el Ministerio de Justicia conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

Estas evaluaciones, cuyos resultados sern publicados en la pgina web, orientarn la mejora del sistema de proteccin y la adopcin de nuevas medidas para garantizar su eficacia.

El Gobierno remitir a las Cortes Generales un informe anual con la evaluacin y las propuestas de mejora del sistema de proteccin de las vctimas y de las medidas que garanticen su eficacia.


[Bloque 47: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Medios.

Las medidas incluidas en esta Ley no podrn suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.


[Bloque 48: #dtunica]

Disposicin transitoria nica. Aplicacin temporal.

Las disposiciones contenidas en esta Ley sern aplicables a las vctimas de delitos a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin que ello suponga una retroaccin de los trmites que ya se hubieran cumplido.


[Bloque 49: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior en cuanto contradigan lo dispuesto en la presente Ley.


[Bloque 50: #dfprimera]

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a efectos de la transposicin de algunas de las disposiciones contenidas en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mnimas sobre los derechos, el apoyo y la proteccin de las vctimas de delitos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 109, que queda redactado como sigue:

Artculo 109.

En el acto de recibirse declaracin por el Juez al ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria, el Secretario judicial le instruir del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitucin de la cosa, reparacin del dao e indemnizacin del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo le informar de los derechos recogidos en la legislacin vigente, pudiendo delegar esta funcin en personal especializado en la asistencia a vctimas.

Si fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, se practicar igual diligencia con su representante legal o la persona que le asista.

Fuera de los casos previstos en los dos prrafos anteriores, no se har a los interesados en las acciones civiles o penales notificacin alguna que prolongue o detenga el curso de la causa, lo cual no obsta para que el Secretario judicial procure instruir de aquel derecho al ofendido ausente.

En cualquier caso, en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artculo 57 del Cdigo Penal, el Secretario judicial asegurar la comunicacin a la vctima de los actos procesales que puedan afectar a su seguridad.

Dos. Se introduce un nuevo artculo 109 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 109 bis.

1. Las vctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrn ejercer la accin penal en cualquier momento antes del trmite de calificacin del delito, si bien ello no permitir retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personacin.

En el caso de muerte o desaparicin de la vctima a consecuencia del delito, la accin penal podr ser ejercida por su cnyuge no separado legalmente o de hecho y por los hijos de sta o del cnyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparicin de la vctima convivieran con ellos; por la persona que hasta el momento de la muerte o desaparicin hubiera estado unida a ella por una anloga relacin de afectividad y por los hijos de sta que en el momento de la muerte o desaparicin de la vctima convivieran con ella; por sus progenitores y parientes en lnea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.

En caso de no existir los anteriores, podr ser ejercida por los dems parientes en lnea recta y por sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representacin legal de la vctima.

2. El ejercicio de la accin penal por alguna de las personas legitimadas conforme a este artculo no impide su ejercicio posterior por cualquier otro de los legitimados. Cuando exista una pluralidad de vctimas, todas ellas podrn personarse independientemente con su propia representacin. Sin embargo, en estos casos, cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el Juez o Tribunal, en resolucin motivada y tras or a todas las partes, podr imponer que se agrupen en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razn de sus respectivos intereses.

3. La accin penal tambin podr ser ejercitada por las asociaciones de vctimas y por las personas jurdicas a las que la ley reconoce legitimacin para defender los derechos de las vctimas, siempre que ello fuera autorizado por la vctima del delito.

Cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los miembros de las corporaciones locales el ejercicio de sus funciones pblicas, podr tambin personarse en la causa la Administracin local en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho punible.

Tres. Se modifica el artculo 110, que queda redactado como sigue:

Artculo 110.

Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrn mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trmite de calificacin del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, segn les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones.

Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitucin, reparacin o indemnizacin que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante.

Cuatro. Se modifica el artculo 261, que queda redactado como sigue:

Artculo 261.

Tampoco estarn obligados a denunciar:

1. El cnyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con l en anloga relacin de afectividad.

2. Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive.

Cinco. Se modifica el artculo 281, que queda redactado como sigue:

Artculo 281.

Quedan exentos de cumplir lo dispuesto en el artculo anterior:

1. El ofendido y sus herederos o representantes legales.

2. En los delitos de asesinato o de homicidio, el cnyuge del difunto o persona vinculada a l por una anloga relacin de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive, los herederos de la vctima y los padres, madres e hijos del delincuente.

3. Las asociaciones de vctimas y las personas jurdicas a las que la ley reconoce legitimacin para defender los derechos de las vctimas siempre que el ejercicio de la accin penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia vctima.

La exencin de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les correspondiere en virtud de tratados internacionales o por el principio de reciprocidad.

Seis. Se modifica el prrafo primero del artculo 282, que queda redactado como sigue:

La Polica Judicial tiene por objeto y ser obligacin de todos los que la componen, averiguar los delitos pblicos que se cometieren en su territorio o demarcacin; practicar, segn sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparicin hubiere peligro, ponindolos a disposicin de la autoridad judicial. Cuando las vctimas entren en contacto con la Polica Judicial, cumplir con los deberes de informacin que prev la legislacin vigente. Asimismo, llevarn a cabo una valoracin de las circunstancias particulares de las vctimas para determinar provisionalmente qu medidas de proteccin deben ser adoptadas para garantizarles una proteccin adecuada, sin perjuicio de la decisin final que corresponder adoptar al Juez o Tribunal.

Siete. Se modifica el artculo 284, que queda redactado como sigue:

Artculo 284.

Inmediatamente que los funcionarios de Polica Judicial tuvieren conocimiento de un delito pblico o fueren requeridos para prevenir la instruccin de diligencias por razn de algn delito privado, lo participarn a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la prctica de las diligencias de prevencin. En otro caso, lo harn as que las hubieren terminado.

Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relacin con el delito y se hallen en el lugar en que ste se cometi o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extendern diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasin en que se encontraren, que incluir una descripcin minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podr ser sustituida por un reportaje grfico. La diligencia ser firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados.

La incautacin de efectos que pudieran pertenecer a una vctima del delito ser comunicada a la misma.

La persona afectada por la incautacin podr recurrir en cualquier momento la medida ante el Juez de Instruccin de conformidad con lo dispuesto en el prrafo tercero del artculo 334.

Ocho. Se modifica el artculo 301, que queda redactado como sigue:

Artculo 301.

Las diligencias del sumario sern reservadas y no tendrn carcter pblico hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.

El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario, ser corregido con multa de 500 a 10.000 euros.

En la misma multa incurrir cualquier otra persona que no siendo funcionario pblico cometa la misma falta.

El funcionario pblico, en el caso de los prrafos anteriores, incurrir en la responsabilidad que el Cdigo Penal seale en su lugar respectivo.

Nueve. Se introduce un nuevo artculo 301 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 301 bis.

El Juez podr acordar, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la vctima, la adopcin de cualquiera de las medidas a que se refiere el apartado 2 del artculo 681 cuando resulte necesario para proteger la intimidad de la vctima o el respeto debido a la misma o a su familia.

Diez. Se introducen dos nuevos prrafos tercero y cuarto al artculo 334, con la siguiente redaccin:

La persona afectada por la incautacin podr recurrir en cualquier momento la medida ante el Juez de Instruccin. Este recurso no requerir de la intervencin de abogado cuando sea presentado por terceras personas diferentes del imputado. El recurso se entender interpuesto cuando la persona afectada por la medida o un familiar suyo mayor de edad hubieran expresado su disconformidad en el momento de la misma.

Los efectos que pertenecieran a la vctima del delito sern restituidos inmediatamente a la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados como medio de prueba o para la prctica de otras diligencias, y sin perjuicio de su restitucin tan pronto resulte posible. Los efectos sern tambin restituidos inmediatamente cuando deban ser conservados como medio de prueba o para la prctica de otras diligencias, pero su conservacin pueda garantizarse imponiendo al propietario el deber de mantenerlos a disposicin del Juez o Tribunal. La vctima podr, en todo caso, recurrir esta decisin conforme a lo dispuesto en el prrafo anterior.

Once. Se modifica el artculo 433, que queda redactado como sigue:

Artculo 433.

Al presentarse a declarar, los testigos entregarn al secretario la copia de la cdula de citacin.

Los testigos mayores de edad penal prestarn juramento o promesa de decir todo lo que supieren respecto a lo que les fuere preguntado, estando el Juez obligado a informarles, en un lenguaje claro y comprensible, de la obligacin que tienen de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal.

Los testigos que, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Vctima del Delito, tengan la condicin de vctimas del delito, podrn hacerse acompaar por su representante legal y por una persona de su eleccin durante la prctica de estas diligencias, salvo que en este ltimo caso, motivadamente, se resuelva lo contrario por el Juez de Instruccin para garantizar el correcto desarrollo de la misma.

En el caso de los testigos menores de edad o personas con la capacidad judicialmente modificada, el Juez de Instruccin podr acordar, cuando a la vista de la falta de madurez de la vctima resulte necesario para evitar causarles graves perjuicios, que se les tome declaracin mediante la intervencin de expertos y con intervencin del Ministerio Fiscal. Con esta finalidad, podr acordarse tambin que las preguntas se trasladen a la vctima directamente por los expertos o, incluso, excluir o limitar la presencia de las partes en el lugar de la exploracin de la vctima. En estos casos, el Juez dispondr lo necesario para facilitar a las partes la posibilidad de trasladar preguntas o de pedir aclaraciones a la vctima, siempre que ello resulte posible.

El Juez ordenar la grabacin de la declaracin por medios audiovisuales.

Doce. Se modifica el artculo 448, que queda redactado como sigue:

Artculo 448.

Si el testigo manifestare, al hacerle la prevencin referida en el artculo 446, la imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional, y tambin en el caso en que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad fsica o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el Juez instructor mandar practicar inmediatamente la declaracin, asegurando en todo caso la posibilidad de contradiccin de las partes. Para ello, el Secretario judicial har saber al reo que nombre abogado en el trmino de veinticuatro horas, si an no lo tuviere, o de lo contrario, que se le nombrar de oficio, para que le aconseje en el acto de recibir la declaracin del testigo. Transcurrido dicho trmino, el Juez recibir juramento y volver a examinar a ste, a presencia del procesado y de su abogado defensor y a presencia, asimismo, del Fiscal y del querellante, si quisieren asistir al acto, permitiendo a stos hacerle cuantas repreguntas tengan por conveniente, excepto las que el Juez desestime como manifiestamente impertinentes.

Por el Secretario judicial se consignarn las contestaciones a estas preguntas, y esta diligencia ser firmada por todos los asistentes.

La declaracin de los testigos menores de edad y de las personas con capacidad judicialmente modificada podr llevarse a cabo evitando la confrontacin visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio tcnico que haga posible la prctica de esta prueba.

Trece. Se modifica el apartado 7 del artculo 544 ter, que queda redactado como sigue:

7. Las medidas de naturaleza civil debern ser solicitadas por la vctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su rgimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un rgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artculo 158 del Cdigo Civil. Cuando existan menores o personas con capacidad judicialmente modificada que convivan con la vctima y dependan de ella, el Juez deber pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopcin de las referidas medidas.

Estas medidas podrn consistir en la atribucin del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el rgimen de guarda y custodia, visitas, comunicacin y estancia con los menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, el rgimen de prestacin de alimentos, as como cualquier disposicin que se considere oportuna a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.

Las medidas de carcter civil contenidas en la orden de proteccin tendrn una vigencia temporal de 30 das. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la vctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdiccin civil, las medidas adoptadas permanecern en vigor durante los treinta das siguientes a la presentacin de la demanda. En este trmino las medidas debern ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia que resulte competente.

Catorce. Se introduce un nuevo artculo 544 quinquies con la siguiente redaccin:

Artculo 544 quinquies.

1. En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artculo 57 del Cdigo Penal, el Juez o Tribunal, cuando resulte necesario al fin de proteccin de la vctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, en su caso, adoptar motivadamente alguna de las siguientes medidas:

a) Suspender la patria potestad de alguno de los progenitores. En este caso podr fijar un rgimen de visitas o comunicacin en inters del menor o persona con capacidad judicialmente modificada y, en su caso, las condiciones y garantas con que debe desarrollarse.

b) Suspender la tutela, curatela, guarda o acogimiento.

c) Establecer un rgimen de supervisin del ejercicio de la patria potestad, tutela o de cualquier otra funcin tutelar o de proteccin o apoyo sobre el menor o persona con la capacidad judicialmente modificada, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio Fiscal y de las entidades pblicas competentes.

d) Suspender o modificar el rgimen de visitas o comunicacin con el no conviviente o con otro familiar que se encontrara en vigor, cuando resulte necesario para garantizar la proteccin del menor o de la persona con capacidad judicialmente modificada.

2. Cuando en el desarrollo del proceso se ponga de manifiesto la existencia de una situacin de riesgo o posible desamparo de un menor y, en todo caso, cuando fueran adoptadas algunas de las medidas de las letras a) o b) del apartado anterior, el Secretario judicial lo comunicar inmediatamente a la entidad pblica competente que tenga legalmente encomendada la proteccin de los menores, as como al Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de proteccin que resulten necesarias. A los mismos efectos se les notificar su alzamiento o cualquier otra modificacin, as como la resolucin a la que se refiere el apartado 3.

3. Una vez concluido el procedimiento, el Juez o Tribunal, valorando exclusivamente el inters de la persona afectada, ratificar o alzar las medidas de proteccin que hubieran sido adoptadas. El Ministerio Fiscal y las partes afectadas por la medida podrn solicitar al Juez su modificacin o alzamiento conforme al procedimiento previsto en el artculo 770 Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quince. Se modifica el artculo 636, que queda redactado como sigue:

Artculo 636.

Contra los autos de sobreseimiento slo proceder, en su caso, el recurso de casacin.

El auto de sobreseimiento se comunicar a las vctimas del delito, en la direccin de correo electrnico y, en su defecto, por correo ordinario a la direccin postal o domicilio que hubieran designado en la solicitud prevista en el artculo 5.1.m) de la Ley del Estatuto de la Vctima del delito.

En los casos de muerte o desaparicin ocasionada por un delito, el auto de sobreseimiento ser comunicado de igual forma a las personas a las que se refiere el prrafo segundo del apartado 1 del artculo 109 bis, de cuya identidad y direccin de correo electrnico o postal se tuviera conocimiento. En estos supuestos el Juez o Tribunal, podr acordar, motivadamente, prescindir de la comunicacin a todos los familiares cuando ya se haya dirigido con xito a varios de ellos o cuando hayan resultado infructuosas cuantas gestiones se hubieren practicado para su localizacin.

Excepcionalmente, en el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unin Europea, si no se dispusiera de una direccin de correo electrnico o postal en la que realizar la comunicacin, se remitir a la oficina diplomtica o consular espaola en el pas de residencia para que la publique.

Transcurridos cinco das desde la comunicacin, se entender que ha sido efectuada vlidamente y desplegar todos sus efectos, inicindose el cmputo del plazo de interposicin del recurso. Se exceptuarn de este rgimen aquellos supuestos en los que la vctima acredite justa causa de la imposibilidad de acceso al contenido de la comunicacin.

Las vctimas podrn recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de veinte das aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.

Diecisis. Se modifica el artculo 680, que queda redactado como sigue:

Artculo 680.

Los debates del juicio oral sern pblicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo siguiente.

Diecisiete. Se modifica el artculo 681, que queda redactado como sigue:

Artculo 681.

1. El Juez o Tribunal podr acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada, cuando as lo exijan razones de seguridad u orden pblico, o la adecuada proteccin de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la vctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las vctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podran derivar del desarrollo ordinario del proceso. Sin embargo, el Juez o el Presidente del Tribunal podrn autorizar la presencia de personas que acrediten un especial inters en la causa. La anterior restriccin, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 707, no ser aplicable al Ministerio Fiscal, a las personas lesionadas por el delito, a los procesados, al acusador privado, al actor civil y a los respectivos defensores.

2. Asimismo, podr acordar la adopcin de las siguientes medidas para la proteccin de la intimidad de la vctima y de sus familiares:

a) Prohibir la divulgacin o publicacin de informacin relativa a la identidad de la vctima, de datos que puedan facilitar su identificacin de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de proteccin.

b) Prohibir la obtencin, divulgacin o publicacin de imgenes de la vctima o de sus familiares.

3. Queda prohibida, en todo caso, la divulgacin o publicacin de informacin relativa a la identidad de vctimas menores de edad o vctimas con discapacidad necesitadas de especial proteccin, de datos que puedan facilitar su identificacin de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de proteccin, as como la obtencin, divulgacin o publicacin de imgenes suyas o de sus familiares.

Dieciocho. Se modifica el artculo 682, que queda redactado como sigue:

Artculo 682.

El Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, podr restringir la presencia de los medios de comunicacin audiovisuales en las sesiones del juicio y prohibir que se graben todas o alguna de las audiencias cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de los dems intervinientes, especialmente el derecho a la intimidad de las vctimas, el respeto debido a la misma o a su familia, o la necesidad de evitar a las vctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podran derivar del desarrollo ordinario del proceso. A estos efectos, podr:

a) Prohibir que se grabe el sonido o la imagen en la prctica de determinadas pruebas, o determinar qu diligencias o actuaciones pueden ser grabadas y difundidas.

b) Prohibir que se tomen y difundan imgenes de alguna o algunas de las personas que en l intervengan.

c) Prohibir que se facilite la identidad de las vctimas, de los testigos o peritos o de cualquier otra persona que intervenga en el juicio.

Diecinueve. Se modifica el artculo 707, que queda redactado como sigue:

Artculo 707.

Todos los testigos estn obligados a declarar lo que supieren sobre lo que les fuere preguntado, con excepcin de las personas expresadas en los artculos 416, 417 y 418, en sus respectivos casos.

La declaracin de los testigos menores de edad o con discapacidad necesitados de especial proteccin, se llevar a cabo, cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso o de la prctica de la diligencia, evitando la confrontacin visual de los mismos con el inculpado. Con este fin podr ser utilizado cualquier medio tcnico que haga posible la prctica de esta prueba, incluyndose la posibilidad de que los testigos puedan ser odos sin estar presentes en la sala mediante la utilizacin de tecnologas de la comunicacin.

Estas medidas sern igualmente aplicables a las declaraciones de las vctimas cuando de su evaluacin inicial o posterior derive la necesidad de estas medidas de proteccin.

Veinte. Se modifica el artculo 709, que queda redactado como sigue:

Artculo 709.

El Presidente no permitir que el testigo conteste a preguntas o repreguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.

El Presidente podr adoptar medidas para evitar que se formulen a la vctima preguntas innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia para el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaracin de la vctima. Si esas preguntas fueran formuladas, el Presidente no permitir que sean contestadas.

Contra la resolucin que sobre este extremo adopte podr interponerse en su da el recurso de casacin, si se hiciere en el acto la correspondiente protesta.

En este caso, constar en el acta la pregunta o repregunta a que el Presidente haya prohibido contestar.

Veintiuno. Se modifica el artculo 730, que queda redactado como sigue:

Artculo 730.

Podrn tambin leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aqullas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artculo 448 durante la fase de investigacin a las vctimas menores de edad y a las vctimas con discapacidad necesitadas de especial proteccin.

Veintids. Se modifica el apartado 2 del artculo 773, que queda redactado como sigue:

2. Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, informar a la vctima de los derechos recogidos en la legislacin vigente; efectuar la evaluacin y resolucin provisionales de las necesidades de la vctima de conformidad con lo dispuesto en la legislacin vigente y practicar l mismo u ordenar a la Polica Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobacin del hecho o de la responsabilidad de los partcipes en el mismo. El Fiscal decretar el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicndolo con expresin de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante el Juez de Instruccin. En otro caso instar del Juez de Instruccin la incoacin del procedimiento que corresponda con remisin de lo actuado, poniendo a su disposicin al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

El Ministerio Fiscal podr hacer comparecer ante s a cualquier persona en los trminos establecidos en la ley para la citacin judicial, a fin de recibirle declaracin, en la cual se observarn las mismas garantas sealadas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal.

Cesar el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.

Veintitrs. Se modifica la regla 1. del apartado 1 del artculo 779, que queda redactada como sigue:

1. Si estimare que el hecho no es constitutivo de infraccin penal o que no aparece suficientemente justificada su perpetracin, acordar el sobreseimiento que corresponda. Si, aun estimando que el hecho puede ser constitutivo de delito, no hubiere autor conocido, acordar el sobreseimiento provisional y ordenar el archivo.

El auto de sobreseimiento ser comunicado a las vctimas del delito, en la direccin de correo electrnico y, en su defecto, direccin postal o domicilio que hubieran designado en la solicitud prevista en el artculo 5.1.m) de la Ley del Estatuto de la Vctima del delito.

En los casos de muerte o desaparicin ocasionada por un delito, el auto de sobreseimiento ser comunicado de igual forma, a las personas a las que se refiere el prrafo segundo del apartado 1 del artculo 109 bis, de cuya identidad y direccin de correo electrnico o postal se tuviera conocimiento. En estos supuestos el Juez o Tribunal, podr acordar, motivadamente, prescindir de la comunicacin a todos los familiares cuando ya se haya dirigido con xito a varios de ellos o cuando hayan resultado infructuosas cuantas gestiones se hubieren practicado para su localizacin.

Excepcionalmente, en el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unin Europea, si no se dispusiera de una direccin de correo electrnico o postal en la que realizar la comunicacin, se remitir a la oficina diplomtica o consular espaola en el pas de residencia para que la publique.

Transcurridos cinco das desde la comunicacin, se entender que ha sido efectuada vlidamente y desplegar todos sus efectos. Se exceptuarn de este rgimen aquellos supuestos en los que la vctima acredite justa causa de la imposibilidad de acceso al contenido de la comunicacin.

Las vctimas podrn recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de veinte das aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.

Veinticuatro. Se modifica el apartado 3 del artculo 785, que queda redactado como sigue:

3. Cuando la vctima lo haya solicitado, aunque no sea parte en el proceso ni deba intervenir, el Secretario judicial deber informarle, por escrito y sin retrasos innecesarios, de la fecha, hora y lugar del juicio, as como del contenido de la acusacin dirigida contra el infractor.

Veinticinco. Se modifica el apartado 2 del artculo 791, que queda redactado como sigue:

2. El Secretario judicial sealar la vista dentro de los quince das siguientes y a ella sern citadas todas las partes. Cuando la vctima lo haya solicitado, ser informada por el Secretario judicial, aunque no se haya mostrado parte ni sea necesaria su intervencin.

La vista se celebrar empezando, en su caso, por la prctica de la prueba y por la reproduccin de las grabaciones si hay lugar a ella. A continuacin, las partes resumirn oralmente el resultado de la misma y el fundamento de sus pretensiones.


[Bloque 51: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

Se modifica el apartado 2 del artculo 126 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, que queda redactado como sigue:

2. Cuando el delito hubiere sido de los que slo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarn las costas del acusador privado con preferencia a la indemnizacin del Estado. Tendr la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la vctima en los supuestos a que se refiere el artculo 14 de la Ley del Estatuto de la Vctima del Delito.


[Bloque 52: #dftercera]

Disposicin final tercera. Ttulo competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de legislacin penal y procesal atribuida al Estado por el artculo 149.1.6. de la Constitucin Espaola. Se excepta de lo anterior el Ttulo IV, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de Administracin de Justicia atribuida al Estado por el artculo 149.1.5. de la Constitucin Espaola, as como lo dispuesto en el Ttulo I, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de regulacin de las condiciones bsicas que garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida al Estado por el artculo 149.1.1. de la Constitucin Espaola.


[Bloque 53: #dfcuaa]

Disposicin final cuarta. Habilitacin al Gobierno para el desarrollo reglamentario.

Se habilita al Gobierno para que apruebe las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo de lo dispuesto en la presente Ley.


[Bloque 54: #dfquinta]

Disposicin final quinta. Adaptacin de los Estatutos Generales de la Abogaca y de la Procuradura.

Los Colegios y Consejos Generales de Abogados y Procuradores adoptarn las medidas necesarias para adaptar sus respectivos Estatutos a lo establecido en el apartado 2 del artculo 8 de la presente Ley, en un plazo mximo de un ao desde su entrada en vigor.


[Bloque 55: #dfsexta]

Disposicin final sexta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor a los seis meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 56: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 27 de abril de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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