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Legislación consolidada

Ley Orgnica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretacin y a traduccin en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la informacin en los procesos penales.

Publicado en: BOE núm. 101, de 28/04/2015.
Entrada en vigor: 28/10/2015
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2015-4605
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/04/27/5/con

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 28/04/2015


[Bloque 1: #preambulo]

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgnica:

PREMBULO

I

La presente Ley tiene por objeto la transposicin a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretacin y a traduccin en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la informacin en los procesos penales.

La transposicin de estas Directivas, que desarrollan dos aspectos esenciales de la defensa en el proceso penal, exige la modificacin parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y conlleva un importante refuerzo de las garantas del proceso penal, mediante una regulacin detallada del derecho a la traduccin e interpretacin en este proceso y del derecho del imputado a ser informado sobre el objeto del proceso penal de modo que permita un eficaz ejercicio del derecho a la defensa.

II

En cuanto al contenido y estructura de la Ley, consta de tres artculos, dos disposiciones adicionales, una disposicin derogatoria y cuatro disposiciones finales.

La estructura de los dos primeros artculos, que contienen modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, responde a la distincin en la transposicin de cada una de las Directivas, por el orden cronolgico de las mismas.

En el artculo primero, que se encuentra dividido en nueve apartados, se efecta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proceder a la transposicin de la Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretacin y a traduccin en los procesos penales.

En el artculo segundo, dividido en cinco apartados, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar a nuestro derecho interno la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa al derecho a la informacin en los procesos penales.

III

El derecho a traduccin e interpretacin para aquellas personas que no hablan o no entienden la lengua del procedimiento y las personas con discapacidad auditiva y sordociegas, se consagra en el artculo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, segn la interpretacin efectuada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal facilitarn la aplicacin de este derecho, garantizando el derecho del imputado o acusado a la interpretacin y traduccin en los procesos penales, as como el derecho a un juicio equitativo.

El derecho del imputado o acusado a ser asistido por un intrprete se extiende a todas las actuaciones en las que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales. A fin de preparar la defensa, tambin tendr derecho a servirse de un intrprete en las comunicaciones con su Abogado que guardan relacin directa con cualquier interrogatorio o vista judicial durante el proceso, o con la presentacin de un recurso u otras solicitudes procesales.

El derecho a interpretacin o traduccin requiere adems que se le facilite la traduccin de los documentos esenciales, o al menos los pasajes pertinentes de dichos documentos. Tal y como se indica en la Directiva 2010/64/UE, determinados documentos, como son las resoluciones por las que se priva a una persona de su libertad, los escritos de acusacin o las sentencias, se consideran siempre documentos esenciales, por lo que se han recogido expresamente en la letra d) del apartado 1 del nuevo artculo 123 que se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La nueva regulacin recoge que la traduccin deber hacerse en un plazo razonable, en consonancia con las exigencias del artculo 3 de la Directiva europea, y se posibilita el uso de las nuevas tecnologas para efectuar la interpretacin, salvo que la presencia fsica del intrprete resulte necesaria para salvaguardar los derechos del imputado o acusado.

Tambin se garantiza el derecho a recurrir la decisin por la que se deniegue el derecho a la interpretacin o a la traduccin, mediante la obligatoriedad de documentar por escrito la decisin judicial, as como la posibilidad de hacer constar en acta la protesta durante el juicio oral, lo que permitir la interposicin de los recursos correspondientes.

Los intrpretes o traductores judiciales sern designados entre aquellos incluidos en los listados elaborados por la Administracin, facilitndose en casos de urgencia que otra persona conocedora del idioma, que se estime capacitada para esta tarea, pueda ser habilitada como intrprete o traductor eventual. Todo este sistema se refuerza mediante la habilitacin al Juez o al Ministerio Fiscal para realizar las comprobaciones necesarias en aquellos casos en los que aprecie que la traduccin o interpretacin no ofrecen las garantas suficientes.

IV

El derecho a la informacin de las personas detenidas y de los imputados o acusados en el proceso penal se fundamenta en lo dispuesto en los artculos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, segn la interpretacin efectuada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal facilitarn la aplicacin de este derecho, garantizando el derecho a la libertad y el derecho a un juicio equitativo. En el caso de las personas sordas usuarias de la lengua de signos, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos espaolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicacin oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, establece en sus artculos12.2 y 21.2 que dentro de la Administracin de Justicia y Penitenciaria se promovern las condiciones adecuadas, tales como formacin y disponibilidad de servicios de intrprete de lengua de signos espaola y/o en las lenguas de signos propias de las Comunidades Autnomas si las hubiera, as como la formacin y disponibilidad de medios de apoyo a la comunicacin oral.

Por esta razn, se modifica el actual artculo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se regula el derecho de defensa, sealndose de forma clara y precisa que toda persona a la que se impute un acto punible tendr derecho a ser informada de los hechos que se le imputan, as como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigacin y en los hechos imputados; del derecho a examinar las actuaciones con la debida antelacin para salvaguardar el derecho de defensa; del derecho a designar libremente Abogado; del derecho a solicitar asistencia jurdica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla; del derecho a la traduccin e interpretacin gratuitas; del derecho a guardar silencio y a no prestar declaracin si no desea hacerlo y del derecho a no declarar contra s mismo y a no confesarse culpable.

El derecho a la informacin de los detenidos o presos se regula en el artculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto ya recoge la mayor parte de derechos a los que hace referencia la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo, relativa al derecho a la informacin en los procesos penales. Ahora bien, resultaba necesario completar el catlogo de derechos para adaptarlo a los postulados de la normativa europea, haciendo mencin expresa, entre otros, al derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detencin o privacin de libertad, y al derecho a ser asistido gratuitamente por un intrprete, as como a la informacin del plazo mximo legal de duracin de la detencin hasta la puesta a disposicin de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detencin.

Especial mencin merece el derecho de acceso al expediente. Cuando se trata de imputados, se ha considerado conveniente su incorporacin en el artculo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en su artculo 302 se han recogido las excepciones a este derecho. Como se ha anticipado, en los casos del detenido o privado de libertad, el derecho de acceso se ha recogido en el artculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su alcance se limita, por exigencia de la normativa europea, a aquellos elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detencin o privacin de libertad. Se trata de proporcionar, con anterioridad a la interposicin del recurso, nicamente aquella informacin que sea fundamental para que sea posible valorar la legalidad de la detencin o privacin de libertad.

En cuanto a la forma en la que la informacin ha de ser suministrada, una adecuada garanta de los derechos recogidos en los artculos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos exige que sea proporcionada en un lenguaje accesible, adaptado a la edad, grado de madurez, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal del imputado o detenido. Adems, en los casos de los detenidos o presos, la informacin de los derechos que le asisten deber efectuarse siempre por escrito.

Tambin el momento en el que se suministra la informacin constituye un mecanismo de garanta de los derechos citados. As, los imputados debern recibirla sin demora injustificada y, en los casos de los detenidos o presos, la informacin deber ser suministrada de forma inmediata.

V

Con el objeto de adaptar la habilitacin para actuar como intrprete en el juicio oral, se modifica el apartado 5 del artculo 231 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introduciendo una remisin a la normativa reguladora de cada proceso.

VI

Con las modificaciones normativas operadas se asegurar un nivel uniforme de proteccin de los derechos procesales en los diversos pases de la Unin Europea y, con ello, se reforzar la confianza entre los Estados Miembros de la Unin Europea, que resulta imprescindible para potenciar los instrumentos de reconocimiento mutuo que, de forma creciente, se estn convirtiendo en una herramienta esencial de cooperacin.

Esta Ley se convierte, por lo tanto, en un instrumento de mejora global de nuestro proceso penal desde la perspectiva del acusado o imputado, detenido o preso, incidiendo en aspectos esenciales del derecho a la defensa.

VII

Esta Ley incide directamente en el artculo 24 de la Constitucin Espaola, introduciendo cambios jurdicos, procesales y sustantivos que afectan al mbito propio de las leyes orgnicas, al desarrollar derechos fundamentales y libertades pblicas recogidos en este precepto constitucional.

VIII

La Ley incorpora una disposicin final que se refiere a la creacin de un Registro de traductores e intrpretes judiciales, como mecanismo necesario para garantizar la adecuada realizacin de esta tarea, que es fundamental para el desarrollo de los procesos, por parte de estos profesionales. Se trata de una actuacin derivada tambin del contenido de la Directiva 2010/64/UE, sobre el derecho a interpretacin y a traduccin en los procesos penales. Las normas de funcionamiento de este Registro de traductores e intrpretes judiciales, que se crear mediante Ley, sern establecidas reglamentariamente.


[Bloque 2: #aprimero]

Artculo primero. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la transposicin de la Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretacin y a traduccin en los procesos penales.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica la rbrica del Ttulo V del Libro Primero, que queda redactada del siguiente modo:

Del derecho a la defensa, a la asistencia jurdica gratuita y a la traduccin e interpretacin en los juicios criminales.

Dos. Se introduce en el Ttulo V del Libro Primero un nuevo Captulo I, en el que quedan incluidos los vigentes artculos 118 a 122, con la siguiente rbrica:

Del derecho a la defensa y a la asistencia jurdica gratuita.

Tres. Se introduce en el Ttulo V del Libro Primero un nuevo Captulo II, integrado por los nuevos artculos 123 a 127, con la siguiente rbrica:

Del derecho a la traduccin e interpretacin.

Cuatro. Se introduce un nuevo artculo 123, con la siguiente redaccin:

Artculo 123.

1. Los imputados o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle la actuacin tendrn los siguientes derechos:

a) Derecho a ser asistidos por un intrprete que utilice una lengua que comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales.

b) Derecho a servirse de intrprete en las conversaciones que mantenga con su Abogado y que tengan relacin directa con su posterior interrogatorio o toma de declaracin, o que resulten necesarias para la presentacin de un recurso o para otras solicitudes procesales.

c) Derecho a la interpretacin de todas las actuaciones del juicio oral.

d) Derecho a la traduccin escrita de los documentos que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa. Debern ser traducidos, en todo caso, las resoluciones que acuerden la prisin del imputado, el escrito de acusacin y la sentencia.

e) Derecho a presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento.

Los gastos de traduccin e interpretacin derivados del ejercicio de estos derechos sern sufragados por la Administracin, con independencia del resultado del proceso.

2. En el caso de que no pueda disponerse del servicio de interpretacin simultnea, la interpretacin de las actuaciones del juicio oral a que se refiere la letra c) del apartado anterior se realizar mediante una interpretacin consecutiva de modo que se garantice suficientemente la defensa del imputado o acusado.

3. En el caso de la letra d) del apartado 1, podr prescindirse de la traduccin de los pasajes de los documentos esenciales que, a criterio del Juez, Tribunal o funcionario competente, no resulten necesarios para que el imputado o acusado conozca los hechos que se le imputan.

Excepcionalmente, la traduccin escrita de documentos podr ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda, cuando de este modo tambin se garantice suficientemente la defensa del imputado o acusado.

4. La traduccin se deber llevar a cabo en un plazo razonable y desde que se acuerde por parte del Tribunal o Juez o del Ministerio Fiscal quedarn en suspenso los plazos procesales que sean de aplicacin.

5. La asistencia del intrprete se podr prestar por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicacin, salvo que el Tribunal o Juez o el Fiscal, de oficio o a instancia del interesado o de su defensa, acuerde la presencia fsica del intrprete para salvaguardar los derechos del imputado o acusado.

6. Las interpretaciones orales o en lengua de signos, con excepcin de las previstas en la letra b) del apartado 1, podrn ser documentadas mediante la grabacin audiovisual de la manifestacin original y de la interpretacin. En los casos de traduccin oral o en lengua de signos del contenido de un documento, se unir al acta copia del documento traducido y la grabacin audiovisual de la traduccin. Si no se dispusiera de equipos de grabacin, o no se estimare conveniente ni necesario, la traduccin o interpretacin y, en su caso, la declaracin original, se documentarn por escrito.

Cinco. Se introduce un nuevo artculo 124, con la siguiente redaccin:

Artculo 124.

1. El traductor o intrprete judicial ser designado de entre aquellos que se hallen incluidos en los listados elaborados por la Administracin competente. Excepcionalmente, en aquellos supuestos que requieran la presencia urgente de un traductor o de un intrprete, y no sea posible la intervencin de un traductor o intrprete judicial inscrito en las listas elaboradas por la Administracin, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artculo anterior, se podr habilitar como intrprete o traductor judicial eventual a otra persona conocedora del idioma empleado que se estime capacitado para el desempeo de dicha tarea.

2. El intrprete o traductor designado deber respetar el carcter confidencial del servicio prestado.

3. Cuando el Tribunal, el Juez o el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de parte, aprecie que la traduccin o interpretacin no ofrecen garantas suficientes de exactitud, podr ordenar la realizacin de las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenar la designacin de un nuevo traductor o intrprete. En este sentido, las personas sordas o con discapacidad auditiva que aprecien que la interpretacin no ofrece garantas suficientes de exactitud, podrn solicitar la designacin de un nuevo intrprete.

Seis. Se introduce un nuevo artculo 125, con la siguiente redaccin:

Artculo 125.

1. Cuando se pongan de manifiesto circunstancias de las que pueda derivarse la necesidad de la asistencia de un intrprete o traductor, el Presidente del Tribunal o el Juez, de oficio o a instancia del Abogado del imputado o acusado, comprobar si ste conoce y comprende suficientemente la lengua oficial en la que se desarrolle la actuacin y, en su caso, ordenar que se nombre un intrprete o un traductor conforme a lo dispuesto en el artculo anterior y determinar qu documentos deben ser traducidos.

2. La decisin del Juez o Tribunal por la que se deniegue el derecho a la interpretacin o a la traduccin de algn documento o pasaje del mismo que la defensa considere esencial, o por la que se rechacen las quejas de la defensa con relacin a la falta de calidad de la interpretacin o de la traduccin, ser documentada por escrito.

Si la decisin hubiera sido adoptada durante el juicio oral, la defensa del imputado o acusado podr hacer constar en el acta su protesta.

Contra estas decisiones judiciales podr interponerse recurso de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Siete. Se introduce un nuevo artculo 126, con la siguiente redaccin:

Artculo 126.

La renuncia a los derechos a que se refiere el artculo 123 deber ser expresa y libre, y solamente ser vlida si se produce despus de que el imputado o acusado haya recibido un asesoramiento jurdico suficiente y accesible que le permita tener conocimiento de las consecuencias de su renuncia. En todo caso, los derechos a los que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 del artculo 123 no podrn ser renunciados.

Ocho. Se introduce un nuevo artculo 127, con la siguiente redaccin:

Artculo 127.

Las disposiciones contenidas en los artculos precedentes son igualmente aplicables a las personas con discapacidad sensorial, que podrn contar con medios de apoyo a la comunicacin oral.

Nueve. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artculo 416, con la siguiente redaccin:

3. Los traductores e intrpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado, procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado anterior, con relacin a los hechos a que estuviera referida su traduccin o interpretacin.


[Bloque 3: #asegundo]

Artculo segundo. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la transposicin de la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa al derecho a la informacin en los procesos penales.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el artculo 118, que queda redactado como sigue:

Artculo 118.

1. Toda persona a quien se impute un acto punible podr ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento cualquiera que ste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detencin o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruir, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:

a) Derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, as como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigacin y de los hechos imputados. Esta informacin ser facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir un ejercicio efectivo del derecho a la defensa.

b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelacin para salvaguardar el derecho de defensa.

c) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) del artculo 527.

d) Derecho a solicitar asistencia jurdica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

e) Derecho a traduccin e interpretacin gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artculos 123 a 127.

f) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaracin si no desea hacerlo.

g) Derecho a no declarar contra s mismo y a no confesarse culpable.

La informacin a que se refiere el prrafo anterior se facilitar en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al imputado. A estos efectos se adaptar la informacin a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una modificacin de la capacidad para entender el alcance de la informacin que se le facilita.

2. Para actuar en el proceso, las personas interesadas debern ser representadas por Procurador y defendidas por Abogado, designndoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por s mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo.

Si no hubiesen designado Procurador o Abogado, se les requerir para que lo verifiquen o se les nombrar de oficio, si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aqullos o haya de intentar algn recurso que hiciese indispensable su actuacin.

3. La admisin de denuncia o querella y cualquier actuacin procesal de la que resulte la imputacin de un delito contra persona o personas determinadas, ser puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables.

Dos. Se modifica el artculo 302, que queda redactado como sigue:

Artculo 302.

Las partes personadas podrn tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento.

No obstante, si el delito fuere pblico, podr el Juez de Instruccin, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario para:

a) evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad fsica de otra persona; o

b) prevenir una situacin que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigacin o del proceso.

El secreto del sumario deber alzarse necesariamente con al menos diez das de antelacin a la conclusin del sumario.

Lo dispuesto en este artculo se entender sin perjuicio de lo previsto en el prrafo segundo del apartado 3 del artculo 505.

Tres. Se modifica el apartado 3 del artculo 505 que queda redactado como sigue:

3. En dicha audiencia, si el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora solicitare que se decrete la prisin provisional del imputado o su libertad provisional con fianza, podrn quienes concurrieren realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las setenta y dos horas antes indicadas en el apartado anterior.

El Abogado del imputado tendr, en todo caso, acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privacin de libertad del imputado.

Cuatro. Se modifican los apartados 2, 3 y 5 del artculo 520, y se introduce un nuevo apartado 2 bis, todo ello conforme a la siguiente redaccin:

2. Toda persona detenida o presa ser informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privacin de libertad, as como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que slo declarar ante el Juez.

b) Derecho a no declarar contra s mismo y a no confesarse culpable.

c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaracin e intervenga en las diligencias de reconocimiento en rueda de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se proceder a la designacin de oficio.

d) Derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detencin o privacin de libertad.

e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detencin y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrn derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su pas.

f) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intrprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuacin de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, as como de otras personas con dificultades del lenguaje.

g) Derecho a ser reconocido por el mdico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institucin en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Pblicas.

h) Derecho a solicitar asistencia jurdica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

Asimismo, se le informar del plazo mximo legal de duracin de la detencin hasta la puesta a disposicin de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detencin.

Cuando no se disponga de una declaracin de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informar de sus derechos por medio de un intrprete tan pronto resulte posible. En este caso, deber entregrsele, posteriormente y sin demora indebida, la declaracin escrita de derechos en una lengua que comprenda.

En todos los casos se permitir al detenido conservar en su poder la declaracin escrita de derechos durante todo el tiempo de la detencin.

2 bis. La informacin a que se refiere el apartado anterior se facilitar en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al imputado. A estos efectos se adaptar la informacin a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitacin de la capacidad para entender el alcance de la informacin que se le facilita.

3. Si se tratare de un menor de edad o persona con la capacidad judicialmente complementada, la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso notificar las circunstancias de la letra e) del apartado 2 a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo y, si no fueran halladas, se dar cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o con capacidad judicialmente complementada fuera extranjero, el hecho de la detencin se notificar de oficio al Cnsul de su pas.

5. No obstante, el detenido o preso podr renunciar a la preceptiva asistencia de Abogado si su detencin lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del trfico, siempre que se le haya facilitado informacin clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podr revocar su renuncia en cualquier momento.

Cinco. Se modifica el artculo 775, que queda redactado como sigue:

Artculo 775.

1. En la primera comparecencia el Juez informar al imputado, en la forma ms comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario judicial le informar de sus derechos, en particular de los enumerados en el apartado 1 del artculo 118, y le requerir para que designe un domicilio en Espaa en el que se harn las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citacin realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitir la celebracin del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artculo 786.

Tanto antes como despus de prestar declaracin se le permitir entrevistarse reservadamente con su Abogado, sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del artculo 527.

2. Cuando del resultado de las diligencias se produzca algn cambio relevante en el objeto de la investigacin y de los hechos imputados, el Juez informar con prontitud de ello al imputado.

Esta informacin podr ser facilitada mediante una exposicin sucinta que resulte suficiente para permitir el ejercicio del derecho a la defensa, comunicada por escrito al Abogado defensor del imputado.


[Bloque 4: #atercero]

Artculo tercero. Modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se modifica el apartado 5 del artculo 231 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado como sigue:

5. La habilitacin como intrprete en las actuaciones orales o en lengua de signos se realizar de conformidad con lo dispuesto en la ley procesal aplicable.


[Bloque 5: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Medios.

Las medidas incluidas en esta norma no podrn suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.


[Bloque 6: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Formacin.

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscala General del Estado y las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus respectivas competencias, asegurarn una formacin de los jueces, fiscales y personal al servicio de la Administracin de Justicia que participen en procesos penales que preste atencin a las particularidades de la comunicacin con ayuda de intrprete.


[Bloque 7: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en esta Ley.


[Bloque 8: #dfprimera]

Disposicin final primera. Registro Oficial de traductores e intrpretes judiciales.

El Gobierno presentar, en el plazo mximo de un ao desde la publicacin de esta Ley, un Proyecto de ley de creacin de un Registro Oficial de Traductores e Intrpretes judiciales para la inscripcin de todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitacin y cualificacin, con el fin de elaborar las listas de traductores e intrpretes a que se refiere el artculo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La inscripcin en este Registro Oficial ser requisito necesario para la actuacin de estos profesionales por designacin del Juez o del Secretario judicial ante la Administracin de Justicia y en las diligencias policiales en las que sea necesaria su presencia, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan.

A efectos de proceder a la inscripcin en este Registro Oficial, el Ministerio de Justicia podr solicitar el cumplimiento de otros requisitos diferentes a la formacin o titulacin que se establezca reglamentariamente en funcin del idioma de que se trate. Estos requisitos debern ser proporcionados y no discriminatorios y podrn basarse en la experiencia del profesional, en el conocimiento adicional de cuestiones procedimentales o jurdicas, y en el cumplimiento de deberes deontolgicos previstos en la ley.

La norma reguladora de este Registro Oficial determinar sus condiciones y trminos de funcionamiento.


[Bloque 9: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Preceptos con naturaleza de ley ordinaria.

Tienen naturaleza de ley ordinaria los artculos 124, 125, 127, 302, 416.3 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, as como la disposicin final primera de la presente Ley Orgnica.


[Bloque 10: #dftercera]

Disposicin final tercera. Ttulo competencial.

La presente Ley Orgnica se dicta al amparo del artculo 149.1.1. y 6. de la Constitucin, que reconocen al Estado competencia exclusiva para la regulacin de las condiciones bsicas que garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos, y en materia de legislacin procesal, respectivamente.


[Bloque 11: #dfcuaa]

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

1. El artculo primero entrar en vigor al mes de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

2. Los restantes preceptos de la presente Ley Orgnica entrarn en vigor a los seis meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 12: #firma-2]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 27 de abril de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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