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Legislación consolidada

Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y Len.

Publicado en: BOCL núm. 49, de 12/03/2015, BOE núm. 74, de 27/03/2015.
Entrada en vigor: 01/04/2015
Departamento: Comunidad de Castilla y Len
Referencia: BOE-A-2015-3280
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2015/03/04/2
 

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 27/04/2018


[Bloque 1: #pr]

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y Len han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artculo 25.5 del Estatuto de Autonoma, promulgo y ordeno la publicacin de la siguiente Ley

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La Constitucin Espaola en su artculo 51 ordena a los poderes pblicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y sus legtimos intereses econmicos. Asimismo, prescribe que los poderes pblicos promovern la informacin y la educacin de los consumidores y usuarios, y fomentarn sus organizaciones, que sern odas en las cuestiones que les puedan afectar.

Igualmente, el artculo 53 del texto constitucional dispone que los principios contenidos en su Captulo III, en el que se ubica el artculo 51, informarn la legislacin positiva, la prctica judicial y la actuacin de los poderes pblicos.

Por su parte, la Ley Orgnica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonoma de Castilla y Len, en su artculo 16.16 establece, como principio rector de la poltica pblica de Castilla y Len, la proteccin de los consumidores y usuarios, incluyendo el derecho a la proteccin de la salud y la seguridad, as como la proteccin de sus legtimos intereses econmicos y sociales. Por otro lado, en su artculo 71.1.5 atribuye a la Comunidad de Castilla y Len, en el marco de la legislacin bsica del Estado, la competencia de desarrollo normativo y ejecucin en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

La consagracin, pues, de la proteccin de los consumidores y usuarios como uno de los principios rectores de la poltica social y econmica que informarn la legislacin positiva, la prctica judicial y la actuacin de los poderes pblicos, fue tenida en cuenta por el legislador para dictar la primera norma autonmica especfica en esta materia, la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y Len.

Teniendo en cuenta la evolucin social y tcnica acaecida desde la aprobacin de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, as como las nuevas necesidades surgidas en las relaciones entre consumidores y empresarios, se plantea la necesidad de mejorar la proteccin que regula estas relaciones, lo que hace conveniente la aprobacin de esta nueva Ley, la cual deber incorporar la legislacin del Estado espaol y las Instituciones Comunitarias Europeas, en esta materia, en especial, la promulgacin del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

El Tratado de la Unin Europea establece como objetivo de la actuacin comunitaria el fortalecimiento y elevacin del nivel de proteccin de los consumidores y usuarios. En cumplimiento de este objetivo, con fecha 22 de noviembre de 2011, se public en el Diario Oficial de la Unin Europea la Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores.

Adems de la anterior, en la redaccin de esta norma se han tenido en cuenta, entre otras, la derogada Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prcticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, la cual tiene por objetivo fijar una legislacin comn en todo el mbito de la Unin Europea que defina y clarifique qu se entiende por prctica comercial desleal, transpuesta al derecho espaol a travs de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, que modifica el rgimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la proteccin para los consumidores y usuarios, y la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, incorporada parcialmente al derecho espaol a travs de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La tcnica legislativa ofrece dos posibilidades para la modificacin de una norma con rango de ley, modificacin parcial o derogacin total. Se ha considerado ms acertada esta ltima por la envergadura de las modificaciones que es necesario llevar a cabo en la anterior norma, promulgando en consecuencia una nueva ley, sin perjuicio de que puedan reproducirse alguno de los contenidos de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre.

II

Esta nueva Ley adquiere, por lo tanto, el carcter de un verdadero estatuto del consumidor, enumerando y desarrollando los derechos que como tal le asisten y desplegando un amplio elenco de mecanismos de proteccin de dichos derechos.

Se ha omitido la regulacin de garantas, ventas a distancia y fuera del establecimiento por tratarse de materias en las que el Estado tiene competencias legislativas exclusivas, establecidas por el artculo 149.1.6. y 8. de la Constitucin Espaola.

La Ley consta de cuatro ttulos y cincuenta y un artculos, junto con una disposicin adicional, dos disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y tres disposiciones finales.

El Ttulo I contiene el objeto y mbito de aplicacin de la Ley, los conceptos de consumidor y usuario y de empresario, y los supuestos especiales.

A los efectos de la norma tendrn la consideracin de consumidores y usuarios y de empresarios las personas fsicas y jurdicas que tengan reconocida tal condicin en la legislacin bsica del Estado, reproducindose en esta Ley lo que en ella se dispone a tal efecto.

Los supuestos especiales hacen referencia a aquellas personas que se encuentren en situacin de inferioridad, subordinacin, indefensin o desproteccin, con especial atencin a los menores de edad, ancianos y personas con discapacidad, o a los derechos de los consumidores que guardan relacin directa con productos o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

El Ttulo II est dedicado a los derechos de los consumidores y usuarios, comprendiendo cinco captulos, dedicados a los derechos bsicos y principios generales, derecho a la proteccin de la salud y seguridad, derecho a la proteccin de los intereses econmicos y sociales y a la calidad de los bienes y servicios, derecho a la informacin en materia de consumo y derecho a la educacin y formacin en materia de consumo, respectivamente.

En este ttulo se introduce tambin la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios.

Dentro del Captulo II, relativo a la proteccin de la salud y la seguridad, se introduce un deber general de seguridad de los bienes y servicios puestos en el mercado, as como un deber de informacin por parte de los empresarios y profesionales de los riesgos que provengan de una utilizacin previsible de los bienes.

Se concretan en este captulo las obligaciones generales que afectan a los empresarios, as como aquellas ms especficas en materia de documentacin, orientadas a garantizar la seguridad de los consumidores y usuarios. Igualmente se determinan las actuaciones a llevar a cabo por parte de la Administracin en orden a la proteccin de la salud y seguridad.

El Captulo III, dedicado al derecho a la proteccin de los intereses econmicos y sociales y a la calidad de los bienes, recoge entre otros el derecho a un adecuado servicio tcnico y suministro de piezas de repuesto, a un presupuesto previo, a la entrega de un resguardo de depsito.

El derecho a la informacin en materia de consumo se regula en el Captulo IV, recogiendo los principios generales as como las actuaciones administrativas necesarias para asegurar el cumplimiento de este derecho.

El Captulo V recoge el derecho a la educacin y formacin en materia de consumo, establece entre sus principios generales el derecho del consumidor a recibir una educacin y formacin adecuada, de forma que le permita conocer sus derechos y la forma de ejercerlos. Por otro lado se desarrollan actividades tales como fomentar en los empresarios los conocimientos en consumo, potenciar la formacin del personal de las organizaciones de consumidores y de las Administraciones Pblicas con competencias en la materia o divulgar el conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios.

Dentro de las actuaciones de proteccin, recogidas tambin en este captulo, se establecen medidas destacadas para el ejercicio eficaz del derecho de educacin y formacin, entre las cuales destacan, la organizacin y coordinacin de programas y campaas formativas y como novedad, la promocin entre las empresas regionales del fomento del etiquetado braille a favor de los consumidores afectados por deficiencias visuales.

El Ttulo III Mecanismos de proteccin de los derechos de los consumidores y usuarios establece unos principios generales de manera que se desarrollen por parte de la Administracin las actuaciones jurdicas, administrativas y tcnicas precisas para que la proteccin de los consumidores sea efectiva en su respectivo territorio.

Dentro de este ttulo se indica quines ejercern el derecho de representacin, consulta y participacin de los consumidores y usuarios en los asuntos que puedan afectarles, mencionndose las asociaciones de consumidores y usuarios y el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Len.

Tambin en este ttulo se fijan, dentro del derecho a la proteccin jurdica y administrativa, unos principios generales, abordando las funciones de las oficinas pblicas de informacin y proteccin al consumidor, la mediacin y el arbitraje, las hojas de reclamaciones, la inspeccin de consumo y las medidas cautelares.

En cuanto a los mecanismos extrajudiciales de solucin de conflictos, el arbitraje de consumo responde a la demanda de sistemas ms rpidos y menos costosos de resolucin de conflictos que, en muchos casos, no se formalizan por esos inconvenientes inherentes a la actuacin judicial ya que, en numerosas ocasiones, el objeto del conflicto es de escasa cuanta.

En otro orden de cosas, la inspeccin de consumo, como agentes de la autoridad, disponen de una serie de prerrogativas que, de conformidad con la legislacin vigente, les facilita su misin de velar por el cumplimiento de las normas en aras a la defensa de los intereses del colectivo de consumidores y usuarios.

El requerimiento de subsanacin de deficiencias se configura como un mecanismo previsto para el caso de que se detectaran en el transcurso de la inspeccin meras irregularidades administrativas subsanables, siempre que las mismas no constituyan perjuicio directo alguno para los consumidores y usuarios.

Se trata de algo novedoso mediante el cual el inspector puede requerir inicialmente en el acta al sujeto inspeccionado para que, en el plazo que conceda al efecto, proceda a la subsanacin de tales defectos. Transcurrido dicho plazo, y de comprobarse el incumplimiento de lo requerido, se continuar la oportuna tramitacin administrativa.

Por otra parte, se precisan las condiciones de los laboratorios para la realizacin de pruebas periciales analticas de ensayos y de control de calidad sobre los productos de uso y consumo.

El nuevo Estatuto potencia la actuacin administrativa en materia de inspeccin, control y vigilancia, extendindola incluso a la adopcin de medidas cautelares en situacin de extraordinaria y urgente necesidad.

Menciona el sistema de intercambio rpido de informacin, como procedimiento para poner en conocimiento del resto de las Administraciones una situacin de riesgo que rebasase el inters regional. Asimismo regula la retirada de mercancas, como medida a adoptar en los casos previstos por la norma y la obligacin de las empresas responsables de bienes que entraen un riesgo para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios de reparacin o sustitucin de dichos productos.

El Ttulo IV se centra en la potestad sancionadora de la Administracin de Castilla y Len en materia de consumo.

En el campo del procedimiento sancionador se apuesta por un sistema de clasificacin de las infracciones mediante la enumeracin de las infracciones administrativas en materia de consumo, en funcin de su calificacin, con el objeto de garantizar una mayor seguridad jurdica. Se incorporan, por otro lado, el concepto de infraccin continuada e infraccin permanente.

Del mismo modo se ampla y actualiza el elenco de infracciones tipificadas en la norma.

Por otro lado, se modifican los plazos de prescripcin de las infracciones y sanciones teniendo en cuenta su gravedad.

Se determinan asimismo los sujetos responsables y los criterios precisos para calificar la gravedad de las infracciones, as como para su atenuacin. Igualmente se regula el correlativo alcance de las sanciones que las infracciones han de llevar aparejadas, incluyendo como criterios para la graduacin de las sanciones circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas.

Se cierra el ttulo con el procedimiento sancionador, determinando su rgimen jurdico teniendo en cuenta la norma reguladora del procedimiento sancionador de la Comunidad de Castilla y Len.

La disposicin transitoria primera de la norma prev que la norma no resulte de aplicacin a los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor, excepto en aquello que favorezca al presunto infractor. La disposicin transitoria segunda recoge la normativa a aplicar al Consejo Castellano-Leons de Consumidores y Usuarios.

Tambin contiene dos disposiciones derogatorias, la derogacin de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y Len, as como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la Ley y la derogacin del Decreto 20/2004, de 22 de enero, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Comisin de Cooperacin de Consumo.


[Bloque 2: #ti]

TTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. Objeto y mbito de aplicacin.

La presente Ley tiene por objeto la proteccin, defensa y promocin de los derechos de los consumidores y usuarios en el mbito de la Comunidad de Castilla y Len, en cumplimiento del mandato establecido en la Constitucin Espaola y en el Estatuto de Autonoma de Castilla y Len.


[Bloque 4: #a2]

Artculo 2. Concepto de consumidor y usuario.

A efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en los libros tercero y cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, son consumidores o usuarios las personas fsicas que acten con un propsito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesin.

Son tambin consumidores a efectos de esta Ley las personas jurdicas y las entidades sin personalidad jurdica que acten sin nimo de lucro en un mbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.


[Bloque 5: #a3]

Artculo 3. Concepto de empresario.

A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considera empresario a toda persona fsica o jurdica, ya sea privada o pblica, que acte directamente o a travs de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propsito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesin.


[Bloque 6: #a4]

Artculo 4. Supuestos especiales.

1. Las Administraciones Pblicas dedicarn una atencin especial a la proteccin de los derechos de los consumidores y usuarios que se hallen en situaciones de inferioridad, subordinacin e indefensin, atendiendo de forma prioritaria a los menores de edad, ancianos y personas con discapacidad.

2. Los poderes pblicos protegern prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relacin directa con bienes o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.


[Bloque 7: #ti-2]

TTULO II

Derechos de los consumidores y usuarios


[Bloque 8: #ci]

CAPTULO I

Derechos bsicos y principios generales


[Bloque 9: #a5]

Artculo 5. Derechos bsicos de los consumidores y usuarios.

Son derechos bsicos de los consumidores y usuarios:

a) La proteccin contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.

b) La proteccin de sus legtimos intereses econmicos y sociales, en particular frente a las prcticas comerciales desleales y la inclusin de clusulas abusivas en los contratos.

c) La indemnizacin de los daos y la reparacin de los perjuicios sufridos.

d) La informacin correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educacin y divulgacin para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

e) La audiencia en consulta, la participacin en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representacin de sus intereses a travs de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

f) La proteccin de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinacin e indefensin.


[Bloque 10: #ar]

Artculo. 6. Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios.

La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley.


[Bloque 11: #ci-2]

CAPTULO II

Derecho a la proteccin de la salud y la seguridad


[Bloque 12: #a7]

Artculo 7. Deber general de seguridad.

1. Los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros.

2. Se consideran seguros los bienes o servicios que, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles, incluida su duracin, no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas, o nicamente los riesgos mnimos compatibles con el uso del bien o servicio y considerados admisibles dentro de un elevado nivel de proteccin de la salud y seguridad de las personas.

3. Los empresarios y profesionales pondrn en conocimiento previo del consumidor y usuario, por medios apropiados, los riesgos susceptibles de provenir de una utilizacin previsible de los bienes o servicios, habida cuenta de su naturaleza, caractersticas, duracin y de las personas a las que van destinados, conforme a lo previsto en la ley estatal y las normas reglamentarias que resulten de aplicacin.

4. Los productos qumicos, y todos los artculos que en su composicin lleven sustancias clasificadas como peligrosas, debern ir envasados con las debidas garantas de seguridad y llevar de forma visible las oportunas indicaciones que adviertan el riesgo de su manipulacin, todo ello de conformidad con las exigencias establecidas en la normativa que resulte de aplicacin.


[Bloque 13: #a8]

Artculo 8. Obligaciones especficas para la proteccin de la salud y seguridad.

Cualquier empresario que intervenga en la puesta a disposicin de bienes y servicios a los consumidores y usuarios estar obligado, dentro de los lmites de su actividad respectiva, a respetar las siguientes reglas:

a) La prohibicin de tener o almacenar productos reglamentariamente no permitidos o prohibidos en los locales o instalaciones de produccin, transformacin, almacenamiento o transporte de alimentos o bebidas.

b) El mantenimiento del necesario control de forma que pueda comprobarse con rapidez y eficacia el origen, distribucin, destino y utilizacin de los bienes potencialmente inseguros, los que contengan sustancias clasificadas como peligrosas o los sujetos a obligaciones de trazabilidad.

c) La prohibicin de venta a domicilio de bebidas y alimentos, sin perjuicio del reparto, distribucin o suministro de los adquiridos o encargados por los consumidores y usuarios en establecimientos comerciales autorizados para venta al pblico y del rgimen de autorizacin de ventas directas a domicilio que vengan siendo tradicionalmente practicadas en determinadas zonas del territorio nacional.

d) El cumplimiento de la normativa que establezcan las entidades locales o, en su caso, las comunidades autnomas sobre los casos, modalidades y condiciones en que podr efectuarse la venta ambulante de bebidas y alimentos.

e) La prohibicin de suministro de bienes que carezcan de las marcas de seguridad obligatoria o de los datos mnimos que permitan identificar al responsable del bien.

f) La obligacin de retirar, suspender o recuperar de los consumidores y usuarios, mediante procedimientos eficaces, cualquier bien o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas.

g) La prohibicin de importar productos que no cumplan lo establecido en esta norma, la normativa estatal y disposiciones que las desarrollen.

h) Las exigencias de control de los productos manufacturados susceptibles de afectar a la seguridad fsica de las personas, prestando a este respecto la debida atencin a los servicios de reparacin y mantenimiento.

i) La prohibicin de utilizar ingredientes, materiales y dems elementos susceptibles de generar riesgos para la salud y seguridad de las personas. En particular, la prohibicin de utilizar tales materiales o elementos en la construccin de viviendas y locales de uso pblico.


[Bloque 14: #a9]

Artculo 9. Obligaciones en materia de documentacin.

1. Los documentos necesarios para que pueda comprobarse fcilmente y de forma veraz el origen y destino de los bienes, as como aquellos relacionados con el lote de fabricacin, debern mantenerse durante el perodo que establezca la normativa especfica, y, en cualquier caso, al menos durante los tres aos posteriores al cese de la produccin en el caso de la empresa productora, o del cese de la distribucin o venta del producto en el caso de la importadora.

2. Los participantes en la cadena comercial que incluyan determinadas marcas en el etiquetado de los productos que comercialicen, en particular el marcado CE, para acreditar que tales productos cumplen los requisitos mnimos de seguridad que le son de aplicacin, debern conservar la documentacin que justifique dicha acreditacin durante el periodo que establezca la normativa especfica y, en cualquier caso, un mnimo de tres aos despus de haber agotado la existencia de los productos.

3. Cuando la autoridad competente en materia de seguridad de los productos solicite la documentacin a que se refieren los apartados anteriores a una empresa de la cadena de produccin o distribucin comercial, esta deber facilitarla, identificando de forma clara e inequvoca el producto o productos a que se refiere el requerimiento.

En caso de que resulte necesario para la realizacin de una adecuada evaluacin de la seguridad de un producto, la autoridad competente podr igualmente requerir a la empresa productora, distribuidora o responsable del producto una traduccin de la documentacin tcnica o de cualquier otro documento que haya sido presentado en un idioma distinto de la lengua oficial de la Comunidad de Castilla y Len.


[Bloque 15: #a1-2]

Artculo 10. Actuaciones administrativas.

1. En orden a la proteccin de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las Administraciones Pblicas de Castilla y Len, en el mbito de sus respectivas competencias, podrn adoptar las medidas que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparicin del riesgo, incluida la intervencin directa sobre las cosas y la compulsin directa sobre las personas. En estos supuestos todos los gastos que se generen sern a cargo de quien con su conducta los hubiera originado, con independencia de las sanciones que en su caso puedan imponerse. La exaccin de tales gastos y sanciones podr llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio.

2. Las Administraciones Pblicas, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los riesgos detectados, podrn informar a los consumidores y usuarios afectados por los medios ms apropiados en cada caso sobre los riesgos o irregularidades existentes, el bien o servicio afectado y, en su caso, las medidas adoptadas, as como de las precauciones procedentes, tanto para protegerse del riesgo, como para conseguir su colaboracin en la eliminacin de sus causas.

3. Los responsables de la coordinacin de los sistemas estatales de intercambio de informacin integrados en los sistemas europeos de alertas, trasladarn las comunicaciones que reciban a las autoridades aduaneras cuando, conforme a la informacin facilitada en las comunicaciones, los productos o servicios alertados procedan de terceros pases.

4. La Administracin de la Comunidad de Castilla y Len colaborar con las dems Administraciones Pblicas competentes en el sistema de intercambio rpido de informacin para la deteccin de riesgos graves e inminentes de los productos de consumo, conforme a lo dispuesto en la legislacin bsica del Estado.

Ante la existencia en el mercado de bienes o servicios peligrosos para la salud o seguridad de los consumidores, los poderes pblicos arbitrarn las medidas adecuadas para su deteccin. Cuando dicho riesgo sobrepase el mbito de la Comunidad de Castilla y Len la autoridad competente lo pondr en conocimiento de la Administracin General del Estado y del resto de las Administraciones mediante las vas y procedimientos establecidos.

5. Para ello, la Comunidad de Castilla y Len ejercer la adecuada vigilancia y control de mercado y desarrollarn, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Efectuar controles para garantizar la seguridad y calidad de los bienes y servicios.

b) Realizar toma de muestras para someterlas a tcnicas de ensayo y anlisis.

c) Adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para garantizar la comercializacin de bienes y servicios seguros.

d) Exigir la informacin pertinente de los productores, distribuidores y comerciantes implicados.

e) Facilitar el acceso a la informacin, especialmente la relacionada con la salud y la seguridad, siendo garantizada, con carcter general, a todas las personas con discapacidad, mediante la regulacin reglamentaria sobre bienes y servicios.

f) Fomentar la inclusin del sistema braille en el etiquetado de los bienes, especialmente respecto a los bienes que afecten a la salud y seguridad.


[Bloque 16: #ci-3]

CAPTULO III

Derecho a la proteccin de los intereses econmicos y sociales y a la calidad de los bienes y servicios


[Bloque 17: #a1-3]

Artculo 11. Principios generales.

1. Los legtimos intereses econmicos y sociales de los consumidores y usuarios de Castilla y Len debern ser respetados en los trminos previstos en la legislacin estatal, aplicndose adems lo establecido en las normas civiles, mercantiles y las dems normas comunitarias y estatales que resulten de aplicacin.

2. Las prcticas comerciales de los empresarios dirigidas a los consumidores y usuarios estarn sujetas a lo dispuesto en las normas que resulten de aplicacin.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a que los bienes y servicios dispongan de las especificaciones de calidad que determinen las normas aplicables o que resulten adecuadas a las legtimas expectativas de uso o de consumo.

3. El fabricante, el importador o, en su caso, el responsable de la primera puesta en el mercado de los bienes de naturaleza duradera garantizar, de acuerdo con la legislacin vigente, la existencia de un adecuado servicio tcnico y el suministro de piezas de repuesto, incluidas las consumibles.

En los productos de naturaleza duradera el consumidor y usuario tendr derecho a un adecuado servicio tcnico y a la existencia de repuestos durante el plazo mnimo de cinco aos a partir de la fecha en que el producto deje de fabricarse.

La accin o derecho de recuperacin de los productos entregados por el consumidor y usuario al empresario para su reparacin prescribir a los tres aos a partir del momento de la entrega.

4. El contenido de la oferta, promocin o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones econmicas y garantas ofrecidas sern exigibles por los consumidores y usuarios aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y debern tenerse en cuenta en la determinacin de la conformidad del bien con el contrato.

Las prcticas comerciales de los empresarios y profesionales dirigidas a los consumidores y usuarios contendrn la informacin necesaria exigida en la legislacin vigente.

5. En la comercializacin de bienes y prestacin de servicios, el consumidor, antes de contratar y cuando el precio final slo pueda ser fijado mediante la elaboracin de un presupuesto previo, tendr derecho a ste por escrito o en cualquier soporte de naturaleza duradera, debidamente desglosado, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, salvo renuncia expresa y fehaciente de ste.

El presupuesto previo ser gratuito, salvo que el consumidor o usuario decida no celebrar el contrato, en cuyo caso, slo deber abonar el precio de elaboracin del presupuesto, sobre el que habr sido expresamente informado, debiendo el vendedor o prestador del servicio demostrar dicho extremo.

6. Cuando los consumidores entreguen un bien o producto con el fin de realizar en ellos cualquier tipo de intervencin, el prestador del servicio deber entregar un resguardo de depsito en el que figuren los datos que reglamentariamente se establezcan, incluyendo el plazo de garanta que en ningn caso podr ser inferior a tres meses.

La entrega de dicho resguardo ser igualmente obligatoria en los supuestos en que exista un presupuesto previo o contrato.

7. Las oficinas y servicios de informacin y atencin al cliente que las empresas pongan a disposicin del consumidor y usuario estn obligadas a que ste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones en las condiciones previstas en la legislacin estatal. Estos servicios deben estar identificados en relacin a las otras actividades de la empresa en los trminos previstos en la legislacin estatal.


[Bloque 18: #a1-4]

Artculo 12. Actuaciones de proteccin.

1. Las Administraciones Pblicas de Castilla y Len, en el mbito de sus respectivas competencias, adoptarn las medidas necesarias destinadas a conseguir los siguientes objetivos:

a) El cumplimiento de las normas de calidad de los bienes ofertados a los consumidores y usuarios.

b) La adecuada prestacin de los servicios ofertados.

c) La exactitud en el peso, nmero y medida de los bienes que se suministren o expendan.

d) La transparente informacin y la correcta aplicacin de los precios de los bienes y servicios ofertados, as como la exposicin pblica y visible, inequvoca, exacta y completa de los mismos, de manera que no sea precisa aclaracin del vendedor para conocer el precio de los bienes y servicios expuestos en estanteras, vitrinas, salas de venta expositoras y escaparates, con inclusin del precio por unidad de medida cuando sea preceptivo.

e) Que se entregue al consumidor y usuario el correspondiente contrato, factura, billete, presupuesto, resguardo de depsito, justificante de la operacin o transaccin realizada, as como las hojas de reclamaciones cuando aqul las solicite.

f) La prohibicin de suspender el suministro de servicios bsicos de prestacin continuada, sin que al menos conste el intento de notificacin fehaciente al consumidor, concedindole plazo suficiente para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento de la suspensin de la prestacin del servicio y sin las previas autorizaciones administrativas y judiciales que en su caso puedan proceder, todo ello de conformidad con lo establecido en la normativa especfica que resulte de aplicacin.

En caso de que el motivo de la suspensin del suministro sea el impago del servicio por parte del consumidor, las Administraciones velarn por el cumplimiento, por parte del prestador del servicio, de las garantas y plazos otorgados al consumidor para su subsanacin en la normativa especfica que resulte de aplicacin.

g) La estricta adecuacin a la normativa vigente del rgimen de reclamacin, garanta, renuncia, desistimiento o devolucin que se ofrezca, prometa o estipule con los consumidores.

h) Que la oferta, promocin y publicidad de los bienes y servicios se lleve a cabo cumpliendo las prescripciones legalmente establecidas y de forma que no pueda engaar o inducir a engao, por accin u omisin, sobre sus caractersticas o condiciones, cualquiera que sea el soporte utilizado y el lugar en que se realice.

i) Garantizar la libertad de acceso de los consumidores y usuarios a los bienes y servicios en condiciones de equilibrio e igualdad, especialmente cuando se trate de bienes o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado; cuando el productor, fabricante, elaborador o comercializador tenga una posicin de dominio en el mercado o cuando se trate de servicios ofertados o prestados a travs de medios telemticos, telefnicos, informticos o electrnicos.

j) Velar para que las clusulas generales y las que no hayan sido negociadas individualmente se hallen redactadas con concrecin, claridad y sencillez, y cumplan los principios de buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que excluye la utilizacin de clusulas abusivas.

k) El debido cumplimiento de la legislacin vigente sobre garantas exigidas a los agentes de la edificacin para asegurar sus responsabilidades. En especial, habr de atenderse al cumplimento de la normativa reguladora del afianzamiento o garanta de las cantidades entregadas a cuenta en la adquisicin de viviendas durante su proceso constructivo, as como a la entrega del Libro del Edificio en los trminos y de conformidad con lo dispuesto en la legislacin sectorial.

l) El estricto cumplimiento de la normativa reguladora sobre comunicaciones comerciales y contratacin electrnica.

m)   El cumplimiento de la normativa reguladora de la contratacin de prstamos y crditos hipotecarios, la prestacin de servicios de intermediacin y la contratacin a distancia de servicios financieros.

n) En general, el cumplimiento de las normas reguladoras de los distintos bienes y servicios.

2. Las Administraciones Pblicas que prestan servicios a los usuarios a travs de empresas pblicas o privadas aprobarn previamente las clusulas y condiciones generales que regirn la contratacin con los consumidores, velando por la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones.


[Bloque 19: #ci-4]

CAPTULO IV

Derecho a la informacin en materia de consumo


[Bloque 20: #a1-5]

Artculo 13. Principios generales.

1. Los consumidores y usuarios, al objeto de realizar una eleccin racional y ajustada a sus necesidades entre los diferentes bienes y servicios que el mercado pone a su disposicin, tienen derecho a recibir una informacin veraz, objetiva, suficiente y comprensible y en especial sobre el precio y medios de pago, condiciones de contratacin, identidad del comerciante y su direccin, as como caractersticas e instrucciones de uso de los bienes y servicios.

2. Las indicaciones obligatorias del etiquetado y presentacin de los bienes o servicios comercializados en Castilla y Len debern figurar en caracteres que permitan su fcil lectura y estarn redactadas al menos en castellano, lengua oficial del Estado espaol.

3. Sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente, todos los bienes y servicios puestos a disposicin de los consumidores y usuarios debern incorporar, acompaar o, en ltimo caso, permitir de forma clara y comprensible informacin veraz, eficaz y suficiente sobre sus caractersticas esenciales, en particular sobre las siguientes:

a) Nombre y direccin completa del responsable.

b) Naturaleza, composicin y finalidad.

c) Calidad, cantidad, categora o denominacin usual o comercial, si la tienen.

d) Fecha de produccin o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad.

e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles.


[Bloque 21: #a1-6]

Artculo 14. Actuaciones administrativas.

Las Administraciones Pblicas de la Comunidad de Castilla y Len, en el mbito de sus respectivas competencias, promovern las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los siguientes fines:

a) Que las actividades de oferta, promocin y publicidad dirigidas a los consumidores y usuarios con el objeto de propiciar, de forma directa o indirecta, la adquisicin de bienes o la contratacin de servicios, respeten los principios de veracidad y no omitan informacin sustancial que el consumidor necesite para tomar una decisin sobre una transaccin que, de otro modo, no hubiera tomado, especialmente en el caso de venta a distancia y contratacin fuera de establecimiento mercantil.

A estos efectos, el rgano administrativo competente podr requerir de oficio al anunciante para que aporte las pruebas relativas a la exactitud de los datos materiales contenidos en la publicidad, pudiendo ser considerados los datos de hecho como inexactos cuando no se aporten los elementos de prueba o stos se estimen insuficientes. La oferta, promocin y publicidad falsa o engaosa de los bienes y servicios ser perseguida y sancionada como fraude.

b) Que las oficinas y servicios de informacin y atencin al cliente puestas a disposicin de los consumidores y usuarios por las empresas faciliten la constancia escrita de sus quejas y reclamaciones, as como los instrumentos necesarios para ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que ste se celebr, siempre que no sea posible otra que resulte ms beneficiosa al consumidor. Si las empresas utilizan medios telefnicos o electrnicos para llevar a cabo estas funciones, stas sern en todo caso gratuitas y garantizarn una atencin personal directa.

c) La legalidad y transparencia, as como la informacin pblica y visible de los precios de los bienes y servicios ofertados, con expresa indicacin del precio completo, desglosando el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicacin, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiacin u otras condiciones de pago similares, as como las diversas modalidades de pago aceptadas y el derecho del consumidor a elegir libremente el sistema de pago de entre aquellos ofertados por el comerciante o profesional.

d) Que el etiquetado y presentacin de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo sean de tal naturaleza que no induzcan a error al consumidor y usuario y le informen especialmente sobre su origen, identidad del responsable, caractersticas, cualidades, composicin, cantidad, duracin, instrucciones y condiciones de uso, advertencias sobre riesgos previsibles, modo de fabricacin u obtencin y cuando as lo determine la normativa aplicable, la informacin sobre su procedencia geogrfica.

e) Que los consumidores y usuarios, antes de contratar, dispongan de informacin clara, comprensible, veraz y suficiente sobre las caractersticas esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones econmicas, precio total incluidos los impuestos o la base del clculo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio, si se trata de bienes o servicios que por su naturaleza impida fijar el precio con exactitud, fecha prevista de entrega y la existencia de derecho de desistimiento que pudiera corresponder, as como el procedimiento de que dispone el consumidor para poner fin al contrato.

f) Que los consumidores y usuarios, antes de contratar, dispongan de informacin clara, comprensible, veraz y suficiente sobre los procedimientos de entrega y funcionamiento del bien o servicio, as como el sistema de tramitacin de las reclamaciones.

g) El contenido de la oferta, promocin y publicidad sobre bienes o servicios podr ser exigido en los trminos establecidos en el artculo 11, apartado 4, de la presente Ley.

h) Que en las operaciones de crdito, financiacin e intermediacin, los anuncios y ofertas dirigidas a los consumidores se adecen a la normativa especfica y se facilite a stos informacin documental reglamentaria, entregndoles el contrato o proyecto de documento contractual segn lo dispuesto en la legislacin vigente.


[Bloque 22: #a1-7]

Artculo 15. Actuaciones de proteccin.

1. Las Administraciones Pblicas de Castilla y Len, en el mbito de sus respectivas competencias, realizarn y promovern campaas informativas y de divulgacin sobre las normas que regulan las caractersticas de los bienes y servicios y su comercializacin.

Estas campaas tendrn por objeto propiciar el conocimiento de las normas por parte de los consumidores, usuarios y empresarios, con el fin de favorecer la eleccin racional del consumidor en el mercado, adems de la utilizacin segura y satisfactoria de los bienes y servicios, debiendo prestar especial atencin a los colectivos que en determinadas circunstancias se encuentren en situaciones de inferioridad, indefensin o desproteccin.

2. Las Administraciones Pblicas de la Comunidad de Castilla y Len llevarn a cabo las siguientes actuaciones:

a) Promocionar el desarrollo en los medios de comunicacin social de espacios y programas dedicados a la difusin de los derechos de los consumidores y usuarios.

b) Fomentar el desarrollo de campaas informativas de divulgacin o de estudio y anlisis de determinados bienes y servicios, habilitando los medios necesarios para acercar esta informacin a los consumidores y empresarios.

c) Velar para que la informacin proporcionada a los consumidores y usuarios figure en lengua castellana.

d) Impulsar el conocimiento y utilizacin de los medios telemticos de difusin de informacin en materia de consumo.


[Bloque 23: #cv]

CAPTULO V

Derecho a la educacin y formacin en materia de consumo


[Bloque 24: #a1-8]

Artculo 16. Principios generales.

1. Los consumidores y usuarios tienen derecho a recibir educacin y formacin adecuada en materia de consumo que les permita conocer sus derechos y la forma de ejercerlos.

2. Los poderes pblicos, en el mbito de sus respectivas competencias, fomentarn la formacin y educacin de los consumidores y usuarios, asegurarn que estos dispongan de la informacin precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y organizarn, promovern e incentivarn, programas de educacin y formacin. A tal fin desarrollaran las siguientes actividades:

a) Divulgar el conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios, de la forma de ejercitarlos y de sus instrumentos de proteccin, con especial atencin a los nios, ancianos, personas con discapacidad fsica o psquica, inmigrantes y en general aquellos consumidores y usuarios que, de forma individual o colectiva, se encuentren en situacin de inferioridad, subordinacin, indefensin o desproteccin.

b) Potenciar la formacin del personal integrante de las organizaciones de consumidores y de las Administraciones Pblicas con competencias en materia de consumo.

c) Fomentar en los empresarios los conocimientos en consumo en el mbito de su actividad.

d) Capacitar al personal docente en materia de consumo.

e) Favorecer en las organizaciones y movimientos juveniles, de proteccin a la infancia, de personas mayores y de apoyo a personas con discapacidad, las acciones dirigidas a la informacin, formacin y defensa de los consumidores y usuarios.

f) Elaborar y publicar material didctico de apoyo a la labor educativa y formativa en materia de consumo.

3. Las actividades descritas en el apartado anterior se promovern prioritariamente a travs de la utilizacin de las nuevas tecnologas.


[Bloque 25: #a1-9]

Artculo 17. Actuaciones de proteccin.

Para el ejercicio eficaz del derecho de educacin y formacin, se adoptarn las siguientes medidas:

a) Potenciar el desarrollo de herramientas que permitan de forma sencilla llevar hasta el consumidor el conocimiento de sus derechos y la forma de su ejercicio y defensa, con especial atencin a la poblacin de los ncleos rurales, fomentando para ello el uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin.

b) Organizar y coordinar programas y campaas destinadas a la educacin y formacin de los consumidores en colaboracin con las asociaciones de consumidores y usuarios.

c) Impulsar y coordinar programas y campaas encaminadas a fomentar los conocimientos en materia de consumo en el mbito de su actividad en colaboracin con las organizaciones y asociaciones empresariales de la comunidad.

d) Fomentar, en colaboracin con las organizaciones empresariales, la existencia de distintivos que premien la defensa de los consumidores.

e) Se promover entre las empresas regionales el fomento de etiquetado braille a favor de los consumidores afectados por deficiencias visuales.


[Bloque 26: #ti-3]

TTULO III

Mecanismos de proteccin de los derechos de los consumidores y usuarios


[Bloque 27: #a1-10]

Artculo 18. Principios generales.

1. La Consejera competente en materia de consumo desarrollar las actuaciones jurdicas, administrativas y tcnicas que sean precisas para la efectiva proteccin de los consumidores en su territorio. En especial, y sin perjuicio de otras medidas que puedan resultar oportunas, llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a) Garantizar la adecuada representacin de los consumidores y usuarios mediante el fomento de sus asociaciones.

b) Garantizar la participacin y consulta de los consumidores y usuarios en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones que les puedan afectar.

c) Fomentar la existencia y eficacia de mecanismos de reclamacin y de solucin amistosa de las demandas de los conflictos planteados por los consumidores.

d) Adoptar las medidas administrativas oportunas como proteccin frente a cada clase de riesgo.

e) Programar y realizar actuaciones de inspeccin y control de calidad de productos, bienes y servicios.

f) Desarrollar la legislacin a fin de lograr un elevado nivel de proteccin de los consumidores.

g) Potenciar la cooperacin tcnica y jurdica con centros y entidades colaboradoras, como instrumentos para una ms eficaz proteccin de los derechos de los consumidores y usuarios. A travs de los instrumentos de colaboracin y cooperacin que, en su caso, se suscriban, se establecern y concretarn los requisitos, obligaciones y funciones de dichos centros y entidades colaboradoras.

h) Promover la adopcin de cdigos de buenas prcticas empresariales como instrumentos voluntarios de autorregulacin.

2. Estas actuaciones sern desarrolladas conforme a los necesarios principios de coordinacin y cooperacin entre Administraciones Pblicas.


[Bloque 28: #ci-5]

CAPTULO I

Derecho a la representacin, consulta y participacin de los consumidores


[Bloque 29: #a1-11]

Artculo 19. Ejercicio del derecho.

El derecho a la representacin, consulta y participacin de los consumidores y usuarios en los asuntos que les puedan afectar ser ejercido por las asociaciones de consumidores y usuarios y por el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Len.


[Bloque 30: #a2-2]

Artculo 20. Asociaciones de consumidores y usuarios.

1. Los consumidores y usuarios tienen derecho a constituirse en organizaciones para la representacin y defensa de sus derechos e intereses.

2. A efectos de esta Ley, se consideran asociaciones de consumidores y usuarios las asociaciones sin nimo de lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislacin sobre asociaciones y reuniendo los requisitos especficos exigidos en la legislacin estatal y sus normas de desarrollo, y en la legislacin autonmica aplicable, tengan como finalidad la defensa de los derechos o intereses legtimos de los consumidores y usuarios, incluyendo su informacin, formacin y educacin, bien sea con carcter general, bien en relacin con bienes o servicios determinados.

3. Tambin son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas con arreglo a la legislacin de cooperativas que respeten los requisitos bsicos exigidos en la legislacin estatal y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educacin y formacin de sus socios en materia de consumo y estn obligadas a constituir un fondo con tal objeto, segn su legislacin especfica.


[Bloque 31: #a2-3]

Artculo 21. Fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios.

1. La Administracin de la Comunidad de Castilla y Len fomentar la creacin y funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios en general. Adems, deber impulsarse la participacin de la ciudadana en estas asociaciones.

Para ello la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len establecer un marco de cooperacin y colaboracin con las asociaciones de consumidores y usuarios a los efectos de:

a) Promover el dilogo con las asociaciones empresariales a travs del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Len.

b) Desarrollar actuaciones conjuntas de informacin, formacin y educacin de los consumidores y usuarios.

c) Impulsar la formacin y capacitacin tcnica del personal de las asociaciones.

d) Promover la participacin de estas asociaciones en el Sistema Arbitral de Consumo.

e) Tutelar a los colectivos especialmente desfavorecidos a los que se refiere el artculo 4 y apoyar las iniciativas necesarias para luchar contra los riesgos que amenazan la calidad de vida de los consumidores y usuarios.

2. Con independencia de los derechos que la presente Ley reconoce a las asociaciones de consumidores y usuarios, stas podrn ser declaradas de utilidad pblica, as como acogerse a los beneficios establecidos en la legislacin sobre voluntariado.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios de Castilla y Len tendrn derecho a percibir subvenciones y ayudas en los trminos que, en su caso, establezcan los Presupuestos Generales de la Comunidad.


[Bloque 32: #a2-4]

Artculo 22. Registro de asociaciones de consumidores y usuarios.

Para el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley y las disposiciones especficas que la complementen, las asociaciones de consumidores y usuarios debern estar inscritas en el Registro de asociaciones de consumidores y usuarios de Castilla y Len.

Tanto el procedimiento como los requisitos de inscripcin en este Registro se determinarn reglamentariamente. No obstante, no podrn inscribirse aquellas asociaciones que incluyan entre sus miembros a personas jurdicas con finalidad de lucro, aquellas que participen o reciban ayudas de empresas suministradoras de bienes y servicios, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y las que efecten publicidad comercial o meramente informativa de bienes y servicios.


[Bloque 33: #a2-5]

Artculo 23. Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Len.

1. El Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Len es el rgano de consulta y participacin de los consumidores y usuarios para la defensa de los derechos reconocidos en esta Ley. Estar adscrito a la Consejera competente en materia de consumo.

2. Formarn parte del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Len representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios, as como representantes de las organizaciones sindicales y empresariales ms representativas de la Comunidad y representantes de las Administraciones Pblicas de Castilla y Len, garantizando en todo caso una participacin significativa de las asociaciones de consumidores y usuarios.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios debern ser consultadas durante el procedimiento de elaboracin de disposiciones de carcter general de las distintas Administraciones Pblicas de Castilla y Len, cuando afectan directamente a los derechos de los consumidores y usuarios. Tambin sern consultadas en el procedimiento de aprobacin de los modelos de contrato de prestacin de bienes y servicios y sus tarifas, los cuales estarn sujetos legalmente al control de las Administraciones Pblicas de Castilla y Len.

Dicha consulta se efectuar a travs del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Len. No obstante, se entender cumplido el trmite cuando las asociaciones de consumidores y usuarios formen parte de rganos colegiados que hayan sido consultados en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones generales.

4. Reglamentariamente se determinar la composicin y funciones del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y Len.


[Bloque 34: #ci-6]

CAPTULO II

Derecho a la proteccin jurdica y administrativa


[Bloque 35: #a2-6]

Artculo 24. Principios generales.

La Administracin de la Comunidad de Castilla y Len, en el mbito de sus competencias, desarrollar todas aquellas actuaciones administrativas que sean precisas para garantizar la proteccin efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios recogidos en la presente Ley, en sus normas de desarrollo o en la correspondiente legislacin sectorial.

En particular, y sin perjuicio de otras medidas que puedan resultar necesarias, debern realizarse las siguientes actuaciones:

a) Vigilancia, control e inspeccin de los productos, bienes y servicios.

b) Adopcin de las medidas administrativas oportunas para la proteccin frente a cualquier tipo de riesgo para las personas.

c) Instruccin y resolucin de los procedimientos sancionadores cuando se produzca algn tipo de infraccin en materia de consumo.

d) Adopcin de las medidas provisionales que se consideren necesarias para garantizar la seguridad de los productos, bienes y servicios.

e) Coordinacin de actuaciones de los diferentes rganos y administraciones con competencia en materias relacionadas con el consumo.


[Bloque 36: #a2-7]

Artculo 25. Oficinas de informacin y proteccin al consumidor y usuario.

1. La Administracin de la Comunidad de Castilla y Len promover la creacin de oficinas de informacin y proteccin al consumidor, de carcter pblico o gestionadas por las asociaciones de consumidores y usuarios.

2. Sin perjuicio de las disposiciones propias de la Administracin de la que dependan, las oficinas pblicas de informacin y proteccin al consumidor tendrn las siguientes funciones:

a) Informar acerca de sus derechos, con especial incidencia en el mbito de colectivos especialmente desfavorecidos.

b) Servir de cauce de mediacin voluntaria en los conflictos entre consumidores y usuarios y profesionales.

c) Fomentar y divulgar el sistema arbitral de consumo.

d) Recibir, registrar y acusar recibo de las reclamaciones y denuncias presentadas por los consumidores y usuarios as como la tramitacin y resolucin de las mismas, o su remisin a los organismos competentes por razn de la materia objeto de la reclamacin o denuncia.

e) Cualquier otra que reglamentariamente se establezca.

3. En la oficina pblica de informacin y proteccin al consumidor estar prohibida cualquier forma de publicidad de empresas, bienes o servicios.

4. La Administracin de la Comunidad de Castilla y Len, a travs de la consejera competente en materia de consumo, articular los mecanismos necesarios para garantizar la cooperacin y la coordinacin de todas las oficinas pblicas de informacin y proteccin al consumidor.


[Bloque 37: #a2-8]

Artculo 26. Ejercicio de potestades en la legislacin sectorial.

La Administracin de la Comunidad de Castilla y Len podr instar de otras administraciones, colegios profesionales y, en general, de cualquier autoridad, el ejercicio de aquellas potestades que les atribuya la legislacin sectorial para garantizar la proteccin efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios o para imponer las correcciones que procedan.


[Bloque 38: #a2-9]

Artculo 27. Fomento del Sistema Arbitral de Consumo.

1. La Administracin de la Comunidad de Castilla y Len fomentar y desarrollar la mediacin como sistema para la resolucin amistosa de conflictos en materia de consumo.

2. As mismo la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len fomentar, en el marco de la legislacin vigente, el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo como va extrajudicial de resolucin de conflictos en materia de consumo, procurando la adhesin al mismo de empresas y profesionales, especialmente de aquellas que gestionen servicios pblicos.

Las empresas pblicas estn obligadas a someterse a este sistema arbitral con la excepcin de aquellas que tengan un sistema especfico de reclamacin.


[Bloque 39: #a2-10]

Artculo 28. Reclamaciones.

1. Las personas fsicas o jurdicas titulares de empresas, establecimientos o profesionales que comercialicen bienes, productos o presten servicios directamente a los consumidores y usuarios en el territorio de Castilla y Len tendrn a disposicin de stos las hojas de reclamaciones reguladas en la normativa vigente con excepcin de aquellos que tengan sus propios sistemas de reclamacin y/o hojas de reclamaciones. La existencia de dichas hojas deber anunciarse en la forma y trminos previstos en la normativa aplicable.

2. La obligacin de disponer de hojas de reclamaciones se extiende igualmente a los supuestos de comercializacin de bienes o prestacin de servicios fuera de establecimiento permanente del comerciante o profesional en los trminos establecidos en la normativa sectorial vigente.

Igualmente, y sin perjuicio de la obligacin relativa a las hojas de reclamaciones, en las ventas o prestaciones de servicios a distancia se deber informar a los consumidores y usuarios de manera comprensible de los procedimientos de reclamacin, haciendo constar al menos una direccin postal a la que los consumidores y usuarios puedan dirigirse adems de una direccin de correo electrnico cuando ste hubiera sido el medio elegido para la comercializacin del bien o la prestacin del servicio.

3. Ser igualmente vlida la reclamacin formulada por cualquier medio admitido en derecho.

La Administracin de la Comunidad de Castilla y Len llevar a cabo las actuaciones necesarias para que los consumidores y usuarios tengan un acceso fcil a la informacin sobre sus derechos y deberes, facilitndoles la presentacin, tramitacin y, si procede, resolucin de sus quejas, reclamaciones y denuncias a travs de mecanismos telemticos y electrnicos.


[Bloque 40: #ci-7]

CAPTULO III

La inspeccin de consumo


[Bloque 41: #a2-11]

Artculo 29. Los inspectores de consumo.

1. La inspeccin de consumo, en el mbito de sus competencias, constituye uno de los instrumentos al servicio de las Administraciones Pblicas dirigido a velar por el cumplimiento de las normas sobre proteccin de los consumidores sin perjuicio de las actividades inspectoras reguladas en otras leyes.

2. La inspeccin de consumo, actuando de manera coordinada con otras Administraciones competentes en materia de consumo, ejercer de forma constante labores de vigilancia y control sobre productos, bienes y servicios puestos a disposicin de los consumidores y usuarios en cualquiera de las fases de su comercializacin, al objeto de prevenir, detectar, impedir y, en su caso, sancionar el incumplimiento de las exigencias legales que garantizan los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

3. En el ejercicio de su funcin, los inspectores de consumo tendrn la consideracin de agentes de la autoridad a todos los efectos, especialmente en cuanto a la responsabilidad administrativa y penal de quienes no colaboren, ofrezcan resistencia o cometan atentados o desacatos contra aquellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo. As mismo podrn solicitar la colaboracin de otras autoridades, as como la peticin de informes tcnicos a otras administraciones y el apoyo de los Cuerpos de Seguridad en los supuestos de obstruccin, resistencia o negativa.


[Bloque 42: #a3-2]

Artculo 30. Requerimiento de subsanacin de deficiencias.

1. Si durante las actuaciones de investigacin y/o inspeccin, se detectaran meras irregularidades administrativas subsanables que no constituyen perjuicio directo alguno para los consumidores y usuarios, el inspector puede requerir al sujeto inspeccionado para que, en el plazo que conceda al efecto, no superior a diez das, proceda a su subsanacin. Transcurrido dicho plazo y de comprobarse el incumplimiento de lo requerido se continuar la oportuna tramitacin administrativa.

2. Para la validez del requerimiento, deber dejarse constancia escrita de su contenido y de la fecha en que se pone en conocimiento del sujeto afectado. A estos efectos, bastar la entrega de copia del requerimiento.


[Bloque 43: #a3-3]

Artculo 31. Prctica de las pruebas analticas.

1. De conformidad con los procedimientos determinados reglamentariamente, los inspectores de consumo podrn tomar muestras de los bienes inspeccionados con la finalidad de someterlos a ensayos, pruebas o estudios mediante los cuales se determine el grado de cumplimiento de las condiciones exigidas legalmente.

2. Si como consecuencia del anlisis de la muestra tomada, procediera la iniciacin de un procedimiento sancionador y una vez la sancin, en su caso, sea firme, la Administracin podr exigir a los responsables de la infraccin el reembolso de los gastos ocasionados. Si se niegan a reembolsarlos, esta obligacin resultar exigible en va de apremio.

3. La realizacin de anlisis y pruebas de calidad sobre productos y bienes de consumo se llevar a cabo en laboratorios oficiales, laboratorios privados acreditados o en aquellos que fueran designados para ello por la autoridad competente en materia de consumo.

4. El laboratorio que recibiese la primera de las muestras, a la vista de la misma y de la documentacin que la acompae, realizar el anlisis y emitir, lo antes posible, los resultados analticos correspondientes. En el caso de irregularidades, estos resultados irn acompaados de un informe tcnico en el que se pronuncie de forma clara y precisa sobre la muestra analizada.

5. Cuando realizado el anlisis inicial se deduzcan incumplimientos y la empresa no acepte dichos resultados, sin perjuicio de acreditar lo que convenga a su derechos por cualquier medio de prueba vlido, podr solicitar la realizacin de un anlisis contradictorio.

6. La renuncia expresa o tcita a efectuar el anlisis contradictorio o la no aportacin de la muestra que est en poder del interesado supone la aceptacin de los resultados analticos a los que se hubiera llegado en la realizacin del primer anlisis.


[Bloque 44: #ci-8]

CAPTULO IV

Medidas cautelares


[Bloque 45: #a3-4]

Artculo 32. Adopcin de medidas provisionales.

Antes de la iniciacin de cualquier procedimiento administrativo no sancionador, el rgano competente de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la proteccin provisional de los intereses de los consumidores y usuarios, podr adoptar de forma motivada las siguientes medidas:

a) Suspensin o prohibicin de la produccin, fabricacin, elaboracin o comercializacin de bienes o de la prestacin de servicios.

b) Inmovilizacin cautelar o retirada de los bienes objeto de produccin, fabricacin, elaboracin o comercializacin, as como su destruccin de acuerdo a las normas vigentes.

c) Cierre del establecimiento mercantil o industrial donde se desarrolle la actividad econmica o del correspondiente dominio de la sociedad de la informacin.

d) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente que fuera necesaria.


[Bloque 46: #a3-5]

Artculo 33. Procedimiento.

1. Las medidas previstas en el artculo anterior se adoptarn por el rgano competente, desarrollndose conforme a la normativa estatal del procedimiento administrativo comn, garantizando en todo caso la audiencia del interesado.

2. Las medidas provisionales debern ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciacin del procedimiento, que deber efectuarse dentro de los quince das siguientes a su adopcin, el cual podr ser objeto del recurso que proceda.

Estas medidas tambin podrn ser adoptadas por los servicios de inspeccin, siendo aplicable el rgimen anteriormente establecido.


[Bloque 47: #a3-6]

Artculo 34. Duracin de las medidas.

1. Las medidas provisionales se mantendrn exclusivamente el tiempo necesario para que los interesados subsanen las deficiencias o eliminen completamente el riesgo, lo que habr de ser ratificado por la autoridad competente.

2. La Administracin podr aceptar la colaboracin voluntaria de los particulares, cuando sea posible y suficiente para asegurar, con eficacia, los intereses generales perseguidos.


[Bloque 48: #a3-7]

Artculo 35. Carcter de las medidas.

Las medidas incluidas en este captulo no tienen carcter sancionador. No obstante, podr iniciarse el procedimiento sancionador ante la existencia de hechos constitutivos de infraccin.


[Bloque 49: #a3-8]

Artculo 36. Sistema de intercambio rpido de informacin.

Si presumiblemente el riesgo rebasase el inters regional, la autoridad competente lo pondr en conocimiento del resto de las Administraciones, a travs de los sistemas de comunicacin entre los rganos administrativos competentes para garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado, destacando de entre estos sistemas la Red de Alerta, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de seguridad de los productos.


[Bloque 50: #a3-9]

Artculo 37. Informacin.

Sin perjuicio de las medidas de carcter informativo que la Administracin, en su caso, pudiera adoptar, cuando se haya producido la retirada de mercancas, las empresas responsables de las mismas estarn obligadas a informar a los consumidores de las medidas adoptadas en los casos, plazos y forma que las autoridades competentes determinen, en funcin del riesgo, nmero de consumidores afectados, tipo de poblacin al que van destinados los productos y/o el perjuicio econmico ocasionado a los consumidores.


[Bloque 51: #a3-10]

Artculo 38. Actuaciones.

1. Igualmente, las empresas responsables de los productos que entraen un riesgo para la salud o seguridad estarn obligadas a la reparacin o sustitucin de dichos productos en los trminos previstos en la legislacin que resulte aplicable.

2. Los gastos de almacenaje, traslado, rectificacin, subsanacin, certificacin o, en su caso, destruccin de los productos bienes y servicios sujetos a medidas provisionales, sern a cargo del responsable de los mismos, cuando las medidas sean confirmadas. Los gastos de ensayos y pruebas solicitadas por el interesado, a fin de acreditar sus manifestaciones, corrern de su cuenta.

3. Para garantizar la eficacia de las resoluciones adoptadas, el interesado deber justificar documentalmente el cumplimiento de las obligaciones impuestas.


[Bloque 52: #ti-4]

TTULO IV

Potestad sancionadora


[Bloque 53: #a3-11]

Artculo 39. Rgimen.

La Administracin de la Comunidad de Castilla y Len, en el uso de su potestad sancionadora, sancionar las conductas tipificadas como infraccin en materia de defensa de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.


[Bloque 54: #ci-9]

CAPTULO I

Infracciones


[Bloque 55: #a4-2]

Artculo 40. Concepto.

Constituyen infracciones administrativas en materia de defensa de los consumidores y usuarios, las acciones u omisiones contra lo dispuesto en la presente Ley y en el resto de la normativa en materia de consumo que resulte de aplicacin, alcanzando la potestad sancionadora de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len en esta materia a todas las infracciones administrativas que se cometan en el mbito de su territorio, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacin estatal.


[Bloque 56: #a4-3]

Artculo 41. Principios generales.

1. Las infracciones en materia de consumo sern objeto de sancin administrativa previa instruccin del oportuno procedimiento.

2. Cuando a juicio de la Administracin competente, las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, proceder su traslado al Ministerio Fiscal y se suspender el procedimiento administrativo. Las medidas administrativas precautorias o cautelares que se hubieran adoptado para salvaguardar la salud y seguridad de las personas, se mantendrn hasta tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas. La sancin penal excluir la imposicin de sancin administrativa, siempre que exista identidad de hecho sujeto y fundamento. Si no se hubiera estimado la existencia de delito o falta, la Administracin podr continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los hechos que el rgano judicial haya considerado probados.

3. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa bsica estatal.

4. Las infracciones que tengan la calificacin de graves deben de calificarse como leves si, por su escasa entidad y/o transcendencia, queda probado en el expediente sancionador que existe una desproporcin manifiesta entre la sancin a imponer y los efectos de la infraccin cometida.

5. Como principio general, al responsable de dos o ms infracciones se le impondrn todas las sanciones correspondientes. No obstante, en el caso de que un solo hecho sea constitutivo de dos o ms infracciones, o cuando una de ellas sea medio para cometer la otra, la sancin o sanciones se impondrn en proporcin a la gravedad de la conducta. Del mismo modo, tendr la consideracin de una sola infraccin administrativa continuada la realizacin de una pluralidad de acciones u omisiones tipificadas en esta Ley que infrinjan un mismo o semejante precepto, en ejecucin de un plan preconcebido o aprovechando idntica ocasin.

6. Tendr la consideracin de infraccin administrativa permanente la realizacin de una conducta, por accin u omisin, constitutiva de un nico ilcito, el cual se mantiene durante un espacio prolongado de tiempo y cuyos efectos perjudiciales para el consumidor perduran en el tiempo transcurrido desde que aqulla se comete hasta el momento en que es conocida por el rgano administrativo competente.

7. En el caso de la publicidad y de las distintas modalidades de contratacin a distancia y de comercio electrnico, la infraccin se entender cometida en el lugar donde radique el domicilio del consumidor o usuario.


[Bloque 57: #a4-4]

Artculo 42. Clasificacin de las infracciones.

1. A los efectos de esta Ley, salvo aquellas infracciones que deban ser calificadas como graves o muy graves de acuerdo con la normativa estatal, sern infracciones administrativas leves las siguientes:

a) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria.

b) Las acciones y omisiones que produzcan o puedan producir algn riesgo o dao para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalacin de que se trate.

c) El incumplimiento o transgresin de los requisitos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones especficas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pblica.

d) La alteracin, adulteracin o fraude en la calidad o cantidad de toda clase de bienes o servicios susceptibles de consumo por adiccin o sustraccin de cualquier sustancia, elemento, alteracin de su composicin o calidad, incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza, arreglo o reparacin de productos de naturaleza duradera y en general cualquier situacin que induzca a engao o confusin o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bien o servicio.

e) El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposicin injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mnimas, o cualquier tipo de intervencin o actuacin ilcita que suponga un incremento de los precios o mrgenes comerciales de los bienes y servicios, as como el incumplimiento de las normas sobre publicidad de precios, facturacin y la ocultacin al consumidor de parte del precio mediante las formas de pago.

f) El incumplimiento de las disposiciones relativas a registro, normalizacin o tipificacin, envasado, etiquetado, publicidad e informacin de bienes y servicios.

g) El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para los consumidores y usuarios.

h) La obstruccin, resistencia o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de informacin, vigilancia, inspeccin, toma de muestras y la adopcin de medidas cautelares.

i) La introduccin de clusulas abusivas en los contratos o en las ofertas publicitarias.

j) Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestacin de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la obstaculizacin al ejercicio de tal derecho del consumidor a travs del procedimiento pactado, la falta de previsin de ste o la falta de comunicacin al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.

k) La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfaccin est dentro de las disponibilidades del empresario, as como cualquier forma de discriminacin con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.

l) El uso de prcticas comerciales desleales; las engaosas, por accin u omisin, y las agresivas, realizadas antes, durante y despus de una transaccin comercial, siempre que afecten a los consumidores y usuarios y ocasione a stos un grave perjuicio econmico.

m)   Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestacin de los servicios y en especial las previstas en la legislacin reguladora para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

n) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos en la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios y disposiciones complementarias, cuando no supongan falta grave o muy grave.

) La obstruccin o negativa a suministrar las condiciones generales de la contratacin que establece la legislacin estatal respecto a las clusulas no negociadas individualmente.

o) El incumplimiento de las normas sobre autorizaciones, registros y documentacin, establecidos como requisitos para el ejercicio de la actividad o como garanta para la proteccin de los consumidores y usuarios.

p) El incumplimiento de las disposiciones generales reguladoras de la garanta de los productos y servicios.

q) El incumplimiento de las disposiciones que regulan la prestacin de servicios.

r) La negativa a entregar al consumidor o usuario factura o comprobante de la operacin, ejemplar del contrato suscrito por el consumidor o usuario, documento de garanta de los bienes de naturaleza duradera, resguardo de depsito, o cualquier otro tipo de documento exigido reglamentariamente para la proteccin de los consumidores y usuarios.

s) La negativa injustificada a vender un bien expuesto o prestar un servicio pblicamente ofertado, o la violacin del derecho de los consumidores y usuarios a decidir libremente la cantidad de bienes o servicios que desean adquirir en un establecimiento.

t) El incumplimiento de las disposiciones reguladoras del almacenamiento, conservacin y condiciones de venta o suministro de bienes.

u) La falta de remisin al rgano administrativo competente de cuantos datos o documentos deban presentarse. A estos efectos, se entender que hay falta de remisin cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido por el rgano competente al reiterar el requerimiento.

v) La excusa reiterada, negativa o resistencia a la comparecencia en las oficinas pblicas siempre que medie requerimiento, notificado expresamente y por escrito al respecto por las autoridades competentes.

w) La carencia de las hojas de reclamaciones a disposicin del consumidor y usuario y la omisin del anuncio, as como la negativa a su entrega.

x) La utilizacin de prcticas de oferta, promocin y publicidad engaosa que, por accin u omisin pueda inducir a los consumidores o usuarios a error susceptible de afectar a su comportamiento econmico.

2. Se consideran infracciones administrativas graves:

a) Todas aquellas clusulas y prcticas no consentidas expresamente que, en contra de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor y usuario un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que deriven del contrato.

b) El suministro de informacin o documentacin inexacta o falsa y/o engaosa.

c) Cualquier conducta tendente a ocultar, hacer desaparecer o manipular las muestras depositadas reglamentariamente o las mercancas intervenidas.

d) El incumplimiento de normas de calidad del servicio, en especial en relacin a los servicios de informacin y atencin al cliente.

e) El incumplimiento de la obligacin de informar a los consumidores y usuarios, a requerimiento de las autoridades competentes, de los bienes o productos objeto de medidas de retirada del mercado.

f) La comisin de tres faltas leves en el perodo de un ao.

g) El reiterado incumplimiento de las indicaciones de la autoridad administrativa.

h) La prestacin de servicios o el envo de productos no solicitados con pretensin de cobro.

i) El incumplimiento del rgimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles.

j) El incumplimiento de las obligaciones que la regulacin de contratos celebrados a distancia impone en materia de informacin y documentacin que se debe suministrar al consumidor y usuario, de los plazos de ejecucin y de devolucin de cantidades abonadas, el envo, con pretensin de cobro, de productos y servicios no solicitados por el consumidor y usuario y el uso de tcnicas de comunicacin que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposicin del consumidor y usuario, cuando no concurra la circunstancia correspondiente.

k) (Derogado).

3. Son infracciones administrativas muy graves las infracciones calificadas como graves, de conformidad con lo previsto en el presente artculo, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Que generen alarma social o produzcan una situacin de desconfianza grave entre los consumidores y usuarios.

b) Que afecten desfavorablemente y de forma grave a un sector econmico.

c) Que afecte a un amplio nmero de consumidores y usuarios.

d) Que se cometa la infraccin abusando de una posicin de dominio en el mercado.

e) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daos efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, realizadas de forma consciente o deliberada.

f) El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas por la autoridad competente.

g) La reincidencia en la comisin de infracciones graves de la misma naturaleza en el ltimo ao. El plazo comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin.

h) La comisin de dos faltas graves en el periodo de un ao.

i) El incumplimiento del rgimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles, cuando exista reincidencia o el volumen de facturacin realizada a que se refiere la infraccin sea superior a 601.012,10 euros.

j) El incumplimiento de las obligaciones que la regulacin de contratos celebrados a distancia impone en materia de informacin y documentacin que se debe suministrar al consumidor y usuario; de los plazos de ejecucin y de devolucin de cantidades abonadas; el envo, con pretensin de cobro, de productos y servicios no solicitados por el consumidor y usuario y el uso de tcnicas de comunicacin que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposicin del consumidor y usuario, cuando no concurra la circunstancia correspondiente, cuando exista reincidencia o el volumen de facturacin realizada a que se refiere la infraccin sea superior a 601.012,10 euros.

Se deroga la letra k) del apartado 2 por el art. nico.2 de la Ley 1/2018, de 20 de abril. Ref. BOE-A-2018-6375

Se aade la letra k) al apartado 2 por el art. nico.2 de la Ley 1/2016, de 13 de octubre. Ref. BOE-A-2016-10362





[Bloque 58: #ci-10]

CAPTULO II

Responsabilidad


[Bloque 59: #a4-5]

Artculo 43. Sujetos responsables.

1. Sern sujetos responsables de las infracciones, aun a ttulo de simple inobservancia, las personas fsicas o jurdicas que participen o incurran en las mismas tanto por accin como por omisin.

2. En particular, se considerarn responsables, salvo prueba que acredite la responsabilidad de un tercero:

a) De las infracciones cometidas en productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre ntegro, la firma o razn social que figure en el envase o etiqueta, presentacin o publicidad.

Podrn eximirse de esa responsabilidad probando su falsificacin o incorrecta manipulacin por terceras personas, que sern las responsables.

b) De las infracciones cometidas en productos que carezcan de etiquetado, en la etiqueta no conste la identificacin de la empresa, o se vendan a granel, el tenedor de los mismos.

c) De las infracciones cometidas en la prestacin de servicios, la persona fsica o jurdica con la que contrat el consumidor la prestacin del servicio o la que resulte legalmente obligada.

d) De las infracciones cometidas en la publicidad, oferta y contratacin de bienes o servicios realizadas a travs de medios telemticos, el titular de la pgina.

e) De las infracciones relacionadas con la falta de conformidad de los productos, el vendedor de los mismos.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, se considerar que comete infraccin el que intencionadamente o por negligencia distribuya, suministre o venda bienes de consumo que incumplan las normas sobre etiquetado.

4. En el supuesto de infracciones cometidas en productos procedentes de otros pases de la Unin Europea o de Estados que no formen parte de sta, se considerar responsable a la persona fsica o jurdica que en primer lugar introduzca o ponga en circulacin el producto en el mercado espaol.

5. Cuando una infraccin sea imputada a una persona jurdica podrn ser consideradas responsables tambin las personas fsicas que integren sus rganos rectores o de direccin, as como los tcnicos responsables de la elaboracin y control, de acuerdo con la legislacin vigente en materia societaria.

En el supuesto de personas jurdicas, cuando quede constancia de forma fehaciente de la negativa o voto en contra de alguno de sus miembros en relacin con la realizacin de la actuacin tipificada como infraccin, el mismo ser exonerado de responsabilidad.


[Bloque 60: #ci-11]

CAPTULO III

Sanciones


[Bloque 61: #a4-6]

Artculo 44. Cuantas.

1. Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios sern sancionadas de acuerdo con la siguiente graduacin:

a) Las infracciones leves, con multa desde 200 euros hasta 3.005,06 euros.

b) Las infracciones graves, con multas pecuniarias entre 3.005,07 euros y 15.025,30 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multas pecuniarias entre 15.025,31 y 601.012,10 euros.

Sin perjuicio de la multa que proceda, y a los efectos de evitar que la comisin de infracciones resulte ms beneficiosa para la persona que las comete que el cumplimiento de la norma infringida, la sancin econmica que en su caso se imponga podr ser incrementada hasta el quntuplo de la cuanta correspondiente al beneficio obtenido por el ilcito.

Se modifica la letra a) por la disposicin final 23 de la Ley 2/2017, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2017-9778




[Bloque 62: #a4-7]

Artculo 45. Cierre del establecimiento.

De acuerdo con lo establecido en la normativa bsica estatal, en el supuesto de infracciones muy graves, el rgano competente para la resolucin del expediente podr acordar el cierre temporal de la empresa, establecimiento o industria por un periodo de hasta cinco aos.


[Bloque 63: #a4-8]

Artculo 46. Sanciones accesorias.

1. El rgano competente para la resolucin del expediente sancionador podr acordar como sancin accesoria el decomiso de la mercanca adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entraar un riesgo para el consumidor. Los gastos derivados del decomiso y destruccin de la mercanca, as como aquellos otros necesarios para asegurar el destino final de la misma, sern de cuenta del infractor.

2. Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo para la salud, seguridad o intereses econmicos de los consumidores, reincidencia en infracciones anlogas o acreditada intencionalidad, el rgano competente para la resolucin del expediente sancionador podr acordar la publicidad de las sanciones impuestas, que se har efectiva cuando stas hayan adquirido firmeza, mediante la inclusin en el Boletn Oficial correspondiente y en los medios de comunicacin social, de los nombres, apellidos, denominacin o razn social de las personas naturales o jurdicas responsables y la ndole o naturaleza de las infracciones cometidas. Los gastos ocasionados por la publicacin sern de cuenta del infractor.

3. En el caso de infracciones en materia de publicidad, el rgano competente para resolver el expediente sancionador podr exigir al infractor la rectificacin de la publicidad efectuada en las mismas condiciones en que se produjo la infraccin.


[Bloque 64: #a4-9]

Artculo 47. Graduacin de las sanciones.

1. Para determinar la cuanta y extensin de la sancin aplicable dentro de los mnimos y mximos establecidos, deben tenerse en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas.

2. Son circunstancias agravantes las siguientes:

a) Existencia de reincidencia, por comisin, en el trmino de un ao, de ms de una infraccin de la misma naturaleza cuando as haya sido declarado por resolucin firme.

b) Existencia de reiteracin por parte del sujeto responsable si, dentro del ao anterior a la comisin de la nueva infraccin, el infractor ha sido sancionado, mediante resolucin, por la comisin de otra infraccin tipificada por la presente Ley o por otras normas en las que el bien jurdico protegido sean los intereses de los consumidores y usuarios.

c) La existencia de amonestaciones o los requerimientos previos formulados por la Administracin para que se subsanen las irregularidades detectadas.

d) La posicin relevante en el mercado del infractor o infractora.

e) El tipo de consumidor o usuario afectado o que se trate de colectivos especialmente protegidos.

f) Existencia de intencionalidad por parte del sujeto responsable.

3. Son circunstancias atenuantes las siguientes:

a) La reparacin posterior total o parcial de los hechos o los perjuicios que han originado, siempre que se realice antes de dictarse resolucin del procedimiento sancionador.

b) El sometimiento de los hechos al Sistema Arbitral de Consumo.

c) El acuerdo de reparacin con el consumidor y usuario.

4. Son circunstancias mixtas las siguientes:

a) Naturaleza de los riesgos, daos o perjuicios causados.

b) Nmero de consumidores y usuarios afectados.

c) Tipo de producto o servicio afectado por la infraccin en relacin a los supuestos de especial proteccin.

d) Cuanta del beneficio obtenido como consecuencia de la infraccin.

e) Volumen de negocios y/o capacidad econmica del infractor.

5. Si iniciado un procedimiento sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad y acredita haber rectificado las circunstancias constitutivas de la infraccin cometida adems de la compensacin satisfactoria de los perjuicios causados en su caso, todo ello con anterioridad a que se dicte la resolucin del expediente, se podr resolver directamente ste con la imposicin de la sancin correspondiente en una cantidad mnima o, en su caso, imponiendo como sancin una amonestacin.

6. Las sanciones deben imponerse de modo que la comisin de la infraccin no resulte ms beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.


[Bloque 65: #a4-10]

Artculo 48. Restitucin de cantidades percibidas indebidamente.

Independientemente de las sanciones establecidas en esta Ley, el rgano sancionador impondr a la persona o entidad infractora la obligacin de restituir inmediatamente la cantidad percibida indebidamente en los supuestos de aplicacin de precios superiores a los autorizados, comunicados, presupuestados o anunciados al pblico.


[Bloque 66: #a4-11]

Artculo 49. Prescripcin de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones previstas en esta Ley prescribirn las muy graves en el plazo de cinco aos, las graves en el plazo de tres aos y las leves en el plazo de un ao.

El plazo de prescripcin de las infracciones empieza a contar desde el da en que stas se hubieran cometido. En el caso de infraccin continuada empezar a contarse desde el da que se realiz la ltima de las acciones tpicas incluidas en aquella. En el caso de infraccin permanente empezar a contarse desde que se ponga fin a la situacin ilcita creada.

2. Las sanciones previstas en esta Ley prescribirn las muy graves en el plazo de cinco aos, las graves en el plazo de tres aos y las leves en el plazo de un ao.

El plazo de prescripcin de las sanciones empieza a contar desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin por la que se impone la sancin.


[Bloque 67: #ci-12]

CAPTULO IV

Procedimiento sancionador


[Bloque 68: #a5-2]

Artculo 50. Rgimen jurdico.

1. El procedimiento sancionador derivado de infracciones contra lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen se tramitar conforme a lo dispuesto en la norma reguladora del procedimiento sancionador de la Comunidad de Castilla y Len y subsidiariamente se aplicar la normativa estatal de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

2. El plazo mximo para resolver y notificar la resolucin expresa ser de seis meses contados a partir de la fecha del acuerdo de incoacin del procedimiento.

3. Las solicitudes de anlisis contradictorios interrumpirn el plazo de caducidad hasta que sean recibidos sus resultados. Lo mismo ocurrir con los anlisis dirimentes que fuera necesario practicar.


[Bloque 69: #a5-3]

Artculo 51. Competencia sancionadora.

Los rganos y autoridades de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores derivados de infracciones contra lo dispuesto en esta Ley, disposiciones de desarrollo, legislacin estatal y comunitaria aplicable se determinarn en las correspondientes normas de atribucin de competencias.


[Bloque 72: #da-4]

Disposicin adicional nica. Lenguaje de gnero.

Las menciones hechas en la presente Ley a los consumidores y usuarios se entienden, en todo caso, referidas de forma indistinta a los consumidores y usuarios y a las consumidoras y usuarias.

Se modifica su denominacin por el art. nico.1 de la Ley 1/2018, de 20 de abril. Ref. BOE-A-2018-6375

Su anterior denomiacin era disposicin adicional primera.

Texto aadido, publicado el 27/04/2018, en vigor a partir del 28/04/2018.


[Bloque 74: #dt]

Disposicin transitoria primera. Potestad sancionadora.

La presente Ley no ser de aplicacin a los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor, excepto en aquello que favorezca al presunto infractor.


[Bloque 75: #dt-2]

Disposicin transitoria segunda. Consejo Castellano-Leons de Consumidores y Usuarios.

En tanto no se cumpla lo especificado en el artculo 23, el Consejo Castellano-Leons de Consumidores y Usuarios continuar funcionando con la regulacin actual.


[Bloque 76: #dd]

Disposicin derogatoria primera.

Queda derogada la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y Len, as como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente Ley.


[Bloque 77: #dd-2]

Disposicin derogatoria segunda.

Queda derogado el Decreto 20/2004, de 22 de enero, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Comisin de Cooperacin de Consumo.


[Bloque 78: #df]

Disposicin final primera. Normativa supletoria.

Adems de lo previsto en esta Ley, ser de aplicacin el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y otras leyes complementarias, as como toda aquella normativa que la sustituya, complemente o desarrolle.


[Bloque 79: #df-2]

Disposicin final segunda. Habilitacin normativa.

Se habilita a la Junta de Castilla y Len a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicacin de esta Ley.


[Bloque 80: #df-3]

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial de Castilla y Len.


[Bloque 81: #fi]

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicacin esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 4 de marzo de 2015.

El Presidente de la Junta de Castilla y Len,

Juan Vicente Herrera Campo.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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