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Legislación consolidada

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno.

Publicado en: BOE núm. 295, de 10/12/2013.
Entrada en vigor: 10/12/2014
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2013-12887
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19

TEXTO CONSOLIDADO: Modificación publicada el 21/12/2013


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREMBULO

I

La transparencia, el acceso a la informacin pblica y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda accin poltica. Slo cuando la accin de los responsables pblicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cmo se toman las decisiones que les afectan, cmo se manejan los fondos pblicos o bajo qu criterios actan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes pblicos comienzan a responder a una sociedad que es crtica, exigente y que demanda participacin de los poderes pblicos.

Los pases con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones ms fuertes, que favorecen el crecimiento econmico y el desarrollo social. En estos pases, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con ms criterio la capacidad de sus responsables pblicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalizacin de la actividad pblica se contribuye a la necesaria regeneracin democrtica, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento econmico.

La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pblica –que se articula a travs de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades pblicas–, reconoce y garantiza el acceso a la informacin –regulado como un derecho de amplio mbito subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables pblicos as como las consecuencias jurdicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pblica–.

En estas tres vertientes, la Ley supone un importante avance en la materia y establece unos estndares homologables al del resto de democracias consolidadas. En definitiva, constituye un paso fundamental y necesario que se ver acompaado en el futuro con el impulso y adhesin por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este mbito como con la firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia.

II

En el ordenamiento jurdico espaol ya existen normas sectoriales que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. As, por ejemplo, en materia de contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos nuestro pas cuenta con un destacado nivel de transparencia. Sin embargo, esta regulacin resulta insuficiente en la actualidad y no satisface las exigencias sociales y polticas del momento. Por ello, con esta Ley se avanza y se profundiza en la configuracin de obligaciones de publicidad activa que, se entiende, han de vincular a un amplio nmero de sujetos entre los que se encuentran todas las Administraciones Pblicas, los rganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, as como otros rganos constitucionales y estatutarios. Asimismo, la Ley se aplicar a determinadas entidades que, por su especial relevancia pblica, o por su condicin de perceptores de fondos pblicos, vendrn obligados a reforzar la transparencia de su actividad.

La Ley ampla y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos mbitos. En materia de informacin institucional, organizativa y de planificacin exige a los sujetos comprendidos en su mbito de aplicacin la publicacin de informacin relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicacin y su estructura organizativa, adems de sus instrumentos de planificacin y la evaluacin de su grado de cumplimiento. En materia de informacin de relevancia jurdica y que afecte directamente al mbito de las relaciones entre la Administracin y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarn una mayor seguridad jurdica. Igualmente, en el mbito de la informacin de relevancia econmica, presupuestaria y estadstica, se establece un amplio catlogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carcter de instrumento ptimo para el control de la gestin y utilizacin de los recursos pblicos. Por ltimo, se establece la obligacin de publicar toda la informacin que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se cohonesten con los intereses de la ciudadana.

Para canalizar la publicacin de tan ingente cantidad de informacin y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un lado, hablar de transparencia y, por otro, no poner los medios adecuados para facilitar el acceso a la informacin divulgada, la Ley contempla la creacin y desarrollo de un Portal de la Transparencia. Las nuevas tecnologas nos permiten hoy da desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a travs de un nico punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la informacin disponible.

La Ley tambin regula el derecho de acceso a la informacin pblica que, no obstante, ya ha sido desarrollado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento. En efecto, partiendo de la previsin contenida en el artculo105.b) de nuestro texto constitucional, la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, desarrolla en su artculo37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esta regulacin adolece de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulacin prctica.

Igualmente, pero con un alcance sectorial y derivado de sendas Directivas comunitarias, otras normas contemplan el acceso a la informacin pblica. Es el caso de la Ley27/2006, de18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacin, de participacin pblica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y de la Ley37/2007, de16 de noviembre, sobre reutilizacin de la informacin del sector pblico, que regula el uso privado de documentos en poder de Administraciones y organismos del sector pblico. Adems, la Ley11/2007, de22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los Servicios Pblicos, a la vez que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administracin por medios electrnicos, se sita en un camino en el que se avanza con esta Ley: la implantacin de una cultura de transparencia que impone la modernizacin de la Administracin, la reduccin de cargas burocrticas y el empleo de los medios electrnicos para la facilitar la participacin, la transparencia y el acceso a la informacin.

La Ley, por lo tanto, no parte de la nada ni colma un vaco absoluto, sino que ahonda en lo ya conseguido, supliendo sus carencias, subsanando sus deficiencias y creando un marco jurdico acorde con los tiempos y los intereses ciudadanos.

Desde la perspectiva del Derecho comparado, tanto la Unin Europea como la mayora de sus Estados miembros cuentan ya en sus ordenamientos jurdicos con una legislacin especfica que regula la transparencia y el derecho de acceso a la informacin pblica. Espaa no poda permanecer por ms tiempo al margen y, tomando como ejemplo los modelos que nos proporcionan los pases de nuestro entorno, adopta esta nueva regulacin.

En lo que respecta a buen gobierno, la Ley supone un avance de extraordinaria importancia. Principios meramente programticos y sin fuerza jurdica se incorporan a una norma con rango de ley y pasan a informar la interpretacin y aplicacin de un rgimen sancionador al que se encuentran sujetos todos los responsables pblicos entendidos en sentido amplio que, con independencia del Gobierno del que formen parte o de la Administracin en la que presten sus servicios y, precisamente por las funciones que realizan, deben ser un modelo de ejemplaridad en su conducta.

III

El ttulo I de la Ley regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios pblicos o ejercen potestades administrativas mediante un conjunto de previsiones que se recogen en dos captulos diferenciados y desde una doble perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la informacin pblica.

El mbito subjetivo de aplicacin de este ttulo, recogido en su captulo I, es muy amplio e incluye a todas las Administraciones Pblicas, organismos autnomos, agencias estatales, entidades pblicas empresariales y entidades de derecho pblico, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulacin o control sobre un determinado sector o actividad, as como a las entidades de Derecho Pblico con personalidad jurdica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Pblicas, incluidas las Universidades pblicas. En relacin con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, la Ley se aplica tambin a las Corporaciones de Derecho Pblico, a la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, as como al Banco de Espaa, Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Econmico y Social y las instituciones autonmicas anlogas. Tambin se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participacin directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las fundaciones del sector pblico y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a las que se ha hecho referencia. Asimismo, se aplicar a los partidos polticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a todas las entidades privadas que perciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones pblicas. Por ltimo, las personas que presten servicios pblicos o ejerzan potestades administrativas tambin estn obligadas a suministrar a la Administracin a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la informacin necesaria para el cumplimiento por aqulla de las obligaciones de esta Ley. Esta obligacin es igualmente aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector pblico.

El captulo II, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obligaciones para los sujetos incluidos en el mbito de aplicacin del ttulo I, que habrn de difundir determinada informacin sin esperar una solicitud concreta de los administrados. En este punto se incluyen datos sobre informacin institucional, organizativa y de planificacin, de relevancia jurdica y de naturaleza econmica, presupuestaria y estadstica.

Para favorecer de forma decidida el acceso de todos a la informacin que se difunda se crear el Portal de la Transparencia, que incluir, adems de la informacin sobre la que existe una obligacin de publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El Portal ser un punto de encuentro y de difusin, que muestra una nueva forma de entender el derecho de los ciudadanos a acceder a la informacin pblica. Se prev adems en este punto que la Administracin General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autnomas y las entidades que integran la Administracin Local puedan adoptar medidas de colaboracin para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.

El captulo III configura de forma amplia el derecho de acceso a la informacin pblica, del que son titulares todas las personas y que podr ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se ver limitado en aquellos casos en que as sea necesario por la propia naturaleza de la informacin –derivado de lo dispuesto en la Constitucin Espaola– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los lmites previstos se aplicarn atendiendo a un test de dao (del inters que se salvaguarda con el lmite) y de inters pblico en la divulgacin (que en el caso concreto no prevalezca el inters pblico en la divulgacin de la informacin) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Asimismo, dado que el acceso a la informacin puede afectar de forma directa a la proteccin de los datos personales, la Ley aclara la relacin entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios. As, por un lado, en la medida en que la informacin afecte directamente a la organizacin o actividad pblica del rgano prevalecer el acceso, mientras que, por otro, se protegen –como no puede ser de otra manera– los datos que la normativa califica como especialmente protegidos, para cuyo acceso se requerir, con carcter general, el consentimiento de su titular.

Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la informacin pblica la Ley establece un procedimiento gil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creacin de unidades de informacin en la Administracin General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del rgano ante el que deba presentarse la solicitud as como del competente para la tramitacin.

En materia de impugnaciones se crea una reclamacin potestativa y previa a la va judicial de la que conocer el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de naturaleza independiente de nueva creacin, y que sustituye a los recursos administrativos.

El ttulo II otorga rango de Ley a los principios ticos y de actuacin que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administracin del Estado, de las Comunidades Autnomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se clarifica y refuerza el rgimen sancionador que les resulta de aplicacin, en consonancia con la responsabilidad a la que estn sujetos.

Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores pblicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Para cumplir este objetivo, la Ley consagra un rgimen sancionador estructurado en tres mbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestin econmico-presupuestaria y en el mbito disciplinario. Adems, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el mbito econmico-presupuestario resulta destacable que se impondrn sanciones a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crdito suficiente para realizarlos o con infraccin de lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversin de los fondos a los que se refieren la normativa presupuestaria equivalente. De esta manera se introduce un mecanismo de control fundamental que evitar comportamientos irresponsables y que resultan inaceptables en un Estado de Derecho.

La comisin de las infracciones previstas dar lugar a la imposicin de sanciones como la destitucin en los cargos pblicos que ocupe el infractor, la no percepcin de pensiones indemnizatorias, la obligacin de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligacin de indemnizar a la Hacienda Pblica. Debe sealarse que estas sanciones se inspiran en las ya previstas en la Ley5/2006, de10 de abril, de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administracin General del Estado.

Adems, se establece la previsin de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos pblicos durante un periodo de entre5 y10 aos.

El ttulo III de la Ley crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un rgano independiente al que se le otorgan competencias de promocin de la cultura de transparencia en la actividad de la Administracin Pblica, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, as como de garanta del derecho de acceso a la informacin pblica y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Se crea, por lo tanto, un rgano de supervisin y control para garantizar la correcta aplicacin de la Ley.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como un rgano independiente, con plena capacidad jurdica y de obrar y cuenta con una estructura sencilla que, a la vez que garantiza su especializacin y operatividad, evita crear grandes estructuras administrativas. La independencia y autonoma en el ejercicio de sus funciones vendr garantizada, asimismo, por el respaldo parlamentario con el que deber contar el nombramiento de su Presidente.

Para respetar al mximo las competencias autonmicas, expresamente se prev que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno slo tendr competencias en aquellas Comunidades Autnomas con las que haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro caso, en manos del rgano autonmico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo.

Las disposiciones adicionales abordan diversas cuestiones como la aplicacin de regulaciones especiales del derecho de acceso, la revisin y simplificacin normativa –en el entendido de que tambin es un ejercicio de buen gobierno y una manifestacin ms de la transparencia el clarificar la normativa que est vigente y es de aplicacin– y la colaboracin entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Espaola de Proteccin de Datos en la determinacin de criterios para la aplicacin de los preceptos de la ley en lo relativo a la proteccin de datos personales.

Las disposiciones finales, entre otras cuestiones, modifican la regulacin del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos contenida en la Ley30/1992, de26 de noviembre, amplan la publicidad de determinada informacin que figura en el Registro de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administracin General del Estado y la obligacin de publicidad prevista en el apartado4 del artculo136 de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria.

Por ltimo, la Ley prev una entrada en vigor escalonada atendiendo a las especiales circunstancias que conllevar la aplicacin de sus diversas disposiciones.


[Bloque 2: #tpreliminar]

TTULO PRELIMINAR


[Bloque 3: #a1]

Artculo1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pblica, regular y garantizar el derecho de acceso a la informacin relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables pblicos as como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.


[Bloque 4: #ti]

TTULO I

Transparencia de la actividad pblica


[Bloque 5: #ci]

CAPTULO I

mbito subjetivo de aplicacin


[Bloque 6: #a2]

Artculo2. mbito subjetivo de aplicacin.

1. Las disposiciones de este ttulo se aplicarn a:

a) La Administracin General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administracin Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social as como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.

c) Los organismos autnomos, las Agencias Estatales, las entidades pblicas empresariales y las entidades de Derecho Pblico que, con independencia funcional o con una especial autonoma reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulacin o supervisin de carcter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las entidades de Derecho Pblico con personalidad jurdica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Pblicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades pblicas.

e) Las corporaciones de Derecho Pblico, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, as como el Banco de Espaa, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Econmico y Social y las instituciones autonmicas anlogas, en relacin con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participacin, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artculo sea superior al50 por100.

h) Las fundaciones del sector pblico previstas en la legislacin en materia de fundaciones.

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artculo. Se incluyen los rganos de cooperacin previstos en el artculo5 de la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este ttulo. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley sern llevadas a cabo por la Administracin que ostente la Secretara del rgano de cooperacin.

2. A los efectos de lo previsto en este ttulo, se entiende por Administraciones Pblicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.


[Bloque 7: #a3]

Artculo3. Otros sujetos obligados.

Las disposiciones del captulo II de este ttulo sern tambin aplicables a:

a) Los partidos polticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.

b) Las entidades privadas que perciban durante el perodo de un ao ayudas o subvenciones pblicas en una cuanta superior a100.000 euros o cuando al menos el40 % del total de sus ingresos anuales tengan carcter de ayuda o subvencin pblica, siempre que alcancen como mnimo la cantidad de5.000 euros.


[Bloque 8: #a4]

Artculo4. Obligacin de suministrar informacin.

Las personas fsicas y jurdicas distintas de las referidas en los artculos anteriores que presten servicios pblicos o ejerzan potestades administrativas estarn obligadas a suministrar a la Administracin, organismo o entidad de las previstas en el artculo2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la informacin necesaria para el cumplimiento por aqullos de las obligaciones previstas en este ttulo. Esta obligacin se extender a los adjudicatarios de contratos del sector pblico en los trminos previstos en el respectivo contrato.


[Bloque 9: #cii]

CAPTULO II

Publicidad activa


[Bloque 10: #a5]

Artculo5. Principios generales.

1. Los sujetos enumerados en el artculo2.1 publicarn de forma peridica y actualizada la informacin cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuacin pblica.

2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este captulo se entienden sin perjuicio de la aplicacin de la normativa autonmica correspondiente o de otras disposiciones especficas que prevean un rgimen ms amplio en materia de publicidad.

3. Sern de aplicacin, en su caso, los lmites al derecho de acceso a la informacin pblica previstos en el artculo14 y, especialmente, el derivado de la proteccin de datos de carcter personal, regulado en el artculo15. A este respecto, cuando la informacin contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad slo se llevar a cabo previa disociacin de los mismos.

4. La informacin sujeta a las obligaciones de transparencia ser publicada en las correspondientes sedes electrnicas o pginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecern los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilizacin de la informacin publicada as como su identificacin y localizacin.

Cuando se trate de entidades sin nimo de lucro que persigan exclusivamente fines de inters social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podr realizarse utilizando los medios electrnicos puestos a su disposicin por la Administracin Pblica de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones pblicas percibidas.

5. Toda la informacin ser comprensible, de acceso fcil y gratuito y estar a disposicin de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseo para todos.


[Bloque 11: #a6]

Artculo6. Informacin institucional, organizativa y de planificacin.

1. Los sujetos comprendidos en el mbito de aplicacin de este ttulo publicarn informacin relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicacin as como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirn un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes rganos y su perfil y trayectoria profesional.

2. Las Administraciones Pblicas publicarn los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, as como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecucin. Su grado de cumplimiento y resultados debern ser objeto de evaluacin y publicacin peridica junto con los indicadores de medida y valoracin, en la forma en que se determine por cada Administracin competente.

En el mbito de la Administracin General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluacin del cumplimiento de estos planes y programas.


[Bloque 13: #a7]

Artculo7. Informacin de relevancia jurdica.

Las Administraciones Pblicas, en el mbito de sus competencias, publicarn:

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros rganos en la medida en que supongan una interpretacin del Derecho o tengan efectos jurdicos.

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictmenes a los rganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningn dictamen la publicacin se realizar en el momento de su aprobacin.

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictmenes, la publicacin se producir una vez que estos hayan sido solicitados a los rganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trmite de audiencia pblica.

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboracin de los textos normativos, en particular, la memoria del anlisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto1083/2009, de3 de julio.

e) Los documentos que, conforme a la legislacin sectorial vigente, deban ser sometidos a un perodo de informacin pblica durante su tramitacin.


[Bloque 14: #a8]

Artculo8. Informacin econmica, presupuestaria y estadstica.

1. Los sujetos incluidos en el mbito de aplicacin de este ttulo debern hacer pblica, como mnimo, la informacin relativa a los actos de gestin administrativa con repercusin econmica o presupuestaria que se indican a continuacin:

a) Todos los contratos, con indicacin del objeto, duracin, el importe de licitacin y de adjudicacin, el procedimiento utilizado para su celebracin, los instrumentos a travs de los que, en su caso, se ha publicitado, el nmero de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, as como las modificaciones del contrato. Igualmente sern objeto de publicacin las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicacin de la informacin relativa a los contratos menores podr realizarse trimestralmente.

Asimismo, se publicarn datos estadsticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a travs de cada uno de los procedimientos previstos en la legislacin de contratos del sector pblico.

b) La relacin de los convenios suscritos, con mencin de las partes firmantes, su objeto, plazo de duracin, modificaciones realizadas, obligados a la realizacin de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones econmicas convenidas. Igualmente, se publicarn las encomiendas de gestin que se firmen, con indicacin de su objeto, presupuesto, duracin, obligaciones econmicas y las subcontrataciones que se realicen con mencin de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicacin e importe de la misma.

c) Las subvenciones y ayudas pblicas concedidas con indicacin de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

d) Los presupuestos, con descripcin de las principales partidas presupuestarias e informacin actualizada y comprensible sobre su estado de ejecucin y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Pblicas.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditora de cuentas y de fiscalizacin por parte de los rganos de control externo que sobre ellos se emitan.

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y mximos responsables de las entidades incluidas en el mbito de la aplicacin de este ttulo. Igualmente, se harn pblicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasin del abandono del cargo.

g) Las resoluciones de autorizacin o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados pblicos as como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administracin General del Estado o asimilados segn la normativa autonmica o local.

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los trminos previstos en la Ley7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local. Cuando el reglamento no fije los trminos en que han de hacerse pblicas estas declaraciones se aplicar lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el mbito de la Administracin General del Estado. En todo caso, se omitirn los datos relativos a la localizacin concreta de los bienes inmuebles y se garantizar la privacidad y seguridad de sus titulares.

i) La informacin estadstica necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios pblicos que sean de su competencia, en los trminos que defina cada administracin competente.

2. Los sujetos mencionados en el artculo3 debern publicar la informacin a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artculo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administracin Pblica. Asimismo, habrn de publicar la informacin prevista en la letra c) en relacin a las subvenciones que reciban cuando el rgano concedente sea una Administracin Pblica.

3. Las Administraciones Pblicas publicarn la relacin de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algn derecho real.


[Bloque 15: #a9]

Artculo9. Control.

1. El cumplimiento por la Administracin General del Estado de las obligaciones contenidas en este captulo ser objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podr dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este captulo tendr la consideracin de infraccin grave a los efectos de aplicacin a sus responsables del rgimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.


[Bloque 16: #a10]

Artculo10. Portal de la Transparencia.

1. La Administracin General del Estado desarrollar un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitar el acceso de los ciudadanos a toda la informacin a la que se refieren los artculos anteriores relativa a su mbito de actuacin.

2. El Portal de la Transparencia incluir, en los trminos que se establezcan reglamentariamente, la informacin de la Administracin General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

3. La Administracin General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administracin Local podrn adoptar otras medidas complementarias y de colaboracin para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este captulo.


[Bloque 17: #a11]

Artculo11. Principios tcnicos.

El Portal de la Transparencia contendr informacin publicada de acuerdo con las prescripciones tcnicas que se establezcan reglamentariamente que debern adecuarse a los siguientes principios:

a) Accesibilidad: se proporcionar informacin estructurada sobre los documentos y recursos de informacin con vistas a facilitar la identificacin y bsqueda de la informacin.

b) Interoperabilidad: la informacin publicada ser conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto4/2010, de8 enero, as como a las normas tcnicas de interoperabilidad.

c) Reutilizacin: se fomentar que la informacin sea publicada en formatos que permita su reutilizacin, de acuerdo con lo previsto en la Ley37/2007, de16 de noviembre, sobre reutilizacin de la informacin del sector pblico y en su normativa de desarrollo.


[Bloque 18: #ciii]

CAPTULO III

Derecho de acceso a la informacin pblica


[Bloque 19: #s1]

Seccin1. Rgimen general


[Bloque 20: #a12]

Artculo12. Derecho de acceso a la informacin pblica.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la informacin pblica, en los trminos previstos en el artculo105.b) de la Constitucin Espaola, desarrollados por esta Ley.

Asimismo, y en el mbito de sus respectivas competencias, ser de aplicacin la correspondiente normativa autonmica.


[Bloque 21: #a13]

Artculo13. Informacin pblica.

Se entiende por informacin pblica los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el mbito de aplicacin de este ttulo y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.


[Bloque 22: #a14]

Artculo14. Lmites al derecho de acceso.

1. El derecho de acceso podr ser limitado cuando acceder a la informacin suponga un perjuicio para:

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.

c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pblica.

e) La prevencin, investigacin y sancin de los ilcitos penales, administrativos o disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspeccin y control.

h) Los intereses econmicos y comerciales.

i) La poltica econmica y monetaria.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k) La garanta de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisin.

l) La proteccin del medio ambiente.

2. La aplicacin de los lmites ser justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de proteccin y atender a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un inters pblico o privado superior que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la seccin2. se dicten en aplicacin de este artculo sern objeto de publicidad previa disociacin de los datos de carcter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado3 del artculo20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.


[Bloque 23: #a15]

Artculo15. Proteccin de datos personales.

1. Si la informacin solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado2 del artculo7 de la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal, el acceso nicamente se podr autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente pblicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la informacin incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado3 del artculo7 de la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, o datos relativos a la comisin de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestacin pblica al infractor, el acceso slo se podr autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aqul estuviera amparado por una norma con rango de Ley.

2. Con carcter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la proteccin de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el inters pblico en la divulgacin que lo impida, se conceder el acceso a informacin que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organizacin, funcionamiento o actividad pblica del rgano.

3. Cuando la informacin solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el rgano al que se dirija la solicitud conceder el acceso previa ponderacin suficientemente razonada del inters pblico en la divulgacin de la informacin y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la informacin solicitada, en particular su derecho fundamental a la proteccin de datos de carcter personal.

Para la realizacin de la citada ponderacin, dicho rgano tomar particularmente en consideracin los siguientes criterios:

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artculo57 de la Ley16/1985, de25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol.

b) La justificacin por los solicitantes de su peticin en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condicin de investigadores y motiven el acceso en fines histricos, cientficos o estadsticos.

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos nicamente contuviesen datos de carcter meramente identificativo de aqullos.

d) La mayor garanta de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

4. No ser aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efecta previa disociacin de los datos de carcter personal de modo que se impida la identificacin de las personas afectadas.

5. La normativa de proteccin de datos personales ser de aplicacin al tratamiento posterior de los obtenidos a travs del ejercicio del derecho de acceso.




[Bloque 24: #a16]

Artculo16. Acceso parcial.

En los casos en que la aplicacin de alguno de los lmites previstos en el artculo14 no afecte a la totalidad de la informacin, se conceder el acceso parcial previa omisin de la informacin afectada por el lmite salvo que de ello resulte una informacin distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deber indicarse al solicitante que parte de la informacin ha sido omitida.


[Bloque 25: #s2]

Seccin2. Ejercicio del derecho de acceso a la informacin pblica


[Bloque 26: #a17]

Artculo17. Solicitud de acceso a la informacin.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciar con la presentacin de la correspondiente solicitud, que deber dirigirse al titular del rgano administrativo o entidad que posea la informacin. Cuando se trate de informacin en posesin de personas fsicas o jurdicas que presten servicios pblicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigir a la Administracin, organismo o entidad de las previstas en el artculo2.1 a las que se encuentren vinculadas.

2. La solicitud podr presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La informacin que se solicita.

c) Una direccin de contacto, preferentemente electrnica, a efectos de comunicaciones.

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la informacin solicitada.

3. El solicitante no est obligado a motivar su solicitud de acceso a la informacin. Sin embargo, podr exponer los motivos por los que solicita la informacin y que podrn ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolucin. No obstante, la ausencia de motivacin no ser por si sola causa de rechazo de la solicitud.

4. Los solicitantes de informacin podrn dirigirse a las Administraciones Pblicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administracin en cuestin.


[Bloque 27: #a18]

Artculo18. Causas de inadmisin.

1. Se inadmitirn a trmite, mediante resolucin motivada, las solicitudes:

a) Que se refieran a informacin que est en curso de elaboracin o de publicacin general.

b) Referidas a informacin que tenga carcter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resmenes, comunicaciones e informes internos o entre rganos o entidades administrativas.

c) Relativas a informacin para cuya divulgacin sea necesaria una accin previa de reelaboracin.

d) Dirigidas a un rgano en cuyo poder no obre la informacin cuando se desconozca el competente.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carcter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el rgano que acuerde la inadmisin deber indicar en la resolucin el rgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.


[Bloque 28: #a19]

Artculo19. Tramitacin.

1. Si la solicitud se refiere a informacin que no obre en poder del sujeto al que se dirige, ste la remitir al competente, si lo conociera, e informar de esta circunstancia al solicitante.

2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la informacin, se pedir al solicitante que la concrete en un plazo de diez das, con indicacin de que, en caso de no hacerlo, se le tendr por desistido, as como de la suspensin del plazo para dictar resolucin.

3. Si la informacin solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les conceder un plazo de quince das para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deber ser informado de esta circunstancia, as como de la suspensin del plazo para dictar resolucin hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentacin.

4. Cuando la informacin objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitir la solicitud a ste para que decida sobre el acceso.


[Bloque 29: #a20]

Artculo20. Resolucin.

1. La resolucin en la que se conceda o deniegue el acceso deber notificarse al solicitante y a los terceros afectados que as lo hayan solicitado en el plazo mximo de un mes desde la recepcin de la solicitud por el rgano competente para resolver.

Este plazo podr ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la informacin que se solicita as lo hagan necesario y previa notificacin al solicitante.

2. Sern motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a travs de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposicin de un tercero. En este ltimo supuesto, se indicar expresamente al interesado que el acceso slo tendr lugar cuando haya transcurrido el plazo del artculo22.2.

3. Cuando la mera indicacin de la existencia o no de la informacin supusiera la vulneracin de alguno de los lmites al acceso se indicar esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

4. Transcurrido el plazo mximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolucin expresa se entender que la solicitud ha sido desestimada.

5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la informacin pblica son recurribles directamente ante la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposicin de la reclamacin potestativa prevista en el artculo24.

6. El incumplimiento reiterado de la obligacin de resolver en plazo tendr la consideracin de infraccin grave a los efectos de la aplicacin a sus responsables del rgimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.


[Bloque 30: #a21]

Artculo21. Unidades de informacin.

1. Las Administraciones Pblicas incluidas en el mbito de aplicacin de este ttulo establecern sistemas para integrar la gestin de solicitudes de informacin de los ciudadanos en el funcionamiento de su organizacin interna.

2. En el mbito de la Administracin General del Estado, existirn unidades especializadas que tendrn las siguientes funciones:

a) Recabar y difundir la informacin a la que se refiere el captulo II del ttulo I de esta Ley.

b) Recibir y dar tramitacin a las solicitudes de acceso a la informacin.

c) Realizar los trmites internos necesarios para dar acceso a la informacin solicitada.

d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitacin de las solicitudes de acceso a la informacin.

e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la informacin.

f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva pgina web o sede electrnica de la informacin cuyo acceso se solicita con ms frecuencia.

g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de informacin que obre en poder del rgano.

h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicacin de las disposiciones de esta Ley.

3. El resto de las entidades incluidas en el mbito de aplicacin de este ttulo identificarn claramente el rgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.


[Bloque 31: #a22]

Artculo22. Formalizacin del acceso.

1. El acceso a la informacin se realizar preferentemente por va electrnica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya sealado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificacin de la resolucin deber otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez das.

2. Si ha existido oposicin de tercero, el acceso slo tendr lugar cuando, habindose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la informacin.

3. Si la informacin ya ha sido publicada, la resolucin podr limitarse a indicar al solicitante cmo puede acceder a ella.

4. El acceso a la informacin ser gratuito. No obstante, la expedicin de copias o la trasposicin de la informacin a un formato diferente al original podr dar lugar a la exigencia de exacciones en los trminos previstos en la Ley8/1989, de13 de abril, de Tasas y Precios Pblicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonmica o local que resulte aplicable.


[Bloque 32: #s3]

Seccin3. Rgimen de impugnaciones


[Bloque 33: #a23]

Artculo23. Recursos.

1. La reclamacin prevista en el artculo siguiente tendr la consideracin de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artculo107.2 de la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los rganos previstos en el artculo2.1.f) slo cabr la interposicin de recurso contencioso-administrativo.


[Bloque 34: #a24]

Artculo24. Reclamacin ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Frente a toda resolucin expresa o presunta en materia de acceso podr interponerse una reclamacin ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carcter potestativo y previo a su impugnacin en va contencioso-administrativa.

2. La reclamacin se interpondr en el plazo de un mes a contar desde el da siguiente al de la notificacin del acto impugnado o desde el da siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

3. La tramitacin de la reclamacin se ajustar a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Cuando la denegacin del acceso a la informacin se fundamente en la proteccin de derechos o intereses de terceros se otorgar, previamente a la resolucin de la reclamacin, trmite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

4. El plazo mximo para resolver y notificar la resolucin ser de tres meses, transcurrido el cual, la reclamacin se entender desestimada.

5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarn, previa disociacin de los datos de carcter personal que contuvieran, por medios electrnicos y en los trminos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicar al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicacin de este artculo.

6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponder al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autnomas atribuyan dicha competencia a un rgano especfico, de acuerdo con lo establecido en la disposicin adicional cuarta de esta Ley.


[Bloque 35: #tii]

TTULO II

Buen gobierno


[Bloque 36: #a25]

Artculo25. mbito de aplicacin.

1. En el mbito de la Administracin General del Estado las disposiciones de este ttulo se aplicarn a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administracin General del Estado y de las entidades del sector pblico estatal, de Derecho pblico o privado, vinculadas o dependientes de aquella.

A estos efectos, se considerarn altos cargos los que tengan tal consideracin en aplicacin de la normativa en materia de conflictos de intereses.

2. Este ttulo ser de aplicacin a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonmica o local que sea de aplicacin, tengan tal consideracin, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

3. La aplicacin a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este ttulo no afectar, en ningn caso, a la condicin de cargo electo que pudieran ostentar.


[Bloque 37: #a26]

Artculo26. Principios de buen gobierno.

1. Las personas comprendidas en el mbito de aplicacin de este ttulo observarn en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitucin Espaola y en el resto del ordenamiento jurdico y promovern el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades pblicas.

2. Asimismo, adecuarn su actividad a los siguientes:

a) Principios generales:

1. Actuarn con transparencia en la gestin de los asuntos pblicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economa y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el inters general.

2. Ejercern sus funciones con dedicacin al servicio pblico, abstenindose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.

3. Respetarn el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo inters particular.

4. Asegurarn un trato igual y sin discriminaciones de ningn tipo en el ejercicio de sus funciones.

5. Actuarn con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarn la calidad en la prestacin de servicios pblicos.

6. Mantendrn una conducta digna y tratarn a los ciudadanos con esmerada correccin.

7. Asumirn la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

b) Principios de actuacin:

1. Desempearn su actividad con plena dedicacin y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

2. Guardarn la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasin del ejercicio de sus competencias.

3. Pondrn en conocimiento de los rganos competentes cualquier actuacin irregular de la cual tengan conocimiento.

4. Ejercern los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarn toda accin que pueda poner en riesgo el inters pblico o el patrimonio de las Administraciones.

5. No se implicarn en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrn de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

6. No aceptarn para s regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesa, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se proceder a su incorporacin al patrimonio de la Administracin Pblica correspondiente.

7. Desempearn sus funciones con transparencia.

8. Gestionarn, protegern y conservarn adecuadamente los recursos pblicos, que no podrn ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicacin.

9. No se valdrn de su posicin en la Administracin para obtener ventajas personales o materiales.

3. Los principios establecidos en este artculo informarn la interpretacin y aplicacin del rgimen sancionador regulado en este ttulo.


[Bloque 38: #a27]

Artculo27. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses.

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el mbito de este ttulo ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administracin General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicacin.


[Bloque 39: #a28]

Artculo28. Infracciones en materia de gestin econmico-presupuestaria.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:

a) La incursin en alcance en la administracin de los fondos pblicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.

b) La administracin de los recursos y dems derechos de la Hacienda Pblica sin sujecin a las disposiciones que regulan su liquidacin, recaudacin o ingreso en el Tesoro.

c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenacin de pagos sin crdito suficiente para realizarlos o con infraccin de lo dispuesto en la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

d) La omisin del trmite de intervencin previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando sta resulte preceptiva o del procedimiento de resolucin de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervencin, regulado en la normativa presupuestaria.

e) La ausencia de justificacin de la inversin de los fondos a los que se refieren los artculos78 y79 de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.

f) El incumplimiento de la obligacin de destinar ntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reduccin del nivel de deuda pblica de conformidad con lo previsto en el artculo 12.5 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligacin del destino del supervit presupuestario a la reduccin del nivel de endeudamiento neto en los trminos previstos en el artculo 32 y la disposicin adicional sexta de la citada Ley.

g) La realizacin de operaciones de crdito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorizacin o, habindola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los lmites previstos en la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, la Ley Orgnica8/1980, de22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo2/2004, de5 de marzo.

h) La no adopcin en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artculo19 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril.

i) La suscripcin de un Convenio de colaboracin o concesin de una subvencin a una Administracin Pblica que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas previsto en el artculo20.3 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril.

j) La no presentacin o la falta de puesta en marcha en plazo del plan econmico-financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artculo23 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril.

k) El incumplimiento de las obligaciones de publicacin o de suministro de informacin previstas en la normativa presupuestaria y econmico-financiera, siempre que en este ltimo caso se hubiera formulado requerimiento.

l) La falta de justificacin de la desviacin, o cuando as se le haya requerido la falta de inclusin de nuevas medidas en el plan econmico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artculo24.3 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril.

m) La no adopcin de las medidas previstas en los planes econmico-financieros y de reequilibrio, segn corresponda, previstos en los artculos21 y22 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril.

n) La no adopcin en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artculos 20.5.a) y 25 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, as como la no constitucin del depsito previsto en el citado artculo 25 de la misma Ley, cuando as se haya solicitado.

) La no adopcin de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitucin del depsito que se hubiere solicitado o la falta de ejecucin de las medidas propuestas por la Comisin de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artculo26.1 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril.

o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artculo26.1 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril.

p) El incumplimiento de la obligacin de rendir cuentas regulada en el artculo137 de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

Se modifican los apartados f) y n) por la disposicin final 3 de la Ley Orgnica 9/2013, de 20 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13425.




[Bloque 40: #a29]

Artculo29. Infracciones disciplinarias.

1. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitucin y a los respectivos Estatutos de Autonoma de las Comunidades Autnomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.

b) Toda actuacin que suponga discriminacin por razn de origen racial o tnico, religin o convicciones, discapacidad, edad u orientacin sexual, lengua, opinin, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social, as como el acoso por razn de origen racial o tnico, religin o convicciones, discapacidad, edad u orientacin sexual y el acoso moral, sexual y por razn de sexo.

c) La adopcin de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administracin o a los ciudadanos.

d) La publicacin o utilizacin indebida de la documentacin o informacin a que tengan o hayan tenido acceso por razn de su cargo o funcin.

e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados as por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicacin o que provoque su difusin o conocimiento indebido.

f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

g) La violacin de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y mbito.

h) La prevalencia de la condicin de alto cargo para obtener un beneficio indebido para s o para otro.

i) La obstaculizacin al ejercicio de las libertades pblicas y derechos sindicales.

j) La realizacin de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

k) El acoso laboral.

l) La comisin de una infraccin grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del ao anterior contra las que no quepa recurso en la va administrativa.

2. Son infracciones graves:

a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

b) La intervencin en un procedimiento administrativo cuando se d alguna de las causas de abstencin legalmente sealadas.

c) La emisin de informes y la adopcin de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administracin o a los ciudadanos y no constituyan infraccin muy grave.

d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razn del cargo, cuando causen perjuicio a la Administracin o se utilice en provecho propio.

e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situacin de incompatibilidad.

f) La comisin de una infraccin leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del ao anterior contra las que no quepa recurso en la va administrativa.

3. Son infracciones leves:

a) La incorreccin con los superiores, compaeros o subordinados.

b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuacin del artculo26.2.b) cuando ello no constituya infraccin grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.


[Bloque 41: #a30]

Artculo30. Sanciones.

1. Las infracciones leves sern sancionadas con una amonestacin.

2. Por la comisin de una infraccin grave se impondrn al infractor algunas de las siguientes sanciones:

a) La declaracin del incumplimiento y su publicacin en el Boletn Oficial del Estado o diario oficial que corresponda.

b) La no percepcin, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnizacin para el caso de cese en el cargo.

3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrn en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.

4. Los sancionados por la comisin de una infraccin muy grave sern destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrn ser nombrados para ocupar ningn puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez aos con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.

5. La comisin de infracciones muy graves, graves o leves se sancionar de acuerdo con los criterios recogidos en el artculo131.3 de la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y los siguientes:

a) La naturaleza y entidad de la infraccin.

b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.

c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infraccin.

d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pblica respectiva.

e) La circunstancia de haber procedido a la subsanacin de la infraccin por propia iniciativa.

f) La reparacin de los daos o perjuicios causados.

En la graduacin de las sanciones se valorar la existencia de perjuicios para el inters pblico, la repercusin de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepcin indebida de cantidades por el desempeo de actividades pblicas incompatibles.

6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administracin pondr los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendr de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolucin que ponga fin al proceso penal.

7. Cuando los hechos estn tipificados como infraccin en una norma administrativa especial, se dar cuenta de los mismos a la Administracin competente para la instruccin del correspondiente procedimiento sancionador, suspendindose las actuaciones hasta la terminacin de aquel. No se considerar normativa especial la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artculo28, pudindose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultneamente al procedimiento sancionador.

8. En todo caso la comisin de las infracciones previstas en el artculo28 conllevar las siguientes consecuencias:

a) La obligacin de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.

b) La obligacin de indemnizar a la Hacienda Pblica en los trminos del artculo176 de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria.


[Bloque 42: #a31]

Artculo31. rgano competente y procedimiento.

1. El procedimiento sancionador se iniciar de oficio, por acuerdo del rgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, peticin razonada de otros rganos o denuncia de los ciudadanos.

La responsabilidad ser exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoacin del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.

2. El rgano competente para ordenar la incoacin ser:

a) Cuando el alto cargo tenga la condicin de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas.

b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administracin General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas.

c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administracin autonmica o local, la orden de incoacin del procedimiento se dar por los rganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicacin del rgimen disciplinario propio de las Comunidades Autnomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento.

3. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, la instruccin de los correspondientes procedimientos corresponder a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instruccin corresponder al rgano competente en aplicacin del rgimen disciplinario propio de la Comunidad Autnoma o Entidad Local correspondiente.

4. La competencia para la imposicin de sanciones corresponder:

a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condicin de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.

b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administracin General del Estado.

c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autnomas o Entidades Locales, los rganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicacin del rgimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.

5. Las resoluciones que se dicten en aplicacin del procedimiento sancionador regulado en este ttulo sern recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.


[Bloque 43: #a32]

Artculo32. Prescripcin.

1. El plazo de prescripcin de las infracciones previstas en este ttulo ser de cinco aos para las infracciones muy graves, tres aos para las graves y un ao para las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisin de infracciones muy graves prescribirn a los cinco aos, las impuestas por infracciones graves a los tres aos y las que sean consecuencia de la comisin de infracciones leves prescribirn en el plazo de un ao.

3. Para el cmputo de los plazos de prescripcin regulados en los dos apartados anteriores, as como para las causas de su interrupcin, se estar a lo dispuesto en el artculo132 de la Ley30/1992, de30 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.


[Bloque 44: #tiii]

TTULO III

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno


[Bloque 45: #a33]

Artculo33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo pblico de los previstos en la disposicin adicional dcima de la Ley6/1997, de14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado. Estar adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurdica propia y plena capacidad de obrar. Acta con autonoma y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.


[Bloque 46: #a34]

Artculo34. Fines.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pblica, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la informacin pblica y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.


[Bloque 47: #a35]

Artculo35. Composicin.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estar compuesto por los siguientes rganos:

a) La Comisin de Transparencia y Buen Gobierno.

b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo ser tambin de su Comisin.


[Bloque 48: #a36]

Artculo36. Comisin de Transparencia y Buen Gobierno.

1. La Comisin de Transparencia y Buen Gobierno ejercer todas las competencias que le asigna esta Ley, as como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.

2. Dicha Comisin estar compuesta por:

a) El Presidente.

b) Un Diputado.

c) Un Senador.

d) Un representante del Tribunal de Cuentas.

e) Un representante del Defensor del Pueblo.

f) Un representante de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

g) Un representante de la Secretara de Estado de Administraciones Pblicas.

h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

3. La condicin de miembro de la Comisin del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigir dedicacin exclusiva ni dar derecho a remuneracin con excepcin de lo previsto en el artculo siguiente.

4. Al menos una vez al ao, la Comisin de Transparencia y Buen Gobierno convocar a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autnomas en ejercicio de sus competencias. A esta reunin podr ser convocado un representante de la Administracin Local propuesto por la Federacin Espaola de Municipios y Provincias.


[Bloque 49: #a37]

Artculo37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ser nombrado por un perodo no renovable de cinco aos mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisin correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a travs de la Comisin competente y por acuerdo adoptado por mayora absoluta, deber refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepcin de la correspondiente comunicacin.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesar en su cargo por la expiracin de su mandato, a peticin propia o por separacin acordada por el Gobierno, previa instruccin del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su funcin, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.

3. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno percibir las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto451/2012, de5 de marzo, por el que se regula el rgimen retributivo de los mximos responsables y directivos en el sector pblico empresarial y otras entidades.


[Bloque 50: #a38]

Artculo38. Funciones.

1. Para la consecucin de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones:

a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.

b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno.

c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carcter estatal que desarrollen esta Ley o que estn relacionados con su objeto.

d) Evaluar el grado de aplicacin de esta Ley. Para ello, elaborar anualmente una memoria en la que se incluir informacin sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que ser presentada ante las Cortes Generales.

e) Promover la elaboracin de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prcticas en materia de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno.

f) Promover actividades de formacin y sensibilizacin para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.

g) Colaborar, en las materias que le son propias, con rganos de naturaleza anloga.

h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercer las siguientes funciones:

a) Adoptar criterios de interpretacin uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.

b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el captulo II del ttulo I de acuerdo con lo previsto en el artculo9 de esta Ley.

c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicacin del artculo24 de esta Ley.

d) Responder las consultas que, con carcter facultativo, le planteen los rganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la informacin.

e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el ttulo II de esta Ley. El rgano competente deber motivar, en su caso, su decisin de no incoar el procedimiento.

f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.

g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.


[Bloque 51: #a39]

Artculo39. Rgimen jurdico.

1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regir, adems de por lo dispuesto en esta Ley, por:

a) Las disposiciones de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, que le sean de aplicacin. Anualmente elaborar un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas para su elevacin al Gobierno y su posterior integracin en los Presupuestos Generales del Estado.

b) El Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico.

c) La Ley33/2003, de3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas, y, en lo no previsto en ella, por el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales.

d) La Ley7/2007, de12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, y las dems normas aplicables al personal funcionario de la Administracin General del Estado, en materia de medios personales.

e) La Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y por la normativa que le sea de aplicacin, en lo no dispuesto por esta Ley, cuando desarrolle sus funciones pblicas.

2. El Consejo de Ministros aprobar mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se establecer su organizacin, estructura, funcionamiento, as como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

3. Con carcter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sern desempeados por funcionarios pblicos de acuerdo con lo establecido en la Ley7/2007, de12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, y las normas de funcin pblica aplicables al personal funcionario de la Administracin General del Estado. El personal laboral podr desempear puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de funcin pblica de la Administracin General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante los procedimientos de provisin previstos en la Administracin General del Estado mantendr la condicin de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislacin aplicable.

4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contar para el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios econmicos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, as como los productos y rentas del mismo.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.


[Bloque 52: #a40]

Artculo40. Relaciones con las Cortes Generales.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevar anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecer ante la Comisin correspondiente para dar cuenta de tal memoria, as como cuantas veces sea requerido para ello.


[Bloque 53: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la informacin pblica.

1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo ser la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condicin de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.

2. Se regirn por su normativa especfica, y por esta Ley con carcter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un rgimen jurdico especfico de acceso a la informacin.

3. En este sentido, esta Ley ser de aplicacin, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la informacin ambiental y a la destinada a la reutilizacin.


[Bloque 54: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Revisin y simplificacin normativa.

1. La Administracin General del Estado acometer una revisin, simplificacin y, en su caso, una consolidacin normativa de su ordenamiento jurdico. Para ello, habr de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboracin de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, segn el rango de las normas que queden afectadas.

2. A tal fin, la Secretara de Estado de Relaciones con las Cortes elaborar un Plan de Calidad y Simplificacin Normativa y se encargar de coordinar el proceso de revisin y simplificacin normativa respecto del resto de Departamentos ministeriales.

3. Las Secretaras Generales Tcnicas de los diferentes Departamentos ministeriales llevarn a cabo el proceso de revisin y simplificacin en sus mbitos competenciales de actuacin, pudiendo coordinar su actividad con los rganos competentes de las Comunidades Autnomas que, en ejercicio de las competencias que le son propias y en aplicacin del principio de cooperacin administrativa, lleven a cabo un proceso de revisin de sus respectivos ordenamientos jurdicos.


[Bloque 55: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Corporaciones de Derecho Pblico.

Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el ttulo I de esta Ley, las corporaciones de Derecho Pblico podrn celebrar convenios de colaboracin con la Administracin Pblica correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representacin en su mbito concreto de actividad.


[Bloque 56: #dacuaa]

Disposicin adicional cuarta. Reclamacin.

1. La resolucin de la reclamacin prevista en el artculo24 corresponder, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autnomas y su sector pblico, y por las Entidades Locales comprendidas en su mbito territorial, al rgano independiente que determinen las Comunidades Autnomas.

No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, contra las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones anlogas al Consejo de Estado, Consejo Econmico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones slo cabr la interposicin de recurso contencioso-administrativo.

2. Las Comunidades Autnomas podrn atribuir la competencia para la resolucin de la reclamacin prevista en el artculo24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, debern celebrar el correspondiente convenio con la Administracin General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragar los gastos derivados de esta asuncin de competencias.

3. Las Ciudades con Estatuto de Autonoma podrn designar sus propios rganos independientes o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, celebrando al efecto un Convenio en los trminos previstos en el apartado anterior.


[Bloque 57: #daquinta]

Disposicin adicional quinta. Colaboracin con la Agencia Espaola de Proteccin de Datos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Espaola de Proteccin de Datos adoptarn conjuntamente los criterios de aplicacin, en su mbito de actuacin, de las reglas contenidas en el artculo15 de esta Ley, en particular en lo que respecta a la ponderacin del inters pblico en el acceso a la informacin y la garanta de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre.


[Bloque 58: #dasexta]

Disposicin adicional sexta. Informacin de la Casa de Su Majestad el Rey.

La Secretara General de la Presidencia del Gobierno ser el rgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la informacin que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, as como para conocer de cualquier otra cuestin que pudiera surgir derivada de la aplicacin por este rgano de las disposiciones de esta Ley.


[Bloque 59: #daseptima]

Disposicin adicional sptima.

El Gobierno aprobar un plan formativo en el mbito de la transparencia dirigido a los funcionarios y personal de la Administracin General del Estado, acompaado, a su vez, de una campaa informativa dirigida a los ciudadanos. El Gobierno incorporar al sector pblico estatal en el Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa.


[Bloque 60: #daoctava]

Disposicin adicional octava.

El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas regularn en sus respectivos reglamentos la aplicacin concreta de las disposiciones de esta Ley.


[Bloque 61: #dfprimera]

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Se modifica la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, en los siguientes trminos:

Uno. El artculo35.h) pasa a tener la siguiente redaccin:

h) Al acceso a la informacin pblica, archivos y registros.

Dos. El artculo37 pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo37. Derecho de acceso a la informacin pblica.

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la informacin pblica, archivos y registros en los trminos y con las condiciones establecidas en la Constitucin, en la Ley de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno y dems leyes que resulten de aplicacin.


[Bloque 62: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley5/2006, de10 de abril, de regulacin de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administracin General del Estado.

Se modifica la Ley5/2006, de10 de abril, de regulacin de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administracin General del Estado en los siguientes trminos:

El apartado4 del artculo14 queda redactado como sigue:

4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y dems altos cargos previstos en el artculo3 de esta ley se publicarn en el “Boletn Oficial del Estado”, en los trminos previstos reglamentariamente. En relacin con los bienes patrimoniales, se publicar una declaracin comprensiva de la situacin patrimonial de estos altos cargos, omitindose aquellos datos referentes a su localizacin y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.


[Bloque 63: #dftercera]

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria.

Se modifica el apartado4 del artculo136 de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, que quedar redactado como sigue:

Las entidades que deban aplicar principios contables pblicos, as como las restantes que no tengan obligacin de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil, publicarn anualmente en el “Boletn Oficial del Estado”, el balance de situacin y la cuenta del resultado econmico-patrimonial, un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales y el informe de auditora de cuentas. A estos efectos, la Intervencin General de la Administracin del Estado determinar el contenido mnimo de la informacin a publicar.


[Bloque 64: #dfcuaa]

Disposicin final cuarta. Modificacin de la disposicin adicional dcima de la Ley6/1997, de14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado.

Se modifica el apartado1 de la disposicin adicional dcima de la Ley6/1997, de14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado, el cual quedar redactado en los siguientes trminos:

1. La Comisin Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Espaola de Proteccin de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofa se regirn por su legislacin especfica y supletoriamente por esta Ley.


[Bloque 65: #dfquinta]

Disposicin final quinta.

El Gobierno adoptar las medidas necesarias para optimizar el uso de los medios tcnicos y humanos que se adscriban al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.


[Bloque 66: #dfsexta]

Disposicin final sexta. Modificacin de la Ley10/2010, de28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo.

Se modifica la Ley10/2010, de28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo, en los siguientes trminos:

Uno. Se aade un apartado5 al artculo2, con la redaccin siguiente:

5. Sern aplicables al administrador nacional del registro de derechos de emisin previsto en la Ley1/2005, de9 de marzo, por la que se regula el rgimen de comercio de derechos de emisin de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, las obligaciones de informacin y de control interno contenidas en los captulos III y IV de la presente Ley.

Dos. Se aade un apartado6 al artculo7, con la redaccin siguiente:

6. Reglamentariamente podr autorizarse la no aplicacin de todas o algunas de las medidas de diligencia debida o de conservacin de documentos en relacin con aquellas operaciones ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por periodos temporales.

Tres. Se da nueva redaccin al artculo9, con el siguiente tenor literal:

Artculo9. Medidas simplificadas de diligencia debida.

Los sujetos obligados podrn aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiacin del terrorismo.

Cuatro. Se da nueva redaccin al artculo10, con el siguiente tenor literal:

Artculo10. Aplicacin de medidas simplificadas de diligencia debida.

La aplicacin de medidas simplificadas de diligencia debida ser graduada en funcin del riesgo, con arreglo a los siguientes criterios:

a) Con carcter previo a la aplicacin de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de un determinado cliente, producto u operacin de los previstos reglamentariamente, los sujetos obligados comprobarn que comporta efectivamente un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiacin del terrorismo.

b) La aplicacin de las medidas simplificadas de diligencia debida ser en todo caso congruente con el riesgo. Los sujetos obligados no aplicarn o cesarn de aplicar medidas simplificadas de diligencia debida tan pronto como aprecien que un cliente, producto u operacin no comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales o de financiacin del terrorismo.

c) Los sujetos obligados mantendrn en todo caso un seguimiento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles de examen especial de conformidad con lo prevenido en el artculo17.

Cinco. Se da nueva redaccin al artculo14, con el siguiente tenor literal:

Artculo14. Personas con responsabilidad pblica.

1. Los sujetos obligados aplicarn las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este artculo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pblica.

Se considerarn personas con responsabilidad pblica las siguientes:

a) Aquellas que desempeen o hayan desempeado funciones pblicas importantes por eleccin, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unin Europea o terceros pases, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusin de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los rganos de administracin, de gestin o de supervisin de empresas de titularidad pblica.

b) Aquellas que desempeen o hayan desempeado funciones pblicas importantes en el Estado espaol, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administracin General del Estado; los parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con inclusin de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de Espaa; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administracin, o funcin equivalente, de una organizacin internacional, con inclusin de la Unin Europea.

c) Asimismo, tendrn la consideracin de personas con responsabilidad pblica aquellas que desempeen o hayan desempeado funciones pblicas importantes en el mbito autonmico espaol, como los Presidentes y los Consejeros y dems miembros de los Consejos de Gobierno, as como los altos cargos y los diputados autonmicos y, en el mbito local espaol, los alcaldes, concejales y dems altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autnoma de las Entidades Locales de ms de50.000 habitantes, o cargos de alta direccin en organizaciones sindicales o empresariales o partidos polticos espaoles.

Ninguna de estas categoras incluir empleados pblicos de niveles intermedios o inferiores.

2. En relacin con los clientes o titulares reales que desempeen o hayan desempeado funciones pblicas importantes por eleccin, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unin Europea o en un pas tercero, los sujetos obligados, adems de las medidas normales de diligencia debida, debern en todo caso:

a) Aplicar procedimientos adecuados de gestin del riesgo a fin de determinar si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad pblica. Dichos procedimientos se incluirn en la poltica expresa de admisin de clientes a que se refiere el artculo26.1.

b) Obtener la autorizacin del inmediato nivel directivo, como mnimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.

c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos.

d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relacin de negocios.

3. Los sujetos obligados, adems de las medidas normales de diligencia debida, debern aplicar medidas razonables para determinar si el cliente o el titular real desempea o ha desempeado alguna de las funciones previstas en los prrafos b) y c) del apartado primero de este artculo.

Se entender por medidas razonables la revisin, de acuerdo a los factores de riesgo presentes en cada caso, de la informacin obtenida en el proceso de diligencia debida.

En el caso de relaciones de negocio de riesgo ms elevado, los sujetos obligados aplicarn las medidas previstas en los prrafos b), c) y d) del apartado precedente.

4. Los sujetos obligados aplicarn las medidas establecidas en los dos apartados anteriores a los familiares y allegados de las personas con responsabilidad pblica.

A los efectos de este artculo tendr la consideracin de familiar el cnyuge o la persona ligada de forma estable por anloga relacin de afectividad, as como los padres e hijos, y los cnyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por anloga relacin de afectividad.

Se considerar allegado toda persona fsica de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurdicos conjuntamente con una persona con responsabilidad pblica, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurdicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.

5. Los sujetos obligados aplicarn medidas razonables para determinar si el beneficiario de una pliza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona con responsabilidad pblica con carcter previo al pago de la prestacin derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoracin conferidos por la pliza.

En el caso de identificar riesgos ms elevados, los sujetos obligados, adems de las medidas normales de diligencia debida, debern:

a) Informar al inmediato nivel directivo, como mnimo, antes de proceder al pago, rescate, anticipo o pignoracin.

b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relacin de negocios con el titular de la pliza.

c) Realizar el examen especial previsto en el artculo17 a efectos de determinar si procede la comunicacin por indicio de conformidad con el artculo18.

6. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, cuando, por concurrir las circunstancias previstas en el artculo17, proceda el examen especial, los sujetos obligados adoptarn las medidas adecuadas para apreciar la eventual participacin en el hecho u operacin de quien ostente o haya ostentado en Espaa la condicin de cargo pblico representativo o alto cargo de las Administraciones Pblicas, o de sus familiares o allegados.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo11, cuando las personas contempladas en los apartados precedentes hayan dejado de desempear sus funciones, los sujetos obligados continuarn aplicando las medidas previstas en este artculo por un periodo de dos aos.

Seis. Se da nueva redaccin al apartado4 del artculo26, con el siguiente tenor literal:

4. Las medidas de control interno se establecern a nivel de grupo, con las especificaciones que se determinen reglamentariamente. A efectos de la definicin de grupo, se estar a lo dispuesto en el artculo42 del Cdigo de Comercio.

Siete. Se da nueva redaccin al artculo42, con el siguiente tenor literal:

Artculo42. Sanciones y contramedidas financieras internacionales.

1. Las sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a la prevencin y supresin del terrorismo y de la financiacin del terrorismo, y a la prevencin, supresin y disrupcin de la proliferacin de armas de destruccin masiva y de su financiacin, sern de obligada aplicacin para cualquier persona fsica o jurdica en los trminos previstos por los reglamentos comunitarios o por acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta del Ministro de Economa y Competitividad.

2. Sin perjuicio del efecto directo de los reglamentos comunitarios, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economa y Competitividad, podr acordar la aplicacin de contramedidas financieras respecto de pases terceros que supongan riesgos ms elevados de blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo o financiacin de la proliferacin de armas de destruccin masiva.

El acuerdo de Consejo de Ministros, que podr adoptarse de forma autnoma o en aplicacin de decisiones o recomendaciones de organizaciones, instituciones o grupos internacionales, podr imponer, entre otras, las siguientes contramedidas financieras:

a) Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, as como las transferencias, de o hacia el pas tercero o de nacionales o residentes del mismo.

b) Someter a autorizacin previa los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, as como las transferencias, de o hacia el pas tercero o de nacionales o residentes del mismo.

c) Acordar la congelacin o bloqueo de los fondos y recursos econmicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas fsicas o jurdicas nacionales o residentes del pas tercero.

d) Prohibir la puesta a disposicin de fondos o recursos econmicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas fsicas o jurdicas nacionales o residentes del pas tercero.

e) Requerir la aplicacin de medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de nacionales o residentes del pas tercero.

f) Establecer la comunicacin sistemtica de las operaciones de nacionales o residentes del pas tercero o que supongan movimientos financieros de o hacia el pas tercero.

g) Prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representacin de las entidades financieras del pas tercero.

h) Prohibir, limitar o condicionar a las entidades financieras el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representacin en el pas tercero.

i) Prohibir, limitar o condicionar las relaciones de negocio o las operaciones financieras con el pas tercero o con nacionales o residentes del mismo.

j) Prohibir a los sujetos obligados la aceptacin de las medidas de diligencia debida practicadas por entidades situadas en el pas tercero.

k) Requerir a las entidades financieras la revisin, modificacin y, en su caso, terminacin, de las relaciones de corresponsala con entidades financieras del pas tercero.

l) Someter las filiales o sucursales de entidades financieras del pas tercero a supervisin reforzada o a examen o auditora externos.

m) Imponer a los grupos financieros requisitos reforzados de informacin o auditora externa respecto de cualquier filial o sucursal localizada o que opere en el pas tercero.

3. Competer al Servicio Ejecutivo de la Comisin la supervisin e inspeccin del cumplimiento de lo dispuesto en este artculo.

Ocho. Se da nueva redaccin al artculo52.1.u), con el siguiente tenor literal:

u) El incumplimiento de la obligacin de aplicar sanciones o contramedidas financieras internacionales, en los trminos del artculo42.


[Bloque 67: #dfseptima]

Disposicin final sptima. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno, en el mbito de sus competencias, podr dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecucin y desarrollo de lo establecido en esta Ley.

El Consejo de Ministros aprobar, en el plazo de tres meses desde la publicacin de esta Ley en el Boletn Oficial del Estado, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgnico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.


[Bloque 68: #dfoctava]

Disposicin final octava. Ttulo competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artculos149.1.1., 149.1.13. y149.1.18. de la Constitucin. Se excepta lo dispuesto en el segundo prrafo del apartado2 del artculo6, el artculo9, los apartados1 y2 del artculo10, el artculo11, el apartado2 del artculo21, el apartado1 del artculo25, el ttulo III y la disposicin adicional segunda.


[Bloque 69: #dfnovena]

Disposicin final novena. Entrada en vigor.

La entrada en vigor de esta ley se producir de acuerdo con las siguientes reglas:

– Las disposiciones previstas en el ttulo II entrarn en vigor al da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

– El ttulo preliminar, el ttulo I y el ttulo III entrarn en vigor al ao de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

– Los rganos de las Comunidades Autnomas y Entidades Locales dispondrn de un plazo mximo de dos aos para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.


[Bloque 70: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 9 de diciembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY


[Bloque 71: #ir]

Informacin relacionada

Vanse los Reales Decretos 415/2016,de 3 de noviembre,Ref. BOE-A-2016-10167, 424/2016, de 11 de noviembre, Ref. BOE-A-2016-10459 y 769/2017, de 28 de julio, Ref. BOE-A-2017-9012, por los que el Portal de la Transparencia pasa a depender del Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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