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Legislación consolidada

Ley Orgnica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

Publicado en: BOE núm. 312, de 28/12/2012.
Entrada en vigor: 17/01/2013
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2012-15647
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/2012/12/27/7/con

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 28/12/2012


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgnica.

PREMBULO

I

El Cdigo Penal, tal y como seala la Exposicin de Motivos de la Ley Orgnica10/1995, de 23 de noviembre, tutela los valores y principios bsicos de la convivencia social, y su contenido debe ser ajustado a los cambios y a las nuevas necesidades de la actual situacin.

El eje de los criterios que inspiran la presente reforma se corresponde con el reforzamiento de la transparencia de la actividad de la administracin y del rgimen de responsabilidad de partidos polticos y sindicatos, a los que se incluye dentro del rgimen general de responsabilidad penal de las personas jurdicas del que, hasta ahora, estaban excluidos; y, de otra, con la mejora de la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y del gasto pblico, que se revela como un elemento imprescindible del conjunto de medidas adoptadas con motivo de la crisis econmica, especialmente severa en el mbito europeo, y ms en concreto en el caso espaol, as como con la necesidad de acompaar las mismas de las reformas necesarias en los sectores o actividades econmicas afectadas; actividades econmicas en las que, por otro lado, existe una mayor percepcin del fraude y que son precisamente donde deben adoptarse las reformas penales concretas.

A tal efecto, en el mbito penal se hace necesaria una profunda revisin de los delitos contra la Hacienda Pblica y contra la Seguridad Social, regulados en el Ttulo XIV del Cdigo Penal. Los objetivos de la reforma en el mbito tributario son: la creacin de un tipo agravado que ofrezca respuesta a los fraudes de especial gravedad y que eleve la pena de prisin hasta una duracin mxima de seis aos, lo que a su vez determina que el plazo de prescripcin de las infracciones ms graves sea de diez aos; posibilitar la persecucin de las tramas organizadas de fraude fiscal mediante la facilitacin de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mnima de defraudacin; incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralizacin del procedimiento administrativo por el proceso penal; introducir mejoras tcnicas en la regulacin de las defraudaciones a la Hacienda y a los Presupuestos de la Unin Europea; evitar la denuncia ante los Juzgados de aquellos obligados tributarios que han regularizado, de forma completa y voluntaria, su situacin tributaria. Tambin se prevn mecanismos para rebajar la pena para aquellos imputados que, una vez iniciado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la investigacin judicial.

La reforma que se lleva a cabo en los delitos contra la Seguridad Social afecta al tipo bsico para reducir la cuanta a partir de la cual la infraccin es constitutiva de delito y facilitar las regularizaciones. Con un esquema semejante al utilizado para la regulacin del delito fiscal, se introduce un tipo agravado que permite la persecucin de tramas societarias tras las cuales se oculta el verdadero empresario para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores. Paralelamente, se introduce un tipo especfico para la penalizacin de las defraudaciones en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social mediante un tratamiento penal diferenciado de la obtencin fraudulenta de ayudas y subvenciones que ofrece una respuesta eficaz frente a los supuestos de fraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social. Tambin en este caso se prev un tipo agravado con el que se hace frente a las nuevas formas de organizacin delictiva dedicadas a estas actividades o propiciatorias de las mismas, empresas ficticias creadas con el nico fin de obtener prestaciones del Sistema.

Tambin se lleva a cabo una modificacin de los delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en el Ttulo XV del Cdigo Penal, para sancionar a quienes incumplen de forma grave la normativa laboral con conductas que adems suponen una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autnomos, que s sean cumplidores de sus obligaciones legales.

Por ltimo, dentro del conjunto de medidas propuestas para dotar de transparencia al sector pblico y fortalecer la confianza en las instituciones pblicas, se establece un nuevo tipo penal para sancionar las conductas de ocultacin, simulacin y falseamiento de las cuentas pblicas.

II

En primer lugar, se modifica la regulacin de la responsabilidad penal de las personas jurdicas con la finalidad de incluir a partidos polticos y sindicatos dentro del rgimen general de responsabilidad, suprimiendo la referencia a los mismos que hasta ahora se contena en la excepcin regulada en el apartado 5 del artculo 31 bis del Cdigo Penal. De este modo se supera la percepcin de impunidad de estos dos actores de la vida poltica que trasladaba la anterior regulacin, y se extiende a ellos, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilcitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.

III

En segundo lugar, se efectan mejoras tcnicas en la tipificacin de los delitos contra la Hacienda Pblica en el artculo 305 del Cdigo Penal, que tienen por objeto facilitar la persecucin de estos delitos y corregir algunas deficiencias advertidas en su aplicacin.

Una primera modificacin ha consistido en configurar la regularizacin de la situacin tributaria como el verdadero reverso del delito de manera que, con la regularizacin, resulte neutralizado no slo el desvalor de la accin, con una declaracin completa y veraz, sino tambin el desvalor del resultado mediante el pago completo de la deuda tributaria y no solamente de la cuota tributaria como ocurre actualmente.

Esta nueva configuracin de la regularizacin hace que sta guarde una relacin de equivalencia prctica con el pago tempestivo del impuesto, tal y como han destacado tanto la Fiscala General del Estado, como el Tribunal Supremo, que de forma muy expresiva se han referido a la regularizacin como el pleno retorno a la legalidad que pone fin a la lesin provisional del bien jurdico protegido producida por la defraudacin consumada con el inicial incumplimiento de las obligaciones tributarias.

En coherencia con esta nueva configuracin legal de la regularizacin tributaria como el reverso del delito que neutraliza completamente el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado, se considera que la regularizacin de la situacin tributaria hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligacin tributaria y as se refleja en la nueva redaccin del tipo delictivo que anuda a ese retorno a la legalidad la desaparicin del reproche penal. Esta modificacin se complementa con la del apartado 4 relativa a la regularizacin suprimiendo las menciones que la conceptuaban como una excusa absolutoria.

Se introduce un nuevo apartado que permite a la Administracin Tributaria continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria pese a la pendencia del proceso penal. Con esta reforma se trata de eliminar situaciones de privilegio y situar al presunto delincuente en la misma posicin que cualquier otro deudor tributario, y al tiempo se incrementa la eficacia de la actuacin de control de la Administracin: la sola pendencia del proceso judicial no paraliza la accin de cobro pero podr paralizarla el Juez siempre que el pago de la deuda se garantice o que el Juez considere que se podran producir daos de imposible o difcil reparacin. Y tambin se atiende una exigencia del ordenamiento comunitario, ya que las autoridades comunitarias vienen reclamando a Espaa una reforma de su sistema legal para que la existencia del proceso penal no paralice la accin de cobro de las deudas tributarias que constituyan recursos propios de la Unin Europea.

Con relacin a la determinacin de la cuota tributaria defraudada, la reforma introduce dos modificaciones relevantes. De una parte, aclara que la cuanta defraudada en el mbito de ingresos de la Hacienda de la Unin Europea se determinar por relacin al ao natural. De otra parte, se introduce una regla especial para poder perseguir las tramas de criminalidad organizada de forma inmediata desde el momento en el que la defraudacin supere la cuanta mnima determinante del delito.

Se prev tambin una atenuacin de la pena cuando los presuntos responsables de los delitos reconocen su comisin y satisfacen ntegramente la deuda tributaria o bien colaboran con las Autoridades para la averiguacin de los hechos y, en su caso, la identificacin o captura de otros responsables, siempre y cuando tal reconocimiento, pago y cooperacin se produzcan en un breve lapso de tiempo.

Tambin dentro de los delitos contra la Hacienda Pblica, se prev un nuevo tipo agravado en el artculo 305 bis para tipificar las conductas de mayor gravedad o de mayor complejidad en su descubrimiento, que se sancionan con una pena mxima de seis aos, lo que, por aplicacin del artculo 131 del Cdigo Penal, llevara aparejado el aumento del plazo de prescripcin a diez aos para dificultar la impunidad de estas conductas graves por el paso del tiempo. Se consideran supuestos agravados aquellos en los que la cuanta de la cuota defraudada supere los seiscientos mil euros, lmite cuantitativo apuntado por la jurisprudencia; aquellos en los que la defraudacin se comete en el seno de una organizacin o de un grupo criminal; o en los que la utilizacin de personas, negocios, instrumentos o territorios dificulte la determinacin de la identidad o patrimonio del verdadero obligado tributario o responsable del delito o la cuanta defraudada. Con la referencia expresa a parasos fiscales y territorios de nula tributacin se dota de mayor certeza y seguridad jurdica al precepto toda vez que se trata de conceptos ya definidos en la disposicin adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevencin del fraude fiscal.

Adems, se modifica la redaccin del artculo 306 del Cdigo Penal para aclarar la diferencia de la conducta tpica con la prevista en el apartado 3 del artculo 305, y para refundir los actuales artculos 306 y 309 en un solo precepto. Los casos en los que la defraudacin no alcance los cincuenta mil euros pero supere los cuatro mil euros son castigados como delitos en el apartado 3 del artculo 305 y en el artculo 306, desapareciendo la tipificacin como falta de los actuales artculos 627 y 628.

Por ltimo, se modifica el artculo 310 bis del Cdigo Penal debido a la necesidad de armonizar la penalidad impuesta a las personas jurdicas responsables de delitos contra la Hacienda Pblica, con la ya prevista para las personas fsicas responsables de los mismos delitos, de suerte que, de un lado, se introduce en la letra b) la pena de multa del doble al cudruple en los supuestos agravados cuya regulacin se propone en el nuevo artculo 305 bis y, de otro lado, se aade un nuevo segundo prrafo en el que se prev la imposicin a las personas jurdicas responsables de estos delitos de las penas que la letra f), del apartado 7 del artculo 33 prev con carcter general y que ya el apartado 1 del artculo 305 impone para las personas fsicas.

IV

En cuanto a los delitos contra la Seguridad Social, se reforma el artculo 307 del Cdigo Penal a los efectos de reducir a cincuenta mil euros la cuanta que establece el tipo delictivo como condicin objetiva de punibilidad. La fijacin del lmite debe hacerse conforme a criterios econmicos, polticos y sociales. La realidad social y econmica actual pone de relieve la necesidad de actuar, con mayor contundencia, frente a las conductas presuntamente delictivas y tramas organizadas que ponen en peligro la sostenibilidad financiera del Sistema de la Seguridad Social. La reduccin de la cuanta del tipo delictivo permite que sean objeto de punibilidad penal hechos que actualmente slo son sancionables administrativamente y que son objeto de un contundente reproche social en momentos de especial dificultad econmica en el mbito empresarial como los actuales.

En la prctica se dan supuestos en los que se interpreta que no existe delito contra la Seguridad Social por el mero hecho de que se hayan presentado los documentos de cotizacin, sin entrar a valorar si son veraces y completos. Tambin es frecuente que en los supuestos de defraudacin en los que intervienen personas interpuestas, precisamente, la presentacin de documentos de cotizacin aparentemente correctos forma parte del engao. Por ello, se ha aadido un ltimo inciso para aclarar que la mera presentacin de los documentos de cotizacin no excluye la defraudacin si sta queda acreditada por otros hechos. El inciso no supone modificacin conceptual alguna, sino que trata de fijar la interpretacin autntica de la norma.

El inciso se ha incluido tambin en el artculo 305 referido al delito contra la Hacienda Pblica para evitar que su ausencia pudiera interpretarse en el sentido de que la mera presentacin de declaraciones o autoliquidaciones excluye en todo caso la defraudacin.

Se introduce, igualmente, un nuevo tipo agravado en supuestos de conductas especialmente graves por la cuanta eludida u otras circunstancias concurrentes de especial entidad, como la utilizacin de sociedades o personas interpuestas para ocultar los verdaderos responsables del pago de las cuotas de Seguridad Social, y que justifican un mayor reproche penal. La agravacin de la pena lleva aparejada la ampliacin del periodo de prescripcin del delito, fundamental en estos casos por su complejidad de difcil y tarda deteccin, y que con la ampliacin de la pena mxima a seis aos de prisin, uno ms al actualmente vigente, ampla el plazo de prescripcin a diez aos.

Tanto para el tipo ordinario como para el agravado se ha considerado procedente recoger de modo expreso la imposicin al responsable de las penas accesorias de prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cuya duracin variar en atencin a la gravedad del tipo.

De forma paralela al delito contra la Hacienda Pblica, se configura la regularizacin de la situacin ante la Seguridad Social como el reverso del delito que neutraliza completamente el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado, de modo que hace desaparecer el carcter delictivo del inicial incumplimiento de la obligacin con la Seguridad Social.

Tambin se modifica el artculo 308 del Cdigo Penal relativo al fraude de ayudas o subvenciones de las Administraciones Pblicas o de la Seguridad Social. Debido al antiguo concepto de subvencin y a determinadas interpretaciones jurisprudenciales, se ha llegado a considerar como subvencin a la prestacin y al subsidio de desempleo. Con ello, se ha entendido que en estos casos slo exista defraudacin cuando la cuanta superaba la cifra de ciento veinte mil euros, quedando despenalizados los dems casos. Por ello, se reforma el artculo 308 del Cdigo Penal para mantener dentro de la regulacin del fraude de subvenciones nicamente las ayudas y subvenciones de las Administraciones Pblicas cuando la cuanta supere la cifra de ciento veinte mil euros. Cuando se trate de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, los comportamientos defraudatorios se tipifican en un nuevo precepto, el artculo 307 ter, que los castiga con una penalidad ajustada a la gravedad del hecho: prisin de seis meses a tres aos en los supuestos ordinarios; multa del tanto al sxtuplo en los casos que no revistan especial gravedad; y prisin de dos a seis aos y multa del tanto al sxtuplo en los supuestos agravados. En todos los casos se prev adems la imposicin al responsable de la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Esta solucin permite dar un mejor tratamiento penal a las conductas fraudulentas contra la Seguridad Social, y evita el riesgo de impunidad de aquellos fraudes graves que hasta ahora no superaban el lmite cuantitativo establecido.

El artculo 307 ter, en el tratamiento especfico que realiza de estas conductas fraudulentas, viene tambin a facilitar la persecucin de las nuevas tramas organizadas de fraude contra la Seguridad Social que, mediante la creacin de empresas ficticias, tienen por nico fin la obtencin de prestaciones del Sistema con la consiguiente agravacin de la pena.

V

La actual configuracin del delito contra los derechos de los trabajadores contenido en el artculo 311 del Cdigo Penal, en atencin a los elementos subjetivos requeridos para la concurrencia del ilcito, dificulta la aplicacin del tipo penal a la hora de exigir responsabilidades a quienes, de forma colectiva, estn incumpliendo las obligaciones que les corresponden en relacin con el aseguramiento obligatorio, o a propsito de las preceptivas autorizaciones para trabajar de aquellos a los que ocupan en su actividad empresarial.

Quien, de forma masiva o colectiva, recurre a la utilizacin de trabajadores sin haber formalizado su incorporacin al Sistema de la Seguridad Social que les corresponda, o sin haber obtenido la preceptiva autorizacin para trabajar en el caso de los extranjeros que lo precisen, debe merecer el correspondiente reproche penal.

Los perjuicios ocasionados por estas conductas son evidentes. Por un lado, la negacin de los derechos que en materia de Seguridad Social puedan corresponder a los trabajadores por el periodo en el que prestan sus servicios de forma irregular. Por otro, los perniciosos efectos que presenta para las relaciones econmicas y empresariales el hecho de que haya quienes producen bienes y servicios a unos costes laborales muy inferiores a los que han de soportar aquellos otros que lo hacen cumpliendo con sus obligaciones legales en la materia, lo que distorsiona la competitividad y desincentiva la iniciativa empresarial.

Si la conducta es grave en todo caso, y por ello ya se condena como tal en el mbito administrativo, la sancin penal se hace depender de un determinado nmero de trabajadores ocupados y afectados, en consonancia con la limitacin del reproche punitivo a los comportamientos ms graves.

La propia gravedad de estas conductas motiva que la sancin se ample hasta la posible imposicin de una pena mxima de seis aos de prisin, lo que de nuevo permite incrementar el plazo de prescripcin hasta los diez aos.

VI

Se modifica el artculo 398 del Cdigo Penal para excluir del tipo a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pblica. No es infrecuente la falsificacin de los certificados de situacin de cotizacin por las empresas deudoras de la Seguridad Social que, como contratistas o subcontratistas, remiten a las empresas principales o contratistas en el marco de la relacin jurdica de las contratas o subcontratas. Existiendo un tipo penal propio de falsedad de certificados, surga la duda de si deban calificarse estas conductas como falsedad en documento oficial cometido por particulares, o como falsedad de certificados cometido por particulares. Se ha estimado conveniente una nueva redaccin del artculo 398 al que se remite el artculo 399 del Cdigo Penal, que restrinja su aplicacin a la falsedad de certificados de menor trascendencia y que excluya expresamente todo certificado relativo a la Seguridad Social y a la Hacienda Pblica, dada la trascendencia en el trfico jurdico de certificados falsos en el mbito tributario y de la Seguridad Social.

VII

Finalmente, se incluye un nuevo artculo 433 bis cuya finalidad es dotar de la mxima transparencia al sector pblico y garantizar la confianza en la veracidad de la informacin que refleja la situacin econmica de las administraciones y entidades pblicas.

Con esta finalidad se sanciona a la autoridad o funcionario pblico que falsee la contabilidad, documentos o informacin que deban reflejar su situacin econmica, cuando ello se lleve a cabo de un modo idneo para causar un perjuicio econmico a la entidad pblica de la que dependa. La norma incorpora una regla que soluciona los problemas de posible concurso de este delito con el de falsedad documental, de aplicacin preferente, y ser por ello en particular aplicable a la falsificacin y mendacidad de documentos internos que, sin embargo, son relevantes para la adopcin de decisiones de trascendencia econmica.

Asimismo, se tipifica el falseamiento de la informacin de relevancia econmica que no forma inicialmente parte de un documento, pero que encuentra reflejo posterior en el mismo. De este modo se solucionan los problemas de tipicidad que pueden plantearse cuando el autor no emite el documento falso, sino que se limita a introducir la informacin mendaz que luego queda incorporada a un soporte documental escrito o de otra naturaleza.

Y, con la misma finalidad, se tipifica la facilitacin de esa informacin mendaz a terceros, cuando tal conducta resulta idnea para causar un perjuicio econmico a la Administracin.

Todas estas conductas, en la medida en que no se trate de supuestos de falsificacin de documentos pblicos u oficiales –castigados por los artculos 390 y 393 del Cdigo Penal– se castigan con penas de multa e inhabilitacin, y pena de prisin en el supuesto de causacin efectiva del perjuicio econmico.


[Bloque 2: #aunico]

Artculo nico. Modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

La Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el prrafo primero del apartado 5 del artculo 31 bis, que queda redactado como sigue:

5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurdicas no sern aplicables al Estado, a las Administraciones Pblicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Pblicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho pblico, ni a aquellas otras que ejerzan potestades pblicas de soberana, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten polticas pblicas o presten servicios de inters econmico general.

(…)

Dos. El artculo 305 queda redactado del siguiente modo:

1. El que, por accin u omisin, defraude a la Hacienda Pblica estatal, autonmica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuanta de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y multa del tanto al sxtuplo de la citada cuanta, salvo que hubiere regularizado su situacin tributaria en los trminos del apartado 4 del presente artculo.

La mera presentacin de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudacin, cuando sta se acredite por otros hechos.

Adems de las penas sealadas, se impondr al responsable la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el perodo de tres a seis aos.

2. A los efectos de determinar la cuanta mencionada en el apartado anterior:

a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, peridicos o de declaracin peridica, se estar a lo defraudado en cada perodo impositivo o de declaracin, y si stos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referir al ao natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudacin se lleve a cabo en el seno de una organizacin o grupo criminal, o por personas o entidades que acten bajo la apariencia de una actividad econmica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito ser perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1.

b) En los dems supuestos, la cuanta se entender referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidacin.

3. Las mismas penas se impondrn cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artculo se cometan contra la Hacienda de la Unin Europea, siempre que la cuanta defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un ao natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudacin se lleve a cabo en el seno de una organizacin o grupo criminal, o por personas o entidades que acten bajo la apariencia de una actividad econmica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito ser perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado.

Si la cuanta defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondr una pena de prisin de tres meses a un ao o multa del tanto al triplo de la citada cuanta y la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el perodo de seis meses a dos aos.

4. Se considerar regularizada la situacin tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administracin Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobacin o investigacin tendentes a la determinacin de las deudas tributarias objeto de la regularizacin o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administracin autonmica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aqul dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instruccin realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciacin de diligencias.

Asimismo, los efectos de la regularizacin prevista en el prrafo anterior resultarn aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administracin a su determinacin en va administrativa.

La regularizacin por el obligado tributario de su situacin tributaria impedir que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relacin a la deuda tributaria objeto de regularizacin, el mismo pudiera haber cometido con carcter previo a la regularizacin de su situacin tributaria.

5. Cuando la Administracin Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pblica, podr liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantas que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pblica, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pblica.

La liquidacin indicada en primer lugar en el prrafo anterior seguir la tramitacin ordinaria y se sujetar al rgimen de recursos propios de toda liquidacin tributaria. Y la liquidacin que en su caso derive de aquellos conceptos y cuantas que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pblica seguir la tramitacin que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.

La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pblica no paralizar la accin de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la Administracin Tributaria podrn iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensin de las actuaciones de ejecucin, previa prestacin de garanta. Si no se pudiese prestar garanta en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podr acordar la suspensin con dispensa total o parcial de garantas si apreciare que la ejecucin pudiese ocasionar daos irreparables o de muy difcil reparacin.

6. Los Jueces y Tribunales podrn imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citacin judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior ser igualmente aplicable respecto de otros partcipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtencin de pruebas decisivas para la identificacin o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguacin del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.

7. En los procedimientos por el delito contemplado en este artculo, para la ejecucin de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprender el importe de la deuda tributaria que la Administracin Tributaria no haya liquidado por prescripcin u otra causa legal en los trminos previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarn el auxilio de los servicios de la Administracin Tributaria que las exigir por el procedimiento administrativo de apremio en los trminos establecidos en la citada Ley.

Tres. Se aade el artculo 305 bis, que queda redactado del siguiente modo:

1. El delito contra la Hacienda Pblica ser castigado con la pena de prisin de dos a seis aos y multa del doble al sxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudacin se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la cuanta de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.

b) Que la defraudacin se haya cometido en el seno de una organizacin o de un grupo criminal.

c) Que la utilizacin de personas fsicas o jurdicas o entes sin personalidad jurdica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o parasos fiscales o territorios de nula tributacin oculte o dificulte la determinacin de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinacin de la cuanta defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

2. A los supuestos descritos en el presente artculo les sern de aplicacin todas las restantes previsiones contenidas en el artculo 305.

En estos casos, adems de las penas sealadas, se impondr al responsable la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el perodo de cuatro a ocho aos.

Cuatro. El artculo 306 queda redactado del siguiente modo:

El que por accin u omisin defraude a los presupuestos generales de la Unin Europea u otros administrados por sta, en cuanta superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artculo305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos una aplicacin distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesin u ocultando las que la hubieran impedido, ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y multa del tanto al sxtuplo de la citada cuanta.

Si la cuanta defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondr una pena de prisin de tres meses a un ao o multa del tanto al triplo de la citada cuanta y la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el perodo de seis meses a dos aos.

Cinco. El artculo 307 queda redactado del siguiente modo:

1. El que, por accin u omisin, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de sta y conceptos de recaudacin conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuanta de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y multa del tanto al sxtuplo de la citada cuanta salvo que hubiere regularizado su situacin ante la Seguridad Social en los trminos del apartado 3 del presente artculo.

La mera presentacin de los documentos de cotizacin no excluye la defraudacin, cuando sta se acredite por otros hechos.

Adems de las penas sealadas, se impondr al responsable la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el perodo de tres a seis aos.

2. A los efectos de determinar la cuanta mencionada en el apartado anterior se estar al importe total defraudado durante cuatro aos naturales.

3. Se considerar regularizada la situacin ante la Seguridad Social cuando se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de que se le haya notificado la iniciacin de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinacin de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aqul dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instruccin realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciacin de diligencias.

Asimismo, los efectos de la regularizacin prevista en el prrafo anterior, resultarn aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social una vez prescrito el derecho de la Administracin a su determinacin en va administrativa.

La regularizacin de la situacin ante la Seguridad Social impedir que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relacin a la deuda objeto de regularizacin, el mismo pudiera haber cometido con carcter previo a la regularizacin de su situacin.

4. La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizar el procedimiento administrativo para la liquidacin y cobro de la deuda contrada con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestacin de garanta. En el caso de que no se pudiese prestar garanta en todo o en parte, el Juez, con carcter excepcional, podr acordar la suspensin con dispensa total o parcial de las garantas, en el caso de que apreciara que la ejecucin pudiera ocasionar daos irreparables o de muy difcil reparacin. La liquidacin administrativa se ajustar finalmente a lo que se decida en el proceso penal.

5. Los Jueces y Tribunales podrn imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citacin judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior ser igualmente aplicable respecto de otros partcipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtencin de pruebas decisivas para la identificacin o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguacin del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito.

6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artculo, para la ejecucin de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprender el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administracin no haya liquidado por prescripcin u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarn el auxilio de los servicios de la Administracin de la Seguridad Social que las exigir por el procedimiento administrativo de apremio.

Seis. Se introduce un nuevo 307 bis, que queda redactado del siguiente modo:

1. El delito contra la Seguridad Social ser castigado con la pena de prisin de dos a seis aos y multa del doble al sxtuplo de la cuanta cuando en la comisin del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuanta de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros.

b) Que la defraudacin se haya cometido en el seno de una organizacin o de un grupo criminal.

c) Que la utilizacin de personas fsicas o jurdicas o entes sin personalidad jurdica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o parasos fiscales o territorios de nula tributacin oculte o dificulte la determinacin de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinacin de la cuanta defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito.

2. A los supuestos descritos en el presente artculo le sern de aplicacin todas las restantes previsiones contenidas en el artculo 307.

3. En estos casos, adems de las penas sealadas, se impondr al responsable la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el perodo de cuatro a ocho aos.

Siete. Se introduce un nuevo artculo 307 ter, con la siguiente redaccin:

1. Quien obtenga, para s o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongacin indebida del mismo, o facilite a otros su obtencin, por medio del error provocado mediante la simulacin o tergiversacin de hechos, o la ocultacin consciente de hechos de los que tena el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administracin Pblica, ser castigado con la pena de seis meses a tres aos de prisin.

Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, sern castigados con una pena de multa del tanto al sxtuplo.

Adems de las penas sealadas, se impondr al responsable la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el perodo de tres a seis aos.

2. Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros ohubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letrasb)oc) del apartado 1 del artculo 307 bis, se impondr una pena de prisin de dos a seis aos y multa del tanto al sxtuplo.

En estos casos, adems de las penas sealadas, se impondr al responsable la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el perodo de cuatro a ocho aos.

3. Quedar exento de responsabilidad criminal en relacin con las conductas descritas en los apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestacin recibida incrementada en un inters anual equivalente al inters legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibi, antes de que se le haya notificado la iniciacin de actuaciones de inspeccin y control en relacin con las mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la Administracin autonmica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aqul dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instruccin realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciacin de diligencias.

La exencin de responsabilidad penal contemplada en el prrafo anterior alcanzar igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relacin a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, el mismo pudiera haber cometido con carcter previo a la regularizacin de su situacin.

4. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artculo, no impedir que la Administracin competente exija el reintegro por va administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El importe que deba ser reintegrado se entender fijado provisionalmente por la Administracin, y se ajustar despus a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.

El procedimiento penal tampoco paralizar la accin de cobro de la Administracin competente, que podr iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensin de las actuaciones de ejecucin previa prestacin de garanta. Si no se pudiere prestar garanta en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podr acordar la suspensin con dispensa total o parcial de garantas si apreciare que la ejecucin pudiese ocasionar daos irreparables o de muy difcil reparacin.

5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artculo, para la ejecucin de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarn el auxilio de los servicios de la Administracin de la Seguridad Social que las exigir por el procedimiento administrativo de apremio.

6. Resultar aplicable a los supuestos regulados en este artculo lo dispuesto en el apartado 5 del artculo 307 del Cdigo Penal.

Ocho. El artculo 308 queda redactado del siguiente modo:

1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Pblicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesin u ocultando las que la hubiesen impedido ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y multa del tanto al sxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artculo.

2. Las mismas penas se impondrn al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones pblicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aqullos para los que la subvencin o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artculo.

3. Adems de las penas sealadas, se impondr al responsable la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un perodo de tres a seis aos.

4. Para la determinacin de la cantidad defraudada se estar al ao natural y deber tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o entidades pblicas.

5. Se entender realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1 y 2 cuando por el perceptor de la subvencin o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el inters de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibi, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciacin de actuaciones de comprobacin o control en relacin con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administracin autonmica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aqul dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instruccin realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciacin de diligencias. El reintegro impedir que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relacin a la deuda objeto de regularizacin, el mismo pudiera haber cometido con carcter previo a la regularizacin de su situacin.

6. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artculo, no impedir que la Administracin competente exija el reintegro por va administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entender fijado provisionalmente por la Administracin, y se ajustar despus a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.

El procedimiento penal tampoco paralizar la accin de cobro de la Administracin, que podr iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensin de las actuaciones de ejecucin previa prestacin de garanta. Si no se pudiere prestar garanta en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podr acordar la suspensin con dispensa total o parcial de garantas si apreciare que la ejecucin pudiese ocasionar daos irreparables o de muy difcil reparacin.

7. Los Jueces y Tribunales podrn imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citacin judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior ser igualmente aplicable respecto de otros partcipes en el delito distintos del obligado al reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtencin de pruebas decisivas para la identificacin o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguacin del patrimonio del obligado o del responsable del delito.

Nueve. El artculo 310 bis queda redactado del siguiente modo:

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en este Ttulo, se le impondrn las siguientes penas:

a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de dos aos.

b) Multa del doble al cudruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona fsica tiene prevista una pena de prisin de ms de cinco aos.

c) Multa de seis meses a un ao, en los supuestos recogidos en el artculo 310.

Adems de las sealadas, se impondr a la persona jurdica responsable la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el perodo de tres a seis aos. Podr imponerse la prohibicin para contratar con las Administraciones Pblicas.

Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artculo 33.

Diez. El artculo 311 queda redactado del siguiente modo:

Sern castigados con las penas de prisin de seis meses a seis aos y multa de seis a doce meses:

1. Los que, mediante engao o abuso de situacin de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

2. Los que den ocupacin simultneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el rgimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorizacin de trabajo, siempre que el nmero de trabajadores afectados sea al menos de:

a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a ms de cien trabajadores,

b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a ms de diez trabajadores y no ms de cien, o

c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a ms de cinco y no ms de diez trabajadores.

3. Los que en el supuesto de transmisin de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro.

4. Si las conductas reseadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidacin se impondrn las penas superiores en grado.

Once. El artculo 398 queda redactado del siguiente modo:

La autoridad o funcionario pblico que librare certificacin falsa con escasa trascendencia en el trfico jurdico ser castigado con la pena de suspensin de seis meses a dos aos.

Este precepto no ser aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pblica.

Doce. Se aade el artculo 433 bis, que queda redactado del siguiente modo:

1. La autoridad o funcionario pblico que, de forma idnea para causar un perjuicio econmico a la entidad pblica de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el artculo 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situacin econmica o la informacin contenida en los mismos, ser castigado con la pena de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de uno a diez aos y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigar a la autoridad o funcionario pblico, que de forma idnea para causar un perjuicio econmico a la entidad pblica de la que dependa, facilite a terceros informacin mendaz relativa a la situacin econmica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.

3. Si se llegare a causar el perjuicio econmico a la entidad, se impondrn las penas de prisin de uno a cuatro aos, inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de tres a diez aos y multa de doce a veinticuatro meses.


[Bloque 3: #daunica]

Disposicin adicional nica. Efectos de la declaracin tributaria especial.

Se entendern declaradas dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo respecto de cada perodo impositivo en el que deban imputarse, las rentas inicialmente no declaradas regularizadas a travs de la declaracin tributaria especial prevista en la disposicin adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reduccin del dficit pblico.


[Bloque 4: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica.

1. Quedan derogados los artculos 309, 627 y 628 de la Ley Orgnica 10/1995, de23 de noviembre, del Cdigo Penal.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en esta Ley Orgnica.


[Bloque 5: #dfprimera]

Disposicin final primera. Adecuacin de las causas de inelegibilidad

Las causas de inelegibilidad contenidas en el artculo 6 de la Ley Orgnica 5/1985, de19 de junio, del Rgimen Electoral General se adecuarn, mediante la oportuna modificacin legislativa, a las derivadas de las infracciones que en materia de buen gobierno se incluyan, en su caso, en normas de rango legal.


[Bloque 6: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgnica entrar en vigor a los veinte das de su completa publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 7: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 27 de diciembre de 2012.

JUAN CARLOS R

El Presidente del Gobierno

MARIANO RAJOY BREY

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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