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Legislación consolidada

Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadana espaola en el exterior.

Publicado en: BOE núm. 299, de 15/12/2006.
Entrada en vigor: 16/12/2006
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2006-21991
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/40

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 15/12/2006

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

1. La emigracin espaola ha constituido un fenmeno poltico, social y econmico que ha caracterizado nuestra historia, acentundose desde la segunda mitad del siglo XIX hasta ms all de mediados del siglo XX.

2. Las primeras leyes sobre la emigracin, que datan de 1907 y 1924, nacieron con el mero objetivo de proclamar la libertad de emigracin y de propiciar los desplazamientos de los espaoles al extranjero, sin que se contemplasen medidas especficas de proteccin una vez instalados en el pas de acogida.

3. Durante los siglos XIX y XX, en diversos perodos, se produjeron oleadas de exiliados polticos de distintas orientaciones y signos; asimismo, como consecuencia de la Guerra Civil espaola y de la dictadura, a partir de 1939 comienza a producirse un xodo de refugiados polticos y una emigracin de carcter econmico a otros pases, motivada por las duras circunstancias de la posguerra que se viven en Espaa, y atrada por las buenas perspectivas de trabajo y el mayor nivel de vida derivado del crecimiento econmico existente en esos pases.

El exilio, como consecuencia de la Guerra Civil espaola y la dictadura signific, sin duda, una prdida para el desarrollo econmico, cultural y social de Espaa. En sentido inverso, los pases que acogieron a los refugiados espaoles pudieron beneficiarse con la formacin acadmica, cientfica y profesional de los exiliados.

4. La Ley 93/1960, de 22 de diciembre, de Bases de Ordenacin de la Emigracin y el Decreto-ley 1000/1962, de 3 de mayo, que aprueba el texto articulado de dicha Ley, elaborados durante el rgimen de dictadura, ignoran la existencia de cientos de miles de exiliados en Europa e Iberoamrica, si bien es cierto que marcan un cambio de criterio en el enfoque de la corriente migratoria.

5. Las razones de este cambio obedecen a la voluntad de regular la emigracin de la poblacin espaola y, al mismo tiempo, impulsarla. A resultas de ello, se mantendr con un crecimiento constante, hasta 1967, aquel fenmeno migratorio, -fundamentalmente dirigido hacia los pases europeos ms desarrollados-, que haba comenzado a producirse hacia 1959.

6. Los factores que determinan este desplazamiento masivo de trabajadores al exterior en pleno rgimen franquista son, por una parte, el notable incremento demogrfico de Espaa que provoca un excedente de mano de obra que las estructuras econmicas, basadas en una economa rural y de escasa industrializacin no pueden absorber y, por otra, la expansin industrial y el crecimiento econmico de los pases europeos.

7. La emigracin de la dcada de los aos sesenta, as como la de las dcadas anteriores, tuvo efectos beneficiosos, tanto para el trabajador, que tena la posibilidad de obtener un empleo mejor remunerado y de mejorar su cualificacin profesional y sus condiciones de vida, como para el crecimiento econmico de Espaa, ya que la entrada de divisas enviadas por los emigrantes permiti sufragar parte del dficit comercial y equilibrar la balanza de pagos, facilitando las importaciones de bienes de equipo destinados a la modernizacin de las empresas. Esta situacin contribuy en gran medida a la expansin industrial de Espaa en los aos sesenta y setenta.

8. De forma paralela a estos efectos beneficiosos, la realidad de la emigracin y del exilio exige poner tambin de relieve las consecuencias negativas para los trabajadores emigrantes, los exiliados y sus familias derivadas del desarraigo social y cultural de Espaa, consecuencia poltica del rgimen franquista surgido de la Guerra Civil, de las dificultades de insercin social y laboral en el pas de acogida y de los problemas que haban de abordar en su proyecto de retornar a Espaa y, en algunos casos, de la represin poltica sufrida en el pas de acogida.

9. Mencin especial cabe hacer de las mujeres que tuvieron que emigrar, casi siempre en el contexto de un traslado familiar, padeciendo la doble jornada de trabajo domstico y del trabajo fuera de la casa. A la discriminacin de gnero, se una la vulnerabilidad de la mujer emigrada que estaba fuera de su pas.

Son varias las generaciones de mujeres que han vivido la parte ms difcil de la emigracin o del retorno y para las que el tiempo del cambio social pareciera haber llegado demasiado tarde. Por ello, necesitan de una atencin especial y reforzada que compense el desequilibrio vivido y que les permita -junto con las ms jvenes- la incorporacin y el disfrute pleno de los derechos que propician las reformas legislativas a favor de la igualdad que se producen en Espaa.

10. La ltima Ley en materia de emigracin ha sido la Ley 33/1971, de 21 de julio, que, si bien contina orientada al fomento de la emigracin y mantiene el silencio sobre el exilio, introduce la novedad de poder acogerse a planes, operaciones y programas para facilitar el desplazamiento y el acceso al empleo en el pas de acogida. Esta Ley introdujo, igualmente, ayudas de carcter social, educativo y cultural, as como medidas dirigidas a la formacin profesional e integracin laboral tanto para los emigrantes, como para los retornados.

11. Junto a las actuaciones desarrolladas desde el mbito pblico, ha de destacarse el importante papel desempeado por los centros y asociaciones de emigrantes, en ocasiones corrector de la carencia pblica. El movimiento asociativo, creado por los espaoles en los pases de acogida, con el objetivo fundamental de la asistencia y socorro mutuo, constituye hoy en da un instrumento vertebrador de las comunidades de espaoles en el exterior, imprescindible para canalizar y materializar las actuaciones de apoyo y atencin desarrolladas por las distintas Administraciones Pblicas a favor de los espaoles en el exterior y de los retornados.

En 1993 se publica el Real Decreto 728/1993, por el que se establecen las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes espaoles: se trata de la medida de mayor alcance en la proteccin de los espaoles que viven fuera de Espaa, que garantiza a los mayores espaoles del exterior el mismo nivel de vida del que disfrutan los residentes en nuestro pas.

12. Adems de esta breve resea sobre la evolucin de la emigracin espaola y su reflejo en las distintas normas legales, cabe aadir, por ltimo, que a partir de finales de la dcada de los setenta, -con la llegada de la democracia-, comienza a producirse un fenmeno de signo contrario al de la emigracin: el regreso o retorno de los espaoles emigrantes y sus familias a nuestro pas, debido, en gran medida, a la recesin econmica que sufre Europa en los aos setenta, as como a la crisis econmica que atraviesan determinados pases de Iberoamrica. A pesar de que este proceso tiene lugar en un contexto econmico favorable para Espaa, no se adoptaron las medidas necesarias para atender integralmente a dicho retorno.

13. La emigracin cuenta con una larga tradicin en materia de rganos colegiados de participacin. Desde que en 1888 se crearon las llamadas Juntas de Emigracin hasta que en 1987 se instituyeron los actuales cauces de participacin institucional de los espaoles residentes en el extranjero, a lo largo de todo el perodo, casi ininterrumpidamente, se han configurado diferentes rganos de participacin en materia emigratoria, de diversa naturaleza, funciones y composicin.

La participacin institucionalizada en materia de emigracin se canaliz en primer trmino a travs de la constitucin de cauces en dos niveles: el local, dentro de Espaa, con la denominacin de Juntas de Emigracin establecidas en las provincias espaolas del litoral, ms tarde llamados Patronatos Locales de Emigracin o, en el exterior, en el mbito de las demarcaciones consulares, los Patronatos de Emigrados Espaoles, y posteriormente Juntas Consulares de Emigracin; el nacional, con participacin de los diversos Departamentos con competencia en la materia, de las instituciones y de los emigrantes, con denominaciones como Consejo Superior de la Emigracin, Junta Central de la Emigracin o, en poca ms reciente, Consejo del Instituto Espaol de Emigracin.

En la actualidad, y desde 1987, se hallan constituidos los Consejos de Residentes Espaoles, con miembros elegidos por los emigrantes, en determinadas demarcaciones consulares, y el Consejo General de la Emigracin con participacin de la Administracin Central y Autonmica, de los emigrantes, elegidos por los Consejos de Residentes, y de las Organizaciones sindicales y empresariales.

II

1. En la actualidad nos encontramos con un hecho incuestionable, herencia en gran parte de nuestra emigracin y de nuestro exilio, que supone la existencia de alrededor de un milln y medio de espaoles y sus descendientes que residen fuera del territorio espaol, lo que constituye un valor en s mismo que confirma la presencia de Espaa ms all de sus fronteras. Estos espaoles por su condicin y caractersticas peculiares exigen un tratamiento especfico por parte del Estado que permita, en cumplimiento del artculo 14 de la Constitucin Espaola de 1978, garantizar a los espaoles residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con los residentes en Espaa, con el compromiso de los poderes pblicos de adoptar las medidas necesarias para remover los obstculos que impidan hacerlos reales y efectivos.

En este sentido, se dio un primer paso con la aprobacin de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestacin econmica a los ciudadanos de origen espaol desplazados al extranjero durante su minora de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. Esta norma, por una parte, supuso un reconocimiento histrico; y por otra, dot de proteccin econmica y asistencia sanitaria a un colectivo concreto de espaoles: los denominados Nios de la Guerra.

2. El Estatuto de la Ciudadana Espaola en el Exterior constituye el marco bsico para establecer el deber de cooperacin entre el Estado y las Comunidades Autnomas, as como los mecanismos necesarios para la coordinacin de sus actuaciones, en colaboracin con la Administracin Local, con los agentes sociales y con las organizaciones y asociaciones de emigrantes, exiliados y retornados.

3. Por otra parte, en cumplimiento del artculo 42 de la Constitucin, se hace preciso establecer una poltica integral de emigracin y de retorno para salvaguardar los derechos econmicos y sociales de los emigrantes, de los exiliados y de los descendientes de ambos, y para facilitar la integracin social y laboral de los retornados, cuya regulacin bsica se establece en el presente Estatuto.

4. En este sentido, el Estatuto configura, en materia de retorno, el marco de cooperacin de las Administraciones Pblicas que permita coordinar sus actuaciones para un mejor y ms eficaz aprovechamiento de los recursos pblicos, garantizando el regreso a Espaa en las condiciones ms favorables.

5. El Estatuto pretende dar respuesta a las reiteradas demandas realizadas desde los distintos sectores de la emigracin, del exilio y del retorno. Por ello, en el proceso de su elaboracin se han valorado especialmente las aportaciones y propuestas efectuadas por representantes del mundo de la emigracin, tanto de los miembros del Consejo General de la Emigracin, como de los representantes de las organizaciones y asociaciones de emigrantes y exiliados en el exterior y de retornados.

6. La participacin de las asociaciones en la confeccin del Estatuto, as como la preceptiva consulta al Consejo General de la Emigracin, dotan al Estatuto de la legitimidad necesaria en una norma de estas caractersticas, garantizando su adecuacin a las necesidades actuales de todos los espaoles que se encuentran fuera de nuestro territorio, as como a los que han decidido regresar y precisan una atencin especfica.

7. En la actualidad los movimientos migratorios, teniendo en cuenta, por un lado, el ejercicio del derecho a la libre circulacin en el contexto de Unin Europea, y por otro, la globalizacin de la economa, han alcanzado una dimensin y una significacin distinta. En los pases desarrollados, en los que el Estado satisface las necesidades bsicas de su ciudadana, el desplazamiento a otro pas responde a motivaciones de distinta ndole que persiguen ampliar las expectativas personales y profesionales o mejorar la calidad de vida, como es el caso de los funcionarios pblicos y trabajadores al servicio de la Administracin espaola en el exterior, los cooperantes y los trabajadores y profesionales de las empresas espaolas destinados temporalmente al extranjero. Por ello, el mbito subjetivo de aplicacin del Estatuto engloba a todos los espaoles en el exterior, tanto a los emigrantes y exiliados, como a los desplazados y a los familiares de ambos.

Espaa debe considerar a su comunidad emigrante como un autntico capital social: su compromiso con su tierra de origen la convierte en un recurso fundamental para la proyeccin de Espaa en el exterior. Parte fundamental de este capital social est compuesto por miles de espaoles no nacidos en Espaa que residen por todo el mundo, ellos tambin son parte del presente de nuestro pas y debemos considerarlos actores imprescindibles en la construccin del futuro.

Uno de los fenmenos que ms enriquecen a muchos de los centros de emigrantes espaoles es la participacin activa de ciudadanos no espaoles en el desarrollo social y cultural de los mismos. Es conveniente que los poderes pblicos reconozcan esta realidad y que la fomenten.

La aplicacin de la clusula de Estado social consagrada por la Constitucin de 1978 ha de extenderse a todos los espaoles, tambin a aquellos que por sus circunstancias vitales han tenido que vivir fuera del territorio nacional. Esta Ley no slo proclama por primera vez la relacin de derechos sociales y el catlogo de prestaciones que el Estado ha de garantizar a los emigrantes, sino tambin que los mismos tendrn el mismo contenido y alcance que los que disfrutan los espaoles residentes en el territorio nacional.

III

1. El Estatuto se dicta al amparo del artculo 149.1.2. de la Constitucin Espaola de 1978 que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de emigracin.

2. El Estatuto comprende cuatro ttulos, dos disposiciones adicionales, una disposicin derogatoria y cuatro disposiciones finales.

3. El Ttulo Preliminar determina el objeto y la finalidad del Estatuto. El Estatuto se configura como el marco jurdico que garantiza a la ciudadana espaola residente en el exterior el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en trminos de igualdad con los espaoles residentes en Espaa. Adems, el Estatuto tiene como finalidad delimitar las lneas bsicas de la accin protectora del Estado dirigida a los espaoles residentes en el exterior y fijar el marco de cooperacin y coordinacin entre el Estado y las Comunidades Autnomas en este sentido.

El mbito subjetivo de aplicacin de la Ley contempla la actual situacin del movimiento migratorio y del retorno, superando el tradicional concepto de emigracin recogido en la Ley 33/1971, de 21 de julio.

En ltimo lugar, el Ttulo Preliminar relaciona una serie de objetivos encaminado a garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los espaoles residentes en el exterior, en condiciones de igualdad con los residentes en Espaa, atender y desarrollar actuaciones en materia de retorno y promover y fomentar el movimiento asociativo de los espaoles en el exterior y la participacin institucional en materia de emigracin. Junto a ello se establecen los mecanismos ms adecuados para la cooperacin y coordinacin de las Administraciones Pblicas en este sentido.

4. El Ttulo I comprende una relacin sistemtica de derechos de los espaoles que residen en el exterior, formulando, a su vez, medidas y mecanismos que hagan efectivo el ejercicio de los referidos derechos y su materializacin en determinadas prestaciones. Este Ttulo comprende tres captulos:

a) El captulo I recoge los derechos de participacin: derecho a ser elector y elegible, asistencia y proteccin de los espaoles en el exterior, derecho de peticin, de acudir al Defensor del Pueblo y de informacin, derecho a la participacin en rganos consultivos de la emigracin, organizaciones sindicales y empresariales y derecho de asociacin. De entre estos derechos se ha de destacar el derecho a ser elector y elegible, as como el derecho a la participacin y de asociacin, que reflejan la voluntad de fomentar un asociacionismo integrador y constructivo, impulsando la coordinacin de actuaciones entre Administraciones Pblicas en aras de un mejor y ms eficaz aprovechamiento de los recursos pblicos. Asimismo, se prev el establecimiento de un censo de asociaciones y centros radicados en el exterior que contenga la inscripcin de aquellos que sean conformes con el reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades que contempla la Constitucin Espaola. Por otro lado, este captulo se completa con la prohibicin a los poderes pblicos de cualesquiera medidas que puedan ocasionar discriminacin por razn de gnero, as como con la promocin de polticas de igualdad entre mujeres y hombres.

b) El captulo II recoge derechos sociales y prestaciones: derecho a la proteccin de la salud, derechos en materia de Seguridad Social y prestaciones por razn de necesidad, servicios sociales para mayores, acciones de informacin socio-laboral y orientacin y participacin en programas de formacin profesional ocupacional y derechos en materia de empleo y ocupacin. En este captulo cabe destacar la redaccin sobre el derecho a la proteccin de la salud, que constituye un objetivo prioritario en la accin exterior del Estado, as como las previsiones sobre Seguridad Social y prestaciones: efectivamente, se trata de recoger, entre otros aspectos, el compromiso de avanzar en la conservacin de los derechos en la materia y de perfeccionar los mecanismos de proteccin existentes, sobre todo para las personas mayores, incorporando la asistencia sanitaria en sentido amplio (sanitaria, geritrica, medicamentos, etc.). En este sentido, se trata tambin de tener en cuenta la diferente organizacin tanto del aseguramiento como de la prestacin de cuidados sanitarios en los pases donde residen. Por ello se introduce la prestacin por razn de necesidad, como un nuevo concepto que engloba la pensin asistencial por ancianidad, regulada en su normativa especfica, junto con la asistencia sanitaria, dado que a la vista de la evolucin actual de estas pensiones se precisa modificar su regulacin, para su mejor adaptacin a las necesidades reales de sus potenciales beneficiarios.

Junto a ello, se ha de mencionar la necesaria regulacin sobre los aspectos relativos al empleo (informacin, orientacin, formacin, etc.), dentro de una concepcin amplia que abarque a todos los espaoles en el exterior y retornados, especialmente aquellos considerados ms vulnerables (jvenes y mujeres con dificultades de insercin laboral).

c) El captulo III contempla los derechos relativos a la educacin y a la cultura: derecho a la educacin, homologacin, convalidacin y reconocimiento de ttulos y estudios extranjeros, as como el acceso a las lenguas y culturas espaolas. Los derechos que recoge este captulo constituyen un todo que persigue, en definitiva, mantener los vnculos de los espaoles en el exterior con Espaa, tanto para aquellos que residen fuera, como, especialmente, para aquellos que deciden regresar.

Ha de sealarse que los derechos y prestaciones que se mencionan estaban en alguna medida establecidos, si bien su regulacin se encontraba en normas dispersas y de rango inferior, por lo que con el presente Estatuto se pretende consolidar su ejercicio, dotndoles de una dimensin real y efectiva al elevarse el rango normativo que los ampara.

5. El Ttulo II recoge la poltica integral en materia de retorno. Ya en su enunciado el trmino integral revela la voluntad de unificar en el sentido de abarcar todos los aspectos relativos al retorno. Para ello se prev un mecanismo especfico: la Oficina Espaola del Retorno, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; esta oficina ser la encargada de facilitar, orientar y asesorar a los espaoles que decidan retornar, con el objetivo de materializar su efectiva insercin social y laboral en Espaa.

Por otra parte, se apunta la necesidad de abordar las reformas normativas necesarias que promuevan y faciliten el acceso a los espaoles retornados a determinadas prestaciones, y de adoptar medidas especficas de fomento del empleo dirigidas al colectivo de espaoles retornados que decidan incorporarse a nuestro mercado de trabajo.

6. Por ltimo, el Ttulo III contempla los mecanismos e instrumentos de cooperacin, colaboracin y coordinacin de las actuaciones de las distintas Administraciones Pblicas competentes en ese mbito, a fin de garantizar la efectividad de los derechos y deberes que el Estatuto reconoce a los espaoles residentes en el exterior y a los retornados a Espaa, esta cooperacin persigue la optimizacin de los recursos pblicos en aras de una eficaz y eficiente utilizacin de todos los recursos.

Para facilitar estos objetivos, se prev la constitucin de una Comisin en el mbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que formarn parte representantes de la Administracin General del Estado y de las Comunidades Autnomas.

7. En otro orden de cuestiones, la disposicin adicional primera crea el Portal de la Ciudadana Espaola en el Exterior, como punto de informacin integral en internet.

8. Por otra parte, se recoge una disposicin derogatoria nica, que deroga expresamente la Ley 33/1971, General de Emigracin, de 21 de julio, ampliamente alterada en sus fines y objetivos por la entrada en vigor de la Constitucin Espaola de 1978 y cuya vigencia, en muchos aspectos, es puramente testimonial.

9. Por ltimo, la Disposicin final primera, modifica algunos aspectos del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, dado que la presente Ley deroga la Ley General de Emigracin de 1971 y, en consecuencia, lo relativo a la competencia en materia de visado de contratos de trabajo de los trabajadores que se desplazan al exterior y de ofertas de empleo en el exterior.

TTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artculo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente Ley establece el marco jurdico y los instrumentos bsicos para garantizar a la ciudadana espaola en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, en trminos de igualdad con los espaoles residentes en el territorio nacional, as como reforzar los vnculos sociales, culturales, econmicos y lingsticos con Espaa y con sus respectivas nacionalidades y comunidades de origen.

2. La presente Ley tiene tambin como finalidad delimitar las lneas bsicas de la accin protectora del Estado y de las Comunidades Autnomas, en aras de mejorar las condiciones de vida de los espaoles residentes en el exterior, en aquellos mbitos en los que sea necesario complementar la proteccin existente en el pas de residencia.

3. Esta Ley establece, asimismo, el marco de actuacin y las medidas especficas que debern desarrollarse por el Estado, y por las Comunidades Autnomas en el mbito de sus respectivas competencias, para facilitar tanto la atencin a los espaoles en el exterior, como la integracin social y laboral de aquellos espaoles que decidan retornar a Espaa, sin perjuicio del derecho a la libre circulacin de trabajadores.

4. Los objetivos y finalidades de esta Ley se entienden, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que ostenten las Comunidades Autnomas ni de sus leyes.

Artculo 2. mbito subjetivo.

1. La presente Ley ser de aplicacin:

a) A quienes ostenten la nacionalidad espaola y residan fuera del territorio nacional.

b) A la ciudadana espaola que se desplace temporalmente al exterior, incluyendo a quienes lo hagan en el ejercicio del derecho a la libre circulacin.

c) A los espaoles de origen que retornen a Espaa para fijar su residencia, siempre que ostenten la nacionalidad espaola antes del regreso.

d) A los familiares de los anteriormente mencionados, entendiendo por tales el cnyuge no separado legalmente o la pareja con la que mantenga una unin anloga a la conyugal, en los trminos que se determinen reglamentariamente, y los descendientes hasta el primer grado, que tengan la condicin de personas con discapacidad o sean menores de 21 aos o mayores de dicha edad que estn a su cargo y que dependan de ellos econmicamente.

2. El Estado establecer los requisitos bsicos y el procedimiento para acreditar la situacin de espaol retornado.

Artculo 3. Objetivos.

Los objetivos fundamentales de la presente Ley son:

a) Regular los derechos y deberes de los espaoles residentes en el exterior garantizando su ejercicio mediante el compromiso de los poderes pblicos de promover las condiciones para hacerlos reales y efectivos, en condiciones de igualdad con los residentes en Espaa.

b) Delimitar el mbito de la accin protectora del Estado y de las Comunidades Autnomas cuando sea necesario complementar la proteccin dispensada por los servicios pblicos del pas de residencia.

c) Establecer, conjuntamente con las Comunidades Autnomas competentes, el marco de actuacin para garantizar la promocin educativa y el acceso a las lenguas y culturas espaolas, tanto de los espaoles residentes en el exterior como de sus descendientes.

d) Fomentar y consolidar el movimiento asociativo de los espaoles en el exterior, apoyando fundamentalmente la creacin y el mantenimiento de los Centros y asociaciones de espaoles a travs de las actividades que en ellas desarrollen, que tengan por objeto la previsin y la asistencia social y cultural de sus miembros y la informacin y asesoramiento para el retorno, ello sin perjuicio de las actuaciones que en esos mbitos sean desarrolladas por las Comunidades Autnomas con competencias en esas materias.

e) Apoyar a las asociaciones de espaoles residentes en el exterior y a las de retornados constituidas en Espaa con el fin de facilitar la informacin, orientacin y asesoramiento necesarios a los espaoles que deciden retornar, como labor complementaria a la de las Administraciones Pblicas.

f) Promover y facilitar la participacin de los espaoles residentes en el exterior a travs de los Consejos de Residentes Espaoles y del Consejo General de la Ciudadana Espaola en el Exterior y de los rganos equivalentes existentes en las Comunidades Autnomas y de aquellos otros que puedan crearse en el futuro.

g) Configurar conjuntamente con las Comunidades Autnomas, el marco en que debern desarrollarse las actuaciones en materia de retorno para facilitar la integracin social, cultural y laboral de los espaoles que decidan regresar a Espaa.

h) Velar junto con las Comunidades Autnomas, por la proteccin de los derechos de los desplazados o expatriados en el exterior.

i) Establecer junto con las Comunidades Autnomas y, en su caso, con las Administraciones Locales, los mecanismos adecuados para la coordinacin de las actuaciones desarrolladas por las distintas Administraciones Pblicas, en sus respectivos mbitos de competencias, a fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la aplicacin de los recursos pblicos destinados a mejorar las condiciones de vida de los espaoles en el exterior y de los retornados.

j) Velar especialmente por extender la accin protectora a aquellos espaoles en el exterior que carezcan de recursos suficientes y que sean personas mayores, personas con discapacidad, jvenes o mujeres con especiales dificultades de integracin social o laboral o espaoles desplazados durante su minora de edad, fuera del territorio nacional, como consecuencia de la Guerra Civil espaola, en el periodo 1936-1939, as como a quienes sean objeto de ataques o amenazas terroristas en el exterior.

TTULO I

Derechos y prestaciones

CAPTULO I

Derechos de participacin

Artculo 4. Derecho a ser elector y elegible.

1. Los espaoles que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadana residente en el Estado espaol, en los trminos previstos en la normativa de aplicacin.

2. El Estado fomentar los tratados internacionales oportunos para que los residentes espaoles en el exterior vean reconocido el derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales de su lugar de residencia, bajo los criterios de reciprocidad que se establezcan en dichos tratados o en la ley. En el mbito de la Unin Europea el Estado adoptar las iniciativas necesarias para que en ningn pas se limiten o restrinjan estos derechos.

3. El Estado promover las medidas necesarias para facilitar la incorporacin de la ciudadana espaola en el exterior en las listas electorales de los partidos polticos, con transparencia y publicidad de las distintas opciones polticas.

4. La Administracin General del Estado arbitrar los mecanismos precisos para asegurar la permanente actualizacin del censo de los electores residentes en el exterior, actualizando el Censo de Ciudadanos Espaoles en el Exterior. A estos efectos, se potenciarn los medios disponibles en los Consulados para atender las funciones que les asigna la normativa electoral como colaboradores de la Oficina del Censo Electoral.

5. Para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los espaoles residentes en el exterior, se promovern las medidas legales tendentes a homogeneizar los procedimientos electorales para la ciudadana espaola en el exterior y se habilitarn los medios materiales, tcnicos y humanos precisos que posibiliten la votacin en urna o a travs de otro medio tcnico que garantice el secreto del voto y la identidad del votante, en elecciones generales, europeas y autonmicas, en las demarcaciones consulares, teniendo en cuenta las caractersticas de los pases de residencia y el nmero y distribucin de espaoles residentes en el pas de que se trate.

6. Para garantizar la concurrencia electoral en igualdad de todos los partidos polticos, listas electorales y coaliciones, se facilitar informacin actualizada por parte del Estado, as como el acceso a los medios pblicos de comunicacin con proyeccin en el exterior.

Artculo 5. Asistencia y proteccin de los espaoles en el exterior.

Los poderes pblicos, en el mbito de sus competencias, establecern las medidas para que las Oficinas Consulares, Consejeras de Trabajo y Asuntos Sociales y dems dependencias de la Administracin espaola en el exterior cuenten con los medios personales, materiales y tcnicos precisos para prestar la debida asistencia, proteccin y asesoramiento a la ciudadana espaola en el exterior.

La Administracin General del Estado y la de las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus respectivas competencias, prestarn especial atencin a aquellos que se encuentren en situaciones de necesidad y a los privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a la pena capital o cadena perpetua, as como a la ciudadana espaola que haya sido vctima de delitos de lesa humanidad en procesos de represin poltica.

El Estado fomentar la adopcin de medidas encaminadas a reforzar la tutela judicial de los espaoles en el exterior, impulsando la firma de Tratados o Convenios en materias como reconocimiento de sentencias y defensa de los penados.

Reglamentariamente, se determinarn los supuestos en que la ciudadana espaola residente en el exterior que carezca de recursos econmicos podr acceder a la asistencia jurdica gratuita cuando este beneficio no exista en el pas de residencia.

Artculo 6. Derecho de peticin.

Los espaoles residentes en el exterior pueden ejercer el derecho de peticin, individual o colectivamente, ante cualquier institucin pblica, administracin o autoridad, as como ante los rganos de direccin y administracin de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de las Administraciones Pblicas espaolas, en los trminos establecidos en la Ley Orgnica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Peticin.

Artculo 7. Derecho a acudir al Defensor del Pueblo.

Los espaoles residentes en el exterior pueden dirigirse al Defensor del Pueblo o a los rganos equivalentes de las Comunidades Autnomas invocando un inters legtimo, en las mismas condiciones que los residentes en Espaa.

Artculo 8. Derecho de informacin.

Los espaoles en el extranjero tienen derecho a obtener informacin sobre el conjunto de las leyes y dems normas que conforman el ordenamiento jurdico espaol y, especialmente, sobre aquellas que afecten a sus derechos e intereses legtimos, para lo que la Administracin Pblica espaola contar con las nuevas tecnologas, potenciando su utilizacin en relacin con la ciudadana espaola en el exterior.

Igualmente, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitacin de los procedimientos en los que sean interesados, as como cualquier otro derecho que como ciudadano, en sus relaciones con las Administraciones Pblicas, est previsto en la normativa.

Artculo 9. Derecho a la participacin en los rganos consultivos de la emigracin.

1. Los espaoles residentes en el exterior tienen derecho a participar en los asuntos que les conciernan a travs de los Consejos de Residentes Espaoles y del Consejo General de la Ciudadana Espaola en el Exterior o de los rganos equivalentes de las Comunidades Autnomas. Asimismo tienen derecho a participar en igualdad de condiciones con el resto de los espaoles en los rganos existentes en las Administraciones Pblicas, de acuerdo con la legislacin aplicable.

2. Los espaoles residentes en el exterior podrn ser electores y elegibles para los rganos citados en el apartado anterior, teniendo en cuenta lo establecido en las normas que regulan dichos rganos y, en lo no previsto por stas, por lo establecido en el Ttulo Primero, captulos I y II, de la Ley Orgnica 5/1985, de 19 de junio, de Rgimen Electoral General.

Artculo 10. Consejo General de la Ciudadana Espaola en el Exterior.

1. El Consejo General de la Ciudadana Espaola en el Exterior es un rgano de carcter consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a travs de la Direccin General de Emigracin, cuya eleccin, composicin y rgimen de funcionamiento se regularn reglamentariamente. Dicho Reglamento deber garantizar la representacin de todas las Comunidades Autnomas y Ciudades Autnomas que lo deseen y de las federaciones de asociaciones de la emigracin que acrediten la representatividad necesaria en los trminos que se establezcan y estn debidamente inscritas en el Censo previsto en esta Ley.

2. El Consejo General de la Ciudadana Espaola en el Exterior solicitar anualmente audiencia a las Comisiones competentes de las Cortes Generales para informar sobre la situacin de la ciudadana espaola en el exterior.

El Consejo General de la Ciudadana Espaola en el Exterior abrir cauces de colaboracin con los rganos de participacin de espaoles en el exterior existentes en las Comunidades Autnomas.

3. La Administracin General del Estado proveer con los medios adecuados al Consejo General de la Ciudadana Espaola en el Exterior para que ste pueda llevar a cabo las funciones asignadas.

Artculo 11. Atribuciones del Consejo General de la Ciudadana Espaola en el Exterior.

1. Son atribuciones del Consejo General de la Ciudadana Espaola en el Exterior las siguientes:

a) Llevar a cabo o solicitar la realizacin de estudios sobre cuestiones y problemas que afecten a la ciudadana espaola en el exterior.

b) Formular propuestas y recomendaciones en relacin con los objetivos y aplicacin de los principios inspiradores de la poltica de atencin a la ciudadana espaola en el exterior.

c) Ser informado de la actuacin de los rganos de la Administracin competentes en materia de atencin a la ciudadana espaola en el exterior y retornados.

d) Conocer e informar, con carcter previo, Anteproyectos de Ley y Proyectos de Reales Decretos y de rdenes relativos a las siguientes materias, en el mbito de su competencia: derechos civiles, derechos laborales y proteccin social, educativa y cultural, siempre que los mismos afecten directamente a los espaoles en el exterior.

e) Aprobar el Reglamento de funcionamiento del propio Consejo.

2. Las propuestas, recomendaciones, informes o acuerdos que el Consejo eleve al Gobierno sern remitidos a travs del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Artculo 12. Consejos de Residentes Espaoles.

Los Consejos de Residentes Espaoles son rganos de carcter consultivo y asesor, adscritos a las Oficinas Consulares de Espaa en el exterior, cuya composicin, eleccin y rgimen de funcionamiento se regularn reglamentariamente.

Artculo 13. Funciones de los Consejos de Residentes Espaoles.

Los Consejos de Residentes Espaoles tienen las siguientes funciones:

a) Ser cauce de comunicacin entre las comunidades de espaoles en el exterior y las correspondientes Oficinas Consulares.

b) Debatir y proponer a las Oficinas Consulares las medidas relacionadas con su funcin consular que contribuyan a mejorarla en el mbito de su circunscripcin.

c) Asesorar e informar a la Oficina Consular en los asuntos que afecten a la comunidad espaola.

d) Difundir entre la comunidad espaola las medidas adoptadas por las Administraciones Pblicas en aquellos temas que afecten a los espaoles residentes en la circunscripcin.

e) Cooperar con la Oficina Consular o con otras instituciones espaolas o locales para dar mayor carcter institucional a aquellas actividades que se desarrollen en beneficio de los espaoles.

f) Colaborar con la Oficina Consular en los procesos electorales de los propios Consejos de Residentes Espaoles.

g) Participar, en la forma en que reglamentariamente se establezca, en el procedimiento de concesin de ayudas y subvenciones establecidas a favor de los espaoles en el exterior.

Artculo 14. Organizaciones sindicales y empresariales.

1. Los sindicatos y organizaciones empresariales participarn en aquellas materias que afecten a la representacin y defensa de los intereses de los emigrantes y retornados.

2. Los sindicatos y las organizaciones empresariales participarn en los rganos de representacin de la emigracin en la forma que reglamentariamente se determine.

Artculo 15. Derecho de asociacin.

1. Los poderes pblicos, en el marco del artculo 105 de la Constitucin Espaola, apoyarn el movimiento asociativo de los espaoles en el exterior y retornados en Espaa, fomentando especialmente aquellos centros y asociaciones que tengan por objeto la promocin socio-cultural, as como a sus estructuras federativas.

Para garantizar la continuidad del movimiento asociativo se fomentar la participacin activa de los jvenes en las organizaciones y asociaciones de espaoles en el exterior y retornados.

2. Las Administraciones Pblicas coordinarn sus actuaciones a fin de lograr un mejor y ms eficaz aprovechamiento de los recursos pblicos, favoreciendo adems la agrupacin de los centros y asociaciones a travs de federaciones. Para ello se efectuarn las oportunas evaluaciones de aquellos programas o actividades subvencionados con fondos pblicos.

3. Se apoyarn, igualmente, las asociaciones de espaoles retornados en Espaa, cuya finalidad sea la informacin, asesoramiento y orientacin al retorno y a sus federaciones, as como aquellas iniciativas que el colectivo de emigrantes retornados estime necesarias para su integracin e insercin laboral.

4. Reglamentariamente se establecer un Censo de Asociaciones y Centros constituidos en el exterior en el que se inscribirn aquellas que sean conformes con el reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades que contempla la Constitucin Espaola. Todo ello se entender sin perjuicio de los registros creados por las Comunidades Autnomas, en ejercicio de sus competencias, para el control y seguimiento de sus centros en el exterior y de aquellos otros que pudieran crearse en el futuro.

5. Para garantizar la continuidad del movimiento asociativo, los poderes pblicos fomentarn en las organizaciones, centros y asociaciones de espaoles en el exterior y de retornados:

a) La participacin de nuevos socios de nacionalidad espaola.

b) En especial, la participacin activa de los jvenes de nacionalidad espaola.

c) La participacin de personas de otras nacionalidades.

Artculo 16. Igualdad de gnero.

Los poderes pblicos evitarn cualquier discriminacin por razn de gnero en relacin con todas las polticas y actividades contempladas en esta Ley.

Para ello, se garantizar la no discriminacin por razn de gnero en el acceso a los derechos y prestaciones, as como en la participacin en el mbito asociativo, en los rganos de representacin institucional y en los dems rganos que la norma contempla, teniendo en cuenta la legislacin vigente en materia de igualdad de gnero.

CAPTULO II

Derechos sociales y prestaciones

Artculo 17. Derecho a la proteccin de la salud.

1. Los espaoles residentes en el exterior tendrn derecho a la proteccin a la salud en los trminos en que reglamentariamente se establezca que, en todo caso, tendr por finalidad la equiparacin con las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

2. El Estado promover una atencin integral de la salud, atendiendo con carcter prioritario a los mayores y dependientes, que carezcan de recursos suficientes. El contenido y alcance de esta atencin se desarrollar reglamentariamente y tender a su equiparacin con la que se proporciona a los mayores y dependientes que viven en Espaa.

A tal efecto, el Estado podr suscribir convenios preferentemente con las entidades pblicas aseguradoras o prestadoras de cuidados de salud de los pases donde sea necesario garantizar la efectividad del derecho a la proteccin de la salud. En su caso, podr suscribir tambin convenios con entidades aseguradoras o prestadoras privadas, teniendo en especial consideracin a las entidades o instituciones espaolas en el exterior con capacidad para prestar la atencin sanitaria.

Artculo 18. Derechos en materia de la Seguridad Social.

1. El Estado adoptar las medidas necesarias para que la accin protectora de la Seguridad Social se extienda a los espaoles que se trasladen al exterior por causas de trabajo y a los familiares de los mismos en los trminos establecidos en la legislacin aplicable.

A tal fin, el Estado proveer cuanto fuese necesario para garantizar a los trabajadores espaoles en el exterior, en materia de Seguridad Social, la igualdad o asimilacin con los nacionales del pas de recepcin, el mantenimiento de derechos adquiridos y la conservacin de derechos en curso de adquisicin, mediante la celebracin de Tratados y Acuerdos con los Estados receptores, la ratificacin de Convenios Internacionales y la adhesin a Convenios multilaterales.

2. El Estado velar por la conservacin de los derechos en materia de Seguridad Social de los espaoles residentes en el exterior a travs de Convenios, Tratados o Acuerdos de Seguridad Social en materia de Seguridad Social y asimismo el Estado deber establecer frmulas que permitan a los trabajadores que residan en el exterior y a los que decidan retornar, el abono de las cotizaciones voluntarias al Sistema de Seguridad Social.

3. La Administracin General del Estado arbitrar las frmulas ms beneficiosas para el reconocimiento a los trabajadores espaoles en el exterior de las prestaciones econmicas, derivadas de las cotizaciones a la Seguridad Social, y en especial a las pensiones derivadas del extinto Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

Artculo 19. Prestaciones por razones de necesidad.

1. La Administracin General del Estado, en los trminos en que reglamentariamente se establezca, garantizar el derecho a percibir una prestacin a los espaoles residentes en el exterior que habindose trasladado al exterior por razones laborales, econmicas o cualesquiera otras y habiendo cumplido 65 aos de edad o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situacin de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades bsicas, de acuerdo a la realidad socioeconmica del pas de residencia.

Estas prestaciones podrn ser compatibles con las ayudas que otorguen las Comunidades Autnomas para la ayuda al retorno de acuerdo con la legislacin aplicable.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fijar anualmente la base de clculo de la prestacin por razn de necesidad, que slo podr revisarse cuando las oscilaciones del tipo de cambio entre el euro y la respectiva moneda local supere el 15 por ciento.

2. El Estado velar por la conservacin de los derechos en materia de Seguridad Social de los espaoles residentes en el exterior, a travs de los pertinentes Convenios, Tratados o Acuerdos en dicha materia. Asimismo, el Estado deber establecer frmulas que permitan a los trabajadores que residan en el exterior y a los que se decidan a retornar, el abono de las cotizaciones voluntarias al Sistema de Seguridad Social.

3. La Administracin General del Estado regular los mecanismos que permitan incorporar a la prestacin, la asistencia integral de la salud y los servicios sociales para mejorar la calidad de vida de los mayores o incapacitados para el trabajo. Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se establecer reglamentariamente el procedimiento de financiacin, sin que pueda ser repercutida sobre la citada prestacin la totalidad del coste de dicha asistencia.

Artculo 20. Servicios Sociales para mayores y dependientes.

1. A fin de promover el bienestar de los espaoles mayores que residen en el exterior, los poderes pblicos adoptarn las medidas necesarias para potenciar la red de servicios sociales, fomentando, asimismo, la realizacin de actividades encaminadas a la consecucin de su bienestar integral.

2. Los poderes pblicos prestarn especial apoyo en particular econmico a aquellos centros y asociaciones de espaoles en el exterior y retornados en el Estado espaol que cuenten con infraestructuras adecuadas para la atencin de personas mayores o en situacin de dependencia. Se incentivarn las redes que generen un mejor aprovechamiento de los recursos pblicos.

3. Los poderes pblicos, en el marco de la regulacin de la atencin a la dependencia, desarrollarn medidas especficas, especialmente de carcter asistencial, sanitario y farmacutico, encaminadas a la consecucin del bienestar integral de la ciudadana espaola en el exterior en situacin de necesidad, en aras de alcanzar la gradual asimilacin a las prestaciones vigentes del Sistema para la Autonoma y Atencin a la Dependencia, conforme a lo que disponga la legislacin vigente.

Artculo 21. Acciones de informacin socio-laboral y orientacin y participacin en programas de formacin profesional ocupacional.

1. La Administracin General del Estado y las Comunidades Autnomas promovern el desarrollo de acciones de informacin, orientacin y asesoramiento en el exterior, a travs de la red de consulados, embajadas, centros estatales y autonmicos en el mundo, asociaciones y medios de comunicacin encaminadas a facilitar la insercin socio-laboral de los espaoles residentes en el exterior, a travs de los correspondientes programas de ayudas o de convenios con entidades pblicas o privadas.

2. Los servicios pblicos de empleo fomentarn la participacin de los espaoles residentes en el exterior y de los retornados en programas de formacin profesional, a fin de facilitar su incorporacin al mercado laboral o de mejorar su capacitacin profesional.

3. La Administracin General del Estado y las Comunidades Autnomas podrn promover acciones concretas o establecer acuerdos con organismos pblicos o privados de los respectivos pases para facilitar, la incorporacin al mercado laboral de los jvenes y de las mujeres con especiales dificultades de insercin laboral, as como personas con discapacidad.

Artculo 22. Derechos en materia de empleo y ocupacin.

1. El Estado promover, a travs del Sistema Nacional de Empleo, el acceso a la informacin que permita a los espaoles demandantes de empleo residentes en el exterior y a los retornados, la bsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupacin sin perjuicio de la informacin que, a los mismos efectos, sea suministrada por las agencias autonmicas de empleo y ocupacin.

2. El Estado velar por las condiciones del desplazamiento de profesionales y trabajadores espaoles por empresas radicadas en el exterior y facilitar la contratacin de trabajadores espaoles residentes en el exterior.

3. El Gobierno podr establecer visados de bsqueda de empleo dirigidos a los hijos o nietos de espaoles de origen, conforme a la legislacin especfica de aplicacin. Dichos visados tendrn un tratamiento preferencial.

CAPTULO III

Derechos relativos a la educacin y a la cultura

Artculo 23. Derecho a la educacin.

1. La Administracin General del Estado y las Administraciones Autonmicas, con el fin de que los espaoles residentes en el exterior cuenten con una adecuada atencin educativa, promovern medidas que favorezcan su acceso a la educacin en sus distintos niveles en su pas de residencia a travs de los medios que se estimen adecuados.

2. Adems, con la finalidad de facilitar el acceso al sistema educativo espaol, los poderes pblicos fomentarn la existencia de centros educativos pblicos en el exterior mediante convenios. Se fomentar la realizacin de estudios universitarios en Espaa mediante la concesin de becas o la suscripcin de convenios de colaboracin con universidades espaolas.

3. El Estado promover, igualmente, el acceso a las universidades no presenciales o a distancia fomentando el empleo de las nuevas tecnologas.

4. El Estado reconocer el derecho a la participacin de los profesores, padres y alumnos en el control y la gestin de los centros educativos espaoles en el exterior, en los trminos que reconozca la legislacin espaola.

Artculo 24. Homologacin, convalidacin y reconocimiento de ttulos y estudios extranjeros.

El Estado deber adoptar las medidas necesarias para la simplificacin y agilizacin de los procedimientos de homologacin, convalidacin y reconocimiento de ttulos y estudios extranjeros, a fin de facilitar la continuidad de los estudios en Espaa y, en su caso, la insercin en el mercado de trabajo, de acuerdo con la normativa aplicable.

Artculo 25. Lenguas y culturas espaolas.

1. El Estado arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar a los descendientes de espaoles residentes en el exterior el conocimiento del castellano y podr adoptar, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, las medidas precisas para favorecer el conocimiento de sus lenguas cooficiales.

A tal fin, se establecern los requisitos ms beneficiosos de acceso y funcionamiento de estos programas para garantizar su continuidad y adaptarlos a las circunstancias especficas de cada pas, y se propiciarn los acuerdos bilaterales o multilaterales con dichos pases con el fin de facilitar el funcionamiento de tales programas.

El Estado garantizar a nios y adultos espaoles con discapacidad una enseanza de la lengua y cultura espaolas debidamente adaptada.

2. Los poderes pblicos promovern la divulgacin y el conocimiento tanto de la diversidad cultural espaola como del patrimonio cultural comn. Para ello se contar con los medios de comunicacin audiovisual pblicos y mediante el apoyo a los medios privados, teniendo en cuenta su vocacin exterior y fomentando su nivel de calidad. A este fin, se contar con la colaboracin de las asociaciones de espaoles en el exterior.

TTULO II

Poltica integral en materia de retorno

Artculo 26. Finalidades de la poltica de retorno.

1. El Estado en colaboracin con las Comunidades Autnomas y las Corporaciones Locales, promover una poltica integral para facilitar el retorno de los espaoles de origen residentes en el exterior.

A tal fin, los poderes pblicos, para un eficaz y eficiente aprovechamiento de los recursos pblicos, coordinarn sus actuaciones para que la integracin social y laboral de los espaoles que retornen se realice en las condiciones ms favorables.

2. Los poderes pblicos adoptarn las medidas necesarias para remover los obstculos que dificulten a los espaoles retornados el acceso a las prestaciones o beneficios sociales existentes, en las mismas condiciones que los espaoles residentes en Espaa.

El Estado en colaboracin con las Comunidades Autnomas, las Corporaciones Locales y las Asociaciones de Emigrantes Retornados promover una poltica integral para facilitar el retorno de los espaoles de origen residentes en el exterior.

3. Los poderes pblicos desarrollarn medidas dirigidas a facilitar la proteccin y el retorno de las espaolas residentes en el exterior, y, en su caso, sus hijos, vctimas de situaciones de violencia de gnero cuando el pas de residencia no ampare de manera suficiente a las vctimas de estos delitos.

4. Los poderes pblicos promovern el acceso a la vivienda de los emigrantes retornados, teniendo en cuenta las necesidades especficas de este colectivo, a travs de las administraciones competentes y en colaboracin con las asociaciones de retornados.

Artculo 27. Oficina Espaola del Retorno.

1. La Administracin General del Estado crear la Oficina Espaola del Retorno, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para facilitar la orientacin y el asesoramiento a los espaoles que decidan retornar, a cuyo fin se establecern los medios y recursos materiales y tecnolgicos necesarios para integrar toda la informacin relativa a las normas, procedimientos administrativos y medidas de apoyo existentes en materia de retorno, y todo ello sin perjuicio de aquellos derechos o actuaciones que estn reconocidos por las Leyes o actuaciones sobre el retorno en vigor en las distintas Comunidades Autnomas.

2. La Administracin General del Estado podr suscribir convenios o acuerdos con entidades pblicas o privadas sin nimo de lucro con objeto de facilitar los trmites que deban realizar los espaoles para retornar a Espaa, teniendo en especial consideracin a las asociaciones de emigrantes retornados.

3. La Administracin General del Estado en el exterior contar con la dotacin necesaria de medios humanos, materiales y tcnicos, para facilitar a los espaoles la planificacin de su retorno a Espaa, teniendo en especial consideracin a la red asociativa en el exterior y a las asociaciones de retornados en Espaa.

4. Asimismo, las Comunidades Autnomas y las corporaciones locales podrn crear en sus respectivos territorios entes o agencias equivalentes a los previstos en el prrafo anterior, en cuyo caso las Administraciones afectadas intercambiarn la informacin que resulte pertinente a esos efectos.

Artculo 28. Fomento del empleo.

El Estado y las Comunidades Autnomas promovern el desarrollo de un servicio especfico, que planifique acciones de informacin, orientacin y asesoramiento encaminadas a facilitar la insercin social y laboral de los espaoles retornados, a travs de los correspondientes programas de ayudas o de convenios con entidades pblicas o privadas que tendr como objetivo su insercin en el mercado de trabajo apoyando muy especialmente las iniciativas de insercin laboral, proyectos de empleo y autoocupacin que promovern las Asociaciones de Emigrantes Retornados.

A tal efecto, en el marco de la poltica de empleo, el Plan Nacional de Reformas, podr considerar colectivo prioritario de actuacin a los retornados y sus familiares, a fin de potenciar sus posibilidades de encontrar empleo y mejora de su ocupabilidad.

En este sentido, se llevarn a cabo especialmente, las reformas necesarias para simplificar los trmites relativos a la homologacin de titulaciones acadmicas y profesionales y de los permisos de conducir, as como el acceso a las ofertas de empleo del Sistema Nacional de Empleo y de los Servicios Europeos de Empleo y la posibilidad de inscribirse como demandante de empleo.

TTULO III

Relaciones entre las Administraciones Pblicas

Artculo 29. Cooperacin entre las Administraciones Pblicas.

1. El Estado y las Comunidades Autnomas debern cooperar para garantizar la efectividad de los derechos y deberes que la presente Ley reconoce a los espaoles en el exterior y a los retornados a Espaa.

A tal fin, los poderes pblicos prestarn asistencia para mejorar la eficacia y eficiencia de sus actuaciones en el mbito de la proteccin de los espaoles en el exterior y, especialmente, en la atencin a los espaoles que retornan a Espaa, intercambiando la informacin precisa para una mejor coordinacin de las respectivas actuaciones, debiendo garantizarse en todo caso, las competencias que tengan atribuidas cada Administracin Pblica de conformidad con el sistema de distribucin competencial vigente.

2. En el mbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se constituir una Comisin, como rgano de cooperacin multilateral, de mbito sectorial, de la que formarn parte representantes de la Administracin General del Estado y de las Comunidades Autnomas y en la que podrn participar representantes de la Administracin Local cuando se traten temas que afecten al mbito de sus competencias.

Artculo 30. Convenios de colaboracin entre el Estado y las Comunidades Autnomas.

1. La Administracin General del Estado podr celebrar convenios de colaboracin con los rganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autnomas en el mbito de sus respectivas competencias y, particularmente, en lo relativo al retorno, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

2. Las Administraciones Pblicas podrn acordar la realizacin de planes y programas conjuntos en materias de competencia concurrente.

Artculo 31. Coordinacin de las actuaciones de los poderes pblicos.

A fin de conseguir la complementariedad de las actuaciones y evitar la duplicidad de los programas y medidas de apoyo a favor de los espaoles residentes en el exterior y de los retornados, los poderes pblicos impulsarn el establecimiento de mecanismos de coordinacin entre las distintas Administraciones Pblicas competentes.

Disposicin adicional primera. Portal de la Ciudadana Espaola en el Exterior.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales crear el Portal de la Ciudadana Espaola en el Exterior, como punto de informacin integral en internet.

Con el fin de mantener actualizada la informacin que se ofrece en el portal, las Administraciones Pblicas coordinarn puntualmente con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales toda la informacin relevante en esta materia.

Disposicin adicional segunda. Adquisicin de la nacionalidad espaola por los descendientes de espaoles.

El Gobierno en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley promover una regulacin del acceso a la nacionalidad de los descendientes de espaoles y espaolas que establezca las condiciones para que puedan optar por la nacionalidad espaola, siempre que su padre o madre haya sido espaol de origen, con independencia del lugar y de la fecha de nacimiento de cualquiera de ellos.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Se deroga la Ley 33/1971, de 21 de julio, de Emigracin y todas aquellas normas que contradigan lo establecido en la presente Ley.

Disposicin final primera. Modificacin del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Uno. Se modifica el apartado 4 del artculo 2, del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que quedar redactado de la siguiente forma:

Los transportistas, agentes consignatarios, representantes, trabajadores y, en general, las personas fsicas o jurdicas que intervengan en movimientos migratorios.

Dos. Se modifica la rbrica del Captulo IV del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que quedar denominado:

Infracciones en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros.

Tres. Se modifica la rbrica de la Seccin 1. del Captulo IV y sus artculos 33, 34, 35 y 36 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, dndoles la siguiente redaccin:

Seccin 1. Infracciones en materia de movimientos migratorios

Artculo 33. Concepto.

Son infracciones en materia de movimientos migratorios laborales las acciones u omisiones de los sujetos a quienes se refiere el artculo 2.4 tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente Ley.

Artculo 34. Infracciones leves.

Constituye infraccin leve la modificacin de las condiciones de la oferta de trabajo para desplazarse al exterior, si no causa perjuicio grave para el trabajador.

Artculo 35. Infracciones graves.

Son infracciones graves:

1. La modificacin de las condiciones de la oferta de trabajo para desplazarse al exterior, si causa perjuicio grave para el trabajador.

2. La ocultacin, falsificacin o rectificacin de clusulas sustanciales de un contrato de trabajo para desplazarse al exterior.

3. El desplazamiento del trabajador al pas de acogida sin la documentacin necesaria o la retencin injustificada por la empresa de dicha documentacin.

4. La contratacin de marinos espaoles por cuenta de empresas armadoras extranjeras realizada por personas o entidades no autorizadas por la autoridad laboral para realizar ese cometido.

Artculo 36. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

1. El establecimiento de cualquier tipo de agencias de reclutamiento.

2. La simulacin o engao en la contratacin de los trabajadores que se desplazan al exterior.

3. El abandono de trabajadores desplazados por parte del empresario contratante o de sus representantes autorizados.

4. El cobro a los trabajadores de comisin o precio por su contratacin.

5. La obtencin fraudulenta de ayudas a los movimientos migratorios, ya sean individuales o de reagrupacin familiar, o la no aplicacin o aplicacin indebida de dichas ayudas.

Cuatro. Se modifica el primer prrafo del apartado 1 del artculo 40 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que tendr la siguiente redaccin:

1. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, as como las infracciones por obstruccin se sancionarn.

Disposicin final segunda. Ttulo competencial.

Esta Ley se dicta al amparo del artculo 149.1. 2. de la Constitucin Espaola, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de emigracin.

Disposicin final tercera. Habilitacin normativa.

Se autoriza al Gobierno para que, en el mbito de competencias del Estado, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicacin y el desarrollo de la presente Ley.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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