Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Legislación consolidada

Ley Orgnica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperacin con la Corte Penal Internacional.

Publicado en: BOE núm. 296, de 11/12/2003.
Entrada en vigor: 12/12/2003
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2003-22715
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/2003/12/10/18/con

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 11/12/2003


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

En virtud de la autorizacin concedida por la Ley Orgnica 6/2000, de 4 de octubre, Espaa ratific, por instrumento de 19 de octubre de 2000 (depositado el 25 de octubre), el Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de julio de 1998. Dicho Estatuto entr en vigor, conforme a lo dispuesto en su artculo 126, el 1 de julio de 2002.

La estructura de esta ley, comparable a la que se sigui en la Ley Orgnica 15/1994, de 1 de junio, para la cooperacin con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia, y en la Ley Orgnica 4/1998, de 1 de julio, para la cooperacin con el Tribunal Internacional para Ruanda, parte del presupuesto del carcter autoejecutivo de numerosos preceptos del Estatuto de Roma, en condiciones de positividad que permiten su aplicacin directa por los tribunales, en aquellos sistemas como el espaol, en los que los tratados pueden ser aplicados directamente cuando el contenido material de la norma internacional as lo permita.

En lgico desarrollo de ese planteamiento, la ley slo regula aquellos aspectos orgnicos, procesales y procedimentales que permitan la aplicacin concreta del Estatuto, evitando reproducir preceptos de ste que seran redundantes.

En el mbito de las fuentes, se contemplan lgicamente, adems del propio Estatuto y de esta ley, las dems leyes espaolas aplicables, en lo que no est regulado expresamente por ella. Adems, habrn de tenerse en cuenta los acuerdos que puedan celebrarse entre Espaa y la Corte, as como, en aquello que sea pertinente, las reglas de procedimiento y prueba de la Corte, que habrn de ser objeto de publicacin en el "Boletn Oficial del Estado".

La ley regula con particular cuidado el llamado "mecanismo de activacin", a travs de la denuncia por Espaa de una situacin que podra ser de la competencia de la Corte, configurndose como una competencia exclusiva del Gobierno en razn a las diversas variables de poltica exterior que deben ser ponderadas por el rgano constitucionalmente responsable de la poltica exterior.

La ley pone particular cuidado en la regulacin de eventuales conflictos competenciales entre la Corte y los tribunales espaoles, establecindose el deber del Ejecutivo de sostener la competencia espaola cuando sta ha sido ejercida o se est ejerciendo, pero se establece un matiz o gradacin en los deberes del Ejecutivo, inspirado en reciente doctrina tanto de la Sala Segunda como de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en orden al deber de recurrir o la facultad de hacerlo ante rganos judiciales externos. Cuando la causa se halla en un estadio inicial, en el momento procesal en que el Fiscal de la Corte reclama la competencia, el Gobierno tiene el deber de recurrir ante la Sala de Cuestiones Preliminares, pero cuando sta ya se ha pronunciado sosteniendo la competencia de la Corte, el Gobierno tiene la facultad de apreciar soberanamente si se aquieta a esta decisin o interpone recurso ante la Sala de Apelaciones.

Un elemento significativo de esta ley es la entrega a la Corte de una persona reclamada por la misma, que resulta imprescindible, pues el Estatuto no permite dictar sentencias en rebelda. Los preceptos del Estatuto y de las reglas de procedimiento y prueba son muy minuciosos y concordantes con el derecho interno espaol, por lo que esta ley slo introduce los adecuados complementos.

El aspecto ms significativo se refiere al principio general que establece el Estatuto acerca de la obligatoriedad de decretar la prisin provisional, siendo excepcin la libertad provisional, aunque no se establece un automatismo riguroso eliminando por completo la facultad de apreciacin por el juez interno, sino solamente que examine y valore las recomendaciones de la Corte, tal y como establece el artculo 59.4 del Estatuto. En orden a la entrega a la Corte, la caracterstica principal es la limitacin de los motivos de denegacin de la solicitud, apartndose de los modelos clsicos en materia de extradicin, ya que ni siquiera la existencia de cosa juzgada puede impedir la entrega, sin perjuicio de la valoracin que, en su caso, pueda efectuar la Corte.

Junto al ncleo bsico de la cooperacin, constituido por la entrega a la Corte, la ley regula tambin diversos aspectos del auxilio judicial internacional, aunque teniendo en cuenta la precisin del Estatuto en la regulacin de una variada tipologa de comisiones rogatorias y otras formas de cooperacin, ha parecido suficiente prever en la norma interna espaola mnimos complementos procesales.

La ejecucin de las sentencias de la Corte, tanto en cuanto a las penas principales como en cuanto a las consecuencias accesorias y la reparacin a las vctimas, es tambin objeto de regulacin y, siguiendo la misma tcnica legislativa, se introducen desarrollos normativos mnimos, siendo aplicables las normas generales y eventuales acuerdos con la Corte. En lo que concierne a las penas privativas de libertad, Espaa ha formulado al ratificar el Estatuto una declaracin expresando la disposicin a recibir en Espaa personas condenadas por la Corte, para cumplimiento de la condena, bajo determinados lmites temporales, de acuerdo con la habilitacin concedida por la disposicin adicional nica de la Ley Orgnica 6/2000, de 4 de octubre.

En el plano orgnico, se mantiene la competencia de la Audiencia Nacional para la cooperacin pasiva concerniente a la entrega a la Corte, siendo competentes los restantes rganos judiciales, sea para la cooperacin activa, sea para ciertos aspectos de la pasiva, como son las comisiones rogatorias, actos de notificacin y otras formas de cooperacin. En el orden poltico y administrativo, el Ministerio de Justicia es el rgano de relacin con la Corte, sin perjuicio de tener que contar con el criterio del Ministerio de Asuntos Exteriores en los asuntos de su competencia.

La competencia para la entrega se residencia en el Juez Central de Instruccin de la Audiencia Nacional, con un recurso de apelacin ante la Sala de lo Penal, con motivos tasados, tal y como est previsto en el artculo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el procedimiento abreviado. A diferencia del modelo que inspira la Ley de Extradicin Pasiva de 1985, la intervencin del Poder Ejecutivo es reducida, judicializndose todo el sistema y eliminndose las llamadas fases gubernativas, y dentro de esta fase judicial ahora nica, se reducen los motivos de oposicin a la solicitud de entrega.


[Bloque 2: #a1]

Artculo 1. Objeto y fuentes jurdicas.

El objeto de esta ley orgnica es regular las relaciones de cooperacin entre el Estado espaol y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de la jurisdiccin y funciones encomendadas a esta institucin por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 -en lo sucesivo, el Estatutoy su normativa complementaria, mediante la atribucin de competencias a los rganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, aplicables en lo no previsto en el Estatuto y sus normas complementarias en la medida en que stas resulten pertinentes, en particular las reglas de procedimiento y prueba, as como en los acuerdos especficos de cooperacin que Espaa pueda celebrar con la Corte.

Con carcter supletorio a esta ley se aplicarn las normas orgnicas y procesales de aplicacin general.


[Bloque 3: #a2]

Artculo 2. De la cooperacin pasiva.

Espaa prestar plena cooperacin a la Corte Penal Internacional -en lo sucesivo, la Corte- de conformidad con lo prevenido en el Estatuto y en especial en su artculo 86.


[Bloque 4: #a3]

Artculo 3. De la cooperacin activa.

Los rganos judiciales y el Ministerio Fiscal podrn dirigir, por conducto del Ministerio de Justicia, solicitudes de cooperacin a la Corte que se consideren necesarias en el marco de un proceso que se siguiere en Espaa y en los casos y condiciones que establece el artculo 93.10 del Estatuto.


[Bloque 5: #a4]

Artculo 4. De las autoridades competentes.

Son autoridades competentes para la aplicacin de esta ley:

a) El Gobierno.

b) El Ministerio de Justicia.

c) El Ministerio de Asuntos Exteriores, en los casos previstos en esta ley, y, en todo caso, cuando intervinieran factores de poltica exterior.

d) El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, cuando el acto de cooperacin afecte a sus competencias.

e) Los rganos judiciales de la jurisdiccin ordinaria y, en particular, la Audiencia Nacional.

f) Los rganos judiciales militares y, en particular, el Tribunal Militar Central.

g) El Ministerio Fiscal.


[Bloque 6: #a5]

Artculo 5. De la representacin y defensa procesal.

1. La representacin y defensa en juicio de Espaa ante los rganos de la Corte corresponder a los Abogados del Estado integrados en la Abogaca General del Estado y de acuerdo con las instrucciones impartidas conjuntamente, en cada caso, por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En los supuestos en que el procedimiento afecte a materias propias de algn departamento ministerial, se oir a ste antes de impartir las citadas instrucciones.

2. El Gobierno, por motivos excepcionales y odo el Abogado General del Estado, podr acordar que una persona, especialmente designada al efecto, acte como agente de Espaa en un determinado procedimiento ante los rganos de la Corte. La persona designada por el Gobierno asumir en el desempeo de sus servicios las funciones de Abogado del Estado y se ajustar a las disposiciones que regulan el ejercicio de dichas funciones.


[Bloque 7: #a6]

Artculo 6. De los rganos de relacin y consulta con la Corte.

1. El Ministerio de Justicia es el nico rgano de relacin entre la Corte, por un lado, y los rganos judiciales y Ministerio Fiscal, por otro, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores.

2. El Ministerio de Justicia es tambin el rgano de consulta con la Corte en los casos previstos en el Estatuto, debiendo informar previamente de cada consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores. En el supuesto de que la consulta afecte a materias propias del mbito competencial de los Ministerios del Interior o Defensa, recabar el informe de estos departamentos.

Cuando la consulta incluya, a juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, aspectos de poltica exterior, ser ste el competente, en coordinacin con el Ministerio de Justicia y, en su caso, con otros ministerios concernidos.


[Bloque 8: #a7]

Artculo 7. De la solicitud para iniciar una investigacin por el Fiscal de la Corte.

1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, decidir la presentacin de la denuncia de una situacin ante el Fiscal de la Corte, de conformidad con lo prevenido en los artculos 13, prrafo a), y 14 del Estatuto, y en su caso, para instar de la Sala de Cuestiones Preliminares que el Fiscal reconsidere su decisin de no iniciar actuaciones, conforme al artculo 53.3.) del Estatuto.

2. Cuando se presentare una denuncia o querella ante un rgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un departamento ministerial, en relacin con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales espaoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos rganos se abstendrn de todo procedimiento, limitndose a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, que podr, en su caso, iniciar una investigacin, sin perjuicio de adoptar, si fuera necesario, las primeras diligencias urgentes para las que pudieran tener competencia. En iguales circunstancias, los rganos judiciales y el Ministerio Fiscal se abstendrn de proceder de oficio.

3. No obstante, si el Fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigacin o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto, la denuncia, querella o solicitud podr ser presentada nuevamente ante los rganos correspondientes.


[Bloque 9: #a8]

Artculo 8. Del requerimiento de inhibicin al Fiscal de la Corte.

1. Recibida en el Ministerio de Justicia notificacin del Fiscal de la Corte de inicio de una investigacin conforme al artculo 18.1 del Estatuto, de tratarse de hechos cuyo conocimiento podra corresponder a la jurisdiccin espaola por haber acaecido en territorio espaol u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad espaola, dicho departamento ministerial solicitar del Fiscal General del Estado informacin urgente sobre la existencia de actuaciones penales que se sigan o se hayan seguido en relacin con los hechos objeto de la investigacin, as como sobre si tienen competencia los tribunales espaoles.

2. Cuando de la informacin suministrada por el Fiscal General del Estado apareciera que se ha ejercido jurisdiccin en Espaa, se est ejerciendo o, como consecuencia de la notificacin recibida, se ha iniciado una investigacin por las autoridades espaolas, los Ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores, en plazo que no podr rebasar los veinte das desde la recepcin de la notificacin del Fiscal de la Corte, elevarn propuesta conjunta al Consejo de Ministros para que resuelva sobre sostener la competencia de las autoridades espaolas y, en su caso, pedir la inhibicin al Fiscal de la Corte conforme al artculo 18.2 del Estatuto.

3. Una vez aprobado el Acuerdo del Consejo de Ministros del apartado anterior, corresponder al Ministerio de Justicia formular la peticin de inhibicin y realizar las restantes actuaciones previstas en el Estatuto para dar cumplimiento a dicho Acuerdo.

4. El Ministerio de Justicia responder con carcter urgente a cualquier peticin de informacin del Fiscal de la Corte referida al estado de los procedimientos penales que se siguieren en Espaa y que hubieren sido objeto de peticin de inhibicin, recabando dicha informacin del Fiscal General del Estado o directamente del rgano judicial que estuviere conociendo del asunto. La informacin se transmitir con los lmites de utilizacin que estableciere el rgano judicial que autorizare la informacin.

5. Cuando de la informacin suministrada por el Fiscal General del Estado de conformidad con el apartado 1 resulte que no se ha ejercido jurisdiccin, ni se est ejerciendo, ni se ha iniciado investigacin en Espaa, el Ministerio de Justicia lo comunicar urgentemente al Fiscal de la Corte.


[Bloque 10: #a9]

Artculo 9. De la impugnacin de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa.

1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Asuntos Exteriores, acordar la impugnacin de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa, de conformidad con lo previsto en los artculos 17 y 19 del Estatuto, cuando los tribunales espaoles hayan conocido del asunto y haya recado sentencia, o se haya decretado el sobreseimiento libre de la causa o estn conociendo del asunto. Dicho acuerdo habilitar, en su caso, al Ministerio de Justicia para llevar a cabo la impugnacin.

2. Tal impugnacin se formalizar a la mayor brevedad posible, antes del inicio del juicio en la Corte y, excepcionalmente, en el momento de su iniciacin o en un momento posterior, fundndose en este ltimo caso en el solo motivo de haberse producido ya cosa juzgada en Espaa.


[Bloque 11: #a10]

Artculo 10. De la inhibicin de la jurisdiccin espaola a favor de la Corte.

Si, a pesar de la solicitud de inhibicin al Fiscal de la Corte prevista en el artculo 8 de esta ley o de la impugnacin de la competencia o la admisibilidad de la causa contemplada en el artculo 9, la Sala competente de la Corte autoriza al Fiscal a proceder a la investigacin o mantiene su competencia, el rgano jurisdiccional espaol se inhibir a favor de la Corte y a su solicitud le remitir lo actuado.


[Bloque 12: #a11]

Artculo 11. De la detencin.

1. Cuando fuere detenida una persona, en cumplimiento de una orden de la Corte de detencin provisional o de detencin y entrega, la autoridad que practicare la detencin lo comunicar inmediatamente al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instruccin de la Audiencia Nacional, debiendo ser puesta dicha persona a disposicin del Juez Central de Instruccin sin demora y, en todo caso, dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la detencin.

2. El Juez Central de Instruccin oir a la persona reclamada, asistida de letrado y, en su caso, de intrprete y al Ministerio Fiscal, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su puesta a disposicin judicial. Despus de verificar la identidad del detenido, el contenido de la orden de detencin y las circunstancias previstas en el artculo 59.2 del Estatuto informar al detenido del contenido de la orden de detencin y de su derecho a solicitar la libertad provisional.

3. Cuando la orden de detencin de la Corte se refiera a una persona que se encuentra cumpliendo condena impuesta por los tribunales espaoles o por los de un tercer Estado desde el cual hubiere sido trasladada a Espaa para su cumplimiento, la autoridad penitenciaria competente informar con antelacin suficiente sobre la fecha de excarcelacin al Juez Central de Instruccin y al Ministerio de Justicia, que informar a la Corte sobre la fecha prevista de excarcelacin.


[Bloque 13: #a12]

Artculo 12. De la libertad provisional.

1. Si el detenido solicitara, en la comparecencia prevista en el artculo anterior, su libertad provisional, el Juez Central de Instruccin acordar remitir dicha solicitud a la Corte, a travs del Ministerio de Justicia, con indicacin del plazo para recibir sus recomendaciones, que no ser inferior a veinte das. En la misma resolucin el Juez Central de Instruccin acordar la prisin provisional del detenido por el tiempo estrictamente necesario para recibir las recomendaciones de la Corte sobre dicha solicitud y hasta que se resuelva sobre sta.

2. Una vez recibida, a travs del Ministerio de Justicia, la comunicacin de la Corte con las recomendaciones que sta formule sobre la solicitud de libertad, o concluido el plazo sealado para su formulacin, el Juez Central de Instruccin, previa valoracin de dichas recomendaciones, podr acordar la libertad provisional del detenido cuando existan circunstancias urgentes y excepcionales que lo justifiquen y adoptar las salvaguardias necesarias para cumplir la obligacin de entregar la persona a la Corte y, en especial, las medidas recomendadas al efecto por sta.

3. Si en el plazo establecido en las reglas de procedimiento y prueba la Corte no hubiera remitido la documentacin para la entrega prevista en el artculo 91.2 y 3 del Estatuto, el Juez Central de Instruccin podr acordar la libertad provisional y las medidas cautelares adecuadas, que se mantendrn por un tiempo mximo de ciento ochenta das, sin perjuicio de volver a decretar la prisin una vez recibida la documentacin de la Corte.

4. Cuando se acordare la libertad provisional, se informar a la Sala de Cuestiones Preliminares y, posteriormente, cuantas veces sta lo solicite.


[Bloque 14: #a13]

Artculo 13. De la entrega simplificada.

1. En la comparecencia regulada en el artculo 11 de esta ley se interrogar a la persona reclamada acerca de si consiente en su entrega y, si diere el consentimiento, el Juez Central de Instruccin dictar auto acordando la entrega a la Corte sin ms trmites y sin que sea necesario que la Corte remita la documentacin prevista en el artculo 91 del Estatuto.

Se proceder de la misma manera si tambin consiente en la entrega respecto a otros hechos no comprendidos en la solicitud de la Corte y que pudieren aparecer en el curso del proceso ante sta, y, si no accediere, la entrega se efectuar slo por los hechos contenidos en la solicitud, sin perjuicio de lo que proceda, despus de la entrega, en aplicacin del apartado 2 del artculo 101 del Estatuto. Fuera de este caso, no se admitir un consentimiento parcial.

2. El Juez Central de Instruccin remitir urgentemente copia del auto al Ministerio de Justicia, que informar de inmediato a la Corte y solicitar indicaciones de sta, en orden a la realizacin del traslado. Una vez recibidas dichas instrucciones, las transmitir al Juzgado Central de Instruccin y al Ministerio del Interior a los fines de la entrega.

3. La persona reclamada, aunque se hubiere opuesto a la entrega en la citada comparecencia, podr dar su consentimiento dentro de los quince das siguientes, procedindose en tal caso conforme a lo prevenido en los apartados precedentes.

4. En la misma comparecencia se informar al detenido de que el consentimiento, una vez dado, es irrevocable.


[Bloque 15: #a14]

Artculo 14. De la orden de comparecencia de un imputado ante la Corte.

Cuando, en lugar de una solicitud de detencin, la Corte hubiere dictado una orden de comparecencia, el Ministerio de Justicia remitir la solicitud de la Corte al juez de instruccin del domicilio o residencia de la persona buscada, el cual citar a sta personalmente, informndole de la fecha y dems circunstancias relativas a dicha comparecencia, y adoptar las medidas de aseguramiento de la comparecencia previstas en la legislacin procesal espaola que considere ms adecuadas, con exclusin de las privativas de libertad, remitiendo las diligencias practicadas al Ministerio de Justicia, que las transmitir a la Corte.


[Bloque 16: #a15]

Artculo 15. De la entrega a la Corte.

1. No habindose accedido a la entrega simplificada, cuando hubiera sido detenida una persona en cumplimiento de una orden de la Corte de detencin y entrega o una vez recibida en el Juzgado Central de Instruccin la documentacin prevista en el artculo 91.2 3 del Estatuto, segn los casos, se pondr sta de manifiesto en Secretara y se convocar a una audiencia que tendr lugar en el plazo mximo de diez das, con citacin de la persona reclamada y su defensor y, en su caso, de un intrprete, as como del Ministerio Fiscal. A dicha audiencia podr asistir e intervenir un delegado del Fiscal de la Corte.

No se admitirn otras alegaciones o pruebas que las relativas a la concurrencia o no de los requisitos establecidos en los apartados 2 3 del artculo 91 del Estatuto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Cuando se alegare la excepcin de cosa juzgada, el Juzgado Central de Instruccin lo comunicar al Ministerio de Justicia, aplazando la resolucin sobre la entrega, mientras el Ministerio de Justicia efecta las consultas con la Corte previstas en el artculo 89.2 del Estatuto. Si de tales consultas resultare que la causa ha sido declarada admisible por la Corte, el Juzgado Central de Instruccin alzar la suspensin. Dicho Juzgado podr tambin acordar la suspensin de la vista cuando hubiere de practicar alguna informacin complementaria.

3. Concluida la vista, el Juzgado Central de Instruccin resolver sobre la peticin de entrega, por medio de auto, en el plazo de tres das.

4. Si en el citado auto se denegare la entrega, podr mantenerse la situacin de prisin provisional hasta la firmeza de dicha resolucin.

5. Si la resolucin fuere estimatoria, una vez firme, se notificar de inmediato al Ministerio de Justicia y por ste se dar traslado seguidamente a la Corte, solicitando indicaciones para la realizacin del traslado, que una vez recibidas se comunicarn al Juzgado Central de Instruccin y al Ministerio del Interior.

6. Si la resolucin fuere denegatoria de la entrega, una vez firme, se pondr urgentemente en libertad a la persona detenida y se comunicar al Ministerio de Justicia, que a su vez lo har a la Corte.


[Bloque 17: #a16]

Artculo 16. De las solicitudes concurrentes.

1. Cuando concurriere con la solicitud de entrega de la Corte una solicitud de extradicin de un Estado, sea o no parte en el Estatuto, o una orden europea de detencin y entrega, se notificar este hecho a la Corte y al Estado requirente y se tramitarn conjuntamente ambos procedimientos en el Juzgado Central de Instruccin que estuviere conociendo de la solicitud de entrega.

2. El Juez Central de Instruccin se abstendr de decidir sobre la entrega, elevando ambos procesos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que resolver de acuerdo con el Estatuto y, en su caso, de acuerdo con el tratado que existiere con el Estado requirente.

Cuando no existiere tratado, se dar preferencia a la solicitud de la Corte.

3. El Ministerio de Justicia informar a la Corte cuando, habiendo sido declarada inadmisible la causa por sta, asimismo se hubiere denegado la extradicin al Estado requirente.


[Bloque 18: #a17]

Artculo 17. De los recursos.

1. Contra las resoluciones del Juez Central de Instruccin relativas a la situacin personal del reclamado cabe recurso de apelacin ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciar conforme a lo previsto en el artculo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se resolver por auto en el plazo de cinco das.

2. Contra el auto del Juez Central de Instruccin en el que se resuelve sobre la entrega cabe recurso de apelacin ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciar conforme a lo prevenido en el artculo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien en el escrito de formalizacin del recurso no se podrn formular otras alegaciones que las relativas a quebrantamiento de las normas y garantas procesales en el expediente y las relativas a la concurrencia de los requisitos establecidos en los artculos 89.2 y 91.2 3, segn los casos, del Estatuto.

3. Los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviendo los recursos de los apartados anteriores no sern susceptibles de recurso alguno.


[Bloque 19: #a18]

Artculo 18. De la entrega temporal a la Corte.

1. Cuando se hubiere acordado la entrega a la Corte y la persona que deba ser entregada estuviere cumpliendo condena en Espaa o sujeta a proceso por hechos distintos de los que han servido de base para la entrega, el Ministerio de Justicia, si no se opusiere el Tribunal sentenciador o el instructor, celebrar consultas con la Corte, a efectos de decidir sobre la entrega temporal a la Corte mediante resolucin motivada, con las modalidades de la restitucin a Espaa que se determinen y computndose en todo caso el perodo pasado a disposicin de la Corte.

2. Por el Ministerio de Justicia se transmitirn las informaciones precisas a los rganos judiciales competentes, segn los casos, y al Ministerio del Interior, para efectuar el desplazamiento y en su momento el retorno.


[Bloque 20: #a19]

Artculo 19. De las actuaciones posteriores a la entrega.

1. Si, despus de la entrega, la Corte pidiere autorizacin a Espaa para proceder por una conducta anterior a la entrega, se trasladar la peticin al Juzgado Central de Instruccin, o a la Sala de lo Penal en el caso previsto en el artculo 16 de esta ley, que resolvern de acuerdo con el criterio establecido en el apartado 2 del artculo 101 del Estatuto. Si a la solicitud de la Corte no se acompaare un acta en la que se contengan las observaciones de la persona entregada, el Ministerio de Justicia pedir a la Corte que le sea transmitida y una vez recibida se remitir al rgano judicial competente.

2. Cuando la persona entregada fuere puesta en libertad por la Corte por razones distintas del cumplimiento de la sentencia y la Corte se propusiera trasladarla a otro Estado, se remitir esta informacin al Juzgado Central de Instruccin de la Audiencia Nacional y, en su caso, por el Ministerio de Justicia se dar el consentimiento de Espaa para tal traslado o se solicitar su devolucin a Espaa si la razn de la puesta en libertad se debiere a que la causa fue declarada inadmisible por la Corte por el motivo previsto en el artculo 17.1.) del Estatuto.


[Bloque 21: #a20]

Artculo 20. De otras formas de cooperacin con la Corte.

1. Los rganos judiciales y las restantes autoridades intervinientes darn cumplimiento a las solicitudes de cooperacin formuladas por la Corte previstas en el artculo 93 del Estatuto que no estuvieran prohibidas en la legislacin espaola y cuyo fin fuera tambin facilitar el proceso ante la Corte.

El Ministerio de Justicia acusar recibo e informar a la Corte acerca del rgano interno al que se haya transmitido la solicitud.

2. Cuando la solicitud de la Corte pudiera afectar a la defensa o a la seguridad nacionales o tenga por objeto documentos o informaciones que hubieren sido transmitidos a Espaa con carcter confidencial por un Estado, una organizacin internacional o una organizacin intergubernamental, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinacin con los Ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa u otros Ministerios competentes, efectuar consultas con el Estado u organizacin de que proceda la informacin o documentacin, informndose a la Corte del resultado de tales consultas.

3. Cualquier otra dificultad en el cumplimiento de la solicitud ser objeto de consultas por el Ministerio de Justicia con la Corte.

4. El objeto de las consultas ser exponer a la Corte la razn fundada por la que no puede prestarse la asistencia solicitada, considerar la posibilidad de atenderla de otra manera o con arreglo a otras condiciones, estudiar su modificacin o retirada, as como asegurar la proteccin de informaciones de carcter confidencial o restringido.

5. En el caso de concurrencia de solicitudes de asistencia de la Corte y de un Estado, si aparecieren dificultades para atender a ambas, el Ministerio de Justicia celebrar consultas con la Corte y dicho Estado, con el fin de postergar o condicionar una de ellas, informando en su caso a la Corte, conforme al artculo 93.9.b) del Estatuto, de que las informaciones, bienes o personas objeto de la solicitud estn bajo el control de un tercer Estado u organizacin internacional.


[Bloque 22: #a21]

Artculo 21. De las personas sujetas a la jurisdiccin de la Corte.

1. Las personas citadas como peritos o testigos para comparecer ante los tribunales espaoles en cumplimiento de una comisin rogatoria expedida por la Corte tendrn las mismas obligaciones y responsabilidades que si hubieren sido citadas en una causa que se siguiere en Espaa.

Si la comparecencia fuere en la sede de la Corte, tendr carcter voluntario, solicitndose de sta por el Ministerio de Justicia informacin acerca de las inmunidades y plazo de vigencia para la persona citada, que ser transmitida a dicha persona, anticipndose los gastos por el Ministerio de Justicia. Si la Corte hubiere remitido alguna instruccin sobre la regla relativa a la autoinculpacin, se entregar dicho documento al testigo y el rgano judicial se cerciorar de que ha sido debidamente entendido.

No ser necesario el consentimiento cuando se tratare de un condenado por la Corte que se encontrare cumpliendo condena en Espaa, en cuyo caso se efectuar el traslado temporal, en las condiciones que se acuerden con la Corte.

2. Cuando la solicitud de comparecencia en la sede de la Corte se refiriese a una persona detenida en Espaa, el Ministerio de Justicia se dirigir al rgano judicial que estuviere conociendo del asunto para que interrogue a dicha persona acerca de si consiente el traslado, y si lo consintiere y la autoridad judicial espaola no se opusiere, el Ministerio de Justicia autorizar el traslado, comunicndolo al citado rgano judicial y al Ministerio del Interior, en coordinacin con la Corte.

3. Las personas en trnsito en Espaa para comparecer ante la Corte gozarn de inmunidad.

4. Cuando hubieren de comparecer ante la Corte agentes o funcionarios espaoles en calidad de perito o testigo, el Ministerio de Justicia, en coordinacin, en su caso, con otros Ministerios o Administraciones de que dependan, solicitar de la Corte su proteccin.

5. El Ministerio de Justicia, en coordinacin con el Ministerio del Interior y, en su caso, con otras Administraciones competentes, podr convenir con el Secretario de la Corte la acogida temporal de vctimas traumatizadas o de testigos que pudieran correr peligro por su testimonio.


[Bloque 23: #a22]

Artculo 22. De la ejecucin de las penas en Espaa.

1. De conformidad con el acuerdo que eventualmente se celebre entre Espaa y la Corte y con la disposicin adicional nica de la Ley Orgnica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificacin por Espaa del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Justicia, previas las consultas oportunas, comunicar a la Corte las condiciones en las que Espaa estuviese dispuesta a aceptar el traslado de un condenado a pena privativa de libertad o las razones que impidiesen la aceptacin de dicho traslado.

Por el Ministerio de Justicia se transmitirn las oportunas informaciones al Ministerio del Interior para la realizacin del traslado, debiendo comunicarse por las autoridades penitenciarias al juez de vigilancia penitenciaria competente la llegada del recluso, en un plazo de veinticuatro horas.

2. En el caso de que, encontrndose cumpliendo condena en Espaa una persona condenada por la Corte, sta se propusiere designar a otro Estado para la continuacin de la ejecucin, el Ministerio de Justicia formular las observaciones pertinentes.

3. Los jueces de vigilancia penitenciaria y el Ministerio del Interior prestarn el mximo apoyo a Magistrados y funcionarios de la Corte que se personaren en Espaa para supervisar la ejecucin de las penas.

4. Para que se pueda proceder en Espaa contra un condenado que estuviere cumpliendo una condena impuesta por la Corte en un establecimiento penitenciario espaol, por hechos anteriores a su entrega a Espaa, el juez instructor o el tribunal competente dirigir la comunicacin y la documentacin pertinente al Ministerio de Justicia, que las trasladar a la Corte, abstenindose de proceder hasta la decisin de sta. Igualmente se actuar para la extradicin a un Estado.

5. Cuando se celebre una vista en la Sala de Apelaciones acerca de una posible reduccin de la pena de quien estuviere cumpliendo condena en Espaa, corresponder al Ministerio de Justicia determinar la conveniencia de la intervencin procesal y los trminos en que deba producirse.

6. En caso de evasin del condenado, el Ministerio de Justicia informar con urgencia al Secretario de la Corte de tal circunstancia y consultar con ella acerca de si Espaa solicita su extradicin al Estado en que se encuentre o si la Corte insta su entrega a dicho Estado.

7. Cuando la peticin de ejecucin de la Corte se refiriese a una multa u orden de decomiso, el Ministerio de Justicia transmitir la documentacin pertinente al Fiscal General del Estado para que inste la ejecucin ante el rgano judicial competente y, en su caso, se pongan a disposicin del Ministerio de Justicia los bienes o sumas obtenidas para su transferencia a la Corte.


[Bloque 24: #a23]

Artculo 23. De las medidas de reparacin.

1. El Ministerio de Justicia, en el plazo indicado por la Corte o, en su caso, en el ms breve plazo posible, remitir observaciones sobre las cuestiones planteadas por la Corte, incluidas las relativas a las observaciones formuladas por los peritos, pudiendo recabar, a tal efecto, informaciones de organismos competentes.

2. Cuando las observaciones se refiriesen a la atribucin del importe de la reparacin a una organizacin intergubernamental o internacional, el Ministerio de Justicia consultar con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

3. Cuando para cumplimentar la comunicacin de la Corte hubieran de adoptarse medidas de ejecucin, se proceder, en lo que sea pertinente, conforme al procedimiento previsto en el apartado 7 del artculo 22 de esta ley.


[Bloque 25: #a24]

Artculo 24. De la intervencin de Espaa en calidad de "amicus curiae".

Si Espaa recibiere una invitacin de la Corte para participar en un proceso en calidad de "amicus curiae", el Ministerio de Justicia consultar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para determinar la conveniencia u oportunidad de hacerlo y, en su caso, fijar los trminos de dicha participacin.


[Bloque 26: #a25]

Artculo 25. De la celebracin del juicio y otras actuaciones procesales en Espaa.

Si la Corte propusiere la celebracin del juicio u otras actuaciones procesales en Espaa, el Ministerio de Justicia, previa consulta con los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior y otras autoridades competentes, comunicar a la Corte la decisin al respecto. En su caso, los aspectos no jurisdiccionales de dichas actuaciones estarn sometidos al acuerdo especfico que se celebre con la Corte.


[Bloque 27: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Reglas de procedimiento y prueba de la Corte.

Las reglas de procedimiento y prueba as como sus enmiendas se publicarn en el "Boletn Oficial del Estado".


[Bloque 28: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Del modo de proceder por los delitos contra la Administracin de Justicia por la Corte.

1. El Ministerio de Justicia remitir a la Corte, a peticin de sta, el informe que se le solicitare con carcter previo a la decisin de la Corte para ejercer o no su jurisdiccin.

2. Slo se podr proceder en Espaa en relacin a estos delitos a solicitud de la Corte.

3. Si la Corte se inhibiere en favor de la jurisdiccin espaola, el Ministerio de Justicia remitir la solicitud al Fiscal de la Audiencia Nacional, si el delito hubiera sido cometido por un espaol en el extranjero, o al Fiscal General del Estado cuando el delito se hubiera cometido en Espaa.

4. El Ministerio de Justicia informar a la Corte sobre el resultado del proceso.


[Bloque 29: #datercera]

Disposicin adicional tercera. De los rganos jurisdiccionales militares.

1. Las referencias que esta ley hace al Juzgado Central de Instruccin y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deben entenderse hechas, cuando la cooperacin sea de la competencia de la jurisdiccin militar, al Juzgado Togado Militar Central Decano y al Tribunal Militar Central, respectivamente.

En los mismos casos, las referencias que la ley hace al Ministerio Fiscal y al juzgado de vigilancia penitenciaria deben entenderse hechas al Fiscal Jurdico Militar y al Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria.

2. Lo dispuesto en el apartado 2 del artculo 7 de esta ley se entender sin perjuicio de lo establecido en las leyes reguladoras de la jurisdiccin militar con respecto a la competencia de esta ltima en los casos de presencia permanente o temporal, fuera de territorio nacional, de fuerzas o unidades militares espaolas, ni afectar tampoco al desempeo de la funcin jurisdiccional por los rganos judiciales militares que las acompaen.


[Bloque 30: #dfprimera]

Disposicin final primera. Carcter de esta ley.

Los preceptos contenidos en los artculos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (excepto su apartado 2), 15 y 21.3, la disposicin adicional segunda y el apartado 2 de la disposicin adicional tercera de esta ley tienen carcter orgnico. Los restantes preceptos tienen carcter ordinario y han sido dictados en ejercicio de lo dispuesto en el artculo 149.1.3., 5. y 6. de la Constitucin.


[Bloque 31: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley orgnica entrar en vigor el da siguiente de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado".


[Bloque 32: #firma]

Por tanto, Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

Dudas o sugerencias: Servicio de atención al ciudadano

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid