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Legislación consolidada

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Publicado en: BOE núm. 285, de 27/11/1992.
Entrada en vigor: 27/02/1993
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1992-26318
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/1992/11/26/30/con

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 27/11/1992

Incluye las correcciones de errores publicadas en BOE num. 311, de 28 de diciembre de 1992 Ref. BOE-A-1992-28641 y BOE num. 23, de 27 de enero de 1993. Ref. BOE-A-1993-1922.


[Bloque 2: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICIN DE MOTIVOS

1

La Constitucin recoge en el ttulo IV los principios que inspiran la actuacin administrativa y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al Derecho, y configura al Gobierno de la Nacin como un rgano eminentemente poltico que dirige la Administracin y ejerce la potestad reglamentaria.

En el ordenamiento que tuvo su origen en el rgimen autocrtico precedente se vena reduciendo el Gobierno al rgano Superior en el que culmina la Administracin del Estado y, en consecuencia, concibindolo como un mero apndice o prolongacin de la misma, con la que compartira, en buena medida, su naturaleza administrativa. El artculo 97 de la Constitucin arrumba definitivamente esta concepcin y recupera para el Gobierno el mbito poltico de la funcin de gobernar, inspirada en el principio de legitimidad democrtica. Se perfilan as con nitidez los rasgos propios que definen al Gobierno y a la Administracin como instituciones pblicas constitucionalmente diferenciadas y los que establecen la subordinacin de la Administracin a la accin poltica de direccin del Gobierno.

Es preciso ahora que el marco que regula el rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas sea objeto de una adaptacin normativa expresa que lo configure de forma armnica y concordante con los principios constitucionales.

La Constitucin garantiza el sometimiento de las Administraciones Pblicas al principio de legalidad, tanto con respecto a las normas que rigen su propia organizacin, como al rgimen jurdico, el procedimiento administrativo y el sistema de responsabilidad.

Por otra parte, la Administracin Local, cuyo rgimen jurdico est establecido como bsico en el mismo artculo 149.1.18. de la Constitucin tiene una regulacin especfica en su actual Ley de Bases que no ofrece ninguna dificultad de adaptacin a los objetivos de esta Ley y que no exige modificaciones especficas.

2

El artculo 149.1.18. de la Constitucin distingue entre las bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas, que habrn de garantizar al administrado un tratamiento comn ante ellas; el procedimiento administrativo comn, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizacin propia de las Comunidades Autnomas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Pblicas.

La delimitacin del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas se engloba en el esquema bases ms desarrollo que permite a las Comunidades Autnomas dictar sus propias normas siempre que se ajusten a las bases estatales. Sin embargo, respecto al procedimiento administrativo comn y al sistema de responsabilidad de las Administraciones Pblicas, aunque su formulacin jurdica sea la manifestacin expresa y la traduccin prctica para los ciudadanos de la aplicacin regular del propio rgimen jurdico, la Constitucin las contempla como una competencia normativa plena y exclusiva del Estado.

La Ley recoge esta concepcin constitucional de distribucin de competencias y regula el procedimiento administrativo comn, de aplicacin general a todas las Administraciones Pblicas y fija las garantas mnimas de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa. Esta regulacin no agota las competencias estatales o autonmicas de establecer procedimientos especficos ratione materiae que debern respetar, en todo caso, estas garantas. La Constitucin establece la competencia de las Comunidades Autnomas para establecer las especialidades derivadas de su organizacin propia pero adems, como ha sealado la jurisprudencia constitucional, no se puede disociar la norma sustantiva de la norma de procedimiento, por lo que tambin ha de ser posible que las Comunidades Autnomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicacin de su derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino slo aqul que deba ser comn y haya sido establecido como tal. La regulacin de los procedimientos propios de las Comunidades Autnomas habrn de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser competencia exclusiva del Estado, integra el concepto de Procedimiento Administrativo Comn.

A este avanzado concepto responde la Ley que es de aplicacin a todas las Administraciones Pblicas y rigurosamente respetuosa con la distribucin constitucional de competencias.

3

Con independencia de la Ley de 19 de octubre de 1889, que en su intento de uniformar el procedimiento constituy un paso significativo en la evolucin del Derecho pblico espaol -aunque se plasmara en un amasijo de Reglamentos departamentales-, la primera y nica regulacin del rgimen jurdico y del procedimiento administrativo de la Administracin Pblica, en nuestro ordenamiento, es la contenida en los artculos 22 y siguientes de la Ley de Rgimen Jurdico de la Administracin del Estado, de 26 de julio de 1957 y en la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, que constituyen, ciertamente, una aportacin relevante en la configuracin de nuestro Derecho Administrativo; en particular esta ltima.

El marco jurdico que disean estas normas tiene como objeto explcito, sobre todo, la unificacin de normas preexistentes, ... reunir en un texto nico aplicable a todos los Departamentos Ministeriales..., para garantizar una actuacin comn, casi didctica, en el funcionamiento interno de la Administracin, en el que la garanta de los particulares se contempla desde la unificacin del procedimiento y desde el concepto de la autorizacin previa para el reconocimiento de un derecho o la satisfaccin de un inters legtimo.

La Constitucin de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administracin, sometida a la Ley y al derecho, acorde con la expresin democrtica de la voluntad popular. La Constitucin consagra el carcter instrumental de la Administracin, puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos y la responsabilidad poltica del Gobierno correspondiente, en cuanto que es responsable de dirigirla.

El rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas debe establecerse desde este concepto y trascender a las reglas de funcionamiento interno, para integrarse en la sociedad a la que sirve como el instrumento que promueve las condiciones para que los derechos constitucionales del individuo y los grupos que integran la sociedad sean reales y efectivos.

Pero adems, el rgimen jurdico no es neutral en una dinmica de modernizacin del Estado. El procedimiento administrativo es un instrumento adecuado para dinamizar su avance y, por lo tanto, las reglas esenciales del procedimiento son una pieza fundamental en el proceso de modernizacin de nuestra sociedad y de su Administracin.

Desde esta ptica, el cambio que opera la ley es profundo y se percibe a lo largo de todo el articulado, en el que se ha respetado, incluso literalmente los preceptos ms consolidados en la tcnica de la gestin administrativa. La recepcin que la Ley opera del anterior ordenamiento constituye en s misma un reconocimiento de la importancia que aqul tuvo en su da y que hoy, en buena parte conserva.

Pero junto a ello, resulta innegable la necesidad de introducir reformas profundas en esta materia que tengan en cuenta, tanto la multiplicidad de Administraciones Pblicas a las que la Ley va dirigida, como la necesidad de ampliar y reforzar las garantas de los ciudadanos para la resolucin justa y pronta de los asuntos.

4

La mltiple y compleja realidad que supone la coexistencia de la Administracin del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autnomas y las de las Entidades Locales, proyectando su actividad sobre un mismo espacio subjetivo y geogrfico, hace necesario propiciar un acercamiento eficaz de los servicios administrativos a los ciudadanos.

Objetivo que demanda a su vez una fluida relacin entre las Administraciones Pblicas y un marco jurdico de actuacin comn a todas ellas que permita a los particulares dirigirse a cualquier instancia administrativa con la certeza de que todas actan con criterios homogneos.

La eficacia en el resultado de la actuacin de esa realidad plural y compleja que son las Administraciones Pblicas, hace que la cooperacin entre ellas resulte un principio activo, no slo deseable, sino indispensable a su funcionamiento. La cooperacin es un deber general, la esencia del modelo de organizacin territorial del Estado autonmico, que se configura como un deber recproco de apoyo y mutua lealtad que no es preciso que se justifique en preceptos concretos porque no puede imponerse, sino acordarse, conformarse o concertarse, siendo el principio que, como tal, debe presidir el ejercicio de competencias compartidas o de las que se ejercen sobre un mismo espacio fsico. Esta necesaria cooperacin institucional entre Administraciones Pblicas permitir, en el marco de la modernizacin de sus estructuras, la simplificacin de todas ellas y, cuando sea posible, tambin la reduccin de la organizacin territorial de la Administracin General del Estado, en las Comunidades Autnomas que, por razn de su nivel competencial propio, hayan asumido la gestin de las materias en que se desarrollen las funciones de aquellos rganos territoriales.

5

Las nuevas corrientes de la ciencia de la organizacin aportan un enfoque adicional en cuanto mecanismo para garantizar la calidad y transparencia de la actuacin administrativa, que configuran diferencias sustanciales entre los escenarios de 1958 y 1992. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 pretendi modernizar las arcaicas maneras de la Administracin espaola, propugnando una racionalizacin de los trabajos burocrticos y el empleo de mquinas adecuadas, con vista a implantar una progresiva mecanizacin y automatismo en las oficinas pblicas, siempre que el volumen de trabajo haga econmico el empleo de estos procedimientos. Este planteamiento tan limitado ha dificultado el que la informatizacin, soporte y tejido nervioso de las relaciones sociales y econmicas de nuestra poca, haya tenido hasta ahora incidencia sustantiva en el procedimiento administrativo, por falta de reconocimiento formal de la validez de documentos y comunicaciones emitidos por dicha va. El extraordinario avance experimentado en nuestras Administraciones Pblicas en la tecnificacin de sus medios operativos, a travs de su cada vez mayor parque informtico y telemtico, se ha limitado al funcionamiento interno, sin correspondencia relevante con la produccin jurdica de su actividad relacionada con los ciudadanos. Las tcnicas burocrticas formalistas, supuestamente garantistas, han caducado, por ms que a algunos les parezcan inamovibles, y la Ley se abre decididamente a la tecnificacin y modernizacin de la actuacin administrativa en su vertiente de produccin jurdica y a la adaptacin permanente al ritmo de las innovaciones tecnolgicas.

6

El ttulo I aborda las relaciones entre las Administraciones Pblicas de carcter directo en unos casos y, en otros, formalizadas a travs de los rganos superiores de Gobierno, a partir de las premisas de la lealtad constitucional y la colaboracin que han de presidir aqullas, consustancial al modelo de organizacin territorial del Estado implantado por la Constitucin.

Ello es condicin inexcusable para articular el ordenado desenvolvimiento de la actividad administrativa desde el momento en que coexisten una diversidad de Administraciones que proyectan su actividad sobre el mismo mbito territorial, personal y, en ocasiones, material, actividad que a la vez debe cumplir criterios de eficacia sin menoscabo de competencias ajenas.

Conjugar esta pluralidad de factores obliga a intensificar las relaciones de cooperacin, mediante la asistencia recproca, el intercambio de informacin, las Conferencias sectoriales para la adopcin de criterios o puntos de vista comunes al abordar los problemas de cada sector, o la celebracin de convenios de colaboracin, como aspectos generales que podrn ser susceptibles de concrecin en los distintos sectores de la actividad administrativa.

La Ley recoge estos aspectos, que ya han demostrado su fecundidad en la prctica, e introduce como novedad la figura del Convenio de Conferencia Sectorial, que propiciar el acuerdo multilateral para acciones sectoriales, sin menoscabo de su origen pactado, que requiere la conformidad expresa de todas las partes intervinientes. De este modo, las Conferencias sectoriales, sin sustituir o anular las facultades decisorias propias de cada Administracin Pblica, recibirn un nuevo impulso en el decisivo papel que ya estn jugando en la consolidacin del Estado de las Autonomas.

7

El ttulo II dedica su captulo I a regular los principios generales del rgimen de los rganos administrativos, derivados de los principios superiores de indisponibilidad de la competencia, jerarqua y coordinacin, en el marco de lo previsto por el artculo 103 de la Constitucin.

Plenamente respetuosa con la potestad de autoorganizacin de las Administraciones Pblicas, la Ley se limita a regular el ncleo estricto de lo que constituye la normativa bsica de toda organizacin administrativa, cuya observancia tiene efectos directos sobre la validez y eficacia de los actos administrativos.

La misma perspectiva relativa a la autoorganizacin lleva a regular en el captulo II, el rgimen del funcionamiento de los rganos colegiados.

Pero, adems, la evolucin ms reciente de nuestra organizacin administrativa hacia frmulas participativas, obliga a contemplar la nueva tipologa de rganos colegiados cuya composicin y funcionalidad no se ajusta a la regulacin establecida por la anterior Ley, dictada en una circunstancia histrica y poltica en la que la participacin de otras Administraciones o de organizaciones sociales, resultaba impensable.

El captulo III, que recoge las normas generales de abstencin y recusacin de las Autoridades y personal de las Administraciones Pblicas, es corolario del mandato que la Constitucin acoge en su artculo 103.1 cuando predica que la Administracin Pblica sirve, con objetividad, a los intereses generales. La normacin comn de las causas objetivas de abstencin y recusacin es tanto como garantizar el principio de neutralidad, que exige mantener los servicios pblicos a cubierto de toda colisin entre intereses particulares e intereses generales.

8

El ttulo III recoge las normas relativas a los interesados, con la amplitud que exige este concepto. Se regulan las especialidades de la capacidad de obrar en el mbito del Derecho administrativo, la legitimacin para intervenir en el procedimiento, la comparecencia a travs de representantes y la pluralidad de interesados. Con ello se da cumplida respuesta a lo previsto en la Constitucin, cuyo artculo 105, c), acoge el derecho de audiencia de los interesados como pieza angular del procedimiento administrativo.

9

El ttulo IV, bajo el epgrafe De la actividad de las Administraciones Pblicas, contiene una trascendente formulacin de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, adems de los que les reconocen la Constitucin y las Leyes. De esta enunciacin cabe destacar como innovaciones significativas: La posibilidad de identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos -rompiendo la tradicional opacidad de la Administracin-, el derecho de formular alegaciones y de aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trmite de audiencia, el de no presentar los ya aportados a la Administracin actuante, y el de obtener informacin y orientacin sobre los condicionamientos jurdicos o tcnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos que se propongan abordar.

Incorpora, a continuacin, las normas esenciales sobre el uso de las lenguas oficiales, regula el acceso a la informacin de los archivos y registros administrativos, conforme a lo establecido en el artculo 105, b), de la Constitucin, y aborda de manera frontal y decidida -en contraposicin a la timidez de las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958- la instalacin en soporte informtico de los registros generales, as como la integracin informtica de aqullos con los restantes registros administrativos.

En esta materia cobran especial relevancia los principios de cooperacin, coordinacin y colaboracin, posibilitando el que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a las Administraciones Pblicas en los registros de cualquier rgano administrativo que pertenezca a la Administracin General del Estado o a la de cualquier Administracin de las Comunidades Autnomas, al margen de las restantes posibilidades ya establecidas o que se establezcan. A tal efecto se prev que, mediante convenio de colaboracin entre las Administraciones Pblicas, se implanten sistemas de intercomunicacin y coordinacin de registros que garanticen la compatibilidad informtica y la transmisin telemtica de los asientos.

El derecho a la identificacin de las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, a que antes se hizo referencia, se complementa ahora con la posibilidad de solicitar la exigencia de responsabilidad por las anomalas en la tramitacin.

La Ley introduce un nuevo concepto sobre la relacin de la Administracin con el ciudadano, superando la doctrina del llamado silencio administrativo.

Se podra decir que esta Ley establece el silencio administrativo positivo cambiando nuestra norma tradicional. No sera exacto. El objetivo de la Ley no es dar carcter positivo a la inactividad de la Administracin cuando los particulares se dirijan a ella. El carcter positivo de la inactividad de la Administracin es la garanta que se establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la Ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administracin y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido. El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurdico normal, sino la garanta que impida que los derechos de los particulares se vacen de contenido cuando su Administracin no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado. Esta garanta, exponente de una Administracin en la que debe primar la eficacia sobre el formalismo, slo ceder cuando exista un inters general prevalente o, cuando realmente, el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista.

Lgicamente, la citada regulacin se complementa con la inclusin posterior, como supuesto de nulidad de pleno derecho, de los actos presuntos o expresos contrarios al ordenamiento jurdico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisicin.

Concluye el ttulo IV con una abierta incorporacin de las tcnicas informticas y telemticas en la relacin ciudadano-Administracin y resuelve los problemas que en materia de trminos y plazos se planteaban a causa de la diversidad de calendarios de festividades.

10

Abre el ttulo V el captulo dedicado a las disposiciones administrativas, enunciando los principios generales de legalidad, jerarqua, publicidad e inderogabilidad singular del Reglamento.

El captulo II regula los requisitos de los actos administrativos, partiendo de los principios de competencia y legalidad, con expresin de los que requieren motivacin, recogiendo su forma escrita como regla general.

La eficacia, notificacin y publicacin de los actos administrativos se recoge en el captulo III, abriendo la posibilidad de medios de notificacin distintos a los tradicionales que, sin merma de las necesarias garantas de autenticidad, permitan su agilizacin mediante el empleo de las nuevas tcnicas de transmisin de informacin, superndose la limitacin de la exclusividad del domicilio como lugar de notificaciones.

En el captulo IV se regulan las causas y efectos de la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. La Ley incluye, como causa de nulidad de pleno derecho, la lesin del contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, en virtud de la especial proteccin que a los mismos garantiza la Constitucin.

11

El ttulo VI regula la estructura general del procedimiento que ha de seguirse para la realizacin de la actividad jurdica de la Administracin.

En el captulo I se regula la iniciacin, que podr hacerse de oficio o por solicitud de los interesados.

Las solicitudes de los interesados se abren a la posible utilizacin de medios telemticos e, incluso audiovisuales, para facilitar su formulacin, siempre que quede acreditada la autenticidad de su voluntad.

Se regulan asimismo, en este captulo, otras cuestiones conexas a la iniciacin, como el perodo de informacin previa, las medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolucin, la acumulacin de asuntos y la modificacin o mejora voluntaria de los trminos de la solicitud formulada por los interesados.

El captulo II, dedicado a la ordenacin, recoge los criterios de celeridad e impulsin de oficio, y contiene un conjunto de reglas destinadas a simplificar y agilizar los trmites del procedimiento.

La instruccin del procedimiento se recoge en el captulo III mediante la regulacin de las alegaciones, medios de prueba e informes. Recibe tratamiento especfico el supuesto, cada vez ms frecuente, de emisin de informes por una Administracin Pblica distinta de la que tramita el procedimiento, previendo que su no evacuacin no paralizar necesariamente el procedimiento, a fin de evitar que la inactividad de una Administracin redunde en perjuicio de los interesados.

Recoge tambin este captulo el trmite de audiencia, que se efectuar poniendo de manifiesto a los interesados la totalidad del expediente, salvo en lo que afecte a los supuestos de excepcin del derecho de acceso a archivos y registros administrativos.

El trmite de informacin pblica, cuando lo requiera la naturaleza del procedimiento, se regula de modo netamente diferenciado de la audiencia, pues ni la comparecencia otorga, por s misma, la condicin de interesado, ni la incomparecencia enerva la va de recurso para los que tengan esta condicin.

12

El captulo IV regula las formas y efectos de la finalizacin del procedimiento, a travs de resolucin, desistimiento, renuncia o caducidad.

Se introduce la posibilidad de utilizar instrumentos convencionales en la tramitacin y terminacin de los procedimientos.

La ejecutividad de los actos administrativos y los medios de ejecucin forzosa quedan recogidos en el captulo V. La autotutela de la Administracin Pblica, potestad que permite articular los medios de ejecucin que garanticen la eficacia de la actividad administrativa, queda en todo caso subordinada a los lmites constitucionales, debiendo adoptarse los medios precisos para la ejecucin, de modo que se restrinja al mnimo la libertad individual y de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

13

El ttulo VII, Revisin de los actos administrativos, establece una profunda modificacin del sistema de recursos administrativos vigente hasta hoy, atendiendo los ms consolidados planteamientos doctrinales, tanto en lo referente a la simplificacin, como a las posibilidades del establecimiento de sistemas de solucin de reclamaciones y recursos distintos a los tradicionales y cuya implantacin se va haciendo frecuente en los pases de nuestro entorno y que ya existen, en algn caso, en nuestro propio ordenamiento.

El sistema de revisin de la actividad de las Administraciones Pblicas que la Ley establece, se organiza en torno a dos lneas bsicas: La unificacin de los recursos ordinarios y el reforzamiento de la revisin de oficio por causa de nulidad.

La primera lnea supone establecer un solo posible recurso para agotar la va administrativa, bien sea el ordinario que se regula en la Ley, o el sustitutivo que, con carcter sectorial, puedan establecer otras leyes.

La revisin de oficio, por su parte, se configura como un verdadero procedimiento de nulidad, cuando se funde en esta causa, recogiendo la unanimidad de la doctrina jurisprudencial y cientfica.

14

El ttulo IX regula los principios bsicos a que debe someterse el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administracin y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan para los ciudadanos extrados del texto constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia sobre la materia. Efectivamente, la Constitucin, en su artculo 25, trata conjuntamente los ilcitos penales y administrativos, poniendo de manifiesto la voluntad de que ambos se sujeten a principios de bsica identidad, especialmente cuando el campo de actuacin del derecho administrativo sancionador ha ido recogiendo tipos de injusto procedentes del campo penal no subsistentes en el mismo en aras al principio de mnima intervencin.

Entre tales principios destaca el de legalidad o ratio democrtico en virtud del cual es el poder legislativo el que debe fijar los lmites de la actividad sancionadora de la Administracin y el de tipicidad, manifestacin en este mbito del de seguridad jurdica, junto a los de presuncin de inocencia, informacin, defensa, responsabilidad, proporcionalidad, interdiccin de la analoga, etc.

Todos ellos se consideran bsicos al derivar de la Constitucin y garantizar a los administrados un tratamiento comn ante las Administraciones Pblicas, mientras que el establecimiento de los procedimientos materiales concretos es cuestin que afecta a cada Administracin Pblica en el ejercicio de sus competencias.

15

El ttulo X, De la responsabilidad de las Administraciones Pblicas y de sus Autoridades y dems personal a su servicio, incorpora la regulacin de una materia estrechamente unida a la actuacin administrativa y que constituye, junto al principio de legalidad, uno de los grandes soportes del sistema. Se hace as realidad la previsin contenida en el artculo 149.1.18. de la Constitucin sobre el establecimiento de un sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Pblicas.

En lo que a la responsabilidad patrimonial se refiere, el proyecto da respuesta al pronunciamiento constitucional de indemnizacin de todas las lesiones que los particulares sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios pblicos, de acuerdo con las valoraciones predominantes en el mercado, estableciendo adems la posibilidad de que hasta un determinado lmite pueda hacerse efectiva en el plazo de treinta das, siempre que la valoracin del dao y la relacin de causalidad entre la lesin y el funcionamiento normal o anormal del servicio pblico sean inequvocos.


[Bloque 3: #tpreliminar]

Ttulo preliminar

Del mbito de aplicacin y principios generales


[Bloque 4: #a1]

Artculo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley establece y regula las bases del rgimen jurdico, el procedimiento administrativo comn y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Pblicas, siendo aplicable a todas ellas.


[Bloque 5: #a2]

Artculo 2. Ambito de aplicacin.

1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Pblicas:

a) La Administracin General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autnomas.

c) Las Entidades que integran la Administracin Local.

2. Las Entidades de Derecho Pblico con personalidad jurdica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Pblicas tendrn asimismo la consideracin de Administracin Pblica. Estas Entidades sujetarn su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometindose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creacin.


[Bloque 6: #a3]

Artculo 3. Principios generales.

1. Las Administraciones Pblicas sirven con objetividad los intereses generales y actan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqua, descentralizacin, desconcentracin y coordinacin, con sometimiento pleno a la Constitucin, a la Ley y al Derecho.

2. Las Administraciones Pblicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperacin, y en su actuacin por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

3. Bajo la direccin del Gobierno de la Nacin, de los rganos de gobierno de las Comunidades Autnomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administracin Local, la actuacin de la Administracin Pblica respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurdico.

4. Cada una de las Administraciones Pblicas acta para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurdica nica.




[Bloque 7: #ti]

Ttulo I

De las Administraciones Pblicas y sus relaciones


[Bloque 8: #a4]

Artculo 4. Principios de las relaciones entre las Administraciones Pblicas.

1. Las Administraciones Pblicas, en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones recprocas, debern:

a) Respetar el ejercicio legtimo por las otras Administraciones de sus competencias.

b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses pblicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestin est encomendada a las otras Administraciones.

c) Facilitar a las otras Administraciones la informacin que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

d) Prestar, en el mbito propio, la cooperacin y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones Pblicas podrn solicitar cuandos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposicin del Ente al que se dirija la solicitud. Podrn tambin solicitar asistencia para la ejecucin competencias.

3. La asistencia requerida slo podr negarse cuando el Ente del que se solicita no est facultado para prestarla o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a sus intereses o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicar motivadamente a la Administracin solicitante.

4. La Administracin General del Estado, las de las Comunidades Autnomas y las Entidades que integran la Administracin Local debern colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos mbitos de competencias.




[Bloque 9: #a5]

Artculo 5. Conferencias sectoriales.

1. A fin de asegurar en todo momento la necesaria coherencia de la actuacin de las Administraciones Pblicas y, en su caso, la imprescindible coordinacin y colaboracin, podr convocarse a los rganos de gobierno de las distintas Comunidades Autnomas en Conferencia sectorial con el fin de intercambiar puntos de vista, examinar en comn los problemas de cada sector y las medidas proyectadas para afrontarlos o resolverlos.

2. La convocatoria de la Conferencia se realizar por el Ministro o Ministros que tengan competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia sectorial. La convocatoria se har con antelacin suficiente y se acompaar del orden del da y, en su caso, la documentacin precisa para la preparacin previa de la Conferencia.

3. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia sectorial irn firmados por el Ministro o Ministros competentes y por los titulares de los rganos de gobierno correspondientes de las Comunidades Autnomas. En su caso, estos acuerdos podrn formalizarse bajo la denominacin de convenio de Conferencia sectorial.




[Bloque 10: #a6]

Artculo 6. Convenios de colaboracin.

1. El Gobierno de la Nacin y los rganos de Gobierno delas Comunidades Autnomas podrn celebrar convenios de colaboracin entre s en el mbito de sus respectivas competencias.

2. Los instrumentos de formalizacin de los Convenios debern especificar, cuando as proceda:

a) Los rganos que celebran el convenio y la capacidad jurdica con la que acta cada una de las partes.

b) La competencia que ejerce cada Administracin.

c) Su financiacin.

d) Las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.

e) La necesidad o no de establecer una organizacin para su gestin.

f) El plazo de vigencia, lo que no impedir su prrroga si as lo acuerdan las partes firmantes del convenio.

g) La extincin por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, as como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extincin.

3. Cuando se cree un rgano mixto de vigilancia y control, ste resolver los problemas de interpretacin y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboracin.




[Bloque 11: #a7]

Artculo 7. Consorcios.

1. Cuando la gestin del convenio haga necesario crear una organizacin comn, sta podr adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurdica.

2. Los Estatutos del consorcio determinarn los fines del mismo, as como las particularidades del rgimen orgnico, funcional y financiero.

3. Los rganos de decisin estarn integrados por representantes de todas las Entidades consorciadas, en la proporcin que se fije en los Estatutos respectivos.

4. Para la gestin de los servicios que se le encomienden podrn utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislacin aplicable a las Administraciones consorciadas.




[Bloque 12: #a8]

Artculo 8. Efectos de los convenios.

1. Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboracin en ningn caso suponen la renuncia a las competencias propias de las Administraciones intervinientes.

2. Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboracin celebrados obligarn a las Administraciones intervinientes desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa.

Tanto los convenios de Conferencia sectorial como los convenios de colaboracin sern comunicados al Senado.

Ambos tipos de convenios debern publicarse en el Boletn Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Comunidad Autnoma respectiva.

3. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretacin y cumplimiento, sin perjuicio de lo previsto en el artculo 6.3, sern de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, de la competencia del Tribunal Constitucional.


[Bloque 13: #a9]

Artculo 9. Relaciones con la Administracin Local.

Las relaciones entre la Administracin General del Estado o la Administracin de la Comunidad Autnoma con las Entidades que integran la Administracin Local, se regirn por la legislacin bsica en materia de Rgimen Local, aplicndose supletoriamente lo dispuesto en el presente Ttulo.


[Bloque 14: #a10]

Artculo 10. Comunicaciones a las Comunidades Europeas.

Cuando en virtud de una obligacin derivada de los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus Instituciones, sea precisa la comunicacin a stas de disposiciones de carcter general, resoluciones, proyectos de disposiciones, o cualquier otra informacin cuyo envo resulte obligado por imperativo del Ordenamiento Jurdico Comunitario, la Administracin Pblica correspondiente proceder a su remisin en el plazo de quince das al rgano competente de la Administracin General del Estado para realizar la comunicacin a dichas Instituciones.




[Bloque 15: #tii]

Ttulo II

De los rganos de las Administraciones Pblicas


[Bloque 16: #ci]

Captulo I

Principios generales y competencia


[Bloque 17: #a11]

Artculo 11. Creacin de rganos administrativos.

1. Corresponde a cada Administracin Pblica delimitar, en su propio mbito competencial, las unidades administrativas que configuran los rganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organizacin.

2. La creacin de cualquier rgano administrativo exigir el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinacin de su forma de integracin en la Administracin Pblica de que se trate y su dependencia jerrquica.

b) Delimitacin de sus funciones y competencias.

c) Dotacin de los crditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

3. No podrn crearse nuevos rganos que supongan duplicacin de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de stos.


[Bloque 18: #a12]

Artculo 12. Competencia.

1. La competencia es irrenunciable y se ejercer precisamente por los rganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegacin o avocacin, cuando se efecten en los trminos previstos en sta u otras leyes.

La encomienda de gestin, la delegacin de firma y la suplencia no suponen alteracin de la titularidad de la competencia, aunque s de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevn.

2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los rganos administrativos podrn ser desconcentradas en otros jerrquicamente dependientes de aqullos en los trminos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribucin de competencias.

3. Si alguna disposicin atribuye competencia a una Administracin, sin especificar el rgano que debe ejercerla, se entender que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los rganos inferiores competentes por razn de la materia y del territorio, y, de existir varios de stos, al superior jerrquico comn.


[Bloque 19: #a13]

Artculo 13. Delegacin de competencias.

1. En cada Administracin Pblica se podr acordar la delegacin del ejercicio de competencias atribuidas a sus rganos administrativos en otros rganos, aunque no sean jerrquicamente dependientes, cuando existan circunstancias de ndole tcnica, econmica, social, jurdica o territorial que lo hagan conveniente.

2. En ningn caso podrn ser objeto de delegacin las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Nacin, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

b) La adopcin de disposiciones de carcter general.

c) La resolucin de recursos en los rganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

d) Las materias en que as se determine por norma con rango de Ley.

3. Las delegaciones de competencias y su revocacin debern publicarse en el Boletn Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autnoma o en el de la Provincia, segn la Administracin a que pertenezca el rgano delegante, y el mbito territorial de competencia de ste.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegacin indicarn expresamente esta circunstancia y se considerarn dictadas por el rgano delegante.

5. Salvo autorizacin expresa de una Ley, no podrn delegarse las competencias que se ejerzan por delegacin, ni el ejercicio de la competencia para resolver un asunto cuando se haya emitido con anterioridad dictamen preceptivo acerca del mismo.

6. La delegacin ser revocable en cualquier momento por el rgano que la haya conferido.

7. La delegacin de competencias atribuidas a rganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un qurum especial, deber adoptarse observando, en todo caso, dicho qurum.




[Bloque 20: #a14]

Artculo 14. Avocacin.

1. Los rganos superiores podrn avocar para s el conocimiento de un asunto cuya resolucin corresponda ordinariamente o por delegacin a sus rganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de ndole tcnica, econmica, social, jurdica o territorial lo hagan conveniente.

En los supuestos de delegacin de competencias en rganos no jerrquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podr ser avocado nicamente por el rgano delegante.

2. En todo caso, la avocacin se realizar mediante acuerdo motivado que deber ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolucin final que se dicte.

Contra el acuerdo de avocacin no cabr recurso, aunque podr impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolucin del procedimiento.


[Bloque 21: #a15]

Artculo 15. Encomienda de gestin.

1. La realizacin de actividades de carcter material, tcnico o de servicios de la competencia de los rganos administrativos o de las Entidades de derecho pblico podr ser encomendada a otros rganos o Entidades de la misma o de distinta Administracin, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios tcnicos idneos para su desempeo.

2. La encomienda de gestin no supone cesin de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del rgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carcter jurdico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

3. La encomienda de gestin entre rganos administrativos o Entidades de derecho pblico pertenecientes a la misma Administracin deber formalizarse en los trminos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los rganos o Entidades intervinientes. En todo caso el instrumento de formalizacin de la encomienda de gestin y su resolucin deber ser publicado, para su eficacia en el Diario oficial correspondiente.

Cada Administracin podr regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirn, al menos, expresa mencin de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestin encomendada.

4. Cuando la encomienda de gestin se realice entre rganos y Entidades de distintas Administraciones se formalizar mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, salvo en el supuesto de la gestin ordinaria de los servicios de las Comunidades Autnomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regir por la legislacin de Rgimen Local.

5. El rgimen jurdico de la encomienda de gestin que se regula en este artculo no ser de aplicacin cuando la realizacin de las actividades enumeradas en el apartado primero haya de recaer sobre personas fsicas o jurdicas sujetas a derecho privado, ajustndose entonces, en lo que proceda, a la legislacin correspondiente de contratos del Estado, sin que puedan encomendarse a personas o Entidades de esta naturaleza actividades que, segn la legislacin vigente, hayan de realizarse con sujecin al derecho administrativo.


[Bloque 22: #a16]

Artculo 16. Delegacin de firma.

1. Los titulares de los rganos administrativos podrn, en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos a los titulares de los rganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los lmites sealados en el artculo 13.

2. La delegacin de firma no alterar la competencia del rgano delegante y para su validez no ser necesaria su publicacin.

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegacin se har constar la autoridad de procedencia.

4. No cabr la delegacin de firma en las resoluciones de carcter sancionador.


[Bloque 23: #a17]

Artculo 17. Suplencia.

1. Los titulares de los rganos administrativos podrn ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el rgano competente para el nombramiento de aqullos.

Si no se designa suplente, la competencia del rgano administrativo se ejercer por quien designe el rgano administrativo inmediato de quien dependa.

2. La suplencia no implicar alteracin de la competencia.




[Bloque 24: #a18]

Artculo 18. Coordinacin de competencias.

1. Los rganos administrativos en el ejercicio de sus competencias propias ajustarn su actividad en sus relaciones con otros rganos de la misma o de otras administraciones a los principios establecidos en el artculo 4.1 de la Ley, y la coordinarn con la que pudiera corresponder legtimamente a stos, pudiendo recabar para ello la informacin que precisen.

2. Las normas y actos dictados por los rganos de las Administraciones Pblicas en el ejercicio de su propia competencia debern ser observadas por el resto de los rganos administrativos, aunque no dependan jerrquicamente entre s o pertenezcan a otra Administracin.


[Bloque 25: #a19]

Artculo 19. Comunicaciones entre rganos.

1. La comunicacin entre los rganos administrativos pertenecientes a una misma Administracin Pblica se efectuar siempre directamente, sin traslados ni reproducciones a travs de rganos intermedios.

2. Las comunicaciones entre los rganos administrativos podrn efectuarse por cualquier medio que asegure la constancia de su recepcin.


[Bloque 26: #a20]

Artculo 20. Decisiones sobre competencia.

1. El rgano administrativo que se estime incompetente para la resolucin de un asunto remitir directamente las actuaciones al rgano que considere competente, si ste pertenece a la misma Administracin Pblica.

2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrn dirigirse al rgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al rgano competente.

Asimismo, podrn dirigirse al rgano que estimen competente para que requiera de inhibicin al que est conociendo del asunto.

3. Los conflictos de atribuciones slo podrn suscitarse entre rganos de una misma Administracin no relacionados jerrquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.


[Bloque 27: #a21]

Artculo 21. Instrucciones y rdenes de servicio.

1. Los rganos administrativos podrn dirigir las actividades de sus rganos jerrquicamente dependientes mediante instrucciones y rdenes de servicio.

Cuando una disposicin especfica as lo establezca o se estime conveniente por razn de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y rdenes de servicio se publicarn en el peridico oficial que corresponda.

2. El incumplimiento de las instrucciones u rdenes de servicio no afecta por s solo a la validez de los actos dictados por los rganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.


[Bloque 28: #cii]

Captulo II

rganos colegiados


[Bloque 29: #a22]

Artculo 22. Rgimen.

1. El rgimen jurdico de los rganos colegiados se ajustar a las normas contenidas en el presente captulo, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Pblicas en que se integran.

2. Los rganos colegiados de las distintas Administraciones Pblicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, as como aqullos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Pblicas, cuenten o no con participacin de organizaciones representativas de intereses sociales podrn establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los rganos colegiados a que se refiere este apartado quedarn integrados en la Administracin Pblica que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerrquica de sta, salvo que as lo establezcan sus normas de creacin, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del rgano colegiado.


[Bloque 30: #a23]

Artculo 23. Presidente.

1. En cada rgano colegiado corresponde al Presidente:

a) Ostentar la representacin del rgano.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijacin del orden del da, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los dems miembros formuladas con la suficiente antelacin.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los rganos colegiados a que se refiere el nmero 2 del artculo 22, en que el voto ser dirimente si as lo establecen sus propias normas.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del rgano.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condicin de Presidente del rgano.

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente ser sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del rgano colegiado de mayor jerarqua, antigedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.

Esta norma no ser de aplicacin a los rganos colegiados previstos en el nmero 2 del artculo 22 en que el rgimen de sustitucin del Presidente debe estar especficamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del rgano colegiado.




[Bloque 31: #a24]

Artculo 24. Miembros.

1. En cada rgano colegiado corresponde a sus miembros:

a) Recibir, con una antelacin mnima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden del da de las reuniones. La informacin sobre los temas que figuren en el orden del da estar a disposicin de los miembros en igual plazo.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, as como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

No podrn abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Pblicas, tengan la condicin de miembros de rganos colegiados.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la informacin precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condicin.

2. Los miembros de un rgano colegiado no podrn atribuirse las funciones de representacin reconocidas a ste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo vlidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio rgano.

3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del rgano colegiado sern sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.

Cuando se trate de rganos colegiados a los que se refiere el nmero 2 del artculo 22, las organizaciones representativas de intereses sociales podrn sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditndolo ante la Secretara del rgano colegiado, con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organizacin.




[Bloque 32: #a25]

Artculo 25. Secretario.

1. Los rganos colegiados tendrn un Secretario que podr ser un miembro del propio rgano o una persona al servicio de la Administracin Pblica correspondiente.

2. La designacin y el cese, as como la sustitucin temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarn segn lo dispuesto en las normas especficas de cada rgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo.

3. Corresponde al Secretario del rgano colegiado:

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si es un funcionario, y con voz y voto si la Secretara del rgano la ostenta un miembro del mismo.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del rgano por orden de Presidente, as como las citaciones a los miembros del mismo.

c) Recibir los actos de comunicacin de los miembros con el rgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictmenes y acuerdos aprobados.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condicin de Secretario.




[Bloque 33: #a26]

Artculo 26. Convocatorias y sesiones.

1. Para la vlida constitucin del rgano, a efectos de la celebracin de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerir la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros, salvo lo dispuesto en el punto 2 de este artculo.

Cuando se trate de los rganos colegiados a que se refiere el nmero 2 del artculo 22, el Presidente podr considerar vlidamente constituido el rgano, a efectos de celebracin de sesin, si estn presentes los representantes de las Administraciones Pblicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del rgano a los que se haya atribuido la condicin de portavoces.

2. Los rganos colegiados podrn establecer el rgimen propio de convocatorias, si ste no est previsto por sus normas de funcionamiento.

Tal rgimen podr prever una segunda convocatoria y especificar para sta el nmero de miembros necesarios para constituir vlidamente el rgano.

3. No podr ser objeto de deliberacin o acuerdo ningn asunto que no figure incluido en el orden del da, salvo que estn presentes todos los miembros del rgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayora.

4. Los acuerdos sern adoptados por mayora de votos.

5. Quienes acrediten la titularidad de un inters legtimo podrn dirigirse al Secretario de un rgano colegiado para que les sea expedida certificacin de sus acuerdos.


[Bloque 34: #a27]

Artculo 27. Actas.

1. De cada sesin que celebre el rgano colegiado se levantar acta por el Secretario, que especificar necesariamente los asistentes, el orden del da de la reunin, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, as como el contenido de los acuerdos adoptados.

2. En el acta figurar, a solicitud de los respectivos miembros del rgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstencin y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripcin ntegra de su intervencin o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que seale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervencin, hacindose as constar en el acta o unindose copia a la misma.

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrn formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporar al texto aprobado.

4. Cuando los miembros del rgano voten en contra o se abstengan, quedarn exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

5. Las actas se aprobarn en la misma o en la siguiente sesin, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificacin sobre los acuerdos especficos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobacin del acta.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobacin del acta se har constar expresamente tal circunstancia.




[Bloque 35: #ciii]

Captulo III

Abstencin y recusacin


[Bloque 36: #a28]

Artculo 28. Abstencin.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sealadas en el nmero siguiente de este artculo se abstendrn de intervenir en el procedimiento y lo comunicarn a su superior inmediato, quien resolver lo procedente.

2. Son motivos de abstencin los siguientes:

a) Tener inters personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucin pudiera influir la de aqul; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestin litigiosa pendiente con algn interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y tambin con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, as como compartir despacho profesional o estar asociado con stos para el asesoramiento, la representacin o el mandato.

c) Tener amistad ntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber tenido intervencin como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacin de servicio con persona natural o jurdica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos ltimos aos servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

3. La actuacin de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas en los que concurran motivos de abstencin no implicar, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

4. Los rganos superiores podrn ordenar a las personas en quienes se d alguna de las circunstancias sealadas que se abstengan de toda intervencin en el expediente.

5. La no abstencin en los casos en que proceda dar lugar a responsabilidad.


[Bloque 37: #a29]

Artculo 29. Recusacin.

1. En los casos previstos en el artculo anterior podr promoverse recusacin por los interesados en cualquier momento de la tramitacin del procedimiento.

2. La recusacin se plantear por escrito en el que se expresar la causa o causas en que se funda.

3. En el da siguiente el recusado manifestar a su inmediato superior si se da o no en l la causa alegada. En el primer caso, el superior podr acordar su sustitucin acto seguido.

4. Si el recusado niega la causa de recusacin, el superior resolver en el plazo de tres das, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabr recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusacin al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.


[Bloque 38: #tiii]

Ttulo III

De los interesados


[Bloque 39: #a30]

Artculo 30. Capacidad de obrar.

Tendrn capacidad de obrar ante las Administraciones Pblicas, adems de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuacin est permitida por el ordenamiento jurdico-administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se excepta el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensin de la incapacitacin afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.


[Bloque 40: #a31]

Artculo 31. Concepto de interesado.

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legtimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisin que en el mismo se adopte.

c) Aqullos cuyos intereses legtimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolucin y se personen en el procedimiento en tanto no haya recado resolucin definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses econmicos y sociales, sern titulares de intereses legtimos colectivos en los trminos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condicin de interesado derivase de alguna relacin jurdica transmisible, el derechohabiente suceder en tal condicin cualquiera que sea el estado del procedimiento.


[Bloque 41: #a32]

Artculo 32. Representacin.

1. Los interesados con capacidad de obrar podrn actuar por medio de representante, entendindose con ste las actuaciones administrativas, salvo manifestacin expresa en contra del interesado.

2. Cualquier persona con capacidad de obrar podr actuar en representacin de otra ante las Administraciones Pblicas.

3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deber acreditarse la representacin por cualquier medio vlido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaracin en comparecencia personal del interesado.

Para los actos y gestiones de mero trmite se presumir aquella representacin.

4. La falta o insuficiente acreditacin de la representacin no impedir que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aqulla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez das que deber conceder al efecto el rgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso as lo requieran.


[Bloque 42: #a33]

Artculo 33. Pluralidad de interesados.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicacin figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarn con el representante o el interesado que expresamente hayan sealado, y, en su defecto, con el que figure en primer trmino.


[Bloque 43: #a34]

Artculo 34. Identificacin de interesados.

Si durante la instruccin de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legtimos y directos cuya identificacin resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolucin que se dicte, se comunicar a dichas personas la tramitacin del procedimiento.


[Bloque 44: #tiv]

Ttulo IV

De la actividad de las Administraciones Pblicas


[Bloque 45: #ci-2]

Captulo I

Normas generales


[Bloque 46: #a35]

Artculo 35. Derechos de los ciudadanos.

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Pblicas, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitacin de los procedimientos en los que tengan la condicin de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Pblicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportndola junto con los originales, as como a la devolucin de stos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autnoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurdico.

e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trmite de audiencia, que debern ser tenidos en cuenta por el rgano competente al redactar la propuesta de resolucin.

f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administracin actuante.

g) A obtener informacin y orientacin acerca de los requisitos jurdicos o tcnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

h) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Pblicas en los trminos previstos en la Constitucin y en sta u otras Leyes.

i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrn de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Pblicas y del personal a su servicio, cuando as corresponda legalmente.

k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitucin y las Leyes.




[Bloque 47: #a36]

Artculo 36. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administracin General del Estado ser el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los rganos de la Administracin General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autnoma podrn utilizar tambin la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitar en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitar en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirn en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autnomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustar a lo previsto en la legislacin autonmica correspondiente.

En cualquier caso, debern traducirse al castellano los documentos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autnoma y los dirigidos a los interesados que as lo soliciten expresamente.

3. Los expedientes o las partes de los mismos redactados en una lengua cooficial distinta del castellano, cuando vayan a surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autnoma, debern ser traducidos al castellano por la Administracin Pblica instructora.





[Bloque 48: #a37]

Artculo 37. Derecho de acceso a Archivos y Registros.

1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresin, grfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.

2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estar reservado a stas, que, en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrn exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos mximos que determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.

3. El acceso a los documentos de carcter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicacin del derecho, salvo los de carcter sancionador o disciplinario, y que, en consideracin a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podr ser ejercido, adems de por sus titulares, por terceros que acrediten un inters legtimo y directo.

4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podr ser denegado cuando prevalezcan razones de inters pblico, por intereses de terceros ms dignos de proteccin o cuando as lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el rgano competente dictar resolucin motivada.

5. El derecho de acceso no podr ser ejercido respecto a los siguientes expedientes:

a) Los que contengan informacin sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autnomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo.

b) Los que contengan informacin sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado.

c) Los tramitados para la investigacin de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la proteccin de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estn realizando.

d) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial.

e) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la poltica monetaria.

6. Se regirn por sus disposiciones especficas:

a) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.

b) El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.

c) Los archivos regulados por la legislacin del rgimen electoral.

d) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadsticos dentro del mbito de la funcin estadstica pblica.

e) El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carcter pblico cuyo uso est regulado por una Ley.

f) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Pblicas por parte de las personas que ostenten la condicin de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad Autnoma o de una Corporacin Local.

g) La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Histricos.

7. El derecho de acceso ser ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios pblicos debindose, a tal fin, formular peticin individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideracin con carcter potestativo, formular solicitud genrica sobre una materia o conjunto de materias. No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un inters histrico, cientfico o cultural relevante, se podr autorizar el acceso directo de aqullos a la consulta de los expedientes, siempre que quede garantizada debidamente la intimidad de las personas.

8. El derecho de acceso conllevar el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administracin, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.

9. Ser objeto de peridica publicacin la relacin de los documentos obrantes en poder de las Administraciones Pblicas sujetos a un rgimen de especial publicidad por afectar a la colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto de consulta por los particulares.

10. Sern objeto de publicacin regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros rganos administrativos que comporten una interpretacin del derecho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la Administracin.




[Bloque 49: #a38]

Artculo 38. Registros.

1. Los rganos administrativos llevarn un registro general en el que se har el correspondiente asiento de todo escrito o comunicacin que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. Tambin se anotarn en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros rganos o particulares.

2. Los rganos administrativos podrn crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organizacin otros registros con el fin de facilitar la presentacin de escritos y comunicaciones. Dichos registros sern auxiliares del registro general, al que comunicarn toda anotacin que efecten.

Los asientos se anotarn respetando el orden temporal de recepcin o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarn la fecha del da de la recepcin o salida.

Concluido el trmite de registro, los escritos y comunicaciones sern cursados sin dilacin a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro que hubieran sido recibidas.

3. Los registros generales as como todos los registros que las Administraciones Pblicas establezcan para la recepcin de escritos y comunicaciones de los particulares o de rganos administrativos, debern instalarse en soporte informtico.

El sistema garantizar la constancia, en cada asiento que se practique, de un nmero, epgrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentacin, identificacin del interesado, rgano administrativo remitente, si procede, y persona u rgano administrativo al que se enva, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicacin que se registra.

Asimismo, el sistema garantizar la integracin informtica en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del rgano administrativo.

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los rganos de las Administraciones Pblicas podrn presentarse:

a) En los registros de los rganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier rgano administrativo, que pertenezca a la Administracin General del Estado, a la de cualquier Administracin de las Comunidades Autnomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administracin Local si, en este ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomticas u oficinas consulares de Espaa en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Mediante convenios de colaboracin suscritos entre las Administraciones Pblicas, se establecern sistemas de intercomunicacin y coordinacin de registros que garanticen su compatibilidad informtica y la transmisin telemtica de los asientos.

5. Cada Administracin Pblica establecer los das y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentacin de documentos previsto en el artculo 35.

6. Podrn hacerse efectivas adems de por otros medios, mediante giro postal o telegrfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pblica correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentacin de solicitudes y escritos a las Administraciones Pblicas.

7. Las Administraciones Pblicas debern hacer pblica y mantener actualizada una relacin de las oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicacin, as como los horarios de funcionamiento.

Redactado el apartado 5 conforme a la correccin de errores publicada en BOE num. 23, de 27 de enero de 1993. Ref. BOE-A-1993-1922.







[Bloque 50: #a39]

Artculo 39. Colaboracin de los ciudadanos.

1. Los ciudadanos estn obligados a facilitar a la Administracin informes, inspecciones y otros actos de investigacin slo en los casos previstos por la Ley.

2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en l tienen el deber de proporcionrselos a la Administracin actuante.


[Bloque 52: #a40]

Artculo 40. Comparecencia de los ciudadanos.

1. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas pblicas slo ser obligatoria cuando as est previsto en una norma con rango de ley.

2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citacin har constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, as como los efectos de no atenderla.

3. Las Administraciones Pblicas, a solicitud del interesado, le entregarn certificacin haciendo constar la comparecencia.


[Bloque 53: #a41]

Artculo 41. Responsabilidad de la tramitacin.

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Pblicas que tuviesen a su cargo la resolucin o el despacho de los asuntos, sern responsables directos de su tramitacin y adoptarn las medidas oportunas para remover los obstculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legtimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitacin de procedimientos.

2. Los interesados podrn solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administracin Pblica que corresponda.


[Bloque 54: #a42]

Artculo 42. Obligacin de resolver.

1. La Administracin est obligada a dictar resolucin expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por los interesados as como en los procedimientos iniciados de oficio cuya instruccin y resolucin afecte a los ciudadanos o a cualquier interesado.

Estn exceptuados de esta obligacin los procedimientos en que se produzca la prescripcin, la caducidad, la renuncia o el desistimiento en los trminos previstos en esta Ley, as como los relativos al ejercicio de derechos que slo deba ser objeto de comunicacin y aqullos en los que se haya producido la prdida sobrevenida del objeto del procedimiento.

2. El plazo mximo para resolver las solicitudes que se formulen por los interesados ser el que resulte de la tramitacin del procedimiento aplicable en cada caso. Cuando la norma de procedimiento no fije plazos, el plazo mximo de resolucin ser de tres meses.

Cuando el nmero de solicitudes formuladas impidan razonablemente el cumplimiento de los plazos previstos en el procedimiento aplicable o el plazo mximo de resolucin, el rgano competente para instruir o, en su caso, resolver las solicitudes, podr proponer la ampliacin de los plazos que posibilite la adopcin de una resolucin expresa al rgano competente para resolver o, en su caso, al rgano jerrquicamente superior.

La ampliacin de los plazos a que se refiere este artculo no podr ser superior al plazo inicialmente establecido en la tramitacin del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliacin de plazos no cabr recurso alguno.

3. Los titulares de los rganos administrativos que tengan la competencia para resolver los procedimientos que se tramiten y el personal al servicio de las Administraciones Pblicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, son responsables directos de que la obligacin de resolucin expresa se haga efectiva en los plazos establecidos.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artculo dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria o, en su caso, ser causa de remocin del puesto de trabajo.




[Bloque 55: #a43]

Artculo 43. Actos presuntos.

1. No obstante lo previsto en el artculo anterior, si venciese el plazo de resolucin, y el rgano competente no la hubiese dictado expresamente, se producirn los efectos jurdicos que se establecen en este artculo.

El vencimiento del plazo de resolucin no exime a las Administraciones Pblicas de la obligacin de resolver, pero debern abstenerse de hacerlo cuando se haya emitido la certificacin a que se refiere el artculo 44.

2. Cuando en los procedimientos iniciados en virtud de solicitudes formuladas por los interesados no haya recado resolucin en plazo, se podrn entender estimadas aqullas en los siguientes supuestos:

a) Solicitudes de concesin de licencias y autorizaciones de instalacin, traslado o ampliacin de empresas o centros de trabajo.

b) Solicitudes cuya estimacin habilitara al solicitante para el ejercicio de derechos preexistentes, salvo que la estimacin tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio pblico o al servicio pblico, en cuyo caso se entendern desestimadas.

c) En todos los casos, las solicitudes en cuya normativa de aplicacin no se establezca que quedarn desestimadas si no recae resolucin expresa.

3. Cuando en los procedimientos iniciados en virtud de solicitudes formuladas por los interesados no haya recado resolucin en plazo, se podr entender desestimada la solicitud en los siguientes supuestos:

a) Procedimientos de ejercicio del derecho de peticin del artculo 29 de la Constitucin.

b) Resolucin de recursos administrativos. Ello no obstante, cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimacin presunta de una solicitud por el transcurso del plazo, se entender estimado el recurso si llegado el plazo de resolucin de ste el rgano administrativo competente no dictase resolucin expresa sobre el mismo.

4. Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos, se entendern caducados y se proceder al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio rgano competente para dictar la resolucin, en el plazo de treinta das desde el vencimiento del plazo en que debi ser dictada, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en los que se interrumpir el cmputo del plazo para resolver el procedimiento.

5. Cada Administracin, para mejor conocimiento de los ciudadanos, podr publicar de acuerdo con el rgimen de actos presuntos previsto en la presente Ley una relacin de los procedimientos en que la falta de resolucin expresa produce efectos estimatorios y de aquellos en que los produce desestimatorios.





[Bloque 56: #a44]

Artculo 44. Certificacin de actos presuntos.

1. Los actos administrativos presuntos se podrn hacer valer tanto ante la Administracin como ante cualquier otra persona, natural o jurdica, pblica o privada.

2. Para su eficacia, los interesados o la propia Administracin deber acreditar los actos presuntos mediante certificacin emitida por el rgano competente que debi resolver expresamente el procedimiento, que deber extenderla inexcusablemente en el plazo de veinte das desde que le fue solicitada salvo que en dicho plazo haya dictado resolucin expresa, sin que se pueda delegar esta competencia especfica.

La certificacin de actos presuntos de rganos colegiados se emitir por los Secretarios de los mismos, o por las personas que tengan atribuidas sus funciones.

La no emisin, cuando proceda, de la certificacin dentro del plazo y con los requisitos establecidos, una vez solicitada en debida forma, ser considerada como falta muy grave.

3. La certificacin que se emita deber ser comprensiva de la solicitud presentada o del objeto del procedimiento seguido, de la fecha de iniciacin, del vencimiento del plazo para dictar resolucin y de los efectos generados por la ausencia de resolucin expresa.

Si la certificacin no fuese emitida en el plazo establecido en el nmero anterior, los actos presuntos sern igualmente eficaces y se podrn acreditar mediante la exhibicin de la peticin de la certificacin sin que quede por ello desvirtuado el carcter estimatorio o desestimatorio legalmente establecido para el acto presunto.

4. Los interesados podrn solicitar la certificacin correspondiente a partir del da siguiente al del vencimiento del plazo en que debi dictarse la resolucin y podrn solicitar de la Administracin que se exijan las responsabilidades correspondientes.

5. Los plazos para interponer recursos administrativos y contencioso-administrativo respecto de los actos presuntos se contarn a partir del da siguiente a la recepcin de la certificacin, y si sta no fuese emitida en plazo, a partir del da siguiente al de finalizacin de dicho plazo.




[Bloque 57: #a45]

Artculo 45. Incorporacin de medios tcnicos.

1. Las Administraciones Pblicas impulsarn el empleo y aplicacin de las tcnicas y medios electrnicos, informticos y telemticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilizacin de estos medios establecen la Constitucin y las Leyes.

2. Cuando sea compatible con los medios tcnicos de que dispongan las Administraciones Pblicas, los ciudadanos podrn relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a travs de tcnicas y medios electrnicos, informticos o telemticos con respecto de las garantas y requisitos previstos en cada procedimiento.

3. Los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte informtico garantizarn la identificacin y el ejercicio de la competencia por el rgano que la ejerce.

4. Los programas y aplicaciones electrnicos, informticos y telemticos que vayan a ser utilizados por las Administraciones Pblicas para el ejercicio de sus postestades, habrn de ser previamente aprobados por el rgano competente, quien deber difundir pblicamente sus caractersticas.

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrnicos, informticos o telemticos por las Administraciones Pblicas, o los que stas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarn de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservacin y, en su caso, la recepcin por el interesado, as como el cumplimiento de las garantas y requisitos exigidos por sta u otras Leyes.




[Bloque 58: #a46]

Artculo 46. Validez y eficacia de documentos y copias.

1. Cada Administracin Pblica determinar reglamentariamente los rganos que tengan atribuidas las competencias de expedicin de copias autnticas de documentos pblicos o privados.

2. Las copias de cualesquiera documentos pblicos gozarn de la misma validez y eficacia que estos siempre que exista constancia de que sean autnticas.

3. Las copias de documentos privados tendrn validez y eficacia, exclusivamente en el mbito de la actividad de las Administraciones Pblicas, siempre que su autenticidad haya sido comprobada.

4. Tienen la consideracin de documento pblico administrativo los documentos vlidamente emitidos por los rganos de las Administraciones Pblicas.


[Bloque 59: #cii-2]

Captulo II

Trminos y plazos


[Bloque 60: #a47]

Artculo 47. Obligatoriedad de trminos y plazos.

Los trminos y plazos establecidos en sta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas competentes para la tramitacin de los asuntos, as como a los interesados en los mismos.


[Bloque 61: #a48]

Artculo 48. Cmputo.

1. Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos se sealen por das, se entiende que stos son hbiles, excluyndose del cmputo los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se sealen por das naturales, se har constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

2. Si el plazo se fija en meses o aos, stos se computarn de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera da equivalente a aqul en que comienza el cmputo, se entender que el plazo expira el ltimo da del mes.

3. Cuando el ltimo da del plazo sea inhbil, se entender prorrogado al primer da hbil siguiente.

4. Los plazos expresados en das se contarn a partir del da siguiente a aqul en que tenga lugar la notificacin o publicacin del acto de que se trate o, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto por el artculo 44.5.

Los restantes plazos se contarn a partir del da de la notificacin o publicacin del correspondiente acto salvo que en l se disponga otra cosa y, respecto de los plazos para iniciar un procedimiento, a partir del da de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del rgano administrativo competente.

5. Cuando un da fuese hbil en el Municipio o Comunidad Autnoma en que residiese el interesado, e inhbil en la sede del rgano administrativo, o a la inversa, se considerar inhbil en todo caso.

6. La declaracin de un da como inhbil a efectos de cmputo de plazos no determina por s sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Pblicas, la organizacin del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.

7. La Administracin General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autnomas, con sujecin al calendario laboral oficial, fijarn en su respectivo mbito el calendario de das inhbiles a efectos de cmputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autnomas comprender los das inhbiles de las Entidades que integran la Administracin Local correspondiente a su mbito territorial, a las que ser de aplicacin.

Dicho calendario deber publicarse antes del comienzo de cada ao en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusin que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.




[Bloque 62: #a49]

Artculo 49. Ampliacin.

1. La Administracin, salvo precepto en contrario, podr conceder de oficio o a peticin de los interesados, una ampliacin de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Se excluyen de las ampliaciones reguladas en este artculo las ampliaciones a que hace referencia el artculo 42.2.

2. La ampliacin de los plazos por el tiempo mximo permitido se aplicar en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomticas y oficinas consulares, as como aquellos que, tramitndose en el interior, exijan cumplimentar algn trmite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de Espaa.




[Bloque 63: #a50]

Artculo 50. Tramitacin de urgencia.

1. Cuando razones de inters pblico lo aconsejen se podr acordar, de oficio o a peticin del interesado, la aplicacin al procedimiento de la tramitacin de urgencia, por la cual se reducirn a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentacin de solicitudes y recursos.

2. No cabr recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicacin de la tramitacin de urgencia al procedimiento.


[Bloque 64: #tv]

Ttulo V

De las disposiciones y los actos administrativos


[Bloque 65: #ci-3]

Captulo I

Disposiciones administrativas


[Bloque 66: #a51]

Artculo 51. Jerarqua y competencia.

1. Las disposiciones administrativas no podrn vulnerar la Constitucin o las Leyes ni regular aquellas materias que la Constitucin o los Estatutos de Autonoma reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

2. Ninguna disposicin administrativa podr vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

3. Las disposiciones administrativas se ajustarn al orden de jerarqua que establezcan las leyes.


[Bloque 67: #a52]

Artculo 52. Publicidad e inderogabilidad singular.

1. Para que produzcan efectos jurdicos las disposiciones administrativas habrn de publicarse en el Diario oficial que corresponda.

2. Las resoluciones administrativas de carcter particular no podrn vulnerar lo establecido en una disposicin de carcter general, aunque aqullas tengan igual o superior rango a stas.


[Bloque 68: #cii-3]

Captulo II

Requisitos de los actos administrativos


[Bloque 69: #a53]

Artculo 53. Produccin y contenido.

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Pblicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirn por el rgano competente ajustndose al procedimiento establecido.

2. El contenido de los actos se ajustar a lo dispuesto por el ordenamiento jurdico y ser determinado y adecuado a los fines de aqullos.


[Bloque 70: #a54]

Artculo 54. Motivacin.

1. Sern motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legtimos.

b) Los que resuelvan procedimiento de revisin de oficio de actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la va judicial y procedimientos de arbitraje.

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de rganos consultivos.

d) Los acuerdos de suspensin de actos, cualquiera que sea el motivo de sta.

e) Los acuerdos de aplicacin de la tramitacin de urgencia o de ampliacin de plazos.

f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, as como los que deban serlo en virtud de disposicin legal o reglamentaria expresa.

2. La motivacin de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizar de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolucin que se adopte.




[Bloque 71: #a55]

Artculo 55. Forma.

1. Los actos administrativos se producirn por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma ms adecuada de expresin y constancia.

2. En los casos en que los rganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuar y firmar por el titular del rgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicacin del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deber autorizar una relacin de las que haya dictado de forma verbal, con expresin de su contenido.

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrn refundirse en un nico acto, acordado por el rgano competente, que especificar las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.


[Bloque 72: #ciii-2]

Captulo III

Eficacia de los actos


[Bloque 73: #a56]

Artculo 56. Ejecutividad.

Los actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho Administrativo sern ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.


[Bloque 74: #a57]

Artculo 57. Efectos.

1. Los actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirn vlidos y producirn efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

2. La eficacia quedar demorada cuando as lo exija el contenido del acto o est supeditada a su notificacin, publicacin o aprobacin superior.

3. Excepcionalmente, podr otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitucin de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y sta no lesione derechos o intereses legtimos de otras personas.


[Bloque 75: #a58]

Artculo 58. Notificacin.

1. Se notificarn a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los trminos previstos en el artculo siguiente.

2. Toda notificacin deber ser cursada en el plazo de diez das a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deber contener el texto ntegro de la resolucin, con indicacin de si es o no definitivo en la va administrativa, la expresin de los recursos que procedan, rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que losinteresados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

3. Las notificaciones defectuosas surtirn efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenidode la resolucin o acto objeto de la notificacin, o interpongan el recurso procedente.




[Bloque 76: #a59]

Artculo 59. Prctica de la notificacin.

1. Las notificaciones se practicarn por cualquier medio que permita tener constancia de la recepcin por el interesado o su representante, as como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditacin de la notificacin efectuada se incorporar al expediente.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificacin se practicar en el lugar que ste haya sealado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a talfin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado primero de este artculo.

Cuando la notificacin se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente ste en el momento de entregarse la notificacin, podr hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

3. Cuando el interesado o su representante rechace la notificacin de una actuacin administrativa, se har constar en el expediente, especificndose las circunstancias del intento de notificacin y se tendr por efectuado el trmite siguindose el procedimiento.

4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificacin o el medio a que se refiere el punto 1 de este artculo, o bien, intentada la notificacin, no se hubiese podido practicar, la notificacin se har por medio de anuncios en el tabln de edictos del Ayuntamiento de su ltimo domicilio y en el Boletn Oficial del Estado, de la Comunidad Autnoma o de la Provincia, segn cual sea la Administracin de la que proceda el acto a notificar, y el mbito territorial del rgano que lo dict.

En el caso de que el ltimo domicilio conocido radicara en un pas extranjero, la notificacin se efectuar mediante su publicacin en el tabln de anuncios del Consulado o Seccin Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones Pblicas podrn establecer otras formas de notificacin complementarias a travs de los restantes medios de difusin, que no excluirn la obligacin de notificar conforme a los dos prrafos anteriores.

5. La publicacin, en los trminos del artculo siguiente, sustituir a la notificacin surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administracin estime que la notificacin efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificacin a todos, siendo, en este ltimo caso, adicional a la notificacin efectuada.

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deber indicar el tabln de anuncios o medio de comunicacin donde se efectuarn las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.







[Bloque 77: #a60]

Artculo 60. Publicacin.

1. Los actos administrativos sern objeto de publicacin cuando as lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de inters pblico apreciadas por el rgano competente.

2. La publicacin de un acto deber contener los mismos elementos que el punto 2 del artculo 58 exige respecto de las notificaciones. Ser tambin aplicable a la publicacin lo establecido en el punto 3 del mismo artculo.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrn publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificndose solamente los aspectos individuales de cada acto.


[Bloque 78: #a61]

Artculo 61. Indicacin de notificaciones y publicaciones.

Si el rgano competente apreciase que la notificacin por medio de anuncios o la publicacin de un acto lesiona derechos o intereses legtimos, se limitar a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicacin del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrn comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido ntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.


[Bloque 79: #civ]

Captulo IV

Nulidad y anulabilidad


[Bloque 80: #a62]

Artculo 62. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Pblicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por rgano manifiestamente incompetente por razn de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infraccin penal o se dicten como consecuencia de sta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formacin de la voluntad de los rganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurdico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisicin.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposicin de rango legal.

2. Tambin sern nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitucin, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.




[Bloque 81: #a63]

Artculo 63. Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la Administracin que incurran en cualquier infraccin del ordenamiento jurdico, incluso la desviacin de poder.

2. No obstante, el defecto de forma slo determinar la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o d lugar a la indefensin de los interesados.

3. La realizacin de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas slo implicar la anulabilidad del acto cuando as lo imponga la naturaleza del trmino o plazo.


[Bloque 82: #a64]

Artculo 64. Transmisibilidad.

1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicar la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicar la de las partes del mismo independientes de aqulla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.


[Bloque 83: #a65]

Artculo 65. Conversin de actos viciados.

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirn los efectos de ste.


[Bloque 84: #a66]

Artculo 66. Conservacin de actos y trmites.

El rgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondr siempre la conservacin de aquellos actos y trmites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infraccin.


[Bloque 85: #a67]

Artculo 67. Convalidacin.

1. La Administracin podr convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

2. El acto de convalidacin producir efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos.

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidacin podr realizarse por el rgano competente cuando sea superior jerrquico del que dict el acto viciado.

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorizacin, podr ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el rgano competente.


[Bloque 86: #tvi]

Ttulo VI

De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos


[Bloque 87: #ci-4]

Captulo I

Iniciacin del procedimiento


[Bloque 88: #a68]

Artculo 68. Clases de iniciacin.

Los procedimientos podrn iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.


[Bloque 89: #a69]

Artculo 69. Iniciacin de oficio.

1. Los procedimientos se iniciarn de oficio por acuerdo del rgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a peticin razonada de otros rganos o por denuncia.

2. Con anterioridad al acuerdo de iniciacin, podr el rgano competente abrir un perodo de informacin previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.


[Bloque 90: #a70]

Artculo 70. Solicitudes de iniciacin.

1. Las solicitudes que se formulen debern contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, as como la identificacin del medio preferente o del lugar que se seale a efectos de notificaciones.

b) Hechos, razones y peticin en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

c) Lugar y fecha.

d) Firma del solicitante o acreditacin de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) rgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idntico o sustancialmente similar, podrn ser formuladas en una nica solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos especficos dispongan otra cosa.

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administracin, podrn stos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentacin, admitindose como tal una copia en la que figure la fecha de presentacin anotada por la oficina.

4. Las Administraciones Pblicas debern establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolucin numerosa de una serie de procedimientos. Los modelos mencionados estarn a disposicin de los ciudadanos en las dependencias administrativas.

Los solicitantes podrn acompaar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales debern ser admitidos y tenidos en cuenta por el rgano al que se dirijan.

Redactado el apartado 4 conforme a la correccin de errores publicada en el BOE num. 311, de 28 de diciembre de1992. Ref. BOE-A-1992-28641.


[Bloque 91: #a71]

Artculo 71. Subsanacin y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciacin no rene los requisitos que seala el artculo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislacin especfica aplicable, se requerir al interesado para que, en un plazo de diez das, subsane la falta o acompae los documentos preceptivos, con indicacin de que, si as no lo hiciera, se le tendr por desistido de su peticin, archivndose sin ms trmite, con los efectos previstos en el artculo 42.1.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podr ser ampliado prudencialmente, hasta cinco das, a peticin del interesado o iniciativa del rgano, cuando la aportacin de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el rgano competente podr recabar del solicitante la modificacin o mejora voluntarias de los trminos de aqulla. De ellos se levantar acta sucinta, que se incorporar al procedimiento.

Redactado el apartado 1 conforme a la correccin de errores publicada en BOE num. 311, de 28 de diciembre de 1992. Ref. BOE-A-1992-28641.




[Bloque 93: #a72]

Artculo 72. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el rgano administrativo competente para resolver, podr adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.

2. No se podrn dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de dificil o imposible reparacin a los interesados o que impliquen violacin de derechos amparados por las leyes.




[Bloque 94: #a73]

Artculo 73. Acumulacin.

El rgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciacin, podr disponer su acumulacin a otros con los que guarde identidad sustancial o ntima conexin.

Contra el acuerdo de acumulacin no proceder recurso alguno.


[Bloque 95: #cii-4]

Captulo II

Ordenacin del procedimiento


[Bloque 96: #a74]

Artculo 74. Impulso.

1. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsar de oficio en todos sus trmites.

2. En el despacho de los expedientes se guardar el orden riguroso de incoacin en asuntos de homognea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se d orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

El incumplimiento de lo dispuesto en el prrafo anterior dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, ser causa de remocin del puesto de trabajo.


[Bloque 97: #a75]

Artculo 75. Celeridad.

1. Se acordarn en un solo acto todos los trmites que, por su naturaleza, admitan una impulsin simultnea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

2. Al solicitar los trmites que deban ser cumplidos por otros rganos, deber consignarse en la comunicacin cursada el plazo legal establecido al efecto.


[Bloque 98: #a76]

Artculo 76. Cumplimiento de trmites.

1. Los trmites que deban ser cumplimentados por los interesados debern realizarse en el plazo de diez das a partir de la notificacin del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no rene los requisitos necesarios, la Administracin lo pondr en conocimiento de su autor, concedindole un plazo de diez das para cumplimentarlo.

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podr declarar decados en su derecho al trmite correspondiente; sin embargo, se admitir la actuacin del interesado y producir sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del da que se notifique la resolucin en la que se tenga por transcurrido el plazo.


[Bloque 99: #a77]

Artculo 77. Cuestiones incidentales.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspendern la tramitacin del mismo, salvo la recusacin.


[Bloque 100: #ciii-3]

Captulo III

Instruccin del procedimiento


[Bloque 101: #s1]

Seccin 1. Disposiciones Generales


[Bloque 102: #a78]

Artculo 78. Actos de instruccin.

1. Los actos de instruccin necesarios para la determinacin, conocimiento y comprobacin de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolucin, se realizarn de oficio por el rgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervencin o constituyan trmites legal o reglamentariamente establecidos.

2. Los resultados de los sondeos y encuestas de opinin que se incorporen a la instruccin de un procedimiento debern reunir las garantas legalmente establecidas para estas tcnicas de informacin as como la identificacin tcnica del procedimiento seguido para la obtencin de estos resultados.


[Bloque 103: #a79]

Artculo 79. Alegaciones.

1. Los interesados podrn, en cualquier momento del procedimiento anterior al trmite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Unos y otros sern tenidos en cuenta por el rgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolucin.

2. En todo momento podrn los interesados alegar los defectos de tramitacin y, en especial, los que supongan paralizacin, infraccin de los plazos preceptivamente sealados o la omisin de trmites que pueden ser subsanados antes de la resolucin definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrn dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.


[Bloque 104: #s2]

Seccin 2. Prueba


[Bloque 105: #a80]

Artculo 80. Medios y perodo de prueba.

1. Los hechos relevantes para la decisin de un procedimiento podrn acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

2. Cuando la Administracin no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordar la apertura de un perodo de prueba por un plazo no superior a treinta das ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

3. El instructor del procedimiento slo podr rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolucin motivada.


[Bloque 106: #a81]

Artculo 81. Prctica de prueba.

1. La Administracin comunicar a los interesados, con antelacin suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realizacin de las pruebas que hayan sido admitidas.

2. En la notificacin se consignar el lugar, fecha y hora en que se practicar la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar tcnicos para que le asistan.

3. En los casos en que, a peticin del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realizacin implique gastos que no deba soportar la Administracin, sta podr exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidacin definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidacin de los gastos se practicar uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuanta de los mismos.


[Bloque 107: #s3]

Seccin 3. Informes


[Bloque 108: #a82]

Artculo 82. Peticin.

1. A efectos de la resolucin del procedimiento, se solicitarn aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citndose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

2. En la peticin de informe se concretar el extremo o extremos acerca de los que se solicita.


[Bloque 109: #a83]

Artculo 83. Evacuacin.

1. Salvo disposicin expresa en contrario, los informes sern facultativos y no vinculantes.

2. Los informes sern evacuados en el plazo de diez das, salvo que una disposicin o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo sealado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrn proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carcter del informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolucin del procedimiento, en cuyo caso se podr interrumpir el plazo de los trmites sucesivos.

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administracin Pblica distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aqul se hubiera evacuado, se podrn proseguir las actuaciones.

El informe emitido fuera de plazo podr no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolucin.


[Bloque 110: #s4]

Seccin 4. Participacin de los interesados


[Bloque 111: #a84]

Artculo 84. Trmite de audiencia.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolucin, se pondrn de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artculo 37.5.(*)

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez das ni superior a quince, podrn alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisin de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendr por realizado el trmite.

4. Se podr prescindir del trmite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolucin otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

(*) Vase la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno, en cuanto a los lmites al derecho de acceso (art. 14).


[Bloque 112: #a85]

Artculo 85. Actuacin de los interesados.

1. Los actos de instruccin que requieran la intervencin de los interesados habrn de practicarse en la forma que resulte ms cmoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.

2. Los interesados podrn, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

3. En cualquier caso, el rgano instructor adoptar las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradiccin y de igualdad de los interesados en el procedimiento.


[Bloque 113: #a86]

Artculo 86. Informacin pblica.

1. El rgano al que corresponda la resolucin del procedimiento, cuando la naturaleza de ste lo requiera, podr acordar un perodo de informacin pblica.

2. A tal efecto, se anunciar en el Boletn Oficial del Estado, de la Comunidad Autnoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona fsica o jurdica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio sealar el lugar de exhibicin y determinar el plazo para formular alegaciones, que en ningn caso podr ser inferior a veinte das.

3. La incomparecencia en este trmite no impedir a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolucin definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trmite de informacin pblica no otorga, por s misma, la condicin de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trmite tienen derecho a obtener de la Administracin una respuesta razonada, que podr ser comn para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

4. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Pblicas podrn establecer otras formas, medios y cauces de participacin de los ciudadanos, directamente o a travs de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones y actos administrativos.


[Bloque 114: #civ-2]

Captulo IV

Finalizacin del procedimiento


[Bloque 115: #s1-2]

Seccin 1. Disposiciones Generales


[Bloque 116: #a87]

Artculo 87. Terminacin.

1. Pondrn fin al procedimiento la resolucin, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no est prohibida por el Ordenamiento Jurdico, y la declaracin de caducidad.

2. Tambin producir la terminacin del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolucin que se dicte deber ser motivada en todo caso.


[Bloque 117: #a88]

Artculo 88. Terminacin convencional.

1. Las Administraciones Pblicas podrn celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho pblico como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurdico ni versen sobre materias no susceptibles de transaccin y tengan por objeto satisfacer el inters pblico que tienen encomendado, con el alcance, efectos y rgimen jurdico especfico que en cada caso prevea la disposicin que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideracin de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carcter previo, vinculante o no, a la resolucin que les ponga fin.

2. Los citados instrumentos debern establecer como contenido mnimo la identificacin de las partes intervinientes, el mbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no segn su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

3. Requerirn en todo caso la aprobacin expresa del Consejo de Ministros, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho rgano.

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrn alteracin de las competencias atribuidas a los rganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios pblicos.


[Bloque 118: #s2-2]

Seccin 2. Resolucin


[Bloque 119: #a89]

Artculo 89. Contenido.

1. La resolucin que ponga fin al procedimiento decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el rgano competente podr pronunciarse sobre las mismas, ponindolo antes de manifiesto a aqullos por un plazo no superior a quince das, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolucin ser congruente con las peticiones formuladas por ste, sin que en ningn caso pueda agravar su situacin inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administracin de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

3. Las resoluciones contendrn la decisin, que ser motivada en los casos a que se refiere el artculo 54. Expresarn, adems, los recursos que contra la misma procedan, rgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

4. En ningn caso podr la Administracin abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podr resolver la inadmisin de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurdico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de peticin previsto por el artculo 29 de la Constitucin.

5. La aceptacin de informes o dictmenes servir de motivacin a la resolucin cuando se incorporen al texto de la misma.

Redactado el apartado 1 conforme a la correccin de errores publicada en BOE num. 311, de 28 de diciembre de 1992. Ref. BOE-A-1992-28641.


[Bloque 120: #s3-2]

Seccin 3. Desistimiento y renuncia


[Bloque 121: #a90]

Artculo 90. Ejercicio.

1. Todo interesado podr desistir de su solicitud o, cuando ello no est prohibido por el Ordenamiento Jurdico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciacin se hubiera formulado por dos o ms interesados, el desistimiento o la renuncia slo afectar a aqullos que la hubiesen formulado.


[Bloque 122: #a91]

Artculo 91. Medios y efectos.

1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrn hacerse por cualquier medio que permita su constancia.

2. La Administracin aceptar de plano el desistimiento o la renuncia, y declarar concluso el procedimiento salvo que, habindose personado en el mismo terceros interesados, instasen stos su continuacin en el plazo de diez das desde que fueron notificados del desistimiento.

3. Si la cuestin suscitada por la incoacin del procedimiento entraase inters general o fuera conveniente sustanciarla para su definicin y esclarecimiento, la Administracin podr limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguir el procedimiento.


[Bloque 123: #s4-2]

Seccin 4. Caducidad


[Bloque 124: #a92]

Artculo 92. Requisitos y efectos.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralizacin por causa imputable al mismo, la Administracin le advertir que, transcurridos tres meses, se producir la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitacin, la Administracin acordar el archivo de las actuaciones, notificndoselo al interesado.

Contra la resolucin que declare la caducidad procedern los recursos pertinentes.

2. No podr acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentacin de trmites, siempre que no sean indispensables para dictar resolucin. Dicha inactividad no tendr otro efecto que la prdida de su derecho al referido trmite.

3. La caducidad no producir por s sola la prescripcin de las acciones del particular o de la Administracin, pero los procedimientos caducados no interrumpirn el plazo de prescripcin.

4. Podr no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestin suscitada afecte al inters general, o fuera conveniente sustanciarla para su definicin y esclarecimiento.

Redactado el apartado 4 conforme a la correccin de errores publicada en BOE num. 311, de 28 de diciembre de 1992. Ref. BOE-A-1992-28641.


[Bloque 125: #cv]

Captulo V

Ejecucin


[Bloque 126: #a93]

Artculo 93. Ttulo.

1. Las Administraciones Pblicas no iniciarn ninguna actuacin material de ejecucin de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolucin que le sirva de fundamento jurdico.

2. El rgano que ordene un acto de ejecucin material de resoluciones estar obligado a notificar al particular interesado la resolucin que autorice la actuacin administrativa.


[Bloque 127: #a94]

Artculo 94. Ejecutoriedad.

Los actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho Administrativo sern inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artculos 111 y 138, y en aquellos casos en que una disposicin establezca lo contrario o necesiten aprobacin o autorizacin superior.


[Bloque 128: #a95]

Artculo 95. Ejecucin forzosa.

Las Administraciones Pblicas, a travs de sus rganos competentes en cada caso, podrn proceder, previo apercibimiento, a la ejecucin forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecucin de acuerdo con la ley, o cuando la Constitucin o la ley exijan la intervencin de los Tribunales.


[Bloque 129: #a96]

Artculo 96. Medios de ejecucin forzosa.

1. La ejecucin forzosa por las Administraciones Pblicas se efectuar, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

a) Apremio sobre el patrimonio.

b) Ejecucin subsidiaria.

c) Multa coercitiva.

d) Compulsin sobre las personas.

2. Si fueran varios los medios de ejecucin admisibles se elegir el menos restrictivo de la libertad individual.

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Pblicas debern obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorizacin judicial.


[Bloque 130: #a97]

Artculo 97. Apremio sobre el patrimonio.

1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad lquida se seguir el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en va ejecutiva.

2. En cualquier caso no podr imponerse a los administrados una obligacin pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.


[Bloque 131: #a98]

Artculo 98. Ejecucin subsidiaria.

1. Habr lugar a la ejecucin subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalsimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2. En este caso, las Administraciones Pblicas realizarn el acto, por s o a travs de las personas que determinen, a costa del obligado.

3. El importe de los gastos, daos y perjuicios se exigir conforme a lo dispuesto en el artculo anterior.

4. Dicho importe podr liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecucin, a reserva de la liquidacin definitiva.


[Bloque 132: #a99]

Artculo 99. Multa coercitiva.

1. Cuando as lo autoricen las leyes, y en la forma y cuanta que stas determinen, las Administraciones Pblicas pueden, para la ejecucin de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a) Actos personalsimos en que no proceda la compulsin directa sobre la persona del obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsin, la Administracin no la estimara conveniente.

c) Actos cuya ejecucin pueda el obligado encargar a otra persona.

2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carcter y compatible con ellas.


[Bloque 133: #a100]

Artculo 100. Compulsin sobre las personas.

1. Los actos administrativos que impongan una obligacin personalsima de no hacer o soportar podrn ser ejecutados por compulsin directa sobre las personas en los casos en que la Ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitucin.

2. Si, tratndose de obligaciones personalsimas de hacer, no se realizase la prestacin, el obligado deber resarcir los daos y perjuicios, a cuya liquidacin y cobro se proceder en va administrativa.


[Bloque 134: #a101]

Artculo 101. Prohibicin de interdictos.

No se admitirn a trmite interdictos contra las actuaciones de los rganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.


[Bloque 135: #tvii]

Ttulo VII

De la revisin de los actos en va administrativa


[Bloque 136: #ci-5]

Captulo I

Revisin de oficio


[Bloque 137: #a102]

Artculo 102. Revisin de actos nulos.

1. Las Administraciones Pblicas podrn, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u rgano consultivo de la Comunidad Autnoma, si lo hubiere, declarar de oficio la nulidad de los actos enumerados en el artculo 62.1, que hayan puesto fin a la va administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo.

2. El procedimiento de revisin de oficio, fundado en una causa de nulidad, se instruir y resolver de acuerdo con las disposiciones del Ttulo VI de esta Ley. En todo caso, la resolucin que recaiga requiere dictamen previo del Consejo de Estado u rgano consultivo de la Comunidad Autnoma si lo hubiere, y no es susceptible de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de la competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

3. Las Administraciones Pblicas, al declarar la nulidad de un acto podrn establecer en la misma resolucin por la que se declara esa nulidad, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artculos 139.2 y 141.1 de esta Ley.

4. Transcurrido el plazo para resolver sin que se hubiera dictado resolucin se podr entender que sta es contraria a la revisin del acto. La eficacia de tal resolucin presunta se regir por lo dispuesto en el artculo 44 de la presente Ley.




[Bloque 138: #a103]

Artculo 103. Revisin de actos anulables.

1. Podrn ser anulados por la Administracin, a iniciativa propia o a solicitud del interesado, previo dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo de la Comunidad Autnoma si lo hubiere, los actos declarativos de derechos cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que dichos actos infrinjan gravemente normas de rango legal o reglamentario.

b) Que el procedimiento de revisin se inicie antes de transcurridos cuatro aos desde que fueron dictados.

2. En los dems casos, la anulacin de los actos declarativos de derechos requerir la declaracin previa de lesividad para el inters pblico y la ulterior impugnacin ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

3. Si el acto proviniera de la Administracin General del Estado, la declaracin de lesividad se realizar mediante Orden ministerial del Departamento autor del acto administrativo, o bien mediante acuerdo del Consejo de Ministros; cuando su norma de creacin as lo determine, la declaracin se realizar por los rganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Pblico a que se refiere el artculo 2.2 de esta Ley.

4. Si el acto proviniera de las Comunidades Autnomas o de la Administracin Local, la declaracin de lesividad se adoptar por el rgano de cada Administracin competente en la materia.

5. La declaracin de lesividad deber adoptarse en el plazo de cuatro aos desde que se dict el acto administrativo de referencia.

6. Transcurrido el plazo para resolver sin que se hubiera dictado resolucin, se podr entender que sta es contraria a la revisin del acto. La eficacia de tal resolucin presunta se regir por lo dispuesto en el artculo 44 de la presente Ley.





[Bloque 139: #a104]

Artculo 104. Suspensin.

Iniciado el procedimiento de revisin de oficio, el rgano competente para resolver podr suspender la ejecucin del acto, cuando sta pudiera causar perjuicios de imposible o dificil reparacin.


[Bloque 140: #a105]

Artculo 105. Revocacin de actos.

1. Las Administraciones Pblicas podrn revocar en cualquier momento sus actos, expresos o presuntos, no declarativos de derechos y los de gravamen, siempre que tal revocacin no sea contraria al ordenamiento jurdico.

2. Las Administraciones Pblicas podrn, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritmticos existentes en sus actos.




[Bloque 141: #a106]

Artculo 106. Lmites de la revisin.

Las facultades de revisin no podrn ser ejercitadas cuando por prescripcin de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.


[Bloque 142: #cii-5]

Captulo II

Recursos administrativos


[Bloque 143: #s1-3]

Seccin 1. Principios generales


[Bloque 144: #a107]

Artculo 107. Objeto y clases.

1. Contra las resoluciones que no pongan fin a la va administrativa y los actos de trmite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensin podr interponerse por los interesados el recurso ordinario a que se refiere la seccin 2. de este captulo.

La oposicin a los restantes actos de trmite deber alegarse por los interesados, para su consideracin en la resolucin que ponga fin al procedimiento, y para la impugnacin de tales actos en el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la misma.

2. Las Leyes podrn sustituir el recurso ordinario, en supuestos o mbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia as lo justifique, por otros procedimientos de impugnacin o reclamacin, incluidos los de conciliacin, mediacin y arbitraje, ante rganos colegiados o comisiones especficas no sometidas a instrucciones jerrquicas, con respecto a los principios, garantas y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

La aplicacin de estos procedimientos en el mbito de la Administracin Local no podr suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los rganos representativos electos establecidos por la Ley.

3. Contra las disposiciones administrativas de carcter general no cabr recurso en va administrativa.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden nicamente en la ilegalidad de alguna disposicin administrativa de carcter general podrn interponerse directamente ante el rgano que dict dicha disposicin.

4. Las reclamaciones econmico-administrativas se ajustarn a los procedimientos establecidos por su legislacin especfica.




[Bloque 145: #a108]

Artculo 108. Recurso de revisin.

Contra las resoluciones que pongan fin a la va administrativa slo proceder el recurso extraordinario de revisin, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artculo 118.




[Bloque 146: #a109]

Artculo 109. Fin de la va administrativa.

Ponen fin a la va administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos ordinarios.

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnacin a que se refiere el artculo 107.2.

c) Las resoluciones de los rganos administrativos que carezcan de superior jerrquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

d) Las dems resoluciones de rganos administrativos, cuando una disposicin legal o reglamentaria as lo establezca.




[Bloque 147: #a110]

Artculo 110. Interposicin de recurso.

1. La interposicin del recurso deber expresar:

a) El nombre y apellidos del recurrente, as como la identificacin del medio y, en su caso, del lugar que se seale a efectos de notificaciones.

b) El acto que se recurre y la razn de su impugnacin.

c) Lugar, fecha e identificacin personal del recurrente.

d) Organo, centro o unidad administrativa al que se dirige.

e) Las dems particularidades exigidas en su caso por las disposiciones especficas.

2. El error en la calificacin del recurso por parte del recurrente no ser obstculo para su tramitacin, siempre que se deduzca su verdadero carcter.

3. La interposicin de recurso contencioso-administrativo contra actos que ponen fin a la va administrativa requerir comunicacin previa al rgano que dict el acto impugnado.





[Bloque 148: #a111]

Artculo 111. Suspensin de la ejecucin.

1. La interposicin de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposicin establezca lo contrario, no suspender la ejecucin del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el rgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderacin, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causara al inters pblico o a terceros la suspensin y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podr suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecucin del acto recurrido, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecucin pudiera causar perjuicios de imposible o dificil reparacin.

b) Que la impugnacin se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artculo 62.1 de esta Ley.

3. Al dictar acuerdo de suspensin podrn adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la proteccin del inters pblico y la eficacia de la resolucin impugnada.

4. El acto impugnado se entender suspendido en su ejecucin si transcurridos treinta das desde que la solicitud de suspensin haya tenido entrada en el rgano competente para decidir sobre la misma, ste no ha dictado resolucin expresa, sin necesidad de solicitar la certificacin que regula el artculo 44 de esta Ley.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnacin de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensin de su eficacia habr de ser publicada en el peridico oficial en que aqul se insert.

Redactado el apartado 4 conforme a la correccin de errores publicada en BOE num. 23 de 27 de enero de 1993. Ref. BOE-A-1993-1922




[Bloque 149: #a112]

Artculo 112. Audiencia de los interesados.

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrn de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez das ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

No se tendrn en cuenta en la resolucin de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trmite de alegaciones no lo haya hecho.

2. Si hubiera otros interesados se les dar, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carcter de documentos nuevos a los efectos de este artculo. Tampoco lo tendrn los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolucin impugnada.


[Bloque 150: #a113]

Artculo 113. Resolucin.

1. La resolucin del recurso estimar en todo o en parte o desestimar las pretensiones formuladas en el mismo o declarar su inadmisin.

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenar la retroaccin del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en el artculo 67.

3. El rgano que resuelva el recurso decidir cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este ltimo caso se les oir previamente.

No obstante, la resolucin ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningn caso pueda agravarse su situacin inicial.


[Bloque 151: #s2-3]

Seccin 2. Recurso ordinario




[Bloque 152: #a114]

Artculo 114. Objeto y plazo.

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artculo 107.1 podrn ser recurridas ante el rgano superior jerrquico del que los dict. A estos efectos, los Tribunales y rganos de seleccin del personal al servicio de las Administraciones Pblicas se considerarn dependientes de la Autoridad que haya nombrado al Presidente de los mismos.

2. El plazo para la interposicin del recurso ordinario ser de un mes.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolucin ser firme a todos los efectos, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisin.




[Bloque 153: #a115]

Artculo 115. Motivos.

1. El recurso ordinario podr fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artculos 62 y 63 de la presente Ley.

2. Los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrn ser alegados por los causantes de los mismos.




[Bloque 155: #a116]

Artculo 116. Interposicin.

1. El recurso podr interponerse ante el rgano que dict el acto que se impugna o ante el rgano competente para resolverlo.

2. Si el recurso se hubiera presentado ante el rgano que dict el acto impugnado, ste deber remitirlo al competente en el plazo de diez das, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

3. El titular del rgano que dict el acto recurrido ser responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el prrafo anterior.




[Bloque 156: #a117]

Artculo 117. Resolucin presunta.

Transcurridos tres meses desde la interposicin del recurso ordinario sin que recaiga resolucin, se podr entender desestimado, salvo en el supuesto previsto en el artculo 43.3, b), y quedar expedita la va procedente.




[Bloque 157: #s3-4]

Seccin 3. Recurso de revisin


[Bloque 159: #a118]

Artculo 118. Objeto y plazos.

1. Contra los actos que agoten la va administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo, podr interponerse el recurso extraordinario de revisin ante el rgano administrativo que los dict, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

2. Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolucin del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolucin recurrida.

3. Que en la resolucin hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolucin.

4. Que la resolucin se hubiese dictado como consecuencia de prevaricacin, cohecho, violencia, maquinacin fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado as en virtud de sentencia judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisin se interpondr cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cuatro aos siguientes a la fecha de la notificacin de la resolucin impugnada. En los dems casos, el plazo ser de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial qued firme.

3. Lo establecido en el presente artculo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artculos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 311, de 28 de diciembre de 1992. Ref. BOE-A-1992-28641.




[Bloque 160: #a119]

Artculo 119. Plazos y resolucin.

1. En la presentacin del recurso sern de aplicacin las disposiciones del artculo 116 de la presente Ley.

2. El rgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisin debe pronunciarse no slo sobre la procedencia del recurso, sino tambin, en su caso, sobre el fondo de la cuestin resuelta por el acto recurrido.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposicin del recurso extraordinario de revisin sin que recaiga resolucin, se entender desestimado, quedando expedita la va jurisdiccional contencioso administrativa.




[Bloque 161: #tviii]

Ttulo VIII

De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales


[Bloque 162: #ci-6]

Captulo I

Disposiciones generales


[Bloque 163: #a120]

Artculo 120. Naturaleza.

1. La reclamacin en va administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral contra cualquier Administracin Pblica, salvo los supuestos en que dicho requisito est exceptuado por una disposicin con rango de Ley.

2. Dicha reclamacin se tramitar y resolver por las normas contenidas en este Ttulo y, por aquellas que, en cada caso, sean de aplicacin, y en su defecto, por las generales de esta Ley.


[Bloque 164: #a121]

Artculo 121. Efectos.

1. Si planteada una reclamacin ante las Administraciones Pblicas, sta no ha sido resuelta y no ha transcurrido el plazo en que deba entenderse desestimada, no podr deducirse la misma pretensin ante la jurisdiccin correspondiente.

2. Planteada la reclamacin previa se interrumpirn los plazos para el ejercicio de las acciones judiciales, que volvern a contarse a partir de la fecha en que se haya practicado la notificacin expresa de la resolucin o, en su caso, desde que se entienda desestimada por el transcurso del plazo.


[Bloque 165: #cii-6]

Captulo II

Reclamacin previa a la va judicial civil


[Bloque 166: #a122]

Artculo 122. Iniciacin.

1. La reclamacin se dirigir al rgano competente de la Administracin Pblica de que se trate.

2. En la Administracin General del Estado se plantear ante el Ministro del Departamento que por razn de la materia objeto de la reclamacin sea competente. Las reclamaciones podrn presentarse en cualquiera de los lugares previstos por esta Ley para la presentacin de escritos o solicitudes.


[Bloque 167: #a123]

Artculo 123. Instruccin.

1. El rgano ante el que se haya presentado la reclamacin la remitir en el plazo de cinco das al rgano competente en unin de todos los antecedentes del asunto.

2. El rgano competente para resolver podr ordenar que se complete el expediente con los antecedentes, informes, documentos y datos que resulten necesarios.


[Bloque 168: #a124]

Artculo 124. Resolucin.

1. Resuelta la reclamacin por el Ministro u rgano competente, se notificar al interesado.

2. Si la Administracin no notificara su decisin en el plazo de tres meses, el interesado podr considerar desestimada su reclamacin al efecto de formular la correspondiente demanda judicial.


[Bloque 169: #ciii-4]

Captulo III

Reclamacin previa a la va judicial laboral


[Bloque 170: #a125]

Artculo 125. Tramitacin.

1. La reclamacin deber dirigirse al Jefe administrativo o Director del establecimiento u Organismo en que el trabajador preste sus servicios.

2. Transcurrido un mes sin haberle sido notificada resolucin alguna, el trabajador podr considerar desestimada la reclamacin a los efectos de la accin judicial laboral.

Redactado el apartado 2 conforme a la correccin de errores publicada en BOE num. 23, de 27 de enero de 1993. Ref. BOE-A-1993-1922.


[Bloque 171: #a126]

Artculo 126. Reclamaciones del personal civil no funcionario de la Administracin Militar.

Las reclamaciones que formule el personal civil no funcionario al servicio de la Administracin Militar se regirn por sus disposiciones especficas.


[Bloque 172: #tix]

Ttulo IX

De la potestad sancionadora


[Bloque 173: #ci-7]

Captulo I

Principios de la potestad sancionadora


[Bloque 174: #a127]

Artculo 127. Principio de legalidad.

1. La potestad sancionadora de las Administraciones Pblicas, reconocida por la Constitucin, se ejercer cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de Ley, con aplicacin del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este Ttulo.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los rganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposicin de rango legal o reglamentario, sin que pueda delegarse en rgano distinto.

3. Las disposiciones de este Ttulo no son de aplicacin al ejercicio por las Administraciones Pblicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estn vinculados a ellas por una relacin contractual.





[Bloque 175: #a128]

Artculo 128. Irretroactividad.

1. Sern de aplicacin las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infraccin administrativa.

2. Las disposiciones sancionadoras producirn efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.


[Bloque 176: #a129]

Artculo 129. Principio de tipicidad.

1. Slo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurdico previstas como tales infracciones por una Ley.

Las infracciones administrativas se clasificarn por la Ley en leves, graves y muy graves.

2. Unicamente por la comisin de infracciones administrativas podrn imponerse sanciones que, en todo caso, estarn delimitadas por la Ley.

3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrn introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o lmites de las que la Ley contempla, contribuyan a la ms correcta identificacin de las conductas o a la ms precisa determinacin de las sanciones correspondientes.

4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no sern susceptibles de aplicacin analgica.




[Bloque 177: #a130]

Artculo 130. Responsabilidad.

1. Slo podrn ser sancionadas por hechos constitutivos de infraccin administrativa las personas fsicas y jurdicas que resulten responsables de los mismos aun a ttulo de simple inobservancia.

2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador sern compatibles con la exigencia al infractor de la reposicin de la situacin alterada por el mismo a su estado originario, as como con la indemnizacin por los daos y perjuicios causados que podrn ser determinados por el rgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfaccin en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse as, expedita la va judicial correspondiente.

3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposicin legal corresponda a varias personas conjuntamente, respondern de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

Sern responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de prevenir la infraccin administrativa cometida por otros, las personas fsicas y jurdicas sobre las que tal deber recaiga, cuando as lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regmenes sancionadores.

Redactado el apartado 3 conforme a la correccin de errores publicada en BOE num. 311 de 28 de diciembre de 1992. Ref. BOE-A-1992-28641.


[Bloque 178: #a131]

Artculo 131. Principio de proporcionalidad.

1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningn caso podrn implicar, directa o subsidiariamente, privacin de libertad.

2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deber prever que la comisin de las infracciones tipificadas no resulte ms beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

3. En la determinacin normativa del rgimen sancionador, as como en la imposicin de sanciones por las Administraciones Pblicas se deber guardar la debida adecuacin entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin aplicada, considerndose especialmente los siguientes criterios para la graduacin de la sancin a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteracin.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia, por comisin en el trmino de un ao de ms de una infraccin de la misma naturaleza cuando as haya sido declarado por resolucin firme.


[Bloque 179: #a132]

Artculo 132. Prescripcin.

1. Las infracciones y sanciones prescribirn segn lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si stas no fijan plazos de prescripcin, las infracciones muy graves prescribirn a los tres aos, las graves a los dos aos y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirn a los tres aos, las impuestas por faltas graves a los dos aos y las impuestas por faltas leves al ao.

2. El plazo de prescripcin de las infracciones comenzar a contarse desde el da en que la infraccin se hubiera cometido.

Interrumpir la prescripcin la iniciacin, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudndose el plazo de prescripcin si el expediente sancionador estuviera paralizado durante ms de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripcin de las sanciones comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin por la que se impone la sancin.

Interrumpir la prescripcin la iniciacin, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecucin, volviendo a transcurrir el plazo si aqul est paralizado durante ms de un mes por causa no imputable al infractor.

Redactado el apartado 2 conforme a la correccin de errores publicada en BOE num. 311, de 28 de diciembre de 1992. Ref. BOE-A-1992-28641.


[Bloque 180: #a133]

Artculo 133. Concurrencia de sanciones.

No podrn sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.


[Bloque 181: #cii-7]

Captulo II

Principios del procedimiento sancionador


[Bloque 182: #a134]

Artculo 134. Garanta de procedimiento.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerir procedimiento legal o reglamentariamente establecido.

2. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora debern establecer la debida separacin entre la fase instructora y la sancionadora, encomendndolas a rganos distintos.

3. En ningn caso se podr imponer una sancin sin que se haya tramitado el necesario procedimiento.


[Bloque 183: #a135]

Artculo 135. Derechos del presunto responsable.

Los procedimientos sancionadores garantizarn al presunto responsable los siguientes derechos:

A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, as como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sancin y de la norma que atribuya tal competencia.

A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurdico que resulten procedentes.

Los dems derechos reconocidos por el artculo 35 de esta Ley.


[Bloque 184: #a136]

Artculo 136. Medidas de carcter provisional.

Cuando as est previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podr proceder mediante acuerdo motivado a la adopcin de medidas de carcter provisional que aseguren la eficacia de la resolucin final que pudiera recaer.


[Bloque 185: #a137]

Artculo 137. Presuncin de inocencia.

1. Los procedimientos sancionadores respetarn la presuncin de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

2. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularn a las Administraciones Pblicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condicin de autoridad, y que se formalicen en documento pblico observando los requisitos legales pertinentes, tendrn valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan sealar o aportar los propios administrados.

4. Se practicarn de oficio o se admitirn a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinacin de hechos y posibles responsabilidades.

Slo podrn declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relacin con los hechos no puedan alterar la resolucin final a favor del presunto responsable.


[Bloque 186: #a138]

Artculo 138. Resolucin.

1. La resolucin que ponga fin al procedimiento habr de ser motivada y resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente.

2. En la resolucin no se podrn aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoracin jurdica.

3. La resolucin ser ejecutiva cuando ponga fin a la va administrativa.

En la resolucin se adoptarn, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.


[Bloque 187: #tx]

Ttulo X

De la responsabilidad de las Administraciones Pblicas y de sus autoridades y dems personal a su servicio


[Bloque 188: #ci-8]

Captulo I

Responsabilidad patrimonial de la Administracin Pblica


[Bloque 189: #a139]

Artculo 139. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrn derecho a ser indemnizados por las Administraciones Pblicas correspondientes, de toda lesin que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesin sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios pblicos.

2. En todo caso, el dao alegado habr de ser efectivo, evaluable econmicamente e individualizado con relacin a una persona o grupo de personas.

3. Las Administraciones Pblicas indemnizarn a los particulares por la aplicacin de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que stos no tengan el deber jurdico de soportar, cuando as se establezcan en los propios actos legislativos y en los trminos que especifiquen dichos actos.

4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administracin de Justicia se regir por la Ley Orgnica del Poder Judicial.




[Bloque 190: #a140]

Artculo 140. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Pblicas.

Cuando de la gestin dimanante de frmulas colegiadas de actuacin entre varias Administraciones Pblicas se derive responsabilidad en los trminos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes respondern de forma solidaria.




[Bloque 191: #a141]

Artculo 141. Indemnizacin.

1. Slo sern indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daos que ste no tenga el deber jurdico de soportar de acuerdo con la Ley.

2. La indemnizacin se calcular con arreglo a los criterios de valoracin establecidos en la legislacin de expropiacin forzosa, legislacin fiscal y dems normas aplicables, ponderndose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

3. La cuanta de la indemnizacin se calcular con referencia al da en que la lesin efectivamente se produjo, sin perjuicio de lo dispuesto, respecto de los intereses de demora, por la Ley General Presupuestaria.

4. La indemnizacin procedente podr sustituirse por una compensacin en especie o ser abonada mediante pagos peridicos, cuando resulte ms adecuado para lograr la reparacin debida y convenga al inters pblico, siempre que exista acuerdo con el interesado.




[Bloque 192: #a142]

Artculo 142. Procedimientos de responsabilidad patrimonial.

1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas se iniciarn de oficio o por reclamacin de los interesados.

2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolvern, por el Ministro respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley as lo dispone o por los rganos correspondientes de las Comunidades Autnomas o de las Entidades que integran la Administracin Local. Cuando su norma de creacin as lo determine, la reclamacin se resolver por los rganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Pblico a que se refiere el artculo 2.2 de esta Ley.

3. Para la determinacin de la responsabilidad patrimonial se establecer reglamentariamente un procedimiento general con inclusin de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artculo 143 de esta Ley.

4. La anulacin en va administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnizacin, pero si la resolucin o disposicin impugnada lo fuese por razn de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribir al ao de haberse dictado la Sentencia definitiva, no siendo de aplicacin lo dispuesto en el punto 5.

5. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al ao de producido el hecho o el acto que motive la indemnizacin o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daos, de carcter fsico o psquico, a las personas el plazo empezar a computarse desde la curacin o la determinacin del alcance de las secuelas.

6. La resolucin administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relacin, pblica o privada, de que derive, pone fin a la va administrativa.

7. Si no recae resolucin expresa se podr entender desestimada la solicitud de indemnizacin.




[Bloque 193: #a143]

Artculo 143. Procedimiento abreviado.

1. Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequvocos la relacin de causalidad entre el funcionamiento del servicio pblico y la lesin, as como la valoracin del dao y el clculo de la cuanta de la indemnizacin, el rgano competente podr acordar la sustanciacin de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnizacin en el plazo de treinta das.

2. En todo caso, los rganos competentes podrn acordar o proponer que se siga el procedimiento general.

3. Si no recae resolucin expresa se podr entender desestimada la solicitud de indemnizacin.


[Bloque 194: #a144]

Artculo 144. Responsabilidad de Derecho Privado.

Cuando las Administraciones Pblicas acten en relaciones de derecho privado, respondern directamente de los daos y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerndose la actuacin del mismo, actos propios de la Administracin bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigir de conformidad con lo previsto en los artculos 142 y 143, segn proceda.




[Bloque 195: #cii-8]

Captulo II

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas


[Bloque 196: #a145]

Artculo 145. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas.

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el Captulo I de este Ttulo, los particulares exigirn directamente a la Administracin Pblica correspondiente las indemnizaciones por los daos y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administracin correspondiente, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados podr exigir de sus Autoridades y dems personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instruccin del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarn, entre otros, los siguientes criterios: El resultado daoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Pblicas y su relacin con la produccin del resultado daoso.

3. Asimismo, podr la Administracin instruir igual procedimiento a las Autoridades y dems personal a su servicio por los daos o perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia grave.

En este supuesto, los criterios de ponderacin aplicables sern los previstos en el punto 2.

4. La resolucin declaratoria de responsabilidad pondr fin a la va administrativa.

5. Lo dispuesto en los prrafos anteriores, se entender sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de la culpa a los Tribunales competentes.




[Bloque 197: #a146]

Artculo 146. Responsabilidad civil y penal.

1. La responsabilidad civil y penal del personal al servicio de las Administraciones Pblicas se exigir de acuerdo con lo previsto en la legislacin correspondiente.

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Pblicas no suspender los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan ni interrumpir el plazo de prescripcin para iniciarlos, salvo que la determinacin de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijacin de la responsabilidad patrimonial.

Redactado el prrafo 1 conforme a la correccin de errores publicada en BOE num. 311, de 28 de diciembre de 1992. Ref. BOE-A-1992-28641.




[Bloque 198: #daprimera]

Disposicin adicional primera. rganos Colegiados de Gobierno.

Las disposiciones del Captulo II del Ttulo II de la presente Ley no sern de aplicacin al Pleno y, en su caso, Comisin de Gobierno de las Entidades Locales, a los rganos Colegiados del Gobierno de la Nacin y a los rganos de Gobierno de las Comunidades Autnomas.


[Bloque 199: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Informatizacin de registros.

La incorporacin a soporte informtico de los registros a que se refiere el artculo 38 de esta Ley, ser efectiva en la forma y plazos que determinen el Gobierno, los Organos de Gobierno de las Comunidades Autnomas y las Entidades que integran la Administracin Local, en funcin del grado de desarrollo de los medios tcnicos de que dispongan.




[Bloque 200: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Adecuacin de procedimientos.

Reglamentariamente en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se llevar a efecto la adecuacin a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con especfica mencin de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resolucin expresa produzca.




[Bloque 201: #dacuarta]

Disposicin adicional cuarta. Tasas del procedimiento.

Las tasas que generen las actuaciones del procedimiento administrativo se exigirn de acuerdo con lo que disponga la norma que las regule.


[Bloque 202: #daquinta]

Disposicin adicional quinta. Procedimientos administrativos en materia tributaria.

1. Los procedimientos administrativos en materia tributaria y, en particular, los procedimientos de gestin, liquidacin, comprobacin, investigacin y recaudacin de los diferentes tributos se regirn por su normativa especfica y, subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley.

2. La revisin de actos en va administrativa en materia tributaria se ajustar a lo dispuesto en los artculos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicacin de la misma.




[Bloque 203: #dasexta]

Disposicin adicional sexta. Actos de Seguridad Social y Desempleo.

1. La impugnacin de los actos de la Seguridad Social y Desempleo, en los trminos previstos en el artculo 2. del texto articulado de la Ley de Procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, as como su revisin de oficio, se regirn por lo dispuesto en dicha Ley.

2. Los actos de gestin recaudatoria de la Seguridad Social se regirn por lo dispuesto en su normativa especfica.


[Bloque 204: #daseptima]

Disposicin adicional sptima. Procedimiento administrativo sancionador por infracciones en el orden social y para la extensin de actas de liquidacin de cuotas de la Seguridad Social.

Los procedimientos administrativos para la imposicin de sanciones por infracciones en el orden social y para la extensin de actas de liquidacin de cuotas de la Seguridad Social se regirn por su normativa especfica y, subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley.


[Bloque 205: #daoctava]

Disposicin adicional octava. Procedimientos disciplinarios.

Los procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria de las Administraciones Pblicas respecto del personal a su servicio y de quienes estn vinculados a ellas por una relacin contractual se regirn por su normativa especfica, no sindoles de aplicacin la presente Ley.


[Bloque 207: #danovena]

Disposicin adicional novena.

En el mbito de la Administracin General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artculo 109 ponen fin a la via administrativa los actos y resoluciones siguientes:

a) Los adoptados por el Consejo de Ministros y sus Comisiones Delegadas.

b) Los adoptados por los Ministros en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los Departamentos de los que son titulares.

c) Los adoptados por Subsecretarios y Directores generales en materia de personal.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE num. 311, de 28 de diciembre de 1992. Ref. BOE-A-1992-28641.




[Bloque 208: #dadecima]

Disposicin adicional dcima.

El artculo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, queda redactado de la siguiente forma:

El recurso contencioso-administrativo ser admisible en relacin con las disposiciones y con los actos de la Administracin que hayan puesto fin a la va administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.


[Bloque 209: #daundecima]

Disposicin adicional undcima.

Se aade un apartado f) al artculo 57.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956:

f) Acreditacin de haber efectuado al rgano administrativo autor del acto impugnado, con carcter previo, la comunicacin a que se refiere el artculo 110.3 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.




[Bloque 220: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera. Corporaciones de Derecho Pblico.

Las Corporaciones de Derecho Pblico representativas de intereses econmicos y profesionales ajustarn su actuacin a su legislacin especfica. En tanto no se complete esta legislacin les sern de aplicacin las prescripciones de esta Ley en lo que proceda.


[Bloque 221: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda. Rgimen Transitorio de los Procedimientos.

1. A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les ser de aplicacin la misma, rigindose por la normativa anterior.

2. Los procedimientos iniciados durante el plazo de adecuacin contemplado en la disposicin adicional tercera se regirn por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de aplicacin, salvo que con anterioridad a la expiracin de tal plazo haya entrado en vigor la normativa de adecuacin correspondiente, en cuyo caso, los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, se regularn por la citada normativa.

3. A los procedimientos iniciados con posterioridad al trmino del plazo de seis meses a que se refiere la disposicin adicional tercera, les ser de aplicacin, en todo caso, lo dispuesto en la presente Ley.




[Bloque 223: #dd]

Disposicin derogatoria.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) De la Ley de Rgimen Jurdico de la Administracin del Estado, de 26 de julio de 1957; los puntos 3 y 5 del artculo 22, los artculos 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.

b) De la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958: El Ttulo Preliminar, los Captulos primero, segundo y cuarto del Ttulo Primero, el Ttulo Segundo, los artculos 29 y 30, el artculo 34, en sus puntos 2 y 3, el artculo 35, los Captulos segundo, tercero, cuarto y quinto del Ttulo Tercero, el Ttulo Cuarto, el Ttulo Quinto y los Captulos segundo y tercero del Ttulo Sexto.

c) De la Ley Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, los artculos 52, 53, 54 y 55.

3. Se declaran expresamente en vigor las normas, cualquiera que sea su rango, que regulen procedimientos de las Administraciones Pblicas en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

4. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente debern entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma materia que aqullas.


[Bloque 224: #df]

Disposicin final. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicacin y desarrollo de la presente Ley sean necesarias, y en particular, para las que se refieran a la efectividad material y temporal del derecho reconocido en el artculo 35, f).

La presente Ley entrar en vigor tres meses despus de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.




[Bloque 225: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 26 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZLEZ MRQUEZ


[Bloque 226: #informacionrelacionada]

INFORMACIN RELACIONADA:

- Vase la Sentencia del TC 50/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-T-1999-9294. que declara contrario al orden constitucional de competencias lo indicado del art.17.1 y los arts. 23.1 y 2, 24.1, 2 y 3, 25.2 y 3 y 27.2, 3 y 5

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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