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Legislación consolidada

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Publicado en: BOE núm. 285, de 27/11/1992.
Entrada en vigor: 27/02/1993
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1992-26318
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/1992/11/26/30

TEXTO CONSOLIDADO: Modificación publicada el 02/10/2015

Norma derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016, por la disposicin derogatoria nica.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10565.

Tngase en cuenta que la disposicin final 7 de la citada ley establece un plazo de dos aos desde su entrada en vigor para que produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrnico de apoderamientos, registro electrnico, punto de acceso general electrnico de la Administracin y archivo nico electrnico, y por tanto, hasta ese momento, se mantendrn en vigor los artculos de la presente ley que traten sobre las materias citadas.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICIN DE MOTIVOS

1

La Constitucin recoge en el ttulo IV los principios que inspiran la actuacin administrativa y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al Derecho, y configura al Gobierno de la Nacin como un rgano eminentemente poltico que dirige la Administracin y ejerce la potestad reglamentaria.

En el ordenamiento que tuvo su origen en el rgimen autocrtico precedente se vena reduciendo el Gobierno al rgano Superior en el que culmina la Administracin del Estado y, en consecuencia, concibindolo como un mero apndice o prolongacin de la misma, con la que compartira, en buena medida, su naturaleza administrativa. El artculo 97 de la Constitucin arrumba definitivamente esta concepcin y recupera para el Gobierno el mbito poltico de la funcin de gobernar, inspirada en el principio de legitimidad democrtica. Se perfilan as con nitidez los rasgos propios que definen al Gobierno y a la Administracin como instituciones pblicas constitucionalmente diferenciadas y los que establecen la subordinacin de la Administracin a la accin poltica de direccin del Gobierno.

Es preciso ahora que el marco que regula el rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas sea objeto de una adaptacin normativa expresa que lo configure de forma armnica y concordante con los principios constitucionales.

La Constitucin garantiza el sometimiento de las Administraciones Pblicas al principio de legalidad, tanto con respecto a las normas que rigen su propia organizacin, como al rgimen jurdico, el procedimiento administrativo y el sistema de responsabilidad.

Por otra parte, la Administracin Local, cuyo rgimen jurdico est establecido como bsico en el mismo artculo 149.1.18. de la Constitucin tiene una regulacin especfica en su actual Ley de Bases que no ofrece ninguna dificultad de adaptacin a los objetivos de esta Ley y que no exige modificaciones especficas.

2

El artculo 149.1.18. de la Constitucin distingue entre las bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas, que habrn de garantizar al administrado un tratamiento comn ante ellas; el procedimiento administrativo comn, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizacin propia de las Comunidades Autnomas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Pblicas.

La delimitacin del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas se engloba en el esquema bases ms desarrollo que permite a las Comunidades Autnomas dictar sus propias normas siempre que se ajusten a las bases estatales. Sin embargo, respecto al procedimiento administrativo comn y al sistema de responsabilidad de las Administraciones Pblicas, aunque su formulacin jurdica sea la manifestacin expresa y la traduccin prctica para los ciudadanos de la aplicacin regular del propio rgimen jurdico, la Constitucin las contempla como una competencia normativa plena y exclusiva del Estado.

La Ley recoge esta concepcin constitucional de distribucin de competencias y regula el procedimiento administrativo comn, de aplicacin general a todas las Administraciones Pblicas y fija las garantas mnimas de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa. Esta regulacin no agota las competencias estatales o autonmicas de establecer procedimientos especficos ratione materiae que debern respetar, en todo caso, estas garantas. La Constitucin establece la competencia de las Comunidades Autnomas para establecer las especialidades derivadas de su organizacin propia pero adems, como ha sealado la jurisprudencia constitucional, no se puede disociar la norma sustantiva de la norma de procedimiento, por lo que tambin ha de ser posible que las Comunidades Autnomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicacin de su derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino slo aqul que deba ser comn y haya sido establecido como tal. La regulacin de los procedimientos propios de las Comunidades Autnomas habrn de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser competencia exclusiva del Estado, integra el concepto de Procedimiento Administrativo Comn.

A este avanzado concepto responde la Ley que es de aplicacin a todas las Administraciones Pblicas y rigurosamente respetuosa con la distribucin constitucional de competencias.

3

Con independencia de la Ley de 19 de octubre de 1889, que en su intento de uniformar el procedimiento constituy un paso significativo en la evolucin del Derecho pblico espaol -aunque se plasmara en un amasijo de Reglamentos departamentales-, la primera y nica regulacin del rgimen jurdico y del procedimiento administrativo de la Administracin Pblica, en nuestro ordenamiento, es la contenida en los artculos 22 y siguientes de la Ley de Rgimen Jurdico de la Administracin del Estado, de 26 de julio de 1957 y en la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, que constituyen, ciertamente, una aportacin relevante en la configuracin de nuestro Derecho Administrativo; en particular esta ltima.

El marco jurdico que disean estas normas tiene como objeto explcito, sobre todo, la unificacin de normas preexistentes, ... reunir en un texto nico aplicable a todos los Departamentos Ministeriales..., para garantizar una actuacin comn, casi didctica, en el funcionamiento interno de la Administracin, en el que la garanta de los particulares se contempla desde la unificacin del procedimiento y desde el concepto de la autorizacin previa para el reconocimiento de un derecho o la satisfaccin de un inters legtimo.

La Constitucin de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administracin, sometida a la Ley y al derecho, acorde con la expresin democrtica de la voluntad popular. La Constitucin consagra el carcter instrumental de la Administracin, puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos y la responsabilidad poltica del Gobierno correspondiente, en cuanto que es responsable de dirigirla.

El rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas debe establecerse desde este concepto y trascender a las reglas de funcionamiento interno, para integrarse en la sociedad a la que sirve como el instrumento que promueve las condiciones para que los derechos constitucionales del individuo y los grupos que integran la sociedad sean reales y efectivos.

Pero adems, el rgimen jurdico no es neutral en una dinmica de modernizacin del Estado. El procedimiento administrativo es un instrumento adecuado para dinamizar su avance y, por lo tanto, las reglas esenciales del procedimiento son una pieza fundamental en el proceso de modernizacin de nuestra sociedad y de su Administracin.

Desde esta ptica, el cambio que opera la ley es profundo y se percibe a lo largo de todo el articulado, en el que se ha respetado, incluso literalmente los preceptos ms consolidados en la tcnica de la gestin administrativa. La recepcin que la Ley opera del anterior ordenamiento constituye en s misma un reconocimiento de la importancia que aqul tuvo en su da y que hoy, en buena parte conserva.

Pero junto a ello, resulta innegable la necesidad de introducir reformas profundas en esta materia que tengan en cuenta, tanto la multiplicidad de Administraciones Pblicas a las que la Ley va dirigida, como la necesidad de ampliar y reforzar las garantas de los ciudadanos para la resolucin justa y pronta de los asuntos.

4

La mltiple y compleja realidad que supone la coexistencia de la Administracin del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autnomas y las de las Entidades Locales, proyectando su actividad sobre un mismo espacio subjetivo y geogrfico, hace necesario propiciar un acercamiento eficaz de los servicios administrativos a los ciudadanos.

Objetivo que demanda a su vez una fluida relacin entre las Administraciones Pblicas y un marco jurdico de actuacin comn a todas ellas que permita a los particulares dirigirse a cualquier instancia administrativa con la certeza de que todas actan con criterios homogneos.

La eficacia en el resultado de la actuacin de esa realidad plural y compleja que son las Administraciones Pblicas, hace que la cooperacin entre ellas resulte un principio activo, no slo deseable, sino indispensable a su funcionamiento. La cooperacin es un deber general, la esencia del modelo de organizacin territorial del Estado autonmico, que se configura como un deber recproco de apoyo y mutua lealtad que no es preciso que se justifique en preceptos concretos porque no puede imponerse, sino acordarse, conformarse o concertarse, siendo el principio que, como tal, debe presidir el ejercicio de competencias compartidas o de las que se ejercen sobre un mismo espacio fsico. Esta necesaria cooperacin institucional entre Administraciones Pblicas permitir, en el marco de la modernizacin de sus estructuras, la simplificacin de todas ellas y, cuando sea posible, tambin la reduccin de la organizacin territorial de la Administracin General del Estado, en las Comunidades Autnomas que, por razn de su nivel competencial propio, hayan asumido la gestin de las materias en que se desarrollen las funciones de aquellos rganos territoriales.

5

Las nuevas corrientes de la ciencia de la organizacin aportan un enfoque adicional en cuanto mecanismo para garantizar la calidad y transparencia de la actuacin administrativa, que configuran diferencias sustanciales entre los escenarios de 1958 y 1992. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 pretendi modernizar las arcaicas maneras de la Administracin espaola, propugnando una racionalizacin de los trabajos burocrticos y el empleo de mquinas adecuadas, con vista a implantar una progresiva mecanizacin y automatismo en las oficinas pblicas, siempre que el volumen de trabajo haga econmico el empleo de estos procedimientos. Este planteamiento tan limitado ha dificultado el que la informatizacin, soporte y tejido nervioso de las relaciones sociales y econmicas de nuestra poca, haya tenido hasta ahora incidencia sustantiva en el procedimiento administrativo, por falta de reconocimiento formal de la validez de documentos y comunicaciones emitidos por dicha va. El extraordinario avance experimentado en nuestras Administraciones Pblicas en la tecnificacin de sus medios operativos, a travs de su cada vez mayor parque informtico y telemtico, se ha limitado al funcionamiento interno, sin correspondencia relevante con la produccin jurdica de su actividad relacionada con los ciudadanos. Las tcnicas burocrticas formalistas, supuestamente garantistas, han caducado, por ms que a algunos les parezcan inamovibles, y la Ley se abre decididamente a la tecnificacin y modernizacin de la actuacin administrativa en su vertiente de produccin jurdica y a la adaptacin permanente al ritmo de las innovaciones tecnolgicas.

6

El ttulo I aborda las relaciones entre las Administraciones Pblicas de carcter directo en unos casos y, en otros, formalizadas a travs de los rganos superiores de Gobierno, a partir de las premisas de la lealtad constitucional y la colaboracin que han de presidir aqullas, consustancial al modelo de organizacin territorial del Estado implantado por la Constitucin.

Ello es condicin inexcusable para articular el ordenado desenvolvimiento de la actividad administrativa desde el momento en que coexisten una diversidad de Administraciones que proyectan su actividad sobre el mismo mbito territorial, personal y, en ocasiones, material, actividad que a la vez debe cumplir criterios de eficacia sin menoscabo de competencias ajenas.

Conjugar esta pluralidad de factores obliga a intensificar las relaciones de cooperacin, mediante la asistencia recproca, el intercambio de informacin, las Conferencias sectoriales para la adopcin de criterios o puntos de vista comunes al abordar los problemas de cada sector, o la celebracin de convenios de colaboracin, como aspectos generales que podrn ser susceptibles de concrecin en los distintos sectores de la actividad administrativa.

La Ley recoge estos aspectos, que ya han demostrado su fecundidad en la prctica, e introduce como novedad la figura del Convenio de Conferencia Sectorial, que propiciar el acuerdo multilateral para acciones sectoriales, sin menoscabo de su origen pactado, que requiere la conformidad expresa de todas las partes intervinientes. De este modo, las Conferencias sectoriales, sin sustituir o anular las facultades decisorias propias de cada Administracin Pblica, recibirn un nuevo impulso en el decisivo papel que ya estn jugando en la consolidacin del Estado de las Autonomas.

7

El ttulo II dedica su captulo I a regular los principios generales del rgimen de los rganos administrativos, derivados de los principios superiores de indisponibilidad de la competencia, jerarqua y coordinacin, en el marco de lo previsto por el artculo 103 de la Constitucin.

Plenamente respetuosa con la potestad de autoorganizacin de las Administraciones Pblicas, la Ley se limita a regular el ncleo estricto de lo que constituye la normativa bsica de toda organizacin administrativa, cuya observancia tiene efectos directos sobre la validez y eficacia de los actos administrativos.

La misma perspectiva relativa a la autoorganizacin lleva a regular en el captulo II, el rgimen del funcionamiento de los rganos colegiados.

Pero, adems, la evolucin ms reciente de nuestra organizacin administrativa hacia frmulas participativas, obliga a contemplar la nueva tipologa de rganos colegiados cuya composicin y funcionalidad no se ajusta a la regulacin establecida por la anterior Ley, dictada en una circunstancia histrica y poltica en la que la participacin de otras Administraciones o de organizaciones sociales, resultaba impensable.

El captulo III, que recoge las normas generales de abstencin y recusacin de las Autoridades y personal de las Administraciones Pblicas, es corolario del mandato que la Constitucin acoge en su artculo 103.1 cuando predica que la Administracin Pblica sirve, con objetividad, a los intereses generales. La normacin comn de las causas objetivas de abstencin y recusacin es tanto como garantizar el principio de neutralidad, que exige mantener los servicios pblicos a cubierto de toda colisin entre intereses particulares e intereses generales.

8

El ttulo III recoge las normas relativas a los interesados, con la amplitud que exige este concepto. Se regulan las especialidades de la capacidad de obrar en el mbito del Derecho administrativo, la legitimacin para intervenir en el procedimiento, la comparecencia a travs de representantes y la pluralidad de interesados. Con ello se da cumplida respuesta a lo previsto en la Constitucin, cuyo artculo 105, c), acoge el derecho de audiencia de los interesados como pieza angular del procedimiento administrativo.

9

El ttulo IV, bajo el epgrafe De la actividad de las Administraciones Pblicas, contiene una trascendente formulacin de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, adems de los que les reconocen la Constitucin y las Leyes. De esta enunciacin cabe destacar como innovaciones significativas: La posibilidad de identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos -rompiendo la tradicional opacidad de la Administracin-, el derecho de formular alegaciones y de aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trmite de audiencia, el de no presentar los ya aportados a la Administracin actuante, y el de obtener informacin y orientacin sobre los condicionamientos jurdicos o tcnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos que se propongan abordar.

Incorpora, a continuacin, las normas esenciales sobre el uso de las lenguas oficiales, regula el acceso a la informacin de los archivos y registros administrativos, conforme a lo establecido en el artculo 105, b), de la Constitucin, y aborda de manera frontal y decidida -en contraposicin a la timidez de las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958- la instalacin en soporte informtico de los registros generales, as como la integracin informtica de aqullos con los restantes registros administrativos.

En esta materia cobran especial relevancia los principios de cooperacin, coordinacin y colaboracin, posibilitando el que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a las Administraciones Pblicas en los registros de cualquier rgano administrativo que pertenezca a la Administracin General del Estado o a la de cualquier Administracin de las Comunidades Autnomas, al margen de las restantes posibilidades ya establecidas o que se establezcan. A tal efecto se prev que, mediante convenio de colaboracin entre las Administraciones Pblicas, se implanten sistemas de intercomunicacin y coordinacin de registros que garanticen la compatibilidad informtica y la transmisin telemtica de los asientos.

El derecho a la identificacin de las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, a que antes se hizo referencia, se complementa ahora con la posibilidad de solicitar la exigencia de responsabilidad por las anomalas en la tramitacin.

La Ley introduce un nuevo concepto sobre la relacin de la Administracin con el ciudadano, superando la doctrina del llamado silencio administrativo.

Se podra decir que esta Ley establece el silencio administrativo positivo cambiando nuestra norma tradicional. No sera exacto. El objetivo de la Ley no es dar carcter positivo a la inactividad de la Administracin cuando los particulares se dirijan a ella. El carcter positivo de la inactividad de la Administracin es la garanta que se establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la Ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administracin y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido. El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurdico normal, sino la garanta que impida que los derechos de los particulares se vacen de contenido cuando su Administracin no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado. Esta garanta, exponente de una Administracin en la que debe primar la eficacia sobre el formalismo, slo ceder cuando exista un inters general prevalente o, cuando realmente, el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista.

Lgicamente, la citada regulacin se complementa con la inclusin posterior, como supuesto de nulidad de pleno derecho, de los actos presuntos o expresos contrarios al ordenamiento jurdico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisicin.

Concluye el ttulo IV con una abierta incorporacin de las tcnicas informticas y telemticas en la relacin ciudadano-Administracin y resuelve los problemas que en materia de trminos y plazos se planteaban a causa de la diversidad de calendarios de festividades.

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Abre el ttulo V el captulo dedicado a las disposiciones administrativas, enunciando los principios generales de legalidad, jerarqua, publicidad e inderogabilidad singular del Reglamento.

El captulo II regula los requisitos de los actos administrativos, partiendo de los principios de competencia y legalidad, con expresin de los que requieren motivacin, recogiendo su forma escrita como regla general.

La eficacia, notificacin y publicacin de los actos administrativos se recoge en el captulo III, abriendo la posibilidad de medios de notificacin distintos a los tradicionales que, sin merma de las necesarias garantas de autenticidad, permitan su agilizacin mediante el empleo de las nuevas tcnicas de transmisin de informacin, superndose la limitacin de la exclusividad del domicilio como lugar de notificaciones.

En el captulo IV se regulan las causas y efectos de la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. La Ley incluye, como causa de nulidad de pleno derecho, la lesin del contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, en virtud de la especial proteccin que a los mismos garantiza la Constitucin.

11

El ttulo VI regula la estructura general del procedimiento que ha de seguirse para la realizacin de la actividad jurdica de la Administracin.

En el captulo I se regula la iniciacin, que podr hacerse de oficio o por solicitud de los interesados.

Las solicitudes de los interesados se abren a la posible utilizacin de medios telemticos e, incluso audiovisuales, para facilitar su formulacin, siempre que quede acreditada la autenticidad de su voluntad.

Se regulan asimismo, en este captulo, otras cuestiones conexas a la iniciacin, como el perodo de informacin previa, las medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolucin, la acumulacin de asuntos y la modificacin o mejora voluntaria de los trminos de la solicitud formulada por los interesados.

El captulo II, dedicado a la ordenacin, recoge los criterios de celeridad e impulsin de oficio, y contiene un conjunto de reglas destinadas a simplificar y agilizar los trmites del procedimiento.

La instruccin del procedimiento se recoge en el captulo III mediante la regulacin de las alegaciones, medios de prueba e informes. Recibe tratamiento especfico el supuesto, cada vez ms frecuente, de emisin de informes por una Administracin Pblica distinta de la que tramita el procedimiento, previendo que su no evacuacin no paralizar necesariamente el procedimiento, a fin de evitar que la inactividad de una Administracin redunde en perjuicio de los interesados.

Recoge tambin este captulo el trmite de audiencia, que se efectuar poniendo de manifiesto a los interesados la totalidad del expediente, salvo en lo que afecte a los supuestos de excepcin del derecho de acceso a archivos y registros administrativos.

El trmite de informacin pblica, cuando lo requiera la naturaleza del procedimiento, se regula de modo netamente diferenciado de la audiencia, pues ni la comparecencia otorga, por s misma, la condicin de interesado, ni la incomparecencia enerva la va de recurso para los que tengan esta condicin.

12

El captulo IV regula las formas y efectos de la finalizacin del procedimiento, a travs de resolucin, desistimiento, renuncia o caducidad.

Se introduce la posibilidad de utilizar instrumentos convencionales en la tramitacin y terminacin de los procedimientos.

La ejecutividad de los actos administrativos y los medios de ejecucin forzosa quedan recogidos en el captulo V. La autotutela de la Administracin Pblica, potestad que permite articular los medios de ejecucin que garanticen la eficacia de la actividad administrativa, queda en todo caso subordinada a los lmites constitucionales, debiendo adoptarse los medios precisos para la ejecucin, de modo que se restrinja al mnimo la libertad individual y de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

13

El ttulo VII, Revisin de los actos administrativos, establece una profunda modificacin del sistema de recursos administrativos vigente hasta hoy, atendiendo los ms consolidados planteamientos doctrinales, tanto en lo referente a la simplificacin, como a las posibilidades del establecimiento de sistemas de solucin de reclamaciones y recursos distintos a los tradicionales y cuya implantacin se va haciendo frecuente en los pases de nuestro entorno y que ya existen, en algn caso, en nuestro propio ordenamiento.

El sistema de revisin de la actividad de las Administraciones Pblicas que la Ley establece, se organiza en torno a dos lneas bsicas: La unificacin de los recursos ordinarios y el reforzamiento de la revisin de oficio por causa de nulidad.

La primera lnea supone establecer un solo posible recurso para agotar la va administrativa, bien sea el ordinario que se regula en la Ley, o el sustitutivo que, con carcter sectorial, puedan establecer otras leyes.

La revisin de oficio, por su parte, se configura como un verdadero procedimiento de nulidad, cuando se funde en esta causa, recogiendo la unanimidad de la doctrina jurisprudencial y cientfica.

14

El ttulo IX regula los principios bsicos a que debe someterse el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administracin y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan para los ciudadanos extrados del texto constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia sobre la materia. Efectivamente, la Constitucin, en su artculo 25, trata conjuntamente los ilcitos penales y administrativos, poniendo de manifiesto la voluntad de que ambos se sujeten a principios de bsica identidad, especialmente cuando el campo de actuacin del derecho administrativo sancionador ha ido recogiendo tipos de injusto procedentes del campo penal no subsistentes en el mismo en aras al principio de mnima intervencin.

Entre tales principios destaca el de legalidad o ratio democrtico en virtud del cual es el poder legislativo el que debe fijar los lmites de la actividad sancionadora de la Administracin y el de tipicidad, manifestacin en este mbito del de seguridad jurdica, junto a los de presuncin de inocencia, informacin, defensa, responsabilidad, proporcionalidad, interdiccin de la analoga, etc.

Todos ellos se consideran bsicos al derivar de la Constitucin y garantizar a los administrados un tratamiento comn ante las Administraciones Pblicas, mientras que el establecimiento de los procedimientos materiales concretos es cuestin que afecta a cada Administracin Pblica en el ejercicio de sus competencias.

15

El ttulo X, De la responsabilidad de las Administraciones Pblicas y de sus Autoridades y dems personal a su servicio, incorpora la regulacin de una materia estrechamente unida a la actuacin administrativa y que constituye, junto al principio de legalidad, uno de los grandes soportes del sistema. Se hace as realidad la previsin contenida en el artculo 149.1.18. de la Constitucin sobre el establecimiento de un sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Pblicas.

En lo que a la responsabilidad patrimonial se refiere, el proyecto da respuesta al pronunciamiento constitucional de indemnizacin de todas las lesiones que los particulares sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios pblicos, de acuerdo con las valoraciones predominantes en el mercado, estableciendo adems la posibilidad de que hasta un determinado lmite pueda hacerse efectiva en el plazo de treinta das, siempre que la valoracin del dao y la relacin de causalidad entre la lesin y el funcionamiento normal o anormal del servicio pblico sean inequvocos.

Ttulo preliminar

Del mbito de aplicacin y principios generales

Artculo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley establece y regula las bases del rgimen jurdico, el procedimiento administrativo comn y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Pblicas, siendo aplicable a todas ellas.

Artculo 2. Ambito de aplicacin.

1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Pblicas:

a) La Administracin General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autnomas.

c) Las Entidades que integran la Administracin Local.

2. Las Entidades de Derecho Pblico con personalidad jurdica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Pblicas tendrn asimismo la consideracin de Administracin Pblica. Estas Entidades sujetarn su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometindose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creacin.

Artculo 3. Principios generales.

1. Las Administraciones pblicas sirven con objetividad los intereses generales y actan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqua, descentralizacin, desconcentracin y coordinacin, con sometimiento pleno a la Constitucin, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, debern respetar en su actuacin los principios de buena fe y de confianza legtima.

2. Las Administraciones pblicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperacin y colaboracin, y en su actuacin por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

3. Bajo la direccin del Gobierno de la Nacin, de los rganos de gobierno de las Comunidades Autnomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administracin Local, la actuacin de la Administracin pblica respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurdico.

4. Cada una de las Administraciones pblicas acta para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurdica nica.

5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones pblicas actan de conformidad con los principios de transparencia y de participacin.

Ttulo I

De las Administraciones Pblicas y sus relaciones

Artculo 4. Principios de las relaciones entre las Administraciones Pblicas.

1. Las Administraciones pblicas actan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, debern:

a) Respetar el ejercicio legtimo por las otras Administraciones de sus competencias.

b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses pblicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestin est encomendada a las otras Administraciones.

c) Facilitar a las otras Administraciones la informacin que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

d) Prestar, en el mbito propio, la cooperacin y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones pblicas podrn solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposicin del ente al que se dirija la solicitud. Podrn tambin solicitar asistencia para la ejecucin de sus competencias.

3. La asistencia y cooperacin requerida slo podr negarse cuando el ente del que se solicita no est facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicar motivadamente a la Administracin solicitante.

4. La Administracin General del Estado, las de las Comunidades Autnomas y las Entidades que integran la Administracin Local debern colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos mbitos territoriales de competencias.

5. En las relaciones entre la Administracin General del Estado y la Administracin de las Comunidades Autnomas, el contenido del deber de colaboracin se desarrollar a travs de los instrumentos y procedimientos que de manera comn y voluntaria establezcan tales Administraciones.

Cuando estas relaciones, en virtud del principio de cooperacin, tengan como finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan, en aquellos asuntos que afecten a competencias compartidas o exijan articular una actividad comn entre ambas Administraciones, una actividad ms eficaz de los mismos, se ajustarn a los instrumentos y procedimientos de cooperacin a que se refieren los artculos siguientes.

Artculo 5. Conferencias Sectoriales y otros rganos de cooperacin.

1. La Administracin General del Estado y la Administracin de las Comunidades Autnomas pueden crear rganos para la cooperacin entre ambas, de composicin bilateral o multilateral, de mbito general o de mbito sectorial, en aquellas materias en las que exista interrelacin competencial, y con funciones de coordinacin o cooperacin segn los casos.

A efectos de lo establecido en el presente captulo, no tienen la naturaleza de rganos de cooperacin aquellos rganos colegiados creados por la Administracin General del Estado para el ejercicio de sus competencias en cuya composicin se prevea que participen representantes de la Administracin de las Comunidades Autnomas con la finalidad de consulta.

2. Los rganos de cooperacin de composicin bilateral y de mbito general que renan a miembros del Gobierno, en representacin de la Administracin General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representacin de la Administracin de la respectiva Comunidad Autnoma, se denominan Comisiones Bilaterales de Cooperacin. Su creacin se efecta mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su rgimen.

3. Los rganos de cooperacin de composicin multilateral y de mbito sectorial que renen a miembros del Gobierno, en representacin de la Administracin General del Estado, y a miembros de los Consejos de Gobierno, en representacin de las Administraciones de las Comunidades Autnomas, se denominan Conferencias Sectoriales. El rgimen de cada Conferencia Sectorial es el establecido en el correspondiente acuerdo de institucionalizacin y en su reglamento interno.

4. La convocatoria de la Conferencia se realizar por el Ministro o Ministros que tengan competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial. La convocatoria se har con antelacin suficiente y se acompaar del orden del da y, en su caso, de la documentacin precisa para la preparacin previa de la Conferencia.

5. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial se firmarn por el Ministro o Ministros competentes y por los titulares de los rganos de gobierno correspondientes de las Comunidades Autnomas. En su caso, estos acuerdos podrn formalizarse bajo la denominacin de Convenio de Conferencia Sectorial.

6. Las Conferencias Sectoriales podrn acordar la creacin de comisiones y grupos de trabajo para la preparacin, estudio y desarrollo de cuestiones concretas propias del mbito material de cada una de ellas.

7. Con la misma finalidad, y en mbitos materiales especficos, la Administracin General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autnomas podrn constituir otros rganos de cooperacin que renan a responsables de la materia.

8. Cuando la materia del mbito sectorial de un rgano de cooperacin de composicin multilateral afecte o se refiera a competencias de las Entidades Locales, el pleno del mismo puede acordar que la asociacin de stas de mbito estatal con mayor implantacin sea invitada a asistir a sus reuniones, con carcter permanente o segn el orden del da.

Artculo 6. Convenios de colaboracin.

1. La Administracin General y los Organismos pblicos vinculados o dependientes de la misma podrn celebrar convenios de colaboracin con los rganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autnomas en el mbito de sus respectivas competencias.

2. Los instrumentos de formalizacin de los convenios debern especificar, cuando as proceda:

a) Los rganos que celebran el convenio y la capacidad jurdica con la que acta cada una de las partes.

b) La competencia que ejerce cada Administracin.

c) Su financiacin.

d) Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento.

e) La necesidad o no de establecer una organizacin para su gestin.

f) El plazo de vigencia, lo que no impedir su prrroga si as lo acuerdan las partes firmantes del convenio.

g) La extincin por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, as como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extincin.

3. Cuando se cree un rgano mixto de vigilancia y control, ste resolver los problemas de interpretacin y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboracin.

4. Cuando los convenios se limiten a establecer pautas de orientacin poltica sobre la actuacin de cada Administracin en una cuestin de inters comn o a fijar el marco general y la metodologa para el desarrollo de la colaboracin en un rea de interrelacin competencial o en un asunto de mutuo inters se denominarn Protocolos Generales.

5. Cuando la gestin del convenio haga necesario crear una organizacin comn, sta podr adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurdica o sociedad mercantil.

Los estatutos del consorcio determinarn los fines del mismo, as como las particularidades del rgimen orgnico, funcional y financiero.

Los rganos de decisin estarn integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporcin que se fije en los Estatutos respectivos.

Para la gestin de los servicios que se le encomienden podrn utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislacin aplicable a las Administraciones consorciadas.

Artculo 7. Planes y programas conjuntos.

1. La Administracin General del Estado y la Administracin de las Comunidades Autnomas pueden acordar la realizacin de planes y programas conjuntos de actuacin para el logro de objetivos comunes en materia en las que ostenten competencias concurrentes.

2. Dentro del respectivo mbito sectorial, corresponde a las Conferencias Sectoriales la iniciativa para acordar la realizacin de planes o programas conjuntos, la aprobacin de su contenido, as como el seguimiento y evaluacin multilateral de su puesta en prctica.

3. El acuerdo aprobatorio de planes o programas conjuntos debe especificar, segn su naturaleza, los siguientes elementos de su contenido:

Los objetivos de inters comn a cumplir.

Las actuaciones a desarrollar por cada Administracin.

Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administracin.

Los compromisos de aportacin de recursos financieros.

La duracin, as como los mecanismos de seguimiento, evaluacin y modificacin.

4. El acuerdo aprobatorio de un plan o programa conjunto, que tendr eficacia vinculante para la Administracin General del Estado y las Comunidades Autnomas participantes que lo suscriban, puede ser completado mediante convenios de colaboracin con cada una de ellas que concreten aquellos extremos que deban ser especificados de forma bilateral.

5. Los acuerdos aprobatorios de planes o programas conjuntos son objeto de publicacin oficial.

Artculo 8. Efectos de los convenios.

1. Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboracin en ningn caso suponen la renuncia a las competencias propias de las Administraciones intervinientes.

2. Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboracin celebrados obligarn a las Administraciones intervinientes desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa.

Tanto los convenios de Conferencia sectorial como los convenios de colaboracin sern comunicados al Senado.

Ambos tipos de convenios debern publicarse en el Boletn Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Comunidad Autnoma respectiva.

3. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretacin y cumplimiento, sin perjuicio de lo previsto en el artculo 6.3, sern de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, de la competencia del Tribunal Constitucional.

Artculo 9. Relaciones con la Administracin Local.

Las relaciones entre la Administracin General del Estado o la Administracin de la Comunidad Autnoma con las Entidades que integran la Administracin Local, se regirn por la legislacin bsica en materia de Rgimen Local, aplicndose supletoriamente lo dispuesto en el presente Ttulo.

Artculo 10. Comunicaciones a las Comunidades Europeas.

1. Cuando en virtud de una obligacin derivada del Tratado de la Unin Europea o de los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus instituciones deban comunicarse a stas disposiciones de carcter general o resoluciones, las Administraciones pblicas procedern a su remisin al rgano de la Administracin General del Estado competente para realizar la comunicacin a dichas instituciones. En ausencia de plazo especfico para cumplir esa obligacin, la remisin se efectuar en el de quince das.

2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones o cualquiera otra informacin, en ausencia de plazo especfico, la remisin deber hacerse en tiempo til a los efectos del cumplimiento de esa obligacin.

Ttulo II

De los rganos de las Administraciones Pblicas

Captulo I

Principios generales y competencia

Artculo 11. Creacin de rganos administrativos.

1. Corresponde a cada Administracin Pblica delimitar, en su propio mbito competencial, las unidades administrativas que configuran los rganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organizacin.

2. La creacin de cualquier rgano administrativo exigir el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinacin de su forma de integracin en la Administracin Pblica de que se trate y su dependencia jerrquica.

b) Delimitacin de sus funciones y competencias.

c) Dotacin de los crditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

3. No podrn crearse nuevos rganos que supongan duplicacin de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de stos.

Artculo 12. Competencia.

1. La competencia es irrenunciable y se ejercer precisamente por los rganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegacin o avocacin, cuando se efecten en los trminos previstos en sta u otras leyes.

La encomienda de gestin, la delegacin de firma y la suplencia no suponen alteracin de la titularidad de la competencia, aunque s de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevn.

2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los rganos administrativos podrn ser desconcentradas en otros jerrquicamente dependientes de aqullos en los trminos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribucin de competencias.

3. Si alguna disposicin atribuye competencia a una Administracin, sin especificar el rgano que debe ejercerla, se entender que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los rganos inferiores competentes por razn de la materia y del territorio, y, de existir varios de stos, al superior jerrquico comn.

Artculo 13. Delegacin de competencias.

1. Los rganos de las diferentes Administraciones pblicas podrn delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros rganos de la misma Administracin, aun cuando no sean jerrquicamente dependientes, o de las entidades de derecho pblico vinculadas o dependientes de aqullas.

2. En ningn caso podrn ser objeto de delegacin las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Nacin, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

b) La adopcin de disposiciones de carcter general.

c) La resolucin de recursos en los rganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

d) Las materias en que as se determine por norma con rango de Ley.

3. Las delegaciones de competencias y su revocacin debern publicarse en el "Boletn Oficial del Estado", en el de la Comunidad Autnoma o en el de la Provincia, segn la Administracin a que pertenezca el rgano delegante, y el mbito territorial de competencia de ste.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegacin indicarn expresamente esta circunstancia y se considerarn dictadas por el rgano delegante.

5. Salvo autorizacin expresa de una Ley, no podrn delegarse las competencias que se ejerzan por delegacin.

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trmite preceptivo, la emisin de un dictamen o informe; no obstante, no podr delegarse la competencia para resolver un asunto concreto una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

6. La delegacin ser revocable en cualquier momento por el rgano que la haya conferido.

7. La delegacin de competencias atribuidas a rganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un qurum especial, deber adoptarse observando, en todo caso, dicho qurum.

Artculo 14. Avocacin.

1. Los rganos superiores podrn avocar para s el conocimiento de un asunto cuya resolucin corresponda ordinariamente o por delegacin a sus rganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de ndole tcnica, econmica, social, jurdica o territorial lo hagan conveniente.

En los supuestos de delegacin de competencias en rganos no jerrquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podr ser avocado nicamente por el rgano delegante.

2. En todo caso, la avocacin se realizar mediante acuerdo motivado que deber ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolucin final que se dicte.

Contra el acuerdo de avocacin no cabr recurso, aunque podr impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolucin del procedimiento.

Artculo 15. Encomienda de gestin.

1. La realizacin de actividades de carcter material, tcnico o de servicios de la competencia de los rganos administrativos o de las Entidades de derecho pblico podr ser encomendada a otros rganos o Entidades de la misma o de distinta Administracin, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios tcnicos idneos para su desempeo.

2. La encomienda de gestin no supone cesin de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del rgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carcter jurdico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

3. La encomienda de gestin entre rganos administrativos o Entidades de derecho pblico pertenecientes a la misma Administracin deber formalizarse en los trminos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los rganos o Entidades intervinientes. En todo caso el instrumento de formalizacin de la encomienda de gestin y su resolucin deber ser publicado, para su eficacia en el Diario oficial correspondiente.

Cada Administracin podr regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirn, al menos, expresa mencin de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestin encomendada.

4. Cuando la encomienda de gestin se realice entre rganos y Entidades de distintas Administraciones se formalizar mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, salvo en el supuesto de la gestin ordinaria de los servicios de las Comunidades Autnomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regir por la legislacin de Rgimen Local.

5. El rgimen jurdico de la encomienda de gestin que se regula en este artculo no ser de aplicacin cuando la realizacin de las actividades enumeradas en el apartado primero haya de recaer sobre personas fsicas o jurdicas sujetas a derecho privado, ajustndose entonces, en lo que proceda, a la legislacin correspondiente de contratos del Estado, sin que puedan encomendarse a personas o Entidades de esta naturaleza actividades que, segn la legislacin vigente, hayan de realizarse con sujecin al derecho administrativo.

Artculo 16. Delegacin de firma.

1. Los titulares de los rganos administrativos podrn, en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos a los titulares de los rganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los lmites sealados en el artculo 13.

2. La delegacin de firma no alterar la competencia del rgano delegante y para su validez no ser necesaria su publicacin.

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegacin se har constar la autoridad de procedencia.

4. No cabr la delegacin de firma en las resoluciones de carcter sancionador.

Artculo 17. Suplencia.

1. Los titulares de los rganos administrativos podrn ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el rgano competente para el nombramiento de aqullos.

Si no se designa suplente, la competencia del rgano administrativo se ejercer por quien designe el rgano administrativo inmediato de quien dependa.

Tngase en cuenta que el inciso destacado se declara contrario al orden constitucional de competencias por no tener carcter bsico, por Sentencia del TC 50/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-T-1999-9294.

2. La suplencia no implicar alteracin de la competencia.

Artculo 18. Coordinacin de competencias.

1. Los rganos administrativos en el ejercicio de sus competencias propias ajustarn su actividad en sus relaciones con otros rganos de la misma o de otras administraciones a los principios establecidos en el artculo 4.1 de la Ley, y la coordinarn con la que pudiera corresponder legtimamente a stos, pudiendo recabar para ello la informacin que precisen.

2. Las normas y actos dictados por los rganos de las Administraciones Pblicas en el ejercicio de su propia competencia debern ser observadas por el resto de los rganos administrativos, aunque no dependan jerrquicamente entre s o pertenezcan a otra Administracin.

Artculo 19. Comunicaciones entre rganos.

1. La comunicacin entre los rganos administrativos pertenecientes a una misma Administracin Pblica se efectuar siempre directamente, sin traslados ni reproducciones a travs de rganos intermedios.

2. Las comunicaciones entre los rganos administrativos podrn efectuarse por cualquier medio que asegure la constancia de su recepcin.

Artculo 20. Decisiones sobre competencia.

1. El rgano administrativo que se estime incompetente para la resolucin de un asunto remitir directamente las actuaciones al rgano que considere competente, si ste pertenece a la misma Administracin Pblica.

2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrn dirigirse al rgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al rgano competente.

Asimismo, podrn dirigirse al rgano que estimen competente para que requiera de inhibicin al que est conociendo del asunto.

3. Los conflictos de atribuciones slo podrn suscitarse entre rganos de una misma Administracin no relacionados jerrquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

Artculo 21. Instrucciones y rdenes de servicio.

1. Los rganos administrativos podrn dirigir las actividades de sus rganos jerrquicamente dependientes mediante instrucciones y rdenes de servicio.

Cuando una disposicin especfica as lo establezca o se estime conveniente por razn de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y rdenes de servicio se publicarn en el peridico oficial que corresponda.

2. El incumplimiento de las instrucciones u rdenes de servicio no afecta por s solo a la validez de los actos dictados por los rganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

Captulo II

rganos colegiados

Artculo 22. Rgimen.

1. El rgimen jurdico de los rganos colegiados se ajustar a las normas contenidas en el presente captulo, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Pblicas en que se integran.

2. Los rganos colegiados de las distintas Administraciones Pblicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, as como aqullos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Pblicas, cuenten o no con participacin de organizaciones representativas de intereses sociales podrn establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los rganos colegiados a que se refiere este apartado quedarn integrados en la Administracin Pblica que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerrquica de sta, salvo que as lo establezcan sus normas de creacin, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del rgano colegiado.

Artculo 23. Presidente.

1. En cada rgano colegiado corresponde al Presidente:

a) Ostentar la representacin del rgano.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijacin del orden del da, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los dems miembros formuladas con la suficiente antelacin.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los rganos colegiados a que se refiere el nmero 2 del artculo 22, en que el voto ser dirimente si as lo establecen sus propias normas.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del rgano.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condicin de Presidente del rgano.

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente ser sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del rgano colegiado de mayor jerarqua, antigedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.

Esta norma no ser de aplicacin a los rganos colegiados previstos en el nmero 2 del artculo 22 en que el rgimen de sustitucin del Presidente debe estar especficamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del rgano colegiado.

Tngase en cuenta que los apartados 1 y 2 se declaran contrarios al orden constitucional de competencias por no tener carcter bsico, por Sentencia del TC 50/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-T-1999-9294.

Artculo 24. Miembros.

1. En cada rgano colegiado corresponde a sus miembros:

a) Recibir, con una antelacin mnima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden del da de las reuniones. La informacin sobre los temas que figuren en el orden del da estar a disposicin de los miembros en igual plazo.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, as como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

No podrn abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Pblicas, tengan la condicin de miembros de rganos colegiados.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la informacin precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condicin.

2. Los miembros de un rgano colegiado no podrn atribuirse las funciones de representacin reconocidas a ste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo vlidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio rgano.

3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del rgano colegiado sern sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.

Cuando se trate de rganos colegiados a los que se refiere el nmero 2 del artculo 22, las organizaciones representativas de intereses sociales podrn sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditndolo ante la Secretara del rgano colegiado, con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organizacin.

Tngase en cuenta que los apartados 1, 2 y 3 se declaran contrarios al orden constitucional de competencias por no tener carcter bsico, por Sentencia del TC 50/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-T-1999-9294.

Artculo 25. Secretario.

1. Los rganos colegiados tendrn un Secretario que podr ser un miembro del propio rgano o una persona al servicio de la Administracin Pblica correspondiente.

2. La designacin y el cese, as como la sustitucin temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarn segn lo dispuesto en las normas especficas de cada rgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo.

3. Corresponde al Secretario del rgano colegiado:

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si es un funcionario, y con voz y voto si la Secretara del rgano la ostenta un miembro del mismo.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del rgano por orden de Presidente, as como las citaciones a los miembros del mismo.

c) Recibir los actos de comunicacin de los miembros con el rgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictmenes y acuerdos aprobados.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condicin de Secretario.

Tngase en cuenta que los apartados 2 y 3 se declaran contrarios al orden constitucional de competencias por no tener carcter bsico, por Sentencia del TC 50/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-T-1999-9294.

Artculo 26. Convocatorias y sesiones.

1. Para la vlida constitucin del rgano, a efectos de la celebracin de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerir la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros, salvo lo dispuesto en el punto 2 de este artculo.

Cuando se trate de los rganos colegiados a que se refiere el nmero 2 del artculo 22, el Presidente podr considerar vlidamente constituido el rgano, a efectos de celebracin de sesin, si estn presentes los representantes de las Administraciones Pblicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del rgano a los que se haya atribuido la condicin de portavoces.

2. Los rganos colegiados podrn establecer el rgimen propio de convocatorias, si ste no est previsto por sus normas de funcionamiento.

Tal rgimen podr prever una segunda convocatoria y especificar para sta el nmero de miembros necesarios para constituir vlidamente el rgano.

3. No podr ser objeto de deliberacin o acuerdo ningn asunto que no figure incluido en el orden del da, salvo que estn presentes todos los miembros del rgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayora.

4. Los acuerdos sern adoptados por mayora de votos.

5. Quienes acrediten la titularidad de un inters legtimo podrn dirigirse al Secretario de un rgano colegiado para que les sea expedida certificacin de sus acuerdos.

Artculo 27. Actas.

1. De cada sesin que celebre el rgano colegiado se levantar acta por el Secretario, que especificar necesariamente los asistentes, el orden del da de la reunin, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, as como el contenido de los acuerdos adoptados.

2. En el acta figurar, a solicitud de los respectivos miembros del rgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstencin y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripcin ntegra de su intervencin o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que seale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervencin, hacindose as constar en el acta o unindose copia a la misma.

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrn formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporar al texto aprobado.

4. Cuando los miembros del rgano voten en contra o se abstengan, quedarn exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

5. Las actas se aprobarn en la misma o en la siguiente sesin, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificacin sobre los acuerdos especficos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobacin del acta.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobacin del acta se har constar expresamente tal circunstancia.

Tngase en cuenta que los apartados 2, 3 y 5 se declaran contrarios al orden constitucional de competencias por no tener carcter bsico, por Sentencia del TC 50/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-T-1999-9294.

Captulo III

Abstencin y recusacin

Artculo 28. Abstencin.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sealadas en el nmero siguiente de este artculo se abstendrn de intervenir en el procedimiento y lo comunicarn a su superior inmediato, quien resolver lo procedente.

2. Son motivos de abstencin los siguientes:

a) Tener inters personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucin pudiera influir la de aqul; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestin litigiosa pendiente con algn interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y tambin con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, as como compartir despacho profesional o estar asociado con stos para el asesoramiento, la representacin o el mandato.

c) Tener amistad ntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber tenido intervencin como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacin de servicio con persona natural o jurdica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos ltimos aos servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

3. La actuacin de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas en los que concurran motivos de abstencin no implicar, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

4. Los rganos superiores podrn ordenar a las personas en quienes se d alguna de las circunstancias sealadas que se abstengan de toda intervencin en el expediente.

5. La no abstencin en los casos en que proceda dar lugar a responsabilidad.

Artculo 29. Recusacin.

1. En los casos previstos en el artculo anterior podr promoverse recusacin por los interesados en cualquier momento de la tramitacin del procedimiento.

2. La recusacin se plantear por escrito en el que se expresar la causa o causas en que se funda.

3. En el da siguiente el recusado manifestar a su inmediato superior si se da o no en l la causa alegada. En el primer caso, el superior podr acordar su sustitucin acto seguido.

4. Si el recusado niega la causa de recusacin, el superior resolver en el plazo de tres das, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabr recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusacin al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.

Ttulo III

De los interesados

Artculo 30. Capacidad de obrar.

Tendrn capacidad de obrar ante las Administraciones Pblicas, adems de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuacin est permitida por el ordenamiento jurdico-administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se excepta el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensin de la incapacitacin afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

Artculo 31. Concepto de interesado.

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legtimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisin que en el mismo se adopte.

c) Aqullos cuyos intereses legtimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolucin y se personen en el procedimiento en tanto no haya recado resolucin definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses econmicos y sociales, sern titulares de intereses legtimos colectivos en los trminos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condicin de interesado derivase de alguna relacin jurdica transmisible, el derechohabiente suceder en tal condicin cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Artculo 32. Representacin.

1. Los interesados con capacidad de obrar podrn actuar por medio de representante, entendindose con ste las actuaciones administrativas, salvo manifestacin expresa en contra del interesado.

2. Cualquier persona con capacidad de obrar podr actuar en representacin de otra ante las Administraciones Pblicas.

3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deber acreditarse la representacin por cualquier medio vlido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaracin en comparecencia personal del interesado.

Para los actos y gestiones de mero trmite se presumir aquella representacin.

4. La falta o insuficiente acreditacin de la representacin no impedir que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aqulla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez das que deber conceder al efecto el rgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso as lo requieran.

Artculo 33. Pluralidad de interesados.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicacin figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarn con el representante o el interesado que expresamente hayan sealado, y, en su defecto, con el que figure en primer trmino.

Artculo 34. Identificacin de interesados.

Si durante la instruccin de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legtimos y directos cuya identificacin resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolucin que se dicte, se comunicar a dichas personas la tramitacin del procedimiento.

Ttulo IV

De la actividad de las Administraciones Pblicas

Captulo I

Normas generales

Artculo 35. Derechos de los ciudadanos.

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Pblicas, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitacin de los procedimientos en los que tengan la condicin de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Pblicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportndola junto con los originales, as como a la devolucin de stos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autnoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurdico.

e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trmite de audiencia, que debern ser tenidos en cuenta por el rgano competente al redactar la propuesta de resolucin.

f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administracin actuante.

g) A obtener informacin y orientacin acerca de los requisitos jurdicos o tcnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

h) Al acceso a la informacin pblica, archivos y registros.

i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrn de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Pblicas y del personal a su servicio, cuando as corresponda legalmente.

k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitucin y las Leyes.

Artculo 36. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administracin General del Estado ser el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los rganos de la Administracin General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autnoma podrn utilizar tambin la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitar en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitar en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirn en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autnomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustar a lo previsto en la legislacin autonmica correspondiente.

3. La Administracin pblica instructora deber traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autnoma y los documentos dirigidos a los interesados que as lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autnoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no ser precisa su traduccin.

Artculo 37. Derecho de acceso a la informacin pblica.

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la informacin pblica, archivos y registros en los trminos y con las condiciones establecidas en la Constitucin, en la Ley de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno y dems leyes que resulten de aplicacin.

Artculo 38. Registros.

1. Los rganos administrativos llevarn un registro general en el que se har el correspondiente asiento de todo escrito o comunicacin que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. Tambin se anotarn en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros rganos o particulares.

2. Los rganos administrativos podrn crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organizacin otros registros con el fin de facilitar la presentacin de escritos y comunicaciones. Dichos registros sern auxiliares del registro general, al que comunicarn toda anotacin que efecten.

Los asientos se anotarn respetando el orden temporal de recepcin o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarn la fecha del da de la recepcin o salida.

Concluido el trmite de registro, los escritos y comunicaciones sern cursados sin dilacin a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. Los registros generales, as como todos los registros que las Administraciones pblicas establezcan para la recepcin de escritos y comunicaciones de los particulares o de rganos administrativos, debern instalarse en soporte informtico.

El sistema garantizar la constancia, en cada asiento que se practique, de un nmero, epgrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentacin, identificacin del interesado, rgano administrativo remitente, si procede, y persona u rgano administrativo al que se enva, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicacin que se registra.

Asimismo, el sistema garantizar la integracin informtica en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del rgano administrativo.

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los rganos de las Administraciones pblicas podrn presentarse:

a) En los registros de los rganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier rgano administrativo, que pertenezca a la Administracin General del Estado, a la de cualquier Administracin de las Comunidades Autnomas, a la de cualquier Administracin de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artculo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Rgimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administracin Local si, en este ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomticas u oficinas consulares de Espaa en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Mediante convenios de colaboracin suscritos entre las Administraciones pblicas se establecern sistemas de intercomunicacin y coordinacin de registros que garanticen su compatibilidad informtica, as como la transmisin telemtica de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artculo 35.c) de esta Ley a los ciudadanos, stos podrn acompaar una copia de los documentos que presenten junto con sus solicitudes, escritos y comunicaciones.

Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros a que se refieren los puntos a) y b) del apartado 4 de este artculo, ser remitida al rgano destinatario devolvindose el original al ciudadano. Cuando el original deba obrar en el procedimiento, se entregar al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada por los registros mencionados y previa comprobacin de su identidad con el original.

6. Cada Administracin pblica establecer los das y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentacin de documentos previsto en el artculo 35.

7. Podrn hacerse efectivas adems de por otros medios, mediante giro postal o telegrfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pblica correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentacin de solicitudes y escritos a las Administraciones pblicas.

8. Las Administraciones pblicas debern hacer pblica y mantener actualizada una relacin de las oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicacin, as como los horarios de funcionamiento.

Artculo 39. Colaboracin de los ciudadanos.

1. Los ciudadanos estn obligados a facilitar a la Administracin informes, inspecciones y otros actos de investigacin slo en los casos previstos por la Ley.

2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en l tienen el deber de proporcionrselos a la Administracin actuante.

Artculo 39 bis. Principios de intervencin de las Administraciones Pblicas para el desarrollo de una actividad.

1. Las Administraciones Pblicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, debern elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la proteccin del inters pblico as como justificar su adecuacin para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningn caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

2. Las Administraciones Pblicas velarn por el cumplimiento de los requisitos aplicables segn la legislacin correspondiente, para lo cual podrn comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y dems circunstancias que se produzcan.

Artculo 40. Comparecencia de los ciudadanos.

1. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas pblicas slo ser obligatoria cuando as est previsto en una norma con rango de ley.

2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citacin har constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, as como los efectos de no atenderla.

3. Las Administraciones Pblicas, a solicitud del interesado, le entregarn certificacin haciendo constar la comparecencia.

Artculo 41. Responsabilidad de la tramitacin.

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Pblicas que tuviesen a su cargo la resolucin o el despacho de los asuntos, sern responsables directos de su tramitacin y adoptarn las medidas oportunas para remover los obstculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legtimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitacin de procedimientos.

2. Los interesados podrn solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administracin Pblica que corresponda.

Artculo 42. Obligacin de resolver.

1. La Administracin est obligada a dictar resolucin expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciacin.

En los casos de prescripcin, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, as como la desaparicin sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolucin consistir en la declaracin de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicacin de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptan de la obligacin, a que se refiere el prrafo primero, los supuestos de terminacin del procedimiento por pacto o convenio, as como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos nicamente al deber de comunicacin previa a la Administracin.

2. El plazo mximo en el que debe notificarse la resolucin expresa ser el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

Este plazo no podr exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o as venga previsto en la normativa comunitaria europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo mximo, ste ser de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarn:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciacin.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del rgano competente para su tramitacin.

4. Las Administraciones pblicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicacin de los plazos mximos de duracin de los mismos, as como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones pblicas informarn a los interesados del plazo mximo normativamente establecido para la resolucin y notificacin de los procedimientos, as como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mencin en la notificacin o publicacin del acuerdo de iniciacin de oficio, o en comunicacin que se les dirigir al efecto dentro de los diez das siguientes a la recepcin de la solicitud en el registro del rgano competente para su tramitacin. En este ltimo caso, la comunicacin indicar adems la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el rgano competente.

5. El transcurso del plazo mximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolucin se podr suspender en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanacin de deficiencias y la aportacin de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificacin del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artculo 71 de la presente Ley.

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un rgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la peticin, que habr de comunicarse a los interesados, y la notificacin del pronunciamiento a la Administracin instructora, que tambin deber serles comunicada.

c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolucin a rgano de la misma o distinta Administracin, por el tiempo que medie entre la peticin, que deber comunicarse a los interesados, y la recepcin del informe, que igualmente deber ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensin no podr exceder en ningn caso de tres meses.

d) Cuando deban realizarse pruebas tcnicas o anlisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporacin de los resultados al expediente.

e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusin de un pacto o convenio en los trminos previstos en el artculo 88 de esta Ley, desde la declaracin formal al respecto y hasta la conclusin sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatar mediante declaracin formulada por la Administracin o los interesados.

6. Cuando el nmero de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo mximo de resolucin, el rgano competente para resolver, a propuesta razonada del rgano instructor, o el superior jerrquico del rgano competente para resolver, a propuesta de ste, podrn habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

Excepcionalmente, podr acordarse la ampliacin del plazo mximo de resolucin y notificacin mediante motivacin clara de las circunstancias concurrentes y slo una vez agotados todos los medios a disposicin posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliacin del plazo mximo, ste no podr ser superior al establecido para la tramitacin del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliacin de plazos, que deber ser notificado a los interesados, no cabr recurso alguno.

7. El personal al servicio de las Administraciones pblicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, as como los titulares de los rganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el mbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligacin legal de dictar resolucin expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligacin dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.

Artculo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolucin que la Administracin debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artculo, el vencimiento del plazo mximo sin haberse notificado resolucin expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de inters general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendr efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de peticin, a que se refiere el artculo 29 de la Constitucin, aquellos cuya estimacin tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio pblico o al servicio pblico, as como los procedimientos de impugnacin de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimacin por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entender estimado el mismo si, llegado el plazo de resolucin, el rgano administrativo competente no dictase resolucin expresa sobre el mismo.

2. La estimacin por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideracin de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimacin por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposicin del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

3. La obligacin de dictar resolucin expresa a que se refiere el apartado primero del artculo 42 se sujetar al siguiente rgimen:

a) En los casos de estimacin por silencio administrativo, la resolucin expresa posterior a la produccin del acto slo podr dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimacin por silencio administrativo, la resolucin expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptar por la Administracin sin vinculacin alguna al sentido del silencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrn hacer valer tanto ante la Administracin como ante cualquier persona fsica o jurdica, pblica o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo mximo en el que debe dictarse y notificarse la resolucin expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del rgano competente para resolver. Solicitado el certificado, ste deber emitirse en el plazo mximo de quince das.

Artculo 44. Falta de resolucin expresa en procedimientos iniciados de oficio.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo mximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolucin expresa no exime a la Administracin del cumplimiento de la obligacin legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitucin de derechos u otras situaciones jurdicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrn entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

2. En los procedimientos en que la Administracin ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervencin, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producir la caducidad. En estos casos, la resolucin que declare la caducidad ordenar el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artculo 92.

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpir el cmputo del plazo para resolver y notificar la resolucin.

Artculo 45. Incorporacin de medios tcnicos.

1. Las Administraciones Pblicas impulsarn el empleo y aplicacin de las tcnicas y medios electrnicos, informticos y telemticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilizacin de estos medios establecen la Constitucin y las Leyes.

2. (Derogado)

3. (Derogado)

4. (Derogado)

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrnicos, informticos o telemticos por las Administraciones Pblicas, o los que stas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarn de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservacin y, en su caso, la recepcin por el interesado, as como el cumplimiento de las garantas y requisitos exigidos por sta u otras Leyes.

Artculo 46. Validez y eficacia de documentos y copias.

1. Cada Administracin Pblica determinar reglamentariamente los rganos que tengan atribuidas las competencias de expedicin de copias autnticas de documentos pblicos o privados.

2. Las copias de cualesquiera documentos pblicos gozarn de la misma validez y eficacia que estos siempre que exista constancia de que sean autnticas.

3. Las copias de documentos privados tendrn validez y eficacia, exclusivamente en el mbito de la actividad de las Administraciones Pblicas, siempre que su autenticidad haya sido comprobada.

4. Tienen la consideracin de documento pblico administrativo los documentos vlidamente emitidos por los rganos de las Administraciones Pblicas.

Captulo II

Trminos y plazos

Artculo 47. Obligatoriedad de trminos y plazos.

Los trminos y plazos establecidos en sta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas competentes para la tramitacin de los asuntos, as como a los interesados en los mismos.

Artculo 48. Cmputo.

1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se sealen por das, se entiende que stos son hbiles, excluyndose del cmputo los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se sealen por das naturales, se har constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

2. Si el plazo se fija en meses o aos, stos se computarn a partir del da siguiente a aquel en que tenga lugar la notificacin o publicacin del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimacin o desestimacin por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera da equivalente a aquel en que comienza el cmputo, se entender que el plazo expira el ltimo da del mes.

3. Cuando el ltimo da del plazo sea inhbil, se entender prorrogado al primer da hbil siguiente.

4. Los plazos expresados en das se contarn a partir del da siguiente a aquel en que tenga lugar la notificacin o publicacin del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimacin o la desestimacin por silencio administrativo.

5. Cuando un da fuese hbil en el municipio o Comunidad Autnoma en que residiese el interesado, e inhbil en la sede del rgano administrativo, o a la inversa, se considerar inhbil en todo caso.

6. La declaracin de un da como hbil o inhbil a efectos de cmputo de plazos no determina por s sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones pblicas, la organizacin del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.

7. La Administracin General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autnomas, con sujecin al calendario laboral oficial, fijarn, en su respectivo mbito, el calendario de das inhbiles a efectos de cmputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autnomas comprender los das inhbiles de las Entidades que integran la Administracin Local correspondiente a su mbito territorial, a las que ser de aplicacin.

Dicho calendario deber publicarse antes del comienzo de cada ao en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusin que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.

Artculo 49. Ampliacin.

1. La Administracin, salvo precepto en contrario, podr conceder de oficio o a peticin de los interesados, una ampliacin de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliacin deber ser notificado a los interesados.

2. La ampliacin de los plazos por el tiempo mximo permitido se aplicar en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomticas y oficinas consulares, as como a aquellos que, tramitndose en el interior, exijan cumplimentar algn trmite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de Espaa.

3. Tanto la peticin de los interesados como la decisin sobre la ampliacin debern producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningn caso podr ser objeto de ampliacin un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliacin de plazos o sobre su denegacin no sern susceptibles de recursos.

Artculo 50. Tramitacin de urgencia.

1. Cuando razones de inters pblico lo aconsejen se podr acordar, de oficio o a peticin del interesado, la aplicacin al procedimiento de la tramitacin de urgencia, por la cual se reducirn a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentacin de solicitudes y recursos.

2. No cabr recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicacin de la tramitacin de urgencia al procedimiento.

Ttulo V

De las disposiciones y los actos administrativos

Captulo I

Disposiciones administrativas

Artculo 51. Jerarqua y competencia.

1. Las disposiciones administrativas no podrn vulnerar la Constitucin o las Leyes ni regular aquellas materias que la Constitucin o los Estatutos de Autonoma reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

2. Ninguna disposicin administrativa podr vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

3. Las disposiciones administrativas se ajustarn al orden de jerarqua que establezcan las leyes.

Artculo 52. Publicidad e inderogabilidad singular.

1. Para que produzcan efectos jurdicos las disposiciones administrativas habrn de publicarse en el Diario oficial que corresponda.

2. Las resoluciones administrativas de carcter particular no podrn vulnerar lo establecido en una disposicin de carcter general, aunque aqullas tengan igual o superior rango a stas.

Captulo II

Requisitos de los actos administrativos

Artculo 53. Produccin y contenido.

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Pblicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirn por el rgano competente ajustndose al procedimiento establecido.

2. El contenido de los actos se ajustar a lo dispuesto por el ordenamiento jurdico y ser determinado y adecuado a los fines de aqullos.

Artculo 54. Motivacin.

1. Sern motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legtimos.

b) Los que resuelvan procedimientos de revisin de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la va judicial y procedimientos de arbitraje.

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de rganos consultivos.

d) Los acuerdos de suspensin de actos, cualquiera que sea el motivo de sta, as como la adopcin de medidas provisionales previstas en los artculos 72 y 136 de esta Ley.

e) Los acuerdos de aplicacin de la tramitacin de urgencia o de ampliacin de plazos.

f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, as como los que deban serlo en virtud de disposicin legal o reglamentaria expresa.

2. La motivacin de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizar de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolucin que se adopte.

Artculo 55. Forma.

1. Los actos administrativos se producirn por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma ms adecuada de expresin y constancia.

2. En los casos en que los rganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuar y firmar por el titular del rgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicacin del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deber autorizar una relacin de las que haya dictado de forma verbal, con expresin de su contenido.

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrn refundirse en un nico acto, acordado por el rgano competente, que especificar las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

Captulo III

Eficacia de los actos

Artculo 56. Ejecutividad.

Los actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho Administrativo sern ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

Artculo 57. Efectos.

1. Los actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirn vlidos y producirn efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

2. La eficacia quedar demorada cuando as lo exija el contenido del acto o est supeditada a su notificacin, publicacin o aprobacin superior.

3. Excepcionalmente, podr otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitucin de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y sta no lesione derechos o intereses legtimos de otras personas.

Artculo 58. Notificacin.

1. Se notificarn a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los trminos previstos en el artculo siguiente.

2. Toda notificacin deber ser cursada dentro del plazo de diez das a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deber contener el texto ntegro de la resolucin, con indicacin de si es o no definitivo en la va administrativa, la expresin de los recursos que procedan, rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

3. Las notificaciones que conteniendo el texto ntegro del acto omitiesen alguno de los dems requisitos previstos en el apartado anterior surtirn efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolucin o acto objeto de la notificacin o resolucin, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligacin de notificar dentro del plazo mximo de duracin de los procedimientos, ser suficiente la notificacin que contenga cuando menos el texto ntegro de la resolucin, as como el intento de notificacin debidamente acreditado.

Artculo 59. Prctica de la notificacin.

1. Las notificaciones se practicarn por cualquier medio que permita tener constancia de la recepcin por el interesado o su representante, as como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditacin de la notificacin efectuada se incorporar al expediente.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificacin se practicar en el lugar que ste haya sealado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artculo.

Cuando la notificacin se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente ste en el momento de entregarse la notificacin podr hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificacin, se har constar esta circunstancia en el expediente, junto con el da y la hora en que se intent la notificacin, intento que se repetir por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres das siguientes.

3. (Derogado)

4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificacin de una actuacin administrativa, se har constar en el expediente, especificndose las circunstancias del intento de notificacin y se tendr por efectuado el trmite siguindose el procedimiento.

5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificacin o el medio a que se refiere el punto 1 de este artculo, o bien intentada la notificacin, no se hubiese podido practicar, la notificacin se har por medio de un anuncio publicado en el "Boletn Oficial del Estado".

Asimismo, previamente y con carcter facultativo, las Administraciones podrn publicar un anuncio en el boletn oficial de la comunidad autnoma o de la provincia, en el tabln de edictos del Ayuntamiento del ltimo domicilio del interesado o del consulado o seccin consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artculo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos.

Las Administraciones Pblicas podrn establecer otras formas de notificacin complementarias a travs de los restantes medios de difusin, que no excluirn la obligacin de publicar el correspondiente anuncio en el "Boletn Oficial del Estado".

6. La publicacin, en los trminos del artculo siguiente, sustituir a la notificacin surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administracin estime que la notificacin efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificacin a todos, siendo, en este ltimo caso, adicional a la notificacin efectuada.

b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deber indicar el tabln de anuncios o medios de comunicacin donde se efectuarn las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

Artculo 60. Publicacin.

1. Los actos administrativos sern objeto de publicacin cuando as lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de inters pblico apreciadas por el rgano competente.

2. La publicacin de un acto deber contener los mismos elementos que el punto 2 del artculo 58 exige respecto de las notificaciones. Ser tambin aplicable a la publicacin lo establecido en el punto 3 del mismo artculo.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrn publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificndose solamente los aspectos individuales de cada acto.

Artculo 61. Indicacin de notificaciones y publicaciones.

Si el rgano competente apreciase que la notificacin por medio de anuncios o la publicacin de un acto lesiona derechos o intereses legtimos, se limitar a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicacin del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrn comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido ntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Captulo IV

Nulidad y anulabilidad

Artculo 62. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones pblicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por rgano manifiestamente incompetente por razn de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infraccin penal o se dicten como consecuencia de sta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formacin de la voluntad de los rganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurdico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisicin.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposicin de rango legal.

2. Tambin sern nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitucin, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Artculo 63. Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la Administracin que incurran en cualquier infraccin del ordenamiento jurdico, incluso la desviacin de poder.

2. No obstante, el defecto de forma slo determinar la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o d lugar a la indefensin de los interesados.

3. La realizacin de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas slo implicar la anulabilidad del acto cuando as lo imponga la naturaleza del trmino o plazo.

Artculo 64. Transmisibilidad.

1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicar la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicar la de las partes del mismo independientes de aqulla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

Artculo 65. Conversin de actos viciados.

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirn los efectos de ste.

Artculo 66. Conservacin de actos y trmites.

El rgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondr siempre la conservacin de aquellos actos y trmites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infraccin.

Artculo 67. Convalidacin.

1. La Administracin podr convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

2. El acto de convalidacin producir efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos.

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidacin podr realizarse por el rgano competente cuando sea superior jerrquico del que dict el acto viciado.

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorizacin, podr ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el rgano competente.

Ttulo VI

De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos

Captulo I

Iniciacin del procedimiento

Artculo 68. Clases de iniciacin.

Los procedimientos podrn iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.

Artculo 69. Iniciacin de oficio.

1. Los procedimientos se iniciarn de oficio por acuerdo del rgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a peticin razonada de otros rganos o por denuncia.

2. Con anterioridad al acuerdo de iniciacin, podr el rgano competente abrir un perodo de informacin previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Artculo 70. Solicitudes de iniciacin.

1. Las solicitudes que se formulen debern contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, as como la identificacin del medio preferente o del lugar que se seale a efectos de notificaciones.

b) Hechos, razones y peticin en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

c) Lugar y fecha.

d) Firma del solicitante o acreditacin de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) rgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idntico o sustancialmente similar, podrn ser formuladas en una nica solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos especficos dispongan otra cosa.

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administracin, podrn stos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentacin, admitindose como tal una copia en la que figure la fecha de presentacin anotada por la oficina.

4. Las Administraciones Pblicas debern establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolucin numerosa de una serie de procedimientos. Los modelos mencionados estarn a disposicin de los ciudadanos en las dependencias administrativas.

Los solicitantes podrn acompaar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales debern ser admitidos y tenidos en cuenta por el rgano al que se dirijan.

Artculo 71. Subsanacin y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciacin no rene los requisitos que seala el artculo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislacin especfica aplicable, se requerir al interesado para que, en un plazo de diez das, subsane la falta o acompae los documentos preceptivos, con indicacin de que, si as no lo hiciera, se le tendr por desistido de su peticin, previa resolucin que deber ser dictada en los trminos previstos en el artculo 42.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podr ser ampliado prudencialmente, hasta cinco das, a peticin del interesado o iniciativa del rgano, cuando la aportacin de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el rgano competente podr recabar del solicitante la modificacin o mejora voluntarias de los trminos de aqulla. De ello se levantar acta sucinta, que se incorporar al procedimiento.

Artculo 71 bis. Declaracin responsable y comunicacin previa.

1. A los efectos de esta Ley, se entender por declaracin responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentacin que as lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el prrafo anterior debern estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaracin responsable.

2. A los efectos de esta Ley, se entender por comunicacin previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administracin Pblica competente sus datos identificativos y dems requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artculo 70.1.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirn los efectos que se determinen en cada caso por la legislacin correspondiente y permitirn, con carcter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el da de su presentacin, sin perjuicio de las facultades de comprobacin, control e inspeccin que tengan atribuidas las Administraciones Pblicas.

No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, la comunicacin podr presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislacin correspondiente lo prevea expresamente.

4. La inexactitud, falsedad u omisin, de carcter esencial, en cualquier dato, manifestacin o documento que se acompae o incorpore a una declaracin responsable o a una comunicacin previa, o la no presentacin ante la Administracin competente de la declaracin responsable o comunicacin previa, determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolucin de la Administracin Pblica que declare tales circunstancias podr determinar la obligacin del interesado de restituir la situacin jurdica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, as como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los trminos establecidos en las normas sectoriales de aplicacin.

5. Las Administraciones Pblicas tendrn permanentemente publicados y actualizados modelos de declaracin responsable y de comunicacin previa, los cuales se facilitarn de forma clara e inequvoca y que, en todo caso, se podrn presentar a distancia y por va electrnica.

Artculo 72. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el rgano administrativo competente para resolverlo, podr adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.

2. Antes de la iniciacin del procedimiento administrativo, el rgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la proteccin provisional de los intereses implicados, podr adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. Las medidas provisionales debern ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciacin del procedimiento, que deber efectuarse dentro de los quince das siguientes a su adopcin, el cual podr ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarn sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciacin no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. No se podrn adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difcil o imposible reparacin a los interesados o que impliquen violacin de derechos amparados por las leyes.

4. Las medidas provisionales podrn ser alzadas o modificadas durante la tramitacin del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopcin.

En todo caso, se extinguirn con la eficacia de la resolucin administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artculo 73. Acumulacin.

El rgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciacin, podr disponer su acumulacin a otros con los que guarde identidad sustancial o ntima conexin.

Contra el acuerdo de acumulacin no proceder recurso alguno.

Captulo II

Ordenacin del procedimiento

Artculo 74. Impulso.

1. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsar de oficio en todos sus trmites.

2. En el despacho de los expedientes se guardar el orden riguroso de incoacin en asuntos de homognea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se d orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

El incumplimiento de lo dispuesto en el prrafo anterior dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, ser causa de remocin del puesto de trabajo.

Artculo 75. Celeridad.

1. Se acordarn en un solo acto todos los trmites que, por su naturaleza, admitan una impulsin simultnea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

2. Al solicitar los trmites que deban ser cumplidos por otros rganos, deber consignarse en la comunicacin cursada el plazo legal establecido al efecto.

Artculo 76. Cumplimiento de trmites.

1. Los trmites que deban ser cumplimentados por los interesados debern realizarse en el plazo de diez das a partir de la notificacin del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no rene los requisitos necesarios, la Administracin lo pondr en conocimiento de su autor, concedindole un plazo de diez das para cumplimentarlo.

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podr declarar decados en su derecho al trmite correspondiente; sin embargo, se admitir la actuacin del interesado y producir sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del da que se notifique la resolucin en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Artculo 77. Cuestiones incidentales.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspendern la tramitacin del mismo, salvo la recusacin.

Captulo III

Instruccin del procedimiento

Seccin 1. Disposiciones Generales

Artculo 78. Actos de instruccin.

1. Los actos de instruccin necesarios para la determinacin, conocimiento y comprobacin de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolucin, se realizarn de oficio por el rgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervencin o constituyan trmites legal o reglamentariamente establecidos.

2. Los resultados de los sondeos y encuestas de opinin que se incorporen a la instruccin de un procedimiento debern reunir las garantas legalmente establecidas para estas tcnicas de informacin as como la identificacin tcnica del procedimiento seguido para la obtencin de estos resultados.

Artculo 79. Alegaciones.

1. Los interesados podrn, en cualquier momento del procedimiento anterior al trmite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Unos y otros sern tenidos en cuenta por el rgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolucin.

2. En todo momento podrn los interesados alegar los defectos de tramitacin y, en especial, los que supongan paralizacin, infraccin de los plazos preceptivamente sealados o la omisin de trmites que pueden ser subsanados antes de la resolucin definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrn dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Seccin 2. Prueba

Artculo 80. Medios y perodo de prueba.

1. Los hechos relevantes para la decisin de un procedimiento podrn acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

2. Cuando la Administracin no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordar la apertura de un perodo de prueba por un plazo no superior a treinta das ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

3. El instructor del procedimiento slo podr rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolucin motivada.

Artculo 81. Prctica de prueba.

1. La Administracin comunicar a los interesados, con antelacin suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realizacin de las pruebas que hayan sido admitidas.

2. En la notificacin se consignar el lugar, fecha y hora en que se practicar la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar tcnicos para que le asistan.

3. En los casos en que, a peticin del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realizacin implique gastos que no deba soportar la Administracin, sta podr exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidacin definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidacin de los gastos se practicar uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuanta de los mismos.

Seccin 3. Informes

Artculo 82. Peticin.

1. A efectos de la resolucin del procedimiento, se solicitarn aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citndose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

2. En la peticin de informe se concretar el extremo o extremos acerca de los que se solicita.

Artculo 83. Evacuacin.

1. Salvo disposicin expresa en contrario, los informes sern facultativos y no vinculantes.

2. Los informes sern evacuados en el plazo de diez das, salvo que una disposicin o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo sealado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrn proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carcter del informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolucin del procedimiento, en cuyo caso se podr interrumpir el plazo de los trmites sucesivos.

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administracin Pblica distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aqul se hubiera evacuado, se podrn proseguir las actuaciones.

El informe emitido fuera de plazo podr no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolucin.

Seccin 4. Participacin de los interesados

Artculo 84. Trmite de audiencia.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolucin, se pondrn de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artculo 37.5.(*)

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez das ni superior a quince, podrn alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisin de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendr por realizado el trmite.

4. Se podr prescindir del trmite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolucin otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

(*) Vase la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno, en cuanto a los lmites al derecho de acceso (art. 14).

Artculo 85. Actuacin de los interesados.

1. Los actos de instruccin que requieran la intervencin de los interesados habrn de practicarse en la forma que resulte ms cmoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.

2. Los interesados podrn, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

3. En cualquier caso, el rgano instructor adoptar las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradiccin y de igualdad de los interesados en el procedimiento.

Artculo 86. Informacin pblica.

1. El rgano al que corresponda la resolucin del procedimiento, cuando la naturaleza de ste lo requiera, podr acordar un perodo de informacin pblica.

2. A tal efecto, se anunciar en el Boletn Oficial del Estado, de la Comunidad Autnoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona fsica o jurdica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio sealar el lugar de exhibicin y determinar el plazo para formular alegaciones, que en ningn caso podr ser inferior a veinte das.

3. La incomparecencia en este trmite no impedir a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolucin definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trmite de informacin pblica no otorga, por s misma, la condicin de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trmite tienen derecho a obtener de la Administracin una respuesta razonada, que podr ser comn para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

4. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Pblicas podrn establecer otras formas, medios y cauces de participacin de los ciudadanos, directamente o a travs de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones y actos administrativos.

Captulo IV

Finalizacin del procedimiento

Seccin 1. Disposiciones Generales

Artculo 87. Terminacin.

1. Pondrn fin al procedimiento la resolucin, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no est prohibida por el Ordenamiento Jurdico, y la declaracin de caducidad.

2. Tambin producir la terminacin del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolucin que se dicte deber ser motivada en todo caso.

Artculo 88. Terminacin convencional.

1. Las Administraciones Pblicas podrn celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho pblico como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurdico ni versen sobre materias no susceptibles de transaccin y tengan por objeto satisfacer el inters pblico que tienen encomendado, con el alcance, efectos y rgimen jurdico especfico que en cada caso prevea la disposicin que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideracin de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carcter previo, vinculante o no, a la resolucin que les ponga fin.

2. Los citados instrumentos debern establecer como contenido mnimo la identificacin de las partes intervinientes, el mbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no segn su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

3. Requerirn en todo caso la aprobacin expresa del Consejo de Ministros, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho rgano.

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrn alteracin de las competencias atribuidas a los rganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios pblicos.

Seccin 2. Resolucin

Artculo 89. Contenido.

1. La resolucin que ponga fin al procedimiento decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el rgano competente podr pronunciarse sobre las mismas, ponindolo antes de manifiesto a aqullos por un plazo no superior a quince das, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolucin ser congruente con las peticiones formuladas por ste, sin que en ningn caso pueda agravar su situacin inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administracin de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

3. Las resoluciones contendrn la decisin, que ser motivada en los casos a que se refiere el artculo 54. Expresarn, adems, los recursos que contra la misma procedan, rgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

4. En ningn caso podr la Administracin abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podr resolver la inadmisin de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurdico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de peticin previsto por el artculo 29 de la Constitucin.

5. La aceptacin de informes o dictmenes servir de motivacin a la resolucin cuando se incorporen al texto de la misma.

Seccin 3. Desistimiento y renuncia

Artculo 90. Ejercicio.

1. Todo interesado podr desistir de su solicitud o, cuando ello no est prohibido por el Ordenamiento Jurdico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciacin se hubiera formulado por dos o ms interesados, el desistimiento o la renuncia slo afectar a aqullos que la hubiesen formulado.

Artculo 91. Medios y efectos.

1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrn hacerse por cualquier medio que permita su constancia.

2. La Administracin aceptar de plano el desistimiento o la renuncia, y declarar concluso el procedimiento salvo que, habindose personado en el mismo terceros interesados, instasen stos su continuacin en el plazo de diez das desde que fueron notificados del desistimiento.

3. Si la cuestin suscitada por la incoacin del procedimiento entraase inters general o fuera conveniente sustanciarla para su definicin y esclarecimiento, la Administracin podr limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguir el procedimiento.

Seccin 4. Caducidad

Artculo 92. Requisitos y efectos.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralizacin por causa imputable al mismo, la Administracin le advertir que, transcurridos tres meses, se producir la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitacin, la Administracin acordar el archivo de las actuaciones, notificndoselo al interesado.

Contra la resolucin que declare la caducidad procedern los recursos pertinentes.

2. No podr acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentacin de trmites, siempre que no sean indispensables para dictar resolucin. Dicha inactividad no tendr otro efecto que la prdida de su derecho al referido trmite.

3. La caducidad no producir por s sola la prescripcin de las acciones del particular o de la Administracin, pero los procedimientos caducados no interrumpirn el plazo de prescripcin.

4. Podr no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestin suscitada afecte al inters general, o fuera conveniente sustanciarla para su definicin y esclarecimiento.

Captulo V

Ejecucin

Artculo 93. Ttulo.

1. Las Administraciones Pblicas no iniciarn ninguna actuacin material de ejecucin de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolucin que le sirva de fundamento jurdico.

2. El rgano que ordene un acto de ejecucin material de resoluciones estar obligado a notificar al particular interesado la resolucin que autorice la actuacin administrativa.

Artculo 94. Ejecutoriedad.

Los actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho Administrativo sern inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artculos 111 y 138, y en aquellos casos en que una disposicin establezca lo contrario o necesiten aprobacin o autorizacin superior.

Artculo 95. Ejecucin forzosa.

Las Administraciones Pblicas, a travs de sus rganos competentes en cada caso, podrn proceder, previo apercibimiento, a la ejecucin forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecucin de acuerdo con la ley, o cuando la Constitucin o la ley exijan la intervencin de los Tribunales.

Artculo 96. Medios de ejecucin forzosa.

1. La ejecucin forzosa por las Administraciones Pblicas se efectuar, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

a) Apremio sobre el patrimonio.

b) Ejecucin subsidiaria.

c) Multa coercitiva.

d) Compulsin sobre las personas.

2. Si fueran varios los medios de ejecucin admisibles se elegir el menos restrictivo de la libertad individual.

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Pblicas debern obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorizacin judicial.

Artculo 97. Apremio sobre el patrimonio.

1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad lquida se seguir el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en va ejecutiva.

2. En cualquier caso no podr imponerse a los administrados una obligacin pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.

Artculo 98. Ejecucin subsidiaria.

1. Habr lugar a la ejecucin subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalsimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2. En este caso, las Administraciones Pblicas realizarn el acto, por s o a travs de las personas que determinen, a costa del obligado.

3. El importe de los gastos, daos y perjuicios se exigir conforme a lo dispuesto en el artculo anterior.

4. Dicho importe podr liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecucin, a reserva de la liquidacin definitiva.

Artculo 99. Multa coercitiva.

1. Cuando as lo autoricen las leyes, y en la forma y cuanta que stas determinen, las Administraciones Pblicas pueden, para la ejecucin de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a) Actos personalsimos en que no proceda la compulsin directa sobre la persona del obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsin, la Administracin no la estimara conveniente.

c) Actos cuya ejecucin pueda el obligado encargar a otra persona.

2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carcter y compatible con ellas.

Artculo 100. Compulsin sobre las personas.

1. Los actos administrativos que impongan una obligacin personalsima de no hacer o soportar podrn ser ejecutados por compulsin directa sobre las personas en los casos en que la Ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitucin.

2. Si, tratndose de obligaciones personalsimas de hacer, no se realizase la prestacin, el obligado deber resarcir los daos y perjuicios, a cuya liquidacin y cobro se proceder en va administrativa.

Artculo 101. Prohibicin de interdictos.

No se admitirn a trmite interdictos contra las actuaciones de los rganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

Ttulo VII

De la revisin de los actos en va administrativa

Captulo I

Revisin de oficio

Artculo 102. Revisin de disposiciones y actos nulos.

1. Las Administraciones pblicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente de la Comunidad Autnoma, si lo hubiere, declararn de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la va administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artculo 62.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones pblicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente de la Comunidad Autnoma si lo hubiere, podrn declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artculo 62.2.

3. El rgano competente para la revisin de oficio podr acordar motivadamente la inadmisin a trmite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo de la Comunidad Autnoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artculo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, as como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

4. Las Administraciones pblicas, al declarar la nulidad de una disposicin o acto, podrn establecer, en la misma resolucin, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artculos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratndose de una disposicin, subsistan los actos firmes dictados en aplicacin de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolucin producir la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podr entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Artculo 103. Declaracin de lesividad de actos anulables.

1. Las Administraciones pblicas podrn declarar lesivos para el inters pblico los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artculo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnacin ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. La declaracin de lesividad no podr adoptarse una vez transcurridos cuatro aos desde que se dict el acto administrativo y exigir la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los trminos establecidos por el artculo 84 de esta Ley.

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciacin del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producir la caducidad del mismo.

4. Si el acto proviniera de la Administracin General del Estado o de las Comunidades Autnomas, la declaracin de lesividad se adoptar por el rgano de cada Administracin competente en la materia.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administracin Local, la declaracin de lesividad se adoptar por el Pleno de la Corporacin o, en defecto de ste, por el rgano colegiado superior de la entidad.

Artculo 104. Suspensin.

Iniciado el procedimiento de revisin de oficio, el rgano competente para resolver podr suspender la ejecucin del acto, cuando sta pudiera causar perjuicios de imposible o dificil reparacin.

Artculo 105. Revocacin de actos y rectificacin de errores.

1. Las Administraciones pblicas podrn revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocacin no constituya dispensa o exencin no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al inters pblico o al ordenamiento jurdico.

2. Las Administraciones pblicas podrn, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritmticos existentes en sus actos.

Artculo 106. Lmites de la revisin.

Las facultades de revisin no podrn ser ejercitadas cuando por prescripcin de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Captulo II

Recursos administrativos

Seccin 1. Principios generales

Artculo 107. Objeto y clases.

1. Contra las resoluciones y los actos de trmite, si estos ltimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensin o perjuicio irreparable a derechos e intereses legtimos, podrn interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposicin, que cabr fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artculos 62 y 63 de esta Ley.

La oposicin a los restantes actos de trmite podr alegarse por los interesados para su consideracin en la resolucin que ponga fin al procedimiento.

2. Las leyes podrn sustituir el recurso de alzada, en supuestos o mbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia as lo justifique, por otros procedimientos de impugnacin, reclamacin, conciliacin, mediacin y arbitraje, ante rganos colegiados o comisiones especficas no sometidas a instrucciones jerrquicas, con respeto a los principios, garantas y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

En las mismas condiciones, el recurso de reposicin podr ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el prrafo anterior, respetando su carcter potestativo para el interesado.

La aplicacin de estos procedimientos en el mbito de la Administracin Local no podr suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los rganos representativos electos establecidos por la Ley.

3. Contra las disposiciones administrativas de carcter general no cabr recurso en va administrativa.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden nicamente en la nulidad de alguna disposicin administrativa de carcter general podrn interponerse directamente ante el rgano que dict dicha disposicin.

4. Las reclamaciones econmico-administrativas se ajustarn a los procedimientos establecidos por su legislacin especfica.

Artculo 108. Recurso extraordinario de revisin.

Contra los actos firmes en va administrativa, slo proceder el recurso extraordinario de revisin cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artculo 118.1.

Artculo 109. Fin de la va administrativa.

Ponen fin a la va administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnacin a que se refiere el artculo 107.2.

c) Las resoluciones de los rganos administrativos que carezcan de superior jerrquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

d) Las dems resoluciones de rganos administrativos cuando una disposicin legal o reglamentaria as lo establezca.

e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideracin de finalizadores del procedimiento.

Artculo 110. Interposicin de recurso.

1. La interposicin del recurso deber expresar:

a) El nombre y apellidos del recurrente, as como la identificacin personal del mismo.

b) El acto que se recurre y la razn de su impugnacin.

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificacin del medio y, en su caso, del lugar que se seale a efectos de notificaciones.

d) rgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.

e) Las dems particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones especficas.

2. El error en la calificacin del recurso por parte del recurrente no ser obstculo para su tramitacin, siempre que se deduzca su verdadero carcter.

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrn ser alegados por quienes los hubieren causado.

Artculo 111. Suspensin de la ejecucin.

1. La interposicin de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposicin establezca lo contrario, no suspender la ejecucin del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el rgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderacin, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causara al inters pblico o a terceros la suspensin y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podr suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecucin del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecucin pudiera causar perjuicios de imposible o difcil reparacin.

b) Que la impugnacin se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artculo 62.1 de esta Ley.

3. La ejecucin del acto impugnado se entender suspendida si transcurridos treinta das desde que la solicitud de suspensin haya tenido entrada en el registro del rgano competente para decidir sobre la misma, ste no ha dictado resolucin expresa al respecto. En estos casos no ser de aplicacin lo establecido en el artculo 42.4, segundo prrafo, de esta Ley.

4. Al dictar el acuerdo de suspensin podrn adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la proteccin del inters pblico o de terceros y la eficacia de la resolucin o el acto impugnado.

Cuando de la suspensin puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aqulla slo producir efectos previa prestacin de caucin o garanta suficiente para responder de ellos, en los trminos establecidos reglamentariamente.

La suspensin podr prolongarse despus de agotada la va administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de sta se extiendan a la va contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensin del acto objeto del proceso, se mantendr la suspensin hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnacin de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensin de su eficacia habr de ser publicada en el peridico oficial en que aqul se insert.

Artculo 112. Audiencia de los interesados.

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrn de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez das ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

No se tendrn en cuenta en la resolucin de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trmite de alegaciones no lo haya hecho.

2. Si hubiera otros interesados se les dar, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carcter de documentos nuevos a los efectos de este artculo. Tampoco lo tendrn los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolucin impugnada.

Artculo 113. Resolucin.

1. La resolucin del recurso estimar en todo o en parte o desestimar las pretensiones formuladas en el mismo o declarar su inadmisin.

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenar la retroaccin del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en el artculo 67.

3. El rgano que resuelva el recurso decidir cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este ltimo caso se les oir previamente.

No obstante, la resolucin ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningn caso pueda agravarse su situacin inicial.

Seccin 2. Recurso de alzada

Artculo 114. Objeto.

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artculo 107.1, cuando no pongan fin a la va administrativa, podrn ser recurridos en alzada ante el rgano superior jerrquico del que los dict. A estos efectos, los Tribunales y rganos de seleccin del personal al servicio de las Administraciones pblicas y cualesquiera otros que, en el seno de stas, acten con autonoma funcional, se considerarn dependientes del rgano al que estn adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

2. El recurso podr interponerse ante el rgano que dict el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el rgano que dict el acto impugnado, ste deber remitirlo al competente en el plazo de diez das, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

El titular del rgano que dict el acto recurrido ser responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el prrafo anterior.

Artculo 115. Plazos.

1. El plazo para la interposicin del recurso de alzada ser de un mes, si el acto fuera expreso.

Si no lo fuera, el plazo ser de tres meses y se contar, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del da siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especfica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolucin ser firme a todos los efectos.

2. El plazo mximo para dictar y notificar la resolucin ser de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolucin, se podr entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artculo 43.2, segundo prrafo. (1)

3. Contra la resolucin de un recurso de alzada no cabr ningn otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisin en los casos establecidos en el artculo 118.1.

(1) Tngase en cuenta que la remisin al art. 43.2, segundo prrafo, se entiende hecha al art. 43.1, segundo prrafo, tras la modificacin del art. 43 efectuada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725.

Seccin 3. Recurso potestativo de reposicin

Artculo 116. Objeto y naturaleza

1. Los actos administrativos que pongan fin a la va administrativa podrn ser recurridos potestativamente en reposicin ante el mismo rgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. No se podr interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimacin presunta del recurso de reposicin interpuesto.

Artculo 117. Plazos.

1. El plazo para la interposicin del recurso de reposicin ser de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo ser de tres meses y se contar, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del da siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especfica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, nicamente podr interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisin.

2. El plazo mximo para dictar y notificar la resolucin del recurso ser de un mes.

3. Contra la resolucin de un recurso de reposicin no podr interponerse de nuevo dicho recurso.

Seccin 4. Recurso extraordinario de revisin

Artculo 118. Objeto y plazos.

1. Contra los actos firmes en va administrativa podr interponerse el recurso extraordinario de revisin ante el rgano administrativo que los dict, que tambin ser el competente para su resolucin, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolucin del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolucin recurrida.

3. Que en la resolucin hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolucin.

4. Que la resolucin se hubiese dictado como consecuencia de prevaricacin, cohecho, violencia, maquinacin fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado as en virtud de sentencia judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisin se interpondr, cuando se trate de la causa 1. , dentro del plazo de cuatro aos siguientes a la fecha de la notificacin de la resolucin impugnada. En los dems casos, el plazo ser de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial qued firme.

3. Lo establecido en el presente artculo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artculos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Artculo 119. Resolucin.

1. El rgano competente para la resolucin del recurso podr acordar motivadamente la inadmisin a trmite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo de la Comunidad Autnoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artculo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

2. El rgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisin debe pronunciarse no slo sobre la procedencia del recurso, sino tambin, en su caso, sobre el fondo de la cuestin resuelta por el acto recurrido.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposicin del recurso extraordinario de revisin sin haberse dictado y notificado la resolucin, se entender desestimado, quedando expedita la va jurisdiccional contencioso-administrativa.

Ttulo VIII

De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales

Captulo I

Disposiciones generales

Artculo 120. Naturaleza.

1. La reclamacin en va administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral contra cualquier Administracin Pblica, salvo los supuestos en que dicho requisito est exceptuado por una disposicin con rango de Ley.

2. Dicha reclamacin se tramitar y resolver por las normas contenidas en este Ttulo y, por aquellas que, en cada caso, sean de aplicacin, y en su defecto, por las generales de esta Ley.

Artculo 121. Efectos.

1. Si planteada una reclamacin ante las Administraciones Pblicas, sta no ha sido resuelta y no ha transcurrido el plazo en que deba entenderse desestimada, no podr deducirse la misma pretensin ante la jurisdiccin correspondiente.

2. Planteada la reclamacin previa se interrumpirn los plazos para el ejercicio de las acciones judiciales, que volvern a contarse a partir de la fecha en que se haya practicado la notificacin expresa de la resolucin o, en su caso, desde que se entienda desestimada por el transcurso del plazo.

Captulo II

Reclamacin previa a la va judicial civil

Artculo 122. Iniciacin.

1. La reclamacin se dirigir al rgano competente de la Administracin Pblica de que se trate.

2. En la Administracin General del Estado se plantear ante el Ministro del Departamento que por razn de la materia objeto de la reclamacin sea competente. Las reclamaciones podrn presentarse en cualquiera de los lugares previstos por esta Ley para la presentacin de escritos o solicitudes.

Artculo 123. Instruccin.

1. El rgano ante el que se haya presentado la reclamacin la remitir en el plazo de cinco das al rgano competente en unin de todos los antecedentes del asunto.

2. El rgano competente para resolver podr ordenar que se complete el expediente con los antecedentes, informes, documentos y datos que resulten necesarios.

Artculo 124. Resolucin.

1. Resuelta la reclamacin por el Ministro u rgano competente, se notificar al interesado.

2. Si la Administracin no notificara su decisin en el plazo de tres meses, el interesado podr considerar desestimada su reclamacin al efecto de formular la correspondiente demanda judicial.

Captulo III

Reclamacin previa a la va judicial laboral

Artculo 125. Tramitacin.

1. La reclamacin deber dirigirse al Jefe administrativo o Director del establecimiento u Organismo en que el trabajador preste sus servicios.

2. Transcurrido un mes sin haberle sido notificada resolucin alguna, el trabajador podr considerar desestimada la reclamacin a los efectos de la accin judicial laboral.

Artculo 126. Reclamaciones del personal civil no funcionario de la Administracin Militar.

Las reclamaciones que formule el personal civil no funcionario al servicio de la Administracin Militar se regirn por sus disposiciones especficas.

Ttulo IX

De la potestad sancionadora

Captulo I

Principios de la potestad sancionadora

Artculo 127. Principio de legalidad.

1. La potestad sancionadora de las Administraciones pblicas, reconocida por la Constitucin, se ejercer cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicacin del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este ttulo y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el ttulo XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los rganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposicin de rango legal o reglamentario.

3. Las disposiciones de este Ttulo no son de aplicacin al ejercicio por las Administraciones pblicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estn vinculados a ellas por una relacin contractual.

Artculo 128. Irretroactividad.

1. Sern de aplicacin las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infraccin administrativa.

2. Las disposiciones sancionadoras producirn efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.

Artculo 129. Principio de tipicidad.

1. Slo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurdico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administracin local en el ttulo XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local.

2. Unicamente por la comisin de infracciones administrativas podrn imponerse sanciones que, en todo caso, estarn delimitadas por la Ley.

3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrn introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o lmites de las que la Ley contempla, contribuyan a la ms correcta identificacin de las conductas o a la ms precisa determinacin de las sanciones correspondientes.

4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no sern susceptibles de aplicacin analgica.

Artculo 130. Responsabilidad.

1. Slo podrn ser sancionadas por hechos constitutivos de infraccin administrativa las personas fsicas y jurdicas que resulten responsables de los mismos aun a ttulo de simple inobservancia.

2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador sern compatibles con la exigencia al infractor de la reposicin de la situacin alterada por el mismo a su estado originario, as como con la indemnizacin por los daos y perjuicios causados que podrn ser determinados por el rgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfaccin en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse as, expedita la va judicial correspondiente.

3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposicin legal corresponda a varias personas conjuntamente, respondern de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

Sern responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de prevenir la infraccin administrativa cometida por otros, las personas fsicas y jurdicas sobre las que tal deber recaiga, cuando as lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regmenes sancionadores.

Artculo 131. Principio de proporcionalidad.

1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningn caso podrn implicar, directa o subsidiariamente, privacin de libertad.

2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deber prever que la comisin de las infracciones tipificadas no resulte ms beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

3. En la determinacin normativa del rgimen sancionador, as como en la imposicin de sanciones por las Administraciones Pblicas se deber guardar la debida adecuacin entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin aplicada, considerndose especialmente los siguientes criterios para la graduacin de la sancin a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteracin.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia, por comisin en el trmino de un ao de ms de una infraccin de la misma naturaleza cuando as haya sido declarado por resolucin firme.

Artculo 132. Prescripcin.

1. Las infracciones y sanciones prescribirn segn lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si stas no fijan plazos de prescripcin, las infracciones muy graves prescribirn a los tres aos, las graves a los dos aos y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirn a los tres aos, las impuestas por faltas graves a los dos aos y las impuestas por faltas leves al ao.

2. El plazo de prescripcin de las infracciones comenzar a contarse desde el da en que la infraccin se hubiera cometido.

Interrumpir la prescripcin la iniciacin, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudndose el plazo de prescripcin si el expediente sancionador estuviera paralizado durante ms de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripcin de las sanciones comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin por la que se impone la sancin.

Interrumpir la prescripcin la iniciacin, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecucin, volviendo a transcurrir el plazo si aqul est paralizado durante ms de un mes por causa no imputable al infractor.

Artculo 133. Concurrencia de sanciones.

No podrn sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Captulo II

Principios del procedimiento sancionador

Artculo 134. Garanta de procedimiento.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerir procedimiento legal o reglamentariamente establecido.

2. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora debern establecer la debida separacin entre la fase instructora y la sancionadora, encomendndolas a rganos distintos.

3. En ningn caso se podr imponer una sancin sin que se haya tramitado el necesario procedimiento.

Artculo 135. Derechos del presunto responsable.

Los procedimientos sancionadores garantizarn al presunto responsable los siguientes derechos:

A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, as como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sancin y de la norma que atribuya tal competencia.

A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurdico que resulten procedentes.

Los dems derechos reconocidos por el artculo 35 de esta Ley.

Artculo 136. Medidas de carcter provisional.

Cuando as est previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podr proceder mediante acuerdo motivado a la adopcin de medidas de carcter provisional que aseguren la eficacia de la resolucin final que pudiera recaer.

Artculo 137. Presuncin de inocencia.

1. Los procedimientos sancionadores respetarn la presuncin de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

2. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularn a las Administraciones Pblicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condicin de autoridad, y que se formalicen en documento pblico observando los requisitos legales pertinentes, tendrn valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan sealar o aportar los propios administrados.

4. Se practicarn de oficio o se admitirn a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinacin de hechos y posibles responsabilidades.

Slo podrn declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relacin con los hechos no puedan alterar la resolucin final a favor del presunto responsable.

Artculo 138. Resolucin.

1. La resolucin que ponga fin al procedimiento habr de ser motivada y resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente.

2. En la resolucin no se podrn aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoracin jurdica.

3. La resolucin ser ejecutiva cuando ponga fin a la va administrativa.

En la resolucin se adoptarn, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

Ttulo X

De la responsabilidad de las Administraciones Pblicas y de sus autoridades y dems personal a su servicio

Captulo I

Responsabilidad patrimonial de la Administracin Pblica

Artculo 139. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrn derecho a ser indemnizados por las Administraciones Pblicas correspondientes, de toda lesin que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesin sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios pblicos.

2. En todo caso, el dao alegado habr de ser efectivo, evaluable econmicamente e individualizado con relacin a una persona o grupo de personas.

3. Las Administraciones Pblicas indemnizarn a los particulares por la aplicacin de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que stos no tengan el deber jurdico de soportar, cuando as se establezcan en los propios actos legislativos y en los trminos que especifiquen dichos actos.

4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administracin de Justicia se regir por la Ley Orgnica del Poder Judicial.

5. El Consejo de Ministros fijar el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitacin de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitar por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

Artculo 140. Responsabilidad concurrente de las Administraciones pblicas.

1. Cuando de la gestin dimanante de frmulas conjuntas de actuacin entre varias Administraciones pblicas se derive responsabilidad en los trminos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes respondern de forma solidaria. El instrumento jurdico regulador de la actuacin conjunta podr determinar la distribucin de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones pblicas.

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la produccin del dao, la responsabilidad se fijar para cada Administracin atendiendo a los criterios de competencia, inters pblico tutelado e intensidad de la intervencin. La responsabilidad ser solidaria cuando no sea posible dicha determinacin.

Artculo 141. Indemnizacin.

1. Slo sern indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daos que ste no tenga el deber jurdico de soportar de acuerdo con la Ley. No sern indemnizables los daos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar segn el estado de los conocimientos de la ciencia o de la tcnica existentes en el momento de produccin de aqullos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o econmicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

2. La indemnizacin se calcular con arreglo a los criterios de valoracin establecidos en la legislacin de expropiacin forzosa, legislacin fiscal y dems normas aplicables, ponderndose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

3. La cuanta de la indemnizacin se calcular con referencia al da en que la lesin efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualizacin a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al ndice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadstica, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnizacin fijada, los cuales se exigirn con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

4. La indemnizacin procedente podr sustituirse por una compensacin en especie o ser abonada mediante pagos peridicos, cuando resulte ms adecuado para lograr la reparacin debida y convenga al inters pblico, siempre que exista acuerdo con el interesado.

Artculo 142. Procedimientos de responsabilidad patrimonial.

1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas se iniciarn de oficio o por reclamacin de los interesados.

2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolvern, por el Ministro respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley as lo dispone o por los rganos correspondientes de las Comunidades Autnomas o de las Entidades que integran la Administracin Local. Cuando su norma de creacin as lo determine, la reclamacin se resolver por los rganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Pblico a que se refiere el artculo 2.2 de esta Ley.

3. Para la determinacin de la responsabilidad patrimonial se establecer reglamentariamente un procedimiento general con inclusin de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artculo 143 de esta Ley. En el procedimiento general ser preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del rgano consultivo de la Comunidad Autnoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuanta igual o superior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislacin autonmica.

4. La anulacin en va administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnizacin, pero si la resolucin o disposicin impugnada lo fuese por razn de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribir al ao de haberse dictado la Sentencia definitiva, no siendo de aplicacin lo dispuesto en el punto 5.

5. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al ao de producido el hecho o el acto que motive la indemnizacin o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daos, de carcter fsico o psquico, a las personas el plazo empezar a computarse desde la curacin o la determinacin del alcance de las secuelas.

6. La resolucin administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relacin, pblica o privada, de que derive, pone fin a la va administrativa.

7. Si no recae resolucin expresa se podr entender desestimada la solicitud de indemnizacin.

Artculo 143. Procedimiento abreviado.

1. Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequvocos la relacin de causalidad entre el funcionamiento del servicio pblico y la lesin, as como la valoracin del dao y el clculo de la cuanta de la indemnizacin, el rgano competente podr acordar la sustanciacin de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnizacin en el plazo de treinta das.

2. En todo caso, los rganos competentes podrn acordar o proponer que se siga el procedimiento general.

3. Si no recae resolucin expresa se podr entender desestimada la solicitud de indemnizacin.

Artculo 144. Responsabilidad de Derecho Privado.

Cuando las Administraciones pblicas acten en relaciones de derecho privado, respondern directamente de los daos y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerndose la actuacin del mismo actos propios de la Administracin bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigir de conformidad con lo previsto en los artculos 139 y siguientes de esta Ley.

Captulo II

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas

Artculo 145. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas.

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el captulo I de este Ttulo, los particulares exigirn directamente a la Administracin pblica correspondiente las indemnizaciones por los daos y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administracin correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigir de oficio de sus autoridades y dems personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instruccin del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarn, entre otros, los siguientes criterios: el resultado daoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones pblicas y su relacin con la produccin del resultado daoso.

3. Asimismo, la Administracin instruir igual procedimiento a las autoridades y dems personal a su servicio por los daos y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

4. La resolucin declaratoria de responsabilidad pondr fin a la va administrativa.

5. Lo dispuesto en los prrafos anteriores, se entender sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Artculo 146. Responsabilidad penal.

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones pblicas, as como la responsabilidad civil derivada del delito se exigir de acuerdo con lo previsto en la legislacin correspondiente.

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones pblicas no suspender los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinacin de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijacin de la responsabilidad patrimonial.

Disposicin adicional primera. rganos Colegiados de Gobierno.

Las disposiciones del Captulo II del Ttulo II de la presente Ley no sern de aplicacin al Pleno y, en su caso, Comisin de Gobierno de las Entidades Locales, a los rganos Colegiados del Gobierno de la Nacin y a los rganos de Gobierno de las Comunidades Autnomas.

Disposicin adicional segunda. Informatizacin de registros.

La incorporacin a soporte informtico de los registros a que se refiere el artculo 38.3 de esta Ley, ser efectiva atendiendo al grado de desarrollo de los medios tcnicos de que dispongan.

Disposicin adicional tercera. Adecuacin de procedimientos.

Reglamentariamente en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se llevar a efecto la adecuacin a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con especfica mencin de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resolucin expresa produzca.

Disposicin adicional cuarta. Tasas del procedimiento.

Las tasas que generen las actuaciones del procedimiento administrativo se exigirn de acuerdo con lo que disponga la norma que las regule.

Disposicin adicional quinta. Procedimientos administrativos en materia tributaria.

1. Los procedimientos tributarios y la aplicacin de los tributos se regirn por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantas de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las dems normas dictadas en su desarrollo y aplicacin. En defecto de norma tributaria aplicable, regirn supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.

En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos mximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, as como, en su caso, los efectos de la falta de resolucin sern los previstos en la normativa tributaria.

2. La revisin de actos en va administrativa en materia tributaria se ajustar a lo dispuesto en los artculos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicacin de la misma.

Disposicin adicional sexta. Actos de Seguridad Social y Desempleo.

1. La impugnacin de los actos de la Seguridad Social y Desempleo, en los trminos previstos en el artculo 2. del texto articulado de la Ley de Procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, as como su revisin de oficio, se regirn por lo dispuesto en dicha Ley.

2. Los actos de gestin recaudatoria de la Seguridad Social se regirn por lo dispuesto en su normativa especfica.

Disposicin adicional sptima. Procedimiento administrativo sancionador por infracciones en el orden social y para la extensin de actas de liquidacin de cuotas de la Seguridad Social.

Los procedimientos administrativos para la imposicin de sanciones por infracciones en el orden social y para la extensin de actas de liquidacin de cuotas de la Seguridad Social se regirn por su normativa especfica y, subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley.

Disposicin adicional octava. Procedimientos disciplinarios.

Los procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria de las Administraciones Pblicas respecto del personal a su servicio y de quienes estn vinculados a ellas por una relacin contractual se regirn por su normativa especfica, no sindoles de aplicacin la presente Ley.

Disposicin adicional octava bis. Procedimiento sancionador en materia de trfico y seguridad vial.

Los procedimientos administrativos para la imposicin de sanciones por infracciones en materia de trfico, circulacin de vehculos a motor y seguridad vial, se regirn por lo dispuesto en su legislacin especfica y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.

Disposicin adicional novena.

(Derogada)

Disposicin adicional dcima.

El artculo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, queda redactado de la siguiente forma:

El recurso contencioso-administrativo ser admisible en relacin con las disposiciones y con los actos de la Administracin que hayan puesto fin a la va administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Disposicin adicional undcima. Procedimientos administrativos instados ante misiones diplomticas y oficinas consulares.

Los procedimientos instados ante las Misiones Diplomticas y Oficinas Consulares por ciudadanos extranjeros no comunitarios se regirn por su normativa especfica, que se adecuar a los compromisos internacionales asumidos por Espaa y, en materia de visados, a los Convenios de Schengen y disposiciones que los desarrollen, aplicndose supletoriamente la presente Ley.

Disposicin adicional duodcima. Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria.

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonmicos, as como de las dems entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daos y perjuicios causados por o con ocasin de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirn la tramitacin administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisin jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso.

Disposicin adicional decimotercera. Rgimen de suscripcin de convenios de colaboracin.

En el mbito de la Administracin General del Estado, los titulares de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los organismos pblicos vinculados o dependientes, podrn celebrar los convenios previstos en el artculo 6, dentro de las facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los trmites establecidos, entre los que se incluir necesariamente el informe del Ministerio o Ministerios afectados. El rgimen de suscripcin de los mismos y, en su caso, de su autorizacin, as como los aspectos procedimentales o formales relacionados con los mismos, se ajustar al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Disposicin adicional decimocuarta. Relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Lo dispuesto en el Ttulo I de esta Ley sobre las relaciones entre la Administracin General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autnomas ser de aplicacin a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas.

Disposicin adicional decimoquinta.

En el mbito de la Administracin General del Estado, y a los efectos del artculo 42.3.b) de esta Ley, se entiende por registro del rgano competente para la tramitacin de una solicitud, cualquiera de los registros del Ministerio competente para iniciar la tramitacin de la misma.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuya tramitacin y resolucin corresponda a rganos integrados en el rgano Central del Ministerio de Defensa, Estado Mayor de la Defensa y Cuarteles Generales de los Ejrcitos, el plazo para resolver y notificar se contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en los registros de los citados rganos.

Disposicin adicional decimosexta. Administracin de los Territorios Histricos del Pas Vasco.

En la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, a efectos de lo dispuesto en el artculo segundo, se entender por Administraciones pblicas las Diputaciones Forales y las Administraciones institucionales de ellas dependientes, as como las Juntas Generales de los Territorios Histricos en cuanto dicten actos y disposiciones en materia de personal y gestin patrimonial sujetos al derecho pblico.

Disposicin adicional decimosptima.

1. Para el ejercicio de la funcin consultiva en cuanto garanta del inters general y de la legalidad objetiva las Comunidades Autnomas, los Entes Forales se organizarn conforme a lo establecido en esta disposicin.

2. La Administracin consultiva podr articularse mediante rganos especficos dotados de autonoma orgnica y funcional con respecto a la Administracin activa, o a travs de los servicios jurdicos de esta ltima.

En tal caso, dichos servicios no podrn estar sujetos a dependencia jerrquica ya sea orgnica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicacin de los rganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantas de forma colegiada.

3. La presente disposicin tiene carcter bsico de acuerdo con el artculo 149.1.18. de la Constitucin.

Disposicin adicional decimoctava. Presentacin telemtica de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administracin General del Estado y sus Organismos Pblicos.

(Derogada).

Disposicin adicional decimonovena. Procedimientos administrativos regulados en la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, modificada por la Ley Orgnica 8/2000, de 22 de diciembre.

Los procedimientos regulados en la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, modificada por la Ley Orgnica 8/2000, de 22 de diciembre, se regirn por su normativa especfica, aplicndose supletoriamente la presente ley.

Disposicin adicional vigsima. Rgimen jurdico de los consorcios.

1. Los estatutos de cada consorcio determinarn la Administracin pblica a la que estar adscrito, as como su rgimen orgnico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados.

2. De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, referidos a la situacin en el primer da del ejercicio presupuestario, el consorcio quedar adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administracin pblica que:

a) Disponga de la mayora de votos en los rganos de gobierno.

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayora de los miembros de los rganos ejecutivos.

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayora de los miembros del personal directivo.

d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.

e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayora de los miembros del rgano de gobierno.

f) Financie en ms de un cincuenta por cien o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportacin del fondo patrimonial como la financiacin concedida cada ao.

g) Ostente el mayor porcentaje de participacin en el fondo patrimonial.

h) Tenga mayor nmero de habitantes o extensin territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto estn orientados a la prestacin de servicios, a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin nimo de lucro, en todo caso el consorcio estar adscrito a la Administracin pblica que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

4. Los consorcios estarn sujetos al rgimen de presupuestacin, contabilidad y control de la Administracin pblica a la que estn adscritos, sin perjuicio de su sujecin a lo previsto en la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevar a cabo una auditora de las cuentas anuales que ser responsabilidad del rgano de control de la Administracin a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios debern formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administracin pblica de adscripcin.

5. El personal al servicio de los consorcios podr ser funcionario o laboral y habr de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su rgimen jurdico ser el de la Administracin Pblica de adscripcin y sus retribuciones en ningn caso podrn superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aqulla.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atencin a la singularidad de las funciones a desempear, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas u rgano competente de la Administracin a la que se adscriba el consorcio, podr autorizar la contratacin directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

Disposicin adicional vigsima primera. Notificacin por medio de anuncio publicado en el "Boletn Oficial del Estado".

1. La Agencia Estatal Boletn Oficial del Estado pondr a disposicin de las diversas Administraciones Pblicas un sistema automatizado de remisin y gestin telemtica para la publicacin de los anuncios de notificacin en el "Boletn Oficial del Estado" previstos en el artculo 59.5 de esta Ley y en esta misma disposicin adicional. Dicho sistema, que cumplir con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo, garantizar la celeridad en la publicacin de los anuncios, su correcta y fiel insercin, as como la identificacin del rgano remitente.

2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa especfica, de concurrir los supuestos previstos en el artculo 59.5 de esta Ley, la prctica de la notificacin se har, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el "Boletn Oficial del Estado", sin perjuicio de que previamente y con carcter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa especfica.

3. La publicacin en el "Boletn Oficial del Estado" de los anuncios a que se refieren los dos prrafos anteriores se efectuar sin contraprestacin econmica alguna por parte de los organismos que la hayan solicitado.

Disposicin transitoria primera. Corporaciones de Derecho Pblico.

Las Corporaciones de Derecho Pblico representativas de intereses econmicos y profesionales ajustarn su actuacin a su legislacin especfica. En tanto no se complete esta legislacin les sern de aplicacin las prescripciones de esta Ley en lo que proceda.

Disposicin transitoria segunda. Rgimen Transitorio de los Procedimientos.

1. A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les ser de aplicacin la misma, rigindose por la normativa anterior.

2. Los procedimientos iniciados durante el plazo de adecuacin contemplado en la disposicin adicional tercera se regirn por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de aplicacin, salvo que con anterioridad a la expiracin de tal plazo haya entrado en vigor la normativa de adecuacin correspondiente, en cuyo caso, los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, se regularn por la citada normativa.

3. A los procedimientos iniciados con posterioridad al trmino del plazo a que se refiere la disposicin adicional tercera les ser de aplicacin, en todo caso, lo dispuesto en la presente Ley.

Disposicin transitoria tercera. Rgimen transitorio de la notificacin por medio de anuncios.

Lo dispuesto en el apartado 5 del artculo 59 y en la Disposicin adicional vigsima primera resultar de aplicacin a partir del 1 de junio de 2015, tanto a los procedimientos que se inicien con posterioridad a esa fecha como a los ya iniciados.

Disposicin derogatoria.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) De la Ley de Rgimen Jurdico de la Administracin del Estado, de 26 de julio de 1957; los puntos 3 y 5 del artculo 22, los artculos 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.

b) De la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958: El Ttulo Preliminar, los Captulos primero, segundo y cuarto del Ttulo Primero, el Ttulo Segundo, los artculos 29 y 30, el artculo 34, en sus puntos 2 y 3, el artculo 35, los Captulos segundo, tercero, cuarto y quinto del Ttulo Tercero, el Ttulo Cuarto, el Ttulo Quinto y los Captulos segundo y tercero del Ttulo Sexto.

c) De la Ley Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, los artculos 52, 53, 54 y 55.

3. Se declaran expresamente en vigor las normas, cualquiera que sea su rango, que regulen procedimientos de las Administraciones Pblicas en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

4. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente debern entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma materia que aqullas.

Disposicin final. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicacin y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

La presente Ley entrar en vigor tres meses despus de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 26 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZLEZ MRQUEZ

INFORMACIN RELACIONADA:

- Vase la Sentencia del TC 50/1999, de 6 de abril. Ref. BOE-T-1999-9294. que declara contrario al orden constitucional de competencias lo indicado del art.17.1 y los arts. 23.1 y 2, 24.1, 2 y 3, 25.2 y 3 y 27.2, 3 y 5

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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