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Legislación consolidada

Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institucin del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autnomas.

Publicado en: BOE núm. 271, de 12/11/1985.
Entrada en vigor: 02/12/1985
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1985-23210
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/1985/11/06/36/con

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 12/11/1985


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS l

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

PREAMBULO

En el proceso de desarrollo de las instituciones propias de las Comunidades Autnomas tiene singular importancia regular el sistema de relaciones entre el Defensor del Pueblo -institucin regulada en el artculo 54 de la Constitucin- y las figuras similares previstas en los respectivos Estatutos de Autonoma o, en su caso, en Leyes aprobadas por las Comunidades Autnomas y cuya finalidad bsica y comn es tambin la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Ttulo I de la Constitucin, con la facultad de supervisar la actividad de la Administracin Pblica en el mbito de cada Comunidad Autnoma.

La existencia de estas instituciones, con la ndole jurdica de Comisionados del rgano Parlamentario Autonmico, est prevista en diversos Estatutos de Autonoma.

La preeminente finalidad de estas instituciones y sus especiales caractersticas requieren que sean dotadas de las prerrogativas y garantas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones, con independencia y efectividad, similarmente a lo dispuesto por la Ley Orgnica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo,

De otra parte, es necesario establecer, con carcter general, las adecuadas normas que desarrollen y concreten el modo de aplicacin de los principios bsicos de coordinacin y cooperacin previstos en el artculo 12.2 de la mencionada Ley Orgnica, respetando siempre lo establecido en la Constitucin y en los respectivos Estatutos de Autonoma.

La conveniencia de lograr una articulacin razonable en el ejercicio de las funciones propias del Defensor del Pueblo y de dichos Comisionados Parlamentarios justifica la presente Ley de Cortes Generales, que facilitar la ulterior formulacin de las Leyes propias de cada Comunidad Autnoma.


[Bloque 2: #aprimero]

Artculo primero. Prerrogativas y garantas.

1. Los titulares de las Instituciones autonmicas similares al Defensor del Pueblo, Comisionados territoriales de las respectivas Asambleas Legislativas, gozarn, durante el ejercicio de su cargo, de las garantas de inviolabilidad e inmunidad que se otorgan a los miembros de aqullas en los respectivos Estatutos de Autonoma.

El aforamiento especial se entender referido a la Sala correspondiente de los Tribunales Superiores de Justicia en cada mbito territorial.

2. Sern igualmente aplicables a dichas instituciones autonmicas, siempre dentro del respectivo mbito de competencia estatutaria, las siguientes garantas establecidas en la Ley Orgnica 3/1981, de 6 de abril, para el Defensor del Pueblo:

a) Las preceptuadas en los artculos 16 (inviolabilidad de la correspondencia y otras comunicaciones), 19 (cooperacin de los Poderes Pblicos), 24 (medidas en caso de entorpecimiento o resistencia a la actuacin investigadora) y 26 (ejercicio de acciones de responsabilidad).

b) La contenida en el artculo 25.2 de la misma Ley (denuncia de infracciones e irregularidades), entendindose que, en tales casos, la relacin del Comisionado parlamentario autonmico ser con el Fiscal que corresponda en el respectivo mbito territorial.

c) Cuando los supuestos previstos en el apartado anterior hagan referencia a actividades de las Administraciones pblicas no autonmicas, el Comisionado parlamentario de la Comunidad Autnoma notificar al Defensor del Pueblo las infracciones e irregularidades que haya observado. El Defensor del Pueblo, atendiendo dicha informacin, podr intervenir en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgnica 3/1981, de 6 de abril, e informar al respectivo Comisionado parlamentario de sus gestiones ante el Fiscal General del Estado y del resultado de la misma.

3. Las prerrogativas y garantas que se reconocen a los Comisionados parlamentarios autonmicos sern tambin aplicables, en su caso, a los Adjuntos durante el ejercicio de sus funciones.

4. La declaracin de los estados de excepcin o de sitio no interrumpirn la actividad de los Comisionados de los Parlamentos autonmicos, ni el derecho de las personas afectadas de acceder ellos, siempre dentro del respeto a lo preceptuado en los artculos 55 y 116 de la Constitucin y en las Leyes Orgnicas que los desarrollan.


[Bloque 3: #asegundo]

Artculo segundo. Rgimen de colaboracin y coordinacin de las instituciones.

1. La proteccin de los derechos y libertades reconocidos en el Ttulo I de la Constitucin y la supervisin, a estos efectos, de la actividad de la Administracin pblica propia de cada Comunidad Autnoma, as como de las Administraciones de los Entes Locales, cuando acten en ejercicio de competencias delegadas por aqulla, se podr realizar, de oficio o a instancia de parte, por el Defensor del Pueblo y el Comisionado parlamentario autonmico en rgimen de cooperacin, segn lo establecido en el apartado segundo de este artculo, en todo aquello que afecte a materias sobre las cuales se atribuyan competencias a la Comunidad Autnoma en la Constitucin y en el respectivo Estatuto de Autonoma y sin mengua de lo establecido en cuanto a facultades del Defensor del Pueblo por la Constitucin y por la Ley Orgnica 3/1981, de 6 de abril.

2. A fin de desarrollar y concretar adecuadamente la colaboracin y coordinacin entre el Defensor del Pueblo y los Comisionados parlamentarios autonmicos, se concertarn entre ellos acuerdos sobre los mbitos de actuacin de las Administraciones pblicas objeto de supervisin, los supuestos de actuacin de los Comisionados parlamentarios, las facultades que puedan ejercitar, el procedimiento de comunicacin entre el Defensor del Pueblo y cada uno de dichos Comisionados parlamentarios, y la duracin de los propios acuerdos.

3. En la supervisin de la actividad de rganos de la Administracin pblica estatal, que radiquen en el territorio de cada Comunidad Autnoma, el Defensor del Pueblo podr recabar la colaboracin del respectivo Comisionado parlamentario para la mejor eficacia de sus gestiones y recibir de l las quejas que le hubieran sido remitidas sobre la actividad de dichos rganos de la Administracin pblica estatal. A su vez, el Defensor del Pueblo podr informar al Comisionado parlamentario autonmico del resultado de sus gestiones.


[Bloque 4: #da]

DISPOSICIN ADICIONAL

A los Comisionados parlamentarios a los que se refiere la presente Ley, as como a sus Adjuntos, que ostentasen al momento del nombramiento la condicin de funcionario pblico en situacin administrativa de activo, les ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo 29.2.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pasando a la situacin administrativa de servicios especiales en su Cuerpo o Escala de procedencia, mientras se encuentren desempeando tal cargo.


[Bloque 5: #dt]

DISPOSICIN TRANSITORIA

Hasta que se constituyan los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autnomas, ser competente para actuar, en los supuestos a que se refiere el apartado primero del artculo primero de esta Ley, el Pleno de la Audiencia Territorial correspondiente.

No obstante, en aquellas Comunidades Autnomas en cuyo territorio existiese ms de una Audiencia Territorial, la competencia vendr atribuida a la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional.


[Bloque 6: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 6 de noviembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZLEZ MRQUEZ

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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