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Legislación consolidada

Ley Orgnica 1/1982, de 5 de mayo, de proteccin civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Publicado en: BOE núm. 115, de 14/05/1982.
Entrada en vigor: 03/06/1982
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1982-11196
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/1982/05/05/1/con

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 23/06/2010

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica:

Conforme al artculo dieciocho, uno, de la Constitucin, los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tienen el rango de fundamentales, y hasta tal punto aparecen realzados en el texto constitucional que el artculo veinte, cuatro, dispone que el respeto de tales derechos constituya un lmite al ejercicio de las libertades de expresin que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carcter de fundamentales.

El desarrollo mediante la correspondiente Ley Orgnica, a tenor del artculo ochenta y uno, uno, de la Constitucin, del principio general de garanta de tales derechos contenidos en el citado artculo dieciocho, uno, de la misma constituye la finalidad de la presente ley.

Establece el artculo primero de la misma la proteccin civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen frente a todos gnero de injerencia o intromisiones ilegtimas. Pero no puede ignorar que algunos de esos derechos gozan o previsiblemente gozarn de una proteccin penal. As ocurre con el derecho al honor, amparado por las prescripciones contenidas en el libro II, ttulo X, del vigente Cdigo Penal, y con determinados aspectos del derecho a la intimidad personal y familiar que son objeto de una proteccin de esa naturaleza en el proyecto de nuevo Cdigo Penal recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.

Por ello en los casos que exista la proteccin penal tendr sta preferente aplicacin, por ser sin duda la de ms fuerte efectividad, si bien la responsabilidad civil derivada del delito se deber fijar de acuerdo con los criterios que esta ley establece.

Los derechos garantizados por la ley han sido encuadrados por la doctrina jurdica ms autorizada entre los derechos de la personalidad, calificacin de la que obviamente se desprende el carcter de irrenunciable irrenunciabilidad referida con carcter genrico a la proteccin civil que la ley establece.

En el artculo segundo se regula el mbito de proteccin de los derechos a que se refiere. Adems de la delimitacin que pueda resultar de las leyes, se estima razonable admitir que en lo no previsto por ellas la esfera del honor, de la intimidad personal y familiar y del uso de la imagen est determinada de manera decisiva por las ideas que prevalezcan en cada momento en la Sociedad y por el propio concepto que cada persona segn sus actos propios mantenga al respecto y determine sus pautas de comportamiento. De esta forma la cuestin se resuelve en la ley en trminos que permiten al juzgador la prudente determinacin de la esfera de proteccin en funcin de datos variables segn los tiempos y las personas.

Los derechos protegidos en la ley no pueden considerarse absolutamente ilimitados. En primer lugar, los imperativos del inters pblico pueden hacer que por ley se autoricen expresamente determinadas entradas en el mbito de la intimidad, que no podrn ser reputadas legtimas. De otro lado, tampoco tendrn este carcter las consentidas por el propio interesado, posibilidad sta que no se opone a la irrenunciabilidad abstracta de dichos derechos pues ese consentimiento no implica la absoluta abdicacin de los mismos sino tan slo el parcial desprendimiento de alguna de las facultades que los integran. Ahora bien, la ley exige que el consentimiento sea expreso, y dada la ndole particular de estos derechos permite que pueda ser revocado en cualquier momento, aunque con indemnizacin de los perjuicios que de la revocacin se siguieren al destinatario del mismo. El otorgamiento del consentimiento cuando se trate de menores o incapacitados es objeto de las prescripciones contenidas en el artculo tercero.

En los artculos cuarto al sexto de la ley se contempla el supuesto de fallecimiento del titular del derecho lesionado. Las consecuencias del mismo en orden a la proteccin de estos derechos se determinan segn el momento en que la lesin se produjo. Aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad la memoria de aqul constituye una prolongacin de esta ltima que debe tambin ser tutelada por el Derecho, por ello, se atribuye la proteccin en el caso de que la lesin se hubiera producido despus del fallecimiento de una persona a quien sta hubiera designado en su testamento, en defecto de ella a los parientes supervivientes, y en ltimo trmino, al Ministerio Fiscal con una limitacin temporal que se ha estimado prudente. En el caso de que la lesin tenga lugar antes del fallecimiento sin que el titular del derecho lesionado ejerciera las acciones reconocidas en la ley, slo subsistirn stas si no hubieran podido ser ejercitadas por aqul o por su representante legal, pues si se pudo ejercitarlas y no se hizo existe una fundada presuncin de que los actos que objetivamente pudieran constituir lesiones no merecieron esa consideracin a los ojos del perjudicado o su representante legal. En cambio, la accin ya entablada s ser transmisible porque en este caso existe una expectativa de derecho a la indemnizacin.

La definicin de las intromisiones o injerencias ilegtimas en el mbito protegido se lleva a cabo en los artculos sptimo y octavo de la ley. El primero de ellos recoge en trminos de razonable amplitud diversos supuestos de intromisin o injerencia que pueden darse en la vida real y coinciden con los previstos en las legislaciones protectoras existentes en otros pases de desarrollo social y tecnolgico igual o superior al nuestro. No obstante, existen casos en que tales injerencias o intromisiones no pueden considerarse ilegtimas en virtud de razones de inters pblico que imponen una limitacin de los derechos individuales, como son los indicados en el artculo octavo de la ley.

Por ltimo, la ley fija, en su artculo noveno, de acuerdo con lo prevenido en el artculo cincuenta y tres, dos, de la Constitucin, el cauce legal para la defensa frente a las injerencias o intromisiones ilegtimas, as como las pretensiones que podr deducir el perjudicado. En lo que respecta a la indemnizacin de perjuicios, se presume que stos existen en todo caso de injerencias o intromisiones acreditadas, y comprendern no slo la de los perjuicios materiales, sino tambin la de los morales, de especial relevancia en este tipo de actos ilcitos. En tanto no sea regulado el amparo judicial, se considera de aplicacin al efecto la Ley de Proteccin Jurisdiccional de los derechos de la persona de veintisis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, a cuyo mbito de proteccin han quedado incorporados los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen por la disposicin transitoria segunda, dos, de la Ley Orgnica dos/mil novecientos setenta y nueve, de tres de octubre, del Tribunal Constitucional.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artculo primero

1. El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artculo dieciocho de la Constitucin, ser protegido civilmente frente a todo gnero de intromisiones ilegtimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgnica.

2. El carcter delictivo de la intromisin no impedir el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artculo 9. de esta Ley. En cualquier caso, sern aplicables los criterios de esta Ley para la determinacin de la responsabilidad civil derivada de delito.

3. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es errenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la proteccin prevista en esta ley ser nula, sin perjuicio de los supuestos de autorizacin o consentimiento a que se refiere el artculo segundo de esta ley.

Artculo segundo

Uno. La proteccin civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedar delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al mbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para s misma o su familia.

Dos. No se apreciar la existencia de intromisin ilegtima en el mbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso o, por imperativo del artculo 71 de la Constitucin, cuando se trate de opiniones manifestadas por Diputados o Senadores en el ejercicio de sus funciones. Iniciado un proceso civil en aplicacin de la presente Ley, no podr seguirse contra un Diputado o Senador sin la previa autorizacin del Congreso de los Diputados o del Senado.

La previa autorizacin ser tramitada por el procedimiento previsto para los suplicatorios.

Declarada la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del apartado 2 por Sentencia del TC 9/1990 de 18 de enero.Ref. BOE-T-1990-3964.

Tres. El consentimiento a que se refiere el prrafo anterior ser revocable en cualquier momento, pero habrn de indemnizarse en su caso, los daos y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas.

Artculo tercero

Uno. El consentimiento de los menores e incapaces deber prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislacin civil.

Dos. En los restantes casos, el consentimiento habr de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estar obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho das el Ministerio Fiscal se opusiere, resolver el Juez.

Artculo cuarto

Uno. El ejercicio de las acciones de proteccin civil del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida corresponde a quien sta haya designado a tal efecto en su testamento. La designacin puede recaer en una persona jurdica.

Dos. No existiendo designacin o habiendo fallecido la persona designada, estarn legitimados para recabar la proteccin el cnyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento.

Tres. A falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de proteccin corresponder al Ministerio Fiscal, que podr actuar de oficio a instancia de persona interesada, siempre que no hubieren transcurrido ms de ochenta aos desde el fallecimiento del afectado. El mismo plazo se observar cuando el ejercicio de las acciones mencionadas corresponda a una persona jurdica designada en testamento.

Cuatro. En los supuestos de intromisin ilegtima en los derechos de las vctimas de un delito a que se refiere el apartado ocho del artculo sptimo, estar legitimado para ejercer las acciones de proteccin el ofendido o perjudicado por el delito cometido, haya o no ejercido la accin penal o civil en el proceso penal precedente. Tambin estar legitimado en todo caso el Ministerio Fiscal. En los supuestos de fallecimiento, se estar a lo dispuesto en los apartados anteriores.

Artculo quinto

Uno. Cuando sobrevivan varios parientes de los sealados en el artculo anterior, cualquiera de ellos podr ejercer las acciones previstas para la proteccin de los derechos del fallecido.

Dos. La misma regla se aplicar, salvo disposicin en contrario del fallecido, cuando hayan sido varias las personas designadas en su testamento.

Artculo sexto

Uno. Cuando el titular del derecho lesionado fallezca sin haber podido ejercitar por s o por su representante legal las acciones previstas en esta ley, por las circunstancias en que la lesin se produjo, las referidas acciones podrn ejercitarse por las personas sealadas en el artculo cuarto.

Dos. Las mismas personas podrn continuar la accin ya entablada por el titular del derecho lesionado cuando falleciere.

CAPITULO II

De la proteccin civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen

Artculo sptimo

Tendrn la consideracin de intromisiones ilegtimas en el mbito de proteccin delimitado por el artculo segundo de esta Ley:

1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmacin, de dispositivos pticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida ntima de las personas.

2. La utilizacin de aparatos de escucha, dispositivos pticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida ntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, as como su grabacin, registro o reproduccin.

3. La divulgacin de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputacin y buen nombre, as como la revelacin o publicacin del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carcter ntimo.

4. La revelacin de datos privados de una persona o familia conocidos a travs de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

5. La captacin, reproduccin o publicacin por fotografa, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artculo octavo, dos.

6. La utilizacin del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza anloga.

7. La imputacin de hechos o la manifestacin de juicios de valor a travs de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimacin.

8. La utilizacin del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pblica u obtener provecho econmico, o la divulgacin de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las vctimas.

Artculo octavo

Uno. No se reputar, con carcter general, intromisiones ilegtimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un inters histrico, cientfico o cultural relevante.

Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedir:

a) Su captacin, reproduccin o publicacin por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo pblico o una profesin de notoriedad o proyeccin pblica y la imagen se capte durante un acto pblico o en lugares abiertos al pblico.

b) La utilizacin de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.

c) La informacin grfica sobre un suceso o acaecimiento pblico cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

Las excepciones contempladas en los prrafos a) y b) no sern de aplicacin respecto de las autoridades o personas que desempeen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.

Artculo noveno

Uno. La tutela judicial frente a las intromisiones ilegtimas en los derechos a que se refiere la presente Ley podr recabarse por las vas procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el artculo 53.2 de la Constitucin. Tambin podr acudirse, cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Dos. La tutela judicial comprender la adopcin de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisin ilegtima de que se trate y, en particular, las necesarias para:

a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaracin de la intromisin sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposicin del estado anterior. En caso de intromisin en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluir, sin perjuicio del derecho de rplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicacin total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusin pblica que tuvo la intromisin sufrida.

b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.

c) La indemnizacin de los daos y perjuicios causados.

d) La apropiacin por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisin ilegtima en sus derechos.

Estas medidas se entendern sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad.

Tres. La existencia de perjuicio se presumir siempre que se acredite la intromisin ilegtima. La indemnizacin se extender al dao moral, que se valorar atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesin efectivamente producida, para lo que se tendr en cuenta, en su caso, la difusin o audiencia del medio a travs del que se haya producido.

Cuatro. El importe de la indemnizacin por el dao moral, en el caso de los tres primeros apartados del artculo cuarto, corresponder a las personas a que se refiere su apartado dos y, en su defecto, a sus causahabientes, en la proporcin en que la sentencia estime que han sido afectados. En los casos del artculo sexto, la indemnizacin se entender comprendida en la herencia del perjudicado.

En el caso del apartado cuatro del artculo cuarto, la indemnizacin corresponder a los ofendidos o perjudicados por el delito que hayan ejercitado la accin. De haberse ejercitado por el Ministerio Fiscal, ste podr solicitar la indemnizacin para todos los perjudicados que hayan resultado debidamente identificados y no hayan renunciado expresamente a ella.

Cinco. Las acciones de proteccin frente a las intromisiones ilegtimas caducarn transcurridos cuatro aos desde que el legitimado pudo ejercitarlas.

DISPOSICIN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley Orgnica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

(Derogada)

Segunda.

En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artculo cincuenta y tres, dos, de la Constitucin sobre establecimiento de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, la tutela judicial de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se podr recabar, con las pecualiaridades que establece esta ley sobre legitimacin de las partes, por cualquiera de los procedimientos establecidos en las Secciones II y III de la Ley sesenta y dos/mil novecientos setenta y ocho, de veintisis de diciembre, de Proteccin Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Agotado el procedimiento seguido, quedar expedito el recurso de amparo constitucional en los supuestos a que se refiere el captulo I, del Ttulo III de la Ley Orgnica dos/mil novecientos setenta y nueve, de tres de octubre, del Tribunal Constitucional.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a cinco de mayo de mil novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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