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Legislación consolidada

Constitucin Espaola.

Publicado en: BOE núm. 311, de 29/12/1978.
Entrada en vigor: 29/12/1978
Departamento: Cortes Generales
Referencia: BOE-A-1978-31229
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 27/09/2011

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIN:

PREMBULO

La Nacin espaola, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberana, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrtica dentro de la Constitucin y de las leyes conforme a un orden econmico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresin de la voluntad popular.

Proteger a todos los espaoles y pueblos de Espaa en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economa para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrtica avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacficas y de eficaz cooperacin entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo espaol ratifica la siguiente

CONSTITUCIN

TTULO PRELIMINAR

Artculo 1

1. Espaa se constituye en un Estado social y democrtico de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurdico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo poltico.

2. La soberana nacional reside en el pueblo espaol, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma poltica del Estado espaol es la Monarqua parlamentaria.

Artculo 2

La Constitucin se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nacin espaola, patria comn e indivisible de todos los espaoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonoma de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artculo 3

1. El castellano es la lengua espaola oficial del Estado. Todos los espaoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las dems lenguas espaolas sern tambin oficiales en las respectivas Comunidades Autnomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingsticas de Espaa es un patrimonio cultural que ser objeto de especial respeto y proteccin.

Artculo 4

1. La bandera de Espaa est formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Los Estatutos podrn reconocer banderas y enseas propias de las Comunidades Autnomas. Estas se utilizarn junto a la bandera de Espaa en sus edificios pblicos y en sus actos oficiales.

Artculo 5

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artculo 6

Los partidos polticos expresan el pluralismo poltico, concurren a la formacin y manifestacin de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participacin poltica. Su creacin y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitucin y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento debern ser democrticos.

Artculo 7

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promocin de los intereses econmicos y sociales que les son propios. Su creacin y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitucin y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento debern ser democrticos.

Artculo 8

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejrcito de Tierra, la Armada y el Ejrcito del Aire, tienen como misin garantizar la soberana e independencia de Espaa, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2. Una ley orgnica regular las bases de la organizacin militar conforme a los principios de la presente Constitucin.

Artculo 9

1. Los ciudadanos y los poderes pblicos estn sujetos a la Constitucin y al resto del ordenamiento jurdico.

2. Corresponde a los poderes pblicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participacin de todos los ciudadanos en la vida poltica, econmica, cultural y social.

3. La Constitucin garantiza el principio de legalidad, la jerarqua normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurdica, la responsabilidad y la interdiccin de la arbitrariedad de los poderes pblicos.

TTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artculo 10

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los dems son fundamento del orden poltico y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitucin reconoce se interpretarn de conformidad con la Declaracin Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espaa.

CAPTULO PRIMERO

De los espaoles y los extranjeros

Artculo 11

1. La nacionalidad espaola se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Ningn espaol de origen podr ser privado de su nacionalidad.

3. El Estado podr concertar tratados de doble nacionalidad con los pases iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculacin con Espaa. En estos mismos pases, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recproco, podrn naturalizarse los espaoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artculo 12

Los espaoles son mayores de edad a los dieciocho aos.

Artculo 13

1. Los extranjeros gozarn en Espaa de las libertades pblicas que garantiza el presente Ttulo en los trminos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los espaoles sern titulares de los derechos reconocidos en el artculo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. La extradicin slo se conceder en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradicin los delitos polticos, no considerndose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecer los trminos en que los ciudadanos de otros pases y los aptridas podrn gozar del derecho de asilo en Espaa.

CAPTULO SEGUNDO

Derechos y libertades

Artculo 14

Los espaoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminacin alguna por razn de nacimiento, raza, sexo, religin, opinin o cualquier otra condicin o circunstancia personal o social.

Seccin 1. De los derechos fundamentales y de las libertades pblicas

Artculo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fsica y moral, sin que, en ningn caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artculo 16

1. Se garantiza la libertad ideolgica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin ms limitacin, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden pblico protegido por la ley.

2. Nadie podr ser obligado a declarar sobre su ideologa, religin o creencias.

3. Ninguna confesin tendr carcter estatal. Los poderes pblicos tendrn en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espaola y mantendrn las consiguientes relaciones de cooperacin con la Iglesia Catlica y las dems confesiones.

Artculo 17

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artculo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detencin preventiva no podr durar ms del tiempo estrictamente necesario para la realizacin de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo mximo de setenta y dos horas, el detenido deber ser puesto en libertad o a disposicin de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detencin, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los trminos que la ley establezca.

4. La ley regular un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposicin judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinar el plazo mximo de duracin de la prisin provisional.

Artculo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podr hacerse en l sin consentimiento del titular o resolucin judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegrficas y telefnicas, salvo resolucin judicial.

4. La ley limitar el uso de la informtica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artculo 19

Los espaoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de Espaa en los trminos que la ley establezca. Este derecho no podr ser limitado por motivos polticos o ideolgicos.

Artculo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproduccin.

b) A la produccin y creacin literaria, artstica, cientfica y tcnica.

c) A la libertad de ctedra.

d) A comunicar o recibir libremente informacin veraz por cualquier medio de difusin. La ley regular el derecho a la clusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningn tipo de censura previa.

3. La ley regular la organizacin y el control parlamentario de los medios de comunicacin social dependientes del Estado o de cualquier ente pblico y garantizar el acceso a dichos medios de los grupos sociales y polticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de Espaa.

4. Estas libertades tienen su lmite en el respeto a los derechos reconocidos en este Ttulo, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la proteccin de la juventud y de la infancia.

5. Slo podr acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de informacin en virtud de resolucin judicial.

Artculo 21

1. Se reconoce el derecho de reunin pacfica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitar autorizacin previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de trnsito pblico y manifestaciones se dar comunicacin previa a la autoridad, que slo podr prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteracin del orden pblico, con peligro para personas o bienes.

Artculo 22

1. Se reconoce el derecho de asociacin.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artculo debern inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones slo podrn ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolucin judicial motivada.

5. Se prohben las asociaciones secretas y las de carcter paramilitar.

Artculo 23

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos pblicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones peridicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos pblicos, con los requisitos que sealen las leyes.

Artculo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legtimos, sin que, en ningn caso, pueda producirse indefensin.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusacin formulada contra ellos, a un proceso pblico sin dilaciones indebidas y con todas las garantas, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra s mismos, a no confesarse culpables y a la presuncin de inocencia.

La ley regular los casos en que, por razn de parentesco o de secreto profesional, no se estar obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artculo 25

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infraccin administrativa, segn la legislacin vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarn orientadas hacia la reeducacin y reinsercin social y no podrn consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisin que estuviere cumpliendo la misma gozar de los derechos fundamentales de este Captulo, a excepcin de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendr derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, as como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administracin civil no podr imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privacin de libertad.

Artculo 26

Se prohben los Tribunales de Honor en el mbito de la Administracin civil y de las organizaciones profesionales.

Artculo 27

1. Todos tienen el derecho a la educacin. Se reconoce la libertad de enseanza.

2. La educacin tendr por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democrticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes pblicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formacin religiosa y moral que est de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseanza bsica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes pblicos garantizan el derecho de todos a la educacin, mediante una programacin general de la enseanza, con participacin efectiva de todos los sectores afectados y la creacin de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas fsicas y jurdicas la libertad de creacin de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrn en el control y gestin de todos los centros sostenidos por la Administracin con fondos pblicos, en los trminos que la ley establezca.

8. Los poderes pblicos inspeccionarn y homologarn el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes pblicos ayudarn a los centros docentes que renan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonoma de las Universidades, en los trminos que la ley establezca.

Artculo 28

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podr limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los dems Cuerpos sometidos a disciplina militar y regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios pblicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su eleccin, as como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podr ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecer las garantas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artculo 29

1. Todos los espaoles tendrn el derecho de peticin individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrn ejercer este derecho slo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislacin especfica.

Seccin 2. De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artculo 30

1. Los espaoles tienen el derecho y el deber de defender a Espaa.

2. La ley fijar las obligaciones militares de los espaoles y regular, con las debidas garantas, la objecin de conciencia, as como las dems causas de exencin del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestacin social sustitutoria.

3. Podr establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de inters general.

4. Mediante ley podrn regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catstrofe o calamidad pblica.

Artculo 31

1. Todos contribuirn al sostenimiento de los gastos pblicos de acuerdo con su capacidad econmica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningn caso, tendr alcance confiscatorio.

2. El gasto pblico realizar una asignacin equitativa de los recursos pblicos, y su programacin y ejecucin respondern a los criterios de eficiencia y economa.

3. Slo podrn establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carcter pblico con arreglo a la ley.

Artculo 32

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurdica.

2. La ley regular las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cnyuges, las causas de separacin y disolucin y sus efectos.

Artculo 33

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La funcin social de estos derechos delimitar su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podr ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pblica o inters social, mediante la correspondiente indemnizacin y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artculo 34

1. Se reconoce el derecho de fundacin para fines de inters general, con arreglo a la ley.

2. Regir tambin para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artculo 22.

Artculo 35

1. Todos los espaoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre eleccin de profesin u oficio, a la promocin a travs del trabajo y a una remuneracin suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningn caso pueda hacerse discriminacin por razn de sexo.

2. La ley regular un estatuto de los trabajadores.

Artculo 36

La ley regular las peculiaridades propias del rgimen jurdico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios debern ser democrticos.

Artculo 37

1. La ley garantizar el derecho a la negociacin colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, as como la fuerza vinculante de los convenios.

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluir las garantas precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artculo 38

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economa de mercado. Los poderes pblicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economa general y, en su caso, de la planificacin.

CAPTULO TERCERO

De los principios rectores de la poltica social y econmica

Artculo 39

1. Los poderes pblicos aseguran la proteccin social, econmica y jurdica de la familia.

2. Los poderes pblicos aseguran, asimismo, la proteccin integral de los hijos, iguales stos ante la ley con independencia de su filiacin, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitar la investigacin de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minora de edad y en los dems casos en que legalmente proceda.

4. Los nios gozarn de la proteccin prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artculo 40

1. Los poderes pblicos promovern las condiciones favorables para el progreso social y econmico y para una distribucin de la renta regional y personal ms equitativa, en el marco de una poltica de estabilidad econmica. De manera especial realizarn una poltica orientada al pleno empleo.

2. Asimismo, los poderes pblicos fomentarn una poltica que garantice la formacin y readaptacin profesionales; velarn por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarn el descanso necesario, mediante la limitacin de la jornada laboral, las vacaciones peridicas retribuidas y la promocin de centros adecuados.

Artculo 41

Los poderes pblicos mantendrn un rgimen pblico de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias sern libres.

Artculo 42

El Estado velar especialmente por la salvaguardia de los derechos econmicos y sociales de los trabajadores espaoles en el extranjero y orientar su poltica hacia su retorno.

Artculo 43

1. Se reconoce el derecho a la proteccin de la salud.

2. Compete a los poderes pblicos organizar y tutelar la salud pblica a travs de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecer los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes pblicos fomentarn la educacin sanitaria, la educacin fsica y el deporte. Asimismo facilitarn la adecuada utilizacin del ocio.

Artculo 44

1. Los poderes pblicos promovern y tutelarn el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2. Los poderes pblicos promovern la ciencia y la investigacin cientfica y tcnica en beneficio del inters general.

Artculo 45

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, as como el deber de conservarlo.

2. Los poderes pblicos velarn por la utilizacin racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyndose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los trminos que la ley fije se establecern sanciones penales o, en su caso, administrativas, as como la obligacin de reparar el dao causado.

Artculo 46

Los poderes pblicos garantizarn la conservacin y promovern el enriquecimiento del patrimonio histrico, cultural y artstico de los pueblos de Espaa y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su rgimen jurdico y su titularidad. La ley penal sancionar los atentados contra este patrimonio.

Artculo 47

Todos los espaoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes pblicos promovern las condiciones necesarias y establecern las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizacin del suelo de acuerdo con el inters general para impedir la especulacin. La comunidad participar en las plusvalas que genere la accin urbanstica de los entes pblicos.

Artculo 48

Los poderes pblicos promovern las condiciones para la participacin libre y eficaz de la juventud en el desarrollo poltico, social, econmico y cultural.

Artculo 49

Los poderes pblicos realizarn una poltica de previsin, tratamiento, rehabilitacin e integracin de los disminuidos fsicos, sensoriales y psquicos a los que prestarn la atencin especializada que requieran y los ampararn especialmente para el disfrute de los derechos que este Ttulo otorga a todos los ciudadanos.

Artculo 50

Los poderes pblicos garantizarn, mediante pensiones adecuadas y peridicamente actualizadas, la suficiencia econmica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promovern su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atendern sus problemas especficos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artculo 51

1. Los poderes pblicos garantizarn la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legtimos intereses econmicos de los mismos.

2. Los poderes pblicos promovern la informacin y la educacin de los consumidores y usuarios, fomentarn sus organizaciones y oirn a stas en las cuestiones que puedan afectar a aqullos, en los trminos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regular el comercio interior y el rgimen de autorizacin de productos comerciales.

Artculo 52

La ley regular las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses econmicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento debern ser democrticos.

CAPTULO CUARTO

De las garantas de las libertades y derechos fundamentales

Artculo 53

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Captulo segundo del presente Ttulo vinculan a todos los poderes pblicos. Slo por ley, que en todo caso deber respetar su contenido esencial, podr regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarn de acuerdo con lo previsto en el artculo 161, 1, a).

2. Cualquier ciudadano podr recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artculo 14 y la Seccin primera del Captulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a travs del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este ltimo recurso ser aplicable a la objecin de conciencia reconocida en el artculo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la proteccin de los principios reconocidos en el Captulo tercero informarn la legislacin positiva, la prctica judicial y la actuacin de los poderes pblicos. Slo podrn ser alegados ante la Jurisdiccin ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artculo 54

Una ley orgnica regular la institucin del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por stas para la defensa de los derechos comprendidos en este Ttulo, a cuyo efecto podr supervisar la actividad de la Administracin, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPTULO QUINTO

De la suspensin de los derechos y libertades

Artculo 55

1. Los derechos reconocidos en los artculos 17, 18, apartados 2 y 3, artculos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artculos 21, 28, apartado 2, y artculo 37, apartado 2, podrn ser suspendidos cuando se acuerde la declaracin del estado de excepcin o de sitio en los trminos previstos en la Constitucin. Se excepta de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artculo 17 para el supuesto de declaracin de estado de excepcin.

2. Una ley orgnica podr determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervencin judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artculos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relacin con las investigaciones correspondientes a la actuacin de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilizacin injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgnica producir responsabilidad penal, como violacin de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

TTULO II

De la Corona

Artculo 56

1. El Rey es el Jefe del Estado, smbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la ms alta representacin del Estado espaol en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histrica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitucin y las leyes.

2. Su ttulo es el de Rey de Espaa y podr utilizar los dems que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no est sujeta a responsabilidad. Sus actos estarn siempre refrendados en la forma establecida en el artculo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artculo 65, 2.

Artculo 57

1. La Corona de Espaa es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbn, legtimo heredero de la dinasta histrica. La sucesin en el trono seguir el orden regular de primogenitura y representacin, siendo preferida siempre la lnea anterior a las posteriores; en la misma lnea, el grado ms prximo al ms remoto; en el mismo grado, el varn a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de ms edad a la de menos.

2. El Prncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendr la dignidad de Prncipe de Asturias y los dems ttulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de Espaa.

3. Extinguidas todas las lneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveern a la sucesin en la Corona en la forma que ms convenga a los intereses de Espaa.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesin en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibicin del Rey y de las Cortes Generales, quedarn excluidas en la sucesin a la Corona por s y sus descendientes.

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesin a la Corona se resolvern por una ley orgnica.

Artculo 58

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrn asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artculo 59

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad ms prximo a suceder en la Corona, segn el orden establecido en la Constitucin, entrar a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercer durante el tiempo de la minora de edad del Rey.

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrar a ejercer inmediatamente la Regencia el Prncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se proceder de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Prncipe heredero alcance la mayora de edad.

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, sta ser nombrada por las Cortes Generales, y se compondr de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser espaol y mayor de edad.

5. La Regencia se ejercer por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artculo 60

1. Ser tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y espaol de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, ser tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarn las Cortes Generales, pero no podrn acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es tambin incompatible con el de todo cargo o representacin poltica.

Artculo 61

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestar juramento de desempear fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitucin y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autnomas.

2. El Prncipe heredero, al alcanzar la mayora de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarn el mismo juramento, as como el de fidelidad al Rey.

Artculo 62

Corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar las leyes.

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los trminos previstos en la Constitucin.

c) Convocar a referndum en los casos previstos en la Constitucin.

d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, as como poner fin a sus funciones en los trminos previstos en la Constitucin.

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a peticin del Presidente del Gobierno.

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podr autorizar indultos generales.

j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artculo 63

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomticos. Los representantes extranjeros en Espaa estn acreditados ante l.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitucin y las leyes.

3. Al Rey corresponde, previa autorizacin de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artculo 64

1. Los actos del Rey sern refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolucin prevista en el artculo 99, sern refrendados por el Presidente del Congreso.

2. De los actos del Rey sern responsables las personas que los refrenden.

Artculo 65

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

TTULO III

De las Cortes Generales

CAPTULO PRIMERO

De las Cmaras

Artculo 66

1. Las Cortes Generales representan al pueblo espaol y estn formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la accin del Gobierno y tienen las dems competencias que les atribuya la Constitucin.

3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artculo 67

1. Nadie podr ser miembro de las dos Cmaras simultneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autnoma con la de Diputado al Congreso.

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarn ligados por mandato imperativo.

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularn a las Cmaras, y no podrn ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artculo 68

1. El Congreso se compone de un mnimo de 300 y un mximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los trminos que establezca la ley.

2. La circunscripcin electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarn representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuir el nmero total de Diputados, asignando una representacin mnima inicial a cada circunscripcin y distribuyendo los dems en proporcin a la poblacin.

3. La eleccin se verificar en cada circunscripcin atendiendo a criterios de representacin proporcional.

4. El Congreso es elegido por cuatro aos. El mandato de los Diputados termina cuatro aos despus de su eleccin o el da de la disolucin de la Cmara.

5. Son electores y elegibles todos los espaoles que estn en pleno uso de sus derechos polticos.

La ley reconocer y el Estado facilitar el ejercicio del derecho de sufragio a los espaoles que se encuentren fuera del territorio de Espaa.

6. Las elecciones tendrn lugar entre los treinta das y sesenta das desde la terminacin del mandato. El Congreso electo deber ser convocado dentro de los veinticinco das siguientes a la celebracin de las elecciones.

Artculo 69

1. El Senado es la Cmara de representacin territorial.

2. En cada provincia se elegirn cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los trminos que seale una ley orgnica.

3. En las provincias insulares, cada isla o agrupacin de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituir una circunscripcin a efectos de eleccin de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirn cada una de ellas dos Senadores.

5. Las Comunidades Autnomas designarn adems un Senador y otro ms por cada milln de habitantes de su respectivo territorio. La designacin corresponder a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al rgano colegiado superior de la Comunidad Autnoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarn, en todo caso, la adecuada representacin proporcional.

6. El Senado es elegido por cuatro aos. El mandato de los Senadores termina cuatro aos despus de su eleccin o el da de la disolucin de la Cmara.

Artculo 70

1. La ley electoral determinar las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprendern, en todo caso:

a) A los componentes del Tribunal Constitucional.

b) A los altos cargos de la Administracin del Estado que determine la ley, con la excepcin de los miembros del Gobierno.

c) Al Defensor del Pueblo.

d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Polica en activo.

f) A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cmaras estar sometida al control judicial, en los trminos que establezca la ley electoral.

Artculo 71

1. Los Diputados y Senadores gozarn de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el perodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarn asimismo de inmunidad y slo podrn ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrn ser inculpados ni procesados sin la previa autorizacin de la Cmara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores ser competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

4. Los Diputados y Senadores percibirn una asignacin que ser fijada por las respectivas Cmaras.

Artculo 72

1. Las Cmaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autnomamente sus presupuestos y, de comn acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma sern sometidos a una votacin final sobre su totalidad, que requerir la mayora absoluta.

2. Las Cmaras eligen sus respectivos Presidentes y los dems miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas sern presididas por el Presidente del Congreso y se regirn por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayora absoluta de cada Cmara.

3. Los Presidentes de las Cmaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de polica en el interior de sus respectivas sedes.

Artculo 73

1. Las Cmaras se reunirn anualmente en dos perodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

2. Las Cmaras podrn reunirse en sesiones extraordinarias a peticin del Gobierno, de la Diputacin Permanente o de la mayora absoluta de los miembros de cualquiera de las Cmaras. Las sesiones extraordinarias debern convocarse sobre un orden del da determinado y sern clausuradas una vez que ste haya sido agotado.

Artculo 74

1. Las Cmaras se reunirn en sesin conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Ttulo II atribuye expresamente a las Cortes Generales.

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artculos 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptarn por mayora de cada una de las Cmaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciar por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentar obtener por una Comisin Mixta compuesta de igual nmero de Diputados y Senadores. La Comisin presentar un texto que ser votado por ambas Cmaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidir el Congreso por mayora absoluta.

Artculo 75

1. Las Cmaras funcionarn en Pleno y por Comisiones.

2. Las Cmaras podrn delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobacin de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podr, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votacin de cualquier proyecto o proposicin de ley que haya sido objeto de esta delegacin.

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgnicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Artculo 76

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cmaras conjuntamente, podrn nombrar Comisiones de investigacin sobre cualquier asunto de inters pblico. Sus conclusiones no sern vinculantes para los Tribunales, ni afectarn a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigacin sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

2. Ser obligatorio comparecer a requerimiento de las Cmaras. La ley regular las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligacin.

Artculo 77

1. Las Cmaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentacin directa por manifestaciones ciudadanas.

2. Las Cmaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno est obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cmaras lo exijan.

Artculo 78

1. En cada Cmara habr una Diputacin Permanente compuesta por un mnimo de veintin miembros, que representarn a los grupos parlamentarios, en proporcin a su importancia numrica.

2. Las Diputaciones Permanentes estarn presididas por el Presidente de la Cmara respectiva y tendrn como funciones la prevista en el artculo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cmaras, de acuerdo con los artculos 86 y 116, en caso de que stas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cmaras cuando stas no estn reunidas.

3. Expirado el mandato o en caso de disolucin, las Diputaciones Permanentes seguirn ejerciendo sus funciones hasta la constitucin de las nuevas Cortes Generales.

4. Reunida la Cmara correspondiente, la Diputacin Permanente dar cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Artculo 79

1. Para adoptar acuerdos, las Cmaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayora de sus miembros.

2. Dichos acuerdos, para ser vlidos, debern ser aprobados por la mayora de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayoras especiales que establezcan la Constitucin o las leyes orgnicas y las que para eleccin de personas establezcan los Reglamentos de las Cmaras.

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artculo 80

Las sesiones plenarias de las Cmaras sern pblicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cmara, adoptado por mayora absoluta o con arreglo al Reglamento.

CAPTULO SEGUNDO

De la elaboracin de las leyes

Artculo 81

1. Son leyes orgnicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades pblicas, las que aprueben los Estatutos de Autonoma y el rgimen electoral general y las dems previstas en la Constitucin.

2. La aprobacin, modificacin o derogacin de las leyes orgnicas exigir mayora absoluta del Congreso, en una votacin final sobre el conjunto del proyecto.

Artculo 82

1. Las Cortes Generales podrn delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artculo anterior.

2. La delegacin legislativa deber otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formacin de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

3. La delegacin legislativa habr de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijacin del plazo para su ejercicio. La delegacin se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicacin de la norma correspondiente. No podr entenderse concedida de modo implcito o por tiempo indeterminado. Tampoco podr permitir la subdelegacin a autoridades distintas del propio Gobierno.

4. Las leyes de bases delimitarn con precisin el objeto y alcance de la delegacin legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

5. La autorizacin para refundir textos legales determinar el mbito normativo a que se refiere el contenido de la delegacin, especificando si se circunscribe a la mera formulacin de un texto nico o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegacin podrn establecer en cada caso frmulas adicionales de control.

Artculo 83

Las leyes de bases no podrn en ningn caso:

a) Autorizar la modificacin de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carcter retroactivo.

Artculo 84

Cuando una proposicin de ley o una enmienda fuere contraria a una delegacin legislativa en vigor, el Gobierno est facultado para oponerse a su tramitacin. En tal supuesto, podr presentarse una proposicin de ley para la derogacin total o parcial de la ley de delegacin.

Artculo 85

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislacin delegada recibirn el ttulo de Decretos Legislativos.

Artculo 86

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podr dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarn la forma de Decretos-leyes y que no podrn afectar al ordenamiento de las instituciones bsicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Ttulo I, al rgimen de las Comunidades Autnomas ni al Derecho electoral general.

2. Los Decretos-leyes debern ser inmediatamente sometidos a debate y votacin de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta das siguientes a su promulgacin. El Congreso habr de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidacin o derogacin, para lo cual el Reglamento establecer un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrn tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artculo 87

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitucin y los Reglamentos de las Cmaras.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autnomas podrn solicitar del Gobierno la adopcin de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposicin de ley, delegando ante dicha Cmara un mximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

3. Una ley orgnica regular las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentacin de proposiciones de ley. En todo caso se exigirn no menos de 500.000 firmas acreditadas. No proceder dicha iniciativa en materias propias de ley orgnica, tributarias o de carcter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Artculo 88

Los proyectos de ley sern aprobados en Consejo de Ministros, que los someter al Congreso, acompaados de una exposicin de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artculo 89

1. La tramitacin de las proposiciones de ley se regular por los Reglamentos de las Cmaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los trminos regulados por el artculo 87.

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artculo 87, tome en consideracin el Senado, se remitirn al Congreso para su trmite en ste como tal proposicin.

Artculo 90

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgnica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dar inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someter a la deliberacin de ste.

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del da de la recepcin del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deber ser aprobado por mayora absoluta. El proyecto no podr ser sometido al Rey para sancin sin que el Congreso ratifique por mayora absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayora simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposicin del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptndolas o no por mayora simple.

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducir al de veinte das naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Artculo 91

El Rey sancionar en el plazo de quince das las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgar y ordenar su inmediata publicacin.

Artculo 92

1. Las decisiones polticas de especial trascendencia podrn ser sometidas a referndum consultivo de todos los ciudadanos.

2. El referndum ser convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

3. Una ley orgnica regular las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referndum previstas en esta Constitucin.

CAPTULO TERCERO

De los Tratados Internacionales

Artculo 93

Mediante ley orgnica se podr autorizar la celebracin de tratados por los que se atribuya a una organizacin o institucin internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitucin. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, segn los casos, la garanta del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesin.

Artculo 94

1. La prestacin del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerir la previa autorizacin de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

a) Tratados de carcter poltico.

b) Tratados o convenios de carcter militar.

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Ttulo I.

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pblica.

e) Tratados o convenios que supongan modificacin o derogacin de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecucin.

2. El Congreso y el Senado sern inmediatamente informados de la conclusin de los restantes tratados o convenios.

Artculo 95

1. La celebracin de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitucin exigir la previa revisin constitucional.

2. El Gobierno o cualquiera de las Cmaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradiccin.

Artculo 96

1. Los tratados internacionales vlidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en Espaa, formarn parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones slo podrn ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizar el mismo procedimiento previsto para su aprobacin en el artculo 94.

TTULO IV

Del Gobierno y de la Administracin

Artculo 97

El Gobierno dirige la poltica interior y exterior, la Administracin civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la funcin ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitucin y las leyes.

Artculo 98

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los dems miembros que establezca la ley.

2. El Presidente dirige la accin del Gobierno y coordina las funciones de los dems miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de stos en su gestin.

3. Los miembros del Gobierno no podrn ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra funcin pblica que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La ley regular el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artculo 99

1. Despus de cada renovacin del Congreso de los Diputados, y en los dems supuestos constitucionales en que as proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos polticos con representacin parlamentaria, y a travs del Presidente del Congreso, propondr un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondr ante el Congreso de los Diputados el programa poltico del Gobierno que pretenda formar y solicitar la confianza de la Cmara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayora absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrar Presidente. De no alcanzarse dicha mayora, se someter la misma propuesta a nueva votacin cuarenta y ocho horas despus de la anterior, y la confianza se entender otorgada si obtuviere la mayora simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarn sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votacin de investidura, ningn candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolver ambas Cmaras y convocar nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artculo 100

Los dems miembros del Gobierno sern nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

Artculo 101

1. El Gobierno cesa tras la celebracin de elecciones generales, en los casos de prdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitucin, o por dimisin o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuar en funciones hasta la toma de posesin del nuevo Gobierno.

Artculo 102

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los dems miembros del Gobierno ser exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusacin fuere por traicin o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, slo podr ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobacin de la mayora absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no ser aplicable a ninguno de los supuestos del presente artculo.

Artculo 103

1. La Administracin Pblica sirve con objetividad los intereses generales y acta de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqua, descentralizacin, desconcentracin y coordinacin, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los rganos de la Administracin del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regular el estatuto de los funcionarios pblicos, el acceso a la funcin pblica de acuerdo con los principios de mrito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicacin, el sistema de incompatibilidades y las garantas para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artculo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrn como misin proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgnica determinar las funciones, principios bsicos de actuacin y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artculo 105

La ley regular:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a travs de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguacin de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a travs del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artculo 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuacin administrativa, as como el sometimiento de sta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los trminos establecidos por la ley, tendrn derecho a ser indemnizados por toda lesin que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesin sea consecuencia del funcionamiento de los servicios pblicos.

Artculo 107

El Consejo de Estado es el supremo rgano consultivo del Gobierno. Una ley orgnica regular su composicin y competencia.

TTULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Artculo 108

El Gobierno responde solidariamente en su gestin poltica ante el Congreso de los Diputados.

Artculo 109

Las Cmaras y sus Comisiones podrn recabar, a travs de los Presidentes de aqullas, la informacin y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autnomas.

Artculo 110

1. Las Cmaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cmaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse or en ellas, y podrn solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

Artculo 111

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros estn sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cmaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecern un tiempo mnimo semanal.

2. Toda interpelacin podr dar lugar a una mocin en la que la Cmara manifieste su posicin.

Artculo 112

El Presidente del Gobierno, previa deliberacin del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestin de confianza sobre su programa o sobre una declaracin de poltica general. La confianza se entender otorgada cuando vote a favor de la misma la mayora simple de los Diputados.

Artculo 113

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad poltica del Gobierno mediante la adopcin por mayora absoluta de la mocin de censura.

2. La mocin de censura deber ser propuesta al menos por la dcima parte de los Diputados, y habr de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

3. La mocin de censura no podr ser votada hasta que transcurran cinco das desde su presentacin. En los dos primeros das de dicho plazo podrn presentarse mociones alternativas.

4. Si la mocin de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrn presentar otra durante el mismo perodo de sesiones.

Artculo 114

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, ste presentar su dimisin al Rey, procedindose a continuacin a la designacin de Presidente del Gobierno, segn lo dispuesto en el artculo 99.

2. Si el Congreso adopta una mocin de censura, el Gobierno presentar su dimisin al Rey y el candidato incluido en aqulla se entender investido de la confianza de la Cmara a los efectos previstos en el artculo 99. El Rey le nombrar Presidente del Gobierno.

Artculo 115

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberacin del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podr proponer la disolucin del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que ser decretada por el Rey. El decreto de disolucin fijar la fecha de las elecciones.

2. La propuesta de disolucin no podr presentarse cuando est en trmite una mocin de censura.

3. No proceder nueva disolucin antes de que transcurra un ao desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artculo 99, apartado 5.

Artculo 116

1. Una ley orgnica regular los estados de alarma, de excepcin y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma ser declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo mximo de quince das, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorizacin no podr ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinar el mbito territorial a que se extienden los efectos de la declaracin.

3. El estado de excepcin ser declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorizacin del Congreso de los Diputados. La autorizacin y proclamacin del estado de excepcin deber determinar expresamente los efectos del mismo, el mbito territorial a que se extiende y su duracin, que no podr exceder de treinta das, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

4. El estado de sitio ser declarado por la mayora absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinar su mbito territorial, duracin y condiciones.

5. No podr procederse a la disolucin del Congreso mientras estn declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artculo, quedando automticamente convocadas las Cmaras si no estuvieren en perodo de sesiones. Su funcionamiento, as como el de los dems poderes constitucionales del Estado, no podrn interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso sern asumidas por su Diputacin Permanente.

6. La declaracin de los estados de alarma, de excepcin y de sitio no modificarn el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitucin y en las leyes.

TTULO VI

Del Poder Judicial

Artculo 117

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos nicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrn ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantas previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, segn las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercern ms funciones que las sealadas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garanta de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organizacin y funcionamiento de los Tribunales. La ley regular el ejercicio de la jurisdiccin militar en el mbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitucin.

6. Se prohben los Tribunales de excepcin.

Artculo 118

Es obligado cumplir las sentencias y dems resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, as como prestar la colaboracin requerida por stos en el curso del proceso y en la ejecucin de lo resuelto.

Artculo 119

La justicia ser gratuita cuando as lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artculo 120

1. Las actuaciones judiciales sern pblicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. El procedimiento ser predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias sern siempre motivadas y se pronunciarn en audiencia pblica.

Artculo 121

Los daos causados por error judicial, as como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia, darn derecho a una indemnizacin a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artculo 122

1. La ley orgnica del poder judicial determinar la constitucin, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, as como el estatuto jurdico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarn un Cuerpo nico, y del personal al servicio de la Administracin de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el rgano de gobierno del mismo. La ley orgnica establecer su estatuto y el rgimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspeccin y rgimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estar integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidir, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un perodo de cinco aos. De stos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categoras judiciales, en los trminos que establezca la ley orgnica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayora de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con ms de quince aos de ejercicio en su profesin.

Artculo 123

1. El Tribunal Supremo, con jurisdiccin en toda Espaa, es el rgano jurisdiccional superior en todos los rdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantas constitucionales.

2. El Presidente del Tribunal Supremo ser nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artculo 124

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros rganos, tiene por misin promover la accin de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inters pblico tutelado por la ley, de oficio o a peticin de los interesados, as como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante stos la satisfaccin del inters social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de rganos propios conforme a los principios de unidad de actuacin y dependencia jerrquica y con sujecin, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regular el estatuto orgnico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado ser nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, odo el Consejo General del Poder Judicial.

Artculo 125

Los ciudadanos podrn ejercer la accin popular y participar en la Administracin de Justicia mediante la institucin del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, as como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artculo 126

La polica judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguacin del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los trminos que la ley establezca.

Artculo 127

1. Los Jueces y Magistrados as como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrn desempear otros cargos pblicos, ni pertenecer a partidos polticos o sindicatos. La ley establecer el sistema y modalidades de asociacin profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecer el rgimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deber asegurar la total independencia de los mismos.

TTULO VII

Economa y Hacienda

Artculo 128

1. Toda la riqueza del pas en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad est subordinada al inters general.

2. Se reconoce la iniciativa pblica en la actividad econmica. Mediante ley se podr reservar al sector pblico recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervencin de empresas cuando as lo exigiere el inters general.

Artculo 129

1. La ley establecer las formas de participacin de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos pblicos cuya funcin afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes pblicos promovern eficazmente las diversas formas de participacin en la empresa y fomentarn, mediante una legislacin adecuada, las sociedades cooperativas. Tambin establecern los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de produccin.

Artculo 130

1. Los poderes pblicos atendern a la modernizacin y desarrollo de todos los sectores econmicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadera, de la pesca y de la artesana, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los espaoles.

2. Con el mismo fin, se dispensar un tratamiento especial a las zonas de montaa.

Artculo 131

1. El Estado, mediante ley, podr planificar la actividad econmica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su ms justa distribucin.

2. El Gobierno elaborar los proyectos de planificacin, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autnomas y el asesoramiento y colaboracin de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y econmicas. A tal fin se constituir un Consejo, cuya composicin y funciones se desarrollarn por ley.

Artculo 132

1. La ley regular el rgimen jurdico de los bienes de dominio pblico y de los comunales, inspirndose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, as como su desafectacin.

2. Son bienes de dominio pblico estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona martimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona econmica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularn el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administracin, defensa y conservacin.

Artculo 133

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

2. Las Comunidades Autnomas y las Corporaciones locales podrn establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitucin y las leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deber establecerse en virtud de ley.

4. Las administraciones pblicas slo podrn contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artculo 134

1. Corresponde al Gobierno la elaboracin de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobacin.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrn carcter anual, incluirn la totalidad de los gastos e ingresos del sector pblico estatal y en ellos se consignar el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deber presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiracin de los del ao anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer da del ejercicio econmico correspondiente, se considerarn automticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobacin de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podr presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto pblico o disminucin de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposicin o enmienda que suponga aumento de los crditos o disminucin de los ingresos presupuestarios requerir la conformidad del Gobierno para su tramitacin.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podr modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva as lo prevea.

Artculo 135

1. Todas las Administraciones Pblicas adecuarn sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autnomas no podrn incurrir en un dficit estructural que supere los mrgenes establecidos, en su caso, por la Unin Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgnica fijar el dficit estructural mximo permitido al Estado y a las Comunidades Autnomas, en relacin con su producto interior bruto. Las Entidades Locales debern presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autnomas habrn de estar autorizados por ley para emitir deuda pblica o contraer crdito.

Los crditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pblica de las Administraciones se entendern siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozar de prioridad absoluta. Estos crditos no podrn ser objeto de enmienda o modificacin, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisin.

El volumen de deuda pblica del conjunto de las Administraciones Pblicas en relacin con el producto interior bruto del Estado no podr superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea.

4. Los lmites de dficit estructural y de volumen de deuda pblica slo podrn superarse en caso de catstrofes naturales, recesin econmica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situacin financiera o la sostenibilidad econmica o social del Estado, apreciadas por la mayora absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgnica desarrollar los principios a que se refiere este artculo, as como la participacin, en los procedimientos respectivos, de los rganos de coordinacin institucional entre las Administraciones Pblicas en materia de poltica fiscal y financiera. En todo caso, regular:

a) La distribucin de los lmites de dficit y de deuda entre las distintas Administraciones Pblicas, los supuestos excepcionales de superacin de los mismos y la forma y plazo de correccin de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodologa y el procedimiento para el clculo del dficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administracin Pblica en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autnomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los lmites a que se refiere este artculo, adoptarn las disposiciones que procedan para la aplicacin efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Tngase en cuenta que los lmites de dficit estructural establecidos en el apartado 2 entran en vigor a partir de 2020, segn establece la disposicin adicional nica.3 de la Reforma de 27 de septiembre de 2011. Ref. BOE-A-2011-15210.

Artculo 136

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo rgano fiscalizador de las cuentas y de la gestin econmica de Estado, as como del sector pblico.

Depender directamente de las Cortes Generales y ejercer sus funciones por delegacin de ellas en el examen y comprobacin de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector pblico estatal se rendirn al Tribunal de Cuentas y sern censuradas por ste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdiccin, remitir a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicar las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarn de la misma independencia e inamovilidad y estarn sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgnica regular la composicin, organizacin y funciones del Tribunal de Cuentas.

TTULO VIII

De la Organizacin Territorial del Estado

CAPTULO PRIMERO

Principios generales

Artculo 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autnomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonoma para la gestin de sus respectivos intereses.

Artculo 138

1. El Estado garantiza la realizacin efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artculo 2 de la Constitucin, velando por el establecimiento de un equilibrio econmico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio espaol, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autnomas no podrn implicar, en ningn caso, privilegios econmicos o sociales.

Artculo 139

1. Todos los espaoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podr adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulacin y establecimiento de las personas y la libre circulacin de bienes en todo el territorio espaol.

CAPTULO SEGUNDO

De la Administracin Local

Artculo 140

La Constitucin garantiza la autonoma de los municipios. Estos gozarn de personalidad jurdica plena. Su gobierno y administracin corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales sern elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes sern elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regular las condiciones en las que proceda el rgimen del concejo abierto.

Artculo 141

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurdica propia, determinada por la agrupacin de municipios y divisin territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteracin de los lmites provinciales habr de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgnica.

2. El Gobierno y la administracin autnoma de las provincias estarn encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carcter representativo.

3. Se podrn crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipilagos, las islas tendrn adems su administracin propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artculo 142

Las Haciendas locales debern disponer de los medios suficientes para el desempeo de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirn fundamentalmente de tributos propios y de participacin en los del Estado y de las Comunidades Autnomas.

CAPTULO TERCERO

De las Comunidades Autnomas

Artculo 143

1. En el ejercicio del derecho a la autonoma reconocido en el artculo 2 de la Constitucin, las provincias limtrofes con caractersticas histricas, culturales y econmicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histrica podrn acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autnomas con arreglo a lo previsto en este Ttulo y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso autonmico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al rgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya poblacin represente, al menos, la mayora del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos debern ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podr reiterarse pasados cinco aos.

Artculo 144

Las Cortes Generales, mediante ley orgnica, podrn, por motivos de inters nacional:

a) Autorizar la constitucin de una comunidad autnoma cuando su mbito territorial no supere el de una provincia y no rena las condiciones del apartado 1 del artculo 143.

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonoma para territorios que no estn integrados en la organizacin provincial.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artculo 143.

Artculo 145

1. En ningn caso se admitir la federacin de Comunidades Autnomas.

2. Los Estatutos podrn prever los supuestos, requisitos y trminos en que las Comunidades Autnomas podrn celebrar convenios entre s para la gestin y prestacin de servicios propios de las mismas, as como el carcter y efectos de la correspondiente comunicacin a las Cortes Generales. En los dems supuestos, los acuerdos de cooperacin entre las Comunidades Autnomas necesitarn la autorizacin de las Cortes Generales.

Artculo 146

El proyecto de Estatuto ser elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputacin u rgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y ser elevado a las Cortes Generales para su tramitacin como ley.

Artculo 147

1. Dentro de los trminos de la presente Constitucin, los Estatutos sern la norma institucional bsica de cada Comunidad Autnoma y el Estado los reconocer y amparar como parte integrante de su ordenamiento jurdico.

2. Los Estatutos de autonoma debern contener:

a) La denominacin de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histrica.

b) La delimitacin de su territorio.

c) La denominacin, organizacin y sede de las instituciones autnomas propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitucin y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustar al procedimiento establecido en los mismos y requerir, en todo caso, la aprobacin por las Cortes Generales, mediante ley orgnica.

Artculo 148

1. Las Comunidades Autnomas podrn asumir competencias en las siguientes materias:

1. Organizacin de sus instituciones de autogobierno.

2. Las alteraciones de los trminos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administracin del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislacin sobre Rgimen Local.

3. Ordenacin del territorio, urbanismo y vivienda.

4. Las obras pblicas de inters de la Comunidad Autnoma en su propio territorio.

5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle ntegramente en el territorio de la Comunidad Autnoma y, en los mismos trminos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.

6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

7. La agricultura y ganadera, de acuerdo con la ordenacin general de la economa.

8. Los montes y aprovechamientos forestales.

9. La gestin en materia de proteccin del medio ambiente.

10. Los proyectos, construccin y explotacin de los aprovechamientos hidrulicos, canales y regados de inters de la Comunidad Autnoma; las aguas minerales y termales.

11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

12. Ferias interiores.

13. El fomento del desarrollo econmico de la Comunidad Autnoma dentro de los objetivos marcados por la poltica econmica nacional.

14. La artesana.

15. Museos, bibliotecas y conservatorios de msica de inters para la Comunidad Autnoma.

16. Patrimonio monumental de inters de la Comunidad Autnoma.

17. El fomento de la cultura, de la investigacin y, en su caso, de la enseanza de la lengua de la Comunidad Autnoma.

18. Promocin y ordenacin del turismo en su mbito territorial.

19. Promocin del deporte y de la adecuada utilizacin del ocio.

20. Asistencia social.

21. Sanidad e higiene.

22. La vigilancia y proteccin de sus edificios e instalaciones. La coordinacin y dems facultades en relacin con las policas locales en los trminos que establezca una ley orgnica.

2. Transcurridos cinco aos, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autnomas podrn ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artculo 149.

Artculo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1. La regulacin de las condiciones bsicas que garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2. Nacionalidad, inmigracin, emigracin, extranjera y derecho de asilo.

3. Relaciones internacionales.

4. Defensa y Fuerzas Armadas.

5. Administracin de Justicia.

6. Legislacin mercantil, penal y penitenciaria; legislacin procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autnomas.

7. Legislacin laboral; sin perjuicio de su ejecucin por los rganos de las Comunidades Autnomas.

8. Legislacin civil, sin perjuicio de la conservacin, modificacin y desarrollo por las Comunidades Autnomas de los derechos civiles, forales o especiales, all donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicacin y eficacia de las normas jurdicas, relaciones jurdico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenacin de los registros e instrumentos pblicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinacin de las fuentes del Derecho, con respeto, en este ltimo caso, a las normas de derecho foral o especial.

9. Legislacin sobre propiedad intelectual e industrial.

10. Rgimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenacin de crdito, banca y seguros.

12. Legislacin sobre pesas y medidas, determinacin de la hora oficial.

13. Bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica.

14. Hacienda general y Deuda del Estado.

15. Fomento y coordinacin general de la investigacin cientfica y tcnica.

16. Sanidad exterior. Bases y coordinacin general de la sanidad. Legislacin sobre productos farmacuticos.

17. Legislacin bsica y rgimen econmico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecucin de sus servicios por las Comunidades Autnomas.

18. Las bases del rgimen jurdico de las Administraciones pblicas y del rgimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarn a los administrados un tratamiento comn ante ellas; el procedimiento administrativo comn, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizacin propia de las Comunidades Autnomas; legislacin sobre expropiacin forzosa; legislacin bsica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones pblicas.

19. Pesca martima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenacin del sector se atribuyan a las Comunidades Autnomas.

20. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminacin de costas y seales martimas; puertos de inters general; aeropuertos de inters general; control del espacio areo, trnsito y transporte areo, servicio meteorolgico y matriculacin de aeronaves.

21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de ms de una Comunidad Autnoma; rgimen general de comunicaciones; trfico y circulacin de vehculos a motor; correos y telecomunicaciones; cables areos, submarinos y radiocomunicacin.

22. La legislacin, ordenacin y concesin de recursos y aprovechamientos hidrulicos cuando las aguas discurran por ms de una Comunidad Autnoma, y la autorizacin de las instalaciones elctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energa salga de su mbito territorial.

23. Legislacin bsica sobre proteccin del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autnomas de establecer normas adicionales de proteccin. La legislacin bsica sobre montes, aprovechamientos forestales y vas pecuarias.

24. Obras pblicas de inters general o cuya realizacin afecte a ms de una Comunidad Autnoma.

25. Bases de rgimen minero y energtico.

26. Rgimen de produccin, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27. Normas bsicas del rgimen de prensa, radio y televisin y, en general, de todos los medios de comunicacin social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecucin correspondan a las Comunidades Autnomas.

28. Defensa del patrimonio cultural, artstico y monumental espaol contra la exportacin y la expoliacin; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestin por parte de las Comunidades Autnomas.

29. Seguridad pblica, sin perjuicio de la posibilidad de creacin de policas por las Comunidades Autnomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgnica.

30. Regulacin de las condiciones de obtencin, expedicin y homologacin de ttulos acadmicos y profesionales y normas bsicas para el desarrollo del artculo 27 de la Constitucin, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes pblicos en esta materia.

31. Estadstica para fines estatales.

32. Autorizacin para la convocatoria de consultas populares por va de referndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrn asumir las Comunidades Autnomas, el Estado considerar el servicio de la cultura como deber y atribucin esencial y facilitar la comunicacin cultural entre las Comunidades Autnomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitucin podrn corresponder a las Comunidades Autnomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonoma corresponder al Estado, cuyas normas prevalecern, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autnomas en todo lo que no est atribuido a la exclusiva competencia de stas. El derecho estatal ser, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autnomas.

Artculo 150

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrn atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autnomas la facultad de dictar, para s mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecer la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autnomas.

2. El Estado podr transferir o delegar en las Comunidades Autnomas, mediante ley orgnica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegacin. La ley prever en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, as como las formas de control que se reserve el Estado.

3. El Estado podr dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autnomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de stas, cuando as lo exija el inters general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayora absoluta de cada Cmara, la apreciacin de esta necesidad.

Artculo 151

1. No ser preciso dejar transcurrir el plazo de cinco aos, a que se refiere el apartado 2 del artculo 148, cuando la iniciativa del proceso autonmico sea acordada dentro del plazo del artculo 143.2, adems de por las Diputaciones o los rganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayora del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referndum por el voto afirmativo de la mayora absoluta de los electores de cada provincia en los trminos que establezca una ley orgnica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboracin del Estatuto ser el siguiente:

1. El Gobierno convocar a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el mbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonoma, mediante el acuerdo de la mayora absoluta de sus miembros.

2. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitir a la Comisin Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinar con el concurso y asistencia de una delegacin de la Asamblea proponente para determinar de comn acuerdo su formulacin definitiva.

3. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante ser sometido a referndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el mbito territorial del proyectado Estatuto.

4. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayora de los votos vlidamente emitidos, ser elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cmaras decidirn sobre el texto mediante un voto de ratificacin. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionar y lo promulgar como ley.

5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este nmero, el proyecto de Estatuto ser tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por stas ser sometido a referndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el mbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayora de los votos vlidamente emitidos en cada provincia, proceder su promulgacin en los trminos del prrafo anterior.

3. En los casos de los prrafos 4. y 5. del apartado anterior, la no aprobacin del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedir la constitucin entre las restantes de la Comunidad Autnoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgnica prevista en el apartado 1 de este artculo.

Artculo 152

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artculo anterior, la organizacin institucional autonmica se basar en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representacin proporcional que asegure, adems, la representacin de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la direccin del Consejo de Gobierno, la suprema representacin de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aqulla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno sern polticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdiccin que corresponde al Tribunal Supremo, culminar la organizacin judicial en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma. En los Estatutos de las Comunidades Autnomas podrn establecerse los supuestos y las formas de participacin de aqullas en la organizacin de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgnica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de ste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarn ante rganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autnoma en que est el rgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrn ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupacin de municipios limtrofes, los Estatutos podrn establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarn de plena personalidad jurdica.

Artculo 153

El control de la actividad de los rganos de las Comunidades Autnomas se ejercer:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artculo 150.

c) Por la jurisdiccin contencioso-administrativa, el de la administracin autnoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el econmico y presupuestario.

Artculo 154

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigir la Administracin del Estado en el territorio de la Comunidad Autnoma y la coordinar, cuando proceda, con la administracin propia de la Comunidad.

Artculo 155

1. Si una Comunidad Autnoma no cumpliere las obligaciones que la Constitucin u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al inters general de Espaa, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autnoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobacin por mayora absoluta del Senado, podr adoptar las medidas necesarias para obligar a aqulla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la proteccin del mencionado inters general.

2. Para la ejecucin de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podr dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autnomas.

Artculo 156

1. Las Comunidades Autnomas gozarn de autonoma financiera para el desarrollo y ejecucin de sus competencias con arreglo a los principios de coordinacin con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los espaoles.

2. Las Comunidades Autnomas podrn actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudacin, la gestin y la liquidacin de los recursos tributarios de aqul, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Artculo 157

1. Los recursos de las Comunidades Autnomas estarn constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un Fondo de Compensacin interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crdito.

2. Las Comunidades Autnomas no podrn en ningn caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstculo para la libre circulacin de mercancas o servicios.

3. Mediante ley orgnica podr regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboracin financiera entre las Comunidades Autnomas y el Estado.

Artculo 158

1. En los Presupuestos Generales del Estado podr establecerse una asignacin a las Comunidades Autnomas en funcin del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garanta de un nivel mnimo en la prestacin de los servicios pblicos fundamentales en todo el territorio espaol.

2. Con el fin de corregir desequilibrios econmicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituir un Fondo de Compensacin con destino a gastos de inversin, cuyos recursos sern distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autnomas y provincias, en su caso.

TTULO IX

Del Tribunal Constitucional

Artculo 159

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayora de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idntica mayora; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional debern ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios pblicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con ms de quince aos de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional sern designados por un perodo de nueve aos y se renovarn por terceras partes cada tres.

4. La condicin de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos polticos o administrativos; con el desempeo de funciones directivas en un partido poltico o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo dems los miembros del Tribunal Constitucional tendrn las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional sern independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Artculo 160

El Presidente del Tribunal Constitucional ser nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un perodo de tres aos.

Artculo 161

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdiccin en todo el territorio espaol y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaracin de inconstitucionalidad de una norma jurdica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectar a sta, si bien la sentencia o sentencias recadas no perdern el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violacin de los derechos y libertades referidos en el artculo 53, 2, de esta Constitucin, en los casos y formas que la ley establezca.

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autnomas o de los de stas entre s.

d) De las dems materias que le atribuyan la Constitucin o las leyes orgnicas.

2. El Gobierno podr impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los rganos de las Comunidades Autnomas. La impugnacin producir la suspensin de la disposicin o resolucin recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deber ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artculo 162

1. Estn legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los rganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autnomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurdica que invoque un inters legtimo, as como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los dems casos, la ley orgnica determinar las personas y rganos legitimados.

Artculo 163

Cuando un rgano judicial considere, en algn proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitucin, plantear la cuestin ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningn caso sern suspensivos.

Artculo 164

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarn en el boletn oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del da siguiente de su publicacin y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimacin subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistir la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artculo 165

Una ley orgnica regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

TTULO X

De la reforma constitucional

Artculo 166

La iniciativa de reforma constitucional se ejercer en los trminos previstos en los apartados 1 y 2 del artculo 87.

Artculo 167

1. Los proyectos de reforma constitucional debern ser aprobados por una mayora de tres quintos de cada una de las Cmaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentar obtenerlo mediante la creacin de una Comisin de composicin paritaria de Diputados y Senadores, que presentar un texto que ser votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobacin mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayora absoluta del Senado, el Congreso, por mayora de dos tercios, podr aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, ser sometida a referndum para su ratificacin cuando as lo soliciten, dentro de los quince das siguientes a su aprobacin, una dcima parte de los miembros de cualquiera de las Cmaras.

Artculo 168

1. Cuando se propusiere la revisin total de la Constitucin o una parcial que afecte al Ttulo preliminar, al Captulo segundo, Seccin primera del Ttulo I, o al Ttulo II, se proceder a la aprobacin del principio por mayora de dos tercios de cada Cmara, y a la disolucin inmediata de las Cortes.

2. Las Cmaras elegidas debern ratificar la decisin y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deber ser aprobado por mayora de dos tercios de ambas Cmaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, ser sometida a referndum para su ratificacin.

Artculo 169

No podr iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artculo 116.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

La Constitucin ampara y respeta los derechos histricos de los territorios forales.

La actualizacin general de dicho rgimen foral se llevar a cabo, en su caso, en el marco de la Constitucin y de los Estatutos de Autonoma.

Segunda.

La declaracin de mayora de edad contenida en el artculo 12 de esta Constitucin no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el mbito del Derecho privado.

Tercera.

La modificacin del rgimen econmico y fiscal del archipilago canario requerir informe previo de la Comunidad Autnoma o, en su caso, del rgano provisional autonmico.

Cuarta.

En las Comunidades Autnomas donde tengan su sede ms de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonoma respectivos podrn mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgnica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de ste.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

En los territorios dotados de un rgimen provisional de autonoma, sus rganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayora absoluta de sus miembros, podrn sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artculo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los rganos interinsulares correspondientes.

Segunda.

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonoma y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitucin, con regmenes provisionales de autonoma podrn proceder inmediatamente en la forma que se prev en el apartado 2 del artculo 148, cuando as lo acordaren, por mayora absoluta, sus rganos preautonmicos colegiados superiores, comunicndolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto ser elaborado de acuerdo con lo establecido en el artculo 151, nmero 2, a convocatoria del rgano colegiado preautonmico.

Tercera.

La iniciativa del proceso autonmico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artculo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebracin de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitucin.

Cuarta.

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporacin al Consejo General Vasco o al rgimen autonmico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artculo 143 de la Constitucin, la iniciativa corresponde al rgano Foral competente, el cual adoptar su decisin por mayora de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa ser preciso, adems, que la decisin del rgano Foral competente sea ratificada por referndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayora de los votos vlidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podr reproducir la misma en distinto perodo del mandato del rgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mnimo que establece el artculo 143.

Quinta.

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrn constituirse en Comunidades Autnomas si as lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayora absoluta de sus miembros y as lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgnica, en los trminos previstos en el artculo 144.

Sexta.

Cuando se remitieran a la Comisin Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarn por el orden de entrada en aqulla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artculo 151 empezar a contar desde que la Comisin termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

Sptima.

Los organismos provisionales autonmicos se considerarn disueltos en los siguientes casos:

a) Una vez constituidos los rganos que establezcan los Estatutos de Autonoma aprobados conforme a esta Constitucin.

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonmico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artculo 143.

c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposicin transitoria primera en el plazo de tres aos.

Octava.

1. Las Cmaras que han aprobado la presente Constitucin asumirn, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se sealan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningn caso su mandato se extienda ms all del 15 de junio de 1981.

2. A los efectos de lo establecido en el artculo 99, la promulgacin de la Constitucin se considerar como supuesto constitucional en el que procede su aplicacin. A tal efecto, a partir de la citada promulgacin se abrir un perodo de treinta das para la aplicacin de lo dispuesto en dicho artculo.

Durante este perodo, el actual Presidente del Gobierno, que asumir las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitucin, podr optar por utilizar la facultad que le reconoce el artculo 115 o dar paso, mediante la dimisin, a la aplicacin de lo establecido en el artculo 99, quedando en este ltimo caso en la situacin prevista en el apartado 2 del artculo 101.

3. En caso de disolucin, de acuerdo con lo previsto en el artculo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artculos 68 y 69, sern de aplicacin en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicar directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artculo 70 de la Constitucin, as como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artculo 69,3.

Novena.

A los tres aos de la eleccin por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se proceder por sorteo para la designacin de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entendern agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se proceder transcurridos otros tres aos entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estar a lo establecido en el nmero 3 del artculo 159.

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Poltica, as como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Espaoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesin en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgnica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos trminos esta ltima y la de Referndum Nacional de 22 de octubre de 1945.

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de lava, Guipzcoa y Vizcaya.

En los mismos trminos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitucin.

DISPOSICION FINAL

Esta Constitucin entrar en vigor el mismo da de la publicacin de su texto oficial en el boletn oficial del Estado. Se publicar tambin en las dems lenguas de Espaa.

POR TANTO,

MANDO A TODOS LOS ESPAOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO.

PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.

JUAN CARLOS

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES

Antonio Hernndez Gil

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Fernando lvarez de Miranda y Torres

EL PRESIDENTE DEL SENADO

Antonio Fontn Prez

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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