Butlletí Oficial de l'Estat

Por Orden de 4 de octubre de 1989 se acordó la disolución de oficio

y la revocación de la autorización administrativa concedida a la entidad

"España Vitalicia, Sociedad Anónima".

A pesar de los reiterados requerimientos de la Dirección General de

Seguros y Fondos de Pensiones a los liquidadores de la misma, no consta

hasta la fecha la finalización de las operaciones de liquidación de la citada

entidad.

Por su parte, los artículos 27.3 y 31.1c) de la Ley 30/1995, de 8 de

noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, prevén

el retraso en la liquidación como circunstancia en la que el Ministerio

de Economía puede acordar el cese de los liquidadores y encomendar

la liquidación a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de los antecedentes que

constan en el expediente tramitado por la Dirección General de Seguros

y Fondos de Pensiones y con arreglo a lo previsto en los artículos 27.3

y 31.1.c) de la Ley 30/1995, he resuelto acordar el cese de los liquidadores

de la entidad "España Vitalicia, Sociedad Anónima" y encomendar la

liquidación de la misma a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras,

regulada en los artículos 29 y siguientes de la citada Ley.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, de

conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional

decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento

de la Administración General del Estado, se podrá interponer con carácter

potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir

del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con los

artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo,

se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de

lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de

dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 12 de noviembre de 2002.-El Ministro, P. D. (Orden

ECO/2489/2002, de 3 de octubre, "Boletín Oficial del Estado" del 10), el

Secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos Jurado.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.