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Con fecha 8 de abril de 2011 se ha suscrito el Convenio marco entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de formación de fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses y abogados del Estado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 20 de junio de 2012.–El Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García.
En Sevilla, a 8 de abril de 2011.
REUNIDOS
De una parte, don Francisco Menacho Villalba, Consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, nombrado por Decreto del Presidente 5/2011, de 4 de abril, actuando con las atribuciones que le confiere el artículo 21.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por el artículo 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Y, de otra, doña Sofía Puente Santiago, Directora del Centro de Estudios Jurídicos, en lo sucesivo CEJ, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.i) del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, aprobado por Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre.
Ambas partes, intervienen en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las facultades que tienen conferidas para convenir en nombre y representación de sus instituciones,
EXPONEN
I. El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia, que según establece el artículo 2 de su Estatuto, aprobado por Real decreto 1276/2003 de 10 de octubre, tiene por objeto «la colaboración con el Ministerio de Justicia en la selección, formación inicial y continua de los miembros de la Carrera Fiscal y de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. Dicha colaboración se extenderá también a la formación continuada de los Abogados del Estado».
Asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos el artículo 3 del citado Estatuto establece que el Centro de Estudios Jurídicos podrá:
«a) Celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.»
II. Por otra parte, la Consejería de Gobernación y Justicia tiene atribuidas las competencias en materia de Administración de Justicia recogidas en el capítulo iii del título V del Estatuto de Autonomía para Andalucía de conformidad con lo establecido en el artículo 1.1.h) del Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia. A tenor de lo dispuesto en el artículo 10.4.b) del precitado Decreto de estructura orgánica, le corresponde en relación con la formación en materia de Justicia: «La participación en el diseño y ejecución de los planes de formación de Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales».
III. Al estar ambas partes interesadas en colaborar en la realización de actividades formativas, acuerdan suscribir este Convenio marco de colaboración, que se formaliza con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
El presente Convenio marco tiene por objeto articular la colaboración entre el CEJ y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de formación de Fiscales, Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y Abogados del Estado que presten sus servicios en la Comunidad Autónoma.
Esta colaboración consistirá en la financiación, organización y gestión de las actividades formativas que se establezcan para cada año, en la forma que se expone a continuación.
En el último trimestre de cada año, se elaborara, un Plan de Actuación Anual, en el que el CEJ y la CA determinarán, de común acuerdo, las actividades que se llevarán a cabo durante el siguiente año. Este Plan establecerá el tipo de actividad que se considere más conveniente, el colectivo al que va dirigida, así como su financiación.
La Comunidad Autónoma y el CEJ asumirán conjuntamente la organización, gestión y supervisión de las actividades de formación programadas en el Plan de Actuación previsto para cada año, que se regirán por las siguientes directrices:
a) Atribuciones correspondientes a ambas instituciones:
Elaboración conjunta del programa de cursos y actividades a desarrollar durante el año. Esta programación incluye la selección de los temas objeto de las actividades que se organicen y la designación de directores-coordinadores y profesores/ponentes, que deberán ser elegidos preferentemente entre Fiscales, Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y Abogados del Estado destinados en la Comunidad Autónoma, con probada experiencia y conocimientos en el tema elegido en cada caso.
Valoración de la calidad didáctica de las actividades formativas programadas que se vayan realizando, en orden a la evaluación necesaria para la determinación de las pautas ulteriores de actuación.
Realización del seguimiento administrativo y el control de cada una de las actividades que se desarrollen.
Emisión del certificado de asistencia a quienes hayan acudido a un 80% de la duración total de la actividad, salvo que en el plan de actuación o en la respectiva convocatoria se fije un sistema de evaluación o control específico para su obtención.
Financiación de las actividades mediante las aportaciones que se determinen en el Plan de actuación anual. Se procurará que exista un equilibrio económico en las aportaciones de ambas partes.
b) Atribuciones correspondientes al CEJ:
Realizar la selección de los Fiscales, Secretarios, Médicos Forenses y Abogados del Estado que asistan a las actividades formativas, de entre aquellos que así lo hubiesen solicitado, y de acuerdo con las pautas generales de actuación en esta materia.
Comunicar a la Comunidad Autónoma la lista de seleccionados y suplentes así como las renuncias que pudieran producirse.
Petición de las correspondientes licencias por estudios para la asistencia a las actividades de formación, cuando proceda.
Elaboración de las pautas generales de dirección de actividades y su remisión tanto a la Comunidad Autónoma como a los directores de las mismas.
Determinación del baremo de retribuciones en materia de docencia y su remisión a la Comunidad Autónoma para su aplicación, cuando proceda.
c) Atribuciones de la Comunidad Autónoma:
Facilitar los locales adecuados a las actividades de formación programadas, así como el soporte didáctico necesario.
Editar y difundir los programas anuales de actividades, una vez hayan sido aprobados.
Comunicación con los profesores y/o ponentes y directores/ coordinadores, una vez efectuada su selección.
Información puntual a los a los miembros de las Carreras o Cuerpos contemplados en la cláusula primera destinados en su territorio, sobre cada una de las actividades que se desarrollen, con indicación de calendario, horario y relación de profesores o ponentes.
Se crea una Comisión de Seguimiento del presente Convenio marco, integrada por tres miembros de la Administración General del Estado (2 del CEJ y 1 de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma) y tres representantes de la Comunidad Autónoma.
Entre las funciones que corresponden a la Comisión de Seguimiento se incluyen:
a) Elaborar dentro del último trimestre de cada año, el Plan de Actuación de actividades y el presupuesto de gastos correspondiente al año siguiente, para su toma en consideración por las Instituciones firmantes.
b) Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo del Convenio y de los programas y actuaciones que se establezcan en su marco.
c) Controlar la ejecución del presupuesto de gastos asignados a esta colaboración.
d) Impulsar las funciones de coordinación entre las Instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos formativos.
e) Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
Ambas Instituciones procurarán por todos los medios llevar a buen fin las actividades de formación programadas dentro del Convenio, manteniendo para ello cuantos contactos e intercambios sean precisos, aparte de los propios de la Comisión de Seguimiento.
Este Convenio marco tendrá una vigencia de tres años, a partir de su firma.
Este convenio marco podrá prorrogarse por un periodo de tiempo máximo de tres años adicionales, si así lo acuerdan las partes antes de la finalización del periodo de vigencia y, en todo caso, previo informe favorable de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica.
El presente Convenio marco podrá ser resuelto por las siguientes causas:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por denuncia de una de las partes formalizada por escrito con tres meses de antelación a la finalización del plazo de vigencia.
c) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del Convenio.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de lo previsto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, quedando su régimen jurídico excluido del ámbito de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en virtud de lo establecido en su artículo 4.1.c).
De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben por triplicado el presente Convenio en el lugar y fecha al principio indicados.–El Consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho Villalba.–La Directora del Centro de Estudios Jurídicos, Sofía Puente Santiago.
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