La existencia de un gran número de extranjeros residentes en Vizcaya y su provincia de forma irregular, sin cumplir las normas establecidas, ha originado una incidencia negativa en la seguridad ciudadana. Estimando que la agilización de los trámites conducentes a la urgente resolución de los expedientes que se instruyan al efecto ha de facilitar la solución de la referida problemática, se considera necesario hacer uso de la autorización conferida para delegar las facultades relativas a la expulsión de los extranjeros del territorio nacional.

En su virtud, a tenor de lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, y, en relación con la misma, en el artículo 87.4 de su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, he resuelto:

Primero.-Delegar en el Gobernador Civil de Vizcaya las facultades que me están conferidas para la tramitación y resolución de los expedientes de expulsión de extranjeros del territorio nacional en el ámbito de la provincia de Vizcaya.

Segundo.-Siempre que se haga uso de la delegación contenida en esta Resolución, deberá hacerse constar así expresamente, debiendo comunicar a esta Secretaría de Estado, en cada caso que se decrete la expulsión, el uso motivado de dicha facultad.

Tercero.-La presente delegación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>, pudiendo ser avocados por mi autoridad el conocimiento y resolución de alguno de estos expedientes y revocada la delegación conferida cuando las circunstancias lo requieran.

Madrid, 1 de octubre de 1992.-El Secretario de Estado para la Seguridad-Director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera Fernández-Huidobro.

Exmo. Sr. Gobernador Civil de Vizcaya.