Excelentísimos e ilustrísimos señores:

El Real Decreto 1162/1982, de 2 de abril, por el que se declara de urgencia la ejecución de los proyectos contemplados en el programa extraordinario de inversiones públicas, aprobado a su vez por el Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, con la finalidad de atajar la evolución del desempleo, establece el procedimiento administrativo de tramitación de los correspondientes expedientes, declarando la urgencia de aquellos proyectos a efectos de la expropiación forzosa, tramitación y contratación directa de obras.

En este último aspecto y en el apartado c) del artículo primero del citado Real Decreto, se establece implícita la declaración de reconocida urgencia, a efectos de aplicación del artículo 117 del Reglamento General de Contratación para el acuerdo de contratación directa.

En armonía con el propósito del legislador, resulta conveniente la descentralización de la actuación interventora en esta clase de expedientes, con el fin de que la tramitación de urgencia no quede menoscabada con la remisión de las propuestas de gasto entre diversos Centros u Organismos de la Administración.

Por ello, en virtud de lo que dispone el artículo 94, apartado dos, de la Ley 11/1977, de 4 de enero. General Presupuestaria, y de conformidad con el artículo 22, apartado cinco, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957, y previa conformidad del excelentísimo señor Ministro de Hacienda, la Intervención General de la Administración del Estado ha tenido a bien disponer:

Primero.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto-ley 6/1982 y en el Real Decreto 1162/1982, y con la finalidad de proceder a la máxima agilización en la gestión de los gastos inherentes a los proyectos a que ambas disposiciones se refieren, se delega en los Interventores Delegados del Interventor general de la Administración del Estado el ejercicio de la intervención crítica o fiscalización previa de los expedientes de gasto tramitados, de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artículo primero del Real Decreto 1162/1982, de 2 de abril.

Segundo.

Los expedientes en los que por exceder de 250 millones de pesetas sea necesaria la autorización del Consejo de Ministros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 44/1981, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1982, serán fiscalizados por la Intervención General tal y como se establece en el Real Decreto 1124/1978, de 12 de mayo.

Estos expedientes cuando, en su caso, se tramiten al amparo del artículo 90 del Reglamento General de Contratación del Estado, y con el fin de no demorar su fiscalización, serán presentados directamente en la Secretaría del Interventor general de la Administración del Estado.

Tercero.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, el Interventor general de la Administración del Estado, por propia iniciativa o a propuesta del Interventor Delegado correspondiente, podrá avocar para sí cualquier expediente que considere oportuno.

Cuarto.

Esta delegación de atribuciones se establece en tanto subsista la vigencia del Real Decreto-ley 6/1982, y del Real Decreto 1162/1982.

Quinto.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a VV. EE y a VV. II.

Dios guarde a VV. EE y a VV. II. muchos años.

Madrid, 17 de junio de 1982.‒El Interventor general, Ignacio Montaño Jiménez.

Excmos. e Ilmos. Sres. Interventores Delegados del Interventor general de la Administración del Estado.