El artículo ciento veintisiete de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, prevé una subvención estatal por gastos electorales ocasionados a las formaciones políticas por su concurrencia a las elecciones generales, municipales y al Parlamento Europeo.

Este mismo precepto señala en su apartado 3 que «de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos, el Estado no subvencionará los gastos, a los que se refiere el presente artículo, a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores cuando, en su actividad, incurran en alguna de las conductas previstas para la ilegalización de los partidos políticos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, apreciadas y valoradas de acuerdo con lo allí establecido, cuando no proceda por el grado de reiteración o gravedad de las mismas el procedimiento conducente a su ilegalización».

Y en su apartado 4 indica que estas subvenciones «no se devengarán a favor de dichas formaciones políticas cuando en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquellas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».

A este respecto, mediante Acuerdo de 12 de mayo de 2024, la Junta Electoral Central ha señalado que, para poder tramitar el anticipo del 30 por cierto de dicha subvención, que se solicita a través de dicha Junta, las formaciones deben incluir «una declaración de su representante general en el sentido de que esa formación no incurre en los supuestos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 127 de la LOREG, a efectos de cumplir con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 127 bis de la LOREG».

No existiendo una previsión similar para aquellas formaciones que no soliciten dicho anticipo, a efectos de garantizar el cumplimiento de este requisito también en esos casos, así como en cualquiera en los que no haya constancia de dicha declaración, es preciso recoger con carácter general su exigencia.

Para ello, se realiza una modificación del Real Decreto 1907/1995, de 24 de noviembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales y por gastos electorales a las formaciones políticas, con la finalidad de incluir que los representantes generales de las formaciones políticas deberán presentar una declaración en el sentido de que la formación no incurre en los supuestos recogidos en los apartados 3 y 4 del artículo 127 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. Todo ello de conformidad con la habilitación para el desarrollo reglamentario contenida en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, que amparó, en su momento, el dictado del mencionado Real Decreto 1907/1995, de 24 de noviembre.

Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, responde a los principios de necesidad y eficacia, al garantizar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para recibir subvenciones por gastos electorales.

La norma es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para alcanzar los objetivos perseguidos, y al principio de seguridad jurídica, por su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.

En cuanto al principio de eficiencia, la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

En aplicación del principio de transparencia, el objetivo de este real decreto se define y justifica en esta parte expositiva.

La norma se ha sometido al trámite de audiencia e información públicas, previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y al de informe de la Junta Electoral Central.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Hacienda, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de octubre de 2026,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1907/1995, de 24 de noviembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales y por gastos electorales a las formaciones políticas.

Se añade un nuevo artículo 6 bis al Real Decreto 1907/1995, de 24 de noviembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales y por gastos electorales a las formaciones políticas, con la siguiente redacción:

«Artículo 6 bis. Declaración del representante general.

La tramitación de las subvenciones por gastos electorales previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, quedará condicionada a la presentación de una declaración del representante general en el sentido de que la formación no incurre en los supuestos recogidos en los apartados 3 y 4 del artículo 127 de la misma. Esta declaración deberá acompañarse a la solicitud de adelanto o, en su defecto, será solicitada por la Administración como requisito previo a la tramitación de cualquiera de los adelantos o liquidación previstos en los artículos 127 bis, 133 y 134.5 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.

Con anterioridad a la liquidación de la subvención la Administración podrá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 7 de octubre de 2026.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA