La Ley treinta y cinco/mil novecientos ochenta, de veintiséis de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana, establece, en su artículo noveno, el derecho de los mutilados absolutos y permanentes, así como de los inutilizados por razón del servicio, a integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social, garantizándoseles la asistencia protésica, así como la reeducación y rehabilitación psíquica y física en centros asistenciales y residencias dependientes de la Seguridad Social.
Con esta Ley culmina un proceso de superación de las consecuencias derivadas de la pasada guerra civil, completándose la protección otorgada con anterioridad por el Real Decreto-ley cuarenta v tres/mil novecientos setenta y ocho, de veintiuno de diciembre, por el que se reconocen beneficios económicos a los que sufrieron lesiones y mutilaciones en la guerra civil española, y el Real Decreto-ley cuarenta y seis/mil novecientos setenta y ocho de veintiuno de diciembre, por el que se regulan las pensiones de mutilación de los militares profesionales no integrados en el Cuerpo de Caballeros Mutilados; en el primero, su artículo noveno prevé la integración en el Régimen General de los inválidos de primer grado y de los inutilizados por razón del servicio, y por lo que se refiere al segundo Real Decreto-ley citado, el artículo segundo, uno punto dos, concede a sus beneficiarios el derecho a asistencia médica-facultativa, quirúrgica y protésica, así como de reeducación y rehabilitación física y psíquica en Centros Asistenciales y Residencias dependientes de la Seguridad Social.
Finalmente, la Ley cuarenta y dos/mil novecientos ochenta y uno, de veintiocho de octubre, de fraccionamiento en el pago de atrasos de pensiones derivadas de la guerra civil, completa el artículo noveno de la Ley treinta y cinco/mil novecientos ochenta, de veintiséis de junio, delimitando el alcance de la integración de los beneficiarios de esta última Ley en el Régimen General de la Seguridad Social.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta conjunta de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Sanidad y Consumo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día doce de febrero de mil novecientos ochenta y dos,
DISPONGO:
Artículo 1.
Uno. Los mutilados absolutos, mutilados permanentes e inutilizados por razón del servicio, a que se refieren los artículos segundo y tercero de la Ley treinta y cinco/mil novecientos ochenta, de veintiséis de junio, tendrán derecho a la asistencia médico-farmacéutica y protésica en caso de enfermedad o accidente del beneficiario y a los servicios sociales; la protésica cubrirá también las heridas o mutilaciones de guerra. No procederá la integración de quienes ya sean titulares de dichos derechos en el sistema de la Seguridad Social
La prestación médico-farmacéutica únicamente se extenderá a las personas que dependan del titular del derecho, cuando las mismas reúnan los requisitos exigidos en el régimen de la Seguridad Social.
Dos. Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia sanitaria y servicios sociales, en la misma forma que en el número anterior:
a) A los inválidos de primer grado, así como los inutilizados por razón del servicio, que hayan obtenido tal calificación en aplicación del Real Decreto-ley cuarenta y tres/mil novecientos setenta y ocho, de veintiuno de diciembre, por el que se reconocen beneficios económicos a los que sufrieron lesiones y mutilaciones en la guerra civil española.
b) Al personal comprendido en el ámbito de aplicación del artículo primero del Real Decreto-ley cuarenta y seis/mil novecientos setenta y ocho de veintiuno de diciembre, por el que se regulan las pensiones de mutilación de los militares profesionales no integrados en el Cuerpo de Caballeros Mutilados.
c) A los excombatientes de la zona republicana beneficiarios en su día de pensión de mutilación que sean rehabilitados en dichas pensiones, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley treinta y cinco/mil novecientos ochenta, de veintiséis de junio.
Artículo 2.
Las Direcciones Provinciales de los Institutos Nacionales de la Seguridad Social y de servicios sociales, en la esfera de sus respectivas competencias, expedirán los documentos acreditativos del derecho a las prestaciones, previo conocimiento de las resoluciones de concesión de la pensión a los beneficiarios de las mismas.
Artículo 3.
Las prestaciones a que se refiere el artículo primero del presente Real Decreto se financiarán mediante cuotas a cargo del Estado y de los beneficiarios, en la cuantía y forma que se expresa en los apartados siguientes:
a) El importe a satisfacer por los beneficiarios de las pensiones que den derecho a la asistencia sanitaria y servicios sociales será el uno coma cincuenta por ciento del total de la retribución básica que tengan reconocida, que satisfarán mediante descuentos a realizar en la nómina correspondiente para su posterior entrega a la Seguridad Social.
b) Las cuotas a cargo del Estado por cada pensionista serán iguales al coste medio estimado de dichas prestaciones por usuario del derecho y mes en el Régimen General de la Seguridad Social y cuyo importe se establecerá, para cada ejercicio, por acuerdo de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Hacienda.
El importe de las citadas cuotas a cargo del Estado se hará efectivo mediante entregas trimestrales, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, determinadas en función del número de beneficiaros de pensiones que en cada periodo mensual tengan derecho a las referidas prestaciones. También podrán establecerse pagos mensuales «a cuenta», revisables periódicamente con liquidación definitiva al final del ejercicio.
Disposición final.
Se faculta, en la esfera de sus respectivas competencias, a los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social y Sanidad y Consumo para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de lo dispusto en el presente Real Decreto.
Dado en Madrid a doce de febrero de mil novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE