Una mayor rigurosidad en el cumplimiento de los plazos establecidos para la realización de los trámites y actuaciones administrativas, propiciada, en favor de la efectividad de los derechos de los ciudadanos, por la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, junto a una flexibilización paralela de los requisitos exigibles para hacer uso de las posibilidades de delegación de competencias, permiten y hacen aconsejable residenciar las facultades de resolución de los procedimientos administrativos lo más cerca posible de las unidades orgánicas encargadas de la instrucción y estudio de los expedientes, siempre que se den las condiciones adecuadas para ello.

Estas circunstancias concurren en la Secretaría General Técnica del Departamento respecto de los recursos que se interponen contra las decisiones de los órganos centrales y periféricos del mismo, ya que tiene incorporada a su estructura una Subdirección General especializada en la materia, dotada de los medios personales y materiales necesarios para la instrucción de los procedimientos y para la formulación de las correspondientes propuestas de resolución.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispongo:

Primero.-Queda delegado en el Secretario general técnico del Ministerio del Interior el ejercicio de la competencia para resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de las Autoridades Centrales del Departamento, en cualesquiera de las materias objeto de la competencia del mismo, así como los recursos que se interpongan en materia de medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos y privados, armas y explosivos, y juego, cualquiera que fuera la Autoridad que hubiera resuelto en primera instancia; quedando en consecuencia revocada la delegación de atribuciones conferida a través del apartado segundo, párrafo 4 de la Orden de 12 de diciembre de 1988.

De la delegación conferida por la presente Orden quedan exceptuados los recursos que se interpongan contra Resoluciones adoptadas por el Ministro del Interior, el Secretario de Estado para la Seguridad, o el Subsecretario del Departamento.

Segundo.-Las resoluciones que se dicten en virtud de la delegación conferida por la presente Orden ponen fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercero.-Siempre que se haga uso de la delegación concedida, deberá hacerse constar así en las correspondientes resoluciones.

Cuarto.-La delegación conferida no será obstáculo para que el Ministro del Interior pueda asumir el conocimiento y resolución de recursos concretos, siempre que lo considere oportuno.

Quinto.-La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.

Madrid, 25 de mayo de 1993.

CORCUERA CUESTA

Excmos. e Ilmos. Sres. Subsecretario del Interior, Secretario general técnico y Directores generales del Departamento, Gobernadores civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla.