Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 515.252, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, promovido por don Jerónimo Pastor Blanca, don Andrés Rubi Soler, don Manuel Dans García, don Justo Castañera Gómez, don Manuel Asían Losquiño, don Francisco Manso González de los Ríos, don Manuel Miret Cánovas, don Antonio Cortés Pérez, don Agustín Carmona Pérez, don Bernardo Cinart Quintana, don Cosme Ureña Pons, don Juan Gellida Masip, don José Antonio de la Cruz Mendiola, don Antonio Iglesias Lucas, don Heliodoro Larrinaga Martínez, don Javier Aristegui Momoito, don Jesús Maruri Lazcano, don Pancracio Nieto Nieto, don Agustín Ansoleaga Zalbidea, don José Ramón Apraiz Zabala, don Florencio Burusteta Tajada, don Hilario Barrenechea Laritudogoitia, don Angel Bilbao Jáuregui, don Luis Albo Gaínza, don Joaquín Santos Segade, don Domingo Menchaga González, don Francisco Ron López, don Emilio García Pertierra, don Carlos Reinerio García Viesca, don José Miguel Pérez Vázquez, don José Miguel Pérez Gómez, don Juan Perles Sendra, don Manuel Gálvez Fallardo, don José Fernández Chafino, don Juan Tomás Zabala Uriarte, don Gabriel Manuz Munitis, don Lorenzo Ruiloba Salazar, don Angel Alonso Escobedo, don Dámaso Faliato Pacheco, don Fermín García Garcia, don Antonio Blanco Mariño y don Francisco Rodríguez Fernández, contra la Administración, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre impugnación del Decreto 3065/1973, de 23 de noviembre, ha dictado sentencia la mencionada Sala, con fecha dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y cinco, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Que rechazando la inadmisibilidad alegada por el Abogado del Estado, y estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de don Jerónimo Pastor Blanca y demás litisconsortes, funcionarios al servicio de las Juntas de Puertos (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), accionando en impugnación indirecta frente al Decreto 3065/1973, de 23 de noviembre, en él particular en que fijó a los demandantes como integrantes de las Escalas de Patrones de Cabotaje y fogoneros habilitados (Mecánicos Navales) el coeficiente multiplicador del 1.9. a que las presentes actuaciones se contraen, debemos declarar y declaramos la nulidad del Decreto, impugnado en dicho extremo, al no estar ajustado a derecho, declarando procedente la fijación del coeficiente 2,3 a los funcionarios recurrentes, con el consiguiente abono a los mismos de la liquidación y atrasos por las diferencias retributivas desde la fecha establecida en el penúltimo fundamento, desestimando en el texto la pretensión actora. Sin especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Luis Vacas. Miguel de Páramo, Pablo García, Jesús Díaz de López Díaz, Ricardo Santolaya (rubricados).

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo señor Magistrado ponente don Pablo García Manzano, estando celebrando audiencia pública la Sala Quinta del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha. Ante mí, Pedro Pérez (Rubricado)."

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 2 de julio de 1985.- P. D. (Orden de 11 de febrero de 1983) el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.