EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el articulo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY 3/1989, DE 6 DE MARZO, DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE PODÓLOGOS DE CATALUÑA

La Asociación Catalana de Podólogos, dada la creciente importancia de esta profesión, ha solicitado la creación del Colegio de Podólogos de Cataluña, al amparo del artículo 3.º de la Ley 13/1982, de 17 de diciembre , de Colegios Profesionales.

El Decreto 727/1962, de 29 de marzo, al regular la Podología como una especialidad de los Ayudantes Técnicos Sanitarios, delimita su campo profesional y determina las materias básicas para la formación académica del Podólogo.

El Real Decreto 649/1988, de 24 de junio, integra los estudios de Podología en el primer ciclo universitario, finalizado el cual se obtiene el título de Diplomado en Podología, de modo que esta profesión alcanza un nivel de independencia académica de que antes no disfrutaba.

Al amparo del artículo 9.23 del Estatuto de Autonomía de Cataluña , y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley 13/1982, de 17 de diciembre, de Colegios Profesionales, desplegada reglamentariamente mediante el Decreto 329/1983, de 7 de julio, se considera oportuno, dada la función social que los Podólogos ejercen en el área sanitaria, crear el Colegio de Podólogos, en el que se integrarán los profesionales que, disponiendo de los conocimientos y la titulación necesarios y suficientes, ejerzan esta profesión.

Artículo 1.

Se crea el Colegio de Podólogos de Cataluña, como Corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2.

El Colegio de Podólogos agrupa a quienes posean el diploma universitario de Podología, de conformidad con el Real Decreto 649/1988 y sus normas de desarrollo y a aquellos que, en virtud del reconocimiento de derechos profesionales efectuado por esta normativa, posean el diploma de Podólogos regulado por el Decreto 727/1962.

Artículo 3.

El ámbito territorial del Colegio es el de Cataluña.

Disposición transitoria primera.

La Asociación Catalana de Podólogos designará una Comisión gestora que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, aprobará unos Estatutos provisionales que regulen la condición de Colegiado, a fin de que se pueda participar en la Asamblea constituyente del Colegio, y arbitrará el procedimiento de convocatoria y desarrollo de esta Asamblea constituyente.

Disposición transitoria segunda.

La Asamblea constituyente deberá:

a) Ratificar a los Gestores, o bien nombrar a otros nuevos, y aprobar, en su caso, su gestión.

b) Aprobar los Estatutos definitivos del Colegio.

c) Elegir a las personas que deberán ocupar los cargos correspondientes en los órganos colegiales.

Disposición transitoria tercera.

Los Estatutos del Colegio aprobados por la Asamblea constituyente, junto con el certificado del acta de la misma, deberán remitirse al Departamento de la Presidencia de la Generalidad o a aquel en el que se delegue, a fin de que califique su legalidad y se publiquen en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Disposición transitoria cuarta.

Quienes ejerzan la actividad de Podólogo con titulaciones anteriores a la fijada por el Decreto 727/1962, y cumplan los requisitos establecidos en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 649/1988, pueden ser miembros del Colegio si demuestran que han ejercido continuadamente esta actividad durante un período de tiempo no inferior a los cinco años anteriores a la entrada en vigor de esta Ley, y deben integrarse en el mismo en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a los que correspondan la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 6 de marzo de 1989.

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 1.116, de 8 de marzo de 1989)